Trabajo y luchas sociales en América Latina E-Book

• Herausgeber: LOM Ediciones
• Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
• Sprache: Spanisch
• Veröffentlichungsjahr: 2024

Seitenzahl: 318

Beschreibung

Libro sobre las principales tendencias y cambios ocurridos en la fisonomía del trabajo y las dinámicas de los actores laborales en el contexto de la pandemia en Brasil, Argentina, Uruguay, Perú y Chile.

Leseprobe

© LOM ediciones Primera edición, junio 2023 Impreso en 1000 ejemplares ISBN Impreso: 9789560016959 ISBN Digital: 9789560017536 Imagen de portada: Fotografía de Engin Akyurt / Pixabay Edición, diseño y diagramación LOM ediciones. Concha y Toro 23, Santiago Teléfono: (56-2) 2860 68 00 [email protected] | www.lom.cl Diseño de Colección Estudio Navaja Tipografía: Karmina Registro N°: 105.023 Impreso en los talleres de LOM Miguel de Atero 2888, Quinta Normal Santiago de Chile

Índice

Pandemia y trabajo: resonancias de una crisisCapítulo I El trabajo durante la pandemia en Brasil:debates y tendencias emergentesCapítulo II Perú: precariedad y resistencias desarticuladasCapítulo III La pandemia del Covid-19 en Argentina, sus efectos sobre la clase trabajadora,líneas de respuesta y organización, y algunos ejes centrales de debate y disputaCapítulo IV Uruguay frente a la crisis del Covid-19: cambios, continuidades y desafíos para el futuro del trabajoCapítulo V El Covid-19 y el trabajo en Chile: transformaciones en el mercado laboral y las formas de acción colectivaConclusiones generales de la obra Continuidades y cambios, acciones y emergencias: aportes para repensar el trabajo en América Latina a partir de la pandemia del Covid-19Reseña de los autores

Pandemia y trabajo: resonancias de una crisis

Este libro muestra las principales tendencias y cambios ocurridos en la fisonomía del trabajo y las dinámicas de los actores laborales, en el contexto de la pandemia, en países del Cono Sur de América Latina. Particularmente, se consideran los casos de Brasil, Argentina, Uruguay, Perú y Chile. La propuesta editorial valora la producción académica de la región, el trabajo colectivo y la necesidad de repensar el vínculo entre el mundo académico y los movimientos sociales y sindicales. Estas orientaciones se expresan en la estructura y los contenidos del libro que proponen análisis rigurosos y colocan especial atención en la situación de los trabajadores y trabajadoras, así como en sus organizaciones o colectivos que les representan.

Respecto de cada uno de los casos de estudio, el lector encontrará variados antecedentes sobre los contextos políticos, económicos y sociosanitarios en que se despliega el trabajo, así como elementos para comprender las propuestas de los gobiernos, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y los propios actores sociales y sindicales. En los distintos capítulos, con particularidades y haciendo alusión a situaciones específicas de cada país, se revisarán las dinámicas en materia de empleabilidad, informalidad, precariedad, trabajo en modalidad virtual, entre otros aspectos que caracterizan el escenario laboral en pandemia. Esto permitirá reconocer atributos que distinguen transversalmente la realidad del trabajo, sin obviar rasgos y desafíos particulares.

En América Latina hemos atravesado en las últimas décadas una ola de políticas orientadas a la flexibilización del trabajo, así como una serie de reformas laborales que muestran un cambio en los instrumentos de regulación y de la institucionalidad laboral en el escenario global. De la misma forma, es posible identificar un retroceso de la incidencia de las organizaciones sindicales en las coaliciones políticas de gobierno (aunque se identifican momentos de reactivación sindical), alimentando una sensación de retroceso en la injerencia y participación políticas (Antunes, Bialakowsky, Pucci y Quiñones, 2019; Revista Trabajo 2018; Cardoso 2018; Dari, Gimenez, Dos Santos 2018).

De conjunto, la pandemia se presenta como un laboratorio para la experimentación de políticas en el capitalismo, que se intercepta con la emergencia de protestas y movilizaciones sociales. La correlación de fuerzas presentes en los gobiernos de América Latina, así como las políticas de gestión de la crisis suponen una nueva oportunidad para redefinir la relación entre capital-trabajo. Por tanto, considerando lo anterior, ha surgido la necesidad de avanzar progresivamente en balances sobre la situación de nuestras economías, las respuestas de los Estados, las disposiciones de los grupos económicos y otros actores, así como la situación de las relaciones laborales y los procesos de conflictividad (Basualdo, Manzanelli y Calvo 2020; Basualdo y Peláez 2020).

Diferentes organizaciones internacionales (OIT, CEPAL, entre otras), así como organismos del mundo académico y político han señalado la importancia de estudiar la situación del trabajo, dadas las vertiginosas transformaciones ocurridas en el contexto de la pandemia. Se ha enfatizado la necesidad de conocer las nuevas dinámicas de (des)empleo, caída de los ingresos, aumento de la informalidad y precariedad, la mayor inseguridad sociolaboral, y a partir de ello (re)pensar respuestas consistentes y coordinadas a escala nacional, regional y mundial. Las agendas de desarrollo a nivel internacional están incorporando estas problemáticas pensando en el escenario de pandemia y postpandemia. Así, de acuerdo con lo indicado por diferentes actores, por ejemplo, por el entonces director general de la OIT Guy Ryder, el Covid-19 no fue solo una crisis sanitaria, sino que tiene implicancias sociales, económicas y políticas más amplias (OIT 2020).

