Qué hacemos con la universidad E-Book

Enrique Díez Gutiérrez

• Herausgeber: Ediciones Akal
• Kategorie: Bildung
• Serie: Qué hacemos
• Sprache: Spanisch
• Veröffentlichungsjahr: 2014

Seitenzahl: 110

Beschreibung

¿Qué hacemos por una educación superior al servicio de la sociedad, con recursos suficientes y de calidad frente a quienes quieren acabar con la universidad? El actual ataque contra la educación pública merece un capítulo aparte en el caso de la universidad. La actual política de recorte presupuestario, aumento de tasas, reducción de becas y precarización de plantillas persigue asfixiar a las universidades y desmantelar el actual sistema para reducir la enseñanza superior a una fábrica de titulados al servicio de las necesidades del mercado, y sacrificar la investigación según criterios de rentabilidad empresarial. Frente a esta política, y teniendo en cuenta los problemas históricos que la universidad española no ha llegado a resolver, proponemos un modelo social de universidad, basada en el compromiso con el desarrollo de la sociedad y en la responsabilidad e independencia científica. Una universidad al servicio de la sociedad, democrática, autónoma y que apueste por la cooperación antes que la competencia.

Leseprobe

Akal / Qué hacemos / 18

Enrique Díez Gutiérrez, Adoración Guamán, Ana Jorge Alonso, Josep Ferrer

Qué hacemos con la universidad

Diseño de portada

RAG

Nota a la edición digital:

Algunos de los proyectos artísticos mencionados en el libro ya no son accesibles en la red. No obstante, por motivos historiográficos, se mantiene la referencia a la web original.

© Enrique Díez Gutiérrez, Adoración Guamán, Ana Jorge Alonso y Josep Ferrer, 2013

© Ediciones Akal, S. A., 2013

Sector Foresta, 1

28760 Tres Cantos

Madrid - España

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www.akal.com

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@AkalEditor

ISBN: 978-84-460-3975-4

Qué hacemos

¿Qué hacemos cuando todo parece en peligro: los derechos sociales, el Estado del bienestar, la democracia, el futuro? ¿Qué hacemos cuando se liquidan en meses conquistas de décadas, que podríamos tardar de nuevo décadas en reconquistar? ¿Qué hacemos cuando el miedo, la resignación, la rabia, nos paralizan?

¿Qué hacemos para resistir, para recuperar lo perdido, para defender lo amenazado y seguir aspirando a un futuro mejor? ¿Qué hacemos para construir la sociedad que queremos, que depende de nosotros: no de mí, de nosotros, pues el futuro será colectivo o no será?

Qué hacemos quiere contribuir a la construcción de ese «nosotros», de la resistencia colectiva y del futuro compartido. Queremos hacerlo desde un profundo análisis, con denuncias pero sobre todo con propuestas, con alternativas, con nuevas ideas. Con respuestas a los temas más urgentes, pero también otros que son relegados por esas urgencias y a los que no queremos renunciar.

Qué hacemos quiere abrir la reflexión colectiva, crear nuevas redes, espacios de encuentro. Por eso son libros de autoría colectiva, fruto del pensamiento en común, de la suma de experiencias e ideas, del debate previo: desde los colectivos sociales, desde los frentes de protesta, desde los sectores afectados, desde la universidad, desde el encuentro intergeneracional, desde quienes ya trabajan en el terreno, pero también desde fuera, con visiones y experiencias externas.

Qué hacemos quiere responder a los retos actuales pero también recuperar la iniciativa; intervenir en la polémica al tiempo que proponemos nuevos debates; resistir las agresiones actuales y anticipar las próximas; desmontar el discurso dominante y generar un relato propio; elaborar una agenda social que se oponga al programa de derribo iniciado.

Qué hacemos esta impulsada por un colectivo editorial y de reflexión formado por Olga Abasolo, Ramón Akal, Ignacio Escolar, Ariel Jerez, José Manuel López, Agustín Moreno, Olga Rodríguez, Isaac Rosa y Emilio Silva.

La universidad como institución ha dejado atrás los valores de la educación para sustituirlo por un modelo de negocios. Mis estudiantes creen que están allí [en el MIT] para conseguir un puesto de trabajo.

Junot Díaz, premio Pulitzer y profesor de la Universidad de Siracusa y del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Entrevista en El País Semanal, 28 de abril de 2013.

I. La universidad en tiempos de recortes

Nuestra universidad pública está siendo acusada por las corrientes neoliberales de ser ineficaz, cara y mediocre, cuando, muy al contrario, los estudios internacionales muestran que nuestra educación superior y productividad científica son equiparables a los de los países de la OCDE, a pesar de que la inversión en nuestro país es un 20% inferior. Y todo ello se consigue en las universidades públicas, que acogen al 90% del estudiantado y son responsables del 97% de la producción científica total del sistema (Grau, 2012).

