El sistema electoral venezolano E-Book
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- Herausgeber: Editorial Alfa
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Las democracias, para mantener su vitalidad, requieren ser permanentemente evaluadas y revisadas, siendo su sistema electoral una pieza clave. En estas páginas el lector encontrara algunas reflexiones sobre el sistema venezolano, a la luz de lo ocurrido en los comicios de diciembre de 2015. El Observatorio Electoral Venezolano convocó a personas de competencia probada para que abordaran un amplio menú de temas: actuación de los poderes del Estado en procesos electorales; sistema de voto electrónico; violación a la representación proporcional; nombramiento de rectores del Consejo Nacional Electoral; tránsito del clientelismo a la ciudadanía democrática; observación internacional; aspectos jurídicos y políticos del actual marco normativo electoral; estrategia comunicacional de organismos estatales en campañas. El conjunto entonces busca contribuir con un amplio debate nacional que permita remodelar la institucionalidad electoral de acuerdo con lo establecido en la Constitución: "los órganos del Poder Electoral garantizarán la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales, así como la aplicación de la personalización del sufragio y la representación proporcional" (art. 293).
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Veröffentlichungsjahr: 2016
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Las elecciones parlamentarias vistas después del 6D
Como en ocasiones anteriores, el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) miró y calibró el proceso electoral que culminó el día 6 de diciembre del año 2015 con el nombramiento de una nueva Asamblea Nacional[1]. El resultado de su labor quedó recogido en un informe entregado al Consejo Nacional Electoral (CNE), disponible para quienes lo quieran consultar en la página de la organización (oevenezolano.org).
Expresando en muy pocas palabras lo que allí fue escrito, el referido evento electoral se caracterizó por el alto porcentaje de ciudadanos que acudió a las urnas, por las desiguales condiciones en lo que respecta a la participación de los distintos actores políticos (con evidente ventaja para los grupos alineados del lado del oficialismo), revelando la parcialidad y las limitaciones del CNE como árbitro institucional, y por la fortaleza de la plataforma tecnológica que automatiza las diferentes fases del acto de votación, la cual dejó fuera de toda duda que el sufragio se cuenta, es secreto y se audita.
Las mencionadas elecciones tuvieron lugar en un contexto muy complejo caracterizado por una severa crisis política, económica, social e institucional, la más grave que haya tenido Venezuela en el último tramo de su historia. Los sectores de oposición triunfaron en las urnas, rompiendo el control sobre los poderes públicos que el Gobierno había tenido, de manera absoluta, a lo largo de más de década y media. Por otro lado, alcanzaron una clara mayoría en el voto nacional, desplazando al chavismo como primera fuerza, hecho que redefine en forma significativa el paisaje político nacional, incluyendo, desde luego, los esquemas de gobernabilidad del país. A partir de los comicios del 6D la situación nacional ha empezado a dejar de ser lo que fue desde el año 1999 y ha pasado a regirse en función de claves políticas diferentes.
En el marco de lo expresado anteriormente toma sentido esta publicación. En la misma se trata de pensar sobre el sistema electoral venezolano, en buena medida, aunque no solo, a partir de lo ocurrido en esos últimos comicios parlamentarios. Al considerarlo, tanto desde el ángulo netamente electoral como desde el ángulo político, ofrece razones que abonan la necesidad de revisar los andamios de la institucionalidad que rige nuestros comicios.
En función del objetivo indicado, el OEV convocó a algunas personas de competencia probada en el tema electoral para que elaboraran un ensayo examinándolo desde su punto de vista y con absoluta libertad, con respecto a un área que consideraran relevante. Así, desfilan por estas páginas Alfredo Infante, Eglée González Lobato, Luis Salamanca, José María Cadenas, Marcos E. Gómez H., Luis E. Lander, Héctor A. Vanolli, Mireya Lozada Santelis, Héctor Gabriel Briceño Montesinos, Dimitris V. Pantoulas, Miguel Cañas, Mario Torre y Mariengracia Chirinos.
Desde su perspectiva y sin que su opinión comprometa al OEV, dichos autores abordan un menú amplio de asuntos: el nombramiento de los rectores del CNE visto desde la tensión entre la sociedad civil y el Estado; la actuación de los poderes del Estado, distintos al CNE, en el proceso electoral; el sistema del voto electrónico; la violación, reiterando lo ya ocurrido en las parlamentarias de 2010, a la representación proporcional pautada por nuestra Constitución; las condiciones en las que se da el tránsito del clientelismo electoral a la ciudadanía democrática; la polémica sobre la presencia de la observación internacional en los comicios venezolanos; los aspectos jurídicos y políticos que se encuentran detrás de la plataforma normativa que regula hoy las maneras que pautan las votaciones en Venezuela; la estrategia comunicacional de los organismos estatales en términos del proselitismo político. Abordan los autores, asimismo, otros tópicos relacionados con las diversas vertientes del régimen electoral, a sabiendas de que seguramente habrá unos cuantos que han quedado fuera de estas páginas.
El OEV aspira a que esta colección de ensayos sirva para dar pie a una reflexión honda sobre nuestro régimen de votación y permita remodelar, en lo que sea pertinente, la arquitectura institucional en el ámbito de lo electoral, a fin de despejar persistentes dudas que genera entre buena parte de los ciudadanos y hacer que cumpla con todos los parámetros que impone la democracia cuando de consultar la voluntad popular se trata. En síntesis, cumplir con lo establecido en la Constitución Nacional, según lo dispuesto en su artículo 293: Los órganos del Poder Electoral garantizarán la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales, así como la aplicación de la personalización del sufragio y la representación proporcional. La convivencia política nacional pasa por este propósito. Cierto que no es condición suficiente, pero sí es, sin duda, condición absolutamente indispensable.
