Derecho Administrativo E-Book

Gorgonio Martínez Atienza

• Herausgeber: Ediciones Experiencia
• Kategorie: Fachliteratur
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 1000

Veröffentlichungsjahr: 2022

Beschreibung

Derecho Administrativo: Sentencias de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. Sentencias del Tribunal Constitucional (cuestiones de inconstitucionalidad y recursos de amparo). Sentencias de la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. Tribunales Superiores de justicia (toque de queda y medidas por COVID). Sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo (toque de queda y medidas por COVID). Sentencia del Tribunal Constitucional (estado de alarma). Salas de conflictos de jurisdicción de los artículos 38 y 39 de la LOPJ. Sala del artículo 42 de la LOPJ (contencioso-administrativo y civil, y, contencioso-administrativo y social). Sala especial del artículo 61 de la LOPJ. Acuerdo de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

Leseprobe

DERECHO ADMINISTRATIVO SENTENCIAS DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPREMO SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD Y RECURSOS DE AMPARO SENTENCIAS DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE LA AUDIENCIA NACIONAL TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA (TOQUE DE QUEDA Y MEDIDAS POR COVID) SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPREMO (TOQUE DE QUEDA Y MEDIDAS POR COVID) SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (ESTADO DE ALARMA) SALAS DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 38 Y 39 DE LA LOPJ SALA DEL ARTÍCULO 42 DE LA LOPJ (CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y CIVIL, Y, CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y SOCIAL) SALA ESPECIAL DEL ARTÍCULO 61 DE LA LOPJ ACUERDO DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPREMO

Gorgonio Martínez Atienza

Tridoctor en Derecho

Licenciado en Criminología

Graduado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas

Magistrado Suplente del TSJ de Castilla-León en Valladolid

Título: Derecho Administrativo sentencias de la sala de lo contencioso-administrativo del tribunal supremo sentencias del tribunal constitucional: cuestiones de inconstitucionalidad y recursos de amparo sentencias de la sala de lo contencioso-administrativo de la audiencia nacional tribunales superiores de justicia (toque de queda y medidas por covid) sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo del tribunal supremo (toque de queda y medidas por covid) sentencia del tribunal constitucional (estado de alarma) salas de conflictos de jurisdicción de los artículos 38 y 39 de la lopj sala del artículo 42 de la lopj (contencioso-administrativo y civil, y, contencioso-administrativo y social) sala especial del artículo 61 de la lopj acuerdo de la sala de lo contencioso-administrativo del tribunal supremo

© Gorgonio Martínez Atienza

© Ediciones Experiencia

ISBN ePub: 978-84-124350-5-4

Conversión a libro electrónico: Ulzama Digital

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A la excelencia del trabajo en el Tribunal Supremo de

D. Antonio Hernández Vergara (Letrado Coordinador del Gabinete Técnico)

D. César Tolosa Tribiño (Presidente de la Sala Tercera)

Dª. Diana Fernández Sánchez (Letrada del Gabinete Técnico)

D. Dimitry Teodoro Berberff Ayuda (Director del Gabinete Técnico)

D. Juan Manuel San Cristóbal Villanueva (Director en funciones del Gabinete Técnico)

D. Luis María Díez-Picazo Giménez (Presidente de la Sala Tercera)

Dª. María Luisa LópezYuste Padial (Letrada del Gabinete Técnico)

D. Pedro Escribano Testaut (Letrado Coordinador del Gabinete Técnico)

Dª. Sandra González de Lara Mingo (Letrada Coordinadora del Gabinete Técnico)

Índice

DERECHO ADMINISTRATIVO: SENTENCIAS DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-DMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPREMO. SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD Y RECURSOS DE AMPARO). SENTENCIAS DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE LA AUDIENCIA NACIONAL. TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA (TOQUE DE QUEDA Y MEDIDAS POR COVID). SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPREMO (TOQUE DE QUEDA Y MEDIDAS POR COVID). SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (ESTADO DE ALARMA). SALAS DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 38 Y 39 DE LA LOPJ. SALA DEL ARTÍCULO 42 DE LA LOPJ (CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y CIVIL, Y, CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y SOCIAL). SALA ESPECIAL DEL ARTÍCULO 61 DE LA LOPJ. ACUERDO DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPREMO.

I SENTENCIAS DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPREMO

ACTO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Caducidad. Computo del plazo. Suspensión del plazo de prescripción de la infracción. Inicio del procedimiento. Reinicio por paralización del procedimiento durante un tiempo superior a un mes. Computo del plazo de prescripción con exclusión del mes de paralización

Como regla general, la tramitación de los procedimientos sancionadores incoados por las Administraciones Públicas ha de ser por el personal al servicio de tales administraciones

Diferenciación entre las multas coercitivas y sanciones administrativas. La naturaleza jurídica de la multa prevista en el artículo 55.1 del Reglamento (CE) nº 555/2008

Interpretación de la previsión contenida en el artículo 26.1 de la Ley de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, para determinar si incurren en un supuesto de nulidad de pleno derecho, al amparo del artículo 62.1.e) de dicha norma, los actos administrativos emanados de órganos colegiados que, actuando y adoptando sus acuerdos con el quorum legalmente exigido, no se hallan integrados por todos sus miembros, por el cese de alguno de ellos

La anulación de un acto administrativo como consecuencia de la caducidad del procedimiento administrativo en el que se dictó, sin haberse adentrado, por tanto, el órgano jurisdiccional en el examen del fondo del asunto, no excluye, sin más, ni por sí solo, la posibilidad de que se reconozca una situación jurídica individualizada mediante una indemnización

Notificaciones administrativas. Proceso selectivo de ingreso en la función pública. No se notifica personalmente al interesado la sentencia en cuya virtud quedaba seleccionado y no presenta en plazo la documentación necesaria para el nombramiento. Fallidos los intentos de hacerlo en el domicilio señalado seis años antes, no se usa para localizarle el teléfono móvil que constaba desde el primer momento

Omisión de firma electrónica y registro en solicitud presentada por vía electrónica (es aplicable la previsión de subsanación del art. 68 de la Ley 39/2015)

Pago voluntario de sanción económica. Posibilidad de interponer recurso contencioso-administrativo cuando se ha beneficiado de las reducciones previstas en el artículo 85.3 de la Ley 39/2015

Reglamentos. Inactividad. Al no cumplir el Gobierno la obligación de aprobar una norma reglamentaria que regule las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público por las personas con discapacidad. Disposición final 3ª, punto 2, del RDL. 1/2013, por el que se aprueba el 17 Texto Refundido de la Ley General de los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social

Resolución del recurso de Alzada por la misma persona que dictó la resolución recurrida. Suplencia, delegación de competencias y avocación

Revisión de oficio. Inadmisión de la solicitud con pretendido amparo en el art. 106 de la Ley 30/1992

Revisión de oficio de actos administrativos. No procede cuando las causas de nulidad de pleno derecho que se invocan no son atribuibles al acto cuya revisión se pretende, en su procedimiento de elaboración y contenido de la decisión, sino a otros actos que no quedan sujetos a la potestad de revisión de la Administración autora del acto impugnado.

