Liderazgo para la justicia educacional E-Book

Jennifer Ly Obregón Reyes

• Herausgeber: Letrame Grupo Editorial
• Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 176

Veröffentlichungsjahr: 2025

Beschreibung

"Liderazgo para la Justicia Educacional: Del Paradigma a la Acción" es una reflexión profunda sobre el papel transformador del liderazgo educativo en la construcción de sistemas más inclusivos, equitativos y de calidad. A través de un análisis crítico de las desigualdades educativas y sociales, se propone un modelo de liderazgo basado en principios éticos, democráticos y colaborativos, capaz de pasar del discurso a la acción. Combinando teoría, ejemplos prácticos e inspiradoras experiencias del sistema educativo chileno, el libro ofrece herramientas para líderes, lideresas y responsables de políticas educativas que buscan movilizar el cambio hacia una mayor justicia educacional.

Leseprobe

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© Jennifer Ly Obregón Reyes

Diseño de edición: Letrame Editorial.

Maquetación: Juan Muñoz

Diseño de cubierta: Rubén García

Supervisión de corrección: Celia Jiménez

ISBN: 979-13-7012-056-6

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación, en Internet o de fotocopia, sin permiso previo del editor o del autor.

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A mi madre Linda Reyes Orellana y a mi padre Eduardo Obregón Godoy, que me enseñaron la importancia de la educación.

A Christian Medina Saavedra y Alys Medina Obregón, mi familia.

A mis hermanos Irving e Icy.

A mis amigas y amigos que me sostienen, mi otra familia.

Y a los millones de niñas, niños, jóvenes y adultos que merecen un mundo mejor.

Agradecimientos

A quienes dieron su testimonio en este libro desde Chile

para inspirar e invitar a reflexionar a otros en el mundo:

Karla Araya Contreras

Fernanda Maturana Donaire

Danny Urtubia Silva

Marcela Barrón Moya

Introducción: de lo que se quiere hablar en este texto1234

¿Hasta cuándo?

En un mundo donde millones de niñas y niños carecen de acceso a una educación de calidad, donde una enorme cantidad de jóvenes y adultos salen al mundo laboral sin una adecuada formación, la justicia social resuena y el liderazgo educativo se convierte en un potente motor de cambio necesario en el ámbito escolar.

Al respecto, Axel Rivas (2012) señala que «tenemos que convencernos que cada escuela es fuente de justicia educativa». Dado que muchos niños, niñas y jóvenes viven injusticias en el ámbito educacional, es deber de educadores, directivos, investigadores y responsables de política educativa fortalecer los factores que permitan movilizar mayor justicia educativa.

Existen diversos factores que intervienen en los aprendizajes de los estudiantes, dentro de los cuales destaca la labor del profesorado como primordial. Otro factor que ha cobrado relevancia progresivamente es el del liderazgo. La literatura ha destacado el liderazgo directivo como fundamental para el cambio y la mejora escolar, lo que ha llevado a muchos países a fortalecerlo en sus sistemas educativos (Pont, 2020).

A pesar de los avances e inversión en educación e investigación en muchos países, que ponen de manifiesto la importancia clave que constituyen docencia y liderazgo con relación a los aprendizajes (Grissom et al., 2021), millones de estudiantes continúan enfrentándose a barreras para alcanzar su máximo potencial.

Y no solo eso, a pesar de toda la evidencia sobre la relevancia de la educación en la mejora de la calidad de vida de las personas y en la construcción de sociedades más democráticas (ONU, 2023), siguen existiendo niños y niñas que no saben leer, niñas privadas de acceder a la educación, jóvenes que abandonan la escuela para ayudar a sus familias y adultos que no pueden progresar o desarrollar todo su potencial porque no son capaces de comprender que lo tienen o que eligen caminos «erróneos» porque nadie los orientó para descubrir el suyo propio o no tienen las herramientas para hacerlo.