Observatorio Electoral Venezolano Febrero de 2016
Actuación de los poderes del Estado en el proceso electoral para la conformación del Poder Legislativo 2016-2021Alfredo Infante
Yo siempre tuve muy clara la importancia de la Asamblea Nacional como espacio estratégico a conquistar. En el primer discurso que hice cuando empezó la campaña electoral dije que cambiaba todas las gobernaciones y alcaldías por la Asamblea Nacional. Era fundamental ganar la mayoría de los escaños, porque esa mayoría iba a determinar la composición de los otros instrumentos de poder: la Fiscalía General de la República, el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Electoral, el Poder Moral. Y era fundamental tener buenos diputados para elaborar las leyes revolucionarias ¡pero no!, producto de errores tácticos se debilitó la estrategia y todavía estamos sufriendo por esos errores.
HUGO CHÁVEZ FRÍAS, noviembre 2002[2]
Los cinco poderes públicos que conforman la estructura del Estado en Venezuela, según el marco constitucional vigente, en la norma gozan de autonomía e independencia. En la práctica, la historia electoral de los últimos quince años ha estado signada por una serie de irregularidades que ponen en entredicho la autonomía e independencia de dichos poderes y, en consecuencia, el respeto del marco constitucional vigente. De este hecho han dado cuenta sucesivos informes de instituciones y organizaciones de observación electoral tanto nacional como internacional, así como ONG de DD.HH.. nacionales e internacionales de reconocida trayectoria y blindaje ético. Los puntos más reiterados en esta dirección por los observadores en la cadena de elecciones acaecidas en los últimos años en Venezuela han sido: a) uso y abuso de recursos públicos por parte del Ejecutivo y sus instituciones en las precampañas y campañas políticas en respaldo a los candidatos del gobierno; b) artimañas jurídicas como resultado de componendas entre los distintos poderes públicos que afectan los intereses políticos de los partidos de oposición y vulneran los derechos políticos de sus operadores, su militancia y el de sus simpatizantes; c) acceso restringido a los operadores políticos de la oposición en los medios de comunicación contrastado con la hegemonía comunicacional y propagandística por parte del Gobierno, una vez que se consolidó la hegemonía comunicacional que sacó del juego a los canales privados; d) chantaje a empleados públicos y acoso laboral como mecanismo para asegurar la subordinación política y la movilización electoral, entre otros.
En medio de esta historia sombría de instrumentalización del Estado y sus instituciones al servicio del proyecto político dominante, el 6 de diciembre de 2015, Venezuela vivió una fiesta cívica pese al descrédito del CNE como árbitro imparcial y a la desconfianza en el sistema electoral por parte de la población. La ciudadanía salió a votar. La movilización electoral fue muy alta (75%) para una elección parlamentaria en una sociedad de cultura presidencialista. El venezolano demostró que apuesta por la vía institucional y pacífica del voto como un sendero para dirimir los conflictos, salir de la crisis y corregir el rumbo.
En el escenario preelectoral, electoral y poselectoral del 6D todos los registros señalan una actuación muy activa de los responsables de los poderes públicos y sus funcionarios; cabe preguntarse: ¿cómo fue esta actuación?; ¿actuaron apegados a la Constitución o fueron instrumentalizados al servicio de intereses particulares?; ¿contribuyeron al fortalecimiento de la institucionalidad o por el contrario minaron la autonomía e independencia de la misma? Estas preguntas son claves más cuando el legado del finado expresidente Chávez fue claro: la AN es un lugar más estratégico que todas las alcaldías y gobernaciones juntas.
Importancia del tema
En esta crisis general (económica, social, política, cultural) que vivimos los venezolanos, uno de los indicadores más dramáticos es el desmoronamiento de la institucionalidad del Estado que ha dejado en la orfandad al conjunto de la sociedad. No puede haber salida a la crisis sin una mínima recomposición de los poderes públicos que reduzca progresivamente el ciclo de impunidad en el que naufragamos. Hoy, la impunidad entreteje todos los ámbitos de la vida privada y pública. La independencia y autonomía de los poderes públicos es necesaria para restablecer la tensión horizontal entre poderes que garanticen el juego democrático, la convivencia ciudadana y sirva de piso para apalancar políticas que superen la impunidad y la grave crisis económica.
Los procesos electorales son siempre una oportunidad para abrir en el país posibilidades de recomposición pacífica de la institucionalidad democrática, especialmente si se tratan de unas elecciones parlamentarias, dado el peso específico que la Asamblea Nacional (AN) tiene en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y sus funciones en el resguardo de la institucionalidad. Esta apuesta no es nada fácil, pues implica crear posibilidades y activarlas desde dentro mismo de unos poderes viciados por artimañas al servicio de un proyecto político con pretensión hegemónica e intereses de grupo que se resisten a retomar el espíritu de la Constitución. Aun así, los venezolanos, por los hechos, han afirmado reiteradamente que apuestan por la institucionalidad del voto como camino democrático para expresarse, participar y decidir el derrotero del país. No hay otra ruta. Por ello, de cara a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, por ejemplo, un estudio publicado en mayo de 2015 por el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello y la encuestadora Delphos apuntaba la paradoja entre la desconfianza creciente de la población hacia el árbitro electoral y la apuesta por el voto como herramienta privilegiada para dirimir conflictos y decidir los destinos del país; la frase que expresa esta apuesta es elocuente: «llegamos hasta aquí con el voto y saldremos de aquí con el voto»[3]. Y es que, por muy desacreditada que esté la gestión de los rectores del CNE, esta institución cuenta con un sistema automatizado blindado que resguarda el voto[4] y, por tanto, en casos de movilización masiva de electores difícilmente podrán torpedearse los resultados. En este sentido, el Observatorio Electoral Venezolano (en adelante OEV) ha venido reiterando que los fraudes electorales se han dado no tanto en el acto del sufragio sino en la campaña misma, justamente por la desigualdad de facto en el uso de recursos públicos[5] por parte de los actores contendientes, una vez que fue eliminada en la Constitución del 99 el derecho de los partidos a una asignación pública; partida que de suyo ahora se asigna discrecionalmente, sin límite, control y transparencia en beneficio de cualquier partido que se encuentre vinculado a instancias del gobierno nacional o regional, teniendo un mayor ventajismo el PSUV como partido gobernante.
