La humillación y la urgencia. Políticas de reparación posconflicto en el Perú E-Book

• Herausgeber: Fondo Editorial de la PUCP
• Kategorie: Fachliteratur
• Sprache: Spanisch
• Veröffentlichungsjahr: 2021

Seitenzahl: 253

Beschreibung

Este libro estudia las reparaciones a partir de la implementación del Plan Integral de Reparaciones, en tanto política pública, desde los programas de educación (Repared), vivienda (Mi Vivienda) y salud (salud mental), y reparaciones colectivas, así como de los diferentes mecanismos para resarcir a las víctimas del conflicto armado interno. Los resultados de las investigaciones ponen de relieve cómo se pri­vatizan las políticas de reparaciones, como ocurre con las becas o las políticas de vivienda.

Leseprobe

Eduardo González Cuevaes sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y magíster por la New School for Social Research en Nueva York. Ha sido director de Audiencias Públicas y Protección de las Víctimas en la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú y del Programa Verdad y Memoria del Centro Internacional de Justicia Transicional. Ha realizado diversas investigaciones sobre justicia transicional, memoria y reparaciones.

Eduardo Hurtadoes bachiller en Antropología con estudios de maestría en Derechos Humanos en la PUCP. Es investigador en temas de memoria y justicia transicional. Forma parte del Grupo Interdisciplinario sobre Memoria y Democracia de esta universidad.

Iris Javees licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y magíster en Ciencia Política por la PUCP. Es docente en esta última institución e investigadora del IDEHPUCP y del Grupo Interdisciplinario sobre Memoria y Democracia. Es autora de libros y artículos sobre memoria y justicia transicional, participación y comunicación política. Ha desarrollado políticas de comunicación y derechos humanos en diversas instituciones del Estado.

Werner Jungbluth Melgares sociólogo por la PUCP y magíster en Estudios Latinoamericanos por el Centre for Latin American Research and Documentation de la Universidad de Ámsterdam. Ha sido coordinador del Área de Investigación de la Dirección Académica de Responsabilidad Social de la PUCP y es miembro del Grupo Interdisciplinario sobre Memoria y Democracia de la misma universidad. Actualmente cursa estudios de doctorado en Sociología en York University.

Miryam Rivera Holguínes psicóloga por la UNMSM, magíster en Salud Mental en Poblaciones por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y doctoranda en la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de Lovaina. Es docente asociada del Departamento de Psicología de la PUCP y coordinadora del Grupo de Investigación en Psicología Comunitaria de esta universidad.

Tesania Velázquezes magíster en Psicología Clínica y Forense por la Universidad de Salamanca y doctoranda en Psicología por la PUCP. Es docente asociada del Departamento de Psicología y de la maestría en Psicología Comunitaria de esta universidad. Es miembro del Grupo de Investigación en Psicología Comunitaria de dicha institución.

Iris Jave Editora

La humillación y la urgencia

Políticas de reparación posconflicto en el Perú

La humillación y la urgenciaPolíticas de reparación posconflicto en el PerúIris Jave, editora

© Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 2021Av. Universitaria 1801, Lima 32, Perú[email protected]

© Pontificia Universidad Católica del PerúInstituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021Teléfono: (51 1) 626-2000 anexos 7500 - 7501Calle Tomás Ramsey 925, Lima 17, Perú [email protected]

Portada: Gigante Alado, de Francisco Guerra-García Campos

Diseño, diagramación, corrección de estilo y cuidado de la edición: Fondo Editorial PUCP

Primera edición digital: agosto de 2021

Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso de los editores.

