Violencia de género en la universidad y las redes sociales E-Book

• Herausgeber: Fondo Editorial de la PUCP
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 549

Veröffentlichungsjahr: 2025

Beschreibung

"Violencia de género en la universidad y las redes sociales reúne una serie de investigaciones desarrolladas entre 2022 y 2024. Las contundentes evidencias sobre las distintas caras de la violencia y sus efectos se recogen desde una metodología que combina la encuesta nacional con las entrevistas y grupos focales en espacios específicos. Desde un enfoque interdisciplinario y con una apuesta por la incidencia desde la academia, el objetivo central del libro es analizar críticamente las múltiples formas que adopta la violencia de género en distintos espacios —académico, digital y social— con el propósito de aportar a su prevención y erradicación. La publicación examina las dinámicas de poder, desigualdad y resistencia en instituciones de educación superior en diversas regiones del Perú, aborda las formas en que la violencia simbólica y la ciberviolencia afectan especialmente a mujeres y adolescentes en entornos digitales y mediáticos, y presenta experiencias concretas de prevención, atención y transformación de la violencia de género, incluyendo refleexiones sobre la participación política de las mujeres. "

Leseprobe

Patricia Ruiz Bravo

Aranxa Pizarro Quiñones

Narda Henríquez Ayín

Gina Arnillas Traverso

Fanni Muñoz

Angélica Motta

Julián Mezarina

Marisol Fernández

Valeria Mandujano

Francesca Denegri

Raúl Rosales

Susana Reisz

Katherine Sarmiento

Gabriela Gutiérrez Muñoz

María Grazia Erausquin Ruiz

Natalie Meza Villar

Pepi Patrón Costa

María Grazia Sibille

Patricia Ruiz Bravo y Aranxa Pizarro QuiñonesEditoras

VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA UNIVERSIDAD Y LAS REDES SOCIALES

Acciones y agendas

Violencia de género en la universidad y las redes sociales Acciones y agendasPatricia Ruiz Bravo y Aranxa Pizarro Quiñones, editoras

© Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 2025Av. Universitaria 1801, Lima 32, Perú[email protected]

Este documento se ha realizado con la ayuda financiera de la Unión Europea y de la AECID. Las opiniones expresadas en el mismo no representan necesariamente la opinión oficial de la Unión Europea ni de la AECID.

Diseño, diagramación, corrección de estilo y cuidado de la edición: Fondo Editorial PUCP

Primera edición digital: julio de 2025

Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso de los editores.

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2025-07295e-ISBN: 978-612-335-059-8

Las ideas y opiniones expresadas en este documento son de los autores; no son necesariamente de la UNESCO, y no comprometen a la organización.

Índice

Presentación

Agradecimientos

I. Violencia de género y Universidad

La violencia de género en la universidad peruana

Patricia Ruiz Bravo

Aranxa Pizarro Quiñones

Violencia, políticas y cultura institucional en los claustros:. un estudio desde la perspectiva de género en Ayacucho

Narda Henríquez Ayín

Gina Arnillas Traverso

La violencia de género en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos: un campo de tensiones y luchas

Fanni Muñoz

Angélica Motta

Julián Mezarina

La prevención del hostigamiento sexual en el ámbito universitario. Estudio cualitativo en universidades de Arequipa, Cusco, Iquitos y Lima

Marisol Fernández

Valeria Mandujano

Masculinidades, universidad y comunidades ronderas en la región Cajamarca

Francesca Denegri

Raúl Rosales

II. Violencia de género en las redes

Violencia en redes y medios periodísticos

Susana Reisz

Amor, redes sociales y ciberviolencia de género en relaciones sexoafectivas entre adolescentes

Katherine Sarmiento

III. Abriendo caminos: acciones y propuestas

Prevención de violencia de género en Tacna: el caso de los programas MAFI y Sumaqwarmi del Centro Cristo Rey

Gabriela Gutiérrez Muñoz

María Grazia Erausquin Ruiz

Natalie Meza Villar

La falta de participación de las mujeres en el poder político en el Perú y la perpetuación de la violencia de género

Pepi Patrón Costa

María Grazia Sibille

Las autoras y autores

Presentación

El libro que presentamos reúne un conjunto de investigaciones realizadas entre 2022 y 2024 en el marco del proyecto «Violencia contra las mujeres: fortaleciendo la prevención desde la academia (PUCP)», financiado por la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y coordinado por el Grupo de Investigación en Estudios de Género de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). El objetivo principal del proyecto fue el de promover el papel de las comunidades universitarias en la prevención de la violencia contra las mujeres, a través de la investigación, la formación, la difusión y la incidencia para fomentar un proceso de reflexión en torno a la discriminación estructural que enfrentan las mujeres.

El libro busca analizar y visibilizar la violencia de género en distintos espacios—académico, digital y social—con el propósito de generar un conocimiento crítico que contribuya a su prevención y erradicación. A través de las investigaciones aquí reunidas se propone un abordaje integral que no solo evidencia las manifestaciones de la violencia, sino que también destaca estrategias de resistencia y transformación. La apuesta central de este trabajo es que la academia puede y debe desempeñar un rol activo en la lucha contra la violencia de género mediante la promoción de espacios de reflexión, incidencia y acción colectiva para generar cambios estructurales en la sociedad.

El libro se estructura en tres secciones, cada una centrada en un aspecto clave de la violencia de género y su impacto en distintos ámbitos. La primera, «Violencia de género y universidad», examina las experiencias, desafíos y políticas en torno a la violencia de género dentro de las instituciones académicas, abordando tanto sus manifestaciones como los mecanismos de respuesta y resistencia. La segunda, «Violencia de género en las redes», analiza cómo estas dinámicas se trasladan y transforman en los espacios digitales, y explora el papel de las redes sociales y los medios de comunicación en la reproducción y visibilización de la violencia. Finalmente, la tercera, «Abriendo caminos», reúne data, iniciativas y buenas prácticas orientadas a la prevención, mitigación y transformación de la violencia de género.

La primera sección abre con el artículo «Violencia de género en instituciones educativas peruanas», de Patricia Ruiz Bravo y Aranxa Pizarro Quiñones. En este texto las autoras examinan cómo el sistema de género en las universidades se sostiene mediante mecanismos formales e informales que perpetúan la desigualdad. Señalan que, si bien existen normativas institucionales para prevenir la violencia y el hostigamiento sexual, estas suelen verse debilitadas por prácticas cotidianas que refuerzan la discriminación. Finalmente, argumentan que la transformación de este sistema requiere no solo cambios estructurales, sino también la implementación efectiva de mecanismos de denuncia y sanción, así como la promoción de estrategias preventivas, entre ellas el voluntariado, la formación en género y el fortalecimiento de redes de apoyo.

Le sigue el trabajo de Narda Henríquez Ayín y Gina Arnillas Traverso, titulado «Violencia, políticas y cultura institucional en los claustros. Un estudio desde la perspectiva de género en Ayacucho», el cual examina las distintas formas en las que se manifiesta la violencia de género en una universidad de la región de Ayacucho, y analiza el impacto de las normativas y políticas públicas implementadas para su prevención. Además, la investigación se centra en las prácticas culturales y dinámicas sociales que moldean las relaciones de género en la región y que, a su vez, se reproducen en el entorno de la educación superior.

