Qué hacemos con la educación E-Book

Enrique J. Díez

• Herausgeber: Ediciones Akal
• Kategorie: Bildung
• Serie: Qué hacemos
• Sprache: Spanisch
• Veröffentlichungsjahr: 2012

Seitenzahl: 133

Beschreibung

¿Qué educación queremos? Aunque tal vez sea mejor preguntar: ¿qué sociedad queremos? En tiempo de recortes y contrarreforma, ¿qué futuro nos depara el mayor ataque a la educación en democracia? ¿Qué sociedad quieren construir quienes apuestan por la privatización, la segregación y el desmatelamiento de la pública? Frente a una escuela basada en la exclusión, la desigualdad, el elitismo disfrazado de excelencia y el sometimiento al mercado, ni nos resignamos ni nos conformamos con salvar los muebles: apostamos por que educar sea mucho más que estudiar para superar exámenes: educar para saber, para pensar, para ser libres; educar para la convivencia y para construir una democracia mejor. ¿Qué educación queremos? ¿Qué sociedad queremos construir? ¿Qué hacemos?

Leseprobe

Qué hacemos

¿Qué hacemos cuando todo parece en peligro: los derechos sociales, el Estado del bienestar, la democracia, el futuro? ¿Qué hacemos cuando se liquidan en meses conquistas de décadas, que podríamos tardar de nuevo décadas en reconquistar? ¿Qué hacemos cuando el miedo, la resignación, la rabia, nos paralizan?

¿Qué hacemos para resistir, para recuperar lo perdido, para defender lo amenazado y seguir aspirando a un futuro mejor? ¿Qué hacemos para construir la sociedad que queremos, que depende de nosotros: no de mí, de nosotros, pues el futuro será colectivo o no será?

Qué hacemos quiere contribuir a la construcción de ese «nosotros», de la resistencia colectiva y del futuro compartido. Queremos hacerlo desde un profundo análisis, con denuncias pero sobre todo con propuestas, con alternativas, con nuevas ideas. Con respuestas a los temas más urgentes, pero también otros que son relegados por esas urgencias y a los que no queremos renunciar.

Qué hacemos quiere abrir la reflexión colectiva, crear nuevas redes, espacios de encuentro. Por eso son libros de autoría colectiva, fruto del pensamiento en común, de la suma de experiencias e ideas, del debate previo: desde los colectivos sociales, desde los frentes de protesta, desde los sectores afectados, desde la universidad, desde el encuentro intergeneracional, desde quienes ya trabajan en el terreno, pero también desde fuera, con visiones y experiencias externas.

Qué hacemos quiere responder a los retos actuales pero también recuperar la iniciativa; intervenir en la polémica al tiempo que proponemos nuevos debates; resistir las agresiones actuales y anticipar las próximas; desmontar el discurso dominante y generar un relato propio; elaborar una agenda social que se oponga al programa de derribo iniciado.

Qué hacemos esta impulsada por un colectivo editorial y de reflexión formado por Olga Abasolo, Ramón Akal, Ignacio Escolar, Ariel Jerez, José Manuel López, Agustín Moreno, Olga Rodríguez, Isaac Rosa y Emilio Silva.

Diseño de portada

RAG

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© Agustín Moreno, Enrique Díez, José Luis Pazos y Miguel Recio, 2012

© Ediciones Akal, S. A., 2012

Sector Foresta, 1

28760 Tres Cantos

Madrid - España

Tel.: [phone]

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www.akal.com

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@AkalEditor

ISBN: 978-84-460-3738-5

Akal / Qué hacemos

Agustín Moreno, Enrique Díez, José Luis Pazos y Miguel Recio

Qué hacemos con la educación

«Es necesario mantener la esperanza, incluso cuando la áspera realidad

sugiera todo lo contrario. En esta situación la lucha por la esperanza significa

la denuncia de los desmanes, de los fraudes y las omisiones.

Denunciándolos despertamos en los otros y en nosotros mismos la necesidad

y el gusto por la utopía. Los educadores sin esperanza contradicen su práctica.

Son hombres y mujeres sin rumbo, perdidos en la Historia».

(Paulo Freire, 2007)

I. La educación en tiempos de recortes

La educación pública española, a consecuencia de los compromisos de los sucesivos gobiernos con la Iglesia católica y con la patronal de la enseñanza, nunca ha llegado a romper del todo con las tres principales herencias del franquismo: segregación clasista, confesionalidad y un amplísimo sector privado costeado con fondos públicos. No obstante, se han logrado importantes avances en el desarrollo de la red pública, con un incremento notable de centros y de profesorado, bajada de ratios de alumnado por aula, ampliación de la edad escolar obligatoria, escolarización casi total desde los tres años, y mayor acceso a estudios superiores de las capas populares.

Esta línea de conquistas está siendo sistemáticamente atacada desde hace tiempo en diferentes comunidades autónomas por los gobiernos de la derecha, cuya ideología mercantilista y privatizadora («menos Estado y más mercado») quiere convertir la educación en un negocio, poniendo gran parte de los nuevos centros educativos en manos de la enseñanza privada concertada, mayoritariamente católica. Este proceso de privatización, que pretende convertir la escuela pública en subsidiaria de la privada, se ha acentuado de forma exponencial en los últimos años.

