De la paz territorial a la paz total en Colombia E-Book

• Herausgeber: Trama Editorial
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Serie: Ecúmene
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 622

Veröffentlichungsjahr: 2024

Beschreibung

Tras la elección de Gustavo Petro se ha abierto un nuevo ciclo de intentos de establecer la paz en Colombia, implementando procesos con todos los grupos violentos y armados, sean políticos o criminales. La paz territorial y la paz total pueden entenderse como los esfuerzos más importantes para poner fin al conflicto armado en las últimas décadas. Los autores y las autoras que participan en este libro, que trabajan en diferentes universidades españolas, colombianas, estadounidenses y de otros países, son especialistas en el estudio de la paz y el conflicto en Colombia. Sus múltiples miradas permiten entender las diversas aristas de esta situación.

Leseprobe

de la paz territorial a la paz total en colombia

una aproximación socio-espacial

Heriberto Cairo, Emilio Piazzini y Jerónimo Ríos(Editores)

Colección ECÚMENE

Este trabajo es resultado del proyecto PR65/19-22461, denominado “Discurso y expectativa sobre la paz territorial en Colombia: una mirada comparada entre las antiguas FARC-EP y las Fuerzas Militares”. Es un proyecto financiado por la convocatoria de Proyectos de I+D para jóvenes doctores, resultado del marco del convenio plurianual entre la Administración de la Comunidad de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid de 2019.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida o transmitida de ninguna forma ni por ningún medio electrónico o mecánico, incluida la fotocopia, la reimpresión o en cualquier sistema de almacenamiento o recuperación de información, sin permiso por escrito de Trama editorial.

© de los textos, sus autores, 2024

© de las imágenes, sus autores, 2024

© de la ilustración de portada, Pablo Maojo, 2024

© de esta edición, Trama editorial y Siglo del Hombre editores

www.tramaeditorial.es

ISBN (España): 978-84-128834-0-4

ISBN (Colombia): 978-958-665-820-1

índice

Prólogo

INTRODUCCIÓN

De la paz territorial a la paz total

I Parte SOBRE CUESTIONES CONCEPTUALES

De las dificultades de la paz territorial surge la paz total: un concepto ambicioso aunque controvertido

De territorios y regiones de paz en Colombia: los imaginarios geográficos

La dimensión geopolítica de la reconciliación territorial: un ensayo sobre territorio, espacio y construcción de paz en Colombia

II Parte SOBRE ELEMENTOS SECTORIALES

La paz total requiere un enfoque de género

Antecedentes y perspectivas de la paz total para la población afrocolombiana

Ordenamiento territorial con campesinos, para la paz territorial “total”

Violencia homicida contra exguerrilleros y líderes sociales de Colombia en perspectiva territorial (2016-2023)

Participación política y poder local: el desempeño electoral de las farc como partido territorial

Del conflicto interno armado al conflicto ambiental generalizado

III Parte SOBRE PRÁCTICAS LOCALES Y REGIONALES

Las implicaciones geopolíticas de la paz en Colombia: el pivote territorial del conflicto armado y el análisis de la dinámica fronteriza (2016-2022)

Fronteras, violencia y urbanización en Antioquia, Colombia (1985-2018). Un análisis desde la teoría del desarrollo geográficamente desigual45

Con hambre no hay paz: extractivismo neoliberal de las transiciones energéticas en el territorio indígena Wayuu, La Guajira

La implementación territorial del acuerdo final de paz como un dispositivo estratégico en la búsqueda de la justicia espacial: una aproximación al proceso surtido en los Montes de María (2016-2023)59

Procesos socio-espaciales de la paz territorial y la paz total en el sur del Tolima: implementación del acuerdo, comunidades y retos actuales

Autores

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Notas

PRÓLOGO

Por el momento, la idea misma de “construcción de la paz” puede parecer una búsqueda quijotesca. El mundo entero parece asolado por conflictos violentos que se resisten a la pacificación. Estos van desde la invasión rusa de Ucrania y la guerra de Gaza hasta luchas violentas entre gobiernos militares e insurgentes (como en Myanmar y Sudán) y/o narcotraficantes y grupos criminales organizados (como en México y Ecuador). Dado este historial, obviamente sería mejor abordar las fuentes del conflicto antes de que estalle la violencia, en lugar de hacerlo una vez que el conflicto genera una dinámica que rápidamente desafía la resolución pacífica. La palabra “paz” es fundamental para el enigma, porque no puede referirse simplemente a la ausencia de un conflicto violento, sino que también debe abordar las supuestas causas de un conflicto determinado que siempre pueden desembocar en violencia si no se confrontan y abordan. Sin embargo, las partes en conflictos violentos en curso suelen tener demandas muy diferentes que allanan el camino hacia la paz y que, en la mayoría de los casos, interfieren con la probabilidad de su logro. Consideremos, por ejemplo, el actual estancamiento en Ucrania en 2024 entre la exigencia del gobierno ucraniano de que las fuerzas rusas se retiren más allá de las fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania como estaban antes de 2014 y las afirmaciones rusas de que no sólo gran parte del este y el sur de Ucrania son históricamente parte de Rusia y, por lo tanto, fuera de discusión, sino que la identidad misma de Ucrania como entidad política independiente es problemática debido a su orientación hacia Occidente, hacia la OTAN y la UE. Es difícil ver cómo partes tan alejadas podrían alguna vez llegar a un “Sí” a la paz en este momento, ya que la guerra misma ha creado ahora aún más razones (atrocidades, muertes de civiles, etc.) que inflaman los sentimientos en contra de un acuerdo que no implique la capitulación de una u otra de las partes.

Las guerras interestatales, como la que se da entre Rusia y Ucrania, a menudo se clasifican como algo distinto de las insurgencias internas, las guerras civiles y los conflictos locales que involucran a grupos criminales y traficantes. Lo que tienen en común, sin embargo, es la dinámica espaciotemporal que hace que el conflicto violento, una vez en marcha, sea cada vez más difícil de resolver pacíficamente porque el conflicto violento en sí mismo genera razones, siempre nuevas, para continuarlo en los lugares en los que se desarrolla. El caso de Colombia es instructivo, como bien lo sugieren los capítulos de este libro. La historia del conflicto violento en Colombia no sólo es de interés por derecho propio sino que también ofrece lecciones para otros lugares, aunque sólo sea porque ha sido escenario de numerosos esfuerzos en las últimas décadas para lograr resultados pacíficos a partir de disputas tremendamente violentas entre una serie de gobiernos nacionales de ideologías diferentes, por un lado, y una variedad de grupos insurgentes y criminales, por el otro. De hecho, tal vez en ningún otro lugar de la Tierra un país haya tenido que enfrentar tantos conflictos violentos internos durante tanto tiempo (se remontan a la década de 1940) y, sin embargo, al menos más recientemente, haya hecho tantos esfuerzos para resolverlos de manera relativamente pacífica. Entonces, aquí hay lecciones para el mundo en general.