Breve reseña histórica
Conviene hacer memoria del proceso para mostrar cómo los poderes de no elección popular (Judicial, Ciudadano y Electoral) han sido cooptados progresivamente por el Ejecutivo y cómo la AN, dado el peso específico que le asigna la Constitución, ha sido una instancia estratégica para el control de los mismos por parte del partido de gobierno. Este recorrido arrojará luz para evidenciar por qué en las últimas elecciones parlamentarias los distintos entes públicos se han implicado de manera parcializada en la campaña política y, en consecuencia, cómo esta toma de partido pone en cuestión la confiabilidad democrática de dichas instituciones. Veamos.
En la Constituyente de 1999 se refunda formalmente el Estado Venezolano y nace la República Bolivariana de Venezuela. En esta nueva Constitución (CRBV), de la clásica tríada de poderes (Legislativo, Ejecutivo, Judicial), propia de la democracia liberal moderna en la que se inscribía la Constitución de 1961, se pasa a una nueva organización del Estado, de tal manera que en el título IV, art. 136, se amplían a cinco los poderes públicos agregando el Poder Ciudadano (Fiscalía, Defensoría, Contraloría) y el Poder Electoral, estableciéndose así, en la letra, una nueva tensión y correlación entre dichas instituciones al atribuírsele autonomía e independencia a cada uno en dirección a los fines del Estado.
En esta pentadivisión en la que se organiza el nuevo Estado, el Poder Ejecutivo y Legislativo son instituidos por elección popular, y los poderes Judicial, Ciudadano y Electoral son nombrados por la AN en un proceso que formalmente combina el principio de participación ciudadana y el de representatividad, aunque «con prevalencia del principio de participación ciudadana sobre el de representatividad»[6].
En la CRBV, los mecanismos que se establecen para la composición de los poderes obedecen a un protagonismo importante de actores de la sociedad civil en el proceso constituyente, quienes proponen procedimientos de participación que liberen al Estado de las maquinarias de los partidos políticos. Para entonces, el país se encontraba asfixiado por un Estado cuyos poderes públicos e instituciones progresivamente habían sido secuestradas por la partidocracia, que por la vía de acuerdos se repartían los poderes; aunque hay que resaltar, que pese a ello, se mantuvo aún cierta reserva de institucionalidad al punto que se logró enjuiciar y destituir a un presidente de la República activando los mecanismos regulares. Esta nueva organización del Estado acordada en la CRBV emerge como una alternativa que encauza una mayor participación de la sociedad civil para garantizar la independencia de los poderes públicos, limitando la partidocracia en el marco de un modelo de democracia participativa[7].
Pero entre la formalidad jurídica y la práctica política media una gran brecha y pronto los intereses del proyecto emergente y dominante atentaron contra el marco constitucional, vulnerándolo con estratagemas jurídicas que limitaron desde sus inicios la participación directa de la sociedad civil en el nombramiento de los poderes públicos de no elección popular. En un país altamente polarizado, la participación de la sociedad civil contemplada en la nueva Constitución para el proceso de elección de las autoridades del Poder Judicial, Ciudadano y Electoral se leyó como una amenaza para el nuevo proyecto emergente, que con un gran respaldo popular, un repunte progresivo e importante en los precios del petróleo y un liderazgo carismático militar, visaba imponerse hegemónicamente poniendo al Estado y sus instituciones al servicio de su programa de gobierno. La sociedad civil, en su diversidad interna, se percibió desde el nuevo poder político como un ente susceptible de ser controlado por grupos económicos y políticos adversos al nuevo proyecto, y resistente al cambio que estaba en ciernes y no como un sujeto independiente que garantizaría la imparcialidad de los poderes tal como lo contemplaba la Constitución. En consecuencia las tácticas jurídico-políticas fueron orientadas a cerrar la participación ciudadana en el nombramiento de los poderes públicos de no elección popular y a neutralizar así la resistencia al cambio representada por actores con intereses de poder como la CTV y Fedecámaras, quienes para entonces se arrojaron para sí el nombre de sociedad civil imponiendo su agenda golpista sobre la civil representada por organizaciones de desarrollo social y de DD.HH. La confrontación directa con estos actores de poder político-económico llevó al gobierno de turno a cerrar aún más el espacio de participación al resto de la sociedad civil, que aspiraba genuinamente aprovechar las hendijas de participación para reinstitucionalizar el país.
Ante el cierre de los espacios de participación y la toma progresiva de los poderes del Estado por parte del partido de gobierno, la disidencia, excluida, no encontró cauce institucional y se fue por el atajo inconstitucional del golpe de Estado y el paro petrolero, desconociendo la Constitución y las leyes. Esta sucesión de hechos y medición de poder tuvo como respuesta por parte del Ejecutivo la profundización de la estrategia político-jurídica para el control absoluto de los poderes públicos, lo que, como vimos, ya se venía gestando desde el inicio, tal como lo apuntaba en mayo de 2002 el padre Arturo Peraza refiriéndose a la legitimidad de los poderes públicos en el marco de la Constitución en el escenario previo al golpe de abril:
«lamentablemente no hemos logrado que ella entre en real vigencia no solo en el apartado de los derechos, sino en el modo como se debe configurar el poder y los límites del mismo. El uso abusivo de la transitoriedad por parte del Tribunal Supremo de Justicia, permitió nombramientos que han hecho ilegítimo ese órgano del Poder Público, como también sucedió con los órganos del poder Ciudadano y Electoral.[8]»
Después de los acontecimientos de 2002 (golpe de Estado y paro petrolero) el presidente Hugo Rafael Chávez Frías (en adelante HRCHF) aumentó el respaldo político gracias a su personalidad carismática, la conexión afectiva que produjo la vuelta al poder y a la implementación de una batería de políticas a favor de la población tradicionalmente excluida lubricada por los petrodólares: Misión Alimentación, Misión Barrio Adentro y Misión Identidad en 2003-2004, entre otras. Las mayorías populares que venían de dos décadas de exclusión socioeconómica (80-90), ahora, ante un proceso de inclusión, mejoramiento de sus condiciones de vida y empoderamiento sociopolítico y cultural, dado el impacto inmediato de las misiones, respaldó incondicionalmente un proyecto que en la medida que garantizaba los derechos sociales, económicos y culturales (DESC) en el campo de los derechos civiles y políticos, iba reduciendo los espacios a la disidencia con estrategias jurídicas que fueron instrumentalizando a los poderes públicos y minando la institucionalidad democrática como blindaje ante sus enemigos.