Lo anterior ha conducido también a levantar interrogantes sobre el modelo de desarrollo, las características del mercado de trabajo y el derecho laboral, las relaciones de trabajo y el poder de los actores. El libro que ahora presentamos se orienta precisamente a aportar en este campo de conocimiento, buscando una comprensión profunda de los procesos, pero también identificando aprendizajes significativos para el diseño de estrategias y acciones que permitan ayudar a resolver la situación de inmensas capas de la población afectadas por condiciones de gran vulnerabilidad. Por esta razón, además de examinar lo que hacen los gobiernos o actores políticos, nos ha parecido fundamental dirigir nuestra mirada a los/as trabajadores/as y sus organizaciones que exhiben capacidad para procesar, resistir y elaborar propuestas en este complejo escenario.

En virtud de lo anterior, el libro se estructura en cinco capítulos. El primero muestra la situación de Brasil, marcada por la gestión de Jair Bolsonaro que negó la existencia del virus. A inicios de 2021 los fallecidos en el país superaban las 200 mil personas y los efectos de la pandemia en la economía, el empleo y las condiciones de trabajo eran devastadoras. Lo ocurrido aquí está marcado por la crudeza de las medidas de desregulación laboral, las cuales apuntaron a desmantelar la política de derechos sociales en el contexto de un gobierno homofóbico y xenófobo, la desorganización del Estado y el negacionismo. Jacob Lima, Antonia Colbari y Felipe Rangel, autores del capítulo, analizan las políticas y medidas laborales del gobierno, las características del mercado de trabajo, la reforma laboral y las acciones de las organizaciones sindicales en un país donde la informalidad ha llegado a situarse en torno al 40 o incluso 50% en algunos estados y los trabajadores sin empleo suman varios millones de personas.

La pandemia se tradujo en un alza del desempleo y en políticas de ayuda, acompañados de un proceso de precarización social y del trabajo que afectaron fuertemente a mujeres y jóvenes, la mayoría de las favelas y periferias. Además, ha proliferado el mercado de plataformas que no es más que una señal de los profundos cambios por los que ha pasado Brasil, que ahora enfrenta un nuevo proceso electoral marcado por el retorno de Lula a la arena política.

En el segundo capítulo, Omar Manky y Sergio Saravia nos muestran la situación de Perú. Aunque inicialmente aquí se impusieron una serie de restricciones a la movilidad de la población y se entregaron ayudas y bonos para enfrentar la contracción de la economía, posteriormente se alcanzó una de las mayores tasas de mortalidad asociadas al Covid-19. Tal como ha sucedido en otros países, transcurridos algunos meses se hicieron evidentes los problemas en el sistema de salud de Perú, la creciente informalidad (que de acuerdo con algunas estimaciones se encuentra sobre el 70% de la población económicamente activa), el deterioro en indicadores como el empleo (y el auge del autoempleo), así como la reducción de los salarios. Los autores analizan la realidad laboral del país contemplando estos y otros aspectos que permitirán una visión de conjunto sobre lo que ocurre en el trabajo y la situación de los trabajadores.

Victoria Basualdo y María Alejandra Esponda examinan la crisis desatada por el Covid-19 en Argentina. Las autoras inscriben sus reflexiones en un horizonte de transformaciones más amplio, lo que posibilita una comprensión integral de los cambios económicos, sanitarios y laborales experimentados en pandemia. Se destaca, por ejemplo, que cuando se inició la crisis sanitaria el país se encontraba en plena renegociación de una deuda pública que había tenido un incremento sin precedentes en el gobierno de Mauricio Macri, con un panorama económico crítico, elevada inflación e indicadores extremadamente regresivos en el mercado de trabajo. El capítulo analiza el impacto y los cambios que ocasionó la pandemia que se declaró poco tiempo después de la asunción del presidente Alberto Fernández, distinguiendo distintas etapas entre 2020 y 2021, prestando atención también al papel que han jugado diversos procesos de protesta y organización de trabajadores/as, así como a las diversas líneas de acción de las organizaciones sindicales.

Resultó muy relevante la existencia de fuertes presiones de sectores empresariales para la introducción y sostenimiento de condiciones que implicaron una pérdida considerable de derechos, tanto salariales como en cuanto a las condiciones de trabajo y especialmente de salud. En este marco, sostienen que la pandemia tuvo un efecto social y laboral muy profundo, con correlatos de desmovilización de gran magnitud, aunque hubo, sin embargo, movimientos de trabajadores/as de base y de algunos sindicatos que articularon acciones de defensa de derechos laborales y la salud colectiva, al tiempo que otros, en cambio, negociaron condiciones y establecieron acuerdos perjudiciales para los trabajadores/as. Más allá de esta visión de conjunto, muestran que los efectos de la crisis económica y laboral se desplegaron de manera asimétrica y desigual, con sesgos muy fuertes de clase y género.

