Sociedad y conflicto en el estado de Guerrero, 1911-1995 E-Book

Jorge Rendón Alarcón

• Herausgeber: Contraste Editorial
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Serie: Problemas de México
• Sprache: Spanisch
• Veröffentlichungsjahr: 2020

Seitenzahl: 290

Beschreibung

Tener presente lo que heredamos del siglo pasado puede ayudarnos a comprender mejor nuestra realidad social y sobre todo a situarnos en el espacio público actual de México, señala Jorge Rendón Alarcón. Esta idea constituye el aliento original que dio lugar a "Sociedad y conflicto en el estado de Guerrero, 1911-1995", donde se muestra que la historia política de la entidad sólo puede ser comprendida en el contexto del régimen político que surgió de la Revolución mexicana. Es con el mismo propósito de autoconocimiento público que Contraste Editorial ha considerado pertinente publicar una edición revisada de este estudio incorporando ahora, además, un epílogo en torno a los retos que tanto el estado, como nuestro país, enfrentan para consolidar una sociedad política legítima.

Leseprobe

Sociedad y conflicto

en el estado de Guerrero, 1911-1995

Poder político y estructura social de la entidad

Jorge Rendón Alarcón

CoNtRaStE

(Problemas de México, 1)

Sociedad y conflicto

en el estado de Guerrero, 1911-1995

Poder político y estructura social de la entidad

Jorge Rendón Alarcón

CoNtRaStE

2020 Primera edición electrónica

© Jorge Rendón Alarcón

© Contraste Editorial S. A. de C. V.

I. Ramírez 4, Chilpancingo, Guerrero, 39000

Contacto: [email protected]

Diseño de la portada: © Arq. Juan Carlos Rendón Alarcón

Imagen de la portada: Detalle de un cuadro de © Joel Martínez

ISBN: 978-607-97617-6-9

Reservados todos los derechos conforme a la ley

Hecho en México

A mis padres, Gustavo y Aurelia Rendón

y a su estado de Guerrero,

de cielos instantáneos

A la ciudadanía guerrerense:

“Cuando emprendas tu viaje a Ítaca

pide que el camino sea largo,

pleno de aventuras, lleno de experiencias.

No temas a los lestrigones ni a los cíclopes

ni al colérico Poseidón…”

C. P. Cavafis, Ítaca

Nota a la presente edición

Las voces que con mayor hondura se expresan en la historia política de México nos siguen hablando, como lo hace Juan Rulfo, de una historia política irresuelta por lo que se refiere a la constitución de una auténtica comunidad humana en lo que atañe a la libertad y a la justicia, pues esas voces insisten —no podía ser de otra manera—, en el vínculo que existe en nuestro país entre la desigualdad social y la ausencia de una voluntad legítima del poder político contrapuesta a cualquier forma de coacción. Así lo refiere Rulfo a propósito del abandono y de-samparo experimentados frente al ejercicio del poder:

—¿Y las leyes?

—¿Cuáles leyes, Fulgor? La ley ahora en adelante la vamos a hacer nosotros. ¿Tienes trabajando en la Media Luna a algún atravesado?

—Sí, hay uno que otro.

—Pues mándalos en comisión con el Aldrete. Le levantas un acta acusándolo de “usufruto” o de lo que a ti se te ocurra. Y recuérdale que Lucas Páramo ya murió. Que conmigo hay que hacer nuevos tratos.

                           Pedro Páramo

Quien esto escribe ha querido mantenerse abierto a esas voces: las voces del conflicto de una sociedad que todos experimentamos en primera persona.

Jorge Rendón Alarcón

Diciembre del 2019

… cuando vemos en un pueblo costumbres y leyes laudables, deducimos sin temor a equivocarnos que sus ciudadanos y su constitución también han de ser laudables, cuando advertimos que la vida privada está llena de ruindad y los asuntos públicos rebosan injusticia, aseguramos, lógicamente, que las leyes y las costumbres privadas del pueblo en cuestión, su constitución íntegra, es perversa.