En tercer lugar se encuentra el artículo «La violencia de género en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos: un campo de tensiones y luchas»,de Fanni Muñoz, Angélica Motta y Julián Mezarina, el cual examina la problemática de la violencia de género en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y explora las estrategias implementadas para su atención y prevención. A partir de estos hallazgos, las autoras plantean una serie de recomendaciones dirigidas a la prevención y al fortalecimiento institucional. Para desarrollar su análisis llevaron a cabo un estudio cualitativo centrado en cuatro facultades: Educación, Medicina Humana, Derecho y Ciencias Políticas, y Ciencias Sociales. La investigación incluyó entrevistas estructuradas, la conformación de grupos focales y el análisis de documentos institucionales, normativas internas y estudios previos sobre la violencia de género en el ámbito universitario.

A continuación, Marisol Fernández y Valeria Mandujano presentan el estudio «Universidad y hostigamiento sexual», el cual tiene como objetivo analizar las acciones implementadas para prevenir el hostigamiento sexual y sexista en universidades públicas y privadas de Arequipa, Cusco, Iquitos y Lima, centrándose en las estrategias impulsadas tanto por las instituciones como por el estudiantado para abordar esta problemática. En este sentido, la investigación busca evaluar el grado de cumplimiento de las normas y reglamentos sobre hostigamiento sexual en las universidades analizadas, así como analizar el impacto y la capacidad de incidencia de las organizaciones estudiantiles en la prevención de esta problemática.

Finalmente, la sección cierra con el artículo «Masculinidades, universidad y comunidades ronderas en la región Cajamarca», de Francesca Denegri y Raúl Rosales, el cual examina cómo se manifiesta la violencia de género en una universidad de Cajamarca, una región andina con una arraigada cultura patriarcal. Además, contextualiza este fenómeno en el marco de la procedencia del expresidente Pedro Castillo, maestro y rondero, cuya gestión se caracterizó por una postura abiertamente contraria a las políticas de género. Con este propósito, se plantea un enfoque interseccional para el estudio de las masculinidades, considerando factores como la clase social, la identidad étnica y el contexto regional. Además, se examinan las prácticas sociales y dinámicas propias de instituciones como las rondas campesinas, las cuales se reproducen en diversos espacios, incluida la universidad.

La segunda sección, «Violencia de género en las redes», reúne dos investigaciones que exploran las formas en las que la violencia de género se manifiesta y se perpetúa en los espacios digitales y mediáticos. La primera de ellas, «Violencia en redes y medios periodísticos» de Susana Reisz, analiza las múltiples expresiones de maltrato simbólico que enfrentan las mujeres con visibilidad pública en el Perú, ya sea en la política, el entretenimiento o en otros ámbitos de exposición mediática. A través de este estudio, se busca no solo visibilizar estas agresiones, sino también identificar los patrones que las sustentan y proponer interpretaciones que ayuden a comprender sus causas y motivaciones.

La segunda, «Amor, redes sociales y ciberviolencia de género en relaciones sexoafectivas entre adolescentes», de Katherine Sarmiento, analiza el rol de las redes sociales en estas experiencias entre adolescentes en San Juan de Lurigancho, con el objetivo de generar evidencia que ayude a diseñar estrategias de prevención más efectivas en el contexto peruano y latinoamericano. De acuerdo con la autora, la expansión de las tecnologías digitales ha producido nuevas formas de violencia basada en género, especialmente en relaciones sexoafectivas, donde la ciberviolencia puede manifestarse como control, insultos o invasión de la privacidad.

Finalmente, la tercera sección, «Abriendo caminos», presenta iniciativas y estrategias para enfrentar la violencia de género y promover cambios estructurales. En esta parte se incluyen dos investigaciones. En primer lugar está el trabajo «Prevención de violencia de género en Tacna: el caso de los programas Madres Adolescentes Fortalecidas e Integradas (MAFI) y Sumaqwarmi del Centro Cristo Rey», de Gabriela Gutiérrez Muñoz, María Grazia Erausquin Ruiz y Natalie Meza Villar. La investigación analiza los programas MAFI y Sumaqwarmi del Centro Cristo Rey en Tacna, enfocados en la prevención de la violencia de género. Los resultados muestran que estos programas brindan apoyo emocional, educativo y productivo a mujeres vulnerables mediante la creación de redes de apoyo que les permiten salir del ciclo de violencia. Sin embargo, enfrentan desafíos debido a las condiciones previas de abuso y las limitaciones institucionales. A pesar de esto, se destacan aprendizajes significativos tanto en las usuarias como en las trabajadoras, y se identificó la necesidad de más recursos y compromiso político para mejorar y expandir las intervenciones sin perder calidad.

Por otro lado, la investigación «La falta de participación generalizada de las mujeres en las esferas públicas de poder político en el Perú y su posible vinculación con la perpetuación de la violencia de género en el país», de PepiPatrón Costa y María Grazia Sibille. El trabajo buscó identificar los niveles y características de la participación política de las mujeres en el Perú y las condiciones en las que esta se produce. Como señalan, la participación política de las mujeres sigue siendo limitada y enfrenta obstáculos estructurales, a pesar de los avances en términos de leyes que promueven la equidad. Si bien ha habido un aumento del número de mujeres en espacios de poder, muchas defienden agendas conservadoras que no favorecen la igualdad de género. El problema no es solo la falta de mujeres en la política, sino la ausencia de quienes impulsen una agenda feminista. Para cambiar esta situación, las investigadoras sostienen que es crucial transformar la cultura desde la educación, los medios y el debate público, además de implementar estrategias contra el acoso político y la violencia de género.

Para cerrar, este libro es una muestra del compromiso colectivo por comprender y transformar las múltiples formas que adopta la violencia de género en el Perú. Al reunir investigaciones que dialogan entre sí desde distintos contextos, metodologías y perspectivas, buscamos no solo mostrar las desigualdades estructurales que afectan a las mujeres, sino también visibilizar las respuestas que se gestan desde las comunidades académicas, activistas y territoriales. Con ello, reafirmamos que el conocimiento situado es una herramienta fundamental para la prevención y erradicación de la violencia de género, y que la universidad —como espacio de producción de saberes, pero también como institución atravesada por relaciones de poder— debe asumir un rol activo en esta lucha. Esperamos que este libro inspire nuevas preguntas, debates y acciones comprometidas con la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

Agradecimientos

Agradecemos al vicerrector de Investigación de la PUCP, doctor Eduardo Ísmodes, por su invaluable apoyo en la publicación de este libro. Desde el primer momento en el que le presentamos la propuesta, no solo la acogió con entusiasmo, sino que brindó un respaldo fundamental para hacerla realidad. Expresamos también nuestro reconocimiento al Fondo Editorial de la PUCP por su acompañamiento en todo el proceso editorial y, en particular, a Patricia Arévalo, cuyo compromiso y apoyo constante fueron clave para la concreción de este proyecto.

Asimismo, extendemos nuestra profunda gratitud a cada una de las y los investigadores que formaron parte de esta iniciativa. Su esfuerzo, dedicación y rigor académico hicieron posible esta publicación. Gracias a su compromiso hemos logrado articular un trabajo que no solo enriquece el debate académico, sino que también ofrece herramientas fundamentales para comprender la violencia de género y desarrollar estrategias efectivas para su prevención.

