La rebelión contra el orden E-Book

• Herausgeber: LOM Ediciones
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 574

Veröffentlichungsjahr: 2023

Beschreibung

Este libro es una análisis integral e interdisciplinario de los hechos de la protesta, movilización y revuelta social ocurridos en Chile desde el 18 de octubre del 2019.

Leseprobe

© LOM ediciones Primera edición, noviembre 2022 Impreso en 1000 ejemplares ISBN impresa: 9789560016461 ISBN digital: 9789560016645 Fotografía de portada: «Plaza Dignidad» de Paulo Slachevsky <https://www.flickr.com/photos/pauloslachevsky>. Todas las publicaciones del área de Ciencias Sociales y Humanas de LOM ediciones han sido sometidas a referato externo. Edición, diseño y diagramación LOM ediciones. Concha y Toro 23, Santiago Teléfono: (56-2) 2860 6800 [email protected] | www.lom.cl Diseño de Colección Estudio Navaja Tipografía: Karmina Registro N°: 310.022 Impreso en los talleres de gráfica LOM Miguel de Atero 2888, Quinta NormalImpreso en Santiago de Chile

Índice

Presentación

Introducción

I. Procesos políticos y memoria

«Nos volvemos a llamar pueblo» El retorno del concepto «pueblo» en los lenguajes políticos de la revuelta social de octubre/2019

Nuevas identidades de los activistas de derechos humanos: memoria desplazada en tiempos de estallido social en Puerto Montt y Valdivia

II. Crisis y conflictos

La crisis del orden social neoliberal y los límites de lo posible

Cómo explicar el Octubre Rojo chileno de 2019: ¿Crisis, revolución, «estallido social»?

III. Género y diversidad

Violencia sexual institucional y su tratamiento jurídico: un análisis de casos

Estrategias de respuesta del feminismo chilenofrente a violencia de género

IV. Inclusión social, derechos y ciudadanía

El ejemplo a seguir: la posibilidad de crítica a las políticas de inclusión de PsD bajo una exacerbada lógica de mercado

V. Estudios territoriales

El territorio como sujeto: conflictos y estallido en perspectiva histórica

La revolución de octubre más allá de la ciudad: movimientos socioambientales, resistencias y fracturas desde los espacios de la ruralidad

Un territorio desigual: diálogos entre sujetos y objetos desde el estallido social del 18 de octubre del 2019

Acerca de los autores

Presentación

El Núcleo de Investigación de Excelencia de Estudios Interdisciplinarios en torno a la Desigualdad y Derechos Humanos (DesDeh), de la Universidad Austral de Chile, busca contribuir al desarrollo de las Ciencias Sociales en Chile a partir de la reflexión e investigación interdisciplinaria. Su propósito es aportar a la comprensión de los diversos y complejos fenómenos sociales, incorporando una pluralidad de visiones y metodologías, altamente actualizadas y situadas, para responder a los múltiples desafíos que presenta la cambiante sociedad actual.

Este libro, titulado La rebelión contra el orden. Octubre de 2019-presente, refleja esa misión y materializa un esfuerzo por comprender, con rigor y dedicación intelectual, los hechos de la protesta, movilización y revuelta social que tuvieron lugar en Chile a partir del 18 de octubre de 2019. Para dar cuenta de la complejidad de esos sucesos, este libro explora los variados aspectos de los eventos desatados el 18 de octubre, así como algunos de sus antecedentes y consecuencias. Para ello compila diez contribuciones de diferentes autores, provenientes de distintas disciplinas de las humanidades y las ciencias sociales.

Estos trabajos fueron presentados en el seminario internacional Octubre 2019: ¿La Rebelión Contra el Orden? que se realizó los días 27, 28 y 29 de mayo de 2020. El encuentro, que reunió a una treintena de investigadores chilenos y extranjeros de varias instituciones, fue organizado por el Núcleo DesDeh. El seminario se realizó de manera telemática, pues en mayo de 2020 la pandemia por el virus SARS-COV 2 ya se había iniciado, y comenzado diversas restricciones sanitarias. Esta clase de encuentros académicos virtuales era entonces aún algo infrecuente, por lo que presentó un importante desafío organizativo y logístico para el Núcleo DesDeh.

Junto con los y las ponentes, participaron estudiantes y público general; todos con el mismo objetivo de reflexionar colectivamente y debatir sobre la crisis chilena a partir de algunas de las líneas de investigación propuestas por el Núcleo: procesos políticos y memoria; género y diversidad; crisis y conflictos; inclusión social, derechos y ciudadanía; y subjetividades y territorios. De este modo, el seminario fomentó variadas aproximaciones que estudiaron, de forma abarcadora y dialógica, las distintas expresiones de las transformaciones que se han estado produciendo en Chile. Como resultado de ese seminario, hemos seleccionado diez trabajos que presentamos a continuación de manera breve, al que agregamos un capítulo introductorio de los editores.

La primera sección del libro se llama Procesos políticos y memoria, e incluye los capítulos «Nos volvemos a llamar pueblo». El retorno del concepto pueblo en los lenguajes políticos de la revuelta social de octubre/2019, de Juan Pablo Venables y Karen Alfaro, y Nuevas identidades de los activistas de derechos humanos: memoria desplazada en tiempos de estallido social en Puerto Montt y Valdivia, de José Cabrera, Daniel Jofré y Robinson Silva. Desde una perspectiva sociohistórica, el trabajo de Venables y Alfaro analiza el significado del retorno del concepto «pueblo» en el marco de la revuelta social de Octubre/2019. El capítulo sugiere que «pueblo» se constituye en un «concepto de expectativa» que configura una identidad colectiva que opera como agente movilizador, y a la vez admite que se trata de una intervención política que tiene lugar en un escenario en disputa que aún se encuentra abierto.

El segundo capítulo de la sección, de los profesores Cabrera, Jofré y Silva, intenta comprender el modo en que las memorias y posiciones subjetivas de los activistas de derechos humanos han sido removidas y resignificadas por los acontecimientos asociados al estallido social chileno. Su foco está en el desplazamiento identitario que han vivido los participantes de agrupaciones de memoria y/o derechos humanos en las ciudades de Puerto Montt y Valdivia en el marco de las movilizaciones sociales que arrancaron el 18 de octubre de 2019 en todo el país. Los autores plantean que los sucesos de octubre del 2019 pusieron nuevamente en tensión la violencia política como respuesta estatal a la protesta social.

La segunda sección del libro se denomina Crisis y Conflicto. Su primer capítulo, La crisis del orden social neoliberal y los límites de lo posible, de autoría de los profesores Fabián Almonacid y Luis Fernando De Matheus, realiza una reflexión crítica y multiescalar de carácter histórico-geográfica de la crisis del orden neoliberal chileno. Plantea que este orden forma parte de la dinámica económica y (geo)política global del capitalismo, que se desarrolla territorialmente de modo desigual, combinado y contradictorio, por lo que experimenta crisis regulares como la que afecta a Chile, la cual ha abierto nuevas posibilidades para una profunda transformación de la realidad nacional.

El segundo capítulo de esta sección, de autoría de los investigadores Hernán Cuevas y Jorge Budrovich, se titula Cómo explicar el Octubre Rojo chileno de 2019. ¿Crisis, «estallido social», despertar de un pueblo? Este ensayo explora, a partir de la pregunta por el nombre de lo que tuvo lugar en Chile desde octubre de 2019, el sentido, alcances y potencialidades de los hechos, relatos y categorías de análisis que han perfilado lo que tuvo lugar desde esos agitados días. Esboza algunas explicaciones de la crisis y ofrece posibles razones que llevaron a la difusión del término «estallido social» para nombrarla.