El enfoque del libro es analizar las perspectivas de “construcción de paz” en Colombia desde una serie de perspectivas geográficas distintivas, aunque relacionadas. Todas ellas enfatizan la importancia de los desafíos que enfrentan los gobiernos en la construcción de la paz en y entre lugares y regiones específicos. Luego analizan las raíces y la dinámica de la violencia emergente en términos de historias geográficas que involucran, respectivamente, factores tales como patrones de propiedad de la tierra, producción de drogas, políticas clientelistas, afinidades étnicas, los efectos de la polarización política nacional en torno a las divisiones de clase y urbano-rural, y el papel de las configuraciones fronterizas internacionales a la hora de proporcionar estímulos externos para los conflictos locales-regionales y refugios para algunas de las partes en esos conflictos.

El optimismo renovado recientemente en Colombia sobre las posibilidades de construir la paz a partir de conflictos violentos aparentemente intratables, tal como se contempla en los capítulos de este volumen, ofrece algo así como una señal positiva en un mundo que actualmente carece de mucha fe en cómo los conflictos violentos pueden terminar sin capitulación o aniquilación de uno o ambos bandos. Este libro nos da entonces alguna esperanza de que la paz puede, de hecho, construirse a partir del conflicto, como no lo han hecho a menudo los humanos como especie, ya sea al destruir violentamente sus posibilidades o al evitar contemplar sus perspectivas al negarse a examinar las causas del conflicto violento para evitar que se produzca.

John Agnew

University of California Los Angeles (UCLA)

Autor de Hidden Geopolitics: Governance in a Globalized World (Rowman y Littlefield, 2023) y Geopolítica. Una re-visión de la política mundial (trad. de María Lois, Trama editorial, 2005).

INTRODUCCIÓN

De la paz territorial a la paz total

Heriberto Cairo

Universidad Complutense de Madrid

Carlo Emilio Piazzini Suárez

Universidad de Antioquia, Medellín

Jerónimo Ríos

Universidad Complutense de Madrid

Han pasado más de siete años desde que el 12 de noviembre de 2016 se firmó en La Habana del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” (AFP) entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el gobierno de Colombia (FARC-EP y Gobierno de Colombia, 2016), durante la presidencia del liberal Juan Manuel Santos (2010-2018). Este proceso ha tenido, entre sus características más importantes, la adopción de un enfoque territorial comúnmente llamado “paz territorial”. Desde entonces, el proceso de paz ha sufrido una tremenda erosión y estuvo en riesgo durante la presidencia del conservador Iván Duque (2018-2022) (Kroc Institute, 2022). En agosto de 2022, el recién electo presidente, Gustavo Petro, de tendencia izquierdista –algo inédito en Colombia–, declaró como su principal prioridad el logro de la “paz total” en el país. La victoria de Petro se vivió con alivio en las Antiguas Zonas de Reinserción y con esperanza en los campamentos de las guerrillas que no habían participado en los Acuerdos de Paz de La Habana. Se abría una posibilidad para evitar la reescalada de la violencia política y armada en un país que ha vivido en conflictos internos durante más de medio siglo.

¿Cuáles han sido los avances de la paz territorial desde la firma definitiva de los Acuerdos con las FARC-EP? ¿Cuáles son las perspectivas de la paz total con la propuesta de Petro? Analizar estas cuestiones y responder a estas preguntas desde un punto de vista socio-espacial es, por tanto, una tarea urgente, y es el objetivo general de este libro.

1. El conflicto armado y la paz en Colombia

El conflicto armado ha sido una característica permanente en Colombia desde el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948. Aquel suceso ocurrió en un escenario de elevado enfrentamiento social y político, y sumió al país en una “guerra civil partidista” que, en apenas seis años, produjo más de 180.000 muertes. Contando con una breve dictadura militar (1953-1957), la violencia se afianzó y complejizó en las décadas siguientes, pese a la instauración de gobiernos formalmente democráticos. Se pueden identificar cuatro elementos distintivos del conflicto armado colombiano. Primero, su duración, ya que es el conflicto más largo de América Latina, con el surgimiento de numerosos grupos guerrilleros, además de las FARC-EP, desde mediados de los años 19601, aunque la mayoría de ellos se han desmovilizado. En segundo lugar, su complejidad, ya que, además de las estructuras guerrilleras, se conformaron varios grupos paramilitares, a lo que hay que sumar la violencia estatal (y paraestatal) y los cárteles del narcotráfico. En tercer lugar, la magnitud de la violencia: el conflicto colombiano es el más violento del continente. Según el Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV, 2022), entre 1985 y 2016 hubo más de 450.000 personas asesinadas, más de 50.000 secuestrados y más de 8.000.000 de desplazados forzosos. Cuarto, la profunda heterogeneidad geohistórica del país ha implicado que en la conjugación de diferentes actores, y dinámicas de violencia y confrontación armada hayan tenido un peso específico particulares configuraciones territoriales. Entre estas, destacan la distribución extremadamente desigual de la tierra, la minería ilegal y los negocios de drogas, además de las dinámicas fronterizas, que han incidido profundamente en las características y alcances del conflicto armado a lo largo de décadas (Echandía, 2006).

Al mismo tiempo, Colombia ha pasado por varios ciclos de intentos de establecer la paz: en la década de 1980 con el M-19 y otros grupos guerrilleros, en la década de 2000 con los paramilitares y en la década de 2010 con las FARC-EP. Este último proceso culminó con la firma el 12 de noviembre de 2016 del mencionado AFP, que se escenificó poco después, el 24 de noviembre de 2016, en el Acto de Firma en el Teatro Colón de Bogotá. Una característica destacada e innovadora de este acuerdo de paz fue la noción de paz territorial, que promueve transformaciones territoriales en los lugares más afectados por la violencia, tal y como se discutió en un foro de la revista Geopolitics (Cairo et al., 2018) en el que intervinieron varias personas que participan también del presente libro. Ahora se ha abierto un nuevo ciclo con la declaración del gobierno acerca de la paz total, que centra su foco principal en la implementación de procesos de establecimiento de la paz con todos los grupos violentos y armados, sean políticos o criminales.

En este sentido, la paz territorial y la paz total pueden entenderse como los dos esfuerzos más importantes para poner fin al conflicto armado en las últimas décadas. La paz territorial quería cerrar el enfrentamiento del Estado con la guerrilla de las FARC-EP promoviendo mecanismos de transformación territorial. Al mismo tiempo, la paz total da continuidad al AFP con las FARC-EP, amplificando las propuestas de la paz territorial hacia las “regiones de paz”. Por tanto, la importancia del territorio, las regiones, y, más ampliamente, de las geografías sociales, sigue siendo primordial, toda vez que las iniciativas de paz se construyen en lugares específicos, implicando prácticas espaciales específicas, que construyen estructuras espaciales a diferentes escalas. Estos lugares, aun cuando relacionados, no son intercambiables, por lo cual es necesario abordar el estudio de los procesos de paz con aportes derivados de los estudios socio-espaciales.

2. Una aproximación socio-espacial de la construcción de la paz

Desde que Megoran (2011) y Koopman (2011) pidieron que se realizaran estudios geográficos sobre la construcción de paz, se ha trabajado mucho sobre esta cuestión. Sin embargo, uno de los principales problemas de esta literatura sobre el tema es que “paz” es una palabra que puede embellecer cualquier discurso político, de modo que difícilmente encontraremos oponentes verbales a la paz, pero ésta no significa lo mismo para todos (Cairo, 2019). De hecho, “la ‘paz’ es utilizada de diferentes maneras por diferentes actores para diferentes propósitos” (Megoran y Dalby, 2018, p.271).