En este escenario, la oposición, desafiando la fuerza social y política suscitada por el líder carismático y su proyecto de inclusión, se lanzó a la aventura del referendo revocatorio buscando, ahora, por la vía electoral destituir al presidente. HRCHF gana el referendo revocatorio de 2004 con una amplia ventaja y el triunfo es avalado por la OEA y el Centro Carter como una clara decisión popular, aunque el Centro Carter reconoce en sus conclusiones que «a lo largo de todo el proceso revocatorio, hubo numerosas irregularidades, la mayoría de ellas derivadas de la falta de transparencia en las decisiones tomadas por el CNE, y la manera ad hoc en que el CNE instrumentó el proceso revocatorio»[9]. En este escenario, en la oposición se profundizó la certeza de que el CNE, como árbitro, no es imparcial ni confiable; más aun cuando las firmas entregadas a dicha institución terminaron convirtiéndose en un arma de discriminación política en la conocida lista Tascón que se hizo pública en internet[10]. Célebres fueron las amenazas de Roger Capella, ministro de Salud, quien declaró que «quienes hayan firmado contra el presidente Chávez serán despedidos porque se trata de un acto de terrorismo»[11]. Así, ser disidente político y funcionario público se categorizó de «terrorismo».
Llegamos a las elecciones parlamentarias de 2005 con un CNE que había dado señales evidentes de su condición servil al Ejecutivo, carente de autonomía e independencia. Los partidos de oposición decidieron retirarse de la contienda y llamaron a sus electores a abstenerse. El CNE realizó las elecciones y solo asistió a las urnas un 25% de electores, contrastado con un 75% de abstención. La AN quedó hegemónicamente controlada por los partidos políticos afectos al gobierno, supeditada a las directrices del presidente de la República. Aun así, los partidos minoritarios del chavismo se sintieron irrespetados en sus derechos políticos por el ventajismo del MVR (para entonces partido líder de la revolución) en el acceso a los medios y recursos públicos y, más aún, por ser afectados por la sentencia del TSJ que avaló las «morochas»[12].
El juego democrático se fue cerrando cada vez más. La nueva composición de la AN tendría ahora el control total para validar la propuesta del Ejecutivo de reforma constitucional, que por su contenido, no se trataba de una reforma sino del diseño de una nueva Constitución. Todos los poderes públicos se alinearon de cara a esta propuesta del presidente y el 2 de diciembre de 2007 se llamó a referendo constitucional. Simultáneamente, la AN aprobó la ley habilitante (2007-2008) que concedió plenos poderes al presidente de la República para legislar en el lapso de dieciocho meses. La sociedad rechazó en las urnas la reforma constitucional. Ante la derrota del gobierno en las urnas, se activó el plan b y, en 2008, se impuso por vía de ley habilitante lo que el pueblo en las urnas rechazó. De esta manera arbitraria y revestida de legalidad, a partir de este momento, se fue imponiendo un modelo de Estado paralelo al marco constitucional vigente y en abierto desconocimiento de la voluntad popular, aceitado por el control absoluto de la AN y la bonanza petrolera tal como lo deseó desde un principio el presidente HRCHF. El período 2005-2010 de la AN fue clave para que el gobierno diseñara un lego jurídico (entre lo que se cuenta la reforma electoral de 2009) que garantizara la consolidación del proyecto revolucionario acolchonado por los ingresos petroleros producto de un aumento considerable de los precios del crudo. Por su parte, desde la resistencia, los partidos de la oposición iniciaron en 2006 un diálogo que se cristalizó más tarde (2008-2009) en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) como alianza alternativa al «proyecto revolucionario» del gobierno. Esta alianza se estrenó, con gran impacto político, en las parlamentarias de 2010, donde la diferencia de votos a nivel nacional entre el Gran Polo Patriótico (GPP) y el conjunto de los partidos que conforman la novel MUD fue apenas de un 1,09%, tal como lo comenta Luis Salamanca: «el oficialismo alcanzó 5 423 324 votos, 48,13% y la oposición logró 5 320 364, 47,22%. El partido Patria Para Todos (PPT) que ya no era oficialista pero tampoco de oposición, obtuvo 353 979 votos, 3,14%»[13], pero dada la nueva reforma electoral este estrecho margen de votos no se reflejó en la composición interna de los curules:
«el oficialismo obtuvo 98 escaños (59,39%), la MUD 65 (39,39%), y el PPT 2 (1,22%). La desproporcionalidad entre voto y escaño fue muy clara. Ese resultado fue determinado por la aplicación del sistema electoral paralelo. En las circunscripciones nominales (sistema mayoritario), el PSUV logró 73 diputados y la MUD 39; por medio de la lista la MUD logró 26 y el PSUV 25 escaños.[14]»
Este hecho es importante porque en esta nueva correlación de fuerzas el GPP necesitará de 99 votos para seguir facilitando al Ejecutivo la ley habilitante, hecho que se consumó en 2014, después de la estrategia de la salida dirigida por sectores radicales de oposición, con la inhabilitación política de María Corina Machado y el oscuro desplazamiento de su suplente Ricardo Sánchez a la bancada oficialista. Llegamos a finales de 2014 con una AN controlada por el partido de gobierno y una oposición a punto de implosionar por las tensiones internas entre radicales y moderados resultado de la estrategia de la salida. La bancada del PSUV, apoyada por el TSJ en su interpretación del artículo 279 de la Constitución, contará con la potestad de nombrar los poderes Ciudadano, Electoral y Judicial sin mayoría calificada. Esta nueva correlación de fuerzas impacta en la reconfiguración de los poderes públicos que, en un escenario preelectoral, sería ingenuo no leerla como una recomposición de cara a las elecciones del 6D visto el itinerario político-jurídico que entreteje la historia de nuestros procesos electorales recientes y la directriz que legó el finado líder HRCHF. En febrero de 2015 Monitor Legislativo publica su informe anual 2014 señalando que:
«en nuestro rol de seguimiento y apoyo de la labor parlamentaria que realiza la Asamblea Nacional rechazamos categóricamente y lamentamos las formas forzadas con las que se designaron a las nuevas autoridades del Poder Ciudadano, Electoral y los Magistrados del TSJ, incumpliendo el mandato constitucional al no ser designados por el voto favorable de las dos terceras partes de los diputados y siendo definida la decisión por la mayoría simple del Legislativo representada por la bancada de un solo partido político, el PSUV. Y por otro lado seleccionando candidatos que no cumplen con el requisito básico de no tener vinculación con partidos políticos. Esta elección nace empañada de dudas y superarlo exige que se reinicie el proceso.[15]»
Esta es la composición de los poderes públicos que actuaron en el escenario electoral de las elecciones parlamentarias del 6D de 2015, y, que a diferencia de otras jornadas electorales, les tocó habérselas con un gran descontento social y de erosión en la legitimidad política que atraviesa el gobierno dada la crisis económica sin precedentes agudizada por el descenso de los precios del petróleo. La crisis y la pérdida de respaldo popular al gobierno sirvieron también de piso para la recomposición interna de la MUD como actor político alternativo, esta vez bajo la dirección de Chúo Torrealba, un político con agenda social y cercano a los sectores populares.