La tercera sección, denominada Género y diversidad, se inicia con el capítulo Violencia sexual institucional y su tratamiento jurídico: un análisis de casos,de Gabriel Miralles. En él se ofrece una evaluación de la respuesta estatal frente a la violencia sexual policial ocurrida durante las manifestaciones sociales de octubre del año 2019. Por medio de una comparación con las violaciones de los derechos humanos perpetradas durante la dictadura, el autor pone de relieve los avances y carencias existentes en el tratamiento de esta violencia en la actualidad, y concluye que hoy se reitera la debilidad en materia de persecución de la responsabilidad individual de los agentes del Estado.

El segundo capítulo de esta sección, Estrategias de respuesta del feminismo chileno frente a violencia de género, de las profesoras Yanira Zúñiga Añazco y Debbie Guerra Maldonado, presenta una lectura hermenéutica, históricamente situada, de las estrategias feministas utilizadas antes, durante y después de la revuelta social de octubre de 2019, explora sus vínculos con el déficit de respuesta estatal frente a la violencia de género e intenta desentrañar sus complejidades morales, políticas y jurídicas.

La cuarta sección, Inclusión social, derechos y ciudadanía, incluye el texto de las profesoras Marcela Apablaza, Jimena Carrasco y Asun Pié, El ejemplo a seguir: la posibilidad de crítica a las políticas de inclusión de personas en situación de discapacidad bajo una exacerbada lógica de mercado. Este capítulo expone las fisuras y los fracasos de las políticas sociales de inclusión de personas en situación de discapacidad, a partir del cuestionamiento del modelo neoliberal por parte del movimiento social de protesta. Aquí se compara los sucesos de Chile con el movimiento social español denominado 15M y explora sus similitudes y diferencias, con el propósito de comprender las nuevas formas de participación ciudadana de colectivos que históricamente han sido marginalizados.

La quinta sección, Estudios territoriales, incluye tres contribuciones. La primera, de los profesores Hugo Romero y Robinson Silva, se titula El territorio como sujeto: conflictos y estallido en perspectiva histórica. Este capítulo desarrolla, fruto del diálogo entre historia y geografía, una original reflexión acerca de la emergencia de la idea del territorio, que aparece como una cuestión central en los debates sociales y políticos actuales, desde la política municipal, pasando por la política nacional y la instalación y crisis del neoliberalismo.

La segunda contribución de esta sección se titula La revolución de octubre más allá de la ciudad: movimientos socioambientales, resistencias y fracturas desde los espacios de la ruralidad. Este capítulo, escrito por la profesora Carla Marchant y el profesor Yerko Monje, refleja una interesante colaboración entre historia del tiempo presente, estudios rurales y geografía humana. El capítulo construye, a través de diversas fuentes, una memoria territorializada de la así llamada revolución de octubre, a partir de las dinámicas socioambientales e historicidades de los territorios rurales, frecuentemente olvidados y relegados por el mundo urbano y sus problemáticas.

El último capítulo del libro, escrito por la profesora Laura Rodríguez, se llama Un territorio desigual: diálogos entre sujetos y objetos desde el estallido social del 18 de octubre de 2019. Basándose en los estudios urbanos y usando una metodología afín a lo que Walter Benjamin describió como el deambular del flâneur, este capítulo describe cómo los ciudadanos de Valdivia reinterpretaron y construyeron material y simbólicamente el espacio urbano a partir del estallido social de octubre de 2019. Rodríguez afirma que esta re-construcción espacial ha sido una respuesta integradora a la desigualdad en Chile.

El conjunto de los textos incluidos en este libro sugiere que estamos viviendo un período de hondas transformaciones, el que marcará un punto de inflexión en la historia reciente de Chile. Como suele suceder en este tipo de coyunturas históricas, hoy se combinan incertidumbres, temores, anhelos y esperanzas. Ojalá que este libro, nacido al calor de la crisis, pero que se nutre de reflexiones de más largo aliento, alimente la imaginación política, el diálogo y la sabiduría de las y los chilenos.

Finalmente, como editores queremos agradecer a nuestros colegas y coautores, y en especial al Núcleo DesDeh y a la Universidad Austral de Chile, nuestra casa de estudios, por proveernos del ambiente intelectual adecuado para el desarrollo de un proyecto académico colectivo, interdisciplinario y crítico.

Julio de 2021, Valdivia, Chile. Los Editores

Introducción

Fabián Almonacid Z.Hernán Cuevas V.Yanira Zúñiga A.

América Latina en llamas1

2019 será recordado como uno de los años de mayores manifestaciones y protestas en la historia reciente latinoamericana. Hemos conocido protestas ocurridas en Venezuela, Honduras, Puerto Rico, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia2.

En enero hubo protestas en Venezuela contra el gobierno y apareció la figura del presidente encargado, con el propósito de provocar la caída de Maduro. Inmediatamente, Guaidó fue reconocido por más de cincuenta países, incluido Chile, pero el gobierno de Maduro se ha mantenido, contando con un importante respaldo popular. Las movilizaciones, esporádicamente, han continuado. A fines de febrero de 2019, en la frontera colombo-venezolana, los presidentes derechistas de Colombia y Chile se reunían con Guaidó, dando su apoyo al movimiento anti Maduro. Fuera de diferentes motivaciones, surgidas de un conflicto permanente entre el Gobierno y la oposición, ha sido la difícil situación económica venezolana la que ha puesto en jaque la gestión gubernamental.

En abril, en Honduras hubo una serie de protestas contra la política privatizadora en salud y educación del gobierno de Juan Orlando Hernández. Además, en octubre comenzó un juicio al hermano del presidente, detenido desde 2018 en Estados Unidos, acusado de participar en el tráfico de drogas: en el juicio se dijo que el presidente protegió a narcos y que recibió dineros de la droga para la campaña presidencial de 2013. Por varios meses, las protestas pidieron la renuncia del presidente. Recientemente, en marzo de 2021 se conoció que el hermano ha sido condenado a cadena perpetua por narcotráfico en Estados Unidos. El juez del caso ha considerado que el tráfico de drogas estuvo respaldado por el Gobierno3.

Entre julio y agosto de 2019, diversas manifestaciones lograron la renuncia del gobernador de Puerto Rico, producto de la corrupción y errores comunicacionales del gobernador. Detrás de esta crisis estaban dificultades acumuladas por varios años, producto de la pésima situación económica e ineficacia de la autoridad para enfrentar los daños del huracán de 2017.

En Perú, como consecuencia de acusaciones de corrupción, en marzo de 2018 el presidente Pedro Kuczynski renunció a su cargo. De este modo, todos los presidentes peruanos recientes (Alberto Fujimori, Toledo, Ollanta Humala y Pedro Kuczynski) han resultado presos o procesados por abusos de poder o corrupción. Y uno anterior, Alan García, ha terminado suicidándose en abril de 2019, antes de ser arrestado. Excepto Fujimori, todos los demás presidentes recibieron dineros de la empresa Odebrecht.

La crisis política peruana ha seguido su curso. En septiembre de 2019, el presidente Vizcarra, sucesor de Kuczynski, cerró el Congreso, después de profundas diferencias con la mayoría opositora que lo controlaba, y presionado por demandas de manifestantes. La mayoría de la población terminó apoyando inicialmente la decisión del gobierno. Sin embargo, la suerte de Vizcarra no sería diferente a la de su antecesor. En noviembre de 2020 fue destituido por el propio Congreso, por «incapacidad moral», debido a acusaciones por corrupción, que se sumaron a otras previas, por obstruir investigaciones. Su sucesor interino, Manuel Merino, duraría menos de una semana en el cargo, tras fuertes protestas en las calles. Finalmente, asumió Francisco Sagasti, el que debió convocar a elecciones presidenciales, las que fueron ganadas en segunda vuelta en junio de 2021 por Pedro Castillo. Al parecer, Perú sale de una profunda crisis política, aunque con una debilidad institucional acumulada, que se expresa en una relativa incapacidad de canalizar las sucesivas crisis gubernamentales.

