Temas prioritarios de la Agenda 2030 E-Book

• Herausgeber: Instituto Mora
• Kategorie: Fachliteratur
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 453

Veröffentlichungsjahr: 2023

Beschreibung

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a diferencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuenta con un enfoque transversal basado en los derechos humanos, tiene un alcance universal, y pretende no dejar a nadie atrás. Los diferentes grupos poblacionales que son objeto explícito de los Objetivos de Desarrollo Sostenible requieren el reconocimiento y goce pleno de sus derechos. Por tal motivo, el objetivo de esta obra es analizar la ejecución de diversos programas y políticas coadyuvantes a la Agenda 2030 desde la perspectiva de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Asimismo, analiza su interacción y aplicación en los espacios, actores y grupos involucrados en la agenda de desarrollo. La desigualdad socioeconómica en lo local, lo nacional y lo global, así como el logro de las metas definidas al interior de la Agenda 2030, tienen como reto hacer efectivos los derechos humanos universales, sin que ello quede como un efecto colateral. Es indudable que la pandemia por la que atraviesa la humanidad desde 2020 dificulta el cumplimiento de los ODS, además de vulnerar los derechos humanos, cuya promoción, garantía y seguimiento deberán prevalecer en futuras agendas de desarrollo.

Leseprobe

cip. instituto mora. biblioteca ernesto de la torre villar

nombres: Ayala Martínez, Citlali | Gustavo Sosa Núñez

título: Temas prioritarios de la Agenda 2030 : un análisis desde los derechos humanos / Citlali Ayala Martínez y Gustavo Sosa Núñez (coordinadores)

descripción: Primera edición | Ciudad de México : Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2022 | Serie: Cuadernos de cooperación internacional y desarrollo

palabras clave: Ciudad de México | México | Estados Unidos | Agenda 2030 | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Derechos humanos | Salud pública | Educación | Medio ambiente | Covid-19 | Cooperación internacional

clasificación: DEWEY 323.4 TEM.p | LC JC571 T4

Imagen de portada: Natalia Rojas, composición realizada con una selección de la simbología de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible Post 2015. Ciudad de México, 2022.

Este libro fue evaluado por el Consejo Editorial del Instituto Mora y se sometió al proceso de dictaminación en sistema de doble ciego siendo aprobado para su publicación.

Primera edición electrónica, 2023 Primera edición, 2022

D. R. © Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora Calle Plaza Valentín Gómez Farías 12, San Juan Mixcoac, 03730, Ciudad de México. Conozca nuestro catálogo en <www.mora.edu.mx>

ISBN: 978-607-8793-63-1 Rústica ISBN: 978-607-8793-89-1 ePub

Impreso en México Printed in Mexico

Índice

Siglas y acrónimos

Introducción

El derecho a la ciudad y la Agenda 2030 para el desarrollo urbano sostenible en México: un análisis por tamaño de ciudad

Isela Orihuela

¿Salvaguarda y sostenibilidad? Ciudades, patrimonio mundial y retos en el cumplimiento del ods 11 de la Agenda 2030 desde la gobernanza urbana

Rocío Arroyo Belmonte

El acceso a servicios de salud y vacunas contra la Covid-19 de migrantes en Estados Unidos. Alianzas entre actores para no dejar a nadie atrás en tiempos de pandemia

Valeria Marina Valle y Michelle Ruiz Valdes

La salud de los migrantes en tránsito durante la Covid-19 en México; reflexiones desde el enfoque de derechos humanos

Gabriela Sánchez Gutiérrez y Sergio Vázquez Meneley

El derecho a la educación digital en transición: desafíos para el ods 4 en México frente a la adversidad pandémica

Citlali Ayala Martínez

Retos y oportunidades de la educación media superior en el contexto de pandemia: el caso de los colegios de bachilleres estatales

Raquel Apodaca Rodríguez

Justicia intergeneracional en el marco de los desca y la Agenda 2030

Gustavo Sosa Núñez

La Agenda 2030 y el derecho constitucional a un medioambiente sano en México: desafíos para el progreso en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Mireille Linares Valencia

La contribución potencial de la evaluación de las Alianzas entre Múltiples Interesados para el desarrollo sostenible en la promoción de los derechos humanos