Análisis de las actuaciones de los poderes públicos
Poder Ejecutivo
El presidente de la República, con su gabinete ministerial, estuvo muy activo en la campaña electoral. El ciudadano presidente actuó más como jefe del partido político de gobierno que como jefe de Estado. Utilizó las cadenas oficiales en los medios para dar directrices a sus candidatos utilizando incluso consignas irrespetuosas de la institucionalidad democrática[16]. Fue célebre e insultante el «ganamos como sea». En las redes sociales, las cuentas Twitter, tanto las del presidente como las de sus ministros estuvieron muy activas al servicio de los candidatos del PSUV, algunos de ellos exministros. Este hecho también pasó a nivel de los gobiernos regionales y locales de ambas tendencias políticas, clara señal de que los límites entre partido y Estado son muy resbaladizos en nuestra cultura política; cabe resaltar que en las redes sociales se hacen mucho más difusos estos límites.
El Ministerio del Poder Popular para la Información y la Comunicación enfiló sus baterías en la campaña haciendo gala de la hegemonía comunicacional. Espacio Público, en su informe de monitoreo electoral del 11 de diciembre de 2015 señala, además del uso y abuso de las cadenas de radio y televisión, otras tácticas de poder que torpedearon el derecho de la ciudadanía a elegir y mostraron la injerencia del Poder Ejecutivo más allá de las funciones institucionales que le corresponden:
«el abuso de los medios públicos para hacer propaganda partidista, la escasez de papel prensa, la negativa del Estado a suministrar información pública, y el uso excesivo de cadenas (transmisiones obligatorias conjuntas de radio y televisión) configuraron un escenario donde lo poco que se sabía estaba parcializado, o era producto de la especulación. Esta política de opacidad alimenta los rumores a la vez que aumenta los niveles de incertidumbre al entorpecer, para los votantes, una elección clara, informada y consciente.[17]»
Otro punto a resaltar fue la utilización de los programas y misiones del Estado para favorecer a los candidatos del PSUV desde antes del inicio oficial de la campaña electoral. Como muestra de ello, el diario digital Efecto Cocuyo reseña que:
«La campaña oficial no ha empezado o al menos así lo establece el cronograma del Consejo Nacional Electoral. Pero eso no impide que los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) aprovechen los mercados comunales a cielo abierto como parte de su estrategia para captar votos casa por casa cuando faltan menos de 40 días para las parlamentarias. Hacen apariciones públicas acompañados, la mayoría de las veces, por el ministro de Alimentación, Carlos Osorio; exaltan los logros de la Revolución incluyendo esta nueva red de distribución de alimentos y se conectan con los consejos comunales que llevan el control del censo de los beneficiarios. Al menos cinco abanderados del Gran Polo Patriótico encabezaron actos de este tipo en sus circuitos tan solo en el mes de octubre.[18]»
Esta dinámica abusiva fue transversal a todos los ministerios, especialmente a los vinculados a las misiones Vivienda, Identidad y Amor Mayor, entre otras. Algunos ministros, por ejemplo, cerraron campañas concentrando a sus empleados, tal como fue el caso del ministro de Educación Rodulfo Pérez[19].
También fue pública y notoria la coacción ejercida a los trabajadores públicos. En Guayana, según el Correo del Caroní:
«se instruyó a los directivos de la siderúrgica a «bajar» planillas de 1x10 a los supervisores y estos, a su vez, a los trabajadores a fin de afinar la maquinaria del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). En algunas gerencias la instrucción fue expedita, el mismo día los sidoristas tenían que entregar una lista de 10 personas que votarán por el partido de Gobierno, con centros de votación y números de teléfono.[20]»
Otros medios dan razón de cómo en otras empresas e instituciones del Estado, entre las que se cuenta Pdvsa y el Seniat, ocurrió lo mismo:
«El Frente Socialista de Trabajadores Petroleros (FSTP) y los Comités Patrióticos Socialistas de Occidente han hecho un llamado a los trabajadores petroleros, gasíferos y petroquímicos a «demostrar su compromiso con la patria y la revolución». Para ello, los trabajadores deben presentar ante el Supervisor o Gerente inmediato su planilla 1×10 y actualizarla en la página del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), de manera que no «coincida» con los datos ya registrados de otra planilla. De igual forma, se les entrega a los trabajadores un instructivo de cómo se debe votar el próximo 6 de diciembre, en el que se les pide voten por los candidatos del Gran Polo Patriótico (GPP).[21]»
Mucho más alarmante fue lo ocurrido con los trabajadores del Seniat en el Zulia donde:
«José Miguel Montañéz Silva, gerente de Aduana aérea en el Aeropuerto Internacional La Chinita ordenó al personal a su cargo votar por el PSUV en las elecciones parlamentarias, y además tomarle una foto al comprobante como prueba para él poder revisar que se cumplió su designio»[22]. También se reseñó en la sala de prensa de la Mesa de la Unidad el despido de 300 trabajadores públicos por disidencia política: «Más de 300 empleados públicos habrían sido despedidos en los últimos días por razones políticas por el gobierno del presidente Nicolás Maduro».[23]
Se debe mencionar también como un punto particularmente característico de estas elecciones el del Estado de Excepción en las fronteras, hecho que si bien, según expertos, no afectó el desenvolvimiento del evento electoral el 6 de diciembre, sí impactó las actividades programadas en el contexto de la campaña, vulnerando principalmente los derechos políticos de la MUD en los 9 circuitos electorales, perteneciente a 23 municipios con historial opositor[24].