El caso de Uruguay es presentado por Mariela Quiñones y María Julia Acosta. Lo ocurrido allí fue visto como un caso ejemplar en su forma de enfrentar el Covid-19, pues la tasa de contagios se mantuvo baja por mucho tiempo y el regreso a las actividades laborales y educativas fue antes que en muchos otros países. Se han indicado diferentes factores para explicar esta situación: un sistema de salud universal que no sufrió los embates observados en otros países; la conformación de un equipo asesor del gobierno; una valoración del conocimiento científico; el mayor nivel de consenso político; la calidad de la conciencia y convivencia ciudadana, su tradición de diálogo social y la fortaleza de las instituciones laborales. Pese a lo anterior, los problemas no han estado ausentes, lo que se ha expresado en la caída del PIB, el aumento de la tasa de desocupación (que a fines de 2020 se acercó al 10%), las dificultades de las empresas para reincorporar trabajadores por el término de los subsidios y el consiguiente aumento de la informalidad. Todo ello hace interesante mirar esta experiencia que pone los ojos en los cambios más importantes que se evidencian en el trabajo y en las relaciones laborales.

El quinto capítulo se refiere a Chile y está a cargo de Antonio Aravena y Francisca Gutiérrez. La pandemia ha tenido duros efectos en la economía nacional y se ha expresado en el aumento de la desocupación, la caída de los ingresos, la disminución del producto interno bruto, el crecimiento de la informalidad, la expulsión del mercado laboral de las mujeres, entre otros problemas. En este marco, el capítulo analiza las políticas laborales del gobierno de Sebastián Piñera, explora los cambios más sustantivos en el mercado del trabajo y muestra algunas formas de acción colectiva que emergieron en este período. Una de las particularidades del caso chileno es que la crisis sanitaria y económica se combinó con una crisis política de gran magnitud que derivó en un proceso constituyente. En general, la respuesta del gobierno en estas materias fue lenta y si bien promovió políticas que se analizan en el texto, una de las iniciativas más valoradas por la población fue el retiro de fondos desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), medida viabilizada por el Parlamento.

Finalmente, en las conclusiones se proponen reflexiones que consideran las diversas consecuencias que ha tenido la crisis sociosanitaria en el mundo del trabajo en América Latina, a la vez que se discuten los escenarios y procesos emergentes. El panorama del mercado del trabajo, las políticas laborales y las organizaciones sindicales muestran continuidades y rupturas con la etapa prepandemia que son problematizadas a partir de los contextos políticos y económicos que caracterizan la realidad regional y de los países considerados en el estudio. La pandemia ha tenido severos costos para la clase trabajadora y ha instalado condiciones de informalidad y precariedad que complejizan la articulación colectiva. Al mismo tiempo, son condiciones que no logran ser contenidas por una institucionalidad política y laboral absolutamente desbordada que, por cierto, requiere ser repensada en el marco de nuevos esquemas de desarrollo. Pese a lo anterior, los trabajadores se han articulado y resisten, a veces con éxito y en otras ocasiones con infortunio, pero de cualquier manera dejan abierta la posibilidad para configurar nuevos escenarios en el futuro.

La publicación que colocamos a disposición del lector ha contado con el apoyo de muchas instituciones y personas. Queremos agradecer en este sentido el respaldo que nos ha brindado LOM ediciones. En Paulo Slachevsky y Silvia Aguilera queremos reconocer el trabajo de todos quienes integran esta casa editorial que ha sido fundamental en la divulgación del conocimiento en el campo de las ciencias sociales y las humanidades en nuestro país. Asimismo, cuando nos imaginamos esta publicación siempre pensamos en un esfuerzo colectivo, con un sentido de colaboración y fraternidad latinoamericanas, además de apuntar al desarrollo de un conocimiento riguroso, crítico, comprometido y propositivo. Esto no es sencillo en un escenario de pandemia que nos coloca frente a múltiples exigencias, situaciones de estrés y momentos de mucha tensión e incluso precariedades. Por esta razón, nuestra gratitud a los autores y autoras que aceptaron la invitación y nos entregaron su empatía, solidaridad y apoyo permanente.

Bibliografía

Antunes, Ricardo, Alberto Bialakowsky, Francisco Pucci y Mariela Quiñones. (2019). «Trabajo y capitalismo. Relaciones y colisiones sociales». CLACSO, Teseo, ALAS.

Basualdo, Eduardo, Pablo Manzanelli y Daniela Calvo. 2020. «Un balance preliminar de la crisis económica en la Argentina, en el marco del coronavirus». CIFRA-CTA y AEyT de FLACSO, junio.

Basualdo, Victoria y Pablo Peláez. 2020. «Procesos de conflictividad laboral en el marco de la pandemia del Covid-19 en Argentina (marzo-mayo 2020)». En Dossier «Trabalho e instituições em mudança» en Rei - Revista Estudos Institucionais, Universidade Federal de Rio de Janeiro, Brasil, v. 6, n. 3 (2020), pp. 1086-1134.