Ante todas estas situaciones vinculadas a lo educativo y la desigualdad en la mayoría de los países, sin mencionar problemáticas sociales asociadas que van más allá de la escuela, como niños y niñas víctimas de violencia intrafamiliar, conflictos armados o en situación de vulneración de sus derechos fundamentales, así como un sinnúmero de atrocidades a las que el mundo actual somete a las infancias, cabe preguntarse: ¿hasta cuándo?

¿Qué tiene que suceder para que el mundo reaccione? ¿Qué podemos hacer quienes tenemos la posibilidad de hacer algo por mínima que sea? Y, sobre todo, ¿cuál es el rol que nos compete como docentes y lideresas y líderes educativos y pedagógicos? ¿Qué tipo de liderazgo puede transformar esta realidad? ¿Cómo podemos avanzar desde declaraciones de buenas intenciones a acciones concretas de cambio?

Esto implica no solo reflexiones profundas, sino la definición de acciones concretas para pasar del paradigma a la acción, a la praxis. «Superar la injusticia significa desmantelar los obstáculos institucionalizados que impiden a algunos participar a la par con otros, como socios con pleno derecho en la interacción social» (Fraser, 2008a, p. 39).

Este texto pretende ser un aporte a la reflexión crítica y a la práctica, para precisamente dejar de hablar eternamente sobre los temas e interpelar a los actores educativos a pasar a la acción consciente e intencionada que se requiere, para producir cambios desde la práctica y también acercar esta reflexión a quienes hacen política y tiene responsabilidad sobre el cambio de las estructuras que construyen las injusticias. «Los remedios a la injusticia que eliminen las estructuras generadoras de la injusticia son más deseables que aquellas que no afectan dichas estructuras» (Valencia-Gutiérrez, 2019, p. 87).

Al mismo tiempo, este texto está orientado a lideresas y líderes políticos, académicos, estratégicos, educativos y pedagógicos en todos los niveles del sistema escolar, centrándose en la educación formal como una primera aproximación, razón por la cual el foco de este libro está en la justicia educacional —por ahora—, acercándose solo tangencialmente a la justicia socioeducativa y social que implica otros matices, a otros actores, instituciones y organizaciones.

En relación con lo anterior, también se espera hacer un aporte adicional a la construcción de la conceptualización de liderazgo para la justicia educacional, lo que conecta, de alguna manera, la investigación sobre el cambio educativo y la justicia social, algo que Rincón-Gallardo (2019) analiza de forma muy elocuente, especialmente en lo que respecta a la división entre ambos campos: mientras que el primero se centra en la mejora pedagógica, políticas educativas, liderazgo y reformas, la segunda aborda más bien el activismo, la acción comunitaria y el análisis de la opresión en la escolarización. Además, afirma que, a pesar de que existen investigaciones que conectan ambos, una mayor colaboración entre ellos sería beneficiosa, tendiendo, desde la pedagogía, puentes entre el aprendizaje y el poder, vínculo que ha sido débil.

Para precisar, además, este escrito está dirigido a quienes trabajan por y en el ámbito educativo escolar público (primera infancia/educación parvularia, primaria/básica y media/secundaria): responsables, diseñadores e implementadores de políticas educativas a nivel macro, investigadores en educación, liderazgos de niveles intermedios —middle tiers— y liderazgos educativos en el nivel escolar —directivos, docentes y asistentes de la educación—, formales e informales. Shields (2004) lo plantea muy claro: los líderes y las lideresas transformadores pueden promover el éxito de todos los estudiantes mediante un diálogo ético, relaciones sólidas y liderazgo basado en principios de justicia social.

Finalmente, si bien se realiza un análisis internacional desde la literatura, se plantean ejemplos concretos de experiencias inspiradoras provenientes del sistema educativo escolar chileno, que puede ser un buen referente para el ámbito latinoamericano, pero también para otras realidades similares.

Capítulo 1Contexto: ¿de dónde surge (se mantiene) el problema?

Las sociedades y sus sistemas educativos en diversos contextos han desarrollado diferentes formas de entender e implementar la escolarización de niños, niñas, jóvenes y también de adultos. Esto, junto a los habituales desafíos a los que se enfrenta la educación, se debe lidiar con las consecuencias diversas que dejó la pandemia por COVID-19.