Miriam Ordoñez Balanzario

La inclusión de la perspectiva de género en la resolución del conflicto armado. Una evaluación del odm 3 y del ods 5 desde la perspectiva de los derechos humanos y de los desca

Elizabeth Vargas García

Crisis de la Covid-19 y el cumplimiento de la Agenda 2030

Juan Carlos Páez Vieyra

Epílogo

Sobre los autores

Índice temático

Siglas y acrónimos

aca

Affordable Care Act (Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio).

acnudh

Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

aecid

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

agonu

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

Alap

Asociación Latinoamericana de Población.

ami

Alianzas entre Múltiples Interesados.

Ancmpm

Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio.

Awid

Association for Women’s Rights in Development (Asociación para los Derechos de las Mujeres en el Desarrollo).

bce

Banco Central Europeo.

bid

Banco Interamericano de Desarrollo.

bm

Banco Mundial.

cad

Comité de Ayuda al Desarrollo.

Caidmex

Coalición de Acción Internacional para el Desarrollo-México.

cares

Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el Coronavirus).

cbp

Customs and Border Protection (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza).

cdc

Center of Disease Control (Centro de Control y Prevención de Enfermedades).

cdmx

Ciudad de México.

ceb

Centros de Estudio de Bachillerato.

cedaw

Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Hacia la Mujer).

Cepal

Comisión Económica para América Latina y El Caribe.

cida

Centro de Información Documental de Archivos.

cide

Centro de Investigaciones y Docencia Económicas.

cidh

Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ciedr

Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.

Cipdtm

Convención Internacional Sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

cmnucc

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático

cndh

Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Cobaes

Colegios de Bachilleres.

Cods

Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina.

Coepris

Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Colef

Colegio de la Frontera Norte.

Conaculta

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Conapo

Consejo Nacional de Población.

Coneval

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

cop26

Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Cosfac

Coordinación Sectorial de Fortalecimiento Académico.

cpeum

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

cseu

Programa de Cobertura Sanitaria Universal.

ddhh

derechos humanos.

desca

derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

dgb

Dirección General de Bachillerato.

dif

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

dudh

Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Ecosoc

Economic and Social Council Membership (Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas).

ECovid-ed

Encuesta para la Medición del Impacto

Covid

-19 en la Educación.

e.u.a

Estados Unidos de América.

efe

Agencia de Noticias Española.

ems

Educación Media Superior.

Emsad

Centros de Educación a Distancia.

fao

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

fjedd

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.

Fonatur

Fondo Nacional de Fomento al Turismo.

Fpan

Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible.

g20

Grupo de los 20.

gei

gases de efecto invernadero.

giz

Agencia Alemana de Cooperación Internacional (Deutsche Geseliftschaft für Internationale Zusammenarbeit).

gkp

Alianza Global de Conocimiento (Global Knowledge Partnership).

gpr

Gestión para Resultados.

hrbad

Human Rights Based Approach to Data (Enfoque de Derechos Humanos para Datos).

hrw

Human Rights Watch (Observatorio de Derechos Humanos).

Icomos

International Council of Monuments and Sites (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios).

idh

Índice de Desarrollo Humano.

iica

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.

ilcr

Inmigrant Legal Resource Center (Centro de Recursos Legales para Inmigrantes).

Imumi

Instituto para las Mujeres en la Migración.

inah

Instituto Nacional de Antropología e Historia.

inegi

Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

inm

Instituto Nacional de Migración.

Insabi

Instituto Nacional para el Bienestar.

inv

Informes Nacionales Voluntarios.

ipcc

Intergovernmental Panel on Climate Change (Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático).

Isags

Instituto Sudamericano de Gobernanza de la Salud.

lgcc

Ley General de Cambio Climático.

lgbtttiq+

Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transgéneros, Transexuales, Intersexuales, Queer y más.

lgds

Ley General de Desarrollo Social.

m&e

Monitoreo y Evaluación.

mede

Mecanismo Europeo de Estabilidad.