Agradecemos especialmente al Instituto de Analítica Social e Inteligencia Estratégica (PULSO PUCP) y a Vania Martínez por su apoyo en la aplicación de la encuesta a nivel nacional y su asesoría en el procesamiento estadístico. De igual manera, reconocemos el valioso trabajo de Yanile Velarde, Angie Quispe y Sol Univazo, quienes participaron como voluntarias y asistentes en las fases iniciales de la investigación. También agradecemos a Eloy Neira Riquelme por su excelente labor en la corrección de estilo de los artículos.

Nuestro reconocimiento se extiende al Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas (CISEPA PUCP) por su apoyo logístico en el desarrollo del proyecto. En especial agradecemos a Paola Patiño, Elizabeth Vallejos y Carla Tagle, cuyo aporte ha sido clave para su implementación y ejecución.

Finalmente, expresamos nuestro profundo agradecimiento a la Unión Europea (UE) y a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) por el financiamiento que permitió llevar a cabo estas investigaciones y compartir sus hallazgos a través de este libro. Agradecemos a Agustina Daguerre, Rocío Bravo y Luis Puentes por su confianza y respaldo y, muy especialmente, a José Roberto Piqueras Bouillon, coordinador general de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Las editoras

I.Violencia de género y Universidad

La violencia de género en la universidad peruana

Patricia Ruiz Bravo

Pontificia Universidad Católica del Perú

Aranxa Pizarro Quiñones

Pontificia Universidad Católica del Perú

La violencia de género en el Perú es un problema estructural que afecta todos los ámbitos de la vida pública y privada. Las instituciones educativas, las organizaciones políticas, los espacios laborales, la calle, el hogar y la intimidad se ven afectados por esta tara social. Este capítulo explora cómo la violencia se ha normalizado y perpetuado en las universidades peruanas, convirtiéndolas en un reflejo de las desigualdades de género que atraviesan la sociedad peruana. Estos espacios funcionan como microcosmos sociales en los que las dinámicas de género, poder y violencia no solo se reproducen, sino que se intensifican. En estos espacios, las estructuras patriarcales y de género se perpetúan a través de prácticas discriminatorias y actos de violencia que afectan desproporcionadamente a las mujeres y a las personas con identidades de género no normativas (Buquet & otros, 2013; Ruiz Bravo & Pizarro, 2022; Alcázar & Balarín, 2018).

La cultura institucional de las universidades, como han señalado diversos estudios (Palomar, 2009; Ruiz Bravo & Sánchez, 2019; Alonso & de Paz, 2019; Ahmed, 2021), está profundamente influenciada por reglas no escritas que refuerzan un machismo latente y patente y se infiltran en todos los niveles jerárquicos. Aunque estas instituciones son percibidas como espacios destinados a la promoción de la igualdad y la justicia, en la práctica revelan incoherencias significativas entre su misión educativa y las dinámicas de poder que perpetúan desigualdades de género (Ruiz Bravo & Sánchez, 2019).

Las universidades no solo reflejan las desigualdades de género de la sociedad, sino que también las consolidan y perpetúan a través de prácticas nocivas, como el silencio institucional frente a las denuncias de violencia. Las normas diseñadas para prevenir y sancionar estos abusos suelen quedar en un estado de incumplimiento sistemático o se aplican de manera desigual, dependiendo del estatus del involucrado o de la presión mediática. Ahmed (2021) describe este fenómeno como «no-performatividad», un concepto que alude a cómo los actos de habla institucionales no logran materializar lo que enuncian. Un acto de habla, entendido como una acción realizada a través del lenguaje dentro de criterios socialmente establecidos, pierde su fuerza transformadora cuando se limita a lo declarativo y no conlleva un cambio real en las prácticas institucionales. En ese sentido, En palabras de Ahmed (2021), estas disposiciones se convierten en «letra muerta», un marco normativo vacío que, lejos de garantizar la igualdad, legitima la inacción frente a los abusos. Esto refleja cómo las universidades, en lugar de actuar conforme a sus declaraciones de compromiso con la igualdad, convierten sus discursos en gestos vacíos. Un acto de habla, entendido como una acción realizada a través del lenguaje dentro de criterios socialmente establecidos, pierde su fuerza transformadora cuando se limita a lo declarativo y no conlleva un cambio real en las prácticas institucionales.

Las prácticas cotidianas reflejan una discriminación abierta y explícita en muchos casos, mientras que en otros se manifiesta de manera más sutil, pero igualmente perjudicial. Esta realidad compromete el mandato formativo y democrático de las instituciones de educación superior. Estas violencias afectan la construcción de la ciudadanía, el autorrespeto, la formación de una comunidad orientada al bien común y, por supuesto, la identidad subjetiva de las mujeres, quienes muchas veces internalizan estas actitudes bajo pensamientos como «así son ellos» o «tal vez es mi culpa», lo que las lleva a optar por el silencio y evitar la denuncia. Estas experiencias son vividas por estudiantes, docentes y personal administrativo, lo que complejiza las relaciones de autoridad y poder en el ámbito universitario.

Las experiencias de hostigamiento sexual, violencia y discriminación en el ámbito universitario afectan la calidad de la educación, lo que genera barreras que limitan el desarrollo académico y personal de muchas mujeres incluyendo docentes, estudiantes y personal administrativo (Rodríguez-Jaume, 2014; Ruiz Bravo & Mezarina, 2022; Ruiz Bravo & otros, 2017). Esta realidad recorta el derecho de las mujeres a una educación libre de violencia y refleja cómo las desigualdades de género siguen profundamente arraigadas en las instituciones educativas. En este contexto, la educación se convierte no solo en un derecho negado, sino en una experiencia condicionada por una cultura patriarcal que obstaculiza su potencial transformador.

La violencia de género en las universidades no es un fenómeno aislado, sino una manifestación de un sistema estructural que normaliza y perpetúa la violencia como un mecanismo de control sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres. Este sistema afecta el desarrollo humano al limitar las oportunidades y el bienestar de las personas, y refuerza ciclos de exclusión y vulnerabilidad. La violencia de género no solo impacta a las víctimas individuales, sino que tiene efectos profundos en el desarrollo de la sociedad en su conjunto, perpetuando injusticias y limitando el potencial de las futuras generaciones. Combatir esta violencia es esencial para avanzar hacia una educación que promueva el desarrollo humano y la justicia social.

La movilización feminista en el Perú ha sido fundamental para visibilizar y combatir la violencia de género en diversos contextos. Movimientos como «NiUnaMenos» y otras iniciativas estudiantiles en las universidades han evidenciado la magnitud del problema y han exigido respuestas institucionales que, en la práctica, continúan siendo insuficientes. Las manifestaciones feministas de 2016 y 2018, básicamente centradas en la capital del país, marcaron un punto de inflexión en la visibilización de la violencia de género en la educación superior, logrando insertar el tema en la agenda pública. Estos hitos reflejan el poder de la acción colectiva y de las demandas feministas para transformar los espacios de educación superior en lugares seguros y justos para todas las personas. Sin embargo, la pandemia y la falta de voluntad institucional han ralentizado estos avances, reflejando las resistencias estructurales que enfrenta el movimiento feminista en el país. Estas movilizaciones tienen una dinámica diferente en las universidades regionales, pues los discursos conservadores alientan el miedo y paralizan las acciones estudiantiles bajo amenazas y coerción.