La ONU (2024) señala que la pandemia generó pérdidas de aprendizaje en 4 de cada 5 países de un total de 104 países, que el mundo está quedando rezagado en cuanto a la consecución de una enseñanza de calidad, que sin medidas adicionales, para el año 2030, 84 millones de niñas, niños y jóvenes no asistirán a la escuela, 300 millones de estudiantes no lograrán las competencias básicas de alfabetización y solo 1 de cada 6 países alcanzará la meta de la finalización de la enseñanza secundaria universal.

La tasa de finalización de la enseñanza primaria y secundaria aumenta, pero el ritmo es lento. Entre los años 2015 y 2021, en primaria pasó de 85 % a 87 %; en secundaria inferior, de 74 % a 77 %, y en secundaria superior, de 53 % a 58 %. Además, los países de ingresos bajos y medios-bajos se enfrentan a un déficit de financiación anual de casi 100 000 millones de dólares para alcanzar sus metas de enseñanza (ONU, 2024).

Ante estos datos globales, sin mirar siquiera los de cada contexto, se hace evidente que se deben redoblar esfuerzos para fortalecer, mejorar y cambiar la educación, para movilizar procesos de transformación socioeducativa que impliquen acciones concretas, basadas en evidencias e innovación.

Es difícil discutir la importancia de llevar a cabo procesos de transformación o de innovación en las escuelas como algo necesario. Lo importante es que estos no sean al azar y estén diseñados para construir entornos más equitativos, críticos y democráticos. Esto permitirá avanzar a sociedades más justas; de lo contrario, se corre el riesgo de perpetuar y justificar desigualdades existentes (Bolívar y Murillo, 2017).

Conceptos como equidad, calidad e inclusión no son nuevos, pero son cada vez más frecuentes en la investigación educativa —orientada a la mejora sistémica y sostenible con enfoque de derechos— y aparecen con regularidad en reformas educativas de diferentes países. Sin embargo, no se habla de forma suficiente y explícita de justicia social, de justicia socioeducativa y, en menor medida, dejusticia educacional.

Por otra parte, mucho se ha avanzado en el desarrollo del rol del liderazgo en las escuelas y de la relevancia de diversos tipos de liderazgo para la mejora, aunque no siempre vinculándolo a la justicia social, a pesar de que se sabe que este rol es tanto más efectivo donde más se necesita, es decir, en contextos de alta vulnerabilidad y complejidad socioeducativa, donde la injusticia lamentablemente se expresa.

El liderazgo es crucial en escuelas con estudiantes vulnerables y contextos desafiantes, donde la mejora sin un liderazgo efectivo no tiene precedentes (Anderson, 2010; Barber & Mourshed, 2008; Leithwood et al., 2004, 2006, 2019; Mourshed et al., 2010; Neumerski, 2012; Nava-Lara y Rodríguez, 2024). «Fomentar la justicia social en las escuelas es de relevancia, ya que el rendimiento escolar tiende a mejorar en entornos escolares inclusivos y equitativos, especialmente en contextos desafiantes» (Nava-Lara y Rodríguez, 2024, p. 2).

Dado lo anterior, diversos cambios en la política educativa han puesto de relevancia el rol del liderazgo en los sistemas escolares, lo que ha complejizado sus funciones y protagonismo; a pesar de esto, la atención ha sido menor a la hora de vincular el liderazgo escolar a enfoques de inclusión y justicia social (Valdés, 2019).

Una educación que no aporte a construir sociedades más justas no está cumpliendo su propósito. «Una educación que no sirva para lograr una mayor Justicia Social solo servirá para fortalecer las opresiones, para generar antieducación» (Murillo y Belavi, 2016, p.14).

