Salvar la universidad, defender la democracia E-Book

• Herausgeber: Foca
• Kategorie: Bildung
• Serie: Investigación
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 313

Veröffentlichungsjahr: 2025

Beschreibung

El empuje autoritario nos aboca a un profundo declive de nuestras democracias. En este contexto, la universidad, erigida como uno de los pilares democráticos, y el conocimiento y pensamiento crítico que la acompañan –los cuales son su razón de ser– son objeto de rabiosos y continuados ataques. Infrafinanciación, intervención en su autonomía, privatización, exigencias de rentabilidad, todo con el fin de someterla al mercado y convertirla en un negocio hasta que acabe perdiendo su principal cometido: su orientación a la generación del saber, su vocación de herramienta para los desafíos sociales o la creación de alternativas ante los escenarios futuros.Centrándose, entre otros, en el paradigmático caso que vive la Comunidad de Madrid presidida por Isabel Díaz Ayuso, este libro coral, compuesto por expertas voces de dentro de la propia institución académica, se ha comprometido con la tarea urgente de salvar la universidad. Salvarla, nada más y nada menos que para proteger la propia democracia, para preservar una de las últimas trincheras donde la sociedad se piensa a sí misma y donde, pese a todo, aún sobreviven la crítica, el pluralismo y la reflexión.

Leseprobe

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207

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ISBN: 978-84-16842-99-5

Rodrigo Castro Orellana (coord.)

Salvar la universidad, defender la democracia

El ataque neoliberal contra la institución universitaria

El empuje autoritario nos aboca a un profundo declive de nuestras democracias. En este contexto, la universidad, erigida como uno de los pilares democráticos, y el conocimiento y pensamiento crítico que la acompañan –los cuales son su razón de ser– son objeto de rabiosos y continuados ataques. Infrafinanciación, intervención en su autonomía, privatización, exigencias de rentabilidad, todo con el fin de someterla al mercado y convertirla en un negocio hasta que acabe perdiendo su principal cometido: su orientación a la generación del saber, su vocación de herramienta para los desafíos sociales o la creación de alternativas ante los escenarios futuros.

Centrándose, entre otros, en el paradigmático caso que vive la Comunidad de Madrid presidida por Isabel Díaz Ayuso, este libro coral, compuesto por expertas voces de dentro de la propia institución académica, se ha comprometido con la tarea urgente de salvar la universidad. Salvarla, nada más y nada menos que para proteger la propia democracia, para preservar una de las últimas trincheras donde la sociedad se piensa a sí misma y donde, pese a todo, aún sobreviven la crítica, el pluralismo y la reflexión.

Rodrigo Castro Orellana es profesor titular del Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid. Autor, entre otros libros, de Foucault y el cuidado de la libertad (2008) y Dispositivos neoliberales y resistencias (2023). Director de la Revista de Estudios Foucaultianos Dorsal y co-editor de Foucault Studies, es asimismo director del Grupo de Investigación UCM «Historia y ontología del presente» (GHyOP).

Prólogo

Contra la universalización de la servidumbre

I

«El fin del mundo comenzó hace mucho tiempo». Lo dice uno de los personajes de la película Sirat (2025) en medio de una travesía infernal por el desierto. No sabemos exactamente desde cuándo –quizá tampoco ese sea el problema principal–, pero nadie dudaría que nos enfrentamos en la actualidad a una crisis civilizatoria de proporciones inauditas. Todo parece indicar que el mundo, tal como lo conocíamos hasta fechas recientes, se resquebraja paulatinamente. Las ideas que la modernidad consiguió instalar en la cultura a través de enormes esfuerzos del pensamiento y la acción durante siglos hoy se descomponen ante nuestra mirada asombrada. La libertad se degrada en un grito de guerra que oculta el desprecio hacia el otro, los discursos que apuestan por la igualdad son perseguidos y descalificados sistemáticamente, y las prácticas de solidaridad entre los seres humanos resultan cada vez más escasas frente al auge de un individualismo totalitario. Por otra parte, el valor de la veracidad desaparece como consecuencia de engaños espectaculares que saturan las pantallas informativas. Aunque hemos comprobado que a veces ni siquiera es necesaria esta manipulación, ya que un genocidio como el que acontece en Gaza puede ser televisado a diario impunemente. Por todo esto, no sería exagerado añadir que posiblemente estemos ante una especie de neooscurantismo, cuyos indicadores son el odio al conocimiento, la transformación de todo crítico en enemigo, el rechazo a la diferencia y al pluralismo, la afirmación radical del dinero como el último dios, el goce en la destrucción o el desprecio a la naturaleza. Pero entre todos los signos hay uno especialmente inquietante y que nos toca de cerca. La democracia, que alguna vez se celebró como herramienta para la paz o como condición de posibilidad de la sociedad de mercado, hoy se agrieta aceleradamente abriendo el espacio para el advenimiento de un régimen fascista global. No se trata de un acontecimiento que derive de una crisis del paradigma de la representación, como algunas teorías se han apresurado en señalar. No estamos ante una especie de destino del ser que nos condene a la decadencia de Occidente. En lo que ocurre, intervienen un diseño político y una voluntad de universalización de la servidumbre. La democracia no se descompone de cualquier manera ni lo hace como si fuese víctima de agresiones externas. Esto sucede desde su propio interior, es decir, a partir de las instituciones que le han dado forma y sentido. Observamos parlamentos que despliegan debates completamente ajenos al sufrimiento cotidiano de los/as ciudadanos/as, jueces que ejercen su autoridad desde la ceguera de su ideología, gobiernos entregados al único criterio de administrar una economía sin rostro humano, medios de comunicación que controlan los límites del debate público. La democracia se está derrumbando desde dentro y lo que viene en su lugar no puede ser otra cosa que la barbarie. Sí, el fin del mundo comenzó hace mucho tiempo.