En esta recopilación de artículos, como parte de esta creciente literatura sobre las perspectivas espaciales de la paz y la construcción de la paz, intentamos discutir aquí la enunciación y práctica de la paz territorial y la paz total en Colombia, desde diferentes perspectivas que podrían, no obstante, asimilarse a las geopolíticas críticas (Agnew, 2005) y radicales (Mercille, 2008). Las perspectivas geopolíticas críticas se centran en el análisis de las representaciones del espacio, incluyendo análisis sobre cómo los discursos (geo)políticos pueden dar forma a las políticas de paz que construyen una visión pacífica de Colombia; mientras que la geopolítica radical –que incluye tanto perspectivas del análisis de sistemas-mundo (Taylor, 2002), como de la “geopolítica del capitalismo” (Harvey, 1985), entre otras– intenta reformular el campo de estudio de la geopolítica en términos de una economía política, buscando investigar las “causas fundamentales” de los acontecimientos, que responderían a una “lógica geoeconómica” (Mercille, 2008, p.571). Desde nuestro punto de vista, estas dos lógicas no son mutuamente excluyentes; están relacionadas dialécticamente y son co-constitutivas de los acontecimientos, siguiendo la trialéctica de Lefebvre (1974), como lo han demostrado Agnew y Corbridge (1995).

3. El contenido del libro

El libro se divide en tres partes que, sin corresponder a compartimentos estancos, reúnen los textos según el énfasis de sus contribuciones: la primera se ocupa fundamentalmente de análisis conceptuales, la segunda aborda las características de los conflictos y procesos de paz en clave de específicos sectores de la sociedad, mientras que la tercera se ocupa de explorar las dinámicas regionales. Así es que, después de esta Introducción, Heriberto Cairo y Jerónimo Ríos se ocupan primero, entonces, de estudiar el concepto de paz total y su continuidad respecto a la paz territorial, mostrando los discursos (geo)políticos que los construyen y, también, los que intentan desmontarlos. Carlo Emilio Piazzini construye una genealogía de algunos imaginarios espaciales que subyacen, alimentan y pueden ser reproducidos por los discursos de paz territorial, y más recientemente, de las regiones de paz. Por su parte, Egoitz Gago explora la dimensión geopolítica de la reconciliación, acuñando el concepto de “reconciliación territorial”, que intenta superar algunas limitaciones del concepto de paz territorial presentado en el AFP de 2016.

En la segunda parte, se plantean algunos de los principales problemas y desafíos de los procesos de paz en diversos ámbitos de la sociedad colombiana. Rosa Salamanca y Sara Koopman muestran que el enfoque de género es absolutamente necesario para llevar adelante la paz total, siguiendo la lógica del AFP con las FARC-EP, que fue pionero a nivel mundial en utilizar un enfoque sensible al género en su totalidad. Miguel Espinosa se ocupa del impacto ambiental del AFP, considerando que ha permitido que las inversiones transnacionales, en particular las minero-energéticas, entren en los territorios que antes ocupaba la guerrilla, lo que incrementa el peligro de colapso de unas ecologías, ya de por sí muy estresadas. Flavio Bladimir Rodríguez describe la evolución de las territorialidades campesinas, sus ventajas y problemas, teniendo en cuenta que el reconocimiento y caracterización de los territorios campesinos, forman parte de los procesos de implementación de la paz territorial y ambiental, y en tal sentido deben ser considerados en el conjunto de problemáticas que constituyen la cuestión del ordenamiento territorial colombiano. Ulrich Oslender y Carlos Agudelo analizan las implicaciones de la paz total para la población afrocolombiana y plantean posibilidades para que, en su implementación, se aporte a sus reivindicaciones étnicas, políticas y económicas, así como a dar respuestas a algunas de sus problemáticas más acuciantes en materia de derechos humanos, territoriales, y sociales. Jerónimo Ríos y Heriberto Cairo analizan la violencia dirigida contra excombatientes de las FARC-EP y líderes sociales, que es en esencia la misma, y muestran su relación con la presencia de grupos armados y de actividades relacionadas con el negocio de la droga. Liliana Zambrano se ocupa de las problemáticas implicadas en el giro hacia la política partidista de los exguerrilleros tras el Acuerdo de Paz, e intenta explicar el rechazo electoral que han sufrido desde su desmovilización, mediante el análisis de lo que ocurre en dos municipios reconocidos como zonas emblemáticas de las FARC-EP: La Uribe, en el Meta, y San Vicente del Caguán, en Caquetá.

Este último texto deja ver ya algunas singularidades geográficas de los procesos de paz, a lo cual se dedican en propiedad los aportes efectuados en la tercera parte del libro. La implementación del AFP ha tenido heterogéneas dinámicas que responden a la diversidad y desigualdad regional del país, expresadas históricamente en la configuración de la guerra y la construcción de paz. Rodríguez (2023, pp.20-21) recuerda que, a pesar de la tendencia decreciente que en general ha tenido el conflicto armado en los últimos años,, varios municipios (más del 15 % en 2020) de Guaviare, Caquetá, Arauca, Putumayo, Meta, Cauca, Choco, Casanare, Vichada, Antioquia, Nariño, Norte de Santander, La Guajira y Vaupés, tienen un Índice de Incidencia del Conflicto Armado (IICA) alto o muy alto (DNP, 2021). En los municipios en los que se han implementado los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), la situación es diferente: el número de ellos con IICA alto o muy alto ha disminuido el 4 %, pasando de 113 a 108, pero en Arauca, Catatumbo, Pacífico Medio, Pacífico y Frontera Nariñense, Bajo Cauca y Nordeste antioqueño, Sur de Córdoba y Sur de Bolívar los niveles se mantuvieron superiores al 60 %, mientras que en dos regiones este porcentaje aumentó: Alto Patía - Norte del Cauca y Montes de María. Por eso es importante revisar qué ha pasado en las regiones, aunque sólo sea en algunas representativas de las diversas situaciones, dado que hacer un estudio omnicomprensivo está en estos momentos fuera de nuestro alcance.