En Ecuador, a principios de octubre de 2019, el retiro de subsidios a los combustibles, junto a otras medidas tributarias y laborales, provocaron un masivo rechazo de la población a las medidas del gobierno de Lenín Moreno; cerca de quince días de protestas, represión policial con muertos y heridos, y finalmente, retiro de la medida, tras un diálogo entre el gobierno y las organizaciones indígenas que lideraron las protestas, las que fueron mediadas por la ONU y la Conferencia Episcopal ecuatoriana. Como se sabe, Ecuador tiene una historia reciente de movimientos sociales que han derrocado gobiernos. Esta vez, el resultado fue diferente, pero la violencia de la represión fue mayor4. Más allá de los subsidios, hay problemas mayores; desde ya, el distanciamiento entre el movimiento indígena y el Estado, y por otra parte, las dificultades de una economía estancada. El país ha solicitado un préstamo de 4.203 millones de dólares al FMI, pero como siempre, una historia conocida, el organismo internacional ha condicionado el préstamo a una reducción del gasto público. Eliminar los subsidios y las otras medidas eran parte de ello. Posteriormente, el gobierno insistió en aprobar una reforma tributaria para ese mismo fin, pero tuvo al parlamento en contra. Con la pandemia, en marzo de 2020, el gobierno impuso restricciones sanitarias y un estado de excepción, lo que postergó el problema político que enfrenta el país5. En las elecciones presidenciales de febrero-abril de 2021 se ha impuesto Guillermo Lasso, dando inicio a un gobierno de derecha, que cierra un ciclo político de dominio de la izquierda, aglutinada en torno a Rafael Correa.

Por otro lado, en Bolivia, la reelección presidencial de Evo Morales, el 20 de octubre de 2019, estuvo bajo la sospecha de fraude, iniciándose protestas que llevaron a la represión policial y a una revisión del proceso electoral por una comisión de la OEA, la que detectó diversas irregularidades6. Aunque Morales anunció que habría nuevas elecciones, las protestas continuaron y finalmente, el 10 de noviembre, el presidente renunció y salió del país. El nuevo gobierno interino, dirigido por Jeanine Añez, enfrentó la resistencia de los partidarios de Morales, dictando un decreto el 14 de noviembre para eximir de responsabilidad penal a los militares que participaran en el restablecimiento del orden público, bajo ciertas condiciones. Después de diversas críticas internacionales, incluida la de la ONU, el gobierno derogó el decreto a fines de noviembre. La represión hasta diciembre de 2019 dio como resultado más de 35 muertos y una crisis política que siguió, bajo la pandemia, durante el 2020. El gobierno de Añez fue reemplazado, en noviembre de 2020, por uno dirigido nuevamente por el Movimiento al Socialismo (MAS), bajo la conducción de Luis Arce. Por su parte, Morales regresó al país, al momento de asumir el nuevo gobierno, manteniéndose como líder del partido gobernante. El nuevo gobierno ha sostenido que la destitución de Morales fue un verdadero golpe de Estado y ha sometido a juicio a Añez.

A su vez, en Colombia se iniciaron en noviembre de 2019 protestas masivas contra el gobierno, partiendo con la realización de un paro nacional convocado por las organizaciones obreras contra las políticas económicas del gobierno de Iván Duque, especialmente en rechazo a su reforma tributaria, a su búsqueda de mayor flexibilidad laboral y el avance en la privatización de las pensiones. La respuesta estatal fue reprimir las manifestaciones, incluso declarando toque de queda en algunas ciudades, con lo que los militares salieron a la calle. Después de septiembre de 2016, cuando se firmó la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se habían ido acumulando diversos problemas, que en otro tiempo no eran atendidos con el pretexto de la guerra. Ahora no había excusa, ni una respuesta fácil contra los que protestaban. Eran las demandas acumuladas de la sociedad al Estado. Como en Chile, movimiento social con el cual tiene muchas similitudes, los grupos movilizados integran de forma transversal amplios sectores de la sociedad. Sin embargo, las diferencias entre las protestas de Chile y Colombia son importantes en diferentes aspectos. Desde ya, el nivel del conflicto es de otra magnitud. En Colombia, entre 2016 y fines de 2019, se habían asesinado unos 486 dirigentes sociales y comunitarios. Tras las protestas, que dejaron unos 17 muertos hacia febrero de 2020, el gobierno retiró su propuesta de reforma a las pensiones. Posteriormente, la epidemia detuvo las manifestaciones. Como en toda Latinoamérica, la crisis sanitaria ha profundizado las dificultades económicas. En septiembre de 2020 hubo otro episodio de protestas, en rechazo a la violencia policial, que había provocado la muerte a un joven, resultando unas 13 personas muertas. Posteriormente, en abril-mayo de 2021 se inició una nueva ola de protestas, esta vez contra una reforma tributaria, más las anteriores demandas no resueltas, la que tuvo una respuesta represiva aun mayor del Estado, con 47 muertos7.

En Chile, el 18 de octubre de 2019 comenzó una masiva movilización social, la que había partido unos días antes con el rechazo de los estudiantes de educación secundaria al alza del precio del billete de Metro en Santiago, pero que rápidamente derivó en una verdadera sublevación popular, extendida por todo el país, que abarcó desde la capital a todas las ciudades del territorio nacional, convirtiéndose en una de las mayores protestas de la historia nacional, tanto por su continuidad, permanencia en el tiempo, día a día, como por la diversidad de sus participantes, y lamentablemente, por el número de muertos, heridos, abusados y detenidos.

Como queda claro por lo sucedido en diferentes países de la región, la democracia latinoamericana se encuentra en serias dificultades. En los últimos treinta años, América Latina ha logrado crecimiento económico y estabilidad política, en el marco de un capitalismo neoliberal. Ha habido una reducción de la pobreza, aumento de la riqueza, modernización, gobiernos electos democráticamente, alternancia en el poder entre gobiernos de derecha e izquierda, pero sin dudas el binomio capitalismo neoliberal globalizado-democracia no ha logrado resolver los graves y permanentes problemas políticos, económicos y sociales de la región.

Movilización social en Chile, octubre de 2019 a marzo de 2020

Como se dijo para Brasil en 2013, también se ha dicho que Chile despertó en 2019. Tal como en Brasil, se pasó de la protesta por el alza del transporte a algo más. Asimismo, en Chile, la movilización comenzó con la ausencia de los partidos políticos, de sus banderas, símbolos y héroes. Algo similar al «sin partidos» de los brasileños. De Brasil, Manuel Castells decía al comienzo que era un movimiento urbano, con presencia en redes de internet, autónomo, que no tenía temor, pero tampoco líderes, que buscaba una nueva democracia8. Respecto a Chile, en noviembre de 2019, Castells destacaba que en el país había frustración por la desigualdad social, por la corrupción e incompetencia de los políticos y que no había confianza en el parlamento, gobierno y partidos políticos. Todo ello era parte de una «crisis global de la democracia liberal»9.

Ojalá que las similitudes entre Brasil y Chile no continúen en los resultados finales de todo este proceso. Esto, considerando que en Brasil el gobierno de Bolsonaro fue el resultado de esa movilización.

En Chile, de pronto la ciudadanía ha tomado conciencia de los diferentes problemas que enfrentaba el país, o más bien ha decidido denunciarlos y repudiarlos. Ya no soporta continuar aceptándolos. En un país donde la población se ha caracterizado por un apego estricto al orden, a la legalidad; que tiende a no reclamar, a ser reservada y aceptar, antes que rechazar. En definitiva, una sociedad que tiende a evitar los problemas, antes que enfrentarlos, quizás por un temor tradicional a la autoridad estatal, centralista y autoritaria, que en la historia ha dado varias muestras de dura represión cuando se ha intentado cambiar profundamente la realidad nacional. La represión ocurrida durante la dictadura de Pinochet ha dejado una profunda huella y varias generaciones han evitado alzar la voz. Pero todo eso ha terminado abrupta y definitivamente en octubre de 2019.