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2021-09000e-ISBN: 978-612-317-674-7

Índice

Abreviaturas, acrónimos y siglas

Presentación

La humillación y la urgencia.Introducción

Eduardo González

El programa de Becas Repared. Las reparaciones como política pública

Iris Jave

Las víctimas del conflicto armado interno y las reparaciones en salud mental. Propuestas desde lo comunitario

Miryam Rivera Holguín

Tesania Velázquez

Diversas deficiencias y graves limitaciones. Políticas de reparación en vivienda y realidad de dos barrios de afectados y víctimas del conflicto armado interno en Lima

Werner Jungbluth

Desarrollo local desde la justicia transicional. Balance sobre la política de reparaciones colectivas en el Perú a diez años de su implementación (2007-2017)

Eduardo Hurtado

Abreviaturas, acrónimos y siglas

Anfadet

Asociación de Familiares de Desaparecidos, Ejecutados Extrajudicialmente y Torturados

Aprodeh

Asociación Pro-Derechos Humanos

ARIL

Asociación Reflexión de Inocentes Liberados

AVN

Adquisición de vivienda nueva

BFH

Bono Familiar Habitacional

CEAII

Comisión Especial de Asistencia a los Indultados Inocentes

CEAS

Comisión Episcopal de Acción Social

CIDH

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

CLP

Construcción en sitio propio

CMAN

Comisión Multisectorial de Alto Nivel

CNA

Comunidades Nativas Amazónicas

COAR

Colegios de Alto Rendimiento

Cofopri

Organismo de Formalización de la Propiedad Informal

Conavip

Coordinadora Nacional de Organizaciones de Afectados por la Violencia

Corte IDH

Corte Interamericana de Derechos Humanos

CVR

Comisión de la Verdad y Reconciliación

DGBPD

Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas

EIB

Educación Intercultural Bilingüe

Fonavi

Fondo Nacional de Vivienda

IDEHPUCP

Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP

IDL

Instituto de Defensa Legal

IES

Instituciones Educativas Superiores

Inabec

Instituto Nacional de Becas y Crédito Educativo

Mimdes

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social

Minjus

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Minsa

Ministerio de Salud

MV

Mejoramiento de vivienda

MVCS

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

OBEC

Oficina de Becas de Crédito Educativo

PC

Psicología Comunitaria

PCM

Presidencia del Consejo de Ministros

PIR

Plan Integral de Reparaciones (antes Programa Integral de Reparaciones)

PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PRAH

Programa de Promoción y Facilitación al Acceso Habitacional

PRED

Programa de Reparaciones en Educación

Pronabec

Programa Nacional de Becas Educativas

Pronoei

Programa No Escolarizado de Educación Inicial

PRS

Plan de Reparaciones en Salud

Rebred

Registro Especial de Beneficiarios de Reparaciones en Educación

RUV

Registro Único de Víctimas

SBN

Superintendencia de Bienes Nacionales

SIS

Seguro Integral de Salud

Sisfoh

Sistema de Focalización de Hogares

Sunarp

Superintendencia Nacional de Registros Públicos

Sunass

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento

Sunedu

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

VRAEM

Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro

Presentación

En esta publicación se ofrece un conjunto de estudios y reflexiones sobre el avance de las reparaciones a las víctimas del conflicto armado interno que se desarrolló en el Perú entre 1980 y 2000. Se ha elegido para ello una mirada particular, la de las reparaciones en tanto políticas públicas, que ha de complementar los diversos análisis ya existentes sobre la materia desde otros puntos de vista.

El Plan Integral de Reparaciones existe desde hace más de quince años. Desde su creación por ley del Congreso ha tenido un desarrollo constante, si bien accidentado y también desigual. Aunque está compuesto por distintos tipos de reparaciones, o programas, no todos ellos han sido implementados en igual grado. Algunos de ellos, como el programa de reparaciones colectivas, tuvo un despliegue temprano, tal vez por su posible asimilación a acciones más familiares para el Estado como las políticas de desarrollo y contra la pobreza. Otros, como el de reparaciones económicas individuales, han sido más tardíos y han motivado la mayor insatisfacción entre las víctimas. Un reproche general es el descuido de las reparaciones simbólicas, es decir, los gestos de reconocimiento oficiales que son los que, más allá de los bienes materiales o servicios, deben dar sentido verdaderamente reparador y dignificante a los diversos programas.