En tan solo tres décadas, la universidad española ha dado un gran salto adelante, cuantitativo y cualitativo, convirtiéndose en una institución socialmente abierta y académicamente homologada a nuestro entorno europeo, recuperando todo el terreno y el tiempo perdido durante el franquismo. Sus resultados en docencia, investigación y trasmisión al tejido social resisten las comparaciones, sobre todo si se relacionan con los presupuestos y recursos puestos a su disposición.

Aun así, es evidente que la universidad debe seguir mejorando y evolucionar para atender las nuevas demandas sociales que van apareciendo. La sociedad espera que la universidad sea no solo una institución académica de calidad, sino también un agente dinamizador para un nuevo modelo social ético, justo, solidario y al servicio de la emancipación, la dignidad humana y la construcción de un mundo más justo y mejor para toda la sociedad.

Asimismo no podemos obviar la función de educar en valores para el ejercicio de la ciudadanía que la universidad en España ha cumplido en este último periodo democrático de nuestra historia. Estos objetivos solo pueden alcanzarse manteniendo y potenciando un modelo social de universidad, basado en dos principios fundamentales: por una parte, el compromiso social y la responsabilidad científica y ética; y por otra, la autonomía universitaria y la independencia académica.

Lamentablemente, frente a este modelo social de universidad nos encontramos con las propuestas neoliberales y de marcado tinte antidemocrático que en los últimos años abogan por reducir la educación superior a una simple mercancía y la universidad a una industria del conocimiento, donde solo tendría cabida la docencia que encajara con las exigencias de capital humano provenientes del sector privado y la investigación susceptible de ser comercializada de forma inmediata de cara a generar beneficios para la industria privada.

Para justificar este modelo mercantilista hemos venido asistiendo a una campaña ideológica sistemática, con ingredientes tales como: desprestigio de lo público frente a la exaltación de lo privado; catastrofismo en el balance universitario de las últimas décadas; exageración de las deficiencias actuales; falseamiento de las cifras sobre el tamaño o el coste de nuestras universidades públicas; priorización exclusiva de la vertiente mercantil de la «tercera función», limitando la transferencia de conocimiento únicamente a la parte de la sociedad ligada a los intereses del sector productivo; ataque frontal a la autonomía universitaria desde los intereses privados, especialmente del capital financiero, etcétera.

En los últimos años, la creación de universidades privadas, prácticamente sin ningún control, está relacionada directamente con este cuestionamiento de la credibilidad del sistema público universitario, ya que ocurre en un contexto de estancamiento de la demanda de estudiantes y con una oferta de titulaciones ya cubierta por dicho sector público.

Esta ofensiva contra la universidad pública ha ido subiendo de nivel en los últimos años. Utilizando la crisis económica como excusa, el ataque ha traspasado la barrera de la mercantilización y la descalificación para entrar directamente en el desmantelamiento, mediante medidas de destrucción de nuestro sistema público universitario (aumento de tasas, reducción de financiación, subvenciones y becas, entre otros) que analizaremos a continuación.

Como es bien sabido, el sistema universitario español era prácticamente en su totalidad de carácter público, con la excepción, antes de 1991, de algunas universidades pertenecientes a la Iglesia católica. Desde entonces han ido proliferando rápidamente las universidades privadas apoyadas por los poderes políticos y económicos. Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Educación, al comienzo del curso 2011-2012 el número de universidades españolas se situaba en 79, de las que 50 son públicas y 29 privadas.

Combinando la creación de universidades privadas con el recorte presupuestario en las universidades públicas se llega a la fase de ejecución del objetivo ya abiertamente declarado: el desmantelamiento del sistema universitario público, universal y de calidad.

El Gobierno, sin la participación de la comunidad universitaria y al margen de cualquier debate social, ha adoptado una serie de medidas en esa dirección:

– Recorte presupuestario drástico, con una reducción del 18% en los Presupuestos Generales para 2013 que, junto a la disminucion de las partidas autonómicas destinadas a universidades, está abocando a las universidades públicas a una situación de asfixia económica de resultados difícilmente reversibles.

– Subida de los precios públicos de las matrículas (hasta un 66% en Cataluña respecto al curso anterior, pudiendo llegar hasta una subida del 362% en Canarias en las segundas, terceras y cuartas matrículas, según los datos oficiales del propio Ministerio de Educación) y bajada de las becas (un 12%) dificultando a la vez el acceso a las pocas que quedan (mediante subida de las notas de corte para acceder a ellas o exigencia de su devolución a posteriori si no se consigue cierto nivel). De esta manera, nos están situando en un sistema elitista donde solo los más pudientes podrán pagar a sus hijos e hijas las tasas universitarias para que permanezcan estudiando el tiempo que quieran, limitando así el acceso a la universidad a los estudiantes de las clases trabajadoras e impulsando un modelo de endeudamiento privado para el acceso a un servicio público. Todo ello se conjuga con la implantación de las nuevas titulaciones del Proceso de Bolonia: el precio medio de los másteres oficiales supera ya los 2.000 euros, en el caso de que sean obligatorios para ejercer algún trabajo, y 2.627 euros para el resto de los estudios.