Polibio, Historias (VI 47, 1-6)

Advertencia

Sociedad y conflicto en el estado de Guerrero, 1911-1995 es un estudio que concluyó en el año 2000 y tuvo como propósito conocer aquella estructura del estado de Guerrero que nos permitiera a su vez comprender los fenómenos más representativos de esa entidad, sobre todo el atraso social y económico así como la inestabilidad política relacionada con la violencia social. Tener presente aquello que heredamos del siglo pasado puede ayudarnos a comprender mejor nuestra realidad social y sobre todo a situarnos en el espacio público actual de México. Pensamos así que la comprensión de la historia política, en este caso del estado de Guerrero, tiene que apuntar más allá del solo registro de los hechos para referirse más bien a la comprensión común de nuestra realidad política.

Jorge Rendón Alarcón

Verano del 2003

Contenido

Consideraciones preliminares

Primera Parte. Guerrero, una entidad organizada políticamente desde el “oficialismo revolucionario”

La fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929 y la estructura del poder local

La inestabilidad de los gobiernos locales

El caso guerrerense: ¿anomalía o realidad del régimen político mexicano?

Caciquismo, centralismo y el autoritarismo del régimen

Segunda Parte. La estructura social y económica

La significación social de la Revolución mexicana en Guerrero

La crisis de la agricultura (1929-1940) y la marginación social en el medio rural

La estructura socioeconómica de Guerrero

Tercera parte. El poder y el conflicto social y político en Guerrero

Ciudadanos inermes

Cultura cívica y estructuras de poder autoritarias

Participación electoral en Guerrero (1980-1993)

Conclusiones. El régimen mexicano: monopolio político y complejidad social

Epílogo. El reto de la sociedad política

Bibliografía y Hemerografía

Sobre el autor

Consideraciones preliminares

El problema

Sociedad y conflicto en el estado de Guerrero, 1911-1995, tiene como objetivo general llevar a cabo una indagación sobre las condiciones histórico-estructurales que pueden contribuir a explicar el atraso social, la violencia e inestabilidad política que se ha manifestado a lo largo de la configuración del sistema político mexicano a nivel local, sobre todo a partir de 1929. Se trata, en el sentido más general, de una investigación analítico-integrativa que busca estudiar, desde una visión crítica del desarrollo del régimen mexicano, la realidad social y política de Guerrero, así como el papel polémico del estado en la vida pública nacional.

Aspectos particulares de esta reflexión habrán de ser, entonces, la forma en que se obtiene y se ejerce el poder, es decir, las reglas no escritas del régimen político, el carácter corporativo del mismo, el tipo de relación que se produce entre el centro y sus regiones y la manera como incidió la ideología de la revolución en las prácticas del poder en México. Se trata también, por ello, de un estudio que busca mostrar ciertos rasgos inherentes al régimen político, así como sus efectos y consecuencias a nivel estatal.

En su análisis sobre El sistema político mexicano,1 Daniel Cosío Villegas destacaba que la organización política de México llamó constantemente la atención por su estabilidad. Señalaba así que de 1929 a 1972 el sistema político mexicano había dado un espectáculo sorprendente de siete sucesiones presidenciales hechas pacíficamente, además de una vida pública en la que no hubo una conmoción perceptible hasta 1968 y después en 1971, con ocasión de la rebeldía estudiantil.

A la caracterización que hace Cosío Villegas del sistema político se puede oponer que la etapa a que se refiere también se caracterizó por la inexistencia de procesos electorales en los que se cumplieran las reglas de participación, competencia y pluralidad. Puede decirse así que la presunta estabilidad política no tenía su origen en la legitimidad electoral. En realidad, las bases políticas de esa gobernabilidad fueron socialmente cada vez más frágiles, como se demostró en Guerrero en los años sesenta, es decir, varios años antes de lo que Cosío Villegas juzga la excepción de una vida pública tranquila.

Al respecto, Teresa Estrada Castañón, en su estudio sobre Guerrero,2 tiene razón cuando afirma que dicho estado suele ser visto como una excepción más que como una regla en el conjunto del sistema político del país, cuando en realidad muchas de sus características son inherentes a dicho sistema: “centralismo político, autoritarismo, caciquismo, control clientelar de la elección, personalización del poder y escasa positividad de la norma, no son privativas de Guerrero, afectan al sistema en su conjunto”.3 Desde nuestro punto de vista, y tal como lo intentaremos demostrar, tales singularidades del régimen, sobre todo su condición jerárquico-corporativa, tendieron a obstaculizar el desarrollo del estado en todos los órdenes.