En la última década se ha producido una valiosa literatura académica sobre distintos aspectos del Plan Integral de Reparaciones o sobre algunos programas en particular. El desarrollo de las reparaciones ha sido abordado, por ejemplo, prestando atención al papel de las víctimas y a los sentidos que ellas encuentran, o confieren, a las diversas acciones reparadoras del Estado. Se ha estudiado, también, las relaciones entre las reparaciones y otras facetas de la situación de posconflicto en el Perú, como el cultivo de la memoria por las colectividades afectadas o su relación con la afirmación de la ciudadanía. Al mismo tiempo, se cuenta con algunos balances parciales del grado de implementación, los cuales no se enfocan únicamente en las marcas de cumplimiento, sino también, de manera importante, en la percepción de la población beneficiaria.

El ángulo de observación que se ha elegido para los estudios reunidos en esta publicación –el de las reparaciones como política pública—plantea algunas preguntas diferentes, pero también convergentes, con los estudios ya existentes. Se trata, en este caso, de examinar la manera como el Estado peruano ha incorporado en su lógica habitual la realización de tareas por definición extraordinarias, como son las medidas de justicia transicional, y entre ellas las reparaciones. El ciclo de desarrollo de una política pública –desde la determinación de una necesidad hasta la evaluación de lo realizado—plantea una serie de desafíos para medidas de carácter urgente como son las de reparaciones, así como suponen diversos riesgos. El principal de ellos es el peligro de que el Estado asimile las reparaciones a sus labores ordinarias de lucha contra la pobreza o de desarrollo social, privando así a aquellas de su particular contenido de justicia y de respuesta a las violaciones de derechos humanos sufridas por la población beneficiaria. Por otra parte, existe siempre el reto de incorporar la participación de las víctimas en el diseño mismo de las medidas, una tarea para la cual el Estado no está suficientemente preparado, o a la que no está lo bastante dispuesto, a pesar de que el principio de participación existe desde tiempo atrás en el ámbito de las políticas de desarrollo.

Así, la mirada de las reparaciones como políticas públicas abre dos conjuntos de interrogantes que se reflejan, con mayor o menor énfasis, en los trabajos aquí reunidos. Un conjunto se refiere a la acción del Estado mismo en cuanto estructura normativa, administrativa, técnica y burocrática. Se trata de observar de qué manera –con qué grado de rigidez o de flexibilidad, con qué capacidad y voluntad institucional para movilizar recursos—el Estado ha abordado el despliegue de los programas de reparación, así como la manera en que estos programas se han compaginado con estructuras o marcos institucionales preexistentes.

El otro conjunto de preguntas se orienta a la relación entre el Estado y las víctimas. La mirada hacia el Estado en su relación práctica y concreta con la sociedad es un complemento indispensable al análisis del Estado como estructura administrativa. En esta relación se pone en juego, a fin de cuentas, la posibilidad de consolidar una sociedad democrática. En el caso particular de las reparaciones, es especialmente importante preguntarse de qué manera esa relación con personas que, además de haber sufrido abusos, suelen ser de los sectores más excluidos, conduce a generar ciudadanía en lugar de perpetuar un trato subordinante. Al abordar esa cuestión, como se verá reflejado en estos trabajos, cobra especial interés el componente dialógico, es decir la interlocución que se crea a partir de las demandas de las víctimas, la apertura de los canales oficiales a la participación, o la comprensión estatal sobre el deber de reconocimiento –y no solo de provisión de servicios o bienes—entre otras cuestiones.

Para plantear esas cuestiones generales y otras más específicas en esta publicación se aborda cuatro programas o componentes del Plan Integral de Reparaciones: las reparaciones en términos de acceso a la educación a través de las becas Repared; el acceso a vivienda, a partir del programa Mi Vivienda; la atención a la salud mental, sugiriendo la importancia del modelo comunitario, y las reparaciones colectivas, y sus implicancias en el desarrollo local.

