Comisiones de la verdad y género en países del Sur Global: miradas decoloniales, retrospectivas y prospectivas de la justicia transicional E-Book

Diana Marcela Gómez

• Herausgeber: Universidad de los Andes
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Sprache: Spanisch
• Veröffentlichungsjahr: 2023

Seitenzahl: 803

Beschreibung

Comisiones de la verdad y género en países del Sur Global es producto de investigaciones desarrolladas de manera colaborativa con universidades y centros de pensamiento nacionales e internacionales y con organizaciones sociales. Desde estas colaboraciones se busca nutrir el quehacer de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad en Colombia. Así, este libro se enmarca en las preocupaciones académicas y activistas feministas y del movimiento lgbti por una paz y una justicia transicional que trascienda las visiones hegemónicas, liberales y conservadoras de ambos aparatos discursivos. Partiendo de miradas decoloniales, feministas y de los estudios de género, así como de un indisciplinamiento de las fronteras académicas, invita a ampliar la dimensión transformadora de la justicia transicional. El libro examina los avances, obstáculos y retos que ha enfrentado la Comisión de la Verdad en Colombia en la primera mitad de su mandato e invitan a leer con ojos críticos experiencias de otras comisiones de la verdad y ejercicios de memoria en países del Sur Global. Como unidad, este libro adopta un encuadre crítico propositivo de la justicia transicional que se fundamenta en una perspectiva retrospectiva y prospectiva. Pretende contribuir al reconocimiento de debilidades y potencialidades de la justicia transicional para avanzar en el cambio social, así como a la puesta en marcha de este tipo de justicia desde una vocación radical que permita responder de la mejor manera a las expectativas de las personas victimizadas y aportar a la construcción de una transición política y una paz transformadora.

Leseprobe

Comisiones de la verdad y género en países del Sur Global: miradas decoloniales, retrospectivas y prospectivas de la justicia transicional

Aprendizajes para el caso colombiano

Comisiones de la verdad y género en países del Sur Global: miradas decoloniales, retrospectivas y prospectivas de la justicia transicional

Aprendizajes para el caso colombiano

DIANA MARCELA GÓMEZ CORREAL

ANGÉLICA FABIOLA BERNAL OLARTE

JULIANA GONZÁLEZ VILLAMIZAR

DIANA MARÍA MONTEALEGRE MONGROVEJO

MARÍA MÓNICA MANJARRÉS RAMÍREZ

(EDICIÓN ACADÉMICA Y COMPILACIÓN)

Primera edición: septiembre del 2021

© Diana Marcela Gómez Correal, Angélica Fabiola Bernal Olarte, Juliana

González Villamizar, Diana María Montealegre Mongrovejo y María

Mónica Manjarrés Ramírez (edición académica y compilación)

© Universidad de los Andes, Centro Interdisciplinario de Estudios sobre

Desarrollo (Cider)

Ediciones Uniandes

Carrera 1.ª n.° 18A-12

Bogotá, D. C., Colombia

Teléfono: 3394949, ext. 2133

http://ediciones.uniandes.edu.co

http://ebooks.uniandes.edu.co

[email protected]

ISBN: 978-958-798-164-3

ISBN e-book: 978-958-798-165-0

DOI: http://dx.doi.org/10.51563/insti-gene-2021.08

Corrección de estilo: Daniela Echeverry

Diagramación: Nancy Cortés

Diseño de cubierta: La Central de Diseño S. A. S.

Ilustración de cubierta: “Sur Global”, de Luis Alberto Muñoz Saavedra

Conversión ePub: Lápiz Blanco S.A.S.

Hecho en Colombia

Made in Colombia

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación

Reconocimiento como universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964

Reconocimiento de personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949, Minjusticia

Acreditación institucional de alta calidad, 10 años: Resolución 582 del 9 de enero del 2015, Mineducación

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida ni en su todo ni en sus partes, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro-óptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la editorial.

Nombre: Gómez Correal, Diana Marcela, autora, edición académica. | Bernal Olarte, Angélica Fabiola, autora, edición académica. | González Villamizar, Juliana, autora, edición académica. | Montealegre Mongrovejo, Diana María, autora, edición académica. | Manjarrés Ramírez, María Mónica, autora, edición académica.

Título: Comisiones de la verdad y género en países del Sur Global: miradas decoloniales, retrospectivas y prospectivas de la justicia transicional / Diana Marcela Gómez Correal, Angélica Fabiola Bernal Olarte, Juliana González Villamizar, Diana María Montealegre Mongrovejo, María Mónica Manjarrés Ramírez (edición académica y compilación)

Descripción: Bogotá : Universidad de los Andes, Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (Cider), Ediciones Uniandes, 2021.

Identificadores: ISBN 9789587981643 (rústica) | 9789587981650 (electrónico)

Materias: Comisiones de la verdad | Construcción de la paz | Justicia transicional | Mujeres

Clasificación: CDD 320.011–dc23

SBUA

Cada palabra de este libro condensa un profundo reconocimiento a las víctimas en Colombia.

Dedicamos este esfuerzo sentipensante a las mujeres organizadas del Caribe colombiano y a quienes desde distintas orillas trabajan por materializar los derechos de las víctimas y construir otra Colombia posible.

Con especial cariño y aprecio a Ángela Salazar y Leda Mendoza Sotomayor.

Su legado permanece vivo.

Contenido

Agradecimientos

Capítulo introductorio

Claves para potenciar el carácter transformador de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad en Colombia. Perspectivas críticas feministas y decoloniales desde el Sur Global

DIANA MARCELA GÓMEZ CORREAL, JULIANA GONZÁLEZ VILLAMIZAR, ANGÉLICA FABIOLA BER NAL OLARTE Y DIANA MARÍA MONTEALEGRE MONGROVEJO

Primera parte

Capítulo 1.

Trilogía para ser y caminar: memoria, verdad e historia en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad en Colombia

DIANA MARCELA GÓMEZ CORREAL

Capítulo 2.

La inclusión de las afectaciones vividas por las mujeres en el conflicto armado en la Comisión de la Verdad en Colombia: avances y desafíos para la construcción de paz

DIANA MARCELA GÓMEZ CORREAL

Capítulo 3.

Fortalecimiento de las mujeres como sujeto político en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y en la construcción de paz en Colombia

DIANA MARCELA GÓMEZ CORREAL, DIANA MARÍA MONTEALEGRE MONGROVEJO, ANGÉLICA FABIOLA BERNAL OLARTE, JULIANA GONZÁLEZ VILLAMIZAR, ANGÉLICA ARIAS PRECIADO, MÓNICA DURÁN SCOTT, AURIS MURILLO JIMÉNEZ, YUSMIDIA SOLANO SUÁREZ, ALINA ESTHER MENDOZA MERCADO, OFELIA FERNÁNDEZ Y MARINA LÓPEZ SEPÚLVEDA

Capítulo 4.

Transmutando el dolor: recomendaciones para potencializar procesos de sanación en el quehacer de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad en Colombia

DIANA MARCELA GÓMEZ CORREAL, DIANA MARÍA MONTEALEGRE MONGROVEJO, JULIANA GONZÁLEZ VILLAMIZAR, MARÍA MÓNICA MANJARRÉS R AMÍREZ Y ANGÉLICA ARIAS PRECIADO

Capítulo 5.

Limitaciones y posibilidades de una política feminista dentro de la Comisión de la Verdad en Colombia

ANA CAROLINA MARRUGO GÓMEZ

Capítulo 6.

La perspectiva interseccional como herramienta de la memoria en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia

JULIANA GONZÁLEZ VILLAMIZAR

Capítulo 7.

De la inclusión del género a la estructuración de la paz feminista: aportes de los feminismos decoloniales al proceso transicional en Colombia

DIANA GÓMEZ CORREAL

Capítulo 8.

Las flores del Cimitarra: la sombra de la desaparición forzada de las mujeres campesinas de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra

NATALIA FERNÁNDEZ HUERTAS

Segunda parte

Capítulo 9.