Es un hecho que Guerrero no vivió a partir de 1929, y menos después de 1960, la estabilidad política que se menciona y que correspondía más bien a una apreciación de carácter nacional pero no estatal, donde ya se manifestaba la insuficiencia de las estructuras políticas oficiales. Cosío Villegas señaló también que a esa situación inusitada de tranquilidad pública había que agregar, desde los años cuarenta y hasta los setenta, un progreso económico del país sin paralelo en toda su historia anterior.

Por el contrario, Moisés Ochoa Campos, en su Guerrero: análisis de un estado problema,4 destaca que para los años cincuenta y sesenta Guerrero se encontraba ya profundamente rezagado en términos de alfabetismo y con relación a la fuerza de trabajo ocupada en la agricultura, además de que ocupaba, respecto al resto del país, los últimos sitios en industrialización y productividad. Puede decirse que la pobreza como fenómeno generalizado en el estado tiende a reproducirse debido a factores estructurales que conciernen también al sistema político, puesto que por su carácter corporativo y clientelar ha contribuido a mantener situaciones como el acceso no equitativo a las oportunidades, así como una economía campesina de subsistencia.

La estructura de poder en el estado de Guerrero, además de su incumplimiento con las normas constitucionales y, como consecuencia de ello, de la corrupción en las prácticas del poder, se ha mostrado ineficiente para hacer posible la expansión de la participación ciudadana. Los movimientos cívico-políticos de los años sesenta que no encontraron respuesta a sus demandas en las esferas del poder local, son hechos políticos que deben ser explicados en esa perspectiva.

Es así indispensable analizar la estructura de poder en Guerrero, caracterizada por lo que pareciera ser “la falta de mecanismos y procesos capaces de asegurar la representación política en el sentido general del término, para los intereses y expectativas sociales de la entidad”.5 Para ello es necesario referirse tanto al carácter jerárquico-corporativo del régimen mexicano y su supuesto carácter reivindicativo inspirado en la revolución, así como a la forma en que se llevó a cabo la organización política de la sociedad guerrerense desde el régimen. Conviene discutir, en consecuencia, cómo en Guerrero los procedimientos de intermediación y control político han sido la matriz misma de la formación, desarrollo y consolidación de los grupos de poder locales.

Para explicar la situación política de Guerrero es necesario, entonces, considerar tanto el problema de los cacicazgos políticos locales y su función de intermediación respecto de la estructura vertical y corporativa del régimen político mexicano, así como la forma en que estos dieron lugar a la incorporación de la sociedad guerrerense a ese sistema. Estudiar además la configuración de la cultura política local, la manera en que la misma asumió las reivindicaciones que el propio régimen de la revolución proclamaba pero que luego entró en conflicto con esa estructura caciquil ajena a la Constitución y, por tanto, no sometida a control jurisdiccional. Conviene también, como dijimos, referirnos al atraso económico de la entidad que ha contribuido a exacerbar las contradicciones sociales.

Estructura del estudio

Para analizar el tema enunciado de sociedad y conflicto en Guerrero, y con objeto de afrontarlo metodológicamente, destacaremos, desde el punto de vista histórico-estructural, los siguientes problemas:

Violencia e inestabilidad política

El estado de Guerrero se ha singularizado, en el contexto del sistema político mexicano, por la reiterada violencia que en él se manifiesta, ya que allí se han producido no solamente reclamos al poder político local que han terminado en enfrentamientos, sino también una insurgencia guerrillera que habría de provocar posteriormente, como respuesta del gobierno federal, la promesa de una reforma electoral y política. Sin embargo, recientemente se han dado nuevos brotes de violencia debido al incumplimiento de esas promesas, así como por la inconformidad social frente a un ejercicio discrecional del poder. Aunado a lo anterior, destaca también la inestabilidad de la estructura política local que ha dado lugar a continuos relevos de gobernadores que no han terminado su periodo. Todo lo anterior genera un malestar proclive al conflicto.

La violencia en el estado de Guerrero se ha convertido en un rasgo característico de la entidad debido a que su persistencia adquiere además un carácter político puesto que casi siempre es el resultado de demandas sociales insatisfechas, y porque frente a ella el régimen ofreció reformas políticas, en el marco de la Constitución, para hacer posible la democratización de la vida pública, reformas que por contraponerse al ejercicio del poder propio del régimen no se han llevado a cabo.

