El negocio del crimen E-Book

Marcelo Bergman

• Herausgeber: Fondo de Cultura Económica Argentina
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Sprache: Spanisch
• Veröffentlichungsjahr: 2023

Seitenzahl: 577

Beschreibung

A pesar de que durante los últimos treinta años el delito ha disminuido a nivel mundial, la criminalidad en América Latina ha alcanzado niveles sin precedentes. Si bien las estadísticas demuestran que, desde comienzos del siglo XXI, la región ha experimentado crecimiento económico, reducción de la pobreza y la desigualdad, aumento de la demanda de consumo y extensión de la democracia, también ha sufrido un dramático estallido de violencia y delitos contra la propiedad. Este incremento tiene enormes implicancias sociales, económicas y políticas que están transformando el tejido social y la vida cotidiana de millones de ciudadanos. A partir de fuentes diversas, El negocio del crimen intenta responder tres interrogantes fundamentales: ¿por qué ha aumentado la delincuencia en todo el continente?; ¿por qué las nuevas democracias no han abordado de manera eficaz uno de los problemas más importantes para los ciudadanos de la región?; ¿por qué las instituciones encargadas de la aplicación de la ley tienen un desempeño deficiente? Marcelo Bergman analiza el desarrollo del crimen organizado como negocio en América Latina, así como el fracaso y la incapacidad —en muchos casos, complicidad— de los organismos y los funcionarios estatales para contenerlo con éxito. De este modo, sostiene: "A pesar de que la pobreza se redujo, la desigualdad disminuyó y los ingresos de las personas aumentaron, la región fue testigo del deterioro constante de la seguridad individual. Ahí radica la paradoja latinoamericana".

Leseprobe

MARCELO BERGMAN

EL NEGOCIO DEL CRIMEN

El crecimiento del delito, los mercados ilegales y la violencia en América Latina

A pesar de que durante los últimos treinta años el delito ha disminuido a nivel mundial, la criminalidad en América Latina ha alcanzado niveles sin precedentes. Si bien las estadísticas demuestran que, desde comienzos del siglo XXI, la región ha experimentado crecimiento económico, reducción de la pobreza y la desigualdad, aumento de la demanda de consumo y extensión de la democracia, también ha sufrido un dramático estallido de violencia y delitos contra la propiedad. Este incremento tiene enormes implicancias sociales, económicas y políticas que están transformando el tejido social y la vida cotidiana de millones de ciudadanos.

A partir de fuentes diversas, El negocio del crimen intenta responder tres interrogantes fundamentales: ¿por qué ha aumentado la delincuencia en todo el continente?; ¿por qué las nuevas democracias no han abordado de manera eficaz uno de los problemas más importantes para los ciudadanos de la región?; ¿por qué las instituciones encargadas de la aplicación de la ley tienen un desempeño deficiente?

Marcelo Bergman analiza el desarrollo del crimen organizado como negocio en América Latina, así como el fracaso y la incapacidad —en muchos casos, complicidad— de los organismos y los funcionarios estatales para contenerlo con éxito. De este modo, sostiene: “A pesar de que la pobreza se redujo, la desigualdad disminuyó y los ingresos de las personas aumentaron, la región fue testigo del deterioro constante de la seguridad individual. Ahí radica la paradoja latinoamericana”.

MARCELO BERGMAN (Buenos Aires, 1958)

Es doctor en sociología por la University of California. Se desempeña como profesor y director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Fue profesor e investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económica de México y en el departamento de Sociología de la University of Oregon. Participó en diversos proyectos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Woodrow Wilson Center en Washington.

Entre sus libros, se cuentan: Tax Evasion and the Rule of Law in Latin America. The Political Culture of Cheating and Compliance in Argentina and Chile (2009), y Prisons and Crime in Latin America (con Gustavo Fondevila, 2021).

El Fondo de Cultura Económica ha publicado Confianza y derecho en América Latina (con Carlos Rosenkrantz, 2009), y Drogas, narcotráfico y poder en América Latina (2016).

Índice

CubiertaPortadaSobre este libroSobre el autorPrefacio y agradecimientosIntroducción. Crimen y prosperidad: una paradoja latinoamericanaPRIMERA PARTE. EL DELITO EN AMÉRICA LATINA: TENDENCIAS Y MAGNITUDESI. Tendencias y patrones de la criminalidad latinoamericanaII. ¿Por qué ha aumentado el crimen en América Latina?SEGUNDA PARTE. EL NEGOCIO DEL CRIMEN Y LA PROPAGACIÓN DE LOS MERCADOS ILEGALESIII. Ganancias y oportunidades. El crecimiento de los mercados ilegales y la delincuenciaIV. El negocio de las drogas y su impacto en el delitoV. Crimen organizado y equilibrios de alta criminalidadTERCERA PARTE. EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y LA DISUASIÓNVI. La policía en América LatinaVII. Tribunales penales, reformas procesales y persecución del crimen en América LatinaVIII. La triste historia de las prisionesConclusiones y observaciones finalesEpílogo. El delito en pandemia y pospandemiaReferencias bibliográficasÍndice de nombresCréditos

Prefacio y agradecimientos

TODO LIBRO tiene su genealogía. Este tiene su origen hace más de veinte años cuando comencé a observar que la inseguridad en varios países latinoamericanos crecía y no encontraba respuestas claras y convincentes que explicaran las razones. Había pocos datos bien recolectados y en cada país los especialistas se concentraban en lo local. Mi intuición sociológica me decía que debía existir una razón subyacente que explicara el porqué de este proceso que manifestaba la misma tendencia, aunque con diferentes velocidades e intensidades, y que seguramente debía tener causas compartidas. Si en todos los países el delito crece, debería haber razones comunes que lo expliquen.

Allí comenzó un largo camino. Lecturas, diálogos con especialistas, con funcionarios, con alumnos, y fundamentalmente la recolección sistemática y la producción de información a través de más de treinta encuestas, cientos de entrevistas y la colaboración con países y organizaciones internacionales que se describen en las siguientes páginas. Este libro es el resultado del análisis de esta información, de reflexiones teóricas y de años de producción académica.

En 2018, publiqué en inglés More Money, More Crime por la editorial de la University of Oxford. El negocio del crimen es una traducción adaptada y actualizada de aquel libro, y contiene los hallazgos principales de la versión inglesa. Su prosa es menos técnica y busca llegar a los interesados en estos temas sin ser especialistas en ellos. Mi intención es generar un debate acerca de lo que ha ocurrido en todos los países de la región en las últimas dos décadas. Si bien algunos datos ya tienen varios años, otros más recientes han sido incorporados para esta edición. Los argumentos que se exponen siguen siendo válidos y no se han modificado en estos años, por lo tanto, el fundamento empírico sigue estando vigente hasta la fecha.

La tesis que aquí se esgrime es disruptiva, y si bien muchos colegas comparten facetas de ella, a mi entender no fue aún enunciada en forma abarcadora. Como toda tarea científica, se presentan hipótesis con un buen fundamento empírico, pero que pueden ser refutables. A mi entender, el crimen se ha disparado porque ha sido instrumental para generar ingresos y ganancias para miles y millones de latinoamericanos. Este libro busca desentrañar cómo se produjo este proceso, y por qué hay diferencias en las intensidades y la magnitud de los delitos entre los distintos países de la región.

Para facilitar la lectura, en muchos casos se refiere a los lectores a la versión en inglés, especialmente a aquellos especialistas que deseen revisar fuentes y analizar datos que se omiten en esta publicación. Mi propósito en esta versión más corta es invitar a los lectores a reflexionar sobre los patrones generales que han producido tanto dolor para millones de latinoamericanos y sobre los procesos sociales que han contribuido al crecimiento del crimen y que han sido de difícil resolución. Este trabajo busca iluminar algunos aspectos de las olas delictivas en los países de la región, e invita a repensar estrategias efectivas para reducir el daño que el negocio del crimen ha provocado.