Las voces de las mujeres en la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú: un proceso de reconocimiento de ciudadanía inconcluso

DIANA CAROLINA PORTAL FARFÁN

Capítulo 10.

Género y violencia: desmontando el perfil de víctima del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Perú

MARÍA EUGENIA ULFE Y SILVIA ROMIO

Capítulo 11.

Los silencios y el discurso sobre género y sexualidad en los informes finales de las comisiones de la verdad en América Latina

MIGUEL RÁBAGO DORBECKER

Capítulo 12.

Verdades sociales, memorias activistas: la inclusión de la orientación sexual y la identidad de género en la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Sudáfrica

JOSÉ FERNANDO SERRANO AMAYA

Agradecimientos

Diana Marcela Gómez Correal,Angélica Fabiola Bernal Olarte,Juliana González Villamizar, DianaMaría Montealegre Mongrovejo,María Mónica Manjarrés Ramírez

Este libro es producto de un trabajo colaborativo con distintos actores provenientes de la academia y de los movimientos de mujeres, feministas y víctimas. Las editoras académicas de la presente publicación agradecemos la participación de las y los autores y los diálogos que establecimos en el desarrollo de este proyecto editorial con integrantes de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. En especial agradecemos por su tiempo y sus palabras a las comisionadas Alejandra Miller y Ángela Salazar (q. e. p. d.), al igual que al Grupo de Trabajo de Género de la Comisión de la Verdad (CEV), en particular a Salomé Corrales, Alejandra Coll y Remedios Uriana por estar atentas y receptivas a nuestras apreciaciones y propuestas, incluso aquellas que contienen un tono crítico del trabajo adelantado por la Comisión.

En el desarrollo de los proyectos de investigación que dan origen a este libro: “Inclusión de las afectaciones vividas por las mujeres y sus procesos de resistencia en las comisiones de la verdad de Perú y Colombia: miradas retro y prospectivas de la justicia transicional” y “Retroalimentación a la incorporación del género en la Comisión de la Verdad en la macrorregión Caribe”, también hablamos con equipos de la Comisión del Caribe colombiano. Su disposición a conversar, compartir sus experiencias y comentar documentos que nutren esta publicación fue fundamental para el desarrollo de nuestras reflexiones y trabajo.

El primer proyecto mencionado articuló trabajo con universidades nacionales e internacionales. Agradecemos el tiempo de profesoras y profesores de la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe, la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Universidad del Atlántico. Así mismo, fueron de gran importancia los diálogos con la Universidad Pontificia Católica del Perú y la Universidad de Delaware de Estados Unidos. Estos diálogos también se nutrieron de las conversaciones con la Justus-Liebig-Universität Gieβen de Alemania.

Las dos investigaciones que son marco de esta publicación se desarrollaron con organizaciones de mujeres y feministas. Agradecemos todos los saberes y esfuerzos que la Red de Mujeres del Caribe y la Colectiva Feministas Emancipatorias compartieron en la tarea común de reflexionar sobre la inclusión de la perspectiva de género en la Comisión de la Verdad en el Caribe colombiano. Toda la producción de conocimiento que estos procesos organizativos han generado a lo largo de sus trayectorias, al igual que su experiencia y trabajo con organizaciones de mujeres y víctimas, fueron vitales para llevar a buen término las investigaciones propuestas.

Este libro agradece y rinde homenaje tanto a todas las víctimas que han dejado el conflicto armado y el ejercicio de la violencia sociopolítica en Colombia, específicamente en el Caribe colombiano, como a los familiares que se han organizado en un acto de dignidad y amor profundo por sus seres queridos. En especial queremos reconocer el trabajo de las mujeres y los sujetos victimizados del Caribe colombiano.

Las investigaciones mencionadas contaron con la financiación del Centro de Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo (Cider) y de la Vicerrectoría de Investigación y Creación de la Universidad de los Andes, y del Instituto Colombo-Alemán para la Paz - CAPAZ. Así mismo, se enmarcan en acuerdos de colaboración interinstitucional entre la Comisión de la Verdad, la Universidad de los Andes y el Instituto CAPAZ.

Agradecemos el apoyo financiero a la investigación académica colaborativa y abogamos por que desde instituciones que fomentan el pensamiento crítico y propositivo se sigan apoyando investigaciones en articulación con organizaciones sociales que aporten a la construcción de una paz transformadora. En la Universidad de los Andes agradecemos de manera especial al Cider por todo su apoyo y a Catalina Botero, exdecana de la Facultad de Derecho, por apoyar una investigación de este tipo.

Capítulo introductorio

Claves para potenciar el carácter transformador de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad en Colombia. Perspectivas críticas feministas y decoloniales desde el Sur Global*

Diana Marcela Gómez Correal, Juliana GonzálezVillamizar, Angélica Fabiola Bernal Olarte,Diana María Montealegre Mongrovejo

El libro Comisiones de la verdad y género en países del Sur Global: miradas decoloniales, retrospectivas y prospectivas de la justicia transicional. Aprendizajes para el caso colombiano es el resultado de las investigaciones “Inclusión de las afectaciones vividas por las mujeres y sus procesos de resistencia en las comisiones de la verdad de Perú y Colombia: miradas retro y prospectivas de la justicia transicional” y “Seguimiento y retroalimentación a la incorporación del género en la Comisión de la Verdad en la macroregión Caribe”. Estas investigaciones realizaron un seguimiento a la implementación de la perspectiva de género en la puesta en marcha de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (en adelante CEV) en el Caribe colombiano durante sus primeros dieciséis meses de alistamiento y funcionamiento (noviembre 2018-febrero 2020). Ambas investigaciones fueron desarrolladas de manera colaborativa entre universidades y centros de pensamiento nacionales e internacionales, con organizaciones sociales, distintos actores y la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad.

Las dos investigaciones, coordinadas por el Centro de Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo (Cider) de la Universidad de los Andes, han puesto en marcha un encuadre crítico propositivo de la justicia transicional que se fundamenta en una perspectiva retro y prospectiva de esta (Gómez, 2016b)1. El encuadre crítico propositivo parte por reconocer tanto las debilidades como algunas potencialidades de esta justicia. Entre las debilidades se encuentra la dificultad que ha mostrado la justicia transicional en diversos contextos para cumplir con los objetivos que se le asignan: materialización de los derechos de los sujetos victimizados, consolidación de la democracia, reconciliación, sanación y perdón, además del trasfondo político y epistemológico de raigambre moderno-colonial que le guía. Entre las potencialidades situamos su capacidad, aún en desarrollo, de abrir espacios a mediano y largo plazo para transformaciones estructurales en los contextos en que se aplica.

Siguiendo esta lógica, desde un anclaje retrospectivo este libro busca interrogar los alcances y límites de las comisiones de la verdad en particular y de la justicia transicional en general, para incorporar la perspectiva de género y la realidad de las mujeres en su mandato y para alcanzar sus objetivos. Desde un anclaje prospectivo, esta publicación quiere ser una contribución desde la academia y las organizaciones sociales al avance de una Comisión que, en el caso colombiano, pueda responder de la mejor manera posible a las expectativas de los sujetos victimizados y a la construcción de una transición política y una paz transformadora (veáse el capítulo seis). En ese sentido, los distintos capítulos que conforman el presente libro se detienen a examinar los avances, nudos, obstáculos y retos que ha enfrentado la CEV en la primera mitad de su mandato, y a leer con ojos críticos experiencias de otras comisiones de la verdad y ejercicios de memoria en países del Sur Global como Colombia, Perú, Guatemala y Suráfrica.

El libro que ustedes tienen hoy en sus manos se enmarca en las preocupaciones académicas y activistas feministas y del movimiento LGBTI2 por una paz y una justicia transicional que trascienda las visiones hegemónicas, liberales y conservadoras de ambos aparatos discursivos. Teóricamente hablando, este libro se nutre de posturas críticas sobre la justicia transicional y la paz que incluyen visiones decoloniales, feministas, de los estudios de género y de la antropología del sufrimiento, entre otras, al igual que de aproximaciones transdisciplinarias que buscan indisciplinar las fronteras entre la historia, la antropología, la ciencia política, el derecho y la psicología, entre otras disciplinas.