El atraso económico y social

El atraso en Guerrero se manifiesta sobre todo en la situación del campesinado; por esta razón habremos de dedicarle particular atención. Es allí donde aparece de la manera más clara el involucramiento entre las estructuras del poder político y las condiciones de vida de ese sector social. En efecto, el manejo político oficial impuesto a la reforma agraria con objeto de someter a los campesinos como votantes cautivos del régimen y la atención prioritaria que el gobierno del estado ha concedido al rubro turístico en detrimento de la industria, y sobre todo de la agricultura, han traído consigo la insatisfacción campesina respecto de una organización política clientelar que da lugar a la manipulación de sus demandas ya que la gestión de las mismas no se realiza de manera directa, sino a través de las estructuras corporativas del régimen.

Si se toma en consideración, además, que el crecimiento económico de México posterior a la revolución se sustentó en buena parte en el comportamiento de la agricultura —puesto que a partir de 1935 la producción agrícola se elevó con una tasa real del 4.4% al año6— pero que tales índices responden en realidad a la agricultura comercial, el resultado es que ese crecimiento dio lugar, también, a una concentración de los recursos, como ocurrió en otros sectores de la economía. En el caso del estado de Guerrero ha prevalecido una agricultura de autoabasto que no es redituable para la población campesina e indígena de la entidad.

Lo anterior se expresa en la restricción de oportunidades económicas y sociales al alcance de los campesinos, con la consecuente crisis del sector agrícola en una sociedad, como la guerrerense, eminentemente campesina, pues dicho rubro ha decrecido en los últimos años en términos de su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) estatal —como lo mostraremos en su oportunidad— e igual situación se ha producido en la industria, mientras que solamente el sector terciario ha tenido un crecimiento sostenido al respecto.

La paradoja del desarrollo mexicano consiste así en que la estrategia económica del gobierno, que ha concentrado el ingreso y agudizado la pobreza, se ha producido en el marco de un régimen político producto de una revolución. De aquí la incongruencia de tal modelo de desarrollo, pero que se explica si se toma en cuenta que la estructura política que surge de ese movimiento revolucionario tiene como una de sus funciones el control político de la sociedad mexicana y, en consecuencia, la reducción de la demanda social. Ambos aspectos, tanto el control de los campesinos como la reducción de sus demandas, dieron lugar a una situación social y económica que mantiene en la postración a la agricultura de subsistencia. En Guerrero esto se expresa de la manera más crítica.

Puede destacarse, al respecto, que desde sus orígenes se produce en el régimen mexicano una estructura política formal y orientada por ciertos fines sociales (los de la Revolución de 1910) y, por otra parte, una estructura informal, la de la burocracia y las élites políticas, controladas finalmente por el Presidente de la República. Ello como consecuencia de la doble pretensión del régimen de la revolución de enfrentar el atraso económico y de organizar políticamente a las masas para alcanzar ese objetivo, lo que ha propiciado, dado su carácter corporativo, un ejercicio discrecional del poder al amparo de las instituciones oficiales.

Lo anterior nos obliga a discutir las verdaderas consecuencias sociales y políticas que ha tenido el partido del gobierno en cuanto organización subordinada al Ejecutivo federal. Para ello habría que destacar el carácter informal y autoritario de las decisiones que efectivamente se ponen en práctica por dicha organización y que revelan la naturaleza del régimen político mexicano.

Pobreza y violencia

Además de la violencia, los índices de la estructura social y económica del estado de Guerrero revelan una condición de atraso extremadamente aguda, tanto por lo que se refiere a las condiciones de vida (68% vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema7) como también por los aspectos relativos a la cultura y educación (23.9% de la población de 15 años y más no sabe leer ni escribir, lo que representa el nivel de analfabetismo más alto a nivel nacional solamente después del de Chiapas8, y 21.9% no terminó la primaria9). Además, según datos oficiales, en 1997 el 28.16% de la población no recibía ingresos y percibía menos de un salario mínimo el 21.77%.10

El problema en conjunto de la entidad es el de un atraso que se manifiesta en todos los niveles sociales. Lo que caracteriza así a Guerrero es una fragmentación social y económica y un ámbito de lo público en extremo inestable dado su desapego a las leyes del país, lo que pareciera explicar en parte la violencia que allí se produce de manera reiterada.