En el curso de este análisis se van evidenciando diversos problemas, sin desconocer, sin embargo, los avances realizados. Uno de ellos es la tendencia a privatizar las acciones de reparación, como ocurre en el manejo de las becas Repared y el protagonismo que adquieren las universidades privadas, así como sucede también con las políticas de vivienda al descansar sobre licitaciones con empresas constructoras. Es pertinente mencionar eso a manera de ejemplo, pues ilustra, precisamente, algunos matices del abordaje estatal –en un contexto político y cultural centrado en el principio de Estado mínimo—de un tema que es por definición de naturaleza pública.

Esta publicación, dirigida por Iris Jave, investigadora y coordinadora de la línea sobre memoria y democracia de IDEHPUCP, está compuesta por capítulos con autores particulares, pero es el resultado de un esfuerzo colectivo de discusión temática y de definición de metodologías y enfoques. Para esto último se llevó adelante talleres durante el 2018 (y es oportuno precisar que los datos aquí utilizados corresponden a ese año, salvo en dos casos en los cuales la información ha sido actualizada hasta el 2020). En el curso de ese trabajo colectivo se ha podido cultivar un acercamiento multidisciplinario al estudio de las reparaciones, buscando que, dentro de lo posible, el asedio académico a las acciones de reparación recoja también una comprensión de las prácticas estatales. Creemos que ese diálogo entre academia y estado, entre la mirada científica y la ejecución de políticas sobre el terreno, sin olvidar las voces de los directamente afectados y beneficiarios, es decir, las víctimas, debe ser ampliado en el futuro para una mejor comprensión de cómo el Estado peruano aborda sus obligaciones de justicia y reparación. Al presentar estas reflexiones en público, IDEHPUCP agradece el valioso apoyo de la Dirección General de Investigación de la PUCP, cuyo incentivo a la investigación y a la publicación es inapreciable.

Félix Reátegui

Pontificia Universidad Católica del Perú

La humillación y la urgencia.Introducción

Eduardo González

Pontificia Universidad Católica del Perú

Las historias de quienes sobreviven a graves períodos de violencia incluyen, en infalible sucesión, una historia de miedo y otra de humillación: primero, un estallido de atrocidad destruye los cuerpos; luego, una prolongada humillación destruye vidas. En efecto, la violencia suele ocurrir en un momento o un período determinado, que la memoria estabiliza en los parámetros de qué, cómo, quién, dónde y cuándo, y que se convierte en narrativa, como un material tóxico que se aísla, se procesa y se circula para algún uso útil o para su descarte. En el caso de las narrativas de la atrocidad, estas se convierten en unidades de contenido que diversas disciplinas —el derecho, la administración pública, la estadística, la psicología, la literatura— utilizan de distinta manera y con diferente propósito.

La obsesión de nuestra época con la memoria y con la narrativa de la violencia corre el riesgo de oscurecer el otro componente: la humillación prolongada de quien enuncia esa narrativa, la condición subalterna y marginalizada de la víctima, presente en el aquí y ahora. Tras la narrativa queda siempre la víctima, retratada por diversas disciplinas y para diversos fines, pero tercamente concreta, de carne y hueso, con sus urgencias y demandas.

El campo de la justicia transicional, un encuentro multidisciplinario con las secuelas de las violaciones masivas de derechos humanos, se ha decantado en cuatro grandes áreas de acción: la justicia penal, la búsqueda de la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. De todas ellas, la única centrada de forma exclusiva en la víctima y su situación concreta es la reparación: la respuesta no a la violación original —que es, en puridad, irreparable— sino a la situación actual en la que la víctima ha perdido la igualdad a la que tiene derecho en una sociedad. La acción de la justicia penal, como es evidente, está centrada en el acusado y en un proceso de gran complejidad técnica que debe resultar en una decisión sobre culpabilidad y castigo. La búsqueda de la verdad se enfoca en la voz de la víctima y en otro proceso, también de gran complejidad, que transforma esas voces en narrativas para uso social. Las garantías de no repetición son procesos de reforma que abstraen a las personas concretas, y se enfocan en instituciones y largos períodos históricos. Solo la reparación tiene como centro exclusivo a la víctima.