Así, en el primer capítulo de la tercera parte, John Williams Montoya y Luis Gabriel Salas describen cómo la guerrilla de las FARC y otros grupos se vieron obligados a desplazarse de sus zonas históricas en las vertientes hacia las periferias fronterizas, más porosas y difíciles de controlar, mostrando los problemas que acarrea este cambio del “pivote territorial del conflicto armado colombiano” para la iniciativa de paz total. Luis Daniel Santana Rivas se propone identificar el rol de la urbanización en la producción social de regiones de frontera externa para la acumulación del capital en el departamento de Antioquia, durante el último ciclo de guerra, ya sea como condición de posibilidad para su nuevo rol en la división espacial de la producción o exclusivamente como ámbito para la absorción de excedentes financiero-inmobiliarios. Claudia Puerta Silva analiza la conexión entre el conflicto armado y las crisis alimentarias wayuu en la Guajira, así como con los procesos de extracción y explotación de recursos minero-energéticos de la región, argumentando que es imposible avanzar hacia una paz territorial, y mucho menos una paz total, cuando la seguridad humana en todas las dimensiones no se ha garantizado. Paula Jimena Ñáñez Ortiz y Carolina Jiménez Martín muestran algunas tendencias y trayectorias seguidas en el proceso de implementación territorial del AFP, que generaron desequilibrados ejercicios del poder en el mundo rural, ejemplificando lo sucedido en la subregión PDET de los Montes de María. Visibilizan las debilidades e inconsistencias surgidas durante los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque, para así situar algunos de los desafíos que debe afrontar el gobierno progresista de Gustavo Petro y las comunidades montemarianas en perspectiva de avanzar en la paz territorial. Finalmente, Jairo Baquero-Melo y John Jairo Uribe-Sarmiento, analizan los avances de la implementación del AFP en el Sur del Tolima, incluyendo los municipios de Planadas, Rioblanco, Chaparral y Ataco, para después analizar varios procesos relacionados con la paz total en la misma región.

Termina el texto con un epílogo sobre el balance de la paz territorial, las perspectivas actuales de la paz total, así como los desafíos y condiciones para que ésta pueda llegar a ser una realidad.

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I ParteSOBRE CUESTIONES CONCEPTUALES

De las dificultades de la paz territorial surge la paz total: un concepto ambicioso aunque controvertido

Heriberto Cairo

Universidad Complutense de Madrid

Jerónimo Ríos

Universidad Complutense de Madrid

El 7 de agosto de 2022 Gustavo Petro llegó a la presidencia de Colombia. Es el primer político progresista que llega a la jefatura del Gobierno del país. Iniciado en la política en las filas de la guerrilla del M-19, ha puesto sobre la mesa la idea de alcanzar una paz total con todos los grupos armados organizados que existen en el país. Esta propuesta se hace en la estela de la paz territorial, asociada al Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (AFP) firmado por las FARC-EP y el Gobierno de Colombia en noviembre de 2016. Pero, en contrate con el concepto de paz territorial, que calificamos en su momento de confuso y/o polisémico (Cairo et al., 2018), y que nunca se plasmó en un documento legal, el concepto de paz total está estricta y jurídicamente definido, aunque, como veremos, esto no signifique un acuerdo general en su significado.

Si el concepto de paz territorial nunca antes apareció formalmente en un documento legal, ¿cómo fue construido?, ¿es una novedad en los discursos del conflicto colombiano?, ¿cómo se ha consolidado?, y, especialmente importante en el inicio de esta nueva etapa, ¿cómo han evolucionado las narrativas discursivas sobre la paz territorial tras el período de implementación? Tras estos apartados iniciales, nos ocuparemos de la definición de paz total, ¿cuál es su relación con la paz territorial?, ¿en qué discurso de paz se inscribe y cuáles son las valoraciones (críticas y favorables) que han hecho sobre ella los principales actores del proceso de paz colombiano?, para terminar con una “radiografía” de apoyos y rechazos al plan de Petro.

Las fuentes de este trabajo están constituidas por los documentos escritos del gobierno y de los actores políticos y militares implicados (en este caso, varios son leyes, de redacción bastante precisa). Igualmente, se hace uso de sus declaraciones en los medios, las cuales han sido completadas con entrevistas en profundidad a otros actores implicados que no han tenido mucha presencia pública por diferentes causas. Sin embargo, se entendía que resultaba relevante conocer su opinión, tal y como sucede, por ejemplo, con algunos exparamilitares desmovilizados de las AUC, quienes son importantes para aproximarnos a las posiciones de las AGC. Lo mismo sucede con la revisión de las posiciones de los exguerrilleros desmovilizados de las FARC-EP. Estas entrevistas se realizaron entre el 23 de abril y el 27 de junio de 2023. Para completar las fuentes sobre las narrativas discursivas que giran en torno a la paz territorial empleamos también otra serie de entrevistas en profundidad a líderes de las antiguas FARC-EP y generales retirados de las Fuerzas Armadas, realizadas entre el 21 de octubre y el 24 de noviembre de 2021, que, aunque fueron realizadas con otro objetivo, del mismo modo incorporaban preguntas sobre esa cuestión.

1. La paz territorial

La noción de paz territorial surgió en intervenciones informales del Alto Comisionado para la Paz del Gobierno colombiano, Sergio Jaramillo, en referencia al AFP. Para él era necesario

alinear los incentivos y desarrollar las instituciones en el territorio que con el tiempo van a hacer valer los derechos de todos por igual. Para avanzar en esa dirección, hay que complementar el enfoque de derechos con un enfoque territorial. Primero porque el conflicto ha afectado más a unos territorios que a otros. Y porque ese cambio no se va a lograr si no se articulan los esfuerzos y se moviliza a la población en esos territorios alrededor de la paz (Jaramillo, 2014).

La idea fundamental en torno a la que gira la paz territorial es que el conflicto en Colombia ha afectado más a unos territorios que a otros y que la paz habría de construirse desde esas zonas. Por eso los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que habrían de desarrollarse en los municipios con mayores Índices de Incidencia del Conflicto Armado (ICCA), se contemplaron como uno de los mecanismos fundamentales para la implementación de la paz territorial acordada en el AFP. En esa medida, es cierto que se produce un cierto “entrampamiento territorial de la paz” (Rodríguez, 2023, p.9), que ha provocado un relativo aislamiento de las ciudades y otras regiones del país de las zonas más conflictivas, impidiendo los flujos interescalares de iniciativas y acciones.

Las zonas de conflicto, en los últimos años, han coincidido con la periferia del país, entre las que se encuentran algunas de las zonas más empobrecidas, pero las zonas PDET para la implementación de la paz territorial muestran una cierta continuidad con los enclaves contemplados como Zonas Afectadas por la Violencia en el gobierno de Alberto Lleras Camargo ya allá por 1958 (Rodríguez, 2023, p.24), y que, bajo diferentes nombres, han venido implementando los gobiernos colombianos desde la década de 1980. Así sucedió con los municipios seleccionados e intervenidos con el “Plan Nacional de Rehabilitación” de los gobiernos de los presidentes Belisario Betancur, Virgilio Barco y César Gaviria, los cuales fueron más o menos los mismos que los del “Plan de Consolidación” de los presidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, al que sucedió el de los PDET (Salas-Salazar, 2016, p.54). Pero no por ello la paz territorial ha dejado de ser un instrumento valiosísimo del proceso de paz, lastrado eso sí por el tratamiento absolutamente restrictivo de la derecha conservadora durante el mandato presidencial de Iván Duque.

2. Las narrativas sobre la implementación de la paz territorial

Ya hemos recordado que el concepto de paz territorial es polisémico. En otro trabajo (Cairo y Ríos, 2019, p.108), realizado poco después de la firma del AFP, enmarcábamos el concepto de paz territorial en tres discursos políticos más amplios:

1) El del Gobierno de Santos y parte del establishment partidario de la apertura económica del país, “que entiende que los Acuerdos abren un proceso de paz que es más que una mera entrega de armas y que la paz territorial es el medio de evitar que en las zonas donde ha sido fuerte la guerrilla de las FARC se incuben nuevos procesos de violencia” [...].