No me alcanzaría la extensión de un capítulo para listar a todas las personas que me han apoyado e instruido durante estos últimos veinte años para realizar estas investigaciones y finalmente escribir este libro. En el prefacio de More Money, More Crime, ya he mencionado a la gran mayoría de quienes me apoyaron y me brindaron sus sabios aprendizajes para la escritura de aquella obra. Me sabrán perdonar si no los repito aquí.

Para esta edición en español me gustaría mencionar a varias personas que, a veces en forma inadvertida, han contribuido a mejorar y desarrollar este trabajo. En primer lugar y en forma anónima, deseo expresar mi gratitud a los miles de personas que respondieron encuestas dentro y fuera de las cárceles, que dialogaron, o me suministraron valiosa información para obtener los datos que permiten fundamentar las ideas que aquí desarrollo. Asimismo, varios colegas en estos últimos cuatro años me han aportado nuevos comentarios y sugerencias para esta edición que enriquecen la obra. Peter Andreas, Javier Auyero, Elena Azaola, Lucía Dammert, Gustavo Fondevila, Alisha Holland, Gabriel Kessler, Eduardo Moncada, Jenny Pearce y Carlos Vilalta han hecho comentarios valiosos que agradezco.

Un especial reconocimiento a mis colegas del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV) Fernando Cafferata, Carolina Bologna, Ana Safranoff, Antonella Tiravasi, Juan Ambrogi, Daniela Kaiser, Carolina Duque, Gonzalo Croci y Pablo Fernández. Un agradecimiento a las organizaciones que financiaron parte de estas investigaciones, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Corporación Andina de Fomento (CAF), y al Centro de Investigación y Docencia Económicas en México (CIDE) y la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) en Argentina, que me cobijaron y apoyaron durante tantos años, así como a Mariana Rey, Gastón Levin y el equipo de Fondo de Cultura Económica por valorar, apoyar y editar este trabajo.

Nuevamente, deseo dar gracias a mi familia, Mónica, Eyal, Jess, Martin y Adriel, quienes han sido, a lo largo de tantos años, una fuente inagotable de entrega y aliento. Por último, un agradecimiento a la vida que me ha regalado en estos últimos años un amor entrañable, una nieta que con su felicidad y entusiasmo ha impulsado los míos. A Lina, y sin aún ella entenderlo, le dedico este libro.

Introducción Crimen y prosperidad: una paradoja latinoamericana

MIENTRAS QUE EL DELITO en Europa, Estados Unidos y Asia ha ido disminuyendo en los últimos treinta años, los homicidios, los robos y el narcotráfico crecieron a niveles sin precedentes en México, Brasil, Venezuela y América Central. Incluso países con historia de baja delincuencia como Uruguay, Argentina y Chile atraviesan una ola de crímenes que ha provocado malestar social y agitación política, y que ha convertido la seguridad pública en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos (Dammert, 2012; Vilalta, 2012; Kessler, 2009). Este estallido de violencia y temor al delito tiene importantes implicaciones sociales, económicas y políticas que están transformando el tejido social y la vida cotidiana de millones. La delincuencia ha aumentado en todos los países latinoamericanos en los últimos veinticinco años, y la región se ha convertido en la más violenta del mundo.

A pesar de este marcado crecimiento de la criminalidad, no hay explicaciones generales para tres preguntas críticas: 1) ¿por qué ha aumentado la delincuencia en todos los países de América Latina?; 2) ¿por qué las nuevas democracias no han abordado eficazmente lo que se ha vuelto el problema y la preocupación más importantes para los ciudadanos de la región?, y 3) ¿por qué las instituciones encargadas de la aplicación de la ley (policía, tribunales y prisiones) tienen un desempeño deficiente?

Entre 1990 y 2015, América Latina tuvo un crecimiento económico sustancial y mostró mejoras significativas en indicadores sociales como la pobreza y la desigualdad (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2016; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2015; Lustig et al., 2013; Lustig, 2015). Asimismo, la mayoría de los países dejaron atrás las dictaduras militares y las guerras civiles de la década de 1980 y fueron forjando nuevas democracias electorales con mayor transparencia (O’Donnell, 2004; Whitehead, 2002; Hagopian y Mainwaring [eds.], 2005; Mainwaring y Pérez Liñán, 2014). Sin embargo, a pesar de estos importantes logros económicos y políticos, la región fue testigo de un aumento dramático en el crimen y la violencia. Los gobiernos y las instituciones estatales han sido incapaces de crear sistemas efectivos de control social y de justicia penal para contener el crimen en aumento (Frühling, 2012b; Brinks, 2008; Beato, 2012; Hinton, 2006; Pásara, 2014; Ungar, 2011; Arias, 2006 y 2017; Lessing, 2017). Es decir, a pesar de que la pobreza se redujo, la desigualdad disminuyó y los ingresos de las personas aumentaron, la región fue testigo del deterioro constante de la seguridad individual. Ahí radica la paradoja latinoamericana.

Este libro explica por qué el crimen se ha incrementado en todos los países de América Latina en las últimas tres décadas, convirtiendo a esta región en la más violenta del mundo. También examina las implicancias sociales, económicas y políticas de este brote de criminalidad. Se propone una teoría que da cuenta del crecimiento delictivo y argumenta que el delito ha aumentado porque se convirtió en una empresa lucrativa para muchos ciudadanos, empresarios y funcionarios públicos que cosecharon los beneficios de una creciente demanda de bienes ilícitos abastecidos por redes criminales. Las débiles instituciones estatales redujeron aún más su capacidad de disuadir el crimen, ya que las fuerzas policiales, los tribunales y las cárceles no se han podido adaptar adecuadamente a una gobernanza democrática efectiva. El incremento de la actividad criminal y el fracaso de la competencia de las instituciones para contenerla forjaron un círculo vicioso de alta criminalidad y capacidades estatales débiles.

Esta investigación documenta los patrones y las tendencias criminales en 18 países de América Latina, y muestra que el crimen posee un movimiento dinámico y en constante evolución en toda la región. Se analizan, precisamente, algunos de los factores sociales, políticos y económicos que contribuyeron a la expansión del delito.

Se sostiene, en primer lugar, que la criminalidad es un problema regional más que nacional; en segundo lugar, que tanto la prosperidad económica como el incumplimiento de las leyes son dos factores que deben combinarse para el aumento de la delincuencia, y, en tercer lugar, que el crimen se ha convertido en un “negocio rentable”. Por último, es necesario trascender las explicaciones tradicionales acerca del delito, incluidas las estrechas perspectivas económicas, políticas y legales, y observar las distintas trayectorias de violencia y criminalidad que han tomado los países de la región.

CÓMO Y POR QUÉ CRECIÓ EL DELITO: UN BREVE RESUMEN

Las décadas de 1990 y de 2000 han sido dos de las mejores que ha tenido América Latina en términos de crecimiento económico, reducción de la pobreza y disminución de la desigualdad. Esta relativa prosperidad también ha producido un mayor consumo de bienes robados (automóviles, teléfonos celulares y computadoras) y un mayor comercio de sustancias ilícitas, de producción y contrabando de drogas, secuestros y un tráfico creciente en trata de personas. Durante este período, los delitos violentos, como los homicidios, los robos y los secuestros, se han duplicado en varios países y en algunos, incluso, se han triplicado en una sola década. El miedo al delito creció y las respuestas de los gobiernos fueron insuficientes. A pesar de que los ciudadanos buscaron soluciones personales, como nuevos barrios cerrados, reubicación y migración, el delito siguió en aumento (Caldeira, 2001; Dudley, 2012; Carrillo, 2009).