Así, la reparación es, ante todo, un proceso de reconocimiento en múltiples dimensiones: se reconoce la injusticia de la violación sufrida, la dignidad de la persona afectada, y la responsabilidad del Estado y la sociedad por lo ocurrido. Ese proceso está obligado a ser múltiple —o cuando menos, triple—, debido a que responde a la multiplicidad de la violencia, que impone de forma brutal el triple mensaje de que hay personas que merecen sus sufrimientos, que son menos que otras y por las que nadie tiene la obligación de preocuparse. La reparación asume que las secuelas de la violencia son tan importantes como el acto mismo de violencia, y que —en consecuencia— es indispensable restaurar, en el presente y en la materialidad de la vida, la humanidad de la víctima.

Pero la víctima, que es el foco de la reparación, es, además, el punto en el que convergen diversas exclusiones. Por lo tanto, requiere —si va a retar esa exclusión— construir diversas relaciones que contribuyan al pie de igualdad al que, al menos en la ficción de todos los órdenes políticos y legales, tiene derecho.

La reparación por la vía judicial, enfocada en individuos y en transferencias monetarias, tiene limitaciones intrínsecas para solventar la diversidad de niveles en los que la víctima necesita respuestas. Filosóficamente, la reparación judicial parte de la ficción de la restitución completa de la situación que existía antes de la violación, lo que es problemático al menos de dos maneras: en primer lugar, porque la naturaleza de una violación atroz hace materialmente imposible la restitución al estado original y, en segundo lugar, porque el estado anterior a la violación ya era, en la experiencia de la mayoría de las víctimas, injusto y violatorio de sus derechos. En efecto, la violencia masiva generalmente confirma y consolida un orden social injusto y excluyente, coloca o mantiene «en su lugar» a quienes están excluidos a través de actos de gran crueldad que pretenden «dar una lección» de inmovilidad y fatalismo.

La reparación monetaria individualizada, dictada por la vía judicial —aunque responde a una obligación estatal—, difícilmente tiene la capacidad de enfrentar de modo radical la integralidad de la violación: la crueldad extrema, la pedagogía infernal de que unos están para sufrir y otros para infligir sufrimiento. Además, la reparación judicial, administrada desde una instancia particularmente opaca del Estado, conlleva enormes dificultades de acceso para los excluidos.

El campo de la justicia transicional, por ello, ha explorado alternativas al paradigma clásico de la reparación judicial, individual y monetaria. Por décadas, a partir de experiencias como la reparación a sobrevivientes del Holocausto, los Estados han aceptado implementar reparaciones a través de mecanismos administrativos más sencillos en el acceso y la operación, y que presentan un abanico de opciones complementarias entre sí para responder mejor a las necesidades concretas de las víctimas: la comprensión de que la víctima tiene una dimensión colectiva —asociativa o comunitaria—; la necesidad de responder a demandas que no pueden resolverse con dinero en efectivo, como las medidas de satisfacción simbólicas y los servicios de atención a la medida de las necesidades de las víctimas respecto de su rehabilitación física y psicológica; y la restitución de derechos conculcados.

En el Perú, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) hizo constar la importancia de la reparación con la elaboración de un meticuloso Plan Integral de Reparaciones, incluido en el Reporte Final de 2003. No era aparente que la comisión desarrollase con tal precisión estas propuestas: las experiencias de reparación que existían hasta el momento —por violaciones de derechos humanos— eran sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligaban al Estado a investigar y sancionar los crímenes, y a otorgar indemnizaciones económicas a las víctimas. No obstante, estas eran muy pocas: aquellas cuyos casos habían alcanzado una gran visibilidad y habían navegado, a veces durante más de una década, el complejo sistema judicial nacional y el interamericano. Por otro lado, era un reto imaginar que el Estado pudiese generalizar el trato financiero individualizado de las reparaciones —al nivel de compensación en el sistema interamericano— para víctimas cuyo número era incierto, pero que no podía ser menor de decenas de miles.