Silencio administrativo positivo regulado en el último inciso del párrafo segundo del artículo 43.1 de la ley 30/1992 (hoy, último inciso del párrafo tercero del artículo 24.1 de la ley 39/2015). No opera cuando, estando previsto normativamente un procedimiento singular para alcanzar el efecto jurídico solicitado, la solicitud se desentiende de sus trámites y se sujeta sólo a las reglas generales del procedimiento administrativo común

Subsanación (artículo 71.1 de la LPAC 30/1992). Puede procurarse aun vencido el plazo de subsanación de diez días, mientras no se haya dictado resolución formal declaratoria del desistimiento

Subvención. Revisión de oficio. Nulidad de pleno derecho. Límites a la revisión de oficio. Indebida aplicación del art. 106 de la Ley 30/1992

Subvenciones. Expediente de reintegro. Prescripción por caducidad de procedimiento de reintegro. Los recursos o reclamaciones para lograr la declaración judicial de caducidad de procedimiento no interrumpen la prescripción

Transparencia. Acceso a la información pública. Audiencia a terceros interesados en la reclamación tramitada ante el Consejo de Transparencia

Tribunal de Cuentas. Caducidad del expediente de responsabilidad contable. Resulta aplicable supletoriamente el plazo de caducidad de tres meses previsto en la ley de procedimiento administrativo

Utilización de cláusulas abusivas en contratos con consumidores y usuarios. Posibilidad de imponer la sanción sin necesidad de previa declaración judicial del Orden jurisdiccional civil

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Administración corporativa. Colegios profesionales. Arancel de registradores de la propiedad. La moderación de la aplicación del mismo establecida en la disposición adicional segunda del RD-Ley 18/2012 y la Ley 8/2012 se limita al ámbito de las operaciones de saneamiento y reestructuración de entidades financieras. Se mantiene el régimen arancelario ordinario.

Administración corporativa. Colegios profesionales. Régimen disciplinario. Legitimación del denunciante-perjudicado. El interés moral del denunciante perjudicado por una infracción no le confiere un interés legítimo para recurrir la sanción impuesta y solicitar una sanción mayor

Administración local. Exigibilidad del informe o dictamen previo del secretario municipal legalmente previsto para la defensa de los bienes y derechos de las entidades locales (art. 54.3 del Real Decreto Legislativo 781/1986)

Administración local. Municipios de gran población. Regulación reglamentaria. Competencias de la Junta de Gobierno y del Pleno

Administración local. Puestos de trabajo de tesorero. Concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional. Artículo 92 bis LBRL y excepción de la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 1732/1994. Derogación de la excepción, que sin embargo no se extiende a aquellos puestos cuyas funciones venían siendo desempeñadas por personal de la Corporación acogiéndose a la autorización prevista en el régimen excepcional.

Competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas. Educación. Currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía

Comunidad Autónoma de Madrid. Régimen local. Consorcio local: es un instrumento para la cooperación administrativa y de gestión de servicios, no una entidad local

Deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas. Utilización -incluso ocasional- de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás banderas legal o estatutariamente instituidas

Deber del Alcalde, ex art. 42 ROF, de dar cuenta sucinta a la corporación, en cada sesión ordinaria del pleno, de las resoluciones que hubiere adoptado desde la última sesión plenaria ordinaria

Declaración de Pleno de Ayuntamiento como municipio catalán libre y soberano. No es acto político de un ente local. Ámbito positivo y negativo de las competencias locales

Derechos históricos de los territorios forales. Comunidad Foral de Navarra: competencias en materia de tráfico y seguridad vial

Determinación del alcance de la incompatibilidad prevista en el artículo 178.2.b) de la LOREG entre la condición de concejal de una Entidad Local con el desempeño de un puesto de trabajo de carácter temporal al servicio del Ayuntamiento

El artículo 85.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, ha de ser considerado como normativa de carácter básico

Impugnación de acuerdos de la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid. El artículo 55 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y régimen especial de Madrid, fue derogado tácitamente por la disposición adicional segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Anulación procedente de acuerdos de la Junta de Gobierno que encomendaron la función de fe pública a quienes no tenían la condición de funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional

Instrucciones y circulares. Art. 21 de la ley 30/1992 (art. 6 de la ley 40/2015). en las circunstancias del caso, la dimensión meramente interna de la circular sin incidencia directa en los derechos de los ciudadanos determina que sea necesario un previo acto singular que la aplique para que las pautas interpretativas que en ella se contienen sean susceptibles de impugnación jurisdiccional.

Interpretación del artículo 73.3. 3º de la LRBRL. Limitaciones que impone al concejal no adscrito

Real Decreto 942/2017, de 27 de octubre, por el que se dispone, en virtud de las medidas autorizadas con fecha 27 de octubre de 2017 por el Pleno del Senado respecto de la Generalitat de Cataluña en aplicación del artículo 155 de la Constitución, el cese del M. H. Sr. Presidente de la Generalitat de Cataluña

Transparencia y buen gobierno. Solicitud de la Junta de Personal pidiendo información sobre los criterios de distribución de la productividad entre los empleados de la Agencia Tributaria. La Ley de Transparencia resulta aplicable. Límites al acceso a la información. Peligro a las funciones de investigación y sanción de ilícitos penales y administrativos, y lucha contra el fraude fiscal. Interpretación restrictiva de los límites

BIENES PÚBLICOS

Aguas. Daños al dominio público hidráulico. Reposición al estado anterior. Naturaleza de la acción. Responsabilidad del titular del terreno que adquiere por compraventa

Aguas. Procedimiento incoado al amparo del artículo 118 del texto refundido de la Ley de Aguas, que finaliza con acuerdo que declara la prescripción de la infracción y con requerimiento de reposición de las cosas a su estado original: no es preciso incoar un nuevo procedimiento para efectuar idéntico requerimiento

Carreteras. Consecuencias jurídicas de la superación del plazo de seis meses contemplado en el artículo 10.4.tercer párrafo de la Ley de Carreteras 25/1988

Dominio público marítimo-terrestre. Reposición del dominio público al estado anterior a su ocupación sin título. Procedencia de la ejecución subsidiaria. La Administración, en los casos en que deba proceder a la realización de actos materiales de ejecución en lugar de la persona obligada, puede hacerlo a costa de este último

Dominio público marítimo-terrestre. Sanción por uso no permitido sin autorización. Competencias autonómicas y del Estado

Minas. Permiso de investigación. Renuncia parcial a la petición inicial. Competencia para aceptar dicha renuncia, cuando la petición inicial incluye terrenos de dos comunidades autónomas y la renuncia comporte excluir los terrenos que exceden de la Comunidad Autónoma a quien se hizo la petición del permiso de explotación. Imposibilidad de que sea competente una CCAA cuando se soliciten concesiones de cuadrículas mineras situadas en más de una CA

Recuperación de oficio del demanio público marítimo terrestre. Ejecución subsidiaria de las actuaciones de reposición. Abono de los gastos de recuperación por el administrado

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Arrendamiento de locales de negocio en aeropuerto. Caracterización jurídica como contrato de arrendamiento, o como concesión de servicios

Compensación de los gastos de financiación, en concepto de costes de cobro. No pueden incluirse en el concepto de costes de cobro aquellos gastos derivados del descuento bancario de las facturas, certificaciones u otros efectos representativos del crédito del contratista

Contratista que reclama el pago de lo adeudado como principal, intereses y gastos, ajustando su pretensión, sin variar la causa de pedir, a lo debido al formular la demanda. Inexistencia de desviación procesal

Correlación entre la oferta técnica y la oferta económica en las licitaciones a adjudicar según el criterio de la oferta económicamente más ventajosa

Derecho a reclamar los intereses de demora no prescritos, aunque se aceptara sin reserva la liquidación del contrato

En los litigios sobre cumplimiento de contratos del sector público, el importe del IVA que debe soportar la entidad contratante forma parte del precio y, a los efectos procesales de la cuantía del litigio, integra el valor económico total de la reclamación

¿Es motivo de exclusión de la oferta, la omisión de un aspecto técnico de la prestación exigido en los pliegos de prescripciones técnicas?