La criminalidad se convirtió en un negocio exitoso que produjo grandes oportunidades de generar ganancias para el crimen organizado. Estas redes reclutaron fácilmente a jóvenes de bajos ingresos para convertirlos en soldados de batalla de las pandillas y los carteles. Cientos de miles de ellos han sido asesinados y millones han sido encarcelados; sin embargo, el delito no ha disminuido (Adams, 2011; Auyero y Berti, 2013; Kessler, 2004; Misse, 2006; Briceño-León et al., 2012). Este aumento en el crimen provocó la reacción de los ciudadanos, quienes comenzaron a exigir gobiernos más eficaces; no obstante, estos produjeron escasos resultados. La confianza de los ciudadanos en la policía disminuyó, los jueces fueron inculpados por el síndrome de la “puerta giratoria” y los gobiernos siguieron sin poder generar respuestas efectivas ante el avance de los carteles y las redes delictivas (Bagley y Rosen, 2015; Garzón, 2008; Lessing, 2017; Villalobos, 2014a; Maihold y Jost, 2014).

La delincuencia ha aumentado porque se ha convertido en un negocio rentable y porque los Estados débiles y los sistemas de justicia penal obsoletos no han logrado enfrentar exitosamente los desafíos que plantean estas nuevas empresas criminales. La relativa mejora de los ingresos ha producido un incremento de la demanda de los consumidores. Algunos de los bienes revendidos provienen de robos y otras actividades ilegales, y se canalizaron a mercados secundarios que fueron organizados y abastecidos por redes ilícitas. Las débiles políticas contra la inseguridad y las grandes ganancias de las actividades ilegales se retroalimentan y crean así un círculo vicioso: un equilibrio perverso de alta criminalidad y poca eficacia estatal. Frente al crecimiento del crimen organizado, los gobiernos no tuvieron la visión para promover una movilidad social ascendente y sostenible de los ciudadanos de bajos ingresos, y no han mejorado de manera sustancial las capacidades técnicas de los organismos encargados de hacer cumplir la ley para disuadir la criminalidad. Por lo tanto, en el contexto latinoamericano, la relativa mejora general de los ingresos alimentó involuntariamente la criminalidad.

Los actores nacionales e internacionales impulsados por las grandes ganancias han convertido el crimen en un “negocio”. Lo que en un principio comenzó con un crecimiento en el número de hurtos y tráfico se extendió luego a robos de gran escala, a la extorsión, al secuestro, al tráfico de personas y a tasas de homicidios sin precedentes. Esta transición desde un equilibrio de baja criminalidad (EBC) que existe en casi todas partes hacia un equilibrio de alta criminalidad (EAC) que predomina en muchos países latinoamericanos es el resultado de la débil capacidad disuasoria del Estado.1 Ambos procesos son importantes: el desarrollo de la delincuencia como un negocio y la incapacidad (y, en ocasiones, la complicidad) de las agencias y los funcionarios estatales para contenerla. Una vez que se establece un EAC, se torna extremadamente difícil para las policías y agencias estatales desmantelarlo. Esto explica en parte el fracaso de muchos gobiernos latinoamericanos para reducir la delincuencia.

Si bien la mayoría de los países de la región ha tenido una tendencia al alza de la criminalidad, algunos han alcanzado tasas catastróficas de violencia, mientras que otros han podido mantener niveles moderados de delitos. Es decir, estas naciones comparten una tendencia similar de aumento de la delincuencia, pero tienen diferentes intensidades y velocidad de crecimiento de la violencia criminal. Los países como Colombia, México, Venezuela, El Salvador, Honduras, Guatemala y algunas regiones de Brasil han tenido crecimientos vertiginosos de sus tasas delictivas, especialmente de homicidios. Aun cuando durante ciertos períodos algunas regiones o países (por ejemplo, el estado de San Pablo o Colombia) redujeron la violencia, nunca lograron revertirla a tasas menores de diez por cada cien mil habitantes, que es considerada la línea que define el problema de los homicidios como epidemia. Además, Uruguay, Chile, Argentina y Paraguay también han tenido crecimiento de delitos graves y principalmente de robos violentos, lo que produce pisos más altos de violencia.

Las rentas de la criminalidad y la debilidad del sistema de justicia penal han provocado una rápida espiral de la delincuencia en algunos países y un crecimiento moderado en otros. Cuando surgen oportunidades para grandes rentas ilegales, se necesitan instituciones fuertes y Estados eficaces con capacidad de neutralizar los efectos perversos del aumento de la delincuencia. En América Latina, han crecido las oportunidades para las rentas ilegales, mientras que la efectividad del Estado en general se mantuvo rezagada.

Este libro tiene una impronta empírica basada en una investigación que se extendió a lo largo de más de catorce años, y utiliza encuestas de presos en ocho países y 15 encuestas de victimización que he dirigido. Una muy breve descripción de todas las fuentes se detalla en el anexo de esta introducción. Los argumentos se desarrollan de una manera simple para que se comprendan los conceptos y las historias detrás de los datos. Utilizo esta evidencia para ejemplificar tendencias, dar una idea de la complejidad de los problemas y examinar argumentos desde una perspectiva humana. La historia reciente de la región muestra que el crecimiento económico no produce mejoras en la seguridad pública a menos que los gobiernos protejan a sus ciudadanos y promuevan una inclusión social genuina.

LA EXPLOSIÓN DEL CRIMEN

El crimen en América Latina se encuentra entre los más altos del mundo. La tasa de homicidios en la región en 2017 superó las 24 víctimas por cada cien mil habitantes (América del Sur, 24,2; América Central, 25,3; México, 25,2), y ha sido mucho más alta que en África (12,9), Europa (3), Asia (2,3) y Estados Unidos (5,3) (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2019). En 2015, la tercera parte de los homicidios en todo el mundo ocurrieron en esta región, habitada por menos de una décima parte de la población mundial. Además, ocho de los diez países más violentos del mundo también se encuentran allí (Amnistía Internacional, 2016).

Desde una perspectiva histórica, las últimas décadas muestran un crecimiento vertiginoso de la violencia y del delito. Aunque América Latina siempre exhibió altas tasas delictivas, las diferencias entre la década de 1980 y las recientes son notables. Por ejemplo, mientras que a comienzos de los años ochenta solo cuatro países tenían tasas de homicidio superiores a diez por cada cien mil habitantes, en 2016, diez de los 18 países de la región superaban esa marca. Y todos los países registran tasas superiores a las de 1980 (con alguna excepción en América Central, que por aquellos años atravesaba guerras civiles).

Este aumento dramático que se observa en los homicidios también se refleja en las crecientes tasas de delitos contra la propiedad. En un tercio de los hogares latinoamericanos, al menos a una persona le han robado alguna pertenencia durante el último año; más de un millón de automóviles se roban cada año en la región, y millones de teléfonos celulares, dispositivos digitales y otras pertenencias personales se roban y se venden en mercados secundarios fácilmente accesibles.

El crecimiento de los delitos contra la propiedad es mayor que el aumento de los delitos puramente violentos. Si bien no hay información confiable para las décadas de 1980 y 1990, es posible afirmar que los robos se han incrementado en forma significativa. Además de los atracos de valiosos artículos personales en la calle, crecen los robos a gran escala de armas, petróleo y productos mineros, como hierro, oro y cobre, entre otros.

También existe un marcado crecimiento en los consumos de sustancias ilícitas, principalmente del cannabis y los distintos derivados de la coca. Esto ha impulsado un rápido incremento de los mercados domésticos de drogas prohibidas. Muchos trabajos (Bergman, 2016; Corporación Andina de Fomento y Banco de Desarrollo de América Latina, 2014; Tokatlian [comp.], 2010) han documentado este aumento. Es notable que mientras en la década de 1980 los consumos de drogas estaban circunscriptos a nichos muy definidos, la demanda interna ha crecido sustancialmente en los últimos años. Además de las rutas internacionales hacia Estados Unidos y Europa, se han desarrollado mercados locales muy rentables. El crecimiento de bandas que se especializan en el tráfico de drogas en Brasil, Colombia y México para abastecer mercados locales da pistas de la dimensión de este incremento (Bagley y Rosen, 2015).