Algunas precisiones

La justicia social (Unicef, 2022) es un principio ético y político que busca garantizar la equidad, la igualdad de oportunidades y el respeto por los derechos humanos en todas las dimensiones de la vida social. Su objetivo principal es corregir las desigualdades estructurales que limitan el acceso equitativo a recursos, servicios y oportunidades esenciales, como la educación, la salud, el empleo y la vivienda. Así, «el concepto de Justicia Social podemos comprenderlo de un modo general como el camino teórico-práctico que se ha emprendido para luchar contra las desigualdades» (Silva-Peña, 2017, pp. 126-127).

De acuerdo con Sócrates, «justicia es la realización simultánea del bien individual y social (…); no hay contradicción entre lo individual y lo colectivo proporcionado por una sociedad justa» (como fue citado en Murillo y Belavi, 2016, p.14). Encontrar, por tanto, ese equilibrio entre los intereses de cada persona y los de la sociedad a la que se pertenece, con el fin de lograr el bienestar de todos, parece haber sido, hasta ahora, un viaje épico a lo largo de la historia que no termina por concretarse.

Los elementos claves para comprender la justicia social son los conceptos de derechos humanos, equidad, igualdad, inclusión, entre otros:

Equidad: trata de garantizar que se tiene una preocupación por la justicia, donde la educación de todos los estudiantes se considera de igual importancia (Unesco, 2017, p. 7); implica reconocer las diferencias entre las personas y proporcionar recursos y oportunidades según las necesidades específicas de cada individuo o grupo.Igualdad de oportunidades: implica asegurar igualdad de condiciones de acceso a las mismas posibilidades de desarrollo y bienestar sin importar características u origen, para lograr el pleno goce de los derechos humanos y así contribuir al desarrollo económico, social, cultural y político, y beneficiarse de este (Unesco, 2017, p. 7).Inclusión:proceso que busca ayudar a superar obstáculos que limitan la presencia, la participación y el logro de los estudiantes (Unesco, 2017, p. 7).Derechos humanos (DDHH):son aquellos derechos universales que se tienen básicamente por existir como seres humanos, son inherentes a las personas, con independencia de su nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Finalmente, se trata de derechos que son comunes a todas las personas desde su nacimiento, incluso, independientemente de las garantías que el país de cada cual entregue; se basan en dos valores fundamentales: la igualdad y la dignidad humana. Los derechos de la infancia, por ejemplo, son DDHH (ONU, s/f; Unicef, 2022).

Bellei y Muñoz (2024) proponen un marco conceptual actual para analizar el derecho a la educación, destacando su evolución desde la consolidación de estados nacionales hasta su reconocimiento como derecho humano universal, formalizado en la Declaración de Derechos Humanos (1948) y ampliado con la Convención sobre los Derechos del Niño (1989). Este derecho establece que la educación debe ser universal, gratuita, obligatoria y de calidad; y garantizar la igualdad de oportunidades, la dignidad y el respeto. Además, promueve el desarrollo integral, el respeto a los derechos humanos, la inclusión cultural y el cuidado del medio ambiente. La visión que presentan los autores destaca la naturaleza progresiva de este derecho que debe adaptarse a los cambios sociales y se organiza en tres dimensiones: acceso —oportunidades educativas continuas—, calidad —aprendizaje efectivo y relevante— y respeto —trato justo y no discriminatorio—. En contextos desiguales, su implementación enfrenta desafíos para garantizar equidad, inclusión y justicia.

La justicia social (JS) busca garantizar que cada persona pueda desarrollar su máximo potencial y así minimizar las desigualdades de todo tipo y dificultades a las que se enfrentan para facilitar el acceso a derechos fundamentales. La JS busca conseguir una sociedad pacífica y permitir que todas y todos alcancen un nivel de vida digno, lo que lleva a la lucha por reducir o eliminar la brecha entre la población más rica o con mayor acceso a recursos y la más pobre; esto implica repartir de forma justa la riqueza, buscar un futuro mejor para todos, promover trabajos decentes y lograr finalmente un óptimo nivel de bienestar social (UNIR, 2024).