El plan de la CVR fue el resultado de la interlocución con las organizaciones de víctimas y con expertos internacionales, todos los cuales estaban explorando conceptos —en ese entonces— aún tentativos. En perspectiva, el trabajo de lograr, en los pocos meses de vida de la Comisión, una reflexión filosófica y jurídica, y traducirla en política pública, fue sumamente audaz. Algunas organizaciones, como los familiares de los desparecidos, tenían ya una experiencia significativa defendiendo sus derechos frente al Estado; otras, como las de personas injustamente encarceladas por terrorismo, estaban en sus inicios, aún involucradas en lograr la liberación de cientos de inocentes condenados bajo las leyes draconianas del fujimorismo; y otras, como el movimiento de desplazados, no veían sus procesos organizativos necesariamente en clave de reparación, sino de movilidad humana y reconstrucción.

Casi una veintena de años después de ese momento fundacional, la reparación, pese a una historia plagada por los altibajos de la política pública en el Perú, ha mantenido una cierta continuidad. El Plan Integral propuesto por la CVR, con diversas alteraciones —algunas graves—, sobrevivió en lo fundamental al proceso legislativo, y se ha implementado en mayor o menor medida, en paralelo a otros importantes procesos, como los juicios a violadores de derechos humanos, la búsqueda de los desaparecidos y la creación de espacios de memoria. Tal vez, pero esta es una hipótesis sin más fuente que la anecdótica, la reparación encuentra relativamente menos resistencias que la justicia penal y la memoria, porque aquellas medidas implican una confrontación clara con los perpetradores y las instituciones en las que actuaron, en tanto que la reparación se enfoca en la víctima.

Y aquí llegamos a una paradoja que está en el centro de la reflexión de este volumen, publicado por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP): de un lado, la reparación presenta una gran radicalidad porque implica el reconocimiento de dignidad de quienes están en una posición de total —y aún presente— humillación; de otro, la reparación suele subsumirse en las narrativas de la solidaridad y el desarrollo, y se normaliza como un mecanismo de transferencia, un acto potencialmente tecnocrático que lo aísla de la polémica causada por los procesos judiciales y de memoria.

Los cuatro ensayos propuestos en este volumen cubren estratégicamente áreas diferentes del paradigma de la reparación judicial, individualizada y monetaria: en efecto, cuestionan la lógica y la implementación de la reparación en vivienda, en educación y en salud mental, y reflexionan sobre su dimensión comunitaria en el Perú. La lectura agregada de los cuatro textos consolida la impresión contradictoria de que medidas radicales han sido implementadas en una forma normalizadora y que, sin embargo, el potencial emancipador de la reparación permanece, pese a la carga de la implementación tecnocrática y revictimizante. En última instancia, y para volver a la dicotomía inicial entre acto de violencia y experiencia de la humillación, la reflexión del volumen propone que la reparación puede seguir direcciones en extremo distintas: o bien una administración burocrática de la humillación o bien un reto radical a las condiciones que desencadenaron la violencia inicial.

Para entender el sentido de los ensayos propuestos, conviene subrayar el marco conceptual de la reparación, tal como cada uno de ellos, en mayor o menor medida, hace explícito: la reparación se implementa a través de políticas públicas con los instrumentos de gestión propios del Estado, pero no es lo mismo que las tradicionales políticas sociales dedicadas al desarrollo o a la reconstrucción. La forma de la implementación es similar, pero el leitmotiv animador es distinto. Las políticas de desarrollo tienen como eje la equidad, que se traduce en la implementación de servicios y obras que distribuyan los beneficios del crecimiento económico. Por otro lado, las políticas de reconstrucción que suelen implementarse tras una catástrofe tienen, como principio animador, la solidaridad y, como forma, la focalización: reconstruir tras un desastre natural implica una acción extraordinaria y única que convoca la solidaridad de todos con un grupo identificable, víctima de una fuerza ciega —la naturaleza— que destruye sin responsabilidad ni culpa por un acto de su mera potencia.