Otros de los delitos altamente predatorios que van creciendo en la región son las extorsiones, los secuestros y la trata de personas. Lamentablemente, no hay buenas métricas que permitan comparaciones intertemporales; sin embargo, existe bastante evidencia de que estas tres modalidades delictivas están muy diseminadas, en especial en algunos países con altas tasas de delitos violentos (Bruneau, Dammert y Skinner [eds.], 2011; Cruz, 2010; Moncada, 2021). La teoría de los dos equilibrios que desarrollo más adelante dará cuenta de la disparidad entre distintos niveles de criminalidad.

A pesar de que los estudios criminológicos en América Latina han señalado las altas tasas de homicidios en la región, no responden tres preguntas importantes: ¿por qué las tasas de criminalidad aumentaron en América Latina, mientras que disminuyeron en la mayor parte del mundo durante el mismo período? ¿Por qué la delincuencia se ha disparado en la gran mayoría de los países de la región? Esto implicaría que el aumento de la delincuencia trasciende las débiles capacidades o tendencias estatales en ciertos países, y ¿por qué esta literatura ha pasado por alto el aumento significativo de los delitos contra la propiedad y su impacto en el crecimiento de la criminalidad? En este trabajo procuro acercar algunas respuestas a estas preguntas.

EL ESTUDIO DEL CRIMEN EN AMÉRICA LATINA

Es sorprendente que no existan teorías acerca del crecimiento del delito en América Latina. Desde distintas disciplinas se ha apelado a paradigmas clásicos que, sin embargo, no han sido sometidos a pruebas empíricas. Por ejemplo, los especialistas en derecho han estudiado el mal funcionamiento de los sistemas de justicia penal y han propuesto reformas a los códigos de procedimiento penal para mejorar su desempeño asumiendo que el mal funcionamiento de las viejas instituciones es parte central del problema.

Los sociólogos se han focalizado en las condiciones sociales adversas: la pobreza, la desigualdad, el desempleo y los malos ámbitos que promueven el “desvío social”; no obstante, la evidencia aportada fue generalmente pobre y las hipótesis rara vez fueron sometidas a pruebas rigurosas.

En los últimos años, comenzaron a proliferar estudios empíricos sobre la inseguridad (Banco Mundial, 2011; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013). Los expertos del campo han discutido el problema desde enfoques teóricos diversos, como la tensión social, el control, la desorganización social, los puntos calientes (hot spots), la disuasión y las oportunidades y la elección racional (Briceño-León, 2008; Beltrán y Salcedo-Albarán, 2003; Arias y Goldstein [eds.], 2010; Sozzo, 2014; Di Tella, Edwards y Schargrodsky, 2010; Davis, 2010). Estos estudios han brindado una primera aproximación para explicar las disparidades en la tasa de criminalidad entre ciudades o regiones (Koonings y Krujit, 2015; Moncada, 2016); el efecto de la urbanización y las tendencias demográficas (Muggah, 2012; Beato, 2012; Escobar, 2012); la desigualdad de ingresos (Fajnzylber, Lederman y Loayza, 2002); el impacto de las pandillas en el crimen (Rodgers, 2009; Cruz, 2010; Bruneau, Dammert y Skinner [eds.], 2011); los efectos de una policía deficiente y de tribunales ineficaces (Azaola y Ruiz, 2012; Arias y Ungar, 2009; Cano, 2012; Hinton, 2006; Sabet, 2012; Duce, Fuentes y Riego, 2009; Hammergren, 1999; Frühling [ed.], 2004); las políticas de encarcelamiento fallidas (Antillano et al., 2016; Salla, 2007; Bergman y Fondevila, 2021; Macaulay, 2013); las instituciones débiles (Snyder y Durán-Martínez, 2009; Yashar, 2012; Bailey, 2014; Cruz, 2011); el efecto político y social de la victimización (Bateson, 2012; Dammert, 2012; Gaviria y Pagés, 2002), entre otros factores. Sin embargo, estas investigaciones aún no han proporcionado una explicación exhaustiva acerca del aumento de la delincuencia en las últimas tres décadas.

Quedan muchas preguntas sin responder. Por ejemplo, la pobreza y la desigualdad han sido graves históricamente en la región, pero no siempre generaron crimen y violencia. Los barrios marginales proliferaron en las décadas de 1960 y 1970 y no produjeron mucho delito. El comercio ilegal de drogas ha crecido desde la década de 1980 y, sin embargo, hasta hace muy poco, excepto los casos de Colombia, y tal vez Perú, ningún otro país de la región ha sido seriamente afectado por el tráfico de drogas. Como se verá en el capítulo II, algunas variables como la fortaleza comunitaria, los mercados laborales, el nivel del tráfico de drogas y el grado de eficacia en la aplicación de la ley se correlacionan con las tendencias de la criminalidad, pero ningún estudio presenta una respuesta satisfactoria sobre las causas de la ola delictiva de las últimas décadas.

El marco analítico de este libro responde a preguntas clave, por ejemplo: ¿por qué los mercados laborales débiles crean más delincuencia en ciertos contextos, pero parecen tener pocos efectos en otros? ¿Por qué las drogas y el narcotráfico generan niveles de homicidios muy altos solo en algunos países? ¿Por qué las tendencias delictivas varían entre ciudades con una composición urbana similar? ¿En qué condiciones la pobreza y la distribución desigual del ingreso pueden aumentar las tasas de criminalidad? Presento aquí un modelo de equilibrio general que da sentido a resultados dispares para países o regiones con condiciones similares.

Esta perspectiva permite integrar algunas de las variables mencionadas que se correlacionan con la criminalidad en la región: las condiciones sociales adversas, la rápida y desestructurada urbanización, la liberalización económica, la débil aplicación de la ley, la corrupción, entre otras. Las variables asociadas a la criminalidad pueden producir crimen si son detonadas por ciertas condiciones sociales y económicas o si son neutralizadas por factores limitantes. Esta interacción entre incentivos y restricciones produce distintos resultados: equilibrios estables o inestables, ya sea de alta o de baja criminalidad.

El rol de los países

Dos características del crimen en la región no han recibido suficiente atención en la literatura criminológica de América Latina: el rol de los países y el de la “demanda” del crimen.

El paradigma dominante de la criminología se ha centrado en las personas que cometen delitos, en el “desviado”. La mayoría de los estudios examinan las condiciones que producen esos “desvíos”. Otra línea de investigación se ha centrado en el lugar físico donde ocurren los delitos y sus características. La Escuela de Chicago (Park y Burgess, 1925; Shaw y McKay, 1942) y más recientemente la elección racional, el crimen como oportunidad y las perspectivas de las actividades rutinarias (Cornish y Clarke, 1987; Clarke, 1997; Felson, 2002; Weisburd et al., 2006) también enfocan sus investigaciones en los lugares donde ocurren los delitos (la calle oscura, la taberna, la esquina donde se venden drogas, el “punto caliente” del crimen, etc.) y se centran en dos dimensiones: el individuo y su espacio circundante.

Sin embargo, el país es una tercera dimensión que ha recibido poca atención. Aquí examino varios factores nacionales que, sin desacreditar la relevancia de variables como pobreza, desigualdad, desarrollo, etc., ayudan a explicar por qué, en circunstancias similares, existe un rango amplio de posibles resultados. Introduzco el efecto “país” como una dimensión adicional que no se observa demasiado en la literatura de la región.

Tanto la historia como los factores locales afectan en gran medida la preocupación de las personas sobre el crimen. Por ejemplo, la violencia criminal en Colombia u Honduras no puede explicarse analizando solo a las personas y los lugares. Los robos en Argentina y Venezuela no resultan únicamente de las débiles capacidades estatales para disuadir el crimen en esos países. El caos generado por el narcotráfico en Brasil o México no se justifica solo por la geografía o el azar. Los factores criminógenos se desarrollan de manera diferente en cada entorno nacional, produciendo resultados dispares.