Cardoso, Adalberto. 2018: A construção da sociedade do trabalho no Brasil. Uma investigação sobre a persistência secular das desigualdades. Amazon.

Dari, José, Denis Gimenez y Anselmo Dos Santos. 2018. Dimensoes criticas da reforma trabalhista no Brasil. Campinas S.P, Curt Nimuendajú.

OIT. 2020. «El Covid-19 ha revelado la fragilidad de nuestras economías». En <https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_739995/lang--es/index.htm>.

Revista Trabajo. 2018. «El futuro del trabajo en América Latina». Año 10, Nº15, enero-junio, Tercera Época.

Capítulo IEl trabajo durante la pandemia en Brasil:debates y tendencias emergentes

Jacob Carlos Lima Antonia Colbari Felipe Rangel

Introducción

Aún mucho se dirá sobre la experiencia histórica de una grave y prolongada pandemia, cuyas consecuencias impactaron la vida humana en sus variadas dimensiones, tanto en la existencia individual como en la colectiva. Para minimizar daños, las prescripciones de la Organización Mundial de la Salud, acatadas por las instituciones médicas y por la comunidad científica brasileras, recomendaron el distanciamiento sanitario, imponiendo restricciones a la convivencia social. Dichas orientaciones colisionaron contra una fuerte resistencia del gobierno federal, incrementando la tensión político-institucional entre los poderes de la República (judicial, legislativo y ejecutivo), los tres niveles del poder ejecutivo (federal, estadual y municipal), así como entre las fuerzas armadas.

En este contexto de crisis sanitaria y político-institucional, el presente capítulo se propone rastrear los aspectos destacados del trabajo, el cual se vio rediseñado por las restricciones al funcionamiento de las actividades económicas, la circulación y la convivencia social, decretadas como imperativas para frenar la propagación del virus. La sustancial agudización de las condiciones laborales acentuó las tendencias que transcurrían en el país mucho antes de la pandemia, como el aumento del desempleo, la extensa informalidad y la expansión de las ocupaciones precarias, ahora saturadas de medidas reguladoras contingenciales, tales como la reducción de la jornada de trabajo acompañada de la disminución salarial. En este cuadro se implementaron tímidas políticas de urgencia, como el Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEP) y el Auxílio Emergencial.

El Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda fue editado en julio de 2020, al inicio con duración de 90 días y, posteriormente, prorrogado hasta el final del referido año. La medida provisoria autorizaba la reducción temporal de la jornada de trabajo y salario o la suspensión del contrato de trabajo, mediante negociación individual o colectiva. Durante el periodo de pérdida del empleo o de la reducción salarial se efectuaría el pago del Benefício Emergencial, calculado con base en la misma métrica de seguro-desempleo y proporcional a la sustracción de las ganancias de los trabajadores. En el primer mes de vigencia del programa, la página web del gobierno federal registró 12,1 millones de acuerdos de reducción de jornada o suspensión de contratos firmados bajo esos términos (DIEESE 2020), número que, hasta noviembre de 2020, alcanzó a casi 20 millones. La persistencia de la crisis sanitaria provocó, en abril de 2021, la edición del Novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, constituido por cuatro pagos parcelados de R$ 250,00, suministrados hasta el mes de agosto.

En el caso de los trabajadores informales y de las personas inscritas en el Cadastro Único dos Programas Sociais (CadÚnico)1, la Ley 13.982 de abril de 2020 instituyó la Renda Básica de Emergência, también llamada de Auxílio Emergencial, garantizando por tres meses el beneficio de R$ 600,00 mensuales con límite de R$ 1.200,00 por familia. Posteriormente se redujo el valor a R$ 300,00, el cual fue prorrogado por tres meses adicionales, siendo ese plazo extendido por el Congreso Nacional hasta el final del año 2020. Los beneficiarios por el auxilio fueron los trabajadores informales, microemprendedores individuales (MEIs), desempleados y miembros de familias de bajos ingresos beneficiarias de los programas sociales gubernamentales (DIEESE 2020a).

No obstante, la implementación de estas políticas –resultado de intensas disputas contra una orientación gubernamental de reducción de gastos públicos– no logró contrariar la profundidad de las predisposiciones neoliberales que se configuraban en el segundo gobierno de Dilma Roussef, en 2015, radicalizada por el golpe jurídico-parlamentario de 2016, el cual significó el retorno a las políticas implementadas en los años de 1990 y que, en cierta medida, fueron atenuadas en la década siguiente. Se destacan, en este escenario, las tercerizaciones y privatizaciones de empresas públicas, además de las experiencias de empresas que escaparon a las regulaciones laborales a través de la organización fraudulenta de cooperativas de producción y servicios (Lima 2002) y de la pejotização – en la cual el trabajador pasa a laborar como persona jurídica, disfrazando las relaciones de subordinación.

Los años del gobierno del Partido dos Trabalhadores (PT) (2003-2016) pueden ser considerados, hasta cierto punto, un paréntesis en ese proceso de precarización, aun con salvedades, pues hubo cambios en la legislación, principalmente previdenciaria relacionada a los funcionarios públicos –la eliminación de la jubilación integral, la creación de fondos de inversión para la complementación salarial, así como la expansión de la pejotización (Lima 2020).