II

Una y otra vez se repite la misma pregunta: ¿qué podemos hacer? En las aulas, en las sobremesas, en los libros o en todo tipo de debates se escucha el mismo rumor agitado: ¿existe alguna alternativa? ¿Hay tiempo todavía para construir un mundo distinto? Al respecto se escuchan respuestas de todo tipo; algunas parecen desesperadas, otras generan la impresión de llegar excesivamente tarde cuando muchos procesos de declive democrático ya son irreversibles. Algunos apuestan por librar la batalla cultural en las redes cuando estas se hallan colonizadas por agentes profesionales del odio; otros siguen aferrados a la ensoñación de un retorno ideal de viejas esencias y certezas. Ciertos intelectuales supuestamente progresistas defienden el abandono de toda acción por el gesto contemplativo o la deserción, como si llevar a cabo ese retiro no fuese un privilegio que solamente unos pocos pueden permitirse. Los hay también que denuncian el neoliberalismo contemporáneo, pero que lo hacen desde la gestión empresarial de su propio reconocimiento. Así se suma al desierto de nuestro presente la sequía de opciones concretas que nos permitan rehabilitar el futuro, recuperar las expectativas de un horizonte que no sea más que la catástrofe. En este contexto, este libro quiere ofrecer una respuesta que no debe en ningún caso comprenderse como la única alternativa. Quizá para algunos sea una posibilidad elemental o básica, demasiado simple por su carácter excesivamente concreto. Pero tal vez la gravedad de la situación requiera aferrarnos a algo concreto y delimitado que precisamente ha contribuido de un modo decisivo a retrasar a través de los siglos el final del mundo. Nuestra respuesta es: Salvar la universidad.

III

Pero ¿salvarla de qué? En primer lugar, de los innumerables ataques que recibe desde dentro y fuera de ella misma. Este libro aporta, en tal sentido, una amplia descripción de todas estas ofensivas, no sólo de aquella que está más próxima e inmediata: el programa político que la Comunidad de Madrid viene desplegando desde hace varios años con el objetivo de reducir las universidades públicas a una condición miserable. El libro intenta mostrar, a partir del caso paradigmático de Madrid, la existencia en diferentes lugares del mundo de una compleja operación que acompaña los desarrollos del capitalismo contemporáneo y que se dirige a la ruina de la universidad. La institución ha sido entendida como fábrica, empresa o negocio, desvirtuándose de esta forma su cometido más significativo. Este proceso devastador para nuestras sociedades se ha ejecutado mediante diversos mecanismos que van desde la infrafinanciación hasta la intervención directa sobre la autonomía universitaria, y todo ello con la complicidad o la vaga reacción de los propios gobiernos institucionales. El viaje de los rectores de las universidades públicas madrileñas a Miami, invitados por la presidenta Díaz Ayuso, es una esperpéntica imagen que ilustra esto último. Sin embargo, la destrucción de las universidades no supone una degradación institucional similar a cualquier otra de las que suceden en la actualidad. En este caso, se trata de un daño que se infringe a la única institución efectivamente reflexiva que estaría en condiciones de poder salvaguardar el pensamiento crítico. La universidad es un espacio que el ser humano ha creado, no sólo para generar nuevos conocimientos, sino para problematizarlos, porque esto es lo que permite la irrupción de nuevas experiencias y posibilidades en el orden del saber. Ciertamente se debe a la sociedad en los desafíos y problemas que afronta y en las alternativas que genera, pero no puede estar subordinada exclusivamente a sus demandas coyunturales. La universidad siempre debe tener una mirada dirigida hacia el futuro, su compromiso se vincula con aquello que todavía no es. Por eso dentro de sus aulas todo puede ser puesto en cuestión desde el pluralismo y a partir de la comunidad del conocimiento: valores, ideales, ideologías, incluso el propio sentido y la tarea de la institución universitaria. Si la universidad deja de cumplir esta labor, desaparece junto con ello el principal lugar en que la sociedad puede pensarse a sí misma de manera radical y explorar una eventual superación de sus límites. Si se anula esta misión, la democracia misma colapsa y con ello las condiciones básicas para el ejercicio de una libertad verdadera, dando pie al triunfo de la ignorancia prepotente, de la ira como paradigma cultural, de la sumisión elegida. Nos enfrentamos a la eventualidad cierta de la emergencia de un poder uno e indiviso que cierre por completo el juego abierto de la democracia y que anule todo derecho a la crítica. Salvar la universidad, entonces, equivale a proteger la división de los poderes.