Una perspectiva desde el lado de la “demanda”

Una segunda característica del crimen en América Latina, y tal vez su sello distintivo, es la existencia de una demanda constante de productos ilícitos que ha motivado un auge de las economías ilegales (Naim, 2006; Felbab-Brown, 2010; Yashar, 2012; Dewey, 2015). La literatura del crimen sobre “las personas y los lugares” se ha concentrado en el “lado de la oferta” de la criminalidad, o sea, en las personas que cometen delitos y sus alrededores, y se presta menos atención a los intereses e incentivos que el crimen provoca. Esto es algo desconcertante dada la gran evidencia y la cantidad de estudios en curso.

Tomemos, por ejemplo, el caso de las drogas ilícitas, un caso típico donde la oferta de estupefacientes sigue a la demanda. Dado que muchas personas quieren consumir drogas y los Estados las prohíben, nace un mercado negro donde algunos individuos (productores, transportistas, dealers y otros) aprovechan esta oportunidad para lucrar. En América Latina, se desarrollaron también otros mercados ilegales que se expandieron en los últimos años, y con ellos el uso de la violencia, ante Estados que no pudieron contenerlos.

Las economías ilegales crean mercados criminales. Una fuerte demanda de bienes ilícitos baratos combinada con la complacencia de las autoridades invita a adoptar una perspectiva que no solo estudia la oferta del delito, sino también la dinámica creada por la demanda de bienes ilícitos. Esta demanda socava la capacidad del Estado para disuadir el delito; genera incentivos para un remplazo rápido de infractores detenidos; aumenta la violencia cuando bandas criminales compiten entre sí; crea más corrupción, etc. El estudio de la “demanda” del crimen contribuye a analizar la complejidad de la criminalidad en la región.

HACIA UNA PERSPECTIVA GENERAL DEL DELITO EN AMÉRICA LATINA

Es importante distinguir entre la tendencia y la intensidad del delito. Todos los países de la región tienen una tendencia al alza, pero difieren en la intensidad del delito, es decir, su profundidad y extensión. Por ejemplo, las tasas de delitos de Chile y Venezuela se han duplicado desde principios de la década de 1990, sin embargo, los homicidios en este último país son al menos veinte veces más altos. Del mismo modo, Buenos Aires en Argentina y San Pedro Sula en Honduras experimentaron un aumento notable en la delincuencia entre 1990 y 2015; no obstante, las diferencias entre estas dos ciudades son tan sorprendentes como en la comparación anterior. Esto exige una explicación.

Para dar cuenta de las diferencias en las tendencias y en la intensidad del crimen entre los distintos países propongo una perspectiva de equilibrio general del crimen, o sea, un orden donde interactúan los incentivos que generan las rentas de las economías ilícitas y la eficacia de los instrumentos que las restringen. Este equilibrio general se basa en las fuerzas que aceleran el crimen y los factores que lo limitan.

Los umbrales iniciales también importan. Las tasas de criminalidad en Chile no aumentaron de la misma manera que lo hicieron en Venezuela, porque en Chile el umbral inicial de delincuencia ha sido muy bajo, mientras que en Venezuela era relativamente alto. Como se mostrará en la segunda parte de este libro, los altos umbrales de criminalidad ponen en marcha mecanismos epidémicos de contagio y propagación del delito que son difíciles de revertir. Una vez que un país ha alcanzado un EAC, se requiere un enorme esfuerzo y recursos para revertir su curso. Colombia es el ejemplo típico. A pesar de las grandes inversiones en seguridad pública, las grandes reformas institucionales y el desarrollo de tal vez una de las mejores policías de la región, este país tiene aún una de las tasas de criminalidad más altas del mundo.

EL NEGOCIO DEL CRIMEN Y SUS EFECTOS

La ola delictiva que irrumpió en la región desde la década de 1980 y en especial desde la de 1990 está asociada con el crecimiento exponencial del negocio criminal. Aunque tiene ribetes e implicaciones políticas, su origen radica en la apropiación de una renta muy importante por parte de ciertas personas y grupos. No se trata ya de regentar un prostíbulo o una red de apuestas ilegales con la connivencia de autoridades (típica actividad ilícita de la primera mitad del siglo XX), sino de abastecer una demanda constante de bienes que circulan legal o ilegalmente en el mercado. No es posible comprender la dimensión real de la actual ola delictiva sin tener una clara perspectiva acerca de la dimensión de las rentas del crimen.

En las últimas décadas, el negocio criminal ha sido significativamente mayor que el de siglos anteriores. Producto del delito, en los mercados circulan, además de drogas ilícitas, otros bienes transables y legales: automóviles, autopartes, dispositivos digitales, vestimenta y calzado, mascotas, alimentos, telefonía celular, etc. Una fracción de estos productos se origina en robos de efectos personales y termina ofreciéndose en mercados secundarios, por medio de redes especializadas. Cualquier habitante de las urbes latinoamericanas sabe dónde adquirir un smartphone de origen dudoso a un precio sustancialmente menor. Cada centro urbano de América Latina tiene grandes mercados o pequeños outlets donde se consiguen estos bienes (Dewey, 2015). Aunque no todos los productos que allí se comercializan son robados, algunos de ellos provienen de estos delitos. Asimismo, y como se verá más adelante, también circulan narcóticos para consumo doméstico que se pueden adquirir con bastante facilidad a través de redes de comercialización ilícitas.

El efecto devastador de este crecimiento criminal redujo la capacidad de los Estados para disuadir la delincuencia y, sin advertirlo, también ha facilitado una diversificación hacia otras actividades criminales. Por ejemplo, la proliferación de armas ha llevado a un aumento en el número de delitos interpersonales. Del mismo modo, el tráfico internacional de narcóticos ha contribuido de manera directa al crecimiento de los mercados nacionales de drogas.

El alza constante de las tasas de homicidios en muchos países latinoamericanos puede atribuirse principalmente al creciente número de este tipo de delitos “adquisitivos” y con fines de lucro. A medida que el negocio del crimen se expande, la violencia también lo hace.

Esto plantea varias preguntas clave: ¿por qué ha aumentado el crimen en esta región y no en el resto del mundo? ¿Por qué ciertos países de América Latina han sido más vulnerables a la delincuencia con fines de lucro que otros? ¿Por qué algunos países con contextos similares tienen mayores picos de violencia que otros?

Mi enfoque teórico sostiene que el crecimiento agudo de la actividad criminal refleja el colapso de un equilibrio. Para identificar las condiciones que conducen a este colapso es necesario examinar el contexto social, económico, político y cultural en el que se desenvuelve el crimen. Un EBC cambia a un EAC cuando la demanda de bienes ilícitos en el mercado desborda la capacidad de las agencias estatales de neutralizar dicha demanda, y cuando las bandas diversifican el negocio del crimen.

Como se verá en el capítulo III, distintos factores han contribuido a un aumento en la demanda de bienes en los mercados ilegales de toda la región. Muchas instituciones encargadas de aplicar la ley fueron negligentes, y algunas autoridades toleraron o no pudieron controlar la existencia de mercados negros. El statu quo histórico (disuasión moderada, un pequeño número de actividades ilegales y la subordinación de los líderes del crimen a los poderes de turno) comenzó a debilitarse, mientras los “empresarios del crimen” expandían sus negocios. Este trabajo tiene una perspectiva singular. Mientras que la criminología clásica busca comprender los motivos y las acciones de los delincuentes, el punto de partida de este libro es el contexto social, económico y político. El énfasis aquí está en los crímenes y no en los delincuentes.

¿Por qué colapsó el equilibrio? ¿Por qué países como Colombia, El Salvador, Venezuela o México fueron más susceptibles a ciclos viciosos de violencia respecto a otros como Chile, Uruguay, Paraguay o Costa Rica?