Miseal

Medidas para la Inclusión Social y Equidad en Instituciones de Educación Superior en América Latina.

mml

Metodología de Marco Lógico.

mpi

Migration Policy Institute (Instituto de Política Migratoria).

nau

Nueva Agenda Urbana.

ocde

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

ocpm

Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial.

odm

Objetivos de Desarrollo del Milenio.

ods

Objetivos de Desarrollo Sostenible.

oea

Organización de Estados Americanos.

oim

Organización Internacional para las Migraciones.

oit

Organización Internacional del Trabajo.

oms

Organización Mundial de la Salud.

onu

Organización de Naciones Unidas.

onu-mujeres

Programa de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres.

opr

Oficina de la Presidencia de la República.

osc

Organización de la Sociedad Civil.

pei

Poverty-Environment Initiative (Iniciativa de Pobreza y Medio Ambiente).

pifcss

Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur.

pib

producto interno bruto.

pidesc

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

pnud

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

pnuma

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

app

Alianzas Público-Privadas.

prise

Pathways To Resilience In Semi-Arid Economies (Caminos Hacia la Resiliencia en las Economías Semi-Áridas).

puec

Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad.

Redlac

Grupo Regional sobre Riesgos, Emergencias y Desastres para América Latina y el Caribe.

Remhu

Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana.

riaci

Red Iberoamericana Académica de Cooperación Internacional.

rri

Reforma Rural Integral.

sdsn

Sustainable Development Solutions Network (Red de Desarrollo Sostenible).

Sedesol

Secretaría de Desarrollo Social.

sre

Secretaría de Relaciones Exteriores.

siods

Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Smart

Criterios Estandarizados.

ssn

Social Security Number (Número de Seguro Social).

tbc

Telebachillerato.

tic

tecnologías de la información y comunicación.

uclg

United Cities and Local Governments (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos).

ui

Unión Interparlamentaria.

unam

Universidad Nacional Autónoma de México.

unctad

United Nations Conference on Trade and Development (Conferencia de la Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo).

undesa

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (

unsdn:

United Nations Social Development Network).

unesco

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).

un-hábitat

Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos.

vds

Ventanilla de Salud.

vih

Virus de Inmunodeficiencia Humana.

wbns

Well-Being And Basic Needs Survey (Encuesta de Bienestar y Necesidades Básicas).

wced

Informe Bruntland.

whf

World Heritage Fund.

Introducción

Citlali Ayala Martínez y Gustavo Sosa Núñez

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue pensada con una aplicación universal, basada en valores y en los derechos humanos. Por otra parte, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante ods) que se encuentran en implementación desde 2015, y cuyo plazo vence en 2030, buscan de manera ambiciosa combatir la pobreza, promover la equidad de género en su diversidad, asegurar una educación de calidad, proteger el medioambiente y, asimismo, promover un desarrollo económico y social que tenga de manera consciente la protección del medioambiente y la lucha contra los efectos del cambio climático. Esto será posible siempre y cuando se tenga un enfoque transversal de los derechos humanos y de una realidad donde impera la desigualdad, así como de los movimientos migratorios que necesitan protección e integración.

Si bien el derecho al desarrollo tiene como componentes básicos el derecho a la alimentación, a la salud y a la educación primaria, hay una innegable relación con los demás derechos humanos, a decir: los derechos de los niños y las niñas; el derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico; el derecho a la no discriminación; el derecho al trabajo y al salario digno con seguridad social; el derecho a un ambiente sano y seguro; el derecho a la paz; el derecho a la libre determinación de los pueblos y el derecho a la propiedad privada.

Partiendo de la premisa de que la Agenda 2030 es de carácter universal y está basada en los derechos, el objetivo de esta publicación es analizar la implementación de la Agenda 2030 desde la perspectiva de los derechos humanos en lo general, y de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (desca) en lo particular. Los derechos humanos, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales están reflejados en gran parte de los ods. No obstante, su materialización desde la inclusión jurídica y su traslado a políticas públicas, así como al ejercicio mismo de los derechos en los hombres, niños, niñas, adolescentes, mujeres, e indígenas encuentra una serie de limitaciones importantes a discutir.

Es necesario que cada ods y en conjunto sean el combate a la pobreza, la protección medioambiental, o el desarrollo humano en su amplia extensión; tengan un marco basado en derechos, a la vez que enfrentan el reto de ser implementados por políticas públicas y agendas locales, estatales y regionales en las que la integración de la Agenda 2030 ha tardado en permear. Nos encontramos así en un contexto adverso de un ritmo desigual a escala subnacional y global, donde el cumplimiento de las metas debe ser no sólo para reportar indicadores, sino para cambiar la forma de hacer las cosas y la realidad de los individuos.