Las investigaciones que dan origen a este libro parten por reconocer los importantes avances que se han dado en los procesos de construcción de paz y aplicación de la justicia transicional y comisiones de la verdad en lo referido a la inclusión de la voz, las afectaciones y los derechos de las mujeres y la población LGBTI3. Partiendo de dicho reconocimiento, consideramos de vital importancia realizar un ejercicio intelectual crítico que permita identificar las debilidades de dicha inclusión y las maneras en que se puede potencializar la justicia transicional para garantizar los derechos de las mujeres y la población LGBTI victimizada, concretar su calidad de ciudadanas y contribuir a su consolidación como sujetos políticos.

Este capítulo introductorio, en particular, propone dos rutas de potencialización de la justicia transicional que tienen que ver con: (1) cuestionar la intención de las comisiones de la verdad de reificar el modelo de civilización occidental, identificar la relación de este modelo con el conflicto armado y la violencia sociopolítica, y abrir espacio desde su quehacer al pluriverso4; (2) potenciar una política radical que cuestione la política moderna y avance hacia su transformación, fomentando así la expresión de las mujeres y los sujetos históricamente discriminados como entes políticos legítimos. Para este fin, el capítulo parte de visiones feministas y decoloniales sobre la justicia transicional y la paz, desde las cuales se interrogan los límites de ambos aparatos discursivos globales y los caminos de fuga que una experiencia transicional como la que estamos viviendo en Colombia puede andar y proyectar para los próximos años, y para otras experiencias de aplicación de la justicia transicional y la construcción de paz en el país y en otras latitudes.

Luego de esta introducción, en diálogo con la literatura feminista y decolonial, presentamos tanto los principales avances y retos en la incorporación del enfoque de género en la justicia transicional y la construcción de paz, como las visiones críticas de estos discursos y campos de trabajo que se han tejido desde ambas corrientes de pensamiento. Después, desarrollamos los dos ejes de análisis y acción que nos parecen fundamentales para potencializar la justicia transicional en el momento actual de Colombia, de forma tal que en el mediano y largo plazo contribuya a cambios estructurales como la proliferación del pluriverso de la mano de una crítica al modelo de civilización occidental y de la estructuración de una otra política. Una tercera parte de este capítulo presenta una ruta de lectura del libro en la que identificamos los principales aportes de cada uno de los capítulos que le conforman.

Avances y retos en la incorporación del enfoque de género en la justicia transicional y la construcción de paz

Tanto las negociaciones de paz y su construcción, como la aplicación de la justicia transicional han estado marcadas desde sus inicios por la ausencia física de las mujeres y de sus realidades, necesidades, demandas y propuestas. Para alcanzar un lugar como el que tuvieron las demandas de los movimientos de mujeres, feministas y LGBTI en el proceso de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP, tuvieron que darse distintas luchas en diversos escenarios nacionales e internacionales que llevaron a avances significativos en la incorporación del enfoque de género y en la aplicación de la normatividad internacional.

Sin duda alguna, los logros alcanzados en materia de género y, en específico, de derechos de las mujeres en el proceso de paz con las FARC-EP fueron el resultado de un largo acumulado nacional e internacional de posicionamiento de las demandas de las mujeres en el derecho internacional de los derechos humanos (DIDH), los procesos de paz y la justicia transicional. Esos avances han sido vitales para la consolidación en el presente siglo en Colombia de los movimientos de mujeres y feministas contra la guerra y por la paz como un actor central de la arena política y social, y como protagonistas de la negociación del conflicto y los procesos transicionales.

Si bien incipiente durante la negociación entre el gobierno Pastrana y las FARC-EP, el accionar de estos movimientos fue ganando en capacidad de articulación interna, incidencia, visibilidad, movilización e interlocución, al punto que jugarían un papel relevante en la introducción de la perspectiva de género en algunos de los mecanismos de la justicia transicional relacionados con la Ley de Justicia y Paz que reglamentó la desmovilización paramilitar (Ley 975 del 2005), con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 del 2011) y con la implementación del acuerdo de paz con las FARC-EP (Gobierno de Colombia y FARC-EP, 2016)5.

En el plano normativo internacional, los avances en la incorporación del género en los procesos de paz comenzaron a tener lugar a finales del siglo XX. Solo por nombrar algunos, resulta de particular importancia para el caso colombiano el reconocimiento en 1998 por parte del Estatuto de Roma de la violencia sexual como crimen de guerra y de lesa humanidad que puede incluso constituir genocidio6, al igual que lo fue la expedición en el 2000 de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Con esta medida se empezó a dar una especial atención al rol de las mujeres en la consolidación de la paz y a reconocer los efectos particulares de los conflictos armados y la violencia sociopolítica en el cuerpo de las mujeres, causados por vulneraciones a los derechos humanos como el desplazamiento y la violencia sexual7. Uno y otro hicieron parte de las reflexiones de las organizaciones de mujeres y feministas en Colombia que trabajaban por la salida negociada al conflicto, y se concibieron como herramientas de acción política.

A pesar de los cambios en la normatividad internacional y el DIDH, los estudios de género y feministas han mostrado cómo, si bien ha aumentado la participación de las mujeres en los procesos formales de paz y en los escenarios transicionales, constituyéndose en un avance significativo, estos cambios, además de ser lentos, han reproducido sesgos de género y una visión limitada de la participación de las mujeres. Según ONU Mujeres (Coomaraswamy, 2015), de 31 procesos de paz entre 1992 y el 2011, solo un 9 % de los negociadores fueron mujeres. En el caso de Colombia, Nina Chaparro y Margarita Martínez (2016) muestran que a lo largo de los procesos de paz adelantados entre 1982 y el 2016, apenas el 4,07 % de las personas signatarias fueron mujeres y tan solo hasta el más reciente proceso con las FARC-EP fue posible incorporar una perspectiva de género integral en todos los acuerdos.

Tanto Goetz y Jenkins (2016) como True y Riveros-Morales (2019) han estudiado cómo la participación de las mujeres en los procesos de negociación no ha implicado per se la incorporación de las consideraciones de género, ni de las demandas e intereses de las mujeres en los acuerdos. Esto ha permitido concluir, junto con estudios en áreas como la participación política de las mujeres, que no basta con la inclusión de las mujeres en las negociaciones y en la institucionalidad transicional, sino que debe garantizarse que su participación sea representativa, lo cual significa que esté orientada a “alcanzar una ciudadanía plena para las mujeres” (Wills, 2007). Así mismo, Mendia (2009), por ejemplo, analiza la manera en que los procesos de paz y de aplicación de la justicia transicional corren el riesgo de esencializar las identidades femeninas y asociarlas de manera generalizada a cualidades relacionadas con la no confrontación, la resolución pacífica de los conflictos y la construcción de paz. Como plantea esta autora, lo anterior termina por reificar las definiciones patriarcales de los roles asignados a las mujeres en la sociedad.

Si bien se reconoce cada vez más la importancia de la participación de las mujeres en los escenarios de paz y transicionales, realmente pocas veces se les considera actoras políticas clave, lo cual ha dificultado su consolidación como sujeto político en medio de los procesos de paz y la aplicación de la justicia transicional. Así mismo, ha contribuido a que su participación en distintos ámbitos de la sociedad no sea reconocida ni suficientemente analizada como una de las causas centrales de las distintas violencias que experimentan en contextos de conflicto armado, dictaduras y represión política (Gómez et al., 2020).