Consideraciones de orden metodológico

Las preguntas que sobre los problemas señalados pueden formularse para hacer posible un análisis histórico-crítico de los mismos son las siguientes: en primer término, y con relación a la violencia, conviene preguntarse en qué medida la misma es la expresión de la carencia de un orden político institucional capaz de dar cabida a las demandas más agudas de la población conforme a los derechos ciudadanos. Lo anterior en el marco de un régimen político que a partir de la Revolución mexicana ofreció dar cabida a las demandas sociales y responder institucionalmente a las mismas; es decir, la violencia social sería así no solamente resultado del atraso social y económico y de una carencia de institucionalización del poder político conforme a derecho, sino también de expectativas no resueltas por las estructuras del poder local. Puede afirmarse al respecto que dentro del propio sistema político se procesó una cultura política aspirativa que luego no solamente no encuentra respuesta dentro de dicho marco, sino que además tiende a enfrentarse conflictivamente con las estructuras del poder político local.

En segundo término, es necesario también preguntarse sobre el atraso económico del estado y, sobre todo, por qué la estructura de poder a nivel local no ha dado lugar a una gestión política del desarrollo y sí, en cambio, a grupos de poder que han sido incapaces de llevar a la práctica un programa social coherente para resolver los problemas locales. Lo que llama la atención al respecto es que el estado de Guerrero pareciera ser una de las excepciones, junto con Chiapas y Oaxaca, en el marco de lo que hasta los años setenta constituye el aparente éxito del régimen político mexicano, es decir, el crecimiento económico. Es revelador, al respecto, que el Producto Interno Bruto del estado de Guerrero se haya mantenido, en los últimos años, en 1.7% del total nacional y que la entidad haya ocupado el trigésimo lugar en términos del PIB percapita.11

Incluso en la obra de Pablo González Casanova, La democracia en México, se afirma que el Estado mexicano y el tipo de instituciones que formó fueron un “excelente instrumento para el arranque del desarrollo nacional”,12 no obstante que allí se subraya mediante el análisis de las estadísticas oficiales la polarización del ingreso en el marco del régimen político. La cuestión que debe plantearse al respecto es por qué, en cambio, este hipotético éxito del sistema político mexicano, por lo menos hasta los años sesenta, no se ha visto reflejado en el estado de Guerrero. Más aún, puede decirse que justamente a partir de esa fecha la situación social y política de la entidad ha tendido a deteriorarse.

Lo que pudo ocurrir es que el sistema político, por su carácter jerárquico-corporativo, ha contribuido tal vez con más eficacia que las mismas decisiones públicas de estrategia económica a compaginar el crecimiento del Producto Interno Bruto con la aguda concentración del ingreso, todo ello en condiciones de una cierta estabilidad nacional. Es decir, se alcanzó el crecimiento económico a costa de la inmovilidad política del sistema y de la carencia de una auténtica representación ciudadana en el mismo. En el caso de Guerrero, donde persistía ya el atraso económico y de la agricultura en particular, el carácter autoritario del régimen impidió avanzar hacia el desarrollo.

Definición de problemas

Centralismo y caciquismo

Uno de los medios para llevar a cabo el control político de la entidad lo constituyó, de manera destacada, el caciquismo como recurso consustancial a la instalación del sistema político en el estado. Su función de intermediación política permitió a los caciques locales conservar su fuerza política y acrecentar su poder económico en tanto que miembros de excepcional importancia de una estructura autoritaria.

Al respecto, cabe insistir que el sistema político que surgió con la Revolución mexicana reclama su legitimidad de acuerdo con el objetivo de enfrentar el atraso económico a través de sus organizaciones e instituciones políticas. Bajo estos postulados la propiedad, sobre todo de la tierra, debería subordinarse a su utilidad social; de allí que se aceptara y se promoviera, por medio de la reforma agraria, la propiedad colectiva de la tierra. Para ello se dio primacía al Ejecutivo sobre los otros poderes. La Constitución de 1917 consagró a su favor facultades más amplias que las anteriores leyes fundamentales y, de facto, reunió poderes enormes como centro del poder político. Lo anterior para actuar, supuestamente, en favor de los campesinos y los trabajadores urbanos, dando lugar no obstante a prácticas autoritarias en el ejercicio del poder político, a pesar de la existencia de un marco legal formalmente democrático.