IV

En 1998, el filósofo Jacques Derrida pronunció una celebre conferencia en la Universidad de Stanford titulada «El porvenir de la profesión o la universidad sin condición». Casi treinta años después, en esa misma institución, como en muchas otras universidades de Estados Unidos, profesores, exalumnos y estudiantes se manifestaban en contra de la desfinanciación y el recorte de derechos de los estudiantes extranjeros implementados por las políticas de la Administración Trump. Quizá por esta razón las palabras del filósofo francés en aquella lección resuenen de forma especialmente intensa en nuestro presente. Decía Derrida que la universidad es una ciudadela expuesta a ser tomada, ocupada, abocada a capitular y convertirse en la sucursal de consorcios. Hay una fragilidad en sus defensas frente a los poderes que la sitian y desean apropiársela. Por eso ella es la última trinchera en la defensa de la democracia, el último lugar de resistencia crítica e incondicional. Si el fin del mundo está en curso, salvar la universidad consiste en una práctica concreta y situada para ralentizarlo. No sólo están en riesgo los recursos naturales como consecuencia de un capitalismo desbocado y autófago. También encaramos una pérdida creciente de recursos culturales que puedan permitirnos resolver los complejos escenarios futuros que afectarán a la humanidad. Por eso necesitamos de la mirada y la palabra que nacen de las universidades, sólo en ellas pueden preservarse y reactivarse las mejores creaciones de nuestra civilización para un tiempo por venir. Es esta mirada la que busca ser cercenada, es esta palabra la que se pretende silenciar.

V

El libro consta de dos partes claramente discernibles. En la primera hemos querido ofrecer un panorama exhaustivo de la desoladora realidad de las universidades públicas madrileñas a partir de un conjunto de datos que ponen en evidencia el proyecto ideológico que sostiene la política de educación superior de la Comunidad de Madrid. Este punto de partida nos lleva, en una segunda parte, a desarrollar un conjunto heterogéneo de análisis sobre la realidad universitaria. Los que escribimos somos profesores de la Universidad Complutense de Madrid, estudiantes de la misma universidad y colegas de la Universidad de Barcelona y la Universidad de Granada. Todos y todas expresamos a través de nuestras intervenciones un compromiso con la institución pública universitaria en una época extraordinariamente sombría. Sin embargo, este no es un libro de combate dirigido únicamente a los que forman parte de la vida universitaria: docentes e investigadores, estudiantes, personal de administración y servicios. Salvar la universidad le interesa a usted, lector o lectora, que padece nuestra misma perplejidad ante los nuevos dogmatismos y autoritarismos que surgen por todas partes. No se necesita ser universitario para comprender la relevancia de cuidar la principal institución reflexiva y crítica de nuestras sociedades. Lo que queremos denunciar es que la democracia está francamente en peligro y que sin la universidad será imposible recuperarla. Como en el desenlace de Sirat, viajamos en un tren sin rumbo, arrastrando nuestros daños personales y colectivos, pero estamos juntos. Salvemos la universidad, defendamos la democracia.

Rodrigo Castro Orellana

Madrid, verano de 2025

Primera parte

El patrimonio de los que no tienen patrimonio.