Por otra parte, las visiones estereotipadas sobre lo femenino han impedido reconocer incluso a las mujeres excombatientes como sujetos victimizados, cuando así ha ocurrido, en su rol político y en sus particularidades, todo lo cual ha desembocado en políticas de reincorporación que las marginan y cuyos impactos se suman a las sanciones sociales que ellas reciben al regresar a sus comunidades por haberse apartado de los roles femeninos tradicionales (Vásquez, 2001). Particularmente en el caso de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú (CVR), Camille Boutron señala que la experiencia de las mujeres combatientes quedó invisibilizada a pesar de que los grupos armados que hicieron parte del conflicto tuvieron una alta participación de mujeres. Según la autora, la CVR no consiguió quebrar la extrema polaridad de la sociedad peruana ante binarios como víctimas-verdugos o héroes-criminales, por lo cual solamente se detuvo a considerar la experiencia de las mujeres víctimas (2014; 2016).

Estos diversos sesgos de género se viven también en el acceso de las mujeres victimizadas a los mecanismos de la justicia transicional que buscan materializar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. En relación con las comisiones de la verdad, se ha demostrado que las experiencias de las mujeres generalmente quedan subrepresentadas (Mendia, 2012). Por ejemplo, incluso cuando estos instrumentos han incorporado un enfoque de género, han persistido limitantes estructurales para su trabajo relacionados con equipos pequeños de trabajo y con la incorporación de la preocupación por el género cuando las comisiones ya están en marcha, lo cual ha dificultado la recolección y el análisis de la información.

Ní Aoláin y Turner (2007) evidencian, además, cómo en algunas comisiones se han empleado marcos conceptuales que sostienen la distinción entre lo público y lo privado —ampliamente criticada desde el feminismo—, y han reducido el esclarecimiento de la verdad y la construcción de la narrativa del pasado a actos cometidos en el ámbito público. En este sentido, las violaciones ocurridas al interior del hogar, la familia y la comunidad han terminado por quedar por fuera del alcance del trabajo de esclarecimiento, a pesar de que en sociedades en conflicto estas afectan a las mujeres con particular intensidad. En cuanto a las reparaciones, estudios feministas en diferentes países han constatado que estas “no tienen en cuenta las causas y los impactos diferentes de la violencia en función del género, ni se han establecido mecanismos de reparación específicos por las violaciones de los derechos humanos que afectan en mayor medida a las mujeres” (Mendia, 2012, p. 25).

Se ha visto también que, en el caso del acceso a la justicia, las mujeres víctimas de violencia sexual se enfrentan a múltiples barreras familiares, sociales y económicas para relatar y denunciar estos hechos, pues en contextos tanto de conflicto como de transición tienden a ser estigmatizadas y castigadas al hacerlo. Además, son frecuentes los obstáculos para el recaudo de elementos materiales probatorios y el reconocimiento de la calidad de víctima en el proceso penal, lo cual implica para las mujeres revictimización e impunidad. Pese al fortalecimiento del marco normativo para la investigación y sanción de este delito, se han llevado a cabo muy pocas investigaciones de la justicia nacional e internacional, y, en general, estas medidas no han hecho una diferencia significativa para las mujeres en situaciones de conflicto armado, dictaduras y represión política (Coomaraswamy, 2015).

Particularmente la violencia sexual conlleva múltiples secuelas tanto individuales como sociales en virtud del estigma asociado a esta, por lo cual desde el feminismo se la ha identificado como un arma de guerra. En efecto, según Mendia (2017), a través de las violencias contra las mujeres se busca causar daño no solamente a ellas, sino también desestructurar sus grupos y comunidades de pertenencia. En Colombia, lo anterior ha sido argumentado también por la Mesa de Mujer y Conflicto Armado (2012), organizaciones de mujeres como la Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz (2009), la Ruta Pacífica de las Mujeres (2008), Sisma Mujer (2017), Corporación Humanas, el Grupo de Memoria Histórica (2011) y el Centro Nacional de Memoria Histórica en diversos informes (2015; 2017).

Adicional a lo descrito, sin desconocer la gravedad de la violencia sexual y la importancia de hacerla visible en los relatos sobre la guerra y en el marco de los procesos de paz, autoras feministas han señalado recientemente que concentrar el trabajo de esclarecimiento en este delito silencia muchos otros aspectos importantes de las experiencias de las mujeres en medio de la violencia, al igual que la lógica y complejidad del conflicto armado y la violencia sociopolítica (Baaz y Stern, 2018; Bueno-Hansen, 2015; Davies y True, 2015; Gómez et al., 2020; Theidon, 2007).

Siguiendo a Kimberly Theidon (2007), por ejemplo, el sentido común de los enfoques de género de la justicia transicional no concibe que las mujeres en realidad hablan de ellas mismas y de las dimensiones de género de la guerra cuando, en vez de relatar experiencias de violencia sexual, hablan de la injusticia sistémica, la futilidad de buscar justicia en el sistema legal nacional y local, la discriminación étnica, el sufrimiento de sus familias y comunidades, y, sobre todo, de las acciones que tomaron para enfrentar dichas situaciones.

Así mismo, tanto los procesos de paz como la aplicación de la justicia transicional han replicado una visión homogénea de las mujeres que reproduce la idea de un sujeto universal femenino que tiende a desconocer las diferencias y desigualdades que cruzan a las mujeres en los distintos contextos, lo cual afecta no solo la comprensión general de la violencia sino también la materialización de los derechos de las mujeres como sujetos victimizados (Bueno-Hansen, 2015; Gómez et al., 2020). Esta visión universal parece ir de la mano con la aplicación de unos discursos y prácticas que no cuestionan el tipo de sujeto que se contribuye a construir en el relacionamiento con las mujeres victimizadas, y que termina en algunos casos reafirmando identidades estereotipadas y cosificadas sobre las mujeres en tanto víctimas (Gómez et al., 2020).

Miradas sobre la paz y la justicia transicional desde el feminismo, la teoría decolonial, y los estudios críticos de la paz y las transiciones

La justicia transicional se comprende hoy en día como un conjunto de mecanismos legales y extralegales instaurados por los estados con el fin de cerrar periodos de conflicto armado y regímenes autoritarios, los cuales buscan facilitar la rendición de cuentas por los abusos cometidos y garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Algunas de las medidas más comúnmente implementadas en este propósito en las últimas décadas son los mecanismos de búsqueda de la verdad, el procesamiento penal de las personas responsables, las reparaciones, y la reforma de leyes e instituciones.

Según la genealogía de la justicia transicional realizada por Ruti Teitel (2003), de ser una excepción a la norma en su primera fase —con los juicios de Núremberg durante la posguerra—, esta se ha convertido desde finales del siglo XX en un paradigma del Estado de derecho. En este proceso, las comprensiones propuestas sobre justicia y paz han sido variadas como consecuencia de los diferentes contextos sociales, políticos y culturales de los países en donde se han establecido mecanismos como tribunales o comisiones de la verdad para afrontar la violencia (Gómez, 2014).

No obstante, tanto la literatura experta en el tema, como las perspectivas globales y las prácticas institucionales en los más de 160 países donde se ha implementado la justicia transicional desde 1970 han logrado consolidar un discurso relativamente homogéneo y hegemónico en torno a lo que significa la “transición política”. Lo propio ha ocurrido con el discurso de la paz. En ambos casos se concibe la paz y la transición como un momento de ruptura entre un pasado de violencia y opresión, y un orden futuro basado principalmente en las ideas de democracia liberal, Estado de derecho, economía de mercado y desarrollo.

Los discursos sobre la paz emergen en el contexto de la Guerra Fría en un intento de la llamada Investigación para la Paz por contraponer a los postulados sobre seguridad dominantes una noción a la cual atribuían un contenido transformador (Salas et al., 2020). A estos discursos contribuyen por esta época voces como la de Johan Galtung (1969), quien se refirió a la construcción de paz como un proceso por medio del cual no solamente se aspira a terminar un conflicto armado, sino también a superar cualquier forma de violencia directa, estructural o cultural. Lastimosamente este carácter crítico de los discursos iniciales sobre la paz no perduró, especialmente al ser incorporada la noción de construcción de paz en las agendas de agencias multilaterales, organizaciones financieras internacionales y gobiernos donantes (Salas et al., 2020). De este modo, se terminó por consolidar el significado de la paz liberal en el sentido explicado.