Lo que queremos destacar como problema respecto al caciquismo y el sistema político mexicano, es que el régimen revolucionario le dio al nuevo Estado una base social por medio de la reforma agraria. Sin embargo, dicho régimen dio lugar a una estructura informal con una organización política apoyada en los caciques locales e impuesta de manera autoritaria. Tal situación, producto de un Ejecutivo sin contrapesos y de un partido de Estado, contribuyó a la permanencia de esas formas de dominación y control clientelar que se fueron distanciando, cada vez más, del interés general de la sociedad.

La monopolización del poder y sus efectos en el atraso social y económico del estado

Se puede sugerir también, como problema, que la carencia de desarrollo político puede trastocar además el desarrollo social y económico porque la monopolización del poder y la carencia de institucionalización política en una sociedad sin estructuras propias dan lugar a la monopolización de la actividad social y económica. De esta manera, en Guerrero se privilegió la infraestructura turística a partir del gobierno de Miguel Alemán (1946-1952), lo que tendió a agudizar los conflictos sociales, sobre todo porque ello contribuyó al abandono del problema de la tierra como reivindicación social y condición de legitimidad del sistema político. En nuestra explicación, intentaremos mostrar los rasgos más característicos del sistema político mexicano, así como la manera en que han incidido en el atraso del estado.

La cultura cívica como sustento de los movimientos políticos de la entidad

Los rasgos del sistema político mexicano, sustentados en el supremo arbitraje presidencial y en un pacto vertical y centralizado, tendieron a contraponerse cada vez más con los criterios de legitimación que el Estado reivindicó a partir de la Revolución mexicana y dieron lugar a una ruptura entre la cultura política que se derivó de ese movimiento y las realizaciones del propio Estado.

La hipótesis que puede formularse al respecto es que los conflictos sociales que se han producido en Guerrero son el resultado, también, del deseo de cambio social y de una concepción de la política heredada de los movimientos populares (como el de la revolución), así como de la incapacidad del propio Estado para modificar sus estructuras de gestión social, con la consecuente pérdida de legitimidad política que se ha manifestado con claridad en los procesos electorales recientes que aquí analizaremos.

Primera Parte. Guerrero, una entidad organizada políticamente desde el “oficialismo revolucionario”

La fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929 y la estructura del poder local

El estado de Guerrero ha tenido un carácter controversial en el contexto del régimen político mexicano producto de la revolución. Ello se debe, en parte, a que pareciera singularizarse del resto del país por la violencia e inestabilidad política que allí se manifiestan. La violencia, no obstante, se genera en la pobreza que afecta a la gran mayoría de la población guerrerense y en muchos de los casos pareciera ser el resultado, también, de la insatisfacción de sus demandas por las instancias del gobierno y de la manera en que operan las instituciones que debieran hacer cumplir la legalidad constitucional. La violencia, en una primera aproximación, pareciera vincularse entonces con la forma en que se ejerce el poder y, sobre todo, con ciertos medios de intermediación y control político, con la parcialidad del orden jurídico y con las acciones represivas del gobierno, circunstancias que surgieron y se han hecho presentes de manera reiterada en la historia política reciente de la entidad.

Para entender el ejercicio del poder local, conviene referirse a las circunstancias históricas que dieron lugar a las prácticas del poder que luego habrían de afianzarse y de adquirir forma en las instituciones políticas del régimen de la revolución, sobre todo a partir de 1929, lo que además nos permitirá distinguir entre las formas de legitimación propias del caciquismo local y la organización política y clientelar que se impone con el “oficialismo revolucionario” que habría de desembocar, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, en el corporativismo.

Cabe recordar, al respecto, que la inestabilidad y los conflictos políticos en Guerrero anteriores a la revolución tenían su origen, en buena parte, en la inconformidad que privó entre los caciques y políticos locales contra la subordinación del estado al interés político nacional durante el gobierno de Benito Juárez y, sobre todo, de Porfirio Díaz. La resistencia a esa política provino, en un principio, de los grandes caciques militares de la entidad, de manera destacada de Juan Álvarez (cuyo dominio del Sur fue sancionado con la fundación del estado de Guerrero en 1849, convirtiéndose así en el primer gobernador de la entidad), pero también de su hijo y heredero político Diego Álvarez y de quienes disputaron a este el poder local: los generales Vicente Jiménez, de Tixtla, y Canuto A. Neri, de Chilpancingo.