Vida, obra, datos y milagros de la universidad pública madrileña

Antonio Sánchez Domínguez

CAPÍTULO I

De la Comunidad de Madrid a la Sociedad Anónima de Madrid

Una advertencia: La tiranía de los números absolutos

Decía Norman Mailer que «nada hay más difícil que descubrir un simple hecho»[1]. Parece una afirmación contradictoria. ¿No vivimos rodeados de hechos? ¿No constatamos hechos todo el tiempo? ¿Dónde reside esa dificultad? ¿Cómo podrían ser los hechos aquello cuyo descubrimiento es, dice Mailer, lo más difícil? Los hechos tienden a componerse de múltiples hechos, de hechos y datos presentados de una determinada manera, de hechos que terminan por no ser hechos y que difícilmente tienen el rango de conjetura, de ideología o, directamente, el de una mera estafa. Pongamos un ejemplo: «La Comunidad de Madrid incrementará más de un 4% su aportación a las universidades públicas madrileñas en 2025»[2]. Sin duda tenemos un dato, ese 4%, y sin duda en el mundo de los hechos ese 4%, ese añadido de 47,3 millones de euros, es un incremento y cumple con ser el 4% más de lo que dice ser un 4%. Hasta ahí todo bien, hasta ahí nadie ha mentido. No parece tan difícil como lo pintaba Norman Mailer, ¿no? ¿O sí? Veamos, ¿es mucho 47,3 millones? Nos dicen que es mucho, claro que nos lo dicen, pero ¿cómo lo sabemos? ¿Con qué lo comparamos, con qué lo medimos, por qué aumenta el presupuesto dedicado a las universidades en 47,3 millones y no en 20, por qué en 47,3 y no en 200? El hecho puede volverse difícil muy rápido, si, por ejemplo, decimos que la Comunidad de Madrid es la que menos invierte en sus universidades públicas desde hace 15 años; si invierte casi un tercio menos, casi la mitad menos que, pongamos un ejemplo, La Rioja, entonces la cosa cambia. Pero ¿de verdad invierte más La Rioja? ¿Qué significa invertir? Más aún, si ese 4% de aumento no sirve para combatir la inflación de ese año, el IPC, los gastos de la propia universidad, o si ese 4% sigue manteniendo a Madrid a la cola en inversión por estudiante, entonces el 4% deja de ser el incremento que dice ser, pasa a ser, sí, un incremento que perpetúa, veremos, la miseria estructural en que se encuentra la universidad pública madrileña. Que el paso de 0 a 1 es infinito también es un hecho, y podría aparecer sin duda en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid bajo el título: «La Comunidad de Madrid incrementará infinitamente su número de becas». Así pasó, de hecho, cuando incorporó el complemento Erasmus, pero también es un hecho que fue la última Comunidad de España en incorporarlo[3]. Esto da lugar a otros hechos que también pueden ser interesantes. Como la beca Erasmus es más bien baja –te dan entre 200 y 400, dependiendo de a dónde vayas–, es imaginable –o constatable– que podría haber quien no se fuese a otro país a estudiar porque ese complemento no existía. Puede ser, incluso, que se genere un régimen de hechos que no aparecen en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, como que muchos estudiantes puedan haber renunciado a aspiraciones porque esas aspiraciones en Madrid dependían, más que en cualquier otra Comunidad, del presupuesto con el que contase la familia. También podría aparecer en un boletín oficial que la renuncia a esas aspiraciones cuesta millones a las familias en salud mental, que lleva al estudiantado a no comprender por qué unos pueden y otros no, que los padres tienen que, tristes, observar cómo su familia tiene menos oportunidades que otras familias.

Los libros basados en datos que acaparan los titulares tienden a envejecer rápido. La coyuntura es así y los libros de batalla son así. Expones un dato, cambia el dato, el libro se pierde o se convierte en un archivo al que volver para saber qué paso en un momento u otro de la historia. Y, de nuevo, ojalá este fuera el caso y tuviéramos que responder meramente a un dato aislado en un año, como, por ejemplo, el número de becas –el más bajo por estudiante de todo el Estado–, o el salario –el más bajo al cruzarlo con el nivel de vida–, o la inversión en ciencia –la más baja en porcentaje del PIB regional–. Decimos que ojalá fuese así, que ojalá ese fuese el caso, porque ojalá esto fuese algo que ocupa los titulares de un único año.

El problema es más bien otro: los datos se repiten año tras año, en la Comunidad más rica se está a la cola en inversión para la educación pública año tras año. Este libro, si fuese de coyuntura, podría haberse escrito en 2022 o en 2020, en 2018 o en 2015, en 2010 o en 2009. El dato sería siempre el mismo: la Comunidad de Madrid es la que menos invierte por estudiante, la Comunidad de Madrid es la que menos porcentaje del PIB dedica a sus estudiantes universitarios, la Comunidad de Madrid está, siempre, a la cola de inversión por estudiante. Pero la Comunidad de Madrid está siempre, eso sí, a la cabeza en ese nuevo negocio que consiste en aprobar nuevas universidades privadas.