El seminario institucional La Agenda 2030: Avances y Perspectivas para México y el Mundo, que se realiza desde 2018 en el Instituto Mora, ha identificado diversos elementos de interés común, destacando en el último año los derechos humanos, en particular: educación, medioambiente, cultura, combate a la violencia y la defensa de los derechos humanos.

El objetivo de esta publicación es ofrecer una serie de diversos análisis que, desde un eje basado en los derechos humanos, exploran los temas que se han considerado como prioritarios para la materialización de la Agenda 2030 en medio de la adversidad ocasionada por la pandemia del SARS-Cov2. Así, en su mayoría desde un enfoque sectorial, los desafíos que se han identificado que enfrentan las personas se centran en el acceso a un medioambiente sano, a una educación planificada para el desarrollo y la digitalización, a ciudades sostenibles y protegidas, a procesos de pacificación postconflicto con un perspectivad de género, así como al tránsito migratorio seguro.

Es evidente que el contexto de la pandemia del SARS-Cov2/Covid-19 ha complicado dichas tareas y nos aleja del cumplimiento de los Objetivos. La protección de los derechos humanos es fundamental; sin la aplicación de su enfoque, la Agenda quedará cumplida de manera parcial y será tarea de una siguiente Agenda.

Respecto a los contenidos, el primer artículo de esta obra, a cargo de Isela Orihuela, plantea el desarrollo urbano sostenible en la Ciudad de México. Parte de un análisis canalizado por la normatividad que en México y en el mundo busca la satisfacción de las necesidades básicas de la población para alcanzar una vida digna, para vincular el derecho a la ciudad con el ods 11. El artículo escudriña el acceso a la vivienda y servicios en la Ciudad de México en un entorno de urbanización constante que debería ser inclusiva y sostenible. La autora reconoce que la desigualdad sigue siendo un desafío mayor en las ciudades y más en una como la Ciudad de México, donde tanto los elementos sociodemográficos como la heterogeneidad económica y social requieren acciones de inclusión más firmes.

En un siguiente artículo, Rocío Arroyo continúa sobre el ods 11 pero desde la sostenibilidad de las ciudades patrimonio mundial, cuyas características presentan un doble desafío: además de salvaguardar el patrimonio, se requiere que sean incluyentes, planeadas, resilientes y seguras. Para tal propósito, toma los instrumentos internacionales y los enfrenta a los factores de sostenibilidad al tratarse de sitios que son pivotes de desarrollo económico a través del turismo, la gastronomía y la cultura, a la vez que requieren procesos de planificación urbana y de inclusión específicos. Asimismo, la autora plantea que la sostenibilidad de este tipo de ciudadades necesita de la perspectiva de la gobernanza urbana y el establecimiento de arreglos institucionales en un entorno complejo, al cual se suman los desafíos en materia de salud por el surgimiento de la pandemia del SARS-Cov2.

Los siguientes dos artículos versan sobre el derecho a la salud de la población migrante desde el enfoque de los derechos económicos y sociales. El texto de Valeria Valle y Michelle Ruiz se centra en los migrantes en Estados Unidos, mientras que el de Gabriela Sánchez y Sergio Vázquez lo hace en Centroamérica. Valle y Ruiz analizan los servicios de salud y las vacunas contra la Covid-19 y las alianzas que promueven y hacen realidad el derecho a la salud en un contexto de problemas sanitarios y de desigualdad que viven los migrantes en Estados Unidos. Para tal efecto, desde las características del sistema de salud estadunidense, identifican las alianzas entre actores gubernamentales y no gubernamentales que, en alineación con los principios de la Agenda 2030 y con metas específicas de los ods 3, 10 y 17, se vuelcan en acciones contra los efectos de la pandemia por la Covid-19. Así, las autoras señalan los factores que ocasionaron la falta de continuidad entre las administraciones de Donald Trump y Joe Biden, y las acciones emprendidas para desarrollar un proceso de vacunación en la población migrante, en apego a los marcos normativos del derecho a la salud.