Poder Ciudadano
Según Monitor Legislativo en su informe 2014, antes citado, las actuales cabezas del Poder Ciudadano (Defensor, Fiscal y Contralor) fueron nombradas por procedimientos amañados que no cumplen el debido proceso establecido en la Constitución y las leyes.
«Los tres postulados por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, Tarek William Saab (Defensor del Pueblo), Luisa Ortega Díaz (Fiscal General) y Manuel Galindo Ballesteros (Contralor), fueron todos elegidos por la mayoría simple de la Asamblea Nacional. Es inaceptable en una democracia que la designación de cargos tan sensibles e importantes para el correcto funcionamiento del estado de derecho, se realizara sin cumplir el requerimiento de la mayoría calificada que garantiza el acuerdo de las dos terceras partes de los diputados y por consiguiente la mayor representación del país, aprovechando resquicios legales y forzando a las instituciones a favor de un grupo político, burlando los principios de autonomía, independencia vital en cualquier marco de justicia y en particular en la lucha contra la corrupción y la impunidad de los poderosos.[25]»
Esta situación es importante tenerla presente como clave hermenéutica para entender la actuación de dichos poderes en las pasadas elecciones. Es algo así como la célula madre de su agenda pública.
Fiscalía
Desde el punto de vista técnico, la Fiscalía estuvo diligente en coordinar con el CNE la estrategia de atención de cara a la jornada electoral del 6 de diciembre. Según la fiscal de la República fueron desplegados 3500 funcionarios del Ministerio Público para cubrir la atención de casos de delitos electorales y garantizar a los venezolanos el ejercicio del derecho al voto[26]. Sin embargo, cabe decir que ha habido una importante omisión ante los delitos electorales que se sucedieron en la campaña.
Ahora bien, más allá de lo técnico, la Fiscalía ha estado alineada con el Ejecutivo en el asunto de los presos políticos y este ha sido su papel más clave en este escenario político electoral[27]. El caso de Leopoldo López ha sido emblemático como indicador de la instrumentalización del poder público al servicio de una causa política, más aun después de las declaraciones del fiscal Franklin Nieves, cuando la fiscal general en vez de investigar dichas acusaciones por el contrario las negó y tomó acciones contra dicho fiscal: «la fiscal general de la República negó todo lo dicho por Nieves en el video, y alegó que, en cambio, el ahora exfuncionario cedió a presiones de factores nacionales e internacionales»[28].
Sabiendo que uno de los puntos de la agenda opositora era la amnistía a los presos políticos, la fiscal se mantuvo fiel al Ejecutivo nacional y al discurso de los candidatos del PSUV al enfatizar que:
«Todas las personas que están siendo procesadas son por delitos comunes, establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal u otra ley punitiva, pero cuyas características son eminentemente de delitos comunes, los delitos políticos tienen otra connotación, como por ejemplo cuando las personas están detenidas por sus ideas, pero no es el caso de Venezuela.[29]»
Esta alineación política de la fiscal con el Ejecutivo estaba escrita en el ADN de su nombramiento porque:
«Con esta lamentable decisión, amparada en una sentencia en tiempo récord del Tribunal Supremo de Justicia, fue ratificada para un segundo período a cargo del Ministerio Público la doctora Luisa Ortega Díaz como Fiscal General de la República, a pesar de la valoración negativa que de su gestión han presentado instituciones independientes como es el Observatorio Venezolano de Violencia que indica en uno de sus más recientes informes, que el 91% de los homicidios cometidos en el país en 2014 quedaron impunes.[30]»
Defensoría del Pueblo
Todo indica que el nombramiento del Defensor del Pueblo responde más a una estrategia a favor del partido de gobierno que a una estrategia de reinstitucionalizar dicho poder, por eso:
«fue designado el exgobernador del estado Anzoátegui Tarek William Saab, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, partido de gobierno desde sus inicios. Su vinculación con el PSUV es notoria y evidente, poniendo en tela de juicio su imparcialidad política y real autonomía para un cargo vital en la defensa y protección de los derechos humanos de los venezolanos; no basta su renuncia a la militancia días antes de ser nombrado.[31]»
Por ello, aunque desde el punto de vista técnico y organizativo dicha institución trabajó coordinadamente con el CNE en la capacitación de funcionarios, su tarea política se centró en torpedear e impedir una posible observación internacional electoral. En todas sus apariciones públicas durante el segundo semestre de 2015 el defensor mantuvo dos ideas fuertes como fundamento de su rechazo a la observación internacional, la primera, se dedicó a resaltar su respaldo incondicional al CNE y sus autoridades como árbitro imparcial garante del derecho al voto de todos los venezolanos y, en consecuencia, en segundo lugar, señaló reiteradamente que la iniciativa de observación internacional propuesta por la MUD y ONG de la Sociedad Civil[32], estaba engastada en el contexto de una conspiración internacional atentatoria de la soberanía nacional[33].