El crecimiento de los mercados ilegales genera de modo gradual una masa crítica de individuos dispuestos a involucrarse en el crimen. Mientras la capacidad de la aplicación de la ley y las instituciones sociales sean fuertes, el EBC se sostiene. Sin embargo, si el crecimiento del crimen excede la capacidad disuasoria de las instituciones encargadas de aplicar la ley, el viejo equilibrio comienza a desmoronarse y la violencia y el crimen aumentan de forma abrupta. Normalmente, un punto de inflexión (tipping point) dispara un EAC. Este puede ser causado ya sea por un aumento en la “demanda” de delitos (por ejemplo, mayor tráfico de drogas o ganancias que se obtienen de nuevos mercados criminales) o por la incapacidad de las fuerzas del orden y las instituciones sociales para disuadir el delito (por ejemplo, Estados débiles que colapsan, instituciones que no pueden adaptarse a los nuevos desafíos, un aumento peligroso de la corrupción, etc.; véase Levitsky y Murillo, 2009). Un EAC emerge ya sea por las grandes rentas que genera el delito adquisitivo, o bien por un inadecuado desempeño institucional de la justicia penal. Se alcanza un “punto de inflexión” cuando un mal funcionamiento institucional debe enfrentar a una vibrante y creciente demanda de delitos.

Existen muchos ejemplos para apoyar esta hipótesis, México es quizás el más reciente y notorio. A pesar de que las instituciones policiales mexicanas fueron históricamente corruptas y débiles, lograron contener en forma adecuada el crimen. Sin embargo, en el transcurso del período de transición 1994-2006, el gradual aumento del delito callejero expuso la incapacidad de las fuerzas del orden para garantizar la seguridad pública. Al mismo tiempo, los cambios internacionales en el mercado del tráfico de cocaína y sus tentadoras ganancias produjeron un incremento del delito que el “antiguo régimen” ya no pudo contener. Con los cambios en el negocio del narcotráfico, los traficantes aprovecharon la debilidad institucional del sistema de justicia penal mexicano para socavar el frágil equilibrio preexistente, allanando el camino para la ola actual de violencia.

Una situación similar se observa en Colombia, donde un estado históricamente débil que enfrentó legados de violencia sorteó bastante bien hacia fines de la década de 1960 y principios de la de 1970 con niveles moderados de delincuencia. No obstante, este delicado equilibrio se deshizo cuando el negocio de la cocaína abrumó a las agencias encargadas de aplicar la ley. La violencia en Colombia explotó en los años ochenta y noventa.

Venezuela, y especialmente Caracas, tuvieron tasas de criminalidad crecientes que en sus comienzos no estaban vinculadas al narcotráfico. El país con treinta millones de habitantes registró siete mil homicidios en 1999 y más de veinte mil en 2011. Lo notable de este caso es el colapso sistémico de las instituciones encargadas de la aplicación de la ley, que fueron incapaces de contener un número “razonable” de delitos callejeros debido a diversos procesos políticos. El robo común, así como los asaltos e incluso los homicidios derivados de conflictos menores, crecieron exponencialmente porque los perpetradores tenían muy altas probabilidades de quedar impunes, diluyéndose así el efecto de disuasión. En este contexto, la violencia se extendió y empujó al país a un punto de inflexión que no fue causado por un crecimiento en la “demanda” de delitos, sino por un colapso en la aplicación de la ley.

Chile, en el otro extremo del continuo, es un país cuyos residentes son reconocidos por cumplir las leyes y donde los funcionarios son percibidos como eficientes y profesionales. Sin embargo, también ha sufrido un aumento de robos comunes y de automóviles, así como un creciente mercado doméstico de drogas que se duplicó en solo una década. Aunque es fácil entender por qué Chile no ha seguido el camino de Colombia o México, no resulta tan sencillo explicar por qué Santiago de Chile no ha seguido el camino de San Pablo o Belo Horizonte, dos ciudades que han tenido un crecimiento similar en tasas de robo y consumo de drogas. El delito creció en Chile, pero la violencia se mantuvo contenida y no alcanzó un nuevo punto de inflexión, es decir, no se generó una masa crítica de individuos dispuestos a subvertir el equilibrio existente. La fortaleza de las instituciones y la aplicación de la ley imponen una vara muy alta para que la mayoría de las personas se animen a desafiarla.

Uruguay y Costa Rica también tienen entornos de EBC. El país centroamericano, aunque amenazado por el tráfico de drogas, mantiene un equilibrio virtuoso de baja criminalidad e instituciones razonablemente estables. En Uruguay, los crímenes callejeros han crecido, pero la amenaza del crimen organizado es baja, y las instituciones de aplicación de la ley aún se perciben como moderadamente efectivas.

Por último, hasta el año 2020, los casos de Honduras y El Salvador contrastan con el de Nicaragua, uno de los países más pobres de la región.2 Aunque todos estos países están ubicados en el corredor de la droga desde Colombia hasta Estados Unidos, Nicaragua ha tenido un aumento de los homicidios que ya supera los diez cada cien mil habitantes. Sin embargo, la tasa de homicidios en Honduras es 18 veces mayor y las de El Salvador y Guatemala fueron cuatro o cinco veces mayores. ¿Por qué no se ha derrumbado Nicaragua ante la demanda de delitos como lo han hecho sus vecinos? La respuesta parece encontrarse en la capacidad de penetración del Estado (Cruz, 2016) forjando un EBC que hasta ahora se ha logrado sostener (Rodgers, 2007).3 Honduras y El Salvador, en cambio, cedieron rápidamente a la presión de los narcotraficantes y las pandillas o maras porque su EBC era ya muy frágil.4

Esta perspectiva sobre el equilibrio delictivo conduce a cinco hipótesis de trabajo. Primero, el tipo de equilibrio del crimen ex ante es crítico para la respuesta que pueda dar el sistema de justicia penal a una nueva amenaza. Los equilibrios pueden ser débiles, como en el caso de México durante el gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero de no existir una amenaza importante, las autoridades pueden controlar el crimen durante décadas. En otros casos, los equilibrios inicialmente robustos pueden ser socavados por el impacto de un auge muy importante de los mercados ilegales.

Segundo, el colapso de un equilibrio puede desencadenarse ya sea por el crecimiento de la demanda de productos ilegales (por ejemplo, la droga en Colombia) o por el debilitamiento de la aplicación de la ley (por caso, Venezuela). No existe una causa única, el delito toma impulso donde las oportunidades y condiciones son favorables. Por ejemplo, un mercado de bienes robados, como teléfonos móviles, puede evolucionar donde hay una gran demanda de estos productos, o bien cuando no hay una herramienta de aplicación efectiva para evitar que este mercado se desarrolle. Por lo general, la demanda de bienes ilegales crece donde la aplicación de la ley es débil; sin embargo, este no es siempre el caso.

Tercero, cualquier bien altamente demandado y de circulación restringida tiene el potencial de ejercer presión sobre el equilibrio existente. Holanda cuenta con la tasa más alta del mundo de robo de bicicletas debido a la gran cantidad que hay en el país (Dijk, Kesteren y Smit, 2008: 71). No obstante, la venta de bicicletas robadas es mayor en Europa del Este, donde el control de este mercado negro es más laxo. Cuanto más grande sea la diferencia en el costo entre un bien legalmente adquirido y un producto robado, mayor será el incentivo para robarlo. Por ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría de los teléfonos móviles usados se venden por muy poco valor. Este no es el caso de los iPhones y los iPad, que tienen un valor de reventa superior. Como resultado, estos dispositivos se roban con mayor frecuencia que los teléfonos celulares.

Cuarto, no todos los mercados negros son violentos. Aunque en todos los países existen mercados donde se comercializan bienes robados y drogas, el nivel de violencia está determinado por la naturaleza del equilibrio delictivo. Si los mercados secundarios de bienes robados son robustos, esto estaría indicando un alto nivel de robo generalmente asociado a niveles de violencia crecientes. Sin embargo, el control estatal sobre los mercados ilegales es el factor que más incide en mantener controlada la violencia (Naylor, 2009). Cuando las agencias estatales, como la policía, controlan el crimen para su propio beneficio (como en Río de Janeiro en la década de 1980, México bajo el PRI y la provincia de Buenos Aires durante las décadas de 1980 y 1990), los niveles de violencia permanecen relativamente bajos. No obstante, cuando la policía ya no puede controlar a las bandas criminales, la violencia se dispara.