En cuanto al relevo político de los caciques militares y debido a las consecuencias económicas y políticas del porfiriato, con el cambio de siglo la oposición a los poderes centrales habría de expresarse, sobre todo, en grupos de clase media que se sentían injustamente desplazados, tales como los rancheros del norte de Guerrero, Francisco, Rómulo y Ambrosio Figueroa; propietarios agrícolas de la Costa Grande, como el maestro de escuela Silvestre G. Mariscal; terratenientes como Eucaria Apresa y Amado Rodríguez Espinosa de Chilapa y Rafael del Castillo Calderón, político y propietario de Tierra Caliente. Estos grupos e individuos protagonizaron revueltas políticas locales y participaron después en el levantamiento maderista de 1911. En efecto, la mayor parte de quienes se rebelaron en esa fecha procedían de la clase media urbana y rural del estado. Pueden mencionarse además, con relación al levantamiento maderista, a Julián Blanco en Dos Caminos, Héctor F. López, propietario de tierras en Coahuayutla; Enrique Añorve Díaz, propietario agrícola de la Costa Chica; José Inocente Lugo de Ajuchitlán, Manuel D. Asúnsulo de Chichihualco y Jesús H. Salgado de Teloloapan,

Se trató, por ello, de una insurrección de los grupos sociales que se formaron sobre todo durante el profiriato. Es en este sentido que se ha afirmado que “la Revolución mexicana en Guerrero no fue iniciada por campesinos sin tierra sino por rancheros relativamente prósperos”.13 Puede decirse así que las causas inmediatas del levantamiento de 1911 fueron políticas; esto no significa que no existieran condiciones económicas y sociales que favorecieran la subversión social en gran escala, lo que decimos aquí es que quienes influyen de manera decisiva en los orígenes del movimiento armado son aquellos grupos sociales que se sienten agraviados por las imposiciones y disposiciones del centro del país. Lo que buscamos explicar con ello son las condiciones locales que permitieron que prosperara, incluso por las profundas contradicciones sociales del estado, y el endémico faccionalismo de la política local, el proyecto prioritario de la Revolución mexicana de construir un Estado fuerte para consolidar un proyecto nacional e impulsar el desarrollo económico del país, aunque lo que en realidad se consiguió fue un poder político sin contrapesos institucionales y que después sería usado de manera discrecional por la burocracia política.

Incluso el faccionalismo, y los conflictos de las cuatro agrupaciones regionales que impulsaron la revolución en Guerrero (Rómulo Figueroa en el Norte, Jesús H. Salgado en Tierra Caliente, Julián Blanco en el Centro y en la Costa Chica y Silvestre G. Mariscal en la Costa Grande), fue favorecido por el “oficialismo revolucionario” que al impulsar un proyecto político hegemónico medió entre los caciques y caudillos locales, puesto que para Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles la construcción de un Estado fuerte y su propio liderazgo político se convirtieron en la prioridad del movimiento armado. De esta manera, el conflicto político local que se presentó era el resultado, también, de la prioridad del “oficialismo revolucionario” de subordinar al estado de Guerrero a un poder de índole nacional con la mediación de los jefes revolucionarios locales. Por ello se les promovió en algunos casos y en otros se arbitró entre ellos. Los jefes revolucionarios, por su parte, reclamaban una cierta independencia, pero solamente como instrumento para ampliar su poder, desde sus propias regiones, a todo el estado. Se trató así, en cierta forma, del antagonismo entre los medios asociativos y de clientelismo político del “oficialismo revolucionario” y los antiguos estilos de índole personal de la política caciquil local.

En efecto, siguiendo el modelo de los viejos caciques militares que predominaron durante el siglo XIX en Guerrero, los jefes revolucionarios establecieron una clara hegemonía territorial como base de su fuerza y se enfrentaron entre ellos no solamente en razón de una visión distinta del problema de la tierra —como sucedió por ejemplo entre los Figueroa de origen ranchero y Jesús H. Salgado, quien efectivamente representaba intereses campesinos ligados al zapatismo—, sino además para ensanchar su poder militar al estado de Guerrero en su conjunto. De la misma manera también que los caciques militares, todos ellos hacendados que favorecieron una relación padrino-cliente, los jefes revolucionarios se legitimaban

…por haberse enfrentado a otras facciones… Pero todo esto será a costa de restablecer el equilibrio patronal con nuevas facciones “revolucionarias” de fundamento igualmente clientelar. El “caudillismo” podría encontrar ahí su explicación, o acaso su apoyo lógico, sobre todo si lo interpretamos como una variante del clientelismo sostenido en la violencia.14