Para analizar la violencia de género en las instituciones de educación superior peruanas, este artículo se estructura en cinco secciones. En primer lugar, veremos cómo las prácticas discriminatorias y los actos de violencia evidencian las profundas desigualdades que persisten en universidades públicas y privadas en distintas regiones de país. En la segunda sección analizaremos las respuestas institucionales, destacando su papel clave en la prevención y atención de la violencia, así como sus frecuentes limitaciones y desafíos. Luego abordaremos la noción del «oído feminista» propuesta por Sara Ahmed (2021) como una herramienta clave para reconocer, validar y actuar frente a las experiencias de violencia de género, así como para fomentar el desarrollo de espacios más seguros e inclusivos en las instituciones de educación superior peruanas. Posteriormente, en una quinta sección proponemos un bosquejo de las principales acciones que a nuestro juicio deben guiar la reflexión y el activismo. Por último, presentaremos unas reflexiones finales.

1. La violencia de género en las instituciones de educación superior peruanas

De acuerdo con las investigaciones realizadas en instituciones de educación superior (IES) peruanas presentadas en este libro, la violencia de género adopta múltiples formas: hostigamiento sexual, extorsión, chantaje sexual, violencia física, verbal y psicológica, entre otras. En varios casos docentes y autoridades se coluden para «mirar hacia otro lado» y proteger a sus colegas, reforzando lo que Segato (2003) describe como la «fratría masculina». Esta dinámica se sostiene a través de discursos dobles y engañosos que encubren los abusos. La violencia sexualizada y el hostigamiento sexual en las universidades peruanas reflejan, en muchos casos, un «ciclo de extorsión» en el que docentes y autoridades universitarias emplean su poder para intimidar o chantajear a estudiantes, especialmente mujeres. Esta realidad ha sido puesta en evidencia tanto en Lima con en universidades regionales, mostrando que las dinámicas patriarcales que legitiman y reproducen la violencia de género siguen siendo parte de la cultura institucional de las universidades peruanas.

La contribución de Francesca Denegri y Raúl Rosales a este volumen, «Masculinidades, universidad y comunidades ronderas en la región Cajamarca», revela que, en el contexto universitario, la violencia de género es un problema ampliamente extendido y profundamente arraigado. Esta violencia se manifiesta principalmente en prácticas de hostigamiento y chantaje sexual por parte de docentes hacia estudiantes, lo que perpetua un ciclo de abuso de poder y subordinación. Este panorama se ve considerablemente agravado por la ausencia de movimientos estudiantiles feministas o de mujeres que puedan cuestionar y confrontar estas dinámicas de violencia en la región Cajamarca. La falta de espacios organizativos de resistencia contribuye a consolidar un ambiente profundamente machista, donde las víctimas se ven silenciadas y sus denuncias son sistemáticamente ignoradas o minimizadas. Esta situación favorece la creación de una cultura del silencio, en la que tanto la complicidad como el temor a represalias dificultan la visibilidad y la denuncia de la violencia de género.

A esta problemática se suma que, aunque los ronderos representan una forma de organización social basada en la justicia comunitaria, en la que las mujeres desempeñan un papel activo, persiste un «doble discurso» que permite la coexistencia de prácticas de justicia con actitudes patriarcales que, en última instancia, condonan y perpetúan la violencia de género. Este fenómeno se ve acentuado por el contexto cultural, en el que coexisten diversas masculinidades, tanto hegemónicas como subterráneas, que generan formas de masculinidad profundamente enraizadas en características regionales. Estas masculinidades regionales, influenciadas por las tradiciones y normas locales, no solo refuerzan una estructura de poder desigual, sino que también contribuyen a la perpetuación del hostigamiento sexual, particularmente por parte de docentes hacia estudiantes. Las interacciones entre estas masculinidades y las dinámicas sociales existentes refuerzan las jerarquías de género y perpetúan un ciclo de violencia, lo que afecta gravemente la convivencia en la región y en las instituciones de educación superior; de este modo, se consolidan las estructuras de poder que refuerzan las dinámicas de desigualdad y violencia de género, y dificultan cualquier intento de cambio en las prácticas sociales y educativas.

En el caso de la región Ayacucho, como se revela en la investigación de Narda Henríquez Ayín y Gina Arnillas Traverso, «Violencia, políticas y cultura institucional en los claustros. Un estudio desde la perspectiva de género en Ayacucho», la violencia en la universidad es un fenómeno profundamente arraigado y significativo, pero a menudo es ignorado o minimizado por las autoridades. Al analizar la violencia sexualizada, se identifica un patrón alarmante de asedio, chantaje y extorsión por parte de docentes que abusan de su posición de poder para manipular a los estudiantes. Estos docentes establecen lo que podría describirse como un «ciclo de extorsión», en el que intervienen intermediarios que facilitan una oferta indebida de notas a cambio de sobornos y privilegios sexuales. Este abuso institucional es particularmente evidente en cuanto se trata de estudiantes provenientes de zonas rurales, donde las estructuras locales de poder, sumadas a las normas tradicionales de género, refuerzan la subordinación femenina y dificultan enormemente la movilización y denuncia de las víctimas. La combinación de estos factores crea un entorno en el que la violencia de género no solo es tolerada, sino que se perpetúa mediante una red de complicidad institucional que impide cualquier intento de transformación o justicia.

Este ciclo de extorsión puede desglosarse en tres etapas claramente diferenciadas: (1) el asedio, que representa el primer contacto entre el docente y la estudiante, en el cual se establece una relación de poder abusivo, generalmente marcada por el hostigamiento constante; (2) el ciclo de extorsión, en el que las transacciones se monetarizan y sexualizan, presionando a las estudiantes a ceder a los chantajes para obtener notas o favores académicos, creando una atmósfera de coerción y vulnerabilidad; y (3) la especulación del entorno, donde se genera un clima de rumores y especulaciones entre el alumnado, lo que refuerza la cultura del silencio y la impunidad dentro de la institución. Este proceso se ve acentuado por la práctica de «puertas cerradas», una metáfora que ilustra cómo la institución evita deliberadamente abordar la problemática, cerrando los canales de denuncia y perpetuando un sistema que no solo normaliza estos abusos, sino que también los encubre, permitiendo que continúen sin consecuencias. Así, se consolidan estructuras de poder que refuerzan la opresión y la violencia, asegurando que los abusos sigan siendo invisibles y no sean sancionados.

La contribución de Marisol Fernández y Valeria Mandujano, «La prevención del hostigamiento sexual en el ámbito universitario. Estudio cualitativo en universidades de Arequipa, Cusco, Iquitos y Lima», realizada en universidades de Arequipa, Cusco, Iquitos y Lima, revela que las instituciones en estas regionesno brindan respuestas adecuadas ni suficientes ante las denuncias de violencia de género. Además, muchas universidades ni siquiera reportan estos casos, debido a la falta de sanciones concretas para las autoridades o instituciones que omiten tomar acción. Esta situación genera temor en las estudiantes, quienes enfrentan el riesgo de represalias académicas por parte de los docentes agresores, así como la revictimización y la culpabilización tanto de parte de profesores como de compañeros que han interiorizado discursos machistas. En este contexto, los movimientos estudiantiles juegan un papel clave al ofrecer espacios de apoyo y cuidado. Sin embargo, como señalan las autoras, no en todas las regiones estos movimientos tienen una presencia activa.