El rol de la educación en la JS es clave para avanzar hacia sociedades más justas. La educación y la JS están fuertemente relacionadas, dado que el aprendizaje de esta última permite familiarizarse con esta conceptualización y, de esta forma, motivar actitudes que promuevan justicia, libertad, equidad e igualdad en todos los niveles. Por consiguiente, educar en JS es fundamental para concientizar a las personas y fomentar el desarrollo de sociedades más equitativas. La enseñanza que se fundamenta en el desarrollo del respeto y cumplimiento de la JS permite que se adquieran actitudes de empatía y respeto entre las personas (UNIR, 2024).

El propósito de la JS es más amplio que el de la justicia educacional (JE). La JS aspira construir sociedades más cohesionadas, donde todas las personas se puedan desarrollar en plenitud y vivir con dignidad. Para eso se debe mirar las desigualdades actuales para abordar las causas profundas que las generan y, desde ahí, comenzar un proceso de reconstrucción. Esto implica contar con sistemas y políticas diseñadas para beneficiar a todos, especialmente a los más vulnerables.

La JE, específicamente, se refiere al ámbito de los sistemas educativos formales, es decir, a la equidad en el acceso, la participación y resultados, entre otros aspectos que se abordan a lo largo de este documento. Esto significa garantizar que todas las personas, independientemente del origen socioeconómico, género, etnia, necesidades de apoyo educativas u otras condiciones, tengan las mismas oportunidades para recibir una educación de calidad que les permita desarrollar su potencial, elegir con herramientas —conocimientos, habilidades y valores— en libertad y contribuir plenamente a la sociedad.

La justicia socioeducativa (JSE), por otro lado, amplía el radio de acción de las escuelas y del sistema educativo formal a la sociedad civil, los entornos comunitarios, institucionales y productivos, así como a redes de apoyo socioeducativas, pedagogías críticas, entre otros.

Ante estas tres definiciones, resulta más apropiado, para el propósito de este texto, referirse a la justicia educacional. En los siguientes apartados se profundizará más en estas definiciones para mayor claridad del alcance de la reflexión.

Capítulo 2Ideas sobre lo que «se sabe» y lo que sucede

Axel Rivas (2012) plantea con gran elocuencia los caminos necesarios para llegar a la justicia educativa, indicando que vivimos en sociedades muy injustas y la educación puede ampliar esas injusticias o combatirlas. Señala que los actores clave para enfrentarlas son, por un lado, los docentes —«que son mucho más poderosos de lo que creen»— y las clases dirigentes —«el poder político y económico»—, que pueden cambiar la educación en los países si realmente se lo proponen.

Rivas (2012) indica que existen dos grandes causas de las desigualdades educativas y dos posibles caminos de salida: 1) la distribución de la riqueza; y 2) la revisión de las pedagogías. Refiriéndose específicamente a América Latina y la distribución de la riqueza, lo primero es que este es el territorio más desigual, con una distribución de la riqueza muy dispar: «Vivimos entre la opulencia y la miseria». Las sociedades más igualitarias tienen mejor salud, mejor vejez, mayor confianza entre las personas, menores niveles de violencia, menores niveles de delincuencia y mayor movilidad social; es decir, las desigualdades de sus padres no determinan las de sus hijos. Estos países, en todos los indicadores sociales, están mejor posicionados a similares niveles de riqueza.

La segunda explicación de las desigualdades educativas está dentro de las escuelas, en la forma en que se enseña; es por esto que Rivas (2012) plantea que se debe hacer una revisión de las pedagogías. Las pedagogías reproducen y amplían desigualdades y por eso deben ser revisadas y repensadas. La idea es mirar diferentes modelos de enseñanza en el mundo y mirar los propios para construir uno que se acerque más a la justicia educacional. Al respecto, Veleda et al. (2011, p. 176-177) se refieren a cuatro modelos de agrupación de estudiantes que condicionan la enseñanza y su efectividad:

Tabla 1

Modelos de agrupación de estudiante y su alcance

El modelo de separación

El modelo de integración flexible

El modelo de integración uniforme

El modelo de integración personalizado

Con una diferenciación de circuitos de estudiantes a muy temprana edad. Se ha visto este modelo en países de cultura germana.