Por el otro lado, el artículo escrito por Gabriela Sánchez y Sergio Vázquez enmarca el problema de garantizar el derecho a la salud de los migrantes centroamericanos en el contexto de la pandemia, frente a una franca desprotección del gobierno mexicano. Al explorar las medidas implementadas por la población en tránsito por territorio mexicano, los autores evidencian la falta de apego a la normatividad nacional e internacional sobre la protección al migrante y, en específico, al derecho a la salud. También muestran la vulnerabilidad de los migrantes y los riesgos que ha presentado la constante desprotección a la que quedaron sujetos, vulnerando los instrumentos internacionales de derecho a la salud, cuyos efectos tendrán una repercusión directa en las metas de la Agenda 2030 relacionadas con salud, protección de derechos y desigualdad.

Los siguientes dos textos analizan el derecho a la educación. El primero de ellos, cuya autoría es de Citlali Ayala, explora el proceso de digitalización de la educación en México y el paso de una estrategia digital educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto al de Andrés Manuel López Obrador, señalando que, pese a los cambios significativos en materia de política educativa, la transición en educación digital fue suave y no sufrió modificaciones radicales. Asimismo, la llegada de la pandemia del SARS-Cov2 generó adversidades graves y retrasos en la educación, misma que aceleró obligadamente un desarrollo estratégico de la educación digital. No obstante, las desigualdades socioeconómicas ocasionadas por dicho contexto se reconocen como el primer obstáculo para la digitalización educativa y muestra retrasos importantes para la materialización del ods 4 en el largo plazo. Es posible que hasta 2040 se alcancen los objetivos planteados para 2030.

Posteriormente, Raquel Apodaca explora la educación media superior en los Colegios de Bachilleres estatales, a fin de identificar la forma en que la pandemia de la Covid-19 ha vulnerado el derecho a la educación y el derecho a la salud, y que la adaptación material a los procesos formativos ha representado importantes retos para alumnos y docentes. La autora señala las situaciones de desigualdad no sólo en infraestructura sino sobre todo en capacidades institucionales, estrategias y soluciones en los Cobaes. Reconoce que determinadas metas del ods 4 no se verán alcanzadas, pues la deserción escolar y los índices de reprobación han repuntado por la pandemia. Frente a dicho panorama, se identifica el acompañamiento de actores de naturaleza pública y privada que, a través de la cooperación internacional y la creación de alianzas estratégicas, coadyuvan a resarcir los efectos y a mantener a la población en riesgo de deserción y reprobación. Además del acompañamiento y la asistencia técnica, se evidencia la contribución de dichos actores a la gobernanza en procesos de política pública educativa.

Dando paso a otro tema clave del desarrollo sostenible en el marco de los derechos humanos, el medioambiente es abordado por Gustavo Sosa y Mireille Linares. En primera instancia, Sosa desarrolla el tema de la justicia intergeneracional, partiendo del entendimiento del desarrollo sostenible desde el enfoque de un derecho, en el que las generaciones venideras deberían tener garantizado su acceso a los recursos naturales que permitan su desarrollo. El autor plantea que hay una brecha entre la narrativa y las acciones, pues si bien la misma resolución de Naciones Unidas incluye conceptos como soberanía y libre determinación para hacer uso de los recursos naturales que son propiedad de cada nación, la búsqueda de la justicia intergeneracional en un contexto de constante deterioro ambiental y climático es fundamental. Por lo tanto, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales todavía tienen un camino que recorrer para asegurar que se cumpla la Agenda 2030 y se garantice dicha justicia, su uso y el acceso a los recursos naturales.

En un modo similar, Mireille Linares plantea el derecho constitucional a un medioambiente sano en México, tomando el tema medioambiental como pilar del compromiso global y también por la normatividad mexicana. Al reconocer que México es pionero a nivel internacional, reconoce rezagos en la forma en que se incorpora el tema ambiental al medir la pobreza en el país. Así, la autora presenta una reflexión sobre el vínculo entre la Agenda 2030 y el derecho constitucional a un medioambiente sano en México, previendo encontrar retrocesos en la implementación de la agenda, rezagos en la incorporación del tema ambiental en la medición nacional de pobreza, al igual que desafíos detectados en el Sistema de Información que publica el gobierno de México sobre el progreso en el logro de los ods y sus metas. Su contribución también identifica como desafíos clave la falta de inclusión del derecho social al medioambiente sano en dicha metodología, y la necesidad de incorporar la transparencia en el sistema de información de los ods en relación con los progresos en metas relacionadas con el medioambiente.