A diferencia de lo que ocurre en Cajamarca y Arequipa, en Cusco, Lima e Iquitos sí existen movimientos estudiantiles activos que demandan respuestas concretas por parte de las autoridades. Sin embargo, estos esfuerzos se ven constantemente frustrados por la indiferencia institucional, ya que en muchas ocasiones las autoridades optan por «mirar hacia otro lado» y eludir su responsabilidad. La pandemia y la suspensión de actividades académicas han debilitado aún más la capacidad de acción de estos movimientos, particularmente en ciudades como Arequipa, donde la organización estudiantil ha perdido fuerza y visibilidad. Además, el número de docentes sensibilizados y comprometidos con la lucha contra la violencia de género es escaso en la mayoría de estas instituciones, lo que limita de manera significativa los avances en la prevención y en la implementación de estrategias efectivas para abordar esta problemática. Esta falta de compromiso institucional y académico refuerza una cultura del silencio en la lucha contra la violencia de género en las universidades.

El artículo de Fanni Muñoz, Angélica Motta y Julián Mezarina, «La violencia de género en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos: un campo de tensiones y luchas», identifica una relación estrecha entre la violencia de género y la corrupción dentro de la institución. Los hallazgos sugieren que la corrupción entre las autoridades no solo es palpable, sino que también ha permeado ciertos sectores del alumnado, lo que refleja una cultura institucional que normaliza y tolera prácticas abusivas, así como la impunidad. Esta intersección de corrupción y violencia de género crea un entorno en el que las denuncias de abuso son sistemáticamente deslegitimadas, lo que contribuye a la perpetuación de estas dinámicas y dificulta cualquier intento real de cambio o de justicia.

Para abordar la complejidad de este problema es fundamental analizar el comportamiento político y administrativo de la universidad, ya que estos aspectos estructurales constituyen obstáculos significativos para cualquier intento de transformación institucional. Este fenómeno está estrechamente relacionado con el concepto de «mandato de la masculinidad» y la «mafialidad» descritos por Segato (2003), en los que los sistemas de poder masculino y mafioso coexisten y se refuerzan mutuamente, consolidando una cultura de violencia, control e impunidad. Aunque existen movimientos estudiantiles que alzan la voz y luchan contra estas injusticias, las autoridades universitarias suelen ignorar o minimizar las denuncias, perpetuando así el problema. Este patrón no se limita a las universidades de Lima, sino que también se observa en las universidades regionales, donde las estructuras de poder locales refuerzan las dinámicas de exclusión y violencia, dificultando aún más cualquier intento de cambio real.

Sumado a los hallazgos de las investigaciones incluidas en este libro, un estudio cuantitativo realizado en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) en 2020 reveló que el 71,5% de los estudiantes encuestados había sido víctima de algún tipo de violencia de género a lo largo de sus vidas (Salazar & Medina, 2021). Por otra parte, un estudio previo en la misma universidad (2018) mostró que un 14% de los estudiantes afirmaron haber experimentado hostigamiento sexual (Ruiz Bravo & Mezarina, 2022). Sin embargo, al introducir una mayor visibilización del problema y manifestaciones específicas sobre las formas de hostigamiento, este porcentaje aumentó a 66%, con un desglose del 56% de varones y 76% de mujeres1. Este incremento en el reconocimiento del hostigamiento sexual ante su visibilización demuestra la normalización de conductas violentas, un patrón que ya hemos señalado anteriormente (Ruiz Bravo & Mezarina, 2022).

En un ámbito más amplio, un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo (2019) en 46 universidades peruanas, tanto públicas (22) como privadas (24), confirmó la presencia de hostigamiento sexual en las instituciones educativas, aunque no proporcionó cifras específicas ni un diagnóstico detallado de la situación. Este estudio es particularmente relevante, porque demuestra que el hostigamiento sexual no es un fenómeno aislado restringido a una o dos universidades, sino un problema sistémico y de alcance nacional. Su carácter transversal exige un enfoque integral que abarque tanto universidades públicas como privadas, y que considere las diferencias contextuales y estructurales de cada institución.

***

A modo de cierre es evidente que la violencia de género en el ámbito universitario constituye un problema estructural profundamente arraigado que se manifiesta de diversas formas, desde el hostigamiento y chantaje sexual hasta dinámicas de corrupción y silenciamiento institucional. Los estudios analizados subrayan cómo estas violencias se intersectan con variables culturales, políticas y sociales, revelando patrones de abuso que se ven reforzados por la ausencia de mecanismos efectivos de prevención y respuesta. Asimismo, muestran que aunque existen esfuerzos de resistencia —como los movimientos estudiantiles en algunas regiones—, estos se enfrentan a estructuras institucionales que perpetúan la impunidad y desincentivan el cambio. En gran parte de las universidades estudiadas, las autoridades no reconocen la magnitud ni la gravedad del problema de la violencia de género, a pesar de las numerosas denuncias de hostigamiento y chantaje sexual presentadas por las víctimas. Las leyes y normativas existentes para prevenir estos abusos no se cumplen de manera efectiva, a pesar de que tales normas están formalmente establecidas. El cumplimiento se limita a un nivel meramente formal y burocrático, sin un enfoque de género que asegure la protección real de las mujeres y las disidencias dentro del entorno universitario. Esto refleja una falta de compromiso institucional para garantizar un espacio seguro y libre de violencia para los miembros de la comunidad académica, perpetuando un ciclo de impunidad y desprotección para las víctimas de violencia de género. Esta situación contribuye a una cultura del silencio que reproduce la violencia de género. En este contexto, conceptos como el «oído feminista» propuesto por Ahmed (2021) se vuelven esenciales para reconfigurar las dinámicas de poder que sostienen estas violencias. Como veremos más adelante, escuchar y otorgar legitimidad a las experiencias de las víctimas no solo es un acto de justicia, sino también un paso imprescindible hacia la transformación institucional.

2. Respuestas institucionales

En el contexto peruano, las universidades muestran una notable carencia de respuestas efectivas frente a la violencia de género y el hostigamiento sexual. Si bien se han implementado oficinas y mecanismos de denuncia, estos suelen carecer de una auténtica intención de acción, lo que Ahmed (2021) denomina «puertas que se cierran». Este concepto alude a un sistema que perpetúa el status quo y reproduce dinámicas patriarcales profundamente arraigadas en la cultura universitaria. Estas dinámicas no solo permiten la persistencia de la violencia de género y el hostigamiento sexual, sino que también refuerzan estereotipos de género y desincentivan las denuncias, limitando así las posibilidades de transformación institucional.

Las investigaciones sobre violencia de género y hostigamiento sexual en instituciones de educación superior en el Perú han permitido identificar tres escenarios (véase el artículo de Marisol Fernández y Valeria Mandujano en este libro). En primer lugar, existen universidades que carecen de reglamentos y protocolos específicos, donde no se evidencia ni la intención ni la acción para abordar el hostigamiento sexual y la violencia de género. En estas instituciones la ausencia de normas claras y procedimientos establecidos refleja una grave desatención hacia un problema crítico y urgente. La falta de adopción e implementación de reglamentos y protocolos no solo deja desprotegidos a los miembros de la comunidad universitaria, especialmente a las mujeres, sino que también evidencia una falta de voluntad política de las autoridades, quienes no reconocen la importancia de implementar mecanismos eficaces para prevenir y abordar la violencia de género en sus campus. Este grupo refleja un vacío institucional frente a estas problemáticas.