Por algún motivo, esos datos están empeñados en trascender la coyuntura, como si no quisieran decirse coyunturales, como si quisieran llamarse a sí mismos estructura, proyecto, proyecto político. Eso es lo que queremos investigar aquí: una coyuntura que se quiere decir estructura, que se quiere decir proyecto, que amenaza con imposibilitar el acceso a la educación pública superior o la vida misma de la educación pública superior. Esto forma parte de un contexto que es el madrileño, un contexto en el que ningún dato de ninguna de las partes de lo que llamamos patrimonio público y su infrafinanciación es coyuntural, donde todo lo que pretenda hacerse pasar como propio de un presupuesto concreto tiene que ser cotejado y analizado como parte de un desarrollo de años, de lustros, de décadas. La infrafinanciación de la sanidad, de la educación –no sólo universitaria–, de la ciencia forma parte de una estructura que, al no encontrar respuesta pública, diseña una pista de aterrizaje para que los buitres de la iniciativa privada puedan hacer posar sus garras sobre un patrimonio desvencijado que, querido como base misma de la comunidad, asegura rendimientos a quien haga de ese patrimonio público un patrimonio privado.

Los datos dependen, por tanto, de un contexto, dependen del discurso en que se insertan, ningún 4% es neutral, ningún incremento es festejable sólo porque sea un incremento. El contexto puede serlo todo, ese 4% tiene que decir de manera clara «yo soy yo [ese 4%] y mis circunstancias» (la que menos invierte por estudiante, la que menos becas tiene, la que no cubre con ese 4% ni el IPC ni la inflación, la que construye más universidades privadas que la mayor parte de nosotros o puede pagar). Ese 4% puede ser, enseguida, la manera de hurtarnos el debate sobre en qué situación se encuentra la universidad madrileña.

Tendremos, por tanto, que tener mucho cuidado, y tendremos que hacer que todo dato pueda decir con seguridad «yo soy yo y mis circunstancias». Sólo así podremos cumplir con la difícil tarea de encontrar un simple hecho. El problema de la universidad trasciende con mucho el problema educativo. Está en juego un modelo que pretende destruir conquistas del Estado del bienestar, que a su vez, sin duda, trasciende el propio problema del Estado del bienestar, que tenía como potencia oculta esta situación en la que nos encontramos ahora y que sin un análisis suficiente sería también, incluso con su duración, un hecho histórico aislado que nos hurta el debate sobre lo que aquí en realidad se juega: un proyecto milenario para buscar la verdad de manera colectiva sin perder nada por el camino.

El embrujo de la palabra universidad

De entre las cosas que el mercado sabe hacer, hay una muy especial, una muy esencial a sus intereses, una que le permite encontrar nuevas vías para incrementar su patrimonio con el mínimo esfuerzo posible. Consiste en localizar palabras, palabras increíbles, palabras que son capaces de convertirse en una máquina de hacer dinero, de construir reputación, de asegurar prestigio, de incrementar ganancias, de acrecentar su capital; consiste en utilizar alguna palabra que permita, sin cambiar el producto, cambiar la percepción que se tiene de un producto; consiste en incrementar el valor todo lo posible de lo que se quiere vender sin cambiar aquello que se vende. El mercado ha descubierto en España la palabra universidad, el mercado ha descubierto que la palabra universidad es el mirlo de oro, la piedra filosofal, la varita mágica que convierte un negocio privado en una «prestigiosa» institución internacional de elite. Las universidades públicas, según datos del ministerio, multiplican por 5 cada euro que se les ha transferido desde los presupuestos[4]. Es en esto en lo que piensa el mercado cuando deciden llamar a una empresa cualquiera universidad, y esto, como veremos, ocurre bastante últimamente, y también, como veremos, que esto ocurra tiene una serie de consecuencias negativas, consecuencias que parten en dos el Estado, la Comunidad de Madrid, que segregan, que generan un país y una Comunidad de dos velocidades, que cortocircuitan eso que en España se llamó el ascensor social.