Por otro lado, ese periodo también estuvo marcado por el fortalecimiento del accionar del Estado en la economía, con el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura; el salario mínimo logró un aumento real; además de un conjunto de políticas sociales compensatorias orientadas a los más pobres, tales como la Bolsa Familia, el programa de vivienda popular, el acceso a las universidades públicas para alumnos procedentes de escuelas públicas, negros e indígenas. Esto permitió la primera reducción histórica de la desigualdad en el país, a pesar de no implementarse los cambios estructurales que mantuvieran esa tendencia o que cambiasen estructuralmente sus fundamentos2.

Con el impeachment esas medidas fueron debilitadas. Ganaron terreno las críticas a un supuesto exceso de derechos de los trabajadores brasileños, lo que supuestamente dificultaría la competitividad de las empresas y encarecería el proceso de contratación, implicando, consecuentemente, el aumento del desempleo. Guiada por esa narrativa, en 2017 una reforma laboral fue realizada apresuradamente, eliminando derechos sociales y flexibilizando relaciones de trabajo.

En paralelo de los cambios políticos, el avance de las tecnologías digitales, representado por la entrada de apps de entrega y de transporte, revistió de un matiz tecnológico la vieja y precaria informalidad. Esta situación es presentada con los colores positivos de un «emprendedurismo de los pobres», lo cual se suma a la desorganización sindical y a la agudización del desempleo, aumento de la informalidad y una tendencia creciente de precarización del trabajo formal, traducida en privatizaciones, baja inversión estatal y desregulación de las relaciones de trabajo.

Usando marcadores conceptuales clásicos y otros más recientes, nuestro objetivo en este texto es contribuir en profundizar el debate sobre algunas tendencias observadas en las relaciones de trabajo, tales como el trabajo informal, las modalidades de trabajo remoto, el trabajo vinculado a las plataformas digitales, las embestidas de la desregulación y degradación del trabajo, además de las posibilidades de otros modelos reguladores de la actividad laboral y de la ampliación a la protección social, incluyendo la garantía de un ingreso mínimo social.

1. Contextualizando la prepandemia

Al final de la dictadura militar (1985), la continuidad de la crisis económica disimulada por el régimen, además de una inflación descontrolada, sumergió al país en una crisis de la cual comenzó a salir a partir de 1991, con el primer impeachment de un presidente de la república, Fernando Collor de Mello. Enseguida asumió su vice Itamar Franco, quien nombró a Fernando Henrique Cardoso como ministro de Economía, cuya actuación fue marcada por la nueva moneda, el real y la adopción de una política económica paritaria con el dólar, lo que garantizó el control de la inflación y la estabilización económica en aquella época. Elegido presidente en 1994 por el Partido da Social Democracia Brasileira, él y su partido abandonaron rápidamente cualquier veleidad socialdemócrata, replicando a sus colegas europeos, en un contexto en que el neoliberalismo fue difundido como la única solución para la economía, dado el fracaso de las experiencias de planificación estatal en la Europa Oriental y la crisis económica que transcurría en la Europa Occidental. El Estado se torna así como el gran villano. La apertura de los mercados a la competitividad internacional, la reducción del Estado y el discurso de la responsabilidad fiscal se convierten en el mantra de un capitalismo cada vez más flexible. Los costos con la reproducción de la fuerza de trabajo se convierten en gastos a ser eliminados, las empresas se trasladan a países con fuerza de trabajo más barata, el desempleo se vuelve estructural y el sindicalismo se debilita.

Este proceso de liberalización de la economía y de la producción, ahora cada vez más globalizado, ocurrió de diversas formas, adaptándose a las particularidades nacionales, así como el desmontaje de la llamada «sociedad salarial» en los países centrales. América Latina, donde el trabajo protegido nunca fue predominante, se convirtió en el laboratorio de los nuevos experimentos, dentro del cual el Chile de Pinochet se tornó en el paradigma de lo «exitoso» de la propuesta, prescindiendo de cualquier barniz democrático. Otras experiencias, como lo acontecido en Argentina, quebraron el país.

En Brasil, el ansia neoliberal de insertar al país en la economía globalizada se cubrió con el manto de la modernidad. Privatizaciones con valores subestimados, desnacionalización de la industria nacional y el retorno de una economía agrícola y extractivista se volvió una tendencia. Durante los años de 1990, aun tuvimos la fuerte reacción de los trabajadores organizados en el entonces Partido de los Trabajadores, último partido de masas surgido en la agonía de la dictadura militar y que dirigió a la oposición en ese periodo.

Eso contuvo, en cierta medida, las reformas precarizantes de las relaciones de trabajo. Mientras tanto, el discurso del «costo Brasil» continuó fortaleciéndose, culpando de la baja competitividad de la producción nacional al alto costo del trabajo regulado y a la necesidad de «modernizar» la Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT)3, a pesar de que durante ese periodo el salario mínimo en el país era uno de los más bajos de América Latina. Diversas tentativas de reforma laboral, previdenciaria y administrativa se ensayaron, con relativo éxito, buscando una mayor desregulación favoreciendo una intensa flexibilización de las relaciones de capital y trabajo, entre ellas la tercerización, sin embargo, se mantuvo apenas en las actividades no nucleares de las organizaciones. En el caso de la reforma administrativa, el objetivo lo constituían los funcionarios públicos, mas no quienes contaban con altos salarios, tales como jueces, legisladores y/o militares, sino que los funcionarios de menor jerarquía, prestadores de servicios sociales y administrativos.