El discurso de la paz liberal ha estado cercano al de la justicia transicional en buena medida gracias a la “teoría de la paz democrática” introducida por Immanuel Kant (2003 [1795]) y reconocida en el campo de las relaciones internacionales. En esta teoría se plantea que las democracias liberales son más prósperas y menos proclives a la guerra. De este modo, y a pesar de algunas controversias, desde el campo de la construcción de paz (peacebuilding) se ha consolidado la visión de que el camino hacia esta es la reconstrucción de los estados “fallidos” —supuestamente caracterizados por el conflicto interno y la generación de amenazas al orden internacional como el terrorismo internacional, el crimen organizado, el desplazamiento y las migraciones masivas— a través de “la promoción de la democracia, las reformas hacia una economía de mercado y otras instituciones asociadas con estados ‘modernos’ como un motor para construir la paz” (Newman et al., 2009, p. 3). La construcción de la paz liberal se ha caracterizado también por su énfasis en el fortalecimiento del aparato de seguridad del Estado (la “securitización”) precisamente con el fin de contener amenazas como las mencionadas.

Ahora bien, la noción de transición como ruptura en este contexto ha sido problematizada en años recientes desde los estudios críticos de las transiciones, los cuales plantean que, en tanto toda transición se orienta “hacia una forma de capitalismo global, en casos de conflictos armados asociados a violencias crónicas estructurales, [dicha transición] se fundamenta sobre una serie de continuidades más que de fracturas” (Castillejo, 2016, p. 7). Según esta perspectiva crítica, la transición instaura una epistemología particular caracterizada por resaltar las rupturas y hacer ininteligibles las violencias de larga temporalidad que dan origen a los conflictos y que subsisten luego de la operación de dispositivos de fractura como las comisiones de la verdad (Castillejo, 2018). De este modo, centrándose en contextos de extrema desigualdad y reproducción de relaciones de dominación, como es el caso de Colombia, autores como Alejandro Castillejo (2019) han llamado la atención sobre las implicaciones en las interacciones cotidianas, los lenguajes en los que se expresa el dolor y la producción de nuevas subjetividades, espacialidades y corporalidades de un tránsito que se enmarca en un modelo político y económico que sustenta la desigualdad y la guerra.

A pesar de que desde los años sesenta se empiezan a escuchar voces feministas en contra de la guerra y sus efectos, los años noventa son un periodo importante en cuanto a la producción de críticas a los discursos hegemónicos de la justicia transicional y la paz liberal en el escenario internacional desde esta perspectiva. En línea con el argumento anterior, se identifica desde este periodo en la justicia transicional el sesgo de que usualmente tanto las negociaciones de paz como el diseño de los instrumentos para la transición no se enfocan en asuntos de discriminación y desigualdad relacionada con el género, ni tampoco en su manifestación en la permanente vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres. Todo esto pasa aun cuando las violencias contra las mujeres tienen raíces históricas y estructurales en relaciones patriarcales de dominación existentes desde antes del conflicto armado (Ní Aoláin y Turner, 2007). Así mismo, el patriarcado como factor decisivo para la estructuración de la violencia también se queda por fuera de los análisis (véanse capítulos seis y siete).

Ahora bien, especialmente las corrientes decoloniales del feminismo muestran que tanto la estrecha relación entre la paz liberal y el neoliberalismo económico, como las improntas occidentales, (hetero)patriarcales y coloniales que les sustentan generan profundas limitaciones para abordar las causas estructurales de los conflictos y de las violencias contra las mujeres y los sujetos feminizados (Bueno-Hansen, 2015; Gómez, 2016a). Identifican así mismo que esas improntas limitan la comprensión al interior de las comisiones de la verdad de la complejidad de las violencias experimentadas por las mujeres en su pluralidad (Gómez et al., 2020).

Lo anterior resulta evidente en la distinción común en el discurso y la práctica de la justicia transicional y la construcción de paz liberal entre violencias del conflicto y violencias no relacionadas con el conflicto. Dicha distinción ha dado pie a la exclusión de las violencias socioeconómicas o relativas al ámbito doméstico de las negociaciones y del alcance misional de los mecanismos para la transición, a pesar de que el feminismo ha demostrado que en la experiencia de las mujeres, lejos de estar desvinculadas, todas las formas de violencia, inclusive las estructurales, las que ocurren en los ámbitos domésticos y cotidianos y las de los conflictos armados, forman un continuo (Cockburn, 2004; Kelly, 1987; Moser, 2001).

Así mismo, esa falta de reconocimiento se manifiesta en ciertas comprensiones de la justicia restaurativa, la cual es una modalidad de justicia que pone en el centro las necesidades de las víctimas frente al daño ocasionado, el reconocimiento de la responsabilidad por parte de quienes cometen las ofensas y su rehabilitación (De Gamboa, 2020). Como elemento que hace parte del diseño de muchos procesos de justicia transicional, se expresa en la elección de formas alternativas de rendición de cuentas que apuntan a la reconciliación, como las comisiones de la verdad. No obstante, como han mostrado algunas autoras, desde el punto de vista de las mujeres —al igual que para amplios sectores de la sociedad— la idea de “restaurar relaciones” no tiene presente el hecho de que las relaciones previas al conflicto armado eran fundamentalmente injustas (Daly y Stubbs, 2006).

Por otra parte, en contraste con el énfasis en la securitización del discurso hegemónico sobre la construcción de paz liberal, las perspectivas feministas han mostrado que entre los aspectos comunes en las violencias contra las mujeres se encuentra su relación con la militarización de los entornos que habitan, lo cual las hace vulnerables al hostigamiento de distintos actores armados (Mendia, 2017). Este aspecto se suma a muchos otros que el feminismo ha señalado en su propósito de visibilizar tanto que la violencia de los conflictos armados afecta a las mujeres de manera diferenciada y desproporcionada, como que una mirada general sobre el conflicto deja de lado la intencionalidad política de prácticas bélicas cometidas de manera sistemática y masiva contra las mujeres.

Según teóricos del llamado giro local de la justicia transicional, la paz y la justicia transicional liberal no solo implican la imposición de un modelo de sociedad específico a los países que pasan por estos procesos, sino que también desconocen la necesidad de que la construcción de paz se ajuste a las necesidades locales so pena de resultar inoperantes para alcanzar los objetivos que se han propuesto: la paz, la consolidación de la democracia, la reconciliación, la sanación y la materialización de los derechos de las víctimas (McGinty y Richmond, 2013; Richmond, 2009). A estas debilidades se suman las que señalan los estudios feministas y de género.

En nuestro caso, es de particular importancia señalar la debilidad de la justicia transicional y de la paz para aportar a la consolidación de las mujeres victimizadas, y en general de las mujeres como sujeto político. Con esto nos referimos a su reconocimiento como ciudadanas y personas con el derecho y la capacidad de influir en la toma de decisiones sobre los arreglos sociales, exigir sus derechos y participar en diversos procesos políticos, incluyendo los partidos y la movilización en organizaciones, movimientos sociales, expresiones cívicas, comunitarias, étnicas y campesinas8. Así mismo, resaltamos la necesidad de romper con la visión universalizante de la sociedad (vs. la pluralidad que existe) y con el tiempo lineal del modelo occidental hegemónico.

En una triple intersección entre los estudios críticos de las transiciones, las miradas feministas y los estudios sobre el contexto colombiano, Gómez (2015; 2016a) propone entender la justicia transicional como un dispositivo moderno-colonial que vehiculiza la perpetuación del modelo de civilización occidental. Esto se logra a través de la aplicación de una temporalidad lineal que plantea que el futuro solo será posible a través de la consolidación de un tipo de democracia (la liberal), economía (el capitalismo en sus versiones neoliberal y extractivista), forma de organización de la sociedad (el Estado nación como forma de organización de la sociedad) y la construcción de sujetos dóciles. Dicha docilidad, en el caso de los sujetos victimizados, resulta de la cooptación e instrumentalización de sus demandas, proceso en el que las versiones hegemónicas de la justicia transicional despojan de su radicalidad, autonomía y autodeterminación a las propuestas de las víctimas, los familiares y los procesos organizativos.