El país ha acumulado problemas relacionados con la implementación de un neoliberalismo globalizado, que ha organizado la sociedad, la economía y el Estado de un modo favorable a la acumulación capitalista. Desde la dictadura de Pinochet en adelante, los trabajadores han perdido sus sindicatos y han ido reduciendo sus derechos laborales al mínimo, los salarios se han estancado por décadas, mientras el costo de la vida se incrementa10. Se privatizaron las pensiones de los trabajadores (con la excepción de las Fuerzas Armadas y Carabineros), convirtiéndose en un problema de cada trabajador; eufemísticamente se llamó «capitalización individual» a la cotización hecha con ese fin. La economía se ha privatizado en un grado extremo, incluyendo los recursos naturales (minerales, agua, tierra), y los servicios más básicos (electricidad, teléfonos, carreteras, puertos, salud, educación, etc.), llegando incluso a la concesión de las cárceles y hospitales. Por supuesto, la ideología neoliberal se ha impregnado en la cultura nacional.

A su vez, el Estado chileno ha asumido como tareas centrales: la estabilidad de la economía, el crecimiento económico, la internacionalización y la promoción de la actividad empresarial y las privatizaciones a todo nivel.

En suma, en Chile se ha desarrollado un régimen de acumulación capitalista neoliberal globalizado, que ha otorgado todas las ventajas posibles al capital, mientras las ha negado al trabajo. Los empresarios y los grupos económicos han sido la preocupación permanente del Estado. El supuesto ideológico de esta estrategia neoliberal es que el sector de negocios, considerado en su conjunto, es el agente fundamental del desarrollo. De tal manera, las leyes, las instituciones y la propia acción estatal general han constituido un modo de regulación que ha permitido sostener este capitalismo11.

Todo ello ha funcionado «eficientemente» para el capital, pero muy mal para la mayoría de los trabajadores. En Chile, como se venía denunciando hace tiempo, los salarios del 83,9% de los trabajadores no alcanzaban a los mil dólares mensuales, al año 2017. La mitad de la población ganaba menos de 450 dólares12. Es cierto que el país redujo de forma significativa la pobreza, pero también es cierto que una parte importante de la población no es pobre solo gracias a los subsidios estatales. Si el Estado dejara de entregar esas ayudas, la pobreza alcanzaría a cerca de un tercio de la población. En oposición a ello, el 1% más rico controla una cuarta parte de la riqueza nacional13. Chile es el segundo país más desigual de América Latina detrás de Brasil.

Como los trabajadores chilenos no ganan lo suficiente para sobrevivir, hay una dependencia del endeudamiento privado, especialmente por medio de tarjetas de crédito. En promedio, los hogares chilenos deben el 76% de sus ingresos. Los chilenos se endeudan para comer, vestirse y pagar los servicios básicos.

Por otro lado, las pensiones a las que pueden optar los que jubilan con el sistema privado son en su mayoría bajísimas14. Los primeros jubilados que solamente han cotizado en el sistema privado han constatado que sus pensiones no son las que se prometieron. Al contrario, el 50% obtiene pensiones inferiores a 300 dólares, después de haber cotizado 35 años. Una pensión inferior al salario mínimo legal del país. El 80% de los pensionados actuales está obteniendo pensiones inferiores a la línea de la pobreza. Por ello, no es extraño que una de las organizaciones sociales con mayor apoyo popular se llame No + AFP15.

Por último, una cuestión menos visible para la mayoría, pero que también tiene mucha influencia en la crisis del capitalismo, es la mercantilización de la naturaleza. Una sola muestra: en el sur de Chile, la zona de los ríos y lagos del país, donde los recursos naturales son abundantes, el aprovechamiento del agua está completamente privatizado. El Estado ha regalado el agua a empresas, comunidades y personas para diferentes negocios agropecuarios, energéticos, turísticos e inmobiliarios.

En Chile suele decirse que todos los males vienen de la dictadura, pero, en el caso del agua, la mayor privatización la hicieron los gobiernos democráticos, desde 1990 en adelante. Para el sur de Chile, hay 44.360 concesiones de derechos de aguas vigentes, de las que 42.753 fueron dadas después de 1990, por los gobiernos en su mayoría progresistas que tuvo el país. Si a ello sumamos las concesiones mineras y los más de 162 proyectos energéticos, muchos de los cuales tienen una gran oposición de las comunidades indígenas y campesinas, podemos comprender un aspecto más de la crisis que vive el país16.

El cemento, el adhesivo, que ha mantenido unido y funcionando el capitalismo en Chile (leyes, instituciones, Estado, normas, etc.) ha demostrado ya no ser capaz de darle legitimidad, sustento y aceptación al sistema económico y social. Un día cualquiera, desde el 18 de octubre de 2019, los chilenos han decidido no seguir aceptando el capitalismo neoliberal globalizado. Ese es el trasfondo, aunque no la única motivación, de las movilizaciones, protestas y saqueos.

Diferentes voces han manifestado con fuerza sus demandas. Estudiantes, obreros, empleados, profesionales, mujeres, ancianos, entre otros. Varias generaciones se han unido en estas manifestaciones, con un predominio de jóvenes, pero también con la participación destacada de viejos, adolescentes y adultos.

Según quién sea el manifestante, unos reclaman por los bajos salarios, las paupérrimas pensiones, las dificultades para acceder a una buena salud, por el precio de los medicamentos, por el alto costo de la educación universitaria, por la falta de una mejor educación pública, por el cansancio con la desigualdad, con los abusos de las empresas, por la corrupción de los políticos e instituciones, contra el orden social en su conjunto y un largo etcétera.

Dada la diversidad de actores, las formas de manifestación han sido también diferentes. Algunos participaron mediante cacerolazos, con el cierre de calles, otros hicieron barricadas y fogatas, algunos llenaron la ciudad de grafitis, murales y rayados, otros destruyeron luminarias, semáforos, señaléticas, y por las noches, participaron en la destrucción de bancos, tiendas, casinos de juegos, supermercados, o incendiaron estaciones del Metro en Santiago, supermercados, hoteles e industrias. Asimismo, paralelamente se produjeron marchas y concentraciones ciudadanas masivas, de cientos de miles de personas, así como huelgas nacionales.

En general, han convivido dos formas de protestas. Una pacífica, ciudadana, familiar, alegre, junto a otra violenta, anarquista, juvenil y adolescente. Una está representada principalmente por las marchas y concentraciones ciudadanas en la Plaza Italia de Santiago, renombrada Plaza Dignidad por el movimiento, y en las principales plazas y calles de las demás ciudades del país. La otra busca el enfrentamiento directo con la policía. En un mismo lugar, en un mismo día, la marcha ciudadana ha ocupado una importante extensión de las calles principales de la ciudad, mientras en la periferia de la movilización, los grupos de choque, jóvenes preparados para ese fin, más o menos coordinados, se enfrentan a la policía y detienen su avance, el que muchas veces busca disolver por la fuerza las marchas ciudadanas.

Aunque la movilización ciudadana fue más allá de lo que pudo controlar cualquier organización social, partido o movimiento político, desde el comienzo una agrupación asumió la convocatoria a marchas y huelgas. Es Unidad Social, una organización que apareció públicamente en agosto de 2019, y que a fines de 2019 reunía a unas 143 organizaciones sociales, federaciones de estudiantes y sindicatos, entre ellas a la Central Unitaria de Trabajadores, la principal confederación de sindicatos, a No + AFP y al Colegio de Profesores, entre otros.