Y más ahora que, con el pretexto de la crisis, se ha abierto la veda contra la educación pública y se está aplicando todo un programa sistemático de desmantelamiento, mediante continuos recortes y estrangulamiento económico. Desde las políticas conservadoras del gobierno central y los autonómicos se ha decidido entrar a saco en ella a través de una reducción estratégica de la inversión, en términos de PIB, con el consiguiente intento de deterioro de la calidad y equidad de la educación pública española. Podemos estar, si no se detiene, ante un retroceso histórico que nos devolvería a la escuela de pobres del franquismo y, en consecuencia, a una universidad sólo para ricos.

El Real Decreto-ley 14/2012 de 20 de abril recorta 3.000 millones de euros en educación, de forma adicional a la reducción contenida en los Presupuestos Generales del Estado para 2012. Si unimos lo anterior a los más de 3.000 millones recortados en los dos últimos años, estamos hablando de un billón menos de las antiguas pesetas en inversión educativa. Así se reconoce en el Programa Nacional de Reformas presentado por el gobierno actual ante Bruselas.

Los recortes aplicados suponen además la eliminación progresiva de la educación de 0 a 3 años como etapa educativa, la práctica desaparición de la formación permanente del profesorado, la precarización de la función docente (más horario lectivo, menos retribuciones, sustitución de bajas a partir del décimo día), la masificación de las aulas (brutal aumento del 20% de la ratio alumnado-aula), junto a una reducción drástica de becas y de la oferta educativa en ESO, Bachillerato, FP y Escuelas de Idiomas, mediante un recorte del 66% en transferencias a las comunidades.

Estos tijeretazos se suman a los que ya han hecho las propias comunidades en años precedentes, reduciendo plantillas, salarios, tutorías, desdobles, materias optativas, servicios de orientación, ayudas y un largo etcétera.

Y como corolario de todo lo anterior, una salvaje reducción de empleo público educativo. Medidas como la eliminación de horas de trabajo del docente fuera del aula para transformarlas en horas lectivas, el incremento de ratios y la reducción de la atención a la diversidad han dejado ya, o van a dejar, sin empleo a decenas de miles de profesoras y profesores interinos. Una reducción drástica y repentina que es fácil para la Administración, al haber mantenido desde hace años unas altas tasas de temporalidad totalmente injustificadas, con un profesorado competente que ha demostrado su valía y experiencia de forma sobrada y que juega una función imprescindible en las aulas para asegurar la calidad educativa.

Con estas medidas, no sólo puede incrementarse el fracaso escolar, sino que centenares de escuelas públicas serán fusionadas (especialmente en el ámbito rural), al aumentar las ratios y reducir las plantillas, mientras que los programas de apoyo y refuerzo serán laminados. Y todo ello mientras se sigue subvencionando a familias que optan por centros privados de elite.

A lo anterior hay que añadir la asfixia económica de la universidad pública española, que ha perdido unos 370 millones de euros desde 2010 (algo más del 5%), a lo que se suma el bárbaro recorte en Educación Superior y en I+D+i, a la par que aplican una brutal subida de tasas universitarias, aumentan las horas lectivas del profesorado universitario en un 50%, convierten la docencia en una especie de «castigo» para los no investigadores, expulsan al profesorado asociado por miles e impiden realizar ninguna convocatoria de plazas fijas en las universidades públicas.

Los ejes básicos de la nueva contrarreforma Wert, denominada Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación, giran en torno a los siguientes principios y medidas:

1.º Reducir el número de asignaturas y centrar la carga lectiva en unos contenidos mínimos y elementales, lo que en la terminología neoconservadora se llama «volver a lo básico». Dedicar así el periodo de educación obligatoria a preparar mano de obra barata y flexible, dotada de unos conocimientos instrumentales básicos para acceder a un mercado laboral precario y en constante rotación. Lo que Berlusconi resumió con el lema de las tres «ies»: «Inglese, Internet, Impresa» (traducido en España, este último, por «espíritu emprendedor»). De paso, recentralizar la educación y debilitar el peso de las humanidades, las sociales y las enseñanzas artísticas. 

2.º Segregación a través de diversos itinerarios que en la práctica supondrán seleccionar y clasificar cuanto antes al alumnado, desgajándolos del tronco común a través de tres vías.

La primera, con los llamados programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento en 2.º y 3.º de la ESO, es decir desde los 13 años, para que el alumnado que debería repetir sea agrupado con todos aquellos que tienen dificultades y con un currículo devaluado, algo que hará muy difícil superar la reválida para obtener el título de ESO.