En segundo lugar se encuentran las universidades que cuentan con reglamentos y protocolos, pero que no han sido implementados de manera efectiva. En la mayoría de estas instituciones las rutas institucionales para presentar denuncias son percibidas como ineficaces, poco accesibles y de difícil comprensión. En algunos casos incluso las propias autoridades universitarias desconocen estas rutas, lo que pone de manifiesto la falta de compromiso real y sostenido de la institución frente a esta problemática. Esta desconexión no solo refleja una brecha en la comunicación interna, sino también una omisión en el cumplimiento de sus responsabilidades para garantizar un entorno seguro y justo para todos los miembros de la comunidad académica, constituyendo un fenómeno que Ahmed (2021) denomina «el maquillaje de las universidades». Según Ahmed, estas medidas son adoptadas únicamente en el plano formal, para proyectar una imagen de cumplimiento ante instancias de supervisión, como fue el caso de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) en su momento, sin que ello implique un compromiso real con la transformación de las dinámicas de poder que perpetúan la violencia.

Esta situación ha provocado una profunda frustración entre el estudiantado de diversas universidades, quienes han recurrido a diversas formas de protesta para visibilizar la ausencia de medidas efectivas contra la violencia de género. En muchas de estas instituciones, la falta de acción de las autoridades ha dado lugar a marchas, «escraches» y pronunciamientos públicos que buscan denunciar la inercia de las universidades frente a este grave problema. Estas manifestaciones no solo exponen la insatisfacción de los estudiantes, sino que también evidencian la creciente movilización social y la presión que las comunidades universitarias están ejerciendo para exigir cambios. La falta de respuesta por parte de las autoridades se ha convertido en un catalizador para la lucha estudiantil, la cual reclama un compromiso claro y tangible con la creación de espacios seguros para todos los miembros de la comunidad académica. Sin embargo, la lucha estudiantil ha perdido fuerzas durante la pandemia y los años posteriores; existe un hartazgo generalizado y un gran deterioro de la salud mental que han tenido como consecuencia una menor vinculación con el activismo estudiantil.

Por último, se identifican aquellas universidades que han implementado reglamentos y protocolos de manera efectiva, las cuales lamentablemente representan una minoría dentro del panorama general. De hecho, entre todas las universidades analizadas en el estudio, solo un número reducido ha avanzado en la implementación de estas normativas. Ahora bien, lo que destaca en estos casos es que la adopción de estos reglamentos no ha sido el resultado de una decisión política de las autoridades universitarias, sino más bien de la presión constante y la organización del movimiento estudiantil feminista dentro de las instituciones. Esta realidad subraya la ausencia de un compromiso institucional genuino y muestra cómo los esfuerzos de los movimientos sociales son los que han logrado abrir un espacio para la implementación de medidas que deberían haber sido adoptadas de manera proactiva por las propias autoridades universitarias.

En conclusión, el panorama de las universidades en el Perú frente a la violencia de género y el hostigamiento sexual revela una estructura institucional profundamente limitada y condicionada por dinámicas patriarcales que perpetúan la inacción y la cultura del silencio. La falta de voluntad política y la desconexión entre los mecanismos formales y su implementación efectiva reflejan un sistema que prioriza la apariencia de cumplimiento por encima de la transformación estructural necesaria para abordar estas problemáticas. Por ello, es clave que las universidades asuman su responsabilidad no solo como centros de formación académica, sino como espacios seguros que promuevan la igualdad de género, reconociendo y respondiendo activamente a las demandas de sus comunidades. Sin este cambio estructural y cultural, la violencia de género y el hostigamiento sexual continuarán siendo una realidad que obstaculiza el desarrollo de una educación inclusiva y justa.

3. La importancia del oído feminista

De acuerdo con Ahmed (2021), la falta de respuestas institucionales efectivas y, en ciertos casos, el encubrimiento de denuncias de hostigamiento sexual y violencia de género en las universidades, pone en evidencia la necesidad de desarrollar lo que denomina un «oído feminista». El oído feminista supone escuchar las denuncias, así como validar y otorgar legitimidad a las experiencias de las víctimas. En el caso de las universidades peruanas muchas carecen de protocolos y reglamentos contra el hostigamiento sexual, y aquellas que los poseen no los implementan de manera efectiva. Esta situación refleja un contexto institucional donde el oído feminista es una herramienta escasa y difícil de encontrar. En estos escenarios, fomentar su desarrollo requiere la construcción de una masa crítica capaz de identificar y desafiar las dinámicas de poder que legitiman la desigualdad y la violencia, comprometiéndose activamente con la transformación de las comunidades universitarias.

Ahora bien, como sostiene Ahmed (2021), el procedimiento de denuncia es un camino poco transitado, difícil de identificar y aún más complejo de seguir. Este panorama se agrava cuando las autoridades encargadas de gestionar las denuncias deslegitiman los testimonios de las víctimas, ya sea al no tomarlos en serio o al calificarlos de exagerados. En este proceso, las víctimas no solo enfrentan indiferencia institucional, sino que también son frecuentemente sometidas a prácticas de revictimización; les hacen preguntas que reproducen estereotipos de género y que las responsabilizan por los actos de violencia sufridos, cuestionando su vestimenta, comportamiento o incluso la forma en la que se desplazaron. Estas narrativas prejuiciosas desvían la atención de los agresores, perpetúan la impunidad y refuerzan una cultura institucional que protege la violencia.

Ahmed agrega que no solo el procedimiento de denuncia es un camino difícil, sino que la denuncia misma es percibida como interferencia porque desafía la lógica patriarcal que predomina en las universidades, donde el hostigamiento sexual y la violencia de género suelen ser ignorados o minimizados. Esta situación refleja una cultura del silencio que, como evidencian las investigaciones, protege y encubre la violencia en lugar de confrontarla. En este contexto, el propio proceso de denuncia se convierte en una forma adicional de violencia. No solo se les exige navegar un sistema hostil y desarticulado, sino que también enfrentan la posibilidad de ser ignoradas o desacreditadas. Esta doble victimización no es casual, es un síntoma de un sistema diseñado para perpetuar las dinámicas de poder existentes.

Frente a esta realidad, Ahmed sostiene que «un oído feminista puede ser la forma en que escuchas lo que no está siendo escuchado» (2017, p. 203). Escuchar lo que no está siendo escuchado supone captar e interiorizar un mensaje que, institucionalmente, ha sido bloqueado y escuchado solo como interferencia. En otras palabras, «Los sonidos del ‘no’, las quejas sobre la violencia, las negativas a reírse de chistes sexistas, las negativas a cumplir con demandas irrazonables; adquirir un oído feminista es escuchar esos sonidos como discurso» (p. 203). En ese sentido, un oído feminista rompe con el status quo patriarcal al desafiar las prácticas institucionales y los hábitos informales que perpetúan la cultura del silencio. En palabras de Ahmed, «Un oído feminista puede liberar una válvula de presión» (p. 203).

Asimismo, Ahmed (2021) sostiene que el oído feminista puede entenderse como una estrategia institucional transformadora. Este enfoque implica atender las denuncias de manera efectiva, lo cual requiere, en primer lugar, identificar y desmantelar las barreras estructurales que dificultan su recepción y gestión. Es decir, un oído feminista permite analizar dónde y por qué las denuncias se estancan dentro del canal institucional, lo que a su vez permite revelar las dinámicas de poder y exclusión que operan en estos procesos; además, da luces para comprender cuáles son los mecanismos estructurales que perpetúan el silencio y la desatención hacia quienes se atreven a denunciar. Ahora bien, el oído feminista no solo visibiliza las barreras institucionales frente a la denuncia, sino que también sienta las bases para una transformación institucional, una que garantice que todas las voces sean escuchadas y todas las demandas sean atendidas.