La reparación es un acto de aceptación de «responsabilidad», lo que la distingue, entonces, de las políticas de desarrollo, que son un acto de «equidad», y de las acciones de reconstrucción, que son un acto de «solidaridad». Las medidas dirigidas hacia las víctimas de graves violaciones, hacia los beneficiarios de programas de desarrollo y hacia los damnificados por una catástrofe pueden ser similares o incluso iguales, pero no se sustituyen unas a otras ni conllevan el mismo mensaje.

Esta distinción es clave para valorar los hallazgos de los ensayos incluidos en este volumen, que denuncian que, pese a que los servicios ofrecidos como reparación se implementan, con frecuencia esto ocurre sin el sentido propio de la reparación: el reconocimiento de responsabilidades y, por consiguiente, el efecto restaurador de la dignidad de las víctimas, lo que resulta en el mantenimiento de condiciones de humillación y, no pocas veces, de revictimización.

Los ensayos de Jungbluth y Jave —el primero sobre la reparación en vivienda y el segundo sobre las becas de educación superior— ilustran la mecánica y las consecuencias de la mezcla de sentidos entre la reparación y el desarrollo. En efecto, el Estado subsume a las víctimas que deben ser reparadas en programas de desarrollo ya existentes: en un caso, el programa Techo Propio, de vivienda social, y, en el otro, el programa Beca 18, para jóvenes con alto rendimiento que viven en situación de pobreza. Administrativamente, esta fusión, que simplifica la gestión de programas parecidos, podría tener sentido. No obstante, en el camino, se pierde el mensaje reparador del servicio ofrecido a las víctimas: su experiencia no se distingue en nada de la de los beneficiarios de los programas de desarrollo. De hecho, las víctimas silencian su identidad como tales para incluirse en el conjunto anónimo y más amplio de los beneficiarios.

Los programas de vivienda y educación no tienen, entonces, mayor especificidad para las víctimas: ni la vivienda se piensa con las características que serían adecuadas a las condiciones de aquellas —algunas denuncian ser enviadas a las viviendas menos deseables— ni la educación superior incluye un elemento de reconocimiento de las condiciones particulares de los estudiantes —muchos de ellos, con poca mentoría y asesoría, terminan por abandonar el programa—.

Más problemático aún es el hecho de que estas formas de reparación quedan subsumidas en la estrategia de alianza público-privada que el Estado ha decidido implementar para las políticas de desarrollo. Se otorga no necesariamente una vivienda, sino un bono que luego ha de hacerse valer ante una empresa privada, que es la que ha construido el conjunto habitacional y, por tanto, toma las decisiones de adjudicación. Lo mismo, en un paralelo casi perfecto, ocurre con la Beca Repared, que, al ser subsumida en la Beca 18, resulta en la cobertura de estudios en un centro educativo privado, que recibe el pago del Estado e implementa el servicio. Empresas constructoras y centros de educación privados se benefician de los pagos estatales, y otorgan los servicios a quienes, despojados de la posición de víctimas que merecen reconocimiento, han pasado a la de beneficiarios de políticas de desarrollo y, probablemente, a la de clientes de un actor privado.