2) El de las FARC-EP desmovilizadas y su organización política, Comunes, “que entiende que los Acuerdos son una oportunidad de hacer transformaciones más amplias en el país, en el que la ‘paz territorial’ es un medio de dar la voz a los grupos subalternos y profundizar en una democracia más radical y comprensiva [...]”, que permita construir otro orden sociopolítico y económico que enuncian con un concepto de filosofía indígena como es el de sumak kwasay.

3) El del establishment más derechista, aglutinado en torno a la figura del expresidente Álvaro Uribe, “que interpreta los Acuerdos como una violación del Estado de Derecho colombiano, y entiende que la paz territorial es un modo de entregar legalmente –pero no legítimamente, según ellos– los territorios a la guerrilla [...]”.

Hacíamos notar que “cada uno de estos discursos incorpora la noción de ‘paz territorial’, pero la incluye en narrativas diferentes”; es decir, la paz territorial es un hecho incontrovertible, pero ocupa un lugar y significado distinto en los diferentes discursos de los bloques políticos colombianos.

La elección de Iván Duque como presidente en 2018 significó una reordenación semiótica de los discursos sobre la paz. El rechazo absoluto a la paz territorial se articula con una nueva estrategia discursiva, la de “paz con legalidad”2. En marzo de 2019 el Presidente Duque presentó seis objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las cuales debían ser tramitadas por el Congreso de la República. Las ideas fundamentales que estaban detrás de esta acción eran que había que precisar la responsabilidad de los victimarios en la reparación a las víctimas, y que no podían quedar impunes los delitos de los excombatientes en el caso de crímenes de guerra y de lesa humanidad. La “paz con legalidad”, a juicio de uno de los mejor conocedores de la cuestión

tenía básicamente una combinación de primero avanzar en el cumplimiento especialmente enfocarse en las zonas PDET [...] Pero por supuesto también se incorporó un concepto de seguridad alrededor de eso que fueron las Zonas Especiales de Intervención Integral (ZEII)3 [o Zonas Futuro] donde se incluyó un concepto de seguridad sobre todo para desmantelar todas aquellas rentas criminales que afectan directamente la seguridad en esas zonas (Diego Molano, 5 de mayo de 2023).

La “paz con legalidad” era, discursivamente, una forma de afirmar, según el autor del concepto, que “estábamos cumpliendo en la manera como la Corte Constitucional había dicho que teníamos que hacer” (Emilio Archila, 23 de abril de 2023). Es decir, no oponerse formalmente al AFP, pero sí restringir todo lo posible su aplicación. Expresado de otro modo, era una concepción de mínimos del Acuerdo, de manera que sobre él recaía una enmienda a la totalidad que fue matizada por una aplicación selectiva de algunos de sus contenidos y, asimismo, un conjunto de objeciones a los aspectos que implicaban una reforma del Estado de mayor calado (Gutiérrez Sanín, 2020).

En todo caso, años después de la rúbrica del AFP, la continuidad de la acción militar del ELN, la proliferación de diferentes estructuras y grupúsculos de muy diversa naturaleza que, de algún modo, se (auto)conciben como sucesoras de las FARC-EP (Aguilera y Perea, 2020; Ríos, 2021), así como la continuidad de estructuras paramilitares vinculadas al crimen organizado, ponían en peligro real el proceso de construcción de la paz territorial, toda vez que se entendía como resultado de una implementación repleta de carencias, retrasos y dificultades (Gutiérrez Sanín, 2020; González, 2020). Todo ello legitimaba el discurso militarista del gobierno de Iván Duque, que entendía que la responsabilidad de la crisis de la paz territorial contemplada en el AFP era de la antigua guerrilla. Así, el 21 de abril de 2021 la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Claudia Blum (2021, s.p.), en su intervención ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas afirmaba lo siguiente:

Cuando se analiza el cumplimiento del Acuerdo, el informe no puede solamente referirse a las acciones del Gobierno como una de las partes firmantes. Debe considerarse la existencia de disidencias de FARC como un incumplimiento, justamente, de la antigua guerrilla, convertida ahora en partido político. Los enemigos del Acuerdo y de la paz en Colombia son los criminales, incluidas las disidencias. El 80 % de los asesinatos de excombatientes son perpetrados por disidencias y narcotraficantes.

A pesar del desmentido de la Presidencia acerca de las responsabilidades del nuevo partido político Comunes (Infobae, 2021), las opiniones del presidente colombiano Iván Duque seguían instaladas en los viejos argumentos de la paz de los cementerios, cuando se pronunciaba sobre las muertes de los que continúan o han retornado a la guerrilla: “Que salgan de circulación esos símbolos del terrorismo y del mal y del narcotráfico y del reclutamiento de menores y de la siembra de minas y de hacerle conejo a la paz es una buena noticia” (BBC, 2021).

Este discurso tenía un eco muy fuerte en las Fuerzas Armadas que seguían anclados en la consideración de que la negociación había sido un engaño y la paz territorial era la entrega del país a las FARC-EP:

En términos generales mi manera de pensar respecto a este proceso de paz y a lo que viene fue realmente, tengo que decirlo, considero que fue un engaño, el Gobierno no supo negociar porque pienso yo que los negociadores no estaban facultados para hacerlo de manera voluntaria, como se debe hacer en un proceso de negociación. Indudablemente, el Gobierno le dijo sí a todo lo que pidieron las FARC a cambio de nada. Yo estoy convencido de que las FARC no entregaron las armas. Hoy hablan de unos grupos a los que llaman disidencias de las FARC. Para mí no son disidencias, para mí el acuerdo con lo que yo he estudiado acerca del proceso del conflicto interno armado en Colombia son reductos que las FARC dejaron como reservas en casos de que no funcionara el proceso (Mayor José Luis Cadena, 24 de noviembre de 2021).

Por el contrario, Comunes, el partido heredero de las FARC-EP, responsabilizaba de las disidencias y de la continuación de la violencia en general al gobierno de Iván Duque por el incumplimiento reiterado del AFP, como señala uno de sus dirigentes:

El principal saboteador es el partido Centro Democrático, el mismo Gobierno, que estigmatiza los acuerdos, los desconoce, los transfigura, y no los cumple tal como es su obligación (...) Debido a todas estas dificultades que se han presentado en la implementación del Acuerdo han surgido voces al interior de nuestro partido y algunos compañeros han decidido retomar las armas. Eso es algo muy preocupante, pero son cosas dijéramos que no debieran ser si se hubieran cumplido los acuerdos (Entrevista con “Pablo Catatumbo”, 28 de febrero de 2021).

Figura 1. Relación entre % de votos por el sí en el plebiscito de 2016 y la suma de Petro y Fajardo en la primera vuelta de 2022

Fuente: Datos de la registraduría. Galindo (2022).

El caso es que la paz territorial no avanzaba en su implementación, lo cual abocaba a la posibilidad cada vez mayor de un aumento ulterior de una violencia que no había dejado de existir por más que la mayor parte de uno de sus actores principales se hubiese desmovilizado. Para los sectores de las fuerzas armadas que habían sido partidarios del Acuerdo se trataba de un déficit del Estado y del estamento militar:

No tuvimos la capacidad crítica, no la falta de voluntad, para reocupar y estabilizar y consolidar las regiones abandonadas por las FARC, no la tuvimos, además, si usted observa, que ahora tenemos un Ejército comprometido en erradicación, un Ejército comprometido en una cantidad de misiones diferentes a lo que realmente le compete como misión constitucional (General Herrera Berbel, 4 de noviembre de 2021).