Es importante mencionar que, como señala Ahmed (2021), no todas las voces son valoradas de la misma manera, ni todas las personas gozan de la misma credibilidad dentro de las instituciones de educación superior. En estos contextos, el oído feminista permite identificar cómo variables como género, raza, clase, orientación sexual y otras intersecciones influyen significativamente en el reconocimiento y la legitimidad que se otorga a quienes denuncian. Asimismo, las características individuales y las posiciones sociales que las personas ocupan determinan en gran medida el peso que sus testimonios adquieren dentro de las dinámicas institucionales. Reconocer estas desigualdades estructurales es un paso imprescindible para construir espacios que prioricen la equidad y el respeto, y que garanticen que las voces de quienes se atreven a denunciar no solo sean escuchadas, sino también tomadas en serio como agentes legítimos de cambio y justicia.

En conclusión, la implementación de un oído feminista en las universidades no solo es una estrategia necesaria, sino también urgente para enfrentar las dinámicas de silencio e impunidad que perpetúan el hostigamiento sexual y la violencia de género. Este enfoque implica no solo escuchar las voces de quienes denuncian, sino también validar sus experiencias y transformar las estructuras institucionales que históricamente han deslegitimado estas demandas. Un oído feminista debe ser una herramienta activa para desmantelar las barreras culturales y estructurales que sostienen la desigualdad, promoviendo un cambio profundo hacia entornos más justos y equitativos. Reconocer la diversidad de experiencias y otorgar credibilidad a todas las voces, especialmente a las más silenciadas, es el primer paso para construir instituciones comprometidas con la igualdad y la justicia de género.

4. Apuntes para la prevención

Ahora nos enfrentamos a la pregunta, ¿qué pasos debemos seguir ahora? ¿Cuál es la agenda posible de prevención de violencia para las universidades? Aunque los índices varían según las regiones de donde provienen, frente a la alta prevalencia y el impacto de la violencia en jóvenes universitarios no es posible desatendernos del problema. Asumimos el compromiso de pensar en estrategias que nos permitan enfrentar este complejo sistema que sostiene la violencia. A continuación, señalamos algunos puntos que pueden entenderse como los primeros pasos para diseñar propuestas de prevención de la violencia en el país.

4.1. Conocimiento situado y la importancia de la investigación

Un paso inicial imprescindible es contar con la información específica sobre la violencia y sus distintas modalidades de expresión, así como sus efectos académicos y personales en la población universitaria. Para que esta data sea útil, debe ser contextualizada considerando no solo la diversidad regional, sino también el género y las particularidades de cada disciplina académica.

La investigación debe contar con un enfoque interseccional y basarse en evidencia tanto cuantitativa como cualitativa. Contar con datos sólidos es esencial para visibilizar los problemas y diseñar estrategias de intervención que respondan de manera efectiva a las realidades de cada región. En este sentido, la perspectiva interseccional resulta clave en un país tan diverso como el Perú, donde múltiples matrices culturales, económicas y sociales configuran las experiencias de género y, por ende, las formas en que se manifiesta y se percibe la violencia.

Estas diferencias no solo influyen en la manera en la que la violencia es vivida y expresada, sino también en su impacto dentro de la comunidad universitaria. Comprender la violencia desde una mirada interseccional permite identificar cómo interactúan factores como la clase, la raza, la etnicidad, la orientación sexual y la identidad de género para generar vulnerabilidades diferenciadas. No todas las personas experimentan la violencia de la misma manera, por lo que las estrategias de prevención deben considerar estas intersecciones para ser realmente efectivas.

Para generar esta evidencia, es necesario implementar metodologías como encuestas, entrevistas y grupos focales, entre otros. Para asegurar la viabilidad de estos estudios es fundamental que el Estado asigne recursos adecuados que permitan a las universidades e instituciones públicas contar con financiamiento y equipos de trabajo especializados. Entidades como la SUNEDU o CONCYTEC podrían asumir un rol clave en la promoción y gestión de estas investigaciones, garantizando así una producción de conocimiento orientado a la toma de decisiones informadas.

4.2. Formación de redes: sororidad y cambio

A lo largo de nuestra experiencia en estos temas, hemos observado la relevancia que adquieren las redes de investigadoras y docentes para identificar problemas, proponer soluciones y plantear estrategias de prevención. Formar parte de una red de género ofrece a las docentes e investigadoras un espacio para compartir inquietudes, colaborar en proyectos conjuntos y detectar desafíos comunes, así como para aprender de trabajos previos y compartir instrumentos de medición, protocolos de atención, entre otros recursos valiosos.

Una propuesta que fue enarbolada por algunas instituciones con las que se ha trabajado es que se forme una red de género al interior de la Red Peruana de Universidades (RPU), de manera que se reconozca el problema y se visibilicen las iniciativas aisladas que docentes e investigadoras llevan adelante en sus regiones e instituciones educativas. Que la RPU se comprometa a albergar a una red de género y prevención de la violencia en su seno le daría una mayor legitimidad y se vería el compromiso real de las instituciones para erradicar la violencia y hacer de las universidades un espacio seguro.

Asimismo, a partir de las investigaciones hemos podido constatar la importancia que tienen las redes de estudiantes y egresadas. La participación activa de estudiantes juega un rol fundamental en la identificación de los problemas y en la elaboración de propuestas. Como resultado del proyecto se ha elaborado una guía de ciberseguridad para estudiantes y se están dando los primeros pasos para constituir una red de jóvenes que sean los promotores del cambio. Esta red incluye también los programas de voluntariado, así como las asociaciones de comunicadoras regionales interesadas en el tema.

Además de las redes, las investigaciones han evidenciado el papel fundamental de los movimientos estudiantiles, no solo en la promoción de cambios dentro de las universidades, sino también como espacios de contención, escucha y cuidado. Estos colectivos cumplen una función clave al ayudar a enfrentar la hostilidad y las dificultades que muchas estudiantes experimentan debido a la violencia de género y otras formas de discriminación. Por ello, es fundamental que las universidades reconozcan y respalden estas iniciativas estudiantiles, fomentando un diálogo continuo y horizontal que permita comprender sus perspectivas y necesidades. Brindar apoyo institucional a estos espacios no solo fortalecería la capacidad de respuesta ante situaciones de violencia, sino que también contribuiría a la construcción de comunidades universitarias seguras y libres de violencia.

4.3. Los planes de estudio y las mallas curriculares

El sesgo androcéntrico en la producción de conocimiento y los problemas que ello genera para una ciencia integral que dé cuenta de la diversidad han sido ampliamente estudiados. A pesar de que la necesidad de abordar esta cuestión ha sido señalada desde hace décadas, es necesario reiterar la relevancia de incluir en la formación universitaria cursos de género, violencia, diversidades y epistemología feminista. Solo a través de una educación que integre de manera crítica estas temáticas será posible garantizar que les futuros profesionales cuenten con una formación que les permita una toma de conciencia y un conocimiento sólido sobre esta temática.

Para ello, es fundamental que quienes se formen en diversas disciplinas adquieran herramientas pedagógicas que les permitan aplicar un enfoque de género en la enseñanza, sensibilizando a los estudiantes desde sus primeros ciclos. Esto implica no solo conocer las teorías y debates en torno al género y la diversidad, sino también desarrollar metodologías didácticas que promuevan la reflexión crítica y el cuestionamiento de los estereotipos y desigualdades presentes en la sociedad. La sensibilización debe comenzar desde los primeros ciclos de formación, asegurando que les estudiantes comprendan la relevancia de estas temáticas en su futuro ejercicio profesional.