Otros, cuando pensamos en la universidad, pensamos en cosas, desde luego, que no son esos 5 euros por euro invertido. De hecho, pensamos más bien en lo contrario, pensamos en cosas que no responden a ese concepto, cabría decir capitalista, de «rentabilidad». Pensamos, por ejemplo, en que es en la universidad pública donde se investigan enfermedades raras cuya cura no aportará grandes rendimientos económicos a ninguna empresa y que por ello no serán investigadas si no existe un sitio que no responde al criterio de los beneficios económicos. Pensamos que de ello depende que podamos hablar de comunidad, que por ahí pasa el intento de no dejar a nadie fuera, a nadie atrás. Pensamos también que ahí, en la universidad, se investigan fenómenos jurídicos tan extraños como la división de poderes, fenómeno este que tampoco parece poder acreditar su peculiar valía bajo los criterios economicistas de la rentabilidad; de hecho, puede suponer un límite a los intereses de las corporaciones transnacionales, que encuentran en lo jurídico mismo límites a sus intereses. A quienes quieren utilizar la palabra universidad para incrementar su patrimonio rara vez les interesa el estudio de las Humanidades, las traducciones de ElQuijote, el estudio de la Historia, rara vez les interesa el tipo de «rentabilidad» que ahí se pone en juego, pero el prestigio que este tipo de «rentabilidades» han dado históricamente a la palabra les sirve sin duda, porque es el prestigio que ha engrandecido esa palabra que, precisamente por ello, pueden utilizar para sus propios intereses.

Dicho de otra manera, pretenden vampirizar el concepto de universidad, basado en una rentabilidad que no es su rentabilidad para así agrandar el concepto de rentabilidad que ellos tienen y que por sí solo no podría adquirir la misma dimensión.

Matan varios pájaros de un tiro. Con otras palabras que no sean la palabra universidad la cosa es más difícil, pues el prestigio de esas otras palabras está privatizado. Sony, Netflix o Nike quedan fuera de su alcance, así que van a por la otra, a por la palabra universidad, que no aparece en la oficina de patentes; o bueno, sí que aparece, pero la oficina de patentes en la que aparece, esa que podríamos llamar Constitución, no parece tener efectos jurídicos como para proteger el uso de esa palabra de la competencia desleal y de la mala praxis que con ella, como veremos, despliegan cada vez con más virulencia. Que aparezca en la Constitución debería significar que su patente está más allá de toda patente, que su uso debe ser público y estar al alcance de otros principios igual de constitucionales, como la igualdad o la libertad, esto es, que su uso debería de estar más protegido que el de cualquier otra patente, tan protegido como deberían de estarlo la igualdad o la libertad de expresión, la división de poderes o el derecho a un juicio justo.

La Comunidad de Madrid está cerca de acumular ella sola la mitad de las universidades privadas de toda España. En 2025, Madrid cuenta ya con 13 universidades privadas, pero hay además 5 campus extranjeros igualmente privados y, por si fuera poco, 24 centros adscritos. Todo ello, sí, frente a 6 universidades públicas. La última de ellas, la Universidad Rey Juan Carlos, se inauguró en 1996. Y en el periodo que iba de 1996 a 2006 se inauguraron nada más y nada menos que 8 universidades privadas. Entre 1999 y 2022, el Gobierno del Partido Popular inauguró 4 más. Es 2025 y hay otras 4 universidades privadas en trámite. Sigue habiendo sólo 6 universidades públicas, más alumnos que nunca y menos presupuesto que nunca, menos desde luego que en 2007, justo antes de la crisis económica con origen en la caída de Lehman Brothers en 2008.

Para los empresarios, el nicho de mercado está garantizado, porque la demanda no ha encontrado respuesta pública; y no ha encontrado respuesta pública mucho más que en cualquier otra Comunidad de España y casi de Europa. No la ha encontrado porque, como decimos, lo que hay de fondo es un proyecto privatizador. Todo lo que se deja de invertir desde 2007 lo invierten las empresas, que, satisfaciendo la demanda de una ciudadanía que ha visto históricamente en la educación la posibilidad de una vida mejor, se están forrando. La medida de la falta de inversión pública te la da la cuantía de la inversión privada, que elige, obviamente, no aquello que pudiera ser de interés público, sino todo aquello que provoca rendimientos inmediatos, ni traducciones de El Quijote, ni división de poderes, ni enfermedades raras, ni investigaciones de largo plazo sobre los agujeros negros, ni el concepto de ciudadanía en Kant, ni el Renacimiento italiano y su influencia en el Renacimiento español. Todo esto es sustituido por módulos privados de diseño de bolsos o videojuegos, y por plazas de la rama sociosanitaria a 20.000 euros anuales para satisfacer que puedan ser médicos quienes sueñen con ser médicos –y puedan pagárselo–. En la rama sociosanitaria se ha encontrado el gran filón, que ha llevado a que la mitad del estudiantado de Medicina esté pagando más de 20.000 euros al año. Esas plazas son plazas que se dejaron de abrir en las universidades públicas. ¿Es porque no se vio esa necesidad? ¿No se vio durante 20 años? Se vio claramente, pero se decidió privilegiar que Medicina fuera una carrera estudiada por las elites. Lo veremos a lo largo de este bloque.