Se asentaba una opinión mayoritaria de que de lo acordado en La Habana sólo los PDET habían funcionado (Rafael Pardo, 5 de abril de 2023), y que, aun así, no era el modelo de desarrollo que pudiera acabar con la violencia. La misma fuente militar que acabamos de citar planteaba que “no hemos entendido el fenómeno de criminalidad que tenemos, todavía consideramos que lo podemos solucionar con el modelo contrainsurgente, y no [es así]” (General Herrera Berbel, 4 de noviembre de 2021).

Las elecciones presidenciales de 2022 fueron otro momento de reordenación discursiva, ya que suponían un momento decisivo para la implementación de la paz territorial y de cualquier proceso de paz en Colombia. Gustavo Petro era la esperanza de todos los sectores que habían apostado por la paz en el plebiscito de 2016; de hecho, la geografía de sus apoyos electorales coincide prácticamente con la de los que votaron Sí en ese referéndum; de hecho, desde entonces se han consolidado dos pautas de voto territorialmente diferenciadas como se muestra en el gráfico de la Figura 1 (Galindo, 2022). Las otras opciones suponían una visión restrictiva de la paz, la “paz con legalidad” que había propuesto el gobierno de Iván Duque. El discurso sobre la paz en la red de alianzas –el Pacto Histórico– que llevó a Gustavo Petro a la presidencia se inserta en el “vivir sabroso”, que la vicepresidenta Francia Márquez enuncia como necesario para superar “la política de muerte”, y abrir las “posibilidades de que la gente no viva con miedo, es abrir las posibilidades de que la gente pueda vivir en sus territorios tranquilos, en paz” (Haczek, 2022). Este significado de la paz, en términos generales, era similar a la forma de entender la paz territorial en los desmovilizados de las FARC-EP, aquel que las enmarcaba en el sumak kwasay.

3. La paz total

En contraste con la paz territorial, la paz total está estrictamente definida en la primera ley que el presidente Petro firmó el 4 de noviembre de 2022, la Ley 2272. Así, la paz total pasa a ser una política de Estado y se define de la siguiente manera:

La política de paz es una política de Estado. Será prioritaria y transversal en los asuntos de Estado, participativa, amplia, incluyente e integral, tanto en lo referente a la implementación de acuerdos, como con relación a procesos de negociación, diálogo y sometimiento a la justicia. Los instrumentos de la paz total tendrán como finalidad prevalente el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos; estándares que eviten la impunidad y garanticen en el mayor nivel posible, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación (Ley 2272, Congreso de la República de Colombia, 2022, art. 2º).

La paz total se refiere tanto a “a los acuerdos de paz firmados y a los que se llegaren a pactar, así como a los procesos de paz en curso” con grupos de carácter político organizados al margen de la ley –en la actualidad el más importante sería el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC-EP, que no aceptaron el AFP, y las “resurgencias” del mismo grupo, que volvieron a las armas por los incumplimientos del acuerdo–, pero también a “procesos dirigidos al sometimiento y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto” (Ley 2272, Congreso de la República de Colombia, 2022, art. 2º) –el más importante es el Clan del Golfo, conocido a su vez como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)4, y también están los Pelusos, grupo disidente del EPL, que son considerados Grupo Armado Organizado (GAO) por el gobierno; y más de veinte organizaciones consideradas Grupos Delincuenciales Organizados (GDO), como Los Pachenca, Los Pachelly o La Oficina–. Es decir, que contempla tanto diálogos de paz y soluciones políticas con los actores que tienen un componente político en su historia y objetivos, así como política de acogimiento y sometimiento a la justicia con respecto a los grupos del crimen organizado, especialmente los narcotraficantes transnacionales (Medina, 2022). Y este es precisamente uno de los puntos fuertes que subrayan los que apoyan esta ley, como la senadora del Pacto Histórico y ambientalista Zuleta: “Nosotros estamos hablando de una paz urbana, de una paz de los grupos armados no rebeldes y no sólo de los rebeldes” (Isabel Zuleta, 27 de junio de 2023).

La idea de paz total no se restringe exclusivamente a una política pública específica, ha comenzado a impregnar todas las áreas de acción gubernamental. Así, por ejemplo, el recientemente aprobado Plan Nacional de Desarrollo (Ley 2294, Congreso de la Repóblica de Colombia, 2023), que marca el rumbo de la agenda de gobierno para los próximos cuatro años, a diferencia de lo ocurrido con el gobierno anterior, reconoce a la construcción de la paz en al país una clara centralidad. En primer lugar, hay un capítulo específico sobre el Acuerdo con las FARC-EP, especialmente para aspectos como la transformación de los sitios de cultivo de coca, la arquitectura de la justicia transicional o la inversión en municipios. En segundo lugar, se incrementa el presupuesto para víctimas de la violencia, hasta un 16 % respecto al plan anterior –llegando a 50.400 millones de pesos colombianos–. Finalmente, en relación a la paz total específicamente, se reconoce en el artículo cuarto de la citada ley su eje transversal al tratarse de una política de “compromiso participativo, amplio, incluyente e integral con el logro de una paz estable y duradera, con garantías de no repetición de la violencia y seguridad para todos los colombianos”. Este es un elemento que, de igual manera, integra lo relacionado con acuerdos parciales con organizaciones criminales armadas y, asimismo, la asunción de regiones de paz para avanzar en los diálogos que demanda la política de gobierno.

4. La paz total en relación a la paz territorial

El proyecto de paz total es continuista, en el sentido de que propone explícitamente la plena implementación del AFP, que el anterior gobierno de Iván Duque, como ya se mencionó, erosionó y puso en riesgo (Kroc Institute, 2022). La ley define como obligatoria la garantía del enfoque territorial –junto con los enfoques de derechos, diferencial, de género, étnico, cultural e interseccional–. En este sentido, la paz total supone claramente una continuación de la paz territorial, entendiendo la importancia fundamental de considerar que los problemas que han generado la violencia son diversos y específicos de cada localidad y región. La Ley 2272 de 2022 permite además la creación de “regiones de paz”, que incluyen territorios anteriores considerados bajo los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pero también “los municipios categorizados como ZOMAC ( Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado), territorios étnicos, comunidades de influencia o zonas vulnerables en las que existan afectaciones graves sobre la población civil y el territorio, y en las que exista ausencia o débil presencia del Estado” (art. 8B ). Las “regiones de paz” se entienden más como zonas de diálogo para que la sociedad civil apoye negociaciones con actores armados, políticos y criminales, así como para implementar programas que contribuyan a cerrar conflictos. De esta manera, “la política pública de paz debe traducirse en la construcción de paz desde el nivel local” (Valencia Agudelo, 2023, 25).