Indemnización al adjudicatario que no formaliza el contrato por causas no justificadas imputables a la administración

La imposición de penalidades conforme a la normativa de contratación de las Administraciones Públicas, por incumplimiento contractual, no está sujeta a un plazo procedimental de caducidad

Modificación unilateral de los contratos. Ius variandi. E ejercicio de esa facultad o potestad, que comporta un elemento de discrecionalidad, además de estar sujeto a un determinado procedimiento, está delimitado por factores sujetos a control

Posibilidad de impugnación indirecta de los pliegos rectores de la licitación, consentidos por no haberse impugnado directamente

Recurso especial en materia contractual extemporáneo. Cuando los pliegos y la documentación se han puesto a disposición de los interesados por medios electrónicos, informáticos o telemáticos y consta la fecha de la misma, el plazo de quince días previsto en el artículo 44.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, comienza a correr desde el día siguiente al de esa puesta a disposición

Requerimiento de subsanación de documentación por la mesa. Plazo. Presentación de la documentación requerida en Correos. Interpretación del artículo 81 del RGLCAP

Solicitud de declaración de nulidad de contrato de concesión de autopista, planteada por los expropiados, por no haber percibido los justiprecios correspondientes. Tratándose de una cuestión (la relativa al impago del justiprecio) surgida en el seno de la relación expropiatoria, es en ese ámbito en el que debe resolverse. La petición de resolución del contrato está circunscrita a las partes de esa relación concesional

CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO (ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA)

Determinación del orden jurisdiccional competente (civil o contencioso administrativo) para conocer de la reclamación de las aportaciones de los colegios profesionales de carácter territorial al Consejo General respectivo

Impugnación de la Resolución 19/2017, de 14 de diciembre, del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España por la que se ordenan determinados aspectos del ejercicio profesional enfermero en el ámbito de los cuidados corpoestéticos y de prevención del envejecimiento para la salud

DERECHO DE LOS SECTORES REGULADOS Y DERECHO DE LA COMPETENCIA

Competencia estatal. Derecho Farmacéutico. Decreto andaluz de prestación farmacéutica en centros sociosanitarios: no invade la competencia estatal

Convocatoria pública. Resolución del Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud, de 16 de julio de 2015, por la que aprueba el listado de los medicamentos seleccionados a dispensar en las oficinas de farmacia de Andalucía

Derecho Farmacéutico. Facturación farmacéutica. Intereses de demora. El concierto suscrito por los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Alicante, Castellón y Valencia y la Generalidad Valenciana no es un contrato administrativo ni entraña operaciones comerciales entre las Oficinas de Farmacia y la Generalidad Valenciana. No es aplicable la legislación de contratos ni la Ley 3/2004

Derecho público de la competencia. Alcance de la imposibilidad de cuantificar directamente el volumen de negocios de la entidad infractora correspondiente al año inmediatamente anterior a la fecha de la resolución sancionadora. Art. 63.1 y 63.3 ley 15/2007 de defensa de la competencia

Derecho público de la competencia. Alcance y límites del contenido de las resoluciones dictadas en los procedimientos de vigilancia instruidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia: ¿Pueden tales resoluciones modificar o innovar las obligaciones y/o medidas que, en su caso, contuviere la resolución sancionadora cuyo cumplimiento se verifica?

Derecho público de la competencia. Comisión nacional de la competencia. Plazo máximo para dictar resolución en cumplimiento de sentencia que ordenó a la CNMC recalcular el importe de la sanción, a efectos de una posible caducidad del procedimiento

Derecho público de la competencia. Defensa de la competencia. Declaración de incumplimiento en procedimiento de vigilancia. Alcance e incidencia respecto del posterior expediente sancionador

Derecho público de la competencia. Defensa de la competencia. Expediente sancionador. Condiciones de aplicación de la atenuante prevista en el artículo 64.3.a/ de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia (“La realización de actuaciones que pongan fin a la infracción”)

Derecho público de la competencia. Defensa de la competencia. Infracción única y continuada de naturaleza compleja. Posibilidad de cambio de calificación jurídica (infracción compleja en lugar de varias infracciones), y consecuencias del mismo a efectos del art. 51.4 de la Ley de Defensa de la Competencia

Derecho público de la competencia. Defensa de la competencia. Práctica concertada de boicot a una empresa en el ámbito del transporte. Efectos de la manifestación contraria a la práctica sancionada por parte de la cooperativa sancionada, cuando se ha acreditado la participación activa de los socios de dicha cooperativa en la conducta anticompetitiva. Se planteó ante el Tribunal Supremo el problema consistente en si habiéndose imputado a una sociedad cooperativa una infracción del artículo 1.1 de la Ley de Defensa de la Competencia, cabe atribuir efectos exculpatorios, desde el punto de vista del Derecho sancionador de la competencia, a la manifestación contraria a dicha práctica de la cooperativa, cuando está acreditado que los socios cooperativistas han participado activamente en la conducta anticompetitiva imputada

Derecho público de la competencia. Defensa de la competencia. Recomendación colectiva de una asociación a sus asociados. Practica colusoria. Responsabilidad de la asociación

Derecho público de la competencia. Defensa de la Competencia. Responsabilidad de una empresa que tiene conocimiento de una práctica colusoria (como pueda ser un cártel), o la facilita, pero no compite en el mercado principal afectado

Derecho público de la competencia. Difusión de contenidos audiovisuales en establecimientos hoteleros. Determinación de si las tarifas cuestionadas en el proceso - tanto en lo que se refiere a la fijación de tarifas de diferente cuantía según la categoría de los hoteles (estrellas) como en lo relativo a la fijación de unas tarifas generales de cuantía más elevada que luego pueden resultar rebajadas en virtud de negociación- resultan o no inequitativas y excesivas hasta el punto de dar lugar a la existencia de un abuso de posición dominante

Derecho público de la competencia. Entrada en domicilio para inspección. Grado de concreción de la información que deben contener las solicitudes de autorización de entrada en domicilio o en la sede social de una empresa formuladas por la Comisión nacional de Mercados y Competencia, así como el alcance y la extensión del control judicial respecto de tales peticiones de autorización

Derecho público de la competencia. Falta de notificación de la denuncia por el órgano autonómico al SDC

Derecho público de la competencia. Impugnación del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica

Derecho público de la competencia. Infracción continuada. Sucesión de normas en el tiempo. Plazo de prescripción aplicable

Derecho público de la competencia. Interpretación del art. 59.Bis LMV en relación con el art. 25.3 y 5 de la Directiva 2004/39/CE y con el art. 13.1 del Reglamento 1287/2006, de la Comisión, a fin de esclarecer el contenido y alcance de la obligación de información sobre operaciones (y muy especialmente los supuestos de exención) que deben proporcionar las entidades financieras a la CNMV

Derecho público de la competencia. Procedimiento para la garantía de la unidad de mercado: la legitimación que el artículo 127.bis.1 de la Ley de la Jurisdicción atribuye a la CNMC incluye la impugnación de los Reales Decretos del Consejo de Ministros