Quinto, los niveles de violencia también están relacionados con el poder de disuasión de un Estado y la capacidad de castigar a los culpables. Cuando la probabilidad de detección y sanción es alta, los mercados tienden a estar más fragmentados y la violencia a ser baja. Esto se observa con claridad en los mercados de drogas de Estados Unidos y Europa Occidental, que se mantienen relativamente pacíficos y sin ningún grupo dominante (por ejemplo, un importante cartel de drogas que operara en Chicago o en Londres sería desmantelado rápido por las agencias de aplicación de la ley). Además, cuando la disuasión es baja, el negocio del crimen tiende a concentrarse en menos manos y la lucha entre grupos poderosos podría desatar violencia. En un EAC, el crimen organizado tiende a concentrarse en pocos grupos poderosos que, al pelear por las rentas, desencadenan mayor violencia.

LA NOCIÓN DE EQUILIBRIO EN MATERIA DE CRIMINALIDAD

Esta sección presenta algunos conceptos clave que constituyen un andamiaje teórico importante de este trabajo: la idea de equilibrio del crimen.5 Para agilizar la lectura, seguidamente aporto breves definiciones de algunos conceptos básicos para concentrarme luego en sus implicaciones y cómo ayudan a explicar la criminalidad en la región. Asimismo, el capítulo V proporciona una descripción completa de los equilibrios de alta criminalidad.

Primeros conceptos

De acuerdo a la teoría de los juegos, un equilibrio es el resultado de las acciones estratégicas de dos o más individuos que interactúan con frecuencia, y donde cada persona actúa considerando las decisiones que podrían tomar las otras personas. En general, una persona X sabe, imagina o intuye lo que harán los demás, y adopta una conducta o decide qué es lo mejor para sí misma, según las decisiones que podrían tomar las otras. Estas interacciones crean la expectativa de que no hay una mejor estrategia individual dadas las acciones de los otros y, por lo tanto, genera incentivos para que las personas sigan actuando de la misma manera. Cuando todos esperan un resultado determinado, este resultado probablemente sea el equilibrio.

El concepto de equilibrio ayuda a enmarcar la relación entre transgresores y autoridades. Cuando los delincuentes creen que las autoridades no los detectarán, es muy probable que el crimen crezca. Por el contrario, si los potenciales transgresores creen que las policías son eficaces, la tasa de criminalidad será baja. El tipo de equilibrio modela las expectativas y el comportamiento de los malhechores.6

El equilibrio delictivo que desarrollo en este libro es uno en el que muchos potenciales transgresores adoptan una estrategia condicional de abstenerse de cometer delitos en la medida en que creen que otros delincuentes están siendo detenidos y castigados. Por lo tanto, para lograr un EBC no hay otra solución que la hobbesiana, es decir, un Leviatán que castigue eventualmente a una gran parte de los delincuentes.

Dado que en toda sociedad se cometen delitos, lo que determina el nivel de criminalidad es cuántos crímenes se concretan y por cuántas personas. En los EBC (pocos delitos ejecutados por pocos transgresores), las agencias policiales exitosas pueden enfocarse en nuevos delincuentes y, al sancionar a una fracción importante de ellos, envía señales a otros potenciales transgresores de que la probabilidad de detección y sanción es alta, disuadiendo así a muchos, pero no a todos, de emprender una carrera criminal.

Contagio

Los equilibrios delictivos ponen en marcha mecanismos de contagio o imitación. El contagio, o sea la forma en que los potenciales infractores toman decisiones racionales para imitar el comportamiento de los demás, explica cómo se constituye una masa crítica de transgresores y por qué los cambios en la aplicación de la ley rara vez logran neutralizar los poderosos efectos de la imitación. Para comprender sus efectos, comencemos con un ejemplo.

Si la probabilidad de detección y sanción es alta, habrá menos casos de impunidad, por lo tanto, muchos delincuentes potenciales se abstendrán de incursionar en el delito. En cambio, cuanto más transgresores evaden la detección, un mayor número de potenciales infractores los imitarán. El deterioro en estos casos es muy rápido.

La menor capacidad de detección genera incentivos para que más potenciales transgresores se sumen a la actividad delictiva. En igualdad de condiciones, el efecto de contagio estimula el crimen muy rápidamente, mientras que las agencias de aplicación de la ley tienen dificultades para mantener a raya el crimen. La evolución dinámica del contagio reduce las capacidades de aplicación de la ley y se necesitará un mayor número de leyes y de policías para lidiar con el aumento endógeno del número de delincuentes.

La aplicación y el cumplimiento de la ley

La efectividad de la aplicación de la ley es endógena al número de transgresores. En sociedades con pocos delincuentes, el cumplimiento de las leyes es más efectivo por dos razones: primero, las sociedades con pocas transgresiones asignan proporcionalmente más recursos para detectar y sancionar un reducido número de delitos. Segundo, la probabilidad de contagio disminuye. La percepción de una aplicación efectiva de las leyes fomenta un equilibrio virtuoso en la seguridad pública.

En los EBC, la disuasión es más efectiva y, por lo tanto, la aplicación de la ley se vuelve más creíble. Además, las estrategias de enforcement (aplicación de la ley) pueden orientarse a convencer a los transgresores potenciales de que la imposición de sanciones es altamente probable. En cambio, en los EAC, las agencias de aplicación deben primero ser creíbles, o sea, probar que tienen la capacidad de atrapar y castigar. Dado que en los EAC hay naturalmente muchos delincuentes, los agentes del orden, en el mejor de los casos, procuran que la situación no se descontrole. En los EBC, el trabajo del ejecutor [enforcer] es la contención; en cambio en los EAC este debe primero transformar el statu quo si busca reducir la criminalidad.

Cuando un país llega al EAC, la capacidad de las fuerzas del orden público para controlar el delito disminuye de manera drástica. Colombia, Guatemala, Honduras, Venezuela y recientemente algunos estados de México dan muestra de esta incapacidad y las dificultades que enfrentan para revertir el rumbo.

De este análisis se derivan varias consecuencias importantes:

Cuanto menor sea la probabilidad de detección de delitos en un país, más rápido será el contagio. Si la criminalidad no se contiene al inicio de una ola delictiva es de esperar un rápido deterioro de la seguridad pública. Dada la velocidad del contagio, para mantener la seguridad en su mismo nivel, las capacidades de enforcement deben aumentar con la misma rapidez que el crecimiento del delito. Esto rara vez ocurre. En entornos de EAC, el número de transgresores crece exponencialmente mientras que las capacidades de aplicación de la ley aumentan a un ritmo más lento, ampliando la brecha entre la criminalidad creciente y la aplicación de la ley deficiente.

Masa crítica y punto de inflexión

Muy pocos brotes de violencia producen un EAC. ¿Por qué algunos casos se tornan extremadamente violentos? Los países que entran en un EAC vienen de altas tasas delictivas. Por ejemplo, es poco probable que Chile y Uruguay caigan en un EAC. Por el contrario, zonas del nordeste de Brasil podrían alcanzar niveles de violencia fuera de control porque ya enfrentan una inestabilidad alta. El EAC irrumpe desde un desequilibrio. La progresión natural es de un EBC hacia una inestabilidad delictiva y solo entonces hacia un EAC.

Una explicación persuasiva para dar cuenta de estas transiciones es el mecanismo propuesto por Schelling (1978) sobre masa crítica y punto de inflexión. Los EAC generalmente irrumpen desde entornos que ya sufren altos índices de criminalidad. Muy a menudo, una alta tasa de homicidios (al menos quince o veinte por cada cien mil habitantes), cientos de extorsiones y docenas de secuestros van generando la “masa crítica” delictiva que pronto producen un punto de inflexión, o sea, el rápido deterioro de un frágil equilibrio.