El manifiesto que elaboró Unidad Social, en agosto de 2019, resume muy bien parte de los fundamentos de la movilización social chilena. Allí se indica que:

Un sentimiento de indignación, molestia y rabia recorre el país, al sentir que se acrecientan las injusticias, las desigualdades y la impunidad y al observar que casi no hay sector de la sociedad que no esté afectado por la corrupción o por la crisis moral, que corroe a gran parte de las instituciones de la república…

Los sectores políticos promotores y defensores del neoliberalismo impusieron en dictadura y mantienen hasta hoy una constitución ilegítima y un entramado social, institucional y económico, que impiden cambios democráticos y la recuperación de los derechos fundamentales. Es evidente que la actual democracia se muestra cada vez más insuficiente y no sirve a los intereses populares17.

Dada la crítica social al sistema político, al gobierno, congreso y partidos políticos, el manifiesto de Unidad Social contiene aspectos fundamentales de los motivos de la movilización social chilena. Aunque, como se puede observar, no es de ningún modo revolucionario, sino en varios aspectos bastante liberal en sus demandas. Pide una sociedad más libre y democrática, con mayor igualdad, justicia, solidaridad y fraternidad. El objetivo, con unidad y convergencia social, es «la defensa y recuperación de las libertades y derechos fundamentales»18.

Como respuesta a las protestas, la policía reprimió de forma indiscriminada a los manifestantes, disparando balines y lacrimógenas al cuerpo de los marchantes, aunque estos no estuvieran realizando acciones violentas en el momento de ser reprimidos ni hubieran atacado a las fuerzas policiales.

Junto con las movilizaciones, el desorden se extendió a diferentes ciudades. Hubo saqueos a supermercados, industrias y tiendas. Aparecieron los delincuentes en los barrios abandonados por la policía, la que fue sobrepasada por la amplitud y continuidad de las movilizaciones. Bandas organizadas aprovecharon la confusión y desorden para robar y saquear negocios, confundidos con los manifestantes que participaban de las movilizaciones.

El gobierno perdió rápidamente el control del orden público. La policía fue superada por el volumen de las protestas, lo que llevó al gobierno a declarar Estado de Emergencia y sacar los militares a la calle, el 19 de octubre de 2019, en Santiago19. En los próximos días fue declarando el Estado de Emergencia en la mayoría de las ciudades del país. Esto implicó volver a los tiempos de la dictadura de Pinochet. Era la primera vez que, en democracia, los militares salían a controlar a la población durante una crisis política. La medida se mantuvo vigente hasta el 27 de octubre, resultando completamente ineficaz para controlar las movilizaciones, los desórdenes y saqueos. Durante esos días, comenzamos a conocer nuevamente, como durante la dictadura, una violación sistemática y generalizada de los derechos humanos, por parte de la policía y Fuerzas Armadas.

El gobierno fue visto como el gran responsable de la permanencia y carácter de las movilizaciones y del aumento de los desórdenes. El presidente perdió toda sintonía con las manifestaciones. Cada una de sus apariciones, en vez de calmar los ánimos, terminó profundizando la crisis. El sábado 19, cuando ya era claro que las protestas eran mucho más que una demanda de rebaja de pasajes, el presidente apareció en televisión anunciando que se eliminaría el alza, que se reuniría con los representantes de los diferentes poderes del Estado y que iniciaría un diálogo social para escuchar a la ciudadanía20. El presidente demostraba no comprender la gravedad del momento político.

El hecho más representativo de este distanciamiento entre las movilizaciones y el presidente ocurrió el domingo 20 de octubre de 2019, cuando tras las protestas, incendios y saqueos que se habían extendido por todo el fin de semana, el presidente señaló por televisión que: «estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada, ni nadie»21.

La afirmación no podía ser peor. Tratar de enemigo a una parte de la población, declararle la guerra a un enemigo poderoso, que no era otro que la propia ciudadanía, terminó agravando aún más la crisis política nacional.

El martes 22 de octubre, el gobierno intentó frenar las movilizaciones proponiendo una agenda social: un leve aumento de las pensiones más bajas y del sueldo mínimo, reducción de sueldos de los parlamentarios y otras altas autoridades, además de otras medidas poco relevantes frente a la totalidad de las demandas ciudadanas22. Muchos comenzaban ya a solicitar una nueva Constitución, que reemplazara la vigente desde 1980, herencia de la dictadura de Pinochet.

La ciudadanía reaccionó con rabia y más protestas contra una autoridad que no entendía que el país había cambiado. Aumentaron las movilizaciones. En Santiago hubo una concentración de más de un millón de personas, en la Plaza Dignidad, el viernes 25 de octubre, para denunciar que el país no estaba en guerra y que quería reformas profundas y no las respuestas que el gobierno promovía23. Otros cientos de miles se movilizaron en otras ciudades del país.

Era claro a estas alturas que el gobierno debía poner término al Estado de Emergencia y proponer otras medidas para enfrentar la crisis. El sábado 26 de octubre, Piñera informó que realizaría un cambio de gabinete, lo que se concretó el lunes 28 de octubre. El cambio fue menos importante de lo que se esperaba, reemplazando al ministro del Interior y otros siete ministros, entre ellos el de Hacienda, pero manteniendo algunos de sus ministros más resistidos24.

El mismo 28 de octubre se puso fin al Estado de Emergencia. A esa fecha, la cifra de muertos por acción directa de los agentes del Estado eran cinco personas (dentro de un total de 20 personas muertas), más 1.132 heridos por armas de fuego, entre ellos, 127 personas con lesiones oculares. Además, habían existido 3.535 detenciones. A esas alturas, ya se habían presentado 94 denuncias judiciales por torturas y violencia sexual25.

Era claro ya que la policía y las Fuerzas Armadas estaban haciendo un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. Se disparaba a matar, a la cara de los manifestantes, por eso el alto número de personas con traumas oculares de diversa magnitud.

Con posterioridad al término del Estado de Emergencia, la policía se encargó de controlar el orden público del mismo modo. Represión directa contra los manifestantes. El número de muertos, heridos y detenidos siguió incrementándose.

Muchos se preguntaban esos días cómo era posible que en Chile volvieran a violarse los derechos humanos. Para el gobierno y la policía, los muertos, heridos, violados y torturados eran «excesos», «errores», y no una acción sistemática ejercida por agentes del Estado, como indicaban los enviados de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y ONU, quienes llegaron al país a fines de octubre, quedando sorprendidos por lo que estaba ocurriendo.

Por todo ello, parte de la oposición decidió realizar una acusación constitucional contra el exministro del Interior, Andrés Chadwick, primo del presidente, a quien se responsabilizaba de todo lo anterior. Era una forma de sanción política al gobierno.

Durante noviembre, las movilizaciones ciudadanas y la violencia desatada por los saqueos e incendios continuaron. La mayor parte de los partidos políticos comenzaron a entender que la solución a lo que sucedía no eran unas pocas y mezquinas medidas, sino que había que avanzar en transformaciones mayores y profundas, y en la preparación de una nueva Constitución.

Por supuesto, un gobierno de derecha como el de Piñera fue más cercano a una política represiva que a una de acuerdos democráticos. El gobierno intentó permanentemente reducir el problema a un asunto de orden público, casi policial, más que a una crisis política que se resuelve con medidas políticas, no con más represión policial. Si bien decía respetar las movilizaciones ciudadanas, insistía en el peligro de la delincuencia y del vandalismo, confundiendo y mezclando ambas cosas, mostrando estar más preocupado de defender la propiedad privada que la vida de los ciudadanos. Antes que las víctimas de la represión, su preocupación estuvo con los policías heridos y con respaldar constantemente la acción policial. Su obsesión era la defensa del orden público.

A comienzos de noviembre, había enviado al congreso proyectos de ley para castigar más duramente los saqueos y a los encapuchados que cometieran delitos.

En definitiva, el gobierno debió adecuar sus decisiones a lo que surgía de la presión popular. A principios de noviembre, aunque con las evidentes limitaciones de su perspectiva política, el presidente y su coalición de partidos tuvieron que ir reconociendo que tendrían que abandonar muchas de sus ideas y aceptar las propuestas de la oposición. El gobierno se abrió a una reforma constitucional y a un aumento de los impuestos, cuestiones que unas semanas antes eran impensables.