Derecho público de la competencia. Sanción en materia de defensa de la competencia. Caducidad del procedimiento. Suspensión del expediente sancionador por la interposición de un recurso contencioso-administrativo. Interpretación del término “incidente” del art. 12.1.f) del R.D 261/2008. Se planteó ante el Tribunal Supremo, en relación con la posible caducidad del procedimiento sancionador en materia de competencia, el problema hermenéutico consistente determinar si el artículo 12.2 del reglamento de defensa de la competencia aprobado por R.D. 261/2008, de 22 de febrero en relación con el art. 37.1.d) de la Ley 15/2007, debe ser interpretado en el sentido de que cuando se refiere a "la resolución del incidente que dio lugar a la suspensión", la expresión "incidente" se refiere sólo al incidente procesal de medidas cautelares que se haya suscitado en el seno del recurso contencioso administrativo, o si se refiere, más ampliamente, a la resolución judicial que haya 31 puesto término al recurso, con independencia de lo que eventualmente se haya acordado en la pieza separada de medidas cautelares

Mantenimiento de sanción impuesta. Sanción en materia de blanqueo de capitales. Modificación del límite máximo de la sanción tras la reforma operada por RD-Ley 11/2018, de 30 de agosto. Revisión de las sanciones anteriores para adaptarlas al principio de proporcionalidad

Mercado de Tabaco. Alcance y contenido de determinadas actividades promocionales del mercado de los tabacos. Circular del Presidente del Comisionado de Tabacos. Determinación de la naturaleza de la Circular 1/2015

Mercado de Tabaco. Sanción a expendeduría de tabaco por suministros a punto de venta no autorizado. Concurriendo las conductas consistentes en el suministro a puntos de venta con recargo distintos de los que tuviera reglamentariamente adscritos, y en la recarga de las máquinas expendedoras de dichos puntos de venta, ¿la segunda conducta está o no subsumida en el tipo infractor de la primera?

Mercados Financieros. Comisión del Mercado de Valores. Sanción. Transmisión de la responsabilidad. Sucesión de la responsabilidad sancionadora entre empresas. Continuidad empresarial

Mercados Financieros. Expediente sancionador del Banco de España. Plazo de caducidad aplicable a procedimientos contra sociedades de garantía recíproca

Mercados Financieros. Recurribilidad del requerimiento de información de agencias de consumo a las entidades bancarias. Se planteó ante el Tribunal Supremo la cuestión consistente en determinar si los requerimientos de información que las autoridades de consumo dirigen a las entidades bancarias (con obligación de aportar determinada documentación) son susceptibles de recurso, tanto en la vía administrativa como en la vía contencioso-administrativa

Protección de datos. Artículo 4.1.a) de la directiva 95/46/ce del Parlamento europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Artículo 2.1.a) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal: concepto de establecimiento

Protección de datos. Entidad responsable del tratamiento de datos personales que contrata con otra la publicidad de sus productos y servicios: está obligada a adoptar las cautelas y medidas razonables para garantizar la efectividad del derecho de oposición

Protección de datos. Precio asequible del servicio universal telefónico

Protección de datos. Sanción de las infracciones por inadecuada calificación por edades de los productos audiovisuales (art. 7.6 de la Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual)

Sector eléctrico. Sanción. Principio de legalidad. Lex certa. Desarrollo reglamentario

Sector Energético. Contratos de suministro en el mercado libre. Devolución de exceso de potencia cobrado indebidamente. Posibilidad de introducir pactos que supongan la facturación del término de potencia de forma diferente a la regulada en el Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre

Sector Energético. Disposición transitoria sexta de la Orden IET/2735/2015, de 17 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2016 y se aprueban determinadas instalaciones tipo y parámetros retributivos de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos

Sector energético. Instalación de estación de servicio de venta al por menor de productos petrolíferos en establecimientos comerciales. Art. 3 y disposición transitoria primera del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de julio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios (en la redacción dada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre)

Sector energético. Interpretación del artículo 6.3 del Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, y determinación acerca de en qué medida la aplicabilidad de dicha norma debe entenderse impedida o desplazada, en todo o en parte, por la regulación sobre gestión de la congestión de conexiones internacionales contenida en el ordenamiento comunitario europeo

Sector energético. Interpretación que haya de darse a lo dispuesto en el art. 8.2 del Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, cuando el incumplimiento de las obligaciones previstas en el apartado primero del precepto no es imputable a la empresa titular de la instalación de energía, solicitante de la inscripción en el Registro de preasignación retributiva

Sector energético. Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. Régimen jurídico aplicable a las reclamaciones de distribución de costes en solicitudes de extensión y acometida eléctrica. Falta de competencia arbitral de la Administración: discrepancia no expresamente contemplada en el Real Decreto; competencia de la jurisdicción civil

Sector energético. Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, por el que se desarrolla la metodología para la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social. Inaplicación de la norma legal española por vulneración del ordenamiento comunitario europeo

Sector energético. Reclamaciones de facturación entre empresas de energía eléctrica (facturaciones complementarias que tienen su origen en supuestas actuaciones fraudulentas verificadas por la empresa distribuidora). Interpretación de los arts. 98 y 81.3 del RD 1507/2017

Sector energético. Registro de preasignación de retribución para instalaciones fotovoltaicas. Denegación de devolución de aval en caso de incumplimiento no imputable al recurrente sino a un tercero

Sector energético. Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, de 7 de diciembre de 2011, sobre incumplimiento de inscripción en el registro de pre-asignación de retribución de instalaciones fotovoltaicas. Interpretación del artículo 8 del Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la retribución del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnología. Plazo de solicitud para la inscripción en el Registro

Sector energético. Sistema gasístico. Cesión a un tercero de derecho de cobro reconocido que constituye un coste del sistema. Ineficacia de la cesión frente al órgano regulador.

Sector Postal. La CNMC no está sujeta al plazo de tres meses establecido por el artículo 34.2 de la Ley 43/2010, o subsidiariamente del artículo 42.3 LRJPAC, para resolver sobre la comunicación que el operador debe efectuar de conformidad con el primero de los artículos citados; y su intervención, conforme al artículo 34.2 de la Ley 43/2010, puede comprender no sólo la verificación de los precios, sino también los supuestos de descuentos

Telecomunicaciones. Cese del Presidente y Consejero de la CNMT: Reales Decretos 795/13 y 800/13 de 11 de octubre

Telecomunicaciones. Debe entregarse copia escrita al usuario telefónico que contrate a distancia si así lo pide

Telecomunicaciones. Determinación de los operadores obligados a contribuir al Fondo Nacional del Servicio Universal de telecomunicaciones. Norma aplicable en procedimientos iniciados tras la entrada en vigor de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, pero referidos a anualidades anteriores (bajo la vigencia de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, de la Ley General de Telecomunicaciones)

Telecomunicaciones. “Múltiple” digital autonómico. Potestad de la CCAA para determinar las emisoras públicas o privadas que lo integran

Telecomunicaciones. Nulidad del artículo 12 del RD 920/2014, de 31 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a compensar los costes derivados de la recepción o acceso a los servicios 23 de comunicación audiovisual televisiva, en cuanto afecta a las competencias ejecutivas en materia de comunicaciones electrónicas de la Generalidad de Cataluña

Telecomunicaciones. Obligación de financiación anticipada de distintas modalidades de producciones audiovisuales (art. 5.3 ley 7/2010, general de comunicación audiovisual). Determinación de sujeto pasivo en relación con los titulares y/o proveedores de contenidos de terceros emitidos en modalidad de pago

Telecomunicaciones. Reglamento de Mercados. Nuevo trámite de audiencia al operador con presencia significativa cuando el Consejo modifica la oferta de referencia

Telecomunicaciones. Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación anticipada de la producción de obras europeas

Telecomunicaciones. Televisión. Publicidad. Nuevas técnicas publicitarias (sobreimpresiones y transparencias publicitarias). Principios de integridad del programa y de separación entre la publicidad y el contenido editorial del programa.