– Reducción de plantillas, disminuyendo por tanto el personal funcionario, a la vez que se impulsa una precarización del personal laboral de las universidades públicas, tanto al Personal Docente e Investigador (PDI) como al Personal de Administración y Servicios (PAS), reduciendo sus posibilidades de acceso a la contratación con carácter indefinido. Los límites impuestos a la política de contratación del personal de las universidades está quebrando y limitando las carreras profesionales y académicas de miles de personas, formadas en su mayoría con inversión pública en I+D. A la paralización en la contratación se suma la otra gravísima consecuencia de la restricción presupuestaria impuesta a las universidades públicas: los despidos colectivos. Utilizando como justificación una modificación al alza de la carga docente del PDI, totalmente contraria a los criterios pedagógicos que se suponía iba a traer el Plan Bolonia, la destrucción de la universidad pública se va a acometer también por la vía del ajuste de plantilla, gracias a la amplia vía abierta por la reforma laboral de 2012. Todo ello no solo repercute en el derecho al trabajo y a la estabilidad en el empleo, sino también en la calidad de la docencia y de la investigación en las universidades públicas.

Junto a estas medidas económicas se amenaza a la autonomía universitaria y a los principios democráticos que han de guiar a la Institución, pretendiendo que órganos de gobierno como el de Rector o Rectora, Decanos y Decanas, y Dirección de Departamentos no sean elegidos por la comunidad universitaria, sino por autoridades o grupos de poder ajenos a la misma. Es el mismo esquema que se está aplicando a la educación no universitaria.

Todo lo anterior, con sus gravísimas consecuencias, se sucede en un terreno previamente abonado. El Plan Bolonia, ha devenido en un fiasco de consecuencias fatales para la universidad pública.

El Plan Bolonia y la mercantilización

En los últimos años oímos hablar reiteradamente del proceso de Convergencia Europea, denominado coloquialmente «Plan Bolonia». Se trata de un proceso abierto por los ministerios de educación de diferentes países europeos (no solo de la UE), con la intención de crear y consolidar el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), apelando a la armonización de los diferentes sistemas universitarios y a promover lo que denominan la «economía del conocimiento».

La definición del EEES implica cambios sustanciales en los sistemas educativos de los Estados que está afectando a millones de personas en toda Europa, como la implementación del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS), basado en las horas que cada persona dedica al estudio, no solo en horas lectivas, o la adopción de un sistema de titulaciones de dos ciclos (tres o cuatro años genéricos más uno o dos de especialización, máster o maestría).

Por supuesto, este proceso tiene declaraciones que podríamos calificar de positivas y un espíritu que seguramente todo el mundo podría compartir. Muy diferentes sectores del mundo universitario hablaron de ello como «una gran oportunidad» para aspec­tos con los que podemos estar tan de acuerdo como el proceso de convergencia de titulaciones, buscando una equiparación de las mismas; un aprendizaje más centrado en el estudiante, reduciendo el peso de las clases magistrales, o potenciar la docencia tutorizada y de tipo seminario.

Pero el Plan Bolonia era, y es, mucho más que todo lo anterior, y su puesta en marcha ha evidenciado los objetivos espurios que marcaron su nacimiento.

Es necesario recordar que la motivación de este proceso de reformas no es ni científica ni política: no se trata de que se hayan detectado en nuestra enseñanza superior fallos o deficiencias sustanciales en el terreno de la docencia y de la investigación. Esta reforma se apoya en una razón exclusivamente económica: la necesidad de competir con los Estados Unidos también en el mercado de la educación. Mientras en Europa el sistema universitario está financiado públicamente con los impuestos de todos, Estados Unidos ha conseguido hacer de una parte de su educación superior un negocio rentable. La reforma lo que plantea es que, si queremos competir en este mercado, debemos comenzar por importar los métodos de nuestros rivales.

Por tanto, como argumenta Pardo en su artículo de El País de 2005, no se trata realmente de generar una sociedad del conocimiento, como dice el eslogan propagandístico de Bolonia, sino de convertir el conocimiento en mercancía. Es obvio que, si los estudiantes se redefinen como clientes, las instituciones educativas como empresas del sector de los servicios y sus responsables como gestores, casi todo lo que hoy consideramos «la universidad» puede considerarse como un obstáculo e incluso como un negocio ruinoso. Ello nos aboca, por un lado a unas (pocas) universidades de elite que formarán a los profesionales más cualificados para los sectores tecnológicos estelares del mercado laboral, y que por ello gozarán de un «patrocinio» intenso por parte de las empresas que lideran esos mismos sectores; y, por otro lado, a la realidad de muchas (la mayoría) universidades de masas –para estudios de corto plazo–, en donde se hacinará la futura mano de obra de especialización baja y media, que mantendrán una mayor dependencia de fondos públicos y que concentrarán la mayoría de los saberes de escasa demanda mercantil, es decir, esos que solemos llamar «humanidades».