Un avance en ese sentido fue el acuerdo de los alcaldes del país, el 7 de noviembre de 2019, para realizar una consulta ciudadana en todas las municipalidades, sobre si desean tener una nueva Constitución.

El gobierno, era evidente, estaba desorientado, había perdido el control de la agenda política, y no tenía claridad de qué hacer. Su programa de gobierno ya no tenía ninguna posibilidad de aplicarse y debió apoyar lo que en principios no compartía, ante la amenaza de un permanente desorden y movilización en las calles. Mientras tanto, intentó contener la avalancha social con represión y convencer a la sociedad nacional, a través de los medios de comunicación, que el orden público era fundamental para que el país pudiera hacer los cambios demandados. Eso significaba: no sigan protestando en las calles, retomemos la normalidad y hagamos los cambios con la calma que se requiere.

Pero este discurso oficial no tuvo llegada en la amplia mayoría de la población. Han sido muchas las oportunidades en que las movilizaciones sociales en Chile dejaron la solución a los partidos políticos, y estos no resolvieron los problemas del país. Una vez terminada la protesta, los partidos políticos, especialmente la derecha, podrían resistirse a continuar con las reformas. Eso se sabe, o se cree, y por tanto, la ciudadanía siguió presionando porque las reformas se comenzaran a hacer inmediatamente.

Pero esta vez, casi la totalidad de los partidos políticos estuvieron del lado del movimiento social, buscando hacer cambios, aunque algunos lo hayan apoyado más por conveniencia que por convicción. El 15 de noviembre de 2019, todos los partidos políticos con representación parlamentaria, desde la izquierda a la derecha, con la excepción del Partido Comunista, realizaron un importante acuerdo para avanzar en un proceso constituyente26. Se comprometieron a promover un plebiscito, en abril de 2020, para definir si la población quería o no una nueva Constitución y, de aprobarse esto, si ella se redactaría por una convención mixta, compuesta de parlamentarios y representantes especialmente elegidos, o por una convención constituyente solo compuesta por estos últimos. Las elecciones para esta convención se realizarían, originalmente, en octubre de 2020. Posteriormente, la convención tendría 9 meses para elaborar una nueva Constitución, la que sería aprobada por un plebiscito en octubre de 2021.

Este itinerario fue modificado tras la pandemia desatada en marzo de 2020, postergando el plebiscito para octubre de 2020. Como veremos más adelante, dado su resultado, finalmente se realizaron elecciones de constituyentes en mayo de 2021 y la Convención Constituyente comenzó a funcionar en julio de 2021.

También, en noviembre de 2019, se estableció que los acuerdos que se tomarían en la Convención, y que pasarían a ser disposiciones de la nueva Constitución, deberían ser aprobados por 2/3 de sus miembros. Ello hacía prever que la Constitución tendría un texto reducido, con los aspectos consensuados por 2/3, y lo que no lograra ese cuórum tendría que ser resuelto posteriormente por ley. Todo esto, que en un principio fue considerado por la derecha como una forma de bloquear determinados artículos, requería que se cumpliera el supuesto de que los sectores más conservadores obtuvieran ese tercio necesario para impedir acuerdos constitucionales. Como veremos, este supuesto no se ha hecho efectivo, por la propia dinámica del proceso histórico.

En las semanas siguientes a la firma del Acuerdo, sectores relacionados con el Partido Comunista y algunos partidos del Frente Amplio, más Unidad Social, lo rechazaron, por estar hecho a espaldas del movimiento social.

En definitiva, el Acuerdo, más algunas iniciativas gubernamentales, junto con el agotamiento de la propia movilización social, el rechazo creciente que fueron generando las versiones más violentas de la protesta social, los saqueos y los innegables efectos económicos que fue teniendo toda esta situación, hizo disminuir la masividad y frecuencia de las marchas y concentraciones desde diciembre de 2019 en adelante. Siguieron reuniéndose semanalmente los manifestantes y continuaron las barricadas y saqueos, se mantuvo la oposición mayoritaria de la ciudadanía contra el gobierno, pero muchos ya añoraban retomar cierta «normalidad». Sin embargo, la pandemia vino a trastocar todas las proyecciones hechas por unos y otros. Tanto para los que pensaban en agudizar la crisis, extremando sus efectos, con más movilización social, como, por el contrario, para los que esperaban restablecer el resquebrajado orden social.

Pensemos un momento en el año 2020 sin la pandemia. Paradójicamente, tampoco parece posible imaginar una vuelta a la normalidad, en un país que había experimentado tal nivel de crisis social y política, que también era ya una crisis económica y moral. Después de todo lo que había pasado, justamente la idea de volver a la normalidad era una muestra de la incomprensión de lo sucedido. Distanciándose de ese cansancio con las movilizaciones, muchos pensaban que no había que ceder, que no había que transar, había que seguir exigiendo transformaciones profundas, o a lo menos, tener cierta seguridad de que los cambios demandados se iban a comenzar a hacer. Pero, como hemos indicado, la pandemia hizo perder sentido a ese debate e impuso una nueva «anormalidad».

En particular, si había un aspecto donde no era posible volver atrás era en materia de derechos humanos. La policía había actuado y actuaba con brutalidad en la represión de las manifestaciones e, incluso, contra la población en general. Bastaba con estar en la calle, para ser sospechoso de ser un manifestante.

Una muestra de la apatía con que la policía reaccionó frente a su deber de proteger los derechos humanos, fue su negativa a dejar de usar escopetas con balines, a pesar de que se demostró que se disparaba de forma abusiva y con balines principalmente de metal, y no de goma como la policía decía. Recién el 19 de noviembre de 2019, Carabineros decidió restringir el uso de balines27.

La Sociedad Chilena de Oftalmología y el Colegio Médico denunciaron la alta cifra de heridos oculares, lo que demostraba la intencionalidad de causar daño que tenía la policía, disparando a la cabeza de las personas. El número de heridos oculares en Chile en las primeras semanas de movilización excedió a las cifras de las últimas décadas en cualquier zona de conflicto del mundo. Hacia fines de noviembre de 2019, unas 285 personas tenían daños en uno de sus ojos, en su mayoría por balines28.

El 21 de noviembre de 2019, Amnistía Internacional (AI) emitió un duro informe, denunciando una violación generalizada de los derechos humanos en Chile por parte del Ejército y la policía contra los manifestantes29. Asimismo, la organización criticó directamente la falta de corrección de esta política por el gobierno, indicando que se debió sancionar a los mandos superiores de la policía que habían ordenado esas acciones. En Chile hubo asesinatos, torturas y lesiones graves a ciudadanos. Por tanto, AI llamó a poner fin a la represión y a responder a las demandas de la población, asegurando derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como realizando un proceso inclusivo y participativo en la preparación de una nueva Constitución.

El gobierno rechazó completamente el informe de AI y las propias Fuerzas Armadas, contraviniendo su obligación constitucional de ser «no deliberantes», dieron a conocer su malestar frente a lo planteado por el organismo internacional. Posteriormente, el 26 de noviembre, Human Rights Watch arribó a conclusiones similares, señalando que se habían violado de forma reiterada los derechos humanos y pidiendo que se reformara de forma urgente a Carabineros30. Esta vez el gobierno no tuvo otra opción que aceptar el informe.

Sin entender nada, el 27 de noviembre, el gobierno envió un proyecto de ley para permitir a las Fuerzas Armadas vigilar infraestructura crítica, eximiendo a los militares de responsabilidad penal. La idea no fue apoyada y se siguió discutiendo en el Congreso por cerca de un año y, finalmente, tras el rechazo de la Cámara de Diputados y de diferentes sectores académicos y sociales, fue abandonado por el gobierno31.