Transporte. Autorizaciones de alquiler de vehículos con conductor en la Comunidad Autónoma de Madrid. La Ley 9/2013, que permite volver a las restricciones, no revitaliza el Reglamento de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre 16/1987, sino que es necesario esperar al nuevo desarrollo reglamentario

Transporte. Impugnación del Real Decreto 1057/2015 por el que se modifica el reglamento de la ley de ordenación de los transportes terrestres en materia de arrendamiento de vehículos con conductor. Anulación de 2 primeros párrafos de art. 181.2 y de la disposición transitoria única del citado Real Decreto

DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS

Acuerdo de la Junta Electoral Central de denegación de la remisión del acta de proclamación de electos al Parlamento Europeo. Comunicación del Vicepresidente de la JEC al Parlamento Europeo de los diputados que han acatado la Constitución. Conformidad a Derecho de la actuación de la JEC

Artículo 23 CE. Alcance y contenido de la causa de inelegibilidad e incompatibilidad establecida en el artículo 6.2 b) en relación con el artículo 6.4 de la LOREG

Derecho al olvido digital, y solicitud de cancelación de datos personales. Artículos artículo 20.1.d) y 18.4 de la Constitución

Derecho a la igualdad. Discriminación por razón de edad. Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de enero de 2017 por el que se establecen pautas para la elaboración de una terna de candidatos para la elección de Juez titular del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Derechos fundamentales en el ámbito de las Fuerzas Armadas y en la Guardia Civil. Derecho de asociación en la Guardia Civil. Integración de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en EUROCOP

Educación. El régimen de conciertos generales resulta de aplicación a la renovación de los conciertos singulares firmados por las Comunidades Autónomas en los niveles educativos no obligatorios, quedando sujetos al régimen previsto en el Reglamento de normas básicas sobre conciertos educativos aprobado por el artículo único del Real Decreto 2377/1985

Educación y enseñanza. Decreto 98/2016, de la Junta de Extremadura. Regulación de la asignatura de Religión y su carga horaria en los dos ciclos de Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato. Es conforme con la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de mejora de la calidad educativa, la carga lectiva prevista para la Religión en la Educación Secundaria Obligatoria y en el primer ciclo de Bachiller y disconforme la falta de oferta de la misma en el segundo curso de Bachillerato

El Real Decreto 110/15, que regula el Registro Central de Delincuentes sexuales, no infringe los derechos y principios constitucionales recogidos en los artículos 9.3, 14, 18 y 25 de la Constitución

Libertad de empresa. Reglamento de Viviendas Vacacionales de Canarias. Decreto 113/2015. Exclusión de las edificaciones ubicadas en suelos turísticos que se encuentre dentro de las zonas turísticas y de viviendas ubicadas en urbanizaciones turísticas. Las restricciones impuestas en dicho reglamento al ejercicio de la actividad económica consistente en ofertar viviendas vacacionales en zonas turísticas, resultan incompatibles con las exigencias de necesidad y proporcionalidad a que alude el artículo 5 de la Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado

Principio de igualdad y libertad de enseñanza. Conciertos educativos en centros docentes. Compatibilidad de los sistemas de educación diferencia por sexo con el principio de igualdad tras la reforma del art. 84.3 de la LODE en la redacción dada por la LOMCE

Procedimiento de ratificación de medidas necesarias para proteger la salud pública que entrañen limitación de derechos fundamentales. El artículo tercero de la Ley Orgánica 3/1986, interpretado conjuntamente con los artículos 26 de la Ley 14/1986 y 54 de la Ley 33/2011, habilita la limitación puntual de derechos fundamentales que sea imprescindible, idónea y proporcionada

Reconocimiento de derecho a la percepción de pensión de viudedad. La constitución de la pareja de hecho puede acreditarse mediante medio valido en Derecho

Solicitud de ratificación judicial de medidas sanitarias con arreglo al art. 10.8 de la LJCA. Toque de queda y número máximo de personas en las reuniones familiares y sociales. Islas Baleares. Art. 3 de la Ley 3/1986: justificación del carácter indispensable de la restricción

EXPROPIACIÓN FORZOSA

Determinación del alcance y requisitos de la Disposición Adicional de la Ley de Expropiación Forzosa en la redacción dada por la Disposición Final Segunda de la Ley 17/2012 de Presupuestos Generales del Estado, para el reconocimiento del derecho del expropiado a ser indemnizado en el caso de nulidad del expediente expropiatorio

Expropiación. Ocupación temporal de parcela para la que se obtuvo con anterioridad a la fecha de referencia valorativa licencia de edificación por silencio, reconocida por sentencia dictada con posterioridad a la valoración del Jurado

Expropiación de suelo precedida de indemnización por revocación de licencia de edificación fundamentada en la modificación del planeamiento que da cobertura a la expropiación

Expropiación de un terreno donde se ubica un yacimiento arqueológico declarado bien de interés cultural como zona arqueológica por la Administración autonómica. Valoración del terreno. Premio que corresponde al propietario y al descubridor del hallazgo

Expropiación urgente. Trámite de información pública posterior a la aprobación del proyecto que supone declaración de necesidad de ocupación. Regularidad del procedimiento

Indemnizabilidad de las limitaciones derivadas de la zona de afección por construcción de carreteras cuando se proyectan sobre suelo rústico

La indemnización ex art. 25 TRLS 2008 opera como un concepto autónomo

No cabe confundir la utilidad pública que legitima la expropiación con la utilidad pública que determinó la delimitación de zonas de servicio por el Plan Director del Aeropuerto concernido

No cabe la expropiación por ministerio de la ley de terrenos incluidos en una actuación de ejecución del planeamiento por el sistema de cooperación

Valoración del suelo rural. Existencia de minerales. Posibilidad de incrementar su valor

EXTRANJERÍA Y ASILO

EXTRANJERÍA

Aplicación de la Directiva de Retorno. Posibilidad de aplicar directamente la Directiva e imponer como preferente, a la estancia irregular en España, la sanción de expulsión. Doctrina del TJUE. Jurisprudencia del TS. Compatibilidad. Interpretación de la Ley conforme a la Directiva

Aplicación efectuada por el órgano jurisdiccional penal de lo dispuesto en el art. 89.4 del Código Penal. Compatibilidad con posterior resolución administrativa de expulsión

Autorización de residencia por arraigo social. Valoración de los antecedentes policiales

Autorización de residencia temporal inicial por circunstancias excepcionales. Medios económicos por cuenta ajena: apreciación discrecional

Autorización provisional de residencia por causas excepcionales, en razón de haber sido declarado testigo protegido

Denegación de autorización de residencia por circunstancias excepcionales por existencia de antecedentes penales. Incompatibilidad con normativa comunitaria: no aplicable la causa de denegación por ser el solicitante con antecedentes penales progenitor y guardador en exclusiva de menores de edad ciudadanos de la Unión (uno de ellos nacional de estado miembro)

Denegación de visado. La Administración debe precisar los hechos en los que basa su conclusión de que el solicitante constituye un “peligro para la seguridad nacional”, sin que pueda limitarse a hacer tal afirmación en abstracto

Derechos y deberes de los extranjeros. Tarjeta de familiar de ciudadano residente de la Unión Europea. Aplicación del artículo 7 del real decreto 240/2007 a familiares extranjeros de españoles residentes en España

Determinación de edad de los menores extranjeros. Ámbito competencial de la Jurisdicción contencioso-administrativa

Extranjeros residentes en España. Expulsión por condena penal. Doctrina sobre art. 57.2 LOEX