Sin un enfoque integral que contemple las desigualdades estructurales, la violencia de género y las múltiples formas de discriminación, se corre el riesgo de perpetuar un conocimiento parcial e insuficiente para enfrentar los desafíos contemporáneos. Incorporar estas perspectivas en la educación superior no solo fortalece el desarrollo académico, sino el desarrollo de una masa crítica que fomente la construcción de espacios académicos y profesionales más comprometidos con la igualdad de género.

4.4. Las emociones, la cultura institucional y el arte: innovaciones en la academia

Retomando los aportes de Ahmed sobre el oído feminista y la importancia de los afectos y las emociones en la comprensión de la realidad y el cambio social, consideramos fundamental abordar la desigualdad, el poder y la violencia desde una perspectiva que integre estas dimensiones. Los afectos y las emociones no solo configuran experiencias individuales, sino que también juegan un papel clave en la construcción de feminidades, masculinidades y modelos de género, influyendo en las formas en que se reproducen y desafían las estructuras de poder. Las intervenciones que movilizan los afectos a través de las distintas formas de arte han mostrado su eficacia en la sensibilización y cuestionamiento de la violencia y el orden de género que la sostiene.

Si bien históricamente la formación académica ha privilegiado la racionalidad como eje del conocimiento, omitiendo la dimensión afectiva, es imprescindible reconocer que las emociones y los afectos son componentes esenciales del desarrollo integral del estudiantado. Incorporarlos en la enseñanza no solo fomenta una conciencia más empática, promoviendo así relaciones más saludables y una comprensión más profunda del otro, sino que resultan fundamentales para el aprendizaje.

Además, siguiendo a Ahmed, abordar la dimensión afectiva es clave para evitar un enfoque meramente normativo e impuesto desde arriba y, en su lugar, fomentar una comprensión más situada y relacional de las dinámicas entre estudiantes, docentes y autoridades. Las normas y principios no pueden quedarse en un plano abstracto; solo cuando se integran en el habitus cotidiano de la comunidad universitaria comienzan a cobrar verdadero sentido y a ser efectivamente implementados. Alcanzar este proceso requiere estrategias de sensibilización que, como mencionamos previamente, pueden incluir expresiones artísticas, concursos estudiantiles y otras iniciativas que promuevan una participación activa y reflexiva.

5. Reflexiones

Como hemos visto, la violencia en las universidades peruanas es más grave de lo que inicialmente se había pensado, tanto en Lima como en otras regiones. La violencia se manifiesta en diversas modalidades y se entrecruza con factores como etnicidad y clase social, afectando de manera diferenciada a estudiantes en función de estos elementos. Las formas de violencia incluyen hostigamiento y extorsión sexual, violencia física, verbal y psicológica, entre otras. Esta violencia está profundamente normalizada y es vista como un mal difícil de erradicar. Docentes y autoridades a menudo se coluden para «mirar hacia otro lado» y proteger a sus pares, cumpliendo con lo que Segato describe como la «fratría de la masculinidad». Este encubrimiento se sostiene mediante un discurso doble y engañoso que oculta los abusos. Las masculinidades regionales, moldeadas por las culturas locales, refuerzan estas prácticas, generando un ambiente en el que los docentes hostigan a estudiantes con mayor frecuencia.

El impacto en la identidad subjetiva de las mujeres dentro del sistema universitario resulta especialmente profundo, ya que estas dinámicas de desigualdad y violencia generan respuestas que oscilan entre el autocuestionamiento, el silencio y la normalización de las prácticas discriminatorias. El autocuestionamiento se refleja en pensamientos como «tal vez es mi culpa», lo que implica una internalización de la culpa frente a las agresiones o exclusiones experimentadas, en lugar de cuestionar las estructuras que las originan. Por otro lado, el silencio se convierte en una estrategia de supervivencia, donde frases como «Mejor no decir nada» revelan el temor a represalias o la percepción de que las denuncias serán desestimadas, perpetuando así una cultura de impunidad. Finalmente, la normalización de estas dinámicas bajo actitudes como «así son ellos» implica una resignación que refuerza la perpetuación de estas prácticas como algo natural e inmutable.

Esta internalización no solo afecta la autoestima y el bienestar psicológico de las mujeres, sino que también contribuye a mantener las estructuras de desigualdad al dificultar la capacidad de cuestionar y transformar el sistema. Al asumir estas dinámicas como inevitables, las mujeres pueden sentirse desprovistas de herramientas para resistir o desafiar el status quo, perpetuando un ciclo de opresión que refuerza la exclusión y la subordinación en el ámbito académico. Este impacto en la identidad subjetiva evidencia la necesidad urgente de intervenciones estructurales y culturales que empoderen a las mujeres, desnaturalicen estas prácticas y fomenten una transformación profunda de las dinámicas de poder en las universidades.

El sistema de género en las universidades, con su compleja interacción de normas escritas y no escritas, división sexual del trabajo, prácticas cotidianas discriminatorias, fratría masculina e impactos en la identidad subjetiva, revela una estructura profundamente arraigada que perpetúa la desigualdad de género en el ámbito académico. La violencia y el hostigamiento no solo se expresan en acciones explícitas, sino también en la omisión y la complicidad institucional que refuerzan estas dinámicas. La falta de implementación efectiva de mecanismos de denuncia y sanción, junto con la normalización de estas prácticas, evidencia la urgencia de transformar de manera estructural las relaciones de poder que rigen las instituciones universitarias.

Ante esta realidad es fundamental avanzar hacia la construcción de universidades que no solo proclamen la igualdad formal, sino que materialicen una igualdad sustantiva mediante un cambio profundo en sus dinámicas estructurales. El desafío radica en desnaturalizar las desigualdades, dotar a las instituciones de un oído feminista que priorice las voces de las víctimas y genere espacios seguros para cuestionar, resistir y transformar el statu quo. Además, es crucial integrar enfoques de género y derechos humanos en los programas educativos, así como establecer instancias eficaces de denuncia y sanción que brinden apoyo real y accesible a quienes enfrentan violencia de género. Solo a través de un compromiso colectivo y un cambio estructural en las relaciones de género será posible construir una educación superior verdaderamente equitativa y libre de violencia.

En este marco se plantean estrategias preventivas orientadas a combatir estas dinámicas de desigualdad y violencia. Estas incluyen la promoción del voluntariado como herramienta para fomentar el compromiso social y la participación activa de los estudiantes, la implementación de talleres y cursos de formación en temas de género para docentes y estudiantes y el desarrollo de una red nacional de comunicadoras que visibilicen las problemáticas y abran espacios de diálogo. Asimismo, resulta fundamental establecer alianzas y redes de colaboración con otras universidades, con el fin de compartir experiencias y buenas prácticas. Estas acciones son pasos esenciales hacia la construcción de comunidades universitarias más justas y comprometidas con la erradicación de la violencia y la discriminación de género.

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1 La encuesta preguntó por manifestaciones del hostigamiento sexual como, por ejemplo, miradas lascivas, silbidos, chistes sexistas, entre otros.

Violencia, políticas y cultura institucional en los claustros:. un estudio desde la perspectiva de género en Ayacucho

Narda Henríquez Ayín

Pontificia Universidad Católica del Perú

Gina Arnillas Traverso

Pontificia Universidad Católica del Perú

1. Introducción1