Propio de escuelas comprehensivas visualizado en países, con un currículum común amplio y un ritmo similar para todos los estudiantes, y ciertos agrupamientos homogéneos para algunas materias.

Propio de los países latinos (algunos europeos y latinoamericanos), donde todos los estudiantes siguen un mismo patrón curricular sin mayores ajustes o flexibilidades. La única regulación del flujo de estudiantes es la repitencia, que implica hacer todo el año nuevamente sin ninguna adaptación pedagógica.

Predominante en países nórdicos, donde se adaptan diversos métodos de enseñanza para no dejar a ningún estudiante atrás, con atención más individualizada, maestros de apoyo dentro del aula y pedagogías que detectan preventivamente dificultades y no separan a los estudiantes del aula para lograr su integración.

Fuente. Elaboración en base a Veleda et al. (2011)

Mons (2008, como fue citado por Veleda et al. 2011, p. 177) demuestra que el modelo de integración personalizado favorece la equidad y la calidad a la vez, como inclusive es demostrado por resultados de evaluaciones internacionales comparadas. Afirman que los modelos más inequitativos son los de separación y de integración uniforme; este último parece obtener los peores resultados de aprendizaje, dado que la repitencia que aplican se considera la peor alternativa pedagógica para enfrentar diferencias en los aprendizajes de los estudiantes.

A esto debiese añadirse la revisión y el fortalecimiento de los liderazgos en todos los niveles de los sistemas educativos, dado que se ha evidenciado desde la investigación que este tiene un rol preponderante en la mejora de los aprendizajes (Robinson, 2019).

Ampliación del concepto de justicia educacional y justicia socioeducativa

Es importante clarificar la diferencia entre justicia educacional (JE) y justiciasocioeducativa (JSE) antes de continuar con este ejercicio de conceptualización. Ambos términos están relacionados, pero tienen diferencias clave en su enfoque y alcance:

La justicia educacional se centra en lo propiamente educativo y conlleva una relevancia ética por encima de conceptos como equidad, calidad e inclusión (Moyano, 2020), pues engloba las desigualdades que alejan a niños, niñas, jóvenes y adultos de la educación a la que tienen derecho en el sistema escolar. Veleda et al. (2011) indican que su importancia radica en garantizar el acceso equitativo a una educación que les permita a los estudiantes desarrollar sus capacidades de forma que los habilite para ejercer su libertad de acción.

Merry (2020) analiza las tensiones entre los ideales liberales de la justicia educativa y las desigualdades persistentes en los sistemas escolares. Cuestiona la eficacia de los sistemas educativos escolares públicos para promover la justicia educativa, especialmente en términos de inclusión, diversidad y equidad. De esta forma, propone una crítica reflexiva a los paradigmas actuales y sugiere la necesidad de alternativas pragmáticas que respondan mejor a las necesidades de las comunidades vulnerables y a las injusticias estructurales.

Como ya se ha señalado, la JE abarca tanto la igualdad de oportunidades, que permiten eliminar barreras estructurales y discriminación (UNIR, 2024; Unesco, 2017), como la equidad, que posibilita proveer recursos diferenciados según necesidades individuales para garantizar resultados justos (Unesco, 2017).

Rivas (2015) afirma que la justicia educacional es una perspectiva desde la cual se puede discutir sobre cómo la educación reproduce o enfrenta las desigualdades sociales desde una perspectiva política, mediante diferentes herramientas de diagnóstico y propuestas de acción. Manifiesta que, en esta definición, se intersectan la sociología de la educación —en los diagnósticos— y la filosofía política —en la justicia aplicada a la educación—. De esta manera, la JE, desde una perspectiva crítica de la sociología de la educación, busca alternativas políticas, más que didácticas o pedagógicas, que influyan sobre las pedagogías y permitan focalizarse y revertir el diagnóstico pesimista y muchas veces obstaculizador.