Prórroga de las autorizaciones de residencia temporal por razones excepcionales

Requisitos necesarios para la obtención de autorizaciones de residencia de larga duración, de los extranjeros en general, y de larga duración-UE

Sanción por estancia irregular. Art. 53.1.a) de la L.O. 4/2000: alcance tras la STJUE de 23 de abril de 2015

Trascurso del plazo de tres meses para resolver solicitud de residencia temporal de familiar de ciudadano de la Unión Europea. Silencio negativo

Visado de corta duración. Legitimación activa de la hermana invitante

ASILO

Aplicación de la causa de exclusión del artículo 1.f.c) de la Convención de Ginebra. Posibilidad de conceder una autorización de 36 permanencia por razones humanitarias, prevista en los arts. 37. b) y 46.3 de la misma Ley

Denegación de asilo. Otorgamiento de la protección subsidiaria. Diferencia entre ambas figuras

Incidencia del art. 1.F.b) de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 a efectos de denegar -o no- el derecho de asilo cuando se ha autorizado la extradición del solicitante

La denegación de una extradición no implica por sí sola la proclamación de la existencia de una persecución

Protección internacional. Petición formulada en embajada de España de tercer país. Alcance del art. 38 de la ley 12/2009. Régimen jurídico. Desarrollo reglamentario, riesgo para la integridad física en país de origen

Solicitud de asilo desde un CIE. Remisión del art. 25.2 de la Ley 12/2009, al art. 21 de la misma. Alcance. Consecuencias de la superación del plazo

Solicitud de protección internacional. Autorización de permanencia por razones humanitarias. Dos regímenes diferenciados: uno general (artículo 46.3 LAPS), para todo solicitante de protección internacional en España, que requiere solicitud específica; y otro especial (artículo 46.1 y 2 LAPS), de aplicación a las “las personas solicitantes o beneficiarias de protección internacional en situación de vulnerabilidad”, que no requiere solicitud específica. Aplicabilidad en ambos casos a las solicitudes de protección internacional presentadas en puesto fronterizo

Solicitud de protección internacional formulada en puesto fronterizo. Petición de reexamen. Puede presentarse en oficina pública o registro aptos según el régimen administrativo común. Cómputo del plazo de dos días del art. 25 de la ley 12/2009

FUNCIÓN PÚBLICA

A un concurso para la provisión de plazas de personal de Administración y Servicios (PAS), convocado por una Universidad, ¿tiene derecho a concurrir, además de su personal propio de adscripción, el personal de una Universidad distinta?

¿Cabe la adscripción de un puesto de trabajo a más de un grupo de clasificación profesional? “Puestos barrados”. Incidencia de la legislación autonómica

Cálculo de los trienios devengados por personal estatutario fijo por los servicios prestados en régimen de promoción interna temporal en puesto de categoría superior, a partir del momento en que se adquiere esa categoría. Efectos pro futuro de ese cálculo que supone retribuir esos trienios en la cuantía correspondiente a la categoría superior

Cese de funcionario público que ocupaba un puesto de libre designación. Alcance del deber de motivación de esta resolución administrativa

Cese de interino que sustituye a funcionario en servicios especiales con reserva de puesto. Supuestos en que procede

Clases Pasivas. Pensión de Viudedad. Beneficiarias. Situación de poligamia: segunda esposa de súbdito marroquí. Interés casacional: Orden público nacional como causa de denegación; Convenio de Seguridad Social entre España y Marruecos como causa de reconocimiento; criterios de reparto

Clases pasivas del Estado. Reconocimiento de derecho a la percepción de pensión de viudedad. La constitución de la pareja de hecho ha de acreditarse mediante la inscripción en el registro específico o con la aportación del documento público en que conste

Cobertura de puestos de trabajo en comisión de servicios. Necesidad de previa convocatoria pública

Cobertura legal del Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado

Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. La motivación de la resolución que se pronuncia sobre la evaluación de las aportaciones presentadas, además de referirse a los indicios de calidad del medio en que se publicaron, ha de considerar si por el contenido de los mismos merecen o no un juicio favorable

Complemento de antigüedad, trienios. Reconocimiento servicios prestados durante el período de formación MIR. Solicitud de reconocimiento y abono de trienios, devengado durante el periodo de Médico Interno Residente (MIR) en un Hospital no integrado en la red sanitaria pública

Constitución de la mesa general de negociación en un Ayuntamiento. El 10% de representatividad exigido por el artículo 36.3 del EBEP para 43 formar parte de la Mesa General de Negociación de materias comunes al personal funcionario y laboral se debe revisar por separado en ambos ámbitos

Cuantía a percibir por funcionario en concepto de trienios reconocidos como personal laboral cuando se accede a la condición de personal funcionario

Cuerpo Nacional de Policía. Pase a situación administrativa de segunda actividad por causa de enfermedad o accidente profesional acaecido en acto de servicio o consecuencia del mismo. Retribuciones

Deber de motivación exigible en las resoluciones administrativas que acuerdan el cese de funcionarios públicos en puestos de libre designación

Determinación de si resulta posible la promoción interna del grupo C1 al grupo A1, sin pasar por el grupo A2 (artículos 18.2 y la Disposición Transitoria 3ª EBEP 5/2015)

Estatuto del organismo autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de Defensa. Omisión del informe previo y preceptivo del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, exigido por el artículo 49.1 c), en relación con su apartado b) 7º de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas

Fecha tope de valoración de méritos de los aspirantes en un concurso-oposición

Funcionarios interinos. Consolidación del grado personal

Funcionarios docentes interinos en centros no universitarios que son cesados el 30 de junio de 2012. Principio de no discriminación

Guardia Civil: Retribuciones en situación de baja por enfermedad. Normativa de Seguridad Social

Impugnación de Pactos de Gestión suscritos entre las distintas Gerencias de los hospitales públicos madrileños y los distintos Servicios o Unidades. Infracción del artículo 28.1. CE

Impugnación del Real Decreto 112/2017, de 17 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario Militar. Aplicación de las normas sobre tratamiento penitenciario del personal militar al de la Guardia Civil. Desestimación

Incapacidad permanente para el servicio de guardia civil por insuficiencia de condiciones psicofísicas. Accidente in itinere como consecuencia del servicio

Integración en la condición de personal estatutario de funcionarios y personal laboral fijo que prestan servicios de centros sanitarios de la Administración autonómica que son gestionados por alguno de las entidades previstas en el Decreto 29/2000. No vulneración de disposición adicional quinta de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud

Interpretación del artículo 47.2 de la Ley de Clases Pasivas. Reconocimiento de pensión extraordinaria derivada de acto terrorista del artículo 49 del mismo texto legal

Jornada laboral. Las Administraciones públicas, al establecer una jornada de trabajo anual para los empleados públicos a su servicio, deben respetar los límites establecidos en las disposiciones legales dictadas por el Estado al amparo de las competencias normativas que le son propias, de acuerdo con el art. 149.1 CE

Jubilación forzosa por cumplimiento de edad. Prolongación de la permanencia en servicio activo. Denegación por deficiencias en el rendimiento

La Ley de Bases de Régimen Local no permite policía local en régimen de interinidad

Maestro. Pérdida de la condición. La pena de “inhabilitación especial para el ejercicio de profesión relacionada con la educación de menores” impuesta en sentencia penal con condena por abuso sexual no es pérdida de empleo o cargo público

Manifestación convocada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Art. 13.1 de la Ley Orgánica 9/2011 de 27 de julio de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas

No es posible otorgar la licencia por enfermedad al funcionario que se encuentra en situación administrativa de suspensión de funciones