El artículo de Jungbluth deja entrever una dirección retadora: en algunos casos, por su propia debilidad, el Estado ha dejado que la implementación corra a cargo de las mismas víctimas. Antes de la existencia del Plan Integral de Reparaciones, un proceso distinto y ad hoc se inició para una categoría específica de víctimas: los inocentes que sufrieron condena injusta por delito de terrorismo. El Estado implementa una reparación en vivienda que es, en realidad, en terreno y, por la debilidad, desidia o incompetencia de las autoridades, son las víctimas las que tienen que llevar a cabo todo: desde ocupar físicamente el terreno para protegerlo de usurpaciones, hasta habilitar el terreno y construir viviendas y servicios. En otras palabras, las víctimas, en un proceso no planeado, terminan a cargo de su propia reparación, y crean un barrio de acuerdo con sus propias decisiones y siguiendo sus propios procesos organizativos. Aunque la historia del barrio «Hubert Lanssiers» puede leerse como una nueva historia de desidia y abandono, presenta sorpresivamente un aspecto innegable de resiliencia y reconstrucción.

El artículo de Jave, y el de Rivera Holguín y Velázquez proponen otra pista fundamental para entender por qué la reparación —como está siendo implementada— pierde su efecto reparador. Los procesos de reparación suelen asumir un marco de comprensión e intervención individual: la reparación en salud mental corre el riesgo de convertirse en intervenciones terapéuticas a cada individuo, por separado, y basadas en la medicalización. Naturalmente, la intervención medicalizada individual es importante en muchos casos, en particular, en situaciones de urgencia, pero la recuperación, como argumentan Rivera Holguín y Velázquez, requiere, además, la reconstrucción de vínculos sociales y comunitarios, redes de pertenencia y sentido que faciliten y potencien los recursos de la persona. Sin embargo, como hace notar Jave, en una conexión inesperada y sorprendente, la implementación, además de individualizar, atomiza: los jóvenes que acceden a la Beca Repared ingresan solos al proceso, no tienen asociaciones visibles, no tienen una identidad colectiva en los centros de educación superior en los que están presentes y —cuando tienen la fortuna de contar con una mentoría— esta es individual.

Rivera Holguín y Velázquez identifican en forma certera el problema subyacente a todo el proceso de reparaciones y no solo a la reparación en salud mental, que es el objeto de su ensayo: al centro se encuentra la pregunta de qué es ser víctima. Víctima —explican— es un concepto cargado de suposiciones sociales y culturales que resultan en una construcción inmovilizante y quietista. En efecto, el presupuesto tácito de las políticas hacia las víctimas es que sean pobres, inocentes y pacientes. La palabra «paciente», en este caso, se refiere a la paciencia requerida de quienes esperan con resignación un servicio que puede o no venir. Sin embargo, no es casual que «paciente» sea también la persona cuyo cuerpo recibe la intervención médica. Es decir, los términos mismos del lenguaje nos ofrecen azarosamente un paralelo con consecuencias reales en el mundo: se espera que las víctimas no sean actores de sus propios procesos de reparación, sino «pacientes» de una intervención especializada en la que solo pueden confiar. En consecuencia —denuncian Rivera Holguín y Velázquez— la reparación ya viene dañada porque resulta ser una suerte de recompensa a esa paciencia, y una contraparte del silencio y de la disciplina que —recordemos— ha sido impuesta por la violencia en primer lugar.

La respuesta a este estado de cosas —proponen Rivera Holguín y Velázquez— es la participación activa, y no solo procedimental, de las víctimas en el proceso reparador. Desde el paradigma de la psicología crítica, proponen que la salud mental no puede entenderse como un complejo individual, sino social, en el que la condición es el resultado de una sociedad que tiene características patológicas y patologizantes. El proceso de sanación no puede reducirse al modelo doctor-medicina-paciente, sino que necesita involucrar a una multiplicidad de actores para superar —a través de la acción colectiva— el dolor paralizante impuesto a las víctimas. Finalmente, la organización de estas últimas —sugieren las autoras— es un instrumento de acción y de sanación: una alternativa al círculo vicioso de desconfianza razonablemente aprendida en el que muchas víctimas pueden quedar atrapadas, y que lleva a la ausencia de involucramiento y la perpetuación de la marginación.