La brecha cada vez mayor entre el crimen y las capacidades de aplicación de la ley es típica y endógena en los EAC y esto explica los brotes violentos de alta criminalidad que se desarrollaron en la región en lapsos de pocos años. México cayó en la alta criminalidad en solo cuatro años, Venezuela en menos de una década, Honduras en menos de siete años y Colombia en el transcurso de una década (la década de 1980). Estos países tenían historias de violencia arraigada, pero alcanzaron el estatus del EAC sorprendentemente rápido.

En resumen, los equilibrios se entienden como entornos generalmente estables de alta o baja delincuencia que dan señales a potenciales transgresores acerca de comenzar una carrera criminal o abstenerse de hacerlo. Por supuesto, otras variables cumplen un papel importante (demanda de bienes ilícitos, estado de la economía, mercados laborales, fortaleza de la comunidad, oportunidades de delincuencia, etc.), pero, ceteris paribus, un EAC genera las condiciones para la rápida propagación del crimen. El contagio y la escasa efectividad de la aplicación de la ley son factores endógenos a la ecología del delito imperante: aceleran la criminalidad en el EAC y permiten que el crimen se mantenga bajo control en el EBC.

¿Qué determina el tipo de equilibrio?

Varios estudios han analizado recientemente el crimen utilizando marcos similares. Bailey (2014) y Dudley (2016) han propuesto una distribución bimodal o una “trampa” donde el crimen y las capacidades de aplicación están en un statu quo estable, lo que aquí denomino “equilibrio”. Asimismo, como ya mencioné, Yashar (2018) desarrolla un concepto similar (ecologies) para subrayar las características de países y regiones de alta criminalidad. Sin embargo, ninguno de estos estudios identifica las variables que causan esta trampa o ecología.

Tampoco la hipótesis de los equilibrios delictivos indica la dirección de la causalidad que los produce (si más demanda delictiva o menor capacidad de disuasión). Cuando un equilibrio se torna inestable, pone en marcha los mecanismos ya descriptos (contagio, efectividad de la aplicación, etc.). No obstante, el mérito de este enfoque es que permite examinar la criminalidad desde una variabilidad de factores que inciden en la formación del equilibrio.

Tomemos el ejemplo del robo de automóviles. En las últimas décadas hubo una fuerte demanda de autopartes para vehículos usados como resultado del gran aumento del parque automotor. Esta demanda generó incentivos para que las organizaciones criminales abastezcan estos mercados. Cada año se roban aproximadamente un millón de automóviles en América Latina y la mayoría se desarman para la venta de autopartes, mientras otros de alta gama se venden en el extranjero. Este mercado existe en otras partes del mundo, pero su tamaño es proporcionalmente menor. Asimismo, el nivel de violencia durante el robo también varía (muy bajo en Chile, muy alto en Venezuela). Otras consideraciones, como las redes de comercialización, el tipo de demanda, la corrupción, la tolerancia política y muchas otras afectan el nivel de robo y violencia, lo que determina si estos delitos se desarrollan en entornos de EBC o de EAC. En síntesis, el tipo de equilibrio delictivo varía según la composición de los mercados, la política, las capacidades de aplicación de la ley.

Las presiones que ejercen los mercados merecen especial atención. Por ejemplo, todos los países tienen una demanda interna de combustible, pero solo en algunos se roban grandes cantidades de gasolina de tuberías y refinerías para abastecer estaciones de servicio o gasolineras. ¿Por qué estos robos ocurren, por ejemplo, tan a menudo en México y Colombia, pero solo esporádicamente en Ecuador y Perú? Esto obedece a que las mafias y los canales de distribución ilegal existentes en los dos primeros países han dificultado la tarea de las autoridades para desmantelarlos y, a su vez, utilizan parte de los ingresos de su floreciente negocio de gasolina robada para sobornar a policías corruptos para que miren hacia otro lado y ayudar así a consolidar estas organizaciones criminales. Es decir, no se trata solo de una demanda de combustible barato que colabora con la formación de un EAC, sino también con la gestación de un sistema de lucro que va consolidando una infraestructura criminal madura.

En síntesis, la criminalidad —ya sea alta o baja— es el resultado de varios factores que producen un equilibrio dado. Los productos con alta demanda generan oportunidades para que los delincuentes suministren dichos bienes a través de fuentes ilícitas, creando así redes ilegales. Esta demanda del mercado se convierte en un factor que presiona a las capacidades de los organismos de aplicación de la ley durante un período determinado. En la medida en que haya una demanda sostenida en el tiempo y la aplicación de la ley sea débil, la delincuencia se puede convertir en un negocio rentable. En este proceso, se van incorporando nuevos actores, y la violencia puede aumentar si la impunidad es flagrante, mientras nuevos negocios criminales se van desarrollando (extorsión, secuestro, tráfico, etc.). Esta es la característica saliente del equilibrio de alta criminalidad.

Sobre la violencia y el equilibrio de los delitos

El factor que distingue a los EAC y EBC son los niveles de violencia. Los países con EBC pueden tener dos subtipos: aquellos con tasas de criminalidad relativamente bajas (como Chile o Uruguay) y aquellos que tienen niveles significativos de delitos contra la propiedad (Argentina y Perú). Estos países con EBC han evitado (al menos hasta ahora) el tipo y la magnitud de crímenes violentos que se observan en algunos estados mexicanos, Colombia, Venezuela y el triángulo norte de América Central.

Los equilibrios EAC se distinguen por la prevalencia de delitos altamente depredadores. Además de muy notorias altas tasas de homicidios, estos países registran un número significativo de secuestros, extorsiones y robos a gran escala (minería, petróleo, etc.). Estos delitos altamente rapaces son muy poco comunes en un EBC. Los países con un gran número de delitos contra la propiedad corren el riesgo de enfrentar un grave deterioro en la seguridad pública si la aplicación de la ley no fuera capaz de evitar que aumenten estos delitos violentos.

En un EAC, además del contrabando y el tráfico de drogas, las organizaciones delictivas incursionan en otros crímenes depredadores y violentos con fines de lucro. Con la disminución de la disuasión emerge el uso estratégico de la violencia extrema, el aumento de la corrupción, unas tasas asombrosas de impunidad y la consolidación del crimen organizado. Esto rara vez se observa en un equilibrio de baja criminalidad.

En síntesis, algunos países con EBC pueden tener tasas de delitos contra la propiedad superiores al promedio, pero logran evitar altas tasas de violencia y otros delitos altamente predatorios.

Implicancias

Este enfoque proporciona varias implicancias importantes, y un conjunto de herramientas o conceptos útiles para el estudio del delito en la región. Aquí enumero algunos de ellos:

Equilibrios duales. Los equilibrios bajos y altos pueden mostrar diferencias. Por ejemplo, países con EAC como Venezuela o República Dominicana tienen tasas de criminalidad muy diferentes. Lo mismo ocurre con los EBC. Tanto Argentina como Chile son países con índices de criminalidad bajos, pero el delito en Chile ha sido casi la mitad que el de su vecino. Es decir, existen múltiples equilibrios. Aquí utilizo un enfoque de doble equilibrio por dos razones principales. Primero, son de comprensión simple y, segundo, los equilibrios de baja y alta criminalidad son generalmente estables, mientras que los equilibrios intermedios suelen ser inestables y transitorios. Como veremos, la mayoría de los países tienen EBC o EAC estables.Medición. Los criminólogos utilizan tasas delictivas para medir la criminalidad. Los equilibrios delictivos altos o bajos son conceptos abstractos y arbitrarios. Con fines analíticos emplearé las tasas de homicidios como una medida inicial de criminalidad y, donde existan datos disponibles, usaré las tasas de victimización como sustituto de los delitos contra la propiedad.7 Empleo como punto de inflexión una tasa de diez homicidios por cada cien mil habitantes, ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido esta tasa como el umbral para determinar si los homicidios son una epidemia. En este libro, cualquier país con menos de diez homicidios por cada cien mil se considera como EBC; los países con tasas entre diez y veinte están en transición hacia la inestabilidad; y los países con tasas superiores a veinte son claramente equilibrios de alta criminalidad.