Por su parte, el ministro del Interior invitó a Unidad Social a reunirse el 28 de noviembre de 2019. Esa reunión permitió a la organización social insistir en su demanda de cambios profundos, y de paso indicarle al gobierno que rechazaban el acuerdo para elaborar una nueva Constitución, por las limitaciones que establecía a la soberanía popular32. Para el gobierno, este gesto de acercamiento al movimiento social no le sirvió de mucho.

Además, a fines de noviembre fue aceptada la acusación constitucional contra el exministro del Interior, Andrés Chadwick, en la Cámara de Diputados, oportunidad en la que se manifestó la ineficacia del gobierno en el control de las movilizaciones y las violaciones a los derechos humanos. Posteriormente, a mediados de diciembre, el Senado aprobó la acusación contra el político, señalando su responsabilidad política, por no haber impedido la violación «sistemática» de los derechos humanos33. También se inició una acusación constitucional contra el presidente de la república, pero esta no prosperó. Aunque durante las movilizaciones se demandó repetidamente la renuncia del presidente, la mayoría de los opositores a Piñera en el parlamento no estuvieron dispuestos a apoyar su destitución.

La movilización social continuó vigente hasta marzo de 2020, aunque con menos marchas y concentraciones diarias que en las primeras semanas, pero con una ciudadanía vigilante frente a la actividad parlamentaria y gubernamental, que mantuvo reuniones barriales, en universidades y encuentros de diferente tipo. La política, en un sentido amplio, se apoderó del país como no había ocurrido desde hace mucho tiempo.

Frente a ese aspecto positivo, esperanzador, permanecieron grupos minoritarios que promovieron saqueos y destrucción urbana. Los medios de comunicación generalmente terminaban destacando más estas actividades que la movilización ciudadana. El deterioro urbano en Santiago y algunas de las principales ciudades del país era enorme hacia marzo de 2020. Gran parte de las tiendas, bancos, centros comerciales, etc. debieron literalmente blindar sus vitrinas y puertas, ante el temor de que hubiera nuevos saqueos. Por supuesto, el gobierno siguió mucho más interesado en destacar los aspectos negativos de la movilización social.

Después de meses de protestas y represión en Chile, a comienzos de 2020 poco quedaba de la imagen del país modelo, del que se decía que era un ejemplo de estabilidad y orden macroeconómico, al que el propio presidente Piñera, comparándolo con el resto de América Latina, había descrito a comienzos de octubre de 2019, en una entrevista para la televisión, como un «verdadero oasis con una democracia estable, el país está creciendo…»34.

Todo ello no era más que una imagen falsa, construida por los defensores de las políticas económicas neoliberales implementadas, o una realidad sesgada, que destacaba la riqueza acumulada en el país, el poder económico de su élite, con presencia transnacional en diferentes sectores de la economía latinoamericana, pero que ocultaba los bajos salarios de la mayoría de los trabajadores, el fracaso del sistema privado de pensiones, salud y educación, el alto costo de la vida, y la mercantilización extrema de los recursos naturales y la infraestructura (aguas, tierras, carreteras, puertos, etc.).

Como ha dicho el cantante Jorge González, el milagro chileno no era su desempeño económico, sino que la protesta social no hubiera surgido antes35. Han sido necesarios 45 años de políticas neoliberales, y sus efectos profundos y dramáticos, para que la población chilena dijera basta, para que se rebelara contra un sistema económico, social, político y cultural que ha condenado a la pobreza y a una vida de explotación a la mayoría de la población. Como lo han sintetizado algunos manifestantes y reiterado muchos intelectuales: «el neoliberalismo nace y muere en Chile». Este es el sentido más profundo de la movilización social chilena que partió en octubre de 2019.

Sin dudas, las palabras, ideas y teorías que utilizamos regularmente, y la propia historia, hacen difícil explicar lo que ha estado sucediendo. Se ha hablado de estallido social, cuando lo que ocurrió fue mucho más que un acontecimiento puntual, o una contingencia determinada, sino una crisis estructural. Tampoco era solo un malestar social, una querella particular contra una medida del gobierno o una cuestión política particular. Más bien era la decadencia o el desplome de un orden social neoliberal, profundamente desigual. Muchos anticiparon, de algún modo, que habría una crisis del neoliberalismo globalizado en Chile, pero pocos han podido anticipar la fuerza que esta crisis ha asumido. Todo pronóstico ha resultado errado. ¿Por qué la crisis ha sido tan profunda?

Quizás, ello se debe al carácter moral de esta crisis. El incremento del bienestar, individual y social que prometía la economía neoliberal ha demostrado ser falaz. Los chilenos han podido comprobar la falsedad de la ideología neoliberal en términos personales directos. Han tomado conciencia de que estaban condenados a morir pobres, con escasa atención médica, que sus hijos y nietos no tendrían lo necesario para vivir adecuadamente, que las personas no valen lo mismo, que solo unos pocos viven muy bien y son dueños de parte importante del país, que el Estado protege esas desigualdades y está al servicio del capital, etc.36.

Se ha iniciado/producido el fin de los valores neoliberales, de las certezas burócratas favorables a los equilibrios macroeconómicos, de la imposición ideológica de una determinada organización social partidaria en extremo de asegurar las mejores condiciones para el capital, mientras se descuidaba la situación del trabajo, y los trabajadores. En definitiva, una ausencia de política y el predominio de una administración estatal favorable al orden neoliberal. Por mucho tiempo, hasta octubre de 2019 no fue posible en Chile pensar en aumentos salariales significativos, en mejores pensiones, en una nueva Constitución, en un Estado más comprometido con la salud, educación, transporte, vivienda y con otros sectores donde fuera necesaria su labor. El poder de los empresarios y de la derecha bloqueó sistemáticamente, con su poder político y económico, cualquier avance en ese sentido. Todo lo que antes no se podía hacer, ahora se hace posible. Se acabó la creencia ciega en el mercado, que resolvía todo y mejor. Se requiere más Estado y reemplazar al mercado en todas las actividades de interés público. Igualmente, tendrá que producirse una renovación de la política y de sus relaciones con la ciudadanía.

Sin embargo, como nunca antes en el Chile reciente, la historia está abierta, hay alternativas posibles de tomar. ¿Cuál será el camino que siga Chile en los años siguientes? Esto dependerá de la propia convicción y compromiso de los chilenos con la construcción de una sociedad diferente. Nada hay seguro, pero tampoco nada está perdido. El tiempo histórico en Chile, y en toda Latinoamérica, vuelve a ser dinámico, y se aceleran los cambios.

El proceso constituyente, diciembre de 2019 a julio de 2021

La crisis social que viene atravesando Chile puede caracterizarse como una brecha profunda entre las experiencias vitales y las expectativas, propiciada por los efectos depredadores del orden neoliberal y precipitada por una severa crisis de representación, azuzada por una sucesión de escándalos políticos. Todo ello ha mermado drásticamente la confianza ciudadana en las instituciones. No sorprende, entonces, que la crisis social se encuentre atravesada por un reclamo de democratización que ve en la Constitución de 1980 uno de sus símbolos a batir. Sin embargo, el proyecto de cambio constitucional tiene orígenes anteriores a octubre de 2019.

Si bien la Constitución de Pinochet logró estabilizarse en democracia, la gran cantidad de reformas que se le han introducido a lo largo de su historia (más de treinta) venía mostrando un desajuste creciente entre su legitimidad social y su capacidad operativa de administrar formas de conflicto político cada vez más agudas.

La primera gran reforma de la Constitución en democracia se produjo en 1989, tras el triunfo de la coalición opositora en el plebiscito de 1988. En dicha oportunidad introdujeron 54 reformas consensuadas a la Constitución de 1980, las cuales estaban orientadas a preparar el camino para la transición democrática. Destaca la reforma del artículo 5 in. 2º que fortaleció el régimen de protección de derechos humanos mediante un reenvío a los tratados internacionales en la materia. Se mantuvo, sin embargo, un grupo de enclaves autoritarios cuya eliminación estaba sometida a cuórums muy elevados, difíciles de alcanzar en el contexto político de la época. Gracias a lo anterior, Pinochet pudo ocupar un escaño en el Congreso en calidad de senador vitalicio, entre 1998 a 2002.