Con la construcción de un Estado fuerte y cuya legitimidad buscaba sustentarse en la redención social sobre todo del campesinado, los mandos nacionales de la revolución buscaron restablecer un nuevo equilibrio con base ahora en una organización política de cobertura nacional que se impusiera al conjunto de intereses caciquiles del país subordinándolos a esa estructura y, en ese sentido, actualizando las relaciones padrino-cliente conforme a la nueva organización política del país. Lo anterior sería favorecido por el relevo de los jefes locales de la revolución en favor de jóvenes figuras revolucionarias como fue el caso de Rodolfo Neri (hijo del antiguo cacique y general Canuto A. Neri), quien con el apoyo de Obregón se convirtió en gobernador del estado el 1 de abril de 1921 y hasta el 31 de marzo de 1925, no obstante la vigorosa oposición que le representó el último de los caudillos militares guerrerenses, Rómulo Figueroa.

De esta manera, en la etapa de construcción del régimen político mexicano que comprende los años de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas, la inestabilidad política de Guerrero se dio porque mientras el “oficialismo revolucionario” se empeñaba en afirmar su control sobre la entidad, los grupos rivales buscaban también —como ocurrió durante la fase armada— el apoyo de los “jefes de la revolución” para alcanzar el poder. La inestabilidad de los poderes locales pareciera responder así, en esos años, a una pugna sin reglas y ajena a los intereses de la sociedad civil, por lo que la lucha política no era en realidad sino la confrontación abierta de los grupos por el poder, sancionada en última instancia por el “oficialismo revolucionario”.

Después de los años cuarenta, la estructura del poder local quedó subordinada a los grupos que, habiéndose formado en esas circunstancias, detentaban el poder político e incluso controlaban los recursos del estado como consecuencia de la forma patrimonialista en que se ejercía el poder. Los grupos políticos locales se encontraban, además, estrechamente relacionados con el centro político del país a través de las estructuras corporativas del régimen. El monopolio en el ejercicio del poder político y la imposibilidad de enfrentar eficazmente en esas condiciones los problemas sociales de la entidad dieron lugar a una nueva escalada de inconformidad y de violencia, como la que protagonizaron los copreros, el movimiento cívico-estudiantil de 1960 y, en una situación extrema, la guerrilla a partir de esos años y hasta 1974.

Las pugnas de los grupos locales sin una base social real (puesto que su protagonismo deriva de la capacidad que tienen para mantener el control del estado a través de la manipulación de las demandas sociales), han dado lugar a una inestabilidad agravada porque en última instancia la permanencia en el poder de esos grupos obedece a sus vínculos y apoyos políticos con la burocracia del centro del país. Así, los gobernadores mantienen su condición de representantes de los poderes locales en la medida en que puedan conciliar, de alguna forma, los intereses de esos grupos y además cumplan las tareas impuestas por el “oficialismo revolucionario”, pues sobre todo se encuentran subordinados al Ejecutivo federal, cuyo instrumento privilegiado ha sido un partido de Estado, primero federativo y después corporativo, que, más que procesar la demanda ciudadana, tiende a mediatizarla a través de sus distintos sectores.

A partir de esta caracterización general de la estructura del poder local, resulta necesario llevar a cabo un recuento de la historia política de la entidad desde el momento en que el Partido Nacional Revolucionario (PNR) se impuso localmente, estableciendo así las condiciones de una estructura del poder nacional que da forma y condiciona las estructuras de los poderes locales.

A las circunstancias de conflictividad social y política que han existido en el estado se suma un atraso social y económico, por lo que ya en el informe de diciembre de 1930 el gobernador Adrián Castrejón (1de abril de 1929-28 de marzo de 1933) se refería a la necesidad de crear “nuevas condiciones de desarrollo” y reconocía que “si bien es cierto que hasta hoy [la entidad] ha brillado en las páginas de la historia nacional con los hechos heroicos de sus valientes hijos, ha quedado relativamente apartada de la acción civilizadora que por sus mejores condiciones económicas, impulsa y alienta a las demás entidades de la República”.15 Con estas palabras, Adrián Castrejón se refería a la paradójica situación del estado pues, no obstante que sus caudillos habían participado activamente en el movimiento de Independencia y en las luchas civiles posteriores, el atraso económico e incluso el aislamiento de la entidad eran hechos manifiestos.