Entidades como el Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas4 (SEBRAE) actuaron en la difusión de la ideología del emprendedurismo, afines a la reinterpretación de la informalidad hecha por el economista peruano Hernando de Soto (1987), quien a partir del análisis de la situación peruana defendía que el problema de América latina no era la falta de Estado, sino que más bien su exceso, y que, además, el trabajador informal era la constatación de que el trabajador latinoamericano era extremadamente emprendedor.

Esa ideología emprendedora se estabilizó y permaneció incluso en los gobiernos del PT, que en el combate a la informalidad creó políticas orientadas al microemprendedor individual, como una forma de facilitar el beneficio de los informales a los derechos sociales referentes a la jubilación, auxilio por enfermedad, acceso al crédito, entre otros, solo que ahora bajo la forma de empresa.

Ese impulso del emprendedurismo acompañó pari passu las embestidas de la flexibilización del trabajo, fomentando el deterioro de las condiciones laborales, lo que instigó el cuestionamiento del concepto de precarización en el sentido más estricto de la pérdida de contratos regulares de trabajo y de los derechos laborales como sociales a ellos vinculados, dada la naturaleza precaria de algunos tipos de trabajo que se expandieron en ese periodo. Es el caso de los call centers, cuyos teleoperadores se sitúan en cabinas y responden a controles digitalizados de la empresa contratante y del cliente, evidenciando nuevos tipos de control que se imponen cada vez más en los servicios: el ejercicio del cliente. En esas empresas, aun con los beneficios, la rotatividad es alta, en parte atribuida al ambiente degradado por las exigencias emocionales que comprometen la salud de los trabajadores (Antunes y Braga 2009; Moraes 2018).

1.1. La reforma laboral de 2017

Como observanCardoso y Azaïs (2019), el 2017 puede ser considerado el año en que los trabajadores brasileros perdieron más derechos en su historia, teniendo en cuenta que la legislación laboral nunca había sufrido tantas alteraciones sustanciales y adversas contra la protección a los trabajadores, en un espacio tan corto de tiempo. En primer lugar, fue aprobada la llamada Ley de Tercerización, que regularizó los procesos de tercerización en diversos sectores e inclusive para actividades nucleares de las empresas, facilitando la multiplicación de contratos menos protegidos. En el mismo año fue aprobada la llamada reforma laboral.

Entre los principales cambios provocados por la reforma destacamos la regularización de los contratos intermitentes; la posibilidad de aumentar las jornadas de trabajo; el pago por horas trabajadas, que podría significar una remuneración final menor que el salario mínimo; la alteración de las formas de financiamiento a las entidades sindicales, de modo que estas vieron su presupuesto perjudicado y, consecuentemente, su capacidad de acción y defensa de sus intereses; además de la obstrucción para acceder a la justicia laboral, tras el fin de la gratuidad de los procesos legales, repercutiendo en perjuicios financieros a los trabajadores que llegasen a perder los casos. En líneas generales, se crearon condiciones para que el «negociado» se impusiera a lo «legislado», es decir, que las negociaciones establecidas entre patrones y empleados, entendidos como agentes económicos libres, al margen de la patente desigualdad de poder en la relación, prevalecieran sobre cuestiones que antes eran definidas por la legislación (como jornadas de trabajo, vacaciones o descanso remunerado).

Los contratos intermitentes, cuya constitucionalidad permanece en juicio en el Supremo Tribunal Federal, eran poco representativos en el mercado de empleos formales en Brasil, con cerca del 1% de esos puestos laborales. Sin embargo, en el año 2020, según los datos del Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED)5, más de la mitad de las vacantes de empleos creados fue bajo la modalidad intermitente6. De este modo, el excepcional contexto de pandemia, que produjo incertidumbre para los empleadores y urgencia para los trabajadores, también pudo servir como laboratorio para usar aquellos contratos y desencadenar efectos duraderos de precarización del trabajo.

En la justificación pública, la reforma laboral se anunció como un camino para la generación de empleos, aumento de ingresos, combate a la informalidad y modernización de las relaciones de trabajo. De acuerdo a los estudios sobre el mercado del trabajo en Brasil (Krein y Véras de Oliveira 2019; Bridi 2020), la reforma laboral no cumplió los objetivos anunciados, provocando efectos irrisorios en la creación de nuevos puestos laborales, de modo que la informalidad galopante aparecía como fundamento de las tasas de ocupación en el país incluso antes de la llegada de la pandemia.

Por otro lado, la idea de «modernización de las relaciones laborales» nos da pistas sobre otros objetivos, menos declarados, de la reforma laboral y demás alteraciones en la legislación del trabajo que fueron aprobadas en los años siguientes. Durante el discurso del actual presidente Jair Bolsonaro, transmitido en diciembre de 2018, este defendió más cambios en la legislación laboral, a la que identificaba como «enyesada», afirmando que la idea era aproximarla a la informalidad.