La misma autora (Gómez, 2015; 2016a) analiza cómo los discursos de la paz y la transición del expresidente Santos condensan una propuesta de paz liberal que tiene como pilares centrales un modelo de desarrollo afincado en el progreso y la modernización, cuyo horizonte es alcanzar una plena modernidad. Esta última no es cuestionada y, por lo tanto, no se devela su carácter colonial ni las implicaciones de la modernidad-colonialidad y del proyecto de civilización occidental como proyecto político y de sociedad en Colombia y en el conflicto armado y la violencia sociopolítica.

Lo anterior implica, por ejemplo, una construcción de paz y aplicación de la justicia transicional que termina limitando las opciones que se desvían de la democracia liberal y el capitalismo, como las que encarnan los movimientos sociales, los pueblos indígenas y afros, los procesos de mujeres y feministas, y aquellas que materializan las versiones socialistas y comunistas de la sociedad, la economía y la política sin revisar en detalle y sin transformar las conductas perversas que ha generado el modelo dominante de civilización occidental en contextos como el colombiano.

Al analizar la aplicación de la justicia transicional en Colombia, Gómez (2105; 2016a; 2016b) observa cómo este dispositivo de gobernabilidad global es asumido no solo por los Estados y los distintos gobiernos con diversos énfasis dependiendo de su orientación política, sino también por distintos actores de la sociedad civil. Esto se debe a dos cuestiones: por un lado, la justicia transicional emerge de las demandas de los sujetos victimizados en distintos contextos en diálogo con experiencias y discursos globales como los de los derechos humanos, pero sufre un proceso de institucionalización; y, por el otro, en diversos movimientos sociales y círculos académicos e intelectuales se asume el derecho como “sagrado”, muchas veces sin cuestionar sus fundamentos epistemológicos.

Dada esta complejidad, Gómez (2016b) propone tanto diferenciar entre una justicia transicional hegemónica y otra que emerge desde abajo (desde los sujetos victimizados, los movimientos de víctimas, de derechos humanos, mujeres, feministas, étnicos, entre otros), como abordar las experiencias de justicia transicional y construcción de paz desde un lente crítico propositivo. Este, como lo señalábamos al inicio, al tiempo que analiza la lógica de funcionamiento y los fundamentos epistemológicos de los mecanismos a través de los cuales se busca construir la paz y avanzar hacia la transición (tribunales, comisiones de la verdad, medidas de reparación), propone caminos, alternativas, estrategias y acciones para potencializar dichas instituciones de manera tal que contribuyan de la mejor forma a alcanzar los objetivos para los que fueron diseñados e incluso vayan más allá de estos.

En lo que resta de este capítulo introductorio proponemos dos grandes ejes de acción para hacer de un espacio como la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad una posibilidad para la construcción de una paz y una transición de carácter transformador. Estos dos grandes ejes buscan retar tanto los discursos y las prácticas hegemónicas de la paz y la justicia transicional de corte liberal, como sus materializaciones conservadoras (de derecha y ultraderecha) y su raigambre patriarcal, colonial, capitalista y antropocéntrico.

Dado que el actual Gobierno colombiano replica algunos de los fundamentos liberales de la paz y la transición, y, sobre todo, pone en marcha el lado oscuro del proyecto moderno-colonial, consolidando una paz negativa de ultraderecha (Gómez, 2015; 2016b), consideramos de particular importancia: (1) prestar atención a la intención de los discursos de la paz y la justicia transicional de consolidar el modelo de civilización occidental; (2) poner de presente los límites de la política moderna como horizonte de cambio en la transición e incluso como modelo para la participación de los sujetos victimizados en los mecanismos de justicia transicional; y (3) fomentar el carácter transformador de las comisiones de la verdad cuestionando su mirada restringida sobre el género, contribuyendo a la consolidación de las mujeres como sujeto político y a la transmutación del dolor; reconociendo la racionalidad que sustenta los distintos tipos de violencia que han experimentado las mujeres; incorporando lentes de análisis decoloniales e interseccionales; potenciando el posible carácter transformador de las comisiones de la verdad y cuestionando la lógica de la justicia transicional. Los dos primeros aspectos los abordaremos en el siguiente apartado, mientras que del tercero daremos una semblanza general pues es la apuesta que se materializa en los restantes capítulos del libro.

Deshaciendo el legado de la civilización occidental en las comisiones de la verdad

Las y los teóricos decoloniales, tanto los reunidos en el grupo modernidad/colonialidad como aquellos que provienen de otras esferas intelectuales y del activismo político feminista, de los pueblos indígenas y afros y de diversos movimientos sociales, realizan una crítica profunda a la modernidad y al proyecto de civilización occidental que esta encarna y que emergió desde la invasión de Abya Yala9. La modernidad no es un momento histórico separado de la época colonial, por lo cual se nombra como modernidad/colonialidad el periodo histórico que se instaura desde 1492 (Quijano, 2000). Con esta forma de nombrar la realidad histórica de la que provenimos se busca denotar que la modernidad como proyecto tiene un lado oscuro que es la colonialidad, lo cual invita a reflexionar críticamente sobre la modernidad y sus impactos en trayectorias como la colombiana.

Desde la invasión se instauró en Abya Yala un modelo de sociedad único y universalizante, impuesto con sangre y seducción, y guiado por Europa en lo que denominaron el continente americano. Dicho proyecto no ha hecho más que clausurar la posibilidad de lo heterogéneo e imponer el universo en contravía del pluriverso (Escobar, 2007). Esto último ha implicado el acto fundacional de violencia de reducir los mundos espirituales, culturales y simbólicos de las sociedades preintrusión y de la trata transatlántica a manifestaciones secundarias —o perspectivas culturales particulares— de la realidad que corresponden a la racionalidad científica y al conocimiento objetivo. Justamente en ese proceso se instauró la propia marcha de consolidación del Estado nación, el capitalismo y la democracia liberal como las formas apropiadas de organizar la sociedad, la economía y la política, y como pilares centrales de la civilización occidental. Según Escobar (2016), esta situación ha dado lugar a luchas ontológicas a través de las cuales diferentes mundos se esfuerzan por mantener su propia existencia.

Aterrizado al proceso de paz, la firma del acuerdo, su refrendación y puesta en marcha, Gómez (2015; 2016a; 2020) plantea que la actual coyuntura transicional que vive el país también condensa una lucha ontológica en la que se define el tipo de sociedad que se espera construir. Las dimensiones que se disputan abarcan ámbitos como la economía, el desarrollo y la política, al tiempo que incluye otros como los relativos a la cultura, las subjetividades, la espiritualidad, las emociones, y la relación entre los mundos humanos y no humanos. Esa lucha ontológica contiene también una disputa por la propia definición de paz y la consolidación o transformación/destrucción del modelo de civilización occidental.

Sobre esto último nos parece que la Comisión de la Verdad tiene un importante papel que cumplir. La CEV debe comenzar por identificar y analizar los nexos de la justicia transicional con ese modelo de civilización y la manera cómo desde el quehacer de las comisiones ese modelo se reifica. Somos conscientes de que ni el acuerdo de paz ni los instrumentos de justicia transicional que se han creado pueden propiciar por sí solos los cambios estructurales que la sociedad requiere para dejar atrás la lógica de guerra. Sin embargo, argumentamos que para que puedan contribuir a esos cambios estructurales deben poner en marcha una vocación crítica y transformadora de dicho modelo, lo cual, en el caso de la Comisión de la Verdad, pasa por reorientar sus objetivos de esclarecimiento, convivencia y no repetición.