Esta continuidad la perciben también algunos de los actores más importantes del conflicto, como la antigua dirección de las FARC-EP:

Sí, la conexión está [...] El Acuerdo de paz [de La Habana] planteaba la paz completa, en el acuerdo de paz queda diríamos como esa aspiración de la paz completa y por eso se reconoce que había que avanzar en diálogo con otras organizaciones, en ese momento el ELN que estaba en un diálogo en Quito [...] Y dejamos también en el acuerdo establecido un punto en la necesidad de avanzar en el sometimiento o acogimiento de organizaciones criminales o sucesoras del paramilitarismo, porque el acuerdo de paz define con precisión de que si no se negocia con los demás actores de la violencia no va a haber paz (Pastor Alape, 27 de abril de 2023).

Por otro lado, la paz total también es vista como la continuación de la Constitución de 1991, redactada como resultado de los acuerdos de paz alcanzados entre 1989 y 1991 que permitieron la desmovilización de varios grupos guerrilleros: el Movimiento 19 de abril (M-19), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL). Como señala Valencia Agudelo (2023, 19), “el artículo 22 de este texto constitucional establece que ‘la paz es un derecho y un deber de obligado cumplimiento’; y, por tanto, ordenó a todos los gobiernos comprometerse a avanzar en la búsqueda de un orden social justo y pacífico”.

5. Los críticos de la paz total

Es de destacar que la agenda de paz total también ha sido muy criticada, sobre todo por el establishment más derechista, pero también por alguno de los impulsores del AFP con las FARC-EP durante el gobierno de Santos. Siendo las críticas más preocupantes para sus promotores quizás las de Sergio Jaramillo y Humberto de la Calle, debido precisamente a su participación en el proceso de paz anterior. En una carta pública de diciembre de 2022 dirigida al presidente Petro, ambos han advertido de la enorme dificultad de erradicar los cultivos de coca, que el gobierno considera uno de los principales problemas actuales (El Espectador, 2022), así como la falta de planes de seguridad para frenar la tremenda violencia de sicarios y grupos armados contra los firmantes del Acuerdo de La Habana y líderes sociales (1.327 asesinatos entre noviembre de 2016 y marzo de 2022 según el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz) (Infobae, 2022a).

En todo caso, podemos agrupar las críticas en tras grandes líneas de argumentación: las que se centran en que no se puede negociar con todos los autores, políticos y criminales; las que apuntan a una reiteración de errores políticos, como los cometidos durante las negociaciones en la zona de despeje del Caguán; y, finalmente, las críticas al supuesto carácter limitado del proceso de paz total.

5.1. Las críticas a la negociación con todos los actores

Con anterioridad a la mencionada carta, Jaramillo criticó la propuesta de paz total que incluye “negociaciones políticas” con grupos criminales y que hubo un relativo abandono del Acuerdo con las FARC-EP (Semana, 12/09/2022). Entre esos aspectos, Jaramillo y De la Calle se mostrarían contrarios a ofrecer mecanismos de diálogo a los “resurgentes”, es decir a las disidencias de las FARC-EP de Segunda Marquetalia. Esta cuestión de la supuesta igualdad de las negociaciones con los grupos políticos armados y con los grupos estrictamente criminales es criticado también por miembros del antiguo equipo de gobierno de Iván Duque:

Creo lo siguiente, uno con el ELN puede negociar porque el ELN no cree en el Estado colombiano, ellos no creen en este Estado. Entonces cuando uno está enfrente de alguien con el cual está completamente en desacuerdo es fácil negociar. [...] En el caso de los hampones, a ellos sí les gusta el sistema, lo que no les gusta es hacer fila ni trabajar. Entonces en ese caso veo un reto muy grande porque lo único que se puede es conceder impunidad y ahí estamos muy lejos de un concepto de justicia transicional, la justicia transicional es un trade off entre paz y justicia, no es un concedo esto (Emilio Archila, 23 de abril de 2023).

Pero no son sólo las posiciones más conservadoras los que se rasgan las vestiduras, sino que esta perspectiva también enfureció al ELN. La guerrilla criticó la política de paz total en un comunicado del Comando Central del ELN que denunciaba “las confusiones del proyecto de ley sobre la paz”, rechazando que “las estructuras que ejercen violencia sistemática por razón de negocios de lucro y acumulación de capital tengan el ropaje que el Derecho Internacional solo otorga a partes contendientes”. Lo anterior, en tanto que no se puede “calificar a bandas del crimen organizado, sin motivaciones del alzamiento armado, conectadas a los intereses de las élites, como si fueran organizaciones de oposición, amparándose de forma retorcida en requisitos convencionales del Derecho Humanitario” (Suesca, 2022).

Por el contrario, los desmovilizados de las FARC-EP entienden que no hay otra salida que negociar con todos:

Pues con ellos [con los actores violentos] está claro que la ruta para poder superar esas violencias tiene que ser la negociación, no hay otro desafío, otra ruta, el desafío es poder establecer una negociación efectiva clara que obligue a esos actores armados a tener que acogerse a la normatividad institucional (Pastor Alape, 27 de abril de 2023).

Esta es una posición compartida en los ambientes paramilitares. Un antiguo alto dirigente de las extintas AUC, a partir de su propia experiencia de desmovilización sostiene:

Ningún grupo en Colombia, menos las Autodefensas Gaitanistas, que hoy tienen un poder en los territorios militar muy fuerte, van a aceptar un sometimiento. En eso hay un gravísimo error del Gobierno, y lo que va a llevar es a que se encrudezca más la violencia (Jorge Iván “Iguano”, 29 de abril de 2023).

Esta posición la corrobora otro antiguo dirigente paramilitar:

Uno de los éxitos de la paz total es uno que sea con todos, y que el tratamiento sea igualitario, no diferencial. Si el Gobierno va a proponer sometimientos para unos y tratamiento político para otros la paz total no va a llegar, y los primeros que no van a estar son las AGC (Oscar José Tolemaida, 25 de abril de 2023).

Evidentemente, esos apoyos y vetos cruzados a la negociación con todos los actores armados desde campos ideológicos tan opuestos solo puede significar que estamos ante una fractura socio-política diferente a las habituales. No se trata de izquierda vs. derechas, ni centralistas vs. federalistas, ni actores violentos vs. actores políticos legales, es decir, parecería que son los desmovilizados de todo signo los que apoyan la política de paz total del Pacto Histórico frente a la clase política tradicional.

5.2. Las críticas a la reiteración de errores

Desde el sector del establishment más derechista se ha sugerido reiteradamente que el gobierno iba a repetir los errores del gobierno de Andrés Pastrana cuando creó áreas desmilitarizadas, como fue el Caguán (1999-2002), de más de 42.000 km² y concebido para permitir un proceso de paz con las FARC-EP que acabó siendo un absoluto fracaso. Se trata de argumentos como que la paz total “es un programa demasiado ambicioso y no considera hasta el momento aprendizaje de lo que ha sucedido en el pasado” (Diego Molano, 5 de mayo de 2023).

En lo referente a la “ambición” del programa, es obvio que es así, pero los que lo subrayan más son conservadores que quieren indicar que es un programa irreal, imposible de cumplir. Por ejemplo, enlazando con las críticas anteriores, la descalificación de la negociación con grupos armados no políticos suele apuntar también a su dificultad: “tienen un gigantesco reto en las negociaciones con los grupos armados de delincuentes” (Emilio Archila, 23 de abril de 2023).