Pero entonces, incluso «asumiendo su concepto de rentabilidad», ¿no preferiría la Comunidad de Madrid tener más ingresos? ¿Por qué preferir que los ingresos se los queden otros en lugar de la propia Comunidad, en lugar del propio pueblo? Si es una institución tan rentable, si convierte un euro en tres, ¿por qué no invertir en ella? ¿Por qué una Comunidad como la de Madrid se negaría a sí misma multiplicar el dinero por tres para dejar que lo ganen otros? ¿Será que tal vez no son otros? ¿Será que son los mismos y optan por sí mismos antes que por su pueblo? Veamos.

El proyecto Madrid: la segregación institucionalizada

Dicen que en Madrid hay tres millones de pobres, ¿por dónde estarán?[5]

Enrique Ossorio, Consejero de Educación

En el año 2022, un informe de Cáritas anunciaba que la vivienda asfixiaba a más de 3 millones de hogares, que un 16,8% de las familias vivían «por debajo del umbral de la pobreza severa una vez pagada la vivienda y los suministros básicos» y que «el 16% de la población en alquiler experimenta un nivel extremo de estrés financiero, es decir, [que] destina más del 60% de sus ingresos al pago del alquiler»[6]. Según FOESSA, «en 2021, el 42% de la población de Madrid se encuentra en una situación de integración plena, el 35,8% en una situación de integración precaria, el 10,2% en una situación de exclusión moderada y el 12,1% en una situación de exclusión severa. Las personas en situación de exclusión social representan el 22,3% de la población de Madrid, lo que implica que, aproximadamente, uno de cada cuatro habitantes de la Comunidad –en torno a 1,5 millones de personas– se encuentra en 2021 en una situación de exclusión moderada o severa»[7]. Es la Comunidad con mayor renta per cápita, y también la Comunidad en la que la desigualdad entre el 20% más rico y el 20% más pobre es la más alta de España. Es la Comunidad que más segregación «administra», donde la segregación adquiere el rango de proyecto político. Sabemos que la esperanza de vida entre el norte y el sur de Madrid puede variar entre 5 y 9 años; que, por ejemplo, en Chamartín es 86,7, mientras que en Villaverde es de unos 77,7 años; que en el Barrio de Salamanca es de unos 86,1, mientras que en Usera es de 78,5[8]. Si los años de vida varían, si ese clivaje se mantiene incluso cuando la riqueza en Madrid es cada vez mayor, ¿qué es lo que ocurre entonces? Esa esperanza de vida se traduce también en que el 80% del abandono escolar se concentra en los distritos del sur[9]. La Comunidad más rica de España, una de las más ricas del mundo, está erigiendo, como vamos a ver con unos pocos datos, un sistema institucional que, en lugar de corregir estos hechos, los convierte en estructura. A esa estructura y a ese proyecto el Gobierno del Partido Popular le ha puesto otro nombre que, como universidad, funciona muy bien y produce también muchos rendimientos: «libertad» o «libertad de elección». Es un proyecto político tan perfecto y tan blanco que fue todo el programa con el que Isabel Díaz Ayuso se presentó en las elecciones de 2023. Sí, presentaron una hoja en blanco. Y ciertamente es buen programa, porque la libertad es un bien sin duda querido y deseado, pero también deben de ser un bien querido y deseado las condiciones de la libertad, aquellas mediante las que uno, como veremos, puede decirse libre, porque es más libre el que nace como hijo de uno de los 20.000 millonarios que uno que nace como hijo de uno de ese millón de pobres. La libertad de elección (para elegir, por ejemplo, un seguro privado o una universidad privada o una FP privada) llega más a quienes nacen con esa herencia. Es decir, la libertad de elección tiene en la Comunidad de Madrid nombres propios y apellidos. Libertad de elección del que, habría que añadir, «puede pagarse la libertad de elección». No parece que puedan elegir un seguro privado el millón de personas en riesgo de exclusión social. Aun así, en Madrid los seguros sanitarios privados pasaron del 30,6% en 2011 al 38,1% en 2021, cuando la media nacional está en un 24,4%. ¿A qué creemos que se debe? ¿A una demanda de sanidad privada? ¿Esa que, si quieres hacerte una operación «cara», te envía a la pública?