Contraloría
Ha sido público y notorio el descaro con que la Contraloría en este escenario polarizado ha hecho uso y abuso del recurso a la inhabilitación política. Para estas elecciones parlamentarias se inhabilitó a la exdiputada María Corina Machado[34], líder junto a Leopoldo de la estrategia de «la salida», quien goza de un liderazgo en sectores radicales de los simpatizantes de la MUD. Tal decisión estuvo viciada desde el inicio y totalmente a discreción del contralor, quien es militante del PSUV y colaborador cercano de la primera dama de la República:
«el nuevo titular de la Contraloría General de la República, Manuel Galindo Ballesteros, viene de desempeñarse como Procurador General de la República, (...) en sustitución de la primera dama Cilia Flores. De igual forma, Galindo se desempeñó como consultor jurídico del parlamento entre los años 2006 hasta el 2010, al tiempo en que la Sra. Cilia Flores presidió el Parlamento Nacional.[35]»
Poder Judicial
El Foro por la Vida, coalición de DD.HH., en su presentación del informe ante la ONU en octubre de 2011, en el contexto de la 12ª sesión del examen periódico universal, da cuenta de cómo la reforma de la ley orgánica del TSJ en 2004 y la elección de magistrados en 2010 obedecen a una estrategia jurídica de control político del TSJ por parte del partido de gobierno. Análogo a lo ocurrido en diciembre de 2015, una vez que el partido de gobierno perdió en la AN la mayoría calificada para el período 2010-2015, se adelantaron los nombramientos y señala el informe que:
«la politización de la nueva escogencia de los 9 magistrados principales y los 32 suplentes del TSJ, se evidenció además del hecho de haberse designado 5 magistrados que eran diputados de la Asamblea Nacional del Partido Unido Socialista de Venezuela (PSUV) y a la ex-Procuradora de la República (funcionaria del Ejecutivo Nacional).[36]»
Más adelante, en diciembre de 2014 la AN, con mayoría simple del partido de gobierno la instancia legislativa hace 12 nuevos nombramientos viciados,
«lamentamos la forma en que fueron nombrados los 12 nuevos Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, luego que los diputados no lograran el consenso de las dos terceras partes de la plenaria durante 3 sesiones consecutivas y la escogencia se realizara por mayoría simple el 28 de diciembre, dejando así en manos del PSUV la elección de los nuevos magistrados para los próximos 12 años.[37]»
Este patrón de actuación se profundiza en 2015, cuando el 23 de diciembre, una vez conocidos los resultados electorales, la AN saliente (2010-2015) llama a sesión extraordinaria con el objetivo de nombrar a 13 nuevos magistrados del TSJ y 21 suplentes; de los nuevos miembros tres se integrarán a la Sala Constitucional, entre ellos Calixto Ortega, exdiputado por el PSUV en el período 2010-2015. La mesa está servida para una guerra entre poderes, por lo que la consigna presidencial de «como sea», con este nuevo escenario judicial, sigue vigente.
Poder Electoral
Al igual que los otros dos poderes de no elección popular (Poder Judicial y Poder Ciudadano) nombrados por la Asamblea Nacional, este presenta en su equipo rectoral una mayoría con tendencia pública y notoria afecta al partido de gobierno. El nombramiento de los rectores actuales deja mucho que decir en cuanto al cumplimiento de los procedimientos que la ley contempla.
«El 22 de diciembre de 2014, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, solicitó ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la declaratoria de omisión por parte de la Asamblea Nacional en designar los Rectores y Rectoras del Consejo Nacional Electoral. La Sala de manera inusualmente expedita admitió y declaró la omisión legislativa y en consecuencia designó como primera rectora principal a la ciudadana Tibisay Lucena y como sus suplentes a los ciudadanos Abdón Rodolfo Hernández y Alí Ernesto Padrón Paredes; como segunda rectora principal a la ciudadana Sandra Oblitas, y como sus suplentes a los ciudadanos Carlos Enrique Quintero Cuevas y Pablo José Durán; como tercer rector principal al ciudadano Luis Emilio Rondón, y como sus suplentes a los ciudadanos Marcos Octavio Méndez y Andrés Eloy Brito, esto ocurrió luego que la plenaria en una sola oportunidad no lograra el consenso de la mayoría calificada en la designación de las rectoras.[38]»
Con este órgano tomado por el partido de gobierno no se hicieron esperar irregularidades tales como: 1) misterioso retardo en el anuncio de la fecha de elección; 2) retraso en el cronograma; 3) reorganización de los circuitos electorales y retardo en la distribución de diputados por circuito; 4) decreto de la paridad de género a destiempo y usurpando funciones legislativas; 5) ubicación en el tarjetón de MIN-Unidad a un lado de la MUD; 6) la no sanción en el uso y abuso de recursos públicos en la campaña; entre otros[39]. La parcialidad del árbitro hace que se erosione la competitividad electoral necesaria para la convivencia democrática[40].
Poder Legislativo
Después de este recorrido queda clara la importancia que reviste la AN para los actores políticos y para la sociedad en su conjunto, y cómo la línea del finado presidente HRCHF hacia la AN sigue vigente. Cómo vimos al inicio, el marco constitucional de 1999, con el fin de resguardar la institucionalidad diseñó la participación de la sociedad civil en el nombramiento de los poderes públicos de no elección popular, quitándole esta prerrogativa exclusiva a la AN. Sin embargo, después de muchos años de intríngulis y artimañas jurídicas llegamos a 2015 con una AN acostumbrada a nombrar al resto de los entes públicos sin la participación de la sociedad civil y sin el debido proceso. En estas elecciones de 2015 se evidenció cómo desde la AN el partido de gobierno diseñó un plan «b» apalancado en un lego jurídico que, una vez conocidos los resultados electorales, se activó e introdujo al país en una lucha de poderes sin precedentes en un contexto país que nos exige institucionalidad y diálogo.
Propuesta
Se impone un diálogo y negociación política con el propósito de retomar el marco constitucional, de tal manera que se garantice la efectiva separación, autonomía e independencia de los poderes públicos. Las dos últimas crisis del país, la de los noventa y la de hoy, tienen como denominador común la apropiación del Estado y sus instituciones por parte de intereses particulares (ayer AD-Copei, hoy PSUV). De ser necesario, dada la polarización política y la crisis institucional que atraviesa el país, se debe acudir a la observación y/o mediación internacional, especialmente a Unasur y la OEA. Este diálogo debe tener como centro al país y como base la pregunta de cómo salir de la crisis generalizada (social, económica y política-institucional) que vivimos. Uno de los puntos básicos a discutir y a acordar es la posible revocatoria de los nombramientos de los actuales titulares de los poderes públicos de no elección popular, es decir, del Poder Ciudadano (Fiscal General, Defensor, Contralor), del Poder Judicial (magistrados del TSJ) y del Poder Electoral (rectores) y, en consecuencia, la elección de los mismos en el marco de la Constitución y las leyes. Esta medida, aunque con muchas resistencias desde el partido de gobierno, es condición necesaria para garantizar la convivencia democrática y evitar la instrumentalización de los poderes públicos al servicio de parcialidades políticas. Si la magnitud de la crisis que vivimos y la nueva correlación de fuerzas en el escenario político no nos conducen a un diálogo profundo que lleve a reinstitucionalizar el país, perderemos una oportunidad histórica.