En términos de esclarecimiento será de gran importancia evidenciar la manera como la modernidad/colonialidad y los pilares centrales de la civilización occidental incidieron en la estructuración del conflicto armado y la violencia sociopolítica. Por ejemplo, es esencial analizar la forma en que la construcción de la democracia colombiana falló en garantizar la convivencia, el desarrollo de una política para el bien colectivo y el reconocimiento de una ciudadanía acorde con la pluralidad que anida en la sociedad. Esto implica darle la vuelta al mandato contenido en el Decreto 588, el cual limita la investigación de la CEV al conflicto armado y pone como una de las tareas de esclarecimiento indagar por cómo este afectó la democracia. En efecto, si reconocemos que el conflicto armado materializa una de las posibles trayectorias de la civilización occidental y de la modernidad/colonialidad en Colombia (Gómez, 2015), la pregunta debe invertirse o hacerse en doble vía para indagar por cómo esa forma sui generis en que implementamos la democracia alimentó la violencia.

Al tiempo que la pregunta por la relación entre democracia y conflicto armado y violencia sociopolítica es vital, resulta central dilucidar el vínculo existente tanto entre el capitalismo, el heteropatriarcado y el colonialismo, como entre estos y la violencia. En este trabajo de aclaración será fundamental sin duda identificar el rol de los actores armados y de terceros, pero será sobre todo esclarecedor comprender el rol del propio Estado y sus agentes.

Paralelo a identificar pilares más macro del conflicto armado y la violencia sociopolítica, más allá de una sumatoria de víctimas divididas por identidades, será útil reconocer y visibilizar qué ejes de poder produjeron y reprodujeron la guerra, y, en ese sentido, quiénes fueron los sujetos convertidos en objetivo militar. Esto debe incluir una radiografía no solo de las afectaciones sino también de sus proyectos de vida, lo cual permitirá identificar la existencia de un amplio pluriverso duramente atacado, señalado y disminuido por los diversos actores armados. Al tiempo que en el caso de la violencia estatal y paramilitar se quería eliminar lo “revolucionario” y se mantenían las estructuras de poder tradicionales, la violencia en Colombia ha estado marcada también por un horizonte teleológico de eliminación de lo considerado arcaico, no moderno y contrario al desarrollo del país. Esta lógica acompañó también a los grupos guerrilleros, quienes en varias ocasiones leyeron lo indígena, lo afro, lo campesino y a las mujeres como sujetos no modernos, necesitados de tutelaje.

Para rebatir el modelo de civilización occidental desde mecanismos como las comisiones de la verdad se necesita no solo comprender qué movilizó la violencia en Colombia y sus nexos con la modernidad/ colonialidad, sino también reconocer, visibilizar y apoyar el pluriverso. Para esto se requiere de la puesta en marcha de un lente epistemológico no eurocentrado, intercultural y capaz de ver, escuchar y comprender a esos diversos universos en sus propios términos. También es vital alentar el reconocimiento y el respeto de la diferencia en Colombia, de todo aquello que la guerra y ese modelo de civilización se ha empeñado en negar y borrar.

Esta doble mirada de esclarecimiento del rol de los fundamentos, las lógicas y las instituciones de la civilización occidental y de reconocimiento del pluriverso debe incluir una postura crítica frente al Estado y a lógicas como la de la militarización. Es incongruente hablar de paz cuando el Estado fortalece su aparato militar y la sociedad, en vez de desmilitarizarse, se ve hoy enfrentada a una exacerbación de la militarización. Dicha exacerbación es alimentada, además, por la primacía que adquieren las políticas y los presupuestos para la seguridad en su concepción hegemónica, masculina y armada para resolver los problemas estructurales de los conflictos y las violencias, incluyendo las dirigidas contra las mujeres.

Además de lo anterior, en aras de no reificar el modelo de civilización occidental dominante desde el accionar de la CEV, el cual despolitiza las luchas y restringe el ejercicio de la política al ámbito estatal, se requiere comprender la política de una manera amplia, partiendo por reconocer que todo lo que hace la Comisión es de carácter político. Lo anterior lo hace no en el sentido partidista o ideológico (en sentido peyorativo) de la política, sino en tanto que interpela ejercicios de poder en la sociedad, y se ocupa de realidades y aspectos que definen lo público, el bien común, lo correcto e incorrecto, el presente y el futuro.

Así mismo, dado que la transición refleja luchas ontológicas con un fuerte carácter político, lo que se pone de presente es que en la marcha de la construcción de paz debe habilitarse la posibilidad de profundizar los diversos proyectos de sociedad que anidan en Colombia, siempre y cuando estos tengan como punto de partida el respeto por la vida y la diferencia, y la construcción de una sociedad justa. Estos distintos proyectos contienen imaginarios y prácticas que en varios casos pueden constituirse en alternativas al modelo de civilización occidental. Esas alternativas deben poner en el centro dimensiones que diversos feminismos, movimientos, actores sociales y experiencias de mujeres han propuesto, como el cuidado, la relación horizontal y de interdependencia con los mundos naturales y no humanos, el sentipensamiento, las alternativas al desarrollo, la diversidad económica, la sanación a través de la espiritualidad, y la recuperación y revalorización de lo comunal, entre otros aspectos.

Contribuir a consolidar alternativas al modelo de civilización occidental en el escenario transicional y como parte de la construcción de paz necesariamente pasa por potenciar una política radical que repiense el legado moderno/colonial que fomente la participación de las mujeres y otros individuos históricamente discriminados como sujetos políticos legítimos.

Potenciando una política radical en clave crítica a la modernidad

Ni la democracia como forma de organización del poder político ni las transiciones o procesos hacia la paz han incluido desde sus inicios y de forma sistemática y seria a las mujeres. La política y la guerra, relatos paralelos de las formas históricas de la lucha por el poder, han considerado a las mujeres seres ajenos a estos ámbitos, sin capacidad para ser partícipes de esa lucha, sin la investidura necesaria para ser reconocidas como seres iguales en su diferencia en el terreno de la política, la guerra y el poder, y sin el derecho a hacerlo (Bernal, 2007). El Estado moderno/colonial, cuya historia se remonta al siglo XVI, y que tuvo como núcleo central la consolidación del capitalismo entrelazado con la empresa colonial en la entonces nombrada América (Federici, 2004; Quijano, 2000; Wallerstein, 2005; Weber, 1997), estableció las características de los protagonistas de la nueva época histórica: hombres, blancos, europeos, propietarios, heterosexuales y letrados establecidos en el mundo urbano.

En general la civilización occidental y en particular la teoría política liberal moderna se instituyó sobre la base de una comprensión dicotómica de la realidad: naturaleza-cultura, “barbarie”-civilización, privado-público, mercado-Estado, mujeres-hombres, que tiene como eje fundante la división entre naturaleza y cultura (Latour, 1993). Este tipo de interpretación separada y dicotómica de la realidad fundamentó la exclusión de lo político del lado “débil e inferior” de cada diada: la naturaleza, la “barbarie”, lo privado y las mujeres. Este lado “débil e inferior” se caracterizó como aquello que arrastraba al ser humano a un pasado atávico que debía ser superado a través de la actuación política racional denominada ciudadanía, prerrogativa que no fue ideada ni concretada como propia de las mujeres.

Las contribuciones de las mujeres al mantenimiento de la sociedad, las comunidades y la vida, al igual que las múltiples experiencias de participación en las luchas por la tierra, por la supervivencia de sus comunidades o por las formas de vida comunales no fueron reconocidas como luchas políticas. Esto contribuyó por siglos, junto con el despojo paulatino de su poder en el seno de sus comunidades tanto en Europa como en América (Federici, 2004; Segato, 2012), a la exclusión de las mujeres de la política formal, y a consolidar la idea de su completa ausencia de la esfera pública y, con esto, de la acción política.

Esta invención se sustenta en falacias como: “las mujeres siempre han estado recluidas en lo privado” y “las mujeres no han hecho política”, cuando la evidencia histórica muestra que de forma activa se resistieron a la violencia colonial/moderna y al interés de dominar sus rebeldías y despojarlas de sus múltiples saberes. También se resistieron de manera mancomunada con sus comunidades a las violencias que estas sufrían.