Nulidad del Real Decreto 848/2017, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento de destinos del personal de la Guardia Civil, por omisión de informe de impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad

Percepción de diferencias retributivas entre el Grupo C2, Nivel 17 y el Grupo A2, Nivel 20. La realización de las funciones esenciales de un puesto de trabajo distinto da derecho a la percepción de las diferencias existentes entre los complementos de destino y específico del puesto efectivamente desempeñado y los del propio

Personal estatutario temporal de carácter eventual de los servicios de salud. Euskadi. Abuso en sus sucesivos nombramientos o prorrogas. Cláusula 5 del Acuerdo marco anexo a la Directiva 1999/70/CE. STJUE de 38 14 de septiembre de 2016, asuntos acumulados C-184/15 y C-197/15. Jurisprudencia del TJUE. Principios de eficacia directa y de primacía. Consecuencias jurídicas

Petición de plazas en comisiones de servicio ofrecidas por la Administración. Silencio negativo, no positivo

Plazo máximo para resolver los procedimientos disciplinarios en el ámbito de la función pública autonómica y local en ausencia de una norma con rango de ley que lo establezca de forma expresa

Procedimiento de movilidad interna voluntaria para la provisión de plazas en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Diferencias de baremación por servicios prestados anteriormente como personal estatutario fijo, en detrimento del personal interino. Baremación de servicios prestados anteriormente en funciones no sanitarias. Directiva 1999/70/CE. Discriminación

Procedimiento disciplinario. Posible virtualidad suspensiva del procedimiento, con interrupción del plazo para resolver, por incapacidad laboral temporal del funcionario expedientado

Procedimientos selectivos de acceso al empleo público. Principio de publicidad. Los aspirantes tienen derecho a conocer los ejercicios de aquellos con los que compiten cuando reclamen su derecho fundamental a acceder al empleo público

Procesos selectivos. Los diferentes turnos de acceso a la función pública y la igualdad del art. 23.2 de la CE

Puntuación, a efectos de concurso de traslado, por servicios prestados en centros de enseñanza secundaria calificados de especial dificultad: no se exige que el centro desde el que se concursa tenga en ese momento dicha calificación

Reducción de jornada retribuida al 50% para cuidado de hijo menor afectado de enfermedad grave. Aplicabilidad del artículo 49.e) EBEP en aquellos supuestos en que no resulta necesaria la hospitalización del menor

Un Tribunal de oposición no puede declarar tener por cancelados los antecedentes penales

Valoración de la situación administrativa de excedencia voluntaria por cuidado de familiares. Artículo 57 de Ley Orgánica 3/2007

Valoración de titulaciones y certificados expedidos por instituciones privadas, para acreditar los distintos niveles de competencia lingüística exigidos en las convocatorias de procesos selectivos en la Administración Pública Española

PODER JUDICIAL. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de plaza de Magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. El turno de procedencia del Presidente de la Sala se computa a los efectos de establecer si ha de convocar la vacante para el turno general, para el de especialistas o para el de juristas de prestigio

Aplicabilidad a los Juzgados de Menores de medida de refuerzo por adscripción obligatoria del artículo 216 bis 1 LOPJ

Atribución a determinados juzgados, del conocimiento de materia relativa a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física

Carrera Judicial. Provisión de la vacante de presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Facultades discrecionales del CGPJ. Motivación suficiente. No se produce desviación de poder, ni arbitrariedad, ni discriminación de la mujer. Desestimación

Consejo General del Poder Judicial. Impugnación del Acuerdo del Pleno sobre composición de sus comisiones para el año 2015

Denegación de solicitud formulada por una Magistrada, de ser declarada en situación de excedencia voluntaria por cuidado familiar (para el cuidado de hijo mayor de 3 años durante el periodo estival)

Estadística judicial trimestral del CGPJ: competencia para su elaboración material en los órganos jurisdiccionales. La función de elaborar la estadística judicial corresponde a los Letrados de la Administración de Justicia

Impugnación del nombramiento del promotor de la acción disciplinaria del CGPJ. Desestimación del recurso. Motivación del nombramiento. Supuesta discriminación por razón de sexo

Jueces y magistrados. Obligación de utilizar los medios tecnológicos puestos a disposición de los órganos jurisdiccionales

La Inspección de Tribunales del CGPJ carece de atribuciones para dirigir órdenes o mandatos de cualquier género a los órganos judiciales; y por tanto no puede impartir órdenes al órgano judicial inspeccionado sobre cuántos señalamientos ha de hacer o con qué periodicidad, porque esa es cuestión que sólo atañe al titular del Juzgado

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer son órganos mixtos y no órganos pertenecientes al orden jurisdiccional penal

Magistrado al servicio del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Arts. 61 quinquies y 330.3 LOPJ. Cómputo del tiempo a efectos de concurso a plaza judicial.

Permiso parental a un Magistrado: Interpretación del artículo 373.2 de la LOPJ en relación con el artículo 218 del Reglamento 2/2011, de la Carrera Judicial

Procedimiento de nombramiento de los jueces de paz

Reingreso en el servicio activo de un magistrado suspenso una vez finalizado su periodo de suspensión. No es ya exigible la previa declaración de aptitud, después del pronunciamiento de inconstitucionalidad sobre el artículo 367 LOPJ efectuado por la STC 135/2018, de 13 de diciembre de 2018

Sanción impuesta a un Magistrado por la comisión de una falta muy grave de ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales, (art. 417.14 LOPJ)

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL, PATENTES Y MARCAS

Compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Cuestión prejudicial resuelta por sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 9 de junio de 2016 (C-470/14). Incompatibilidad con el derecho europeo de la Disposición adicional 10ª del Real Decreto-ley 20/2011 y del apartado segundo del artículo 1 de la Ley 21/2014. Anulación del Real Decreto 38 1657/2012, de 7 de diciembre (BOE de 8 de diciembre de 2012), que regula el procedimiento para el pago de la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado

Irregistrabilidad de la marca nacional colectiva número 3.012.390 “Barcelona” para las clases 01 a 45 del nomenclátor internacional de marcas. Artículo 5.1 b) de la ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas.

Notificaciones de Acuerdos de la Oficina Española de Patentes Y Marcas, cuando la entidad actúa a través de un agente de la propiedad industrial

Principio de “continuidad registral”

Protección de las marcas notorias. Artículo 8.1 de la Ley de Marcas. Conexión y asociación entre las marcas comparadas

Propiedad intelectual. Las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual tienen la condición de interesadas en los procedimientos administrativos tramitados para autorizar la constitución y entrada en funcionamiento de nuevas entidades de gestión de tales derechos

PROTECCIÓN DE DATOS

Libertad sindical (artículo 28.1 C.E.) y protección de datos (artículo 18.4 de la CE)

Protección de datos y libertad religiosa: cancelación de datos por confesión religiosa

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

Cesión del crédito dimanante de la responsabilidad patrimonial de la Administración

El derecho a edificar se patrimonializa con la obtención de la licencia urbanística

Fallecimiento en prisión por suicidio. Relación de causalidad entre la suerte y la prestación del servicio. Interno sujeto a Programa de Prevención de Suicidio en el que causó bajo, produciéndose entonces el suicidio. Indemnización, improcedencia de aplicar el baremo de tráfico

Gastos de asesoramiento jurídico en un procedimiento administrativo. Deber de los ciudadanos de soportar el coste de ese asesoramiento jurídico

Por la vía de la responsabilidad patrimonial de la administración no puede exigirse la devolución de las cantidades entregadas en virtud de un convenio urbanístico de planeamiento en caso de incumplimiento del mismo, por ser necesario instar su resolución por incumplimiento para solicitar tal devolución