Pero las críticas respecto a la repetición de errores del pasado, como los del Caguán, no tienen mucho fundamento. Así lo sostienen personas clave del proceso, como el senador Iván Cepeda, a la sazón portavoz del gobierno colombiano en lo referente a la paz total, que ha descartado explícitamente que las “regiones de paz”, contempladas en la Ley 2272 de 2022 vayan a ser “zonas de despeje” (Infobae, 2022b).

5.3. Las críticas al carácter limitado de la paz total

Finalmente, se ha argumentado que la paz total es una idea simplista, que contempla la paz sólo como paz negativa, como ausencia de violencia. En este sentido, alias “Antonio García”, máximo comandante de la guerrilla del ELN, ha llegado a afirmar que “la paz total es una paz falsa”, porque se reduciría a la ausencia de enfrentamiento armado sin resolver los conflictos sociales que se produjeron, el origen del conflicto (El Heraldo, 9/8/2022).

También parecen críticas poco fundamentadas, si tenemos en cuenta los contenidos de la ley que enuncia la paz total:

El Estado propenderá por el establecimiento de un orden social justo que asegure la convivencia pacífica, la protección de la naturaleza y de los derechos y libertades de las personas, con enfoque diferencial y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados, tendientes a lograr condiciones de igualdad real y a proveer a todos de las mismas oportunidades para su adecuado desarrollo, el de su familia y su grupo social (Congreso de Colombia, Ley 2272 de 2022, art. 3º).

Asimismo, se estipula que el Plan Nacional de Desarrollo y los Planes de Desarrollo Locales han de incorporar apartados específicos para la construcción de paz (Congreso de Colombia, Ley 2272 de 2022, art. 6º).

6. Para concluir

La paz total contempla tanto diálogos de paz como soluciones políticas con actores políticos (como los diversos grupos guerrilleros), así como con grupos criminales (como los narcotraficantes transnacionales y los grupos posparamilitares) (Medina Gallego, 2022). En septiembre de 2022 se llegó a hablar de que había 22 grupos comprometidos en el proceso entre los que figuraban: grupos políticos (Ejército de Liberación Nacional y Movimiento Revolucionario del Pueblo); buena parte del universo de las disidencias y resurgencias de las FARC-EP (Bloque Suroriental Segunda Marquetalia, Bloque Magdalena Medio, Columna Móvil Urías Rondón, Columna Móvil Jaime Martínez, Columna Móvil Dagoberto Ramos, Compañía Adán Izquierdo, Frente Franco Benavides, Frente 30 Rafael Aguilera, Frente Carlos Patiño y Frente 36); varios GAO (Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y “Los Pachencas”; y varios GDO (Los Caparros, Los Costeños, Los Pachelly, Los Shotas, Los Espartanos, Los Rastrojos Costeños y La Oficina) (Indepaz, 2022). Eran las estimaciones optimistas del principio de su gobierno. Para finales de 2023, el presidente Petro decía:

Hemos acordado un cese bilateral con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las AGC y las Autodefensas de la Sierra Nevada desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023, prorrogable según los avances en las negociaciones. La paz total será una realidad (Petro, 2023).

En pocos días todos estos últimos grupos denunciaban la escasa verosimilitud de ese mensaje. Los procesos avanzan mucho más lento de lo previsto por diversas causas, de las que una de las más importantes es la falta de aprobación en el Congreso de la ley del sometimiento, lo que impide que los grupos no considerados políticos avancen en las negociaciones. No obstante, se han producido progresos muy importantes: 1) con el ELN se han desarrollado 5 ciclos de negociaciones y desde el 3 de agosto de 2023 se ha comprometido a un cese el fuego; 2) con el Estado Mayor Central, la agrupación de disidencias de las FARC-EP más importante, se han celebrado dos mesas de negociaciones, que fueron suspendidas, y se han declarado dos ceses el fuego, pero no termina de estar claro su estatus político; 3) con Segunda Marquetalia, las “resurgencias de las FARC-EP, el cese el fuego terminó el 30 de junio de 2023 y se está a la espera de avanzar en la definición de su estatus político; 4) con las AGC el cese el fuego se ha suspendido y no se ha acordado un estatus políticos, por lo que se está a la espera de la ley de sometimiento; 5) con las ASCN se está a la espera de la ley de sometimiento; 6) con las bandas de Medellín y las de Buenaventura se han desarrollado mesas de negociaciones y tregua entre bandas, pero se está a la espera de la ley de sometimiento (Muñoz Pandiella, 2023).

En cuanto a los discursos sobre la paz total, en buena medida, reproducen los de la paz territorial, con la salvedad de que ya no aparecen nítidamente tres campos políticos, ya que parece que las diferencias entre los sectores de derecha y centro promotores del AFP con las FARC-EP y los sectores uribistas se han reducido en alguna medida, pues las críticas a la paz total de los primeros han sido bastante duras y generalizadas:

1. Para los sectores de derecha y centro, en general, la paz total es inalcanzable, porque no puede negociarse con cualquier actor violento. Sólo los que tienen motivación política pueden responder a un proceso de negociación, mientras que los grupos criminales vinculados sobre todo al narcotráfico han de ser sometidos a la justicia, por acuerdo o por la fuerza.

2. La red de alianzas del Pacto Histórico, que ha incluido a los ámbitos desmovilizados de las FARC-EP, y que ha fundido el sumak kwasay con el “vivir sabroso” entiende que la paz total es una forma de dar la voz a los subalternos, a los territorios marginados y deprimidos por la violencia, permitiendo que se produzca un desarrollo integral justo y sostenible.

El proceso de paz total ha dado un nuevo giro con el nombramiento el 6 de diciembre de 2023 de Otty Patiño como Alto Comisionado para la Paz. Ese día, en declaraciones a la prensa, dejó entrever nuevas líneas para el proceso, volviendo a subrayar el componente territorial de la paz: “Más que pensar en actores armados ilegales hay que pensar en los territorios” (Muñoz Pandiella, 2023).

Está claro, sin embargo, que la idea de paz total está indisolublemente ligada a la de justicia social. La paz no puede lograrse ni con el ELN, ni con los disidentes o los “resurgentes” de las FARC-EP, ni, mucho menos con el narcotráfico y los grupos posparamilitares, sin un programa para superar la violencia estructural. La enorme desigualdad social existente, la pobreza de amplios sectores de la población, el acceso desigual a la tierra y una geografía de presencia estatal desigual están alimentando constantemente violencia física: como en el caso de la paz territorial, de la que es una continuación, si no se elimina la violencia estructural no habrá paz total. En este sentido, pueden ser premonitorias las palabras de Rodrigo Londoño “Timochenko”, último comandante de las FARC-EP y líder de Comunes:

Colombia es un país de regiones, la violencia fue en general en todo el país porque cada región tuvo sus propias expresiones fruto de la misma cultura y las mismas circunstancias geográficas y culturales de cada región, por eso era muy importante ese enfoque territorial que realmente pues se dejó a un lado. El sueño es que ahora en medio de la paz total pues lo logremos rescatar, [pero] no arranca todavía (Rodrigo Londoño “Timochenko”, 2 de mayo de 2023).

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