En el contrato social liberal que conciben Hobbes, Locke y Rousseau, los pactantes fueron ciudadanos cuya igualdad se sustentó en la necesidad de establecer un poder político incontestable para la defensa de la propiedad privada y de una libertad liberal. Este contrato excluyó, bajo la premisa de la inferioridad, a sujetos como las mujeres y a otros grupos sociales previamente feminizados por la experiencia colonial o construidos como sujetos oprimidos en Europa. En nuestro continente, particularmente, se excluyó de ese contrato a aquellos marcados por los procesos de racialización, de modo que solo a los varones europeos o racializados como blancos se les otorgó la prerrogativa de la ciudadanía, integrando la comunidad política y recibiendo el reconocimiento de su individualidad, libertad e igualdad. Por el otro lado, las mujeres y otros sujetos feminizados siguieron vinculados al orden natural y fueron objeto de decisiones heterónomas. Las mujeres solo a través de prolongadas luchas sociales han ido ganando, al menos en el campo de lo formal, el reconocimiento de su igualdad política y su condición de sujetos políticos.

Durante algún tiempo se consideró que los avances legales permitirían superar lo que Celia Amorós llamó la “socialización para el no-poder” (1987, p. 117), es decir, esa profunda creencia social e histórica de que las mujeres no poseen el estatus de igualdad, sino que son seres extraños, incomprensibles y determinados por procesos biológicos que no poseen la racionalidad que se ha considerado requisito necesario de la acción política. Esta última idea ha sido seriamente cuestionada en tanto esta comprensión de lo político, del poder y de los sujetos políticos necesariamente corresponde al relato moderno/colonial que no reconoce que el poder concebido de esta manera es opresivo y negador de la diferencia. Desde una apuesta de cambio, entonces, no se requeriría una “socialización para el poder” como fundamento de una plena inclusión de las mujeres en la ciudadanía, sino más bien un cuestionamiento a los fundamentos propios del poder político, de modo que este no pueda ser ejercido para oprimir a ciertos grupos, sujetos y cuerpos, y, por el contrario, contribuya a construir otros mundos posibles.

Carole Pateman (1995), en su obra El contrato sexual, afirma que las mujeres no fueron pactantes sino pactadas en el contrato social, de allí que su carácter de sujetos políticos a título individual y colectivo ha sido una reclamación histórica que solamente se ha ido reconociendo de manera paulatina. El cuestionamiento se queda corto, sin embargo, en tanto parece establecer que la sola inclusión de las mujeres como pactantes transformaría el contenido del contrato y tal vez lo haría menos excluyente. Desde el punto de vista que se defiende en esta propuesta, el problema es que, incluso siendo pactantes, un contrato social diseñado desde los valores liberales sería insuficiente para materializar en todas sus dimensiones la premisa de las mujeres como sujetos políticos y para desarrollar una democracia radical.

En la tradición occidental a las mujeres no se les ha reconocido como sujetos políticos en tanto no se consideran capaces de enunciación racional, por eso han sido más bien objetos de la enunciación patriarcal desde una concepción sesgada de la política y la guerra. La democracia moderna, por ejemplo, se materializa en la representación política que, a su vez, se realiza mediante el derecho al voto que fue conseguido por las mujeres alrededor del mundo solo desde finales del siglo XIX y bien entrado el siglo XX. En ese sentido, muchas de las reglas que se establecen para la toma de decisiones políticas colectivas han sido producidas desde el punto de vista particular del sujeto político moderno, lo que implica la exclusión de grandes colectivos sociales (mujeres, indígenas, afrodescendientes, campesinos). Es por esto que solo la acción política organizada de dichos colectivos ha roto los estrechos límites de la democracia para realmente considerar sujetos otros.

La democracia sigue aún en proceso de construcción en tanto todavía tiene pendiente el reconocimiento de quienes históricamente excluyó. Por otro lado, la guerra como enfrentamiento bélico entre fuerzas que se disputan por la vía de las armas el control de algún recurso —poder político, económico, territorial, entre otros— ha reforzado las exclusiones sexo-genéricas señaladas antes. Las mujeres han empuñado las armas, aunque no se reconozca así, pero también han trabajado de manera constante por mejorar las condiciones de vida de sus comunidades, pueblos y barrios, y por la construcción de la paz en la mayoría de los conflictos, con mayor énfasis en aquellos que aún hoy siguen vigentes.

Ni su participación en la guerra ni en la construcción de la paz han servido al propósito de ser reconocidas como iguales en el ámbito público-político, de allí que cualquier esfuerzo por superar un conflicto o consolidar la democracia debe plantearse de manera explícita y con medidas concretas el propósito de una inclusión política que no tenga como propósito que los nuevos sujetos políticos se acomoden a los órdenes establecidos sino que desestructure el poder y permita imaginar nuevas formas de gobernar y organizar la sociedad. De otro modo simplemente se replicaría el modelo excluyente que ha dejado a las mujeres por fuera del reconocimiento como sujetos políticos. Lo propio ocurrió con los otros sujetos feminizados desde el desencuentro colonial.

Las recomendaciones incluidas a lo largo de los capítulos del libro buscan que la CEV tome las medidas posibles dentro de su mandato para contribuir a la superación de las visiones tradicionales de la guerra y la paz, ya que en su mayoría obedecen a la tradición de exclusión descrita. No es posible romper esta última sino con un compromiso explícito y la implementación de medidas que avancen en la senda del reconocimiento de las mujeres como sujetos políticos e interlocutoras válidas, con voces autorizadas y no solo partícipes en calidad de invitadas, sino como protagonistas, autoras, actoras de la toma de decisiones, y cuya contribución se fundamenta en sus amplias y diversas experiencias políticas individuales y colectivas.

Las recomendaciones surgidas del análisis de los casos presentados en este libro intentan aportar en una lucha histórica de largo aliento por el reconocimiento y la valoración de la acción política de las mujeres. Muchas de las historias relatadas en procesos de esclarecimiento de la verdad surgen del dolor y la pérdida, pero esto no las relega a un único papel de víctimas o a haber experimentado una única forma de violencia (la sexual). Las instituciones de la justicia transicional deben reconocer la multidimensionalidad y complejidad de las experiencias de las personas victimizadas sin reificar ese estatus. Por el contrario, se les debe reconocer como sujetos capaces de ser partícipes de manera activa de los procesos de verdad, justicia, reparación y construcción de la paz.

Desde su quehacer también debe elucidar cómo esa exclusión estructural de las mujeres de la política moderna se plasmó en Colombia en las dinámicas del conflicto armado y la violencia sociopolítica, y avanzar en las medidas de convivencia, reparación y no repetición que contribuyan a desestructurar esa dimensión patriarcal, heteronormativa, clasista, colonial y antropocéntrica de la política de Occidente. Esto implica avanzar en procesos de radicalización de la democracia y en potenciar otras políticas para la vida. Claves de cómo avanzar en esto se encuentran en los siguientes capítulos del libro.

Brújula de lectura: potenciando el carácter transformador de las comisiones de la verdad

El presente libro se estructura en dos partes. La primera recoge capítulos que dan cuenta de las características de la CEV y de su puesta en marcha. Estos textos incluyen tanto balances como logros, retos y nudos que ha enfrentado la CEV y en especial el Grupo de Trabajo de Género (en adelante GTG), al igual que recomendaciones para lo que resta de su mandato que consideramos serán también útiles para otros mecanismos de justicia transicional en Colombia y otras comisiones de la verdad en el mundo.

La segunda parte del libro explora experiencias de justicia transicional en países como Perú, Guatemala y Suráfrica, identificando tanto los avances y los principales retos que enfrentaron, como recomendaciones para el caso colombiano. En general, dichas experiencias nos permiten evidenciar límites de la justicia transicional para avanzar en cambios estructurales que posibiliten la paz y la transición, trayectorias de radicalización de la democracia, construcción de sociedades equitativas, y el reconocimiento de las mujeres y las colectividades LGBTI como sujetos políticos. Estas experiencias hacen mucho más perentorio concebir los momentos transicionales actuales y venideros como escenarios que posibilitan cambios estructurales tanto en el corto como en el mediano y largo plazo.

El capítulo que prosigue luego de la introducción se titula “Trilogía para ser y caminar