El consejero de Educación no veía pobres y la presidenta de la Comunidad salió a defenderlo. Cierto es que el consejero de Educación ha sido el diputado con más patrimonio de la Asamblea de Madrid, forma parte de esos 20.000 millonarios. No podemos aventurar que eso le impidiera ver a los pobres, pero cierto es que, si no los veía, un relator de la ONU le dijo cómo verlos y le recordó, por ejemplo, que el 50% del alumnado migrante o de etnia gitana se localiza en Puente de Vallecas y en Usera. «Gueto», así lo llamó el relator especial de la ONU[10].

Un concepto sobrevuela Madrid desde hace unos años, el concepto de «demanda social». La ciudadanía demanda, pero entre las cosas que demandaría, según el Gobierno de la Comunidad, se encontraría, principalmente, lo privado. Según el Gobierno, no existiría demanda social de lo público, de lo gratuito, de lo accesible y lo inclusivo; habría, sólo y principalmente, de lo especial, de lo diferente, de lo segregado. La ciudadanía madrileña, dice el Gobierno, demanda la existencia de más centros concertados, de más centros privados, de más universidades privadas, de más sanidad privada. No hay ya ciudadanía que recuerde las listas de espera en los hospitales hace años. La ciudadanía quiere libertad para elegir, libertad de elección, libertad para pagar. Más dinero en los bolsillos, dicen, pero ese dinero en los bolsillos que no se va a los impuestos luego deben gastarlo, como veremos, las familias.

En Madrid no se segrega, se ha dicho una y otra vez desde el Gobierno, todo el mundo puede elegir, pero cierto es que suena poco compatible siquiera con el siguiente dato: desde 2015 han aumentado en 200 millones las subvenciones que acaban en centros que segregan por sexo. Algunos pensábamos que eso casi no existía en España, pero eso que pensábamos que no existía en España ha recibido 200 millones extra. Aquellos que critican las subvenciones y llaman «subvencionados» a quienes reciben una beca –«viven de las paguitas»– no se ocultan mucho para inyectar 200 millones en centros escolares que ponen a las chicas por un lado y a los chicos por otro. Para que nos hagamos una idea, las becas socioeconómicas para estudiar en la universidad apenas llegan a 3 o 5 millones de euros al año, y quienes van a centros que segregan por sexo vienen siempre de familias adineradas. La atención a la diversidad recibió también un recorte presupuestario del 30% en 2011 que no fue revertido. La orientación en Madrid tiene la menor tasa por estudiante de toda España. Un orientador por cada 250 estudiantes, recomienda la UNESCO; en Madrid, en cambio podemos encontrarnos 1 por cada 1300 estudiantes, moviéndose en ocasiones entre varios centros, repartidos a veces entre tres centros escolares, pivotando con la carpeta intentando recordar y mantenerse al día de lo que le pasa al estudiantado sin poder hacer justicia a realidades en las que se mezcla lo psicosocial, los anhelos frustrados, la salud mental, la falta de expectativas y de horizontes y, en muchos casos, familias desestructuradas. Orientar de por sí es una tarea titánica en este mundo privado de certezas, y más titánica aún si vives en una caravana de centro en centro.

De infantil a primaria, de secundaria a bachillerato y a la universidad, incluso en euro por habitante invertido en Ciencia, en todo es Madrid la Comunidad que menos invierte. Estar a la cola en inversión en todos y cada uno de los niveles educativos, ha colocado a Madrid a la cabeza de los datos de segregación; a la cabeza no sólo de España, sino de Europa[11]. Estar a la cola en euro invertido por estudiante, pero a la cabeza también en el número de universidades privadas. A la cola en el número de becas por estudiante, pero a la cabeza en segregación en estudiantes con capacidad para pagar 20.000 euros al año por estudiar Medicina.

Es fácil observar, que si no inviertes de manera pública en una institución y en la demanda que presta (y ello aunque la universidad no pueda depender de demanda alguna), esa «demanda» será satisfecha de manera privada. En torno a ese algo en el que no se invierte empezarán a aparecer fondos buitres y empresas que quieren hacerse con el nombre de esa institución, con nombres preciados como Sanidad, Formación Profesional o Educación, nombres de los que depende el ser mismo de la Comunidad, palabra que antecede a «de Madrid», palabra sin duda extraña, palabra que parece ocultar lo que está ocurriendo: que no hay comunidad, que estamos ante una sociedad anónima que diseña un Madrid de dos velocidades.