Cómo abordar las reformas electorales: hacia un modelo electoral democráticoEglée González Lobato
Es hora de que en Venezuela el sistema electoral sea una expresión de la voluntad del país y no una sobrerrepresentación de las mayorías. En el año 2010 el oficialismo, con 48,12% de los votos, obtuvo 98 representantes en la Asamblea Nacional, y la oposición, con 47% de los votos, tan solo obtuvo 67 representantes. Recientemente, en las pasadas elecciones parlamentarias 6D-2015, bajo la misma normativa, la oposición, con 56,31% de los votos, alcanzó 112 representantes, y el oficialismo, con 43,69% de los votos, obtuvo 55 diputados.
Estas primeras líneas evidencian la necesidad de modificar las normas electorales para conciliar el sistema con un modelo democrático, que logre una correspondencia –lo más genuina posible– entre las manifestaciones de voluntad y el número de escaños obtenidos por los diferentes movimientos políticos participantes.
Diversos trabajos e informes públicos emanados de universidades y de organizaciones internacionales de alto prestigio, han puesto la lupa sobre los tópicos que pueden ser objeto de una reforma en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (2009). Destacamos por una parte, las «Propuestas para fortalecer los procesos electorales en Venezuela» elaboradas en 2015 por grupos de observación nacional y expertos nacionales, coordinados primero por el Centro Carter y luego por los propios redactores, destacando la labor de Griselda Colina y Félix Arroyo. Por otra parte, citamos las «Reformas impostergables» concebidas dentro del Proyecto de Integridad Electoral, coordinado por la Universidad Católica Andrés Bello. Lamentablemente, estas propuestas de reforma no han contado ni con el consenso ni con el impulso de los actores políticos para su implementación.
Sin embargo, a escasos dos meses de las elecciones parlamentarias 6D-2015, el tema de las reformas electorales retoma la palestra del debate nacional, bien por el impacto de los resultados electorales o por la agudización de la crisis social, económica y política que castiga a la población venezolana y que centra la atención del discurso sobre los mecanismos constitucionales previstos para acortar el mandato del presidente Nicolás Maduro.
A juicio de quien suscribe, la celebración de un proceso de naturaleza electoral, activado por un revocatorio, enmienda, o por la celebración de las elecciones para gobernadores y consejos legislativos previstas para este año, exige antes que nada la revisión de las condiciones en que se ejerce el derecho al sufragio. Revisión esta que no debe limitarse al planteamiento de reformas aisladas a la Ley Orgánica de Procesos Electorales vigente o de correctivos a las malas prácticas, sino que exige una revisión de la complejidad de las diferentes variables que conforman el sistema electoral y que deben engranarse conforme a la idea de un modelo electoral democrático, inspirado en los principios de equidad, transparencia, certeza y seguridad jurídica, de libertad en el ejercicio del derecho al sufragio, que garantice el secreto al voto y respete la sagrada voluntad popular.
La propuesta de cómo abordar las reformas necesarias, invita a elevar la mirada sobre todas las piezas que conforman el sistema electoral venezolano para así describirlas, analizarlas, reflexionar acerca de las distorsiones que puedan afectarle, reconociendo en cada caso el problema, deliberando y construyendo nuevas propuestas, inspiradas por un modelo democrático.
Abordar las reformas electorales de la manera que se propone supone un acuerdo sobre el modelo que se pretende, equiparable al conocimiento de la figura que se va a armar con las piezas de un lego, porque estas piezas por separado no tienen mayor significancia. Requiere, además, reconocer si se ha producido alguna distorsión que lo afecte y que requiera de un ajuste o modificación. También exige el compromiso sobre el cumplimiento de las reglas y principios, porque las deformaciones de nuestro sistema electoral se han producido más por la inobservancia de las reglas y principios que por la carencia de normas aplicables.
La primera recomendación para lograr orientar acerca del «CÓMO» abordar las reformas electorales consiste en estar de acuerdo en conceptualizar al sistema electoral a través de la expansión de su concepto en extremo –como sugiere Dieter Nohlen– de tal modo que no solo abarque el mecanismo a través del cual se traducen los votos en escaños, trátese de elecciones parlamentarias o cargos de gobierno, sino que también comprenda las distintas etapas o fases que conforman el proceso, o que inciden en él.
I
Esta primera parte de la propuesta distingue diferentes niveles horizontales de análisis que a su vez, comprenden diversas áreas. Tenemos así:
Proceso electoral
Comprende desde la convocatoria hasta la proclamación y permite la revisión de todas las etapas del proceso, incluyendo el sistema automatizado y las auditorías.
Sistema electoral propiamente dicho
Se entiende así al sistema electoral desde un sentido restringido, que tiene que ver justamente con el método a través del cual los votos se convierten en escaños (parlamentarias, consejos legislativos, concejos municipales y distritos metropolitanos) o cargos (presidenciales, gobernadores y alcaldes).
Administración electoral
Comprende la revisión orgánica y funcional del órgano rector del Poder Electoral, de sus organismos subordinados y órganos subalternos.
Un aspecto trascendental de este nivel es el cumplimiento de la normativa constitucional para la designación de los rectores principales y suplentes al Consejo Nacional Electoral, ya que de nada servirá presentar unas propuestas que propendan hacia la democratización del proceso electoral si el máximo órgano comicial, en tanto órgano colegiado, hace caso omiso de las normas, o las interpreta alejándose de los principios de justicia y equidad, generando una distorsión del sistema electoral venezolano que socava los valores democráticos.