Argumentando que la regulación laboral producía un escenario donde «es difícil ser patrón en Brasil», Bolsonaro abogó por la flexibilización de las relaciones de trabajo. Puede sostenerse que la idea de «modernización», disfraz de los cambios en el marco legal laboral brasilero, significa la eliminación de las protecciones, vistas como rigideces, pues «enyesan» las relaciones de trabajo en el país. De este modo, en lugar de generar empleo y mejorar las condiciones laborales, estos cambios son parte de la tendencia general de flexibilización de las relaciones laborales, operadas a través de la reducción de costos de contratación y mayor libertad adquirida por las empresas para gerenciar el uso de la fuerza de trabajo. El resultado de estas medidas es el recorte de la protección y de la estabilidad para los trabajadores, aproximándolos a la situación de trabajadores informales.

2. La informalidad en la pandemia

Aún a inicios del 2020, el trabajo informal de más de 38 millones de personas asumía un papel tan decisivo como invisibilizado en la tímida reducción de tasas de desempleo en el país, la cual fue difundida por el gobierno y sus seguidores de manera entusiasta. En consecuencia, a lo largo del primer año pandémico, las oscilaciones numéricas sobre la población ocupada acompañaron el tránsito de los trabajadores por la informalidad. En mayo del mismo año, tres meses después del anuncio del primer contagio de Covid-19 en Brasil, fueron eliminados casi cinco millones de puestos de trabajo, de los cuales 3,7 eran informales (IBGE), con efectos evidentes sobre la tasa de desempleo.

En Brasil, la informalidad está representada estadísticamente por los trabajadores asalariados y autónomos que no poseen registro formal. En la última década creció en el país la asociación de determinados tipos de trabajos informales autónomos como estrategias de emprendedurismo, resignificando positivamente inclusive prácticas de viração7, tradicionales en el mundo popular brasilero y ahora cada vez más vinculadas al discurso de la gig economy de las plataformas digitales.

En cuanto práctica emprendedora, diversas actividades antes asociadas a la precariedad y a la necesidad de subsistencia, tales como el trabajo en el comercio popular, las ferias libres o incluso los repartidores motorizados, ahora ganan aires de modernidad y consolidan su legitimidad social. Cabe mencionar que, en muchos casos, esas actividades significan estrategias efectivas de movilidad económica y social para personas que no se ven identificadas con los empleos inestables y de bajo rendimiento disponibles para gran parte de la población (Rangel 2021). A pesar de todo, la pandemia evidenció aún más la fragilidad de las apuestas por el emprendedurismo popular, pues en pocas semanas se inviabilizaron muchos de esos negocios.

Antes de la crisis sanitaria se discutía mucho sobre la condición de precariedad e inseguridad del trabajador informal, considerando la fragilidad de las relaciones de trabajo, así como la ausencia de protecciones contra accidentes, problemas de salud o incluso las oscilaciones del mercado. La contracción económica, la reducción de puestos de trabajo, además de las necesarias medidas de aislamiento social que imposibilitaron el funcionamiento de sectores considerados no esenciales y que redujeron la circulación de personas (fundamentales para la marcha de ciertas actividades informales) evidenciaron notablemente la vulnerabilidad de esos trabajadores.

Así, mientras los trabajadores formales recibieron el apoyo del Benefício Emergencial de Preservação de Emprego e da Renda (BEP) o el ingreso del seguro por desempleo, los informales necesitaron encontrar alternativas para sobrevivir y mantener a sus familias frente al escenario de crisis, dadas la insuficiencia y la discontinuidad del auxilio de emergencia durante el transcurso de la pandemia.

Ese es el caso de centenas de millares de repartidores por aplicación, cuya falta de datos oficiales consistentes fue compensada con la proliferación de estudios sobre la situación de esos trabajadores. Cierta narrativa que, sobre todo al principio de la pandemia, pretendió retratar a esos trabajadores como héroes –en vista que se arriesgaron en las calles para llevar comida y otros productos necesarios a aquellas personas que permanecieron aisladas– rápidamente pasó a ser contrastada con la realidad precaria del trabajo. Se ha registrado que, a lo largo de la pandemia, aumentó la búsqueda por esa ocupación, actividad que no fue interrumpida por ser considerada esencial y, por tanto, una oportunidad para aquellos que se quedaron sin trabajo o con ingresos insuficientes. Pero junto al crecimiento del número de trabajadores, hubo pérdida de los rendimientos y aumento de la jornada de la mayoría de los repartidores (Abílio et al. 2020).

De este modo, si la situación de los trabajadores informales que dejaron de ejercer su actividad debido a la pandemia es crítica, también lo es la de aquellos que permanecieron trabajando sin gozar de cualquier protección social. Además de los trabajadores por aplicación, desde el inicio de la diseminación del coronavirus en Brasil, llamó la atención la situación del gran contingente de trabajadoras de limpieza, trabajadores ambulantes y trabajadores autónomos prestadores de servicios o pequeños comerciantes informales, obligados a exponerse a los riesgos de la contaminación para ganarse la vida. Ese escenario evidencia otra dimensión de la desigualdad del trabajo en Brasil: la segmentación entre ocupaciones y perfiles de trabajadores desprotegidos, y aquellos que pudieron ejercer el llamado trabajo remoto, manteniéndose aislados durante el periodo más grave de la pandemia.