La segunda, a los quince años al sustituirse los programas de cualificación profesional inicial (PCPI: una vía para aquel alumnado con mayores dificultades de aprendizaje y que sólo se utilizaban en último extremo para dar una oportunidad de titulación con una orientación hacia el mundo laboral a los 16 años) por un nuevo ciclo de Formación Profesional Básica (FPB). Esta se adelanta a 2.º de la ESO, si se ha repetido. No da acceso directo a la Formación Profesional de grado medio ni permite titular en ESO, algo que condena de hecho a la marginación social. No sería una opción muy excepcional (PCPI) sino una vía ancha para conducir de forma masiva hacia la FPB a un alumnado muy joven. Además se empuja a estos programas a los que tengan una «situación socioeconómica desfavorable», equiparando así pobreza y poca capacidad para el estudio.

Por último, se adelanta también la vía hacia la formación profesional tras 3.º de ESO, a través de asignaturas optativas, para que en 4.º los itinerarios hacia la FP o el Bachillerato estén «bien diferenciados». Itinerarios que no conducirían a reducir el abandono y el fracaso escolar, como pretenden hacernos creer, sino a eliminar progresivamente la comprensividad y la igualdad de oportunidades durante la etapa obligatoria en educación, derivando cuanto antes a la población escolar con mayores dificultades o menos recursos hacia la FP de grado medio, convirtiéndola de nuevo en una vía de segunda categoría.

Cuanto antes se segrega más se atenta contra la igualdad de oportunidades y se niega la capacidad de cambio de niños y adolescentes. Por ello la filosofía de este modelo educativo es generar más desigualdades y favorecer una sociedad aún más clasista que la existente.

3.º La educación como una carrera constante de obstáculos y superación de pruebas y reválidas al final de cada etapa (Primaria, ESO y Bachillerato), apostando por un modelo de enseñanza basado en la presión del examen, frente a un modelo educativo más centrado en las necesidades y motivaciones del alumnado. Así se acaba estudiando lo que se evalúa y se centra el tiempo y los esfuerzos docentes en preparar al alumnado para resolver pruebas y exámenes en todas las etapas educativas, como ya pasa en 2.º de Bachillerato de cara a la selectividad y en algunas comunidades autónomas con las pruebas extraordinarias que se han ido poniendo en marcha. Por ejemplo, en Madrid con las denominadas CDI (pruebas de Conocimientos y Destrezas Indispensables).

Y lo que es muy grave: se hurta la competencia al profesorado (Juntas de Evaluación) para decidir la titulación del alumnado en ESO, dejando sin valor alguno la evaluación continua que se realiza en los centros educativos.

4.º El mercado es el que debe orientar la educación. Es decir, someter los centros educativos a las exigencias del mercado, especialmente a la competitividad, estableciendo pruebas externas a nivel nacional, para ofrecer una clasificación de colegios según sus resultados. Con el fin de que los «clientes» puedan comparar y elegir aquel que más ventajas competitivas les aporte a sus hijos e hijas en el futuro mercado laboral. En este mercado competitivo las escuelas se hacen más selectivas, rechazando al alumnado que presente mayores dificultades y que pueda hacer descender sus resultados y su posición en el ranking.

5.º Los incentivos según resultados o el «pago por resultados». Se trata de aplicar refuerzos e incentivos a los centros, no ya en función de las necesidades del centro y de su alumnado, sino de acuerdo con los resultados que obtienen en esas evaluaciones. En definitiva, condicionar la financiación pública a los resultados obtenidos. Y esto si tocar los conciertos educativos para la patronal privada. Y legalizar aquello que el Tribunal Supremo ha considerado ilegal: recibir fondos públicos cuando se segrega y separa por sexo al alumnado, algo que hacen determinados colegios ultrarreligiosos sin ninguna base pedagógica que sustente su modelo.

6.º La denominada «Nueva Gestión». Es decir, gestionar los centros públicos según las recetas de la empresa privada, mediante una mayor autonomía financiera que requiera de fuentes de financiación privadas ante la insuficiencia de la pública. Financiación externa de patrocinadores que imponen sus logotipos y exigencias, introduciendo los intereses privados y mercantiles en la educación pública. A ello se añade la especialización de los centros para ofrecer una oferta competitiva y especializada a la clientela; así como la «profesionalización» de la dirección, como gerentes o directivos profesionales especializados en gestión empresarial y de recursos humanos de forma «eficiente» y con rentabilidad económica.

Reducir la participación de la comunidad educativa, eliminando la capacidad de decisión de los consejos escolares en cuestiones trascendentes (proyecto educativo, presupuestos, admisión de alumnos, etc.). La administración elegirá a los directores de los centros públicos, reforzando su poder en general y especialmente en la elección del profesorado; algo especialmente peligroso cuando en algunas comunidades, por ejemplo en la de Madrid, con la excusa del bilingüismo se ha empezado a contratar irregularmente a profesores de otros países al margen del sistema de acceso a la función pública que establece la Constitución Española, desplazando de forma forzosa al profesorado que forma parte del sistema educativo español.

Está claro que con la LOMCE se quiere volver a la antigua ley de educación del gobierno Aznar, profundizando aún más en este proceso de privatización, segregación y desmantelamiento de la educación pública. Algo que en vez de construir la escuela del futuro, recuperaría la mala escuela del pasado (Imbernón, 2012; Angulo, 2012).

II. El derecho a la educación

La finalidad de la educación pública