Entre 1990 y 2005, bajo los gobiernos de la Concertación por la Democracia, se aprobaron 15 reformas al texto constitucional que, entre otras cosas, modificaron sustantivamente la integración y competencias de la Corte Suprema, crearon el Ministerio Público para viabilizar la reforma procesal penal, democratizaron y reforzaron las atribuciones de los municipios, y crearon los gobiernos regionales. Sin embargo, en todo este período los enclaves autoritarios y el sistema electoral binominal, consagrados en la Constitución de 1980, se mantuvieron incólumes.

Después de un largo proceso de negociaciones, se sientan las bases para que prospere la segunda mayor reforma a la Constitución de 1980, ocurrida en 2005 bajo el gobierno de Ricardo Lagos. Esta contempló 54 modificaciones estructurales que incluían, ahora sí, la supresión de los enclaves autoritarios. Así, se eliminaron los senadores designados y vitalicios, consolidando un Congreso íntegramente electo por votación ciudadana; se sujetó explícita y funcionalmente a las Fuerzas Armadas al poder ejecutivo, el cual recobró las facultades de nombrar y destituir a sus comandantes en jefe; y se despojó al Consejo de Seguridad Nacional de su rol político. Además, se fortaleció el control parlamentario sobre el gobierno; se desplazó el sistema electoral binominal del texto constitucional a una ley orgánica constitucional (que, sin embargo, retuvo el cuórum de reforma ordinaria de la Constitución para su modificación); y, por último, se reestructuró completamente el Tribunal Constitucional, aumentando significativamente sus competencias. Esta acumulación de funciones en este órgano, combinada con un mecanismo de nombramiento que favoreció su politización, ha generado un aumento de su protagonismo, el cual en las últimas décadas ha frenado parte importante de las reformas tendientes a mejorar la protección social de los derechos de la ciudadanía, contribuyendo por esta vía a la preservación del neoliberalismo chileno.

Desde 2006 en adelante, diversas oleadas de manifestaciones callejeras dieron rostro a una disconformidad social que escaló en intensidad y se expandió, interpelando diversos aspectos del modelo sociopolítico chileno de la posdictadura (por ejemplo, los regímenes de provisión de educación, salud y pensiones) que han permanecido «intocables» gracias a su constitucionalización. Tomando prestada la expresión popularizada por Fernando Atria, la movilización en las calles apuntó al corazón de las trampas instaladas en la Constitución de 198037. Estas trampas habían neutralizado la capacidad de la política de producir transformación social y habían favorecido, en contraste, la acumulación de poder de las élites, afianzando la connivencia entre la élite económica y la élite política, que quedó al descubierto con los escándalos de corrupción y financiamiento ilegal de la política, el 2015.

Para 2013, la necesidad de un cambio constitucional ya estaba instalada en las elecciones presidenciales que ganó Michelle Bachelet, con una oferta de campaña electoral que se enfocó en la sustitución de la Constitución vigente y la elaboración de una nueva Constitución. Por primera vez, desde el retorno a la democracia, y para viabilizar la propuesta de Bachelet, se desencadenaría una discusión jurídico-política sobre cómo llevar a cabo un reemplazo completo de la Constitución de 1980. La cuestión no era sencilla en términos técnicos, ni mucho menos políticamente. Por un lado, la Constitución no contenía, en su texto original, un mecanismo para su revisión o reforma integral. Por el otro, importantes sectores conservadores se opusieron tajantemente al reemplazo constitucional y, en particular, a la posibilidad de que una eventual reforma fuera canalizada por la vía de una asamblea constituyente. Esta resistencia resurgió durante la campaña para el plebiscito de 2020 bajo el eslogan «rechazar para reformar».

Por varios años, entonces, se venía acumulando una presión por un cambio constitucional, la que generó una abundante discusión sobre los mecanismos constituyentes utilizados por otros países, con miras a resolver la espinosa cuestión de cómo dejar atrás la Constitución de la dictadura. Durante el último gobierno de Bachelet se optó por un mecanismo híbrido, en el que el otorgamiento de una nueva Constitución quedaba radicado en el Congreso, quien discutiría una propuesta formulada por el gobierno, la cual, a su vez, sería alimentada por una pluralidad de pequeñas asambleas locales no vinculantes, denominadas Encuentros Locales Autoconvocados (ELA), cuyos resultados serían documentados38. Dicho itinerario constitucional quedó rápidamente frustrado con el cambio de gobierno. El proyecto de reforma integral, presentado en las postrimerías del segundo mandato de Bachelet, fue abandonado inmediatamente por el entrante gobierno de Piñera, arguyendo que el país no se encontraba en una crisis que justificara un cambio constitucional. Así, sobrevino la crisis social de 2019.

El Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución fijó una hoja de ruta de cambio constitucional, que posteriormente fue articulada por una comisión técnica, representativa de los partidos firmantes. Esta produjo, en diciembre de 2019, una propuesta que introdujo una enmienda al capítulo referido a la reforma de la Constitución (Capítulo XV) para incorporar un procedimiento para elaborar una nueva Constitución política (arts. 130 en adelante), el que consultaba un plebiscito habilitante, con una modalidad alternativa de órganos a decidir por la ciudadanía (los dos tipos de convenciones que estaban mencionados en el Acuerdo). Además, ahí se incluyeron algunas pocas directivas y restricciones al ejercicio del poder del órgano constituyente, que se expresan bajo la forma del cuórum de dos tercios para la aprobación del articulado, materias no susceptibles de alterarse (art. 135) (declaración de Chile como una democracia, respeto a las resoluciones judiciales, leyes y sentencias, y los acuerdos internacionales) y formas impuestas de funcionamiento de la convención.

No cabe duda de que el proceso constituyente chileno está situado en unas coordenadas históricas y políticas, que asumen un rol positivo de las constituciones en las transformaciones sociales. Dicha expectativa no es insensata. El rasgo universal de las constituciones y la razón por las que estos textos son apreciados en diversas sociedades se relaciona con que garantizan derechos a todos, de suerte que están tanto más justificados y legitimados cuando mayores son las desigualdades que están llamadas a eliminar o reducir39.

En el caso chileno, la apuesta por una nueva Constitución no solo canaliza la demanda social por una distribución más equitativa de la riqueza. Ha incorporado también, particularmente respecto de las reglas que determinan la composición del órgano constituyente, otras demandas históricas de justicia social. Así, las demandas por la paridad de género, los escaños reservados indígenas, las cuotas para personas en situación discapacidad, y el mejoramiento de las condiciones de los independientes (no militantes de partidos) han remecido y dinamizado la esfera de discusión pública, reestructurando las lógicas que determinaban quién contaba a la hora de tomar las grandes decisiones políticas. Ha emergido –no se sabe aún si para quedarse– una nueva relación entre el pueblo y sus representantes, que espera trazar puentes mucho más estrechos entre quién toma las decisiones y a quiénes benefician estas.

Estas nuevas reglas de representación han operado como un revulsivo de la participación política, sobre todo en el caso de las generaciones más jóvenes, que han aumentado significativamente su presencia en las urnas para el plebiscito de octubre de 2020 y la elección de constituyentes, en mayo de 2021. Queda por ver si el debate en la Convención ofrecerá espacios para que «entre la calle». En la discusión sobre el Reglamento de funcionamiento de la convención constitucional se determinará, como algunos constituyentes ya han planteado, si se incorporan o no formas de participación ciudadana que permitan incidencia en la discusión y redacción del texto constitucional (iniciativa popular, mecanismos informales de consulta o retroalimentación, funcionamiento territorial de la convención, entre otras).