Presunción de mancomunidad en deudas de varias Administraciones. Competencia de este Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo para conocer de la acción de regreso contra los codeudores, cuando la deuda hubiera sido íntegramente satisfecha por una de las Administraciones concernidas

Responsabilidad patrimonial amparada en un dictamen del Comité de la CEDAW -Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Contra la Mujer- en el que se recomienda a España indemnizar a una persona como consecuencia de la vulneración de derechos previstos en la Convención en un procedimiento ante nuestros tribunales. Admisión del recurso de casación

Responsabilidad patrimonial del Estado legislador por aplicación del Decreto Ley de 12 de noviembre de 1936 y normas complementarias sobre invalidez e incautación de moneda emitida con posterioridad al 18-7-1936, prescripción de la acción aun tomando como dies a quo la publicación de la constitución. Inexistencia del título de la reclamación a la fecha del hecho causante

Responsabilidad patrimonial sanitaria. “Dies a quo” del plazo de prescripción para el ejercicio del derecho a reclamar

Responsabilidad patrimonial por asistencia sanitaria prestada a través de entidad privada concertada. Reclamación por la Administración a dicha entidad de las indemnizaciones procedentes

Responsabilidad sanitaria. Desprendimiento de retina. Pérdida de visión. Utilización de producto defectuoso. Actuación quirúrgica conforme a la lex artis. Responsabilidad del fabricante o de la agencia española de los medicamentos

SANIDAD

Publicidad sanitaria: limitaciones de la publicidad con pretendida finalidad sanitaria de productos, materiales, sustancias, energías o métodos con pretendida finalidad sanitaria. ¿Resulta extensible a los servicios de odontología?

Recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos contra la inactividad del Ministerio de Sanidad. Estimación parcial. COVID. Los profesionales sanitarios carecieron de los medios de protección necesarios

SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS. ACCIÓN DE FOMENTO

Aplicación del art. 44 LJCA a los litigios entre administraciones públicas. Aplicabilidad a las relaciones jurídicas subvencionales en que una administración pública tiene la consideración de beneficiaria de la subvención

Artículo 29.7 d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones: alcance de la prohibición impuesta al beneficiario de la subvención de concertar la ejecución de la actividad subvencionada con personas o entidades vinculadas

El procedimiento judicial previsto en el art. 29.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa es adecuado para que los afectados por la inejecución de un acto firme adoptado en materia de 49 concesión de subvenciones puedan formular la pretensión de que se condene a la Administración Pública al cumplimiento de sus obligaciones en los concretos términos en que están establecidas

La verificación y comprobación desplegada por la administración pública de una subvención concedida que culmina con la liquidación del importe y abono de la ayuda no impide posteriores comprobaciones, y no necesita del inicio del procedimiento de control financiero sometido al régimen jurídico previsto en los arts. 49 a 51 LGS

Reintegro y pérdida del derecho a cobro de subvención. Comprobación de la justificación de la subvención que lleva a posterior liquidación: necesidad o no del procedimiento de revisión de oficio

Revocación de ayuda concedida por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (Subvención condicionada a la creación de empleo). Inicial expediente de reintegro declarado caducado. Cómputo de los intereses de demora

Significado de «parto múltiple» a efectos de acceder a la categoría de familia numerosa especial: art. 4.1.a) de la Ley 40/2003, de protección de las familias numerosas

Solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de deuda en procedimiento de reintegro de subvención: consideración como derecho del deudor, o carácter discrecional para la Administración

Subvención concedida a agrupación de personas. Incumplimiento causante de reintegro de la subvención. Determinación del alcance de la responsabilidad que tienen el coordinador y el resto de partícipes del proyecto

Subvenciones. Inactividad de la Administración concedente de la ayuda. Aplicación indebida del art. 42.3.b) de la LPAC.

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Anulación del alta laboral de una trabajadora en situación de riesgo por embarazo

Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE): utilización a efectos de la cotización a la Seguridad Social. La Tesorería General de la Seguridad Social puede por sí misma determinar la actividad principal de cada empresa para fijar el código CNAE correspondiente

Competencia del Orden Social de la Jurisdicción para conocer del litigio sobre resarcimiento de gastos de asistencia sanitaria prestada por los Servicios públicos de salud en un supuesto en que la responsabilidad corresponde a la Mutua aseguradora del accidente de trabajo

Controversia competencial entre la Tesorería General de la Seguridad Social y el Ministerio de Defensa, sobre la materia de Seguridad Social del personal laboral local que presta servicios en la Base Militar de Rota (Cádiz)

Derivación de responsabilidad solidaria del administrador de una sociedad de capital. Empresa en situación de insolvencia. Necesidad de constatar que concurre causa legal de disolución

Dies a quo del plazo de prescripción de las cuotas de la Seguridad Social

Inaplicación a los médicos internos residentes (MIR) extracomunitarios de la exclusión de la cotización por la contingencia de desempleo que prevé la Disposición adicional decimosexta del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril

La reducción en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social por contratación indefinida del Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, no es aplicable en los casos en los que no hay creación de empleo indefinido neto porque la contratación indefinida efectuada afecta a trabajadores que ya estaban contratados con ese mismo carácter en empresas de las que el empleador es sucesor en virtud de una subrogación convencional

La tramitación de un procedimiento judicial penal sobre hechos constitutivos de delito contra la Seguridad Social que al tiempo puedan ser determinantes de una actuación liquidatoria de cuotas de la Seguridad Social, no impide a la Administración iniciar, tramitar y concluir las actuaciones de liquidación

Liquidación definitiva. Suspensión cautelar jurisdiccional. Sentencia desestimatoria. Pago en voluntario antes de apremio

Posibilidad de declarar la responsabilidad solidaria de un Ayuntamiento respecto de una deuda contraída por una sociedad mercantil que actúa como medio propio del Ayuntamiento, en virtud de la aplicación de la figura «grupo de empresas»

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Derecho a los beneficios del artículo 31 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, al socio administrador único de una sociedad unipersonal de responsabilidad limitada

Resolución de derivación de responsabilidad solidaria, y reclamaciones de deuda. Exclusión de las deudas con la Seguridad Social en beneficio de la sociedad adquirente de la unidad productiva en la liquidación de la concursada

TRANSPORTE

Licencias de vehículos de transporte con conductor. Límite del número de licencias. Decreto autonómico dictado en el periodo intermedio que media entre la Ley 9/2013 pero antes de que se apruebe el Reglamento del Estado aprobado por Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre. Competencia del Estado y de la Comunidad Autónoma de Baleares

Real Decreto 1076/2017, de 29 de diciembre. Límite temporal de dos años para la transmisión de licencias de VTC. Obligación de comunicar los datos de cada servicio y del usuario a un registro nacional

Transmisión de licencia de taxi por la subasta de la Seguridad Social: no necesita autorización municipal al no poder aplicarse las limitaciones para la transmisión voluntaria

TRIBUTARIO

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Exención a las empresas cuyo importe neto de su cifra de negocios sea inferior a un millón de euros (artículo 82.1 de la Ley de Haciendas Locales). Interpretación de la excepción de aquella exención, prevista en la norma, cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Exención a centros docentes. Determinación de si la exención reconocida en el IBI a favor de los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos al régimen de concierto educativo exige que los sujetos pasivos del impuesto sean titulares de tales centros docentes

Exención en el IBI de bienes de las Universidades públicas

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Exención prevista para los inmuebles afectos a servicios educativos. Interpretación de los elementos subjetivo y objetivo para que opere la exención

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