3. Teletrabajo, trabajo a distancia, home office

A pesar de las imprecisiones en la tipificación de las variantes del trabajo remoto (home office, homework, teletrabajo), algo parece consolidado, como bien sintetizan Rosenfield y Alves (2011, p. 217), pues se trata de «un elemento de las mudanzas organizacionales estratégicas que apuntan hacia nuevas formas de trabajo flexible sustentadas por tecnologías de información y comunicación»8. Vendramin y Valenduc (2016) eligen la expresión genérica «trabajo virtual» para nombrar formas laborales no convencionales desempeñadas por medio de instrumentos de la informática, sin delimitación rígida sobre los espacios y tiempos en que serán rutinariamente desenvueltas. En general, son actividades del sector de servicios realizadas en varios espacios (en el domicilio), o en otros lugares como cafeterías, metro o avión).

En el contexto brasilero, una de las primeras iniciativas para enfrentar la pandemia fue la medida provisoria n° 927/2020, que flexibilizó las normativas laborales permitiendo la sustitución del régimen presencial por el home office, facultando al empleador a instituirlo unilateralmente. De antemano, cabe delimitar el alcance de esa medida, considerándose las características del mercado de trabajo, las particularidades socioeconómicas regionales, el sector de actividad económica, pero sobre todo las dimensiones operacionales de una función (Dingel y Neiman 2020). Son ellas las que dictan si su ejecución puede dispensar o no la relación presencial con el público, clientes, subordinados y demás funcionarios de la organización.

Además de las barreras de orden técnico, la crisis sanitaria adicionó otro impedimento para el trabajo no presencial: el ejercicio de actividades esenciales que no pueden ser interrumpidas sin comprometer la integridad de la vida humana. Algunas se tornaron aún más indispensables, como el conjunto de acciones directa e indirectamente ejecutadas para la atención médico-hospitalar. Ser esencial implica igualmente no beneficiarse de las medidas restrictivas de circulación y aislamiento; permanecer más expuesto a los riesgos de contagio; e incluso, sobre la fuerza de las circunstancias, asumir una sobrecarga de trabajo. Irónicamente, el estatus de actividad esencial no provocó una acción pública robusta destinada a la protección y seguridad de los profesionales responsables por su ejecución, así como la organización de una retaguardia que facilitase el desempeño laboral, incluyendo transporte y soporte para las tareas domésticas.

Son relevantes las evidencias de que, durante el periodo de la pandemia, el home office se convirtió en un marcador más de desigualdad social y de la acentuada segmentación del mercado de trabajo brasilero, siendo accesible a un segmento selecto, una especie de «cuello blanco» del capitalismo flexible.

Los datos de la PNAD Covid-19 (IBGE 2020) permitieron recuperar contornos relevantes del paisaje del trabajo remoto en el país, destacando sus distinciones, un privilegio de los grupos poblacionales de niveles de rendimiento y escolaridad más elevados, bastante próximos a los perfiles profesionales sintonizados con la construcción cultural del trabajo que valida ciertos atributos como autonomía, iniciativa, compromiso con los objetivos de las empresas, responsabilidad, autocontrol y autoconfianza. La pesquisa mencionada calculó en 7,3 millones el contingente de trabajadores actuando a distancia, de los cuales 84,8% tenían vínculo de trabajo formal, sumando 17,4% de la masa total de rendimientos efectivamente generados en noviembre de 2020, el mes de la investigación. Otras constataciones importantes en la efectividad del trabajo remoto apuntan a la predominancia de mujeres (57,8%), color blanco (65,3%), grupo etario de 30 a 39 años, escolaridad de nivel superior completo (76,0%) y concentración en la Región Sudeste y en el Distrito Federal, localidades de mayor ingreso per cápita.

Desagregado por sectores de la actividad económica, ese grupo se distribuyó de la siguiente manera: el mayor porcentaje está en el sector servicios, seguido por el sector público, industria, comercio y agricultura (Góes et al. 2021). Agrupados por nivel de rendimientos, los datos de la PNAD Covid-19 sistematizados por la FGV-Social son bastante reveladores de las desigualdades sociales como de las posibilidades de protección sanitaria, durante la pandemia. En cuanto al segmento de ingreso domiciliar superior a R$ 8.303, el 28% de las personas tuvieron la opción de permanecer en home office; en el segmento de R$1.926 y R$8.303, el porcentaje fue de 10.3%; y en el grupo de hasta R$1.926, apenas cerca de 7.5%9. Otro marcador de esa asimetría es el riesgo de desempleo. De acuerdo a las informaciones de la consultoría IDados, a fines del año 2020, la población en profesiones abiertas al trabajo remoto sufrió una pérdida de 3.4% en relación al mismo periodo del año anterior, mientras que el grupo poblacional ocupado en actividades necesariamente presenciales la reducción fue de 10%10.