Los tres artículos siguientes ofrecen análisis desde el enfoque de los derechos humanos que salen de lo sectorial para orientarse a procesos de evaluación de las alianzas de múltiples interesados, el conflicto asociado a género en Colombia y, finalmente, un balance de la Agenda 2030 desde la cepal. Así, Miriam Ordoñez parte del reconocimiento del trabajo que han hecho las agencias de las Naciones Unidas en torno al desarrollo sostenible y al cumplimiento de la Agenda 2030, primero con los Objetivos del Milenio desde el inicio del siglo xxi, y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde 2015 con una serie de políticas globales que se han transformado en estrategias nacionales a través de políticas públicas sujetas a procesos de monitoreo y evaluación. La autora plantea que, en términos de normatividad, la protección de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales han llevado un proceso de cobertura universal; sin embargo, al establecer tareas específicas para su garantía, las asociaciones entre múltiples interesados lo hacen en el marco de los proyectos de cooperación que llevan a cabo, pero no está identificado desde la fase de la planificación. Señala que, para realizar un adecuado examen y seguimiento del cumplimiento de los ods, las alianzas entre múltiples interesados tienen los elementos para contribuir a dicha protección; sin embargo, necesitan hacer un uso mayor de las capacidades nacionales e institucionales para producir datos e información fiable, con eficacia y la calidad de la cooperación internacional para hacer posible la Declaración de París de 2005, en términos de la gestión por resultados, la rendición mutua de cuentas y la transparencia. Es decir, pueden hacer un uso más eficaz de los procesos de política pública y de cooperación internacional y contribuir a la promoción, protección y defensa de los derechos humanos a través de la planificación, seguimiento y evaluación de sus acciones.

El artículo elaborado por Elizabeth Vargas toma como centro la inclusión de la perspectiva de género en un contexto de conflicto armado para analizar los ods 3 y 5. Tras sustentar la evolución de la perspectiva de género y el conflicto armado, la autora traslada al lector al proceso de la resolución del conflicto armado frente al reconocimiento de la falta de acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las mujeres. Como es señalado en el texto, la implementación de la Agenda 2030 se lleva en paralelo a contextos adversos como son los procesos de pacificación, negociación y la mediación, con lo cual los gobiernos responsables de alcanzar estadios de paz y estabilidad, no pueden hacer a un lado el objetivo de lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Así, se plantea la necesidad de llevar de forma simultánea la concertación para la pacificación a la protección de los derechos humanos y la inclusión de la perspectiva de género.

Finalmente, esta obra presenta un balance de las necesidades actuales de la Agenda 2030 con el texto de Juan Carlos Páez, quien realiza un análisis de la estrategia de la cepal desde el andamiaje de las Naciones Unidas frente a la llegada de la crsisis sanitaria por la Covid-19. Así, Páez analiza las repercusiones sociales y económicas de la pandemia en la región latinoamericana, y en específico del papel de las instituciones a nivel internacional y en el ámbito regional, las posibilidades y capacidades que se tienen para mitigar la crisis provocada por la pandemia, particularmente para el cumplimiento de la Agenda 2030. Desde un enfoque cuantitativo, se encuentran los factores demográficos y socioeconómicos que encontraron las mayores adversidades y que, frente a un escenario de vulnerabilidad de los derechos humanos, enfretan retrasos que ponen en tela de juicio la viabilidad del desarrollo sostenible para el año 2030.

El derecho a la ciudad y la Agenda 2030 para el desarrollo urbano sostenible en México: un análisis por tamaño de ciudad

Isela Orihuela

Introducción

La protección de los derechos humanos, específicamente los económicos, sociales, culturales y ambientales (desca), está regulada a través del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (pidesc), que entró en vigor y fue aprobado en 1966 por la Organización de las Naciones Unidas y, al que México se adhirió en 1981 (cndh, 2012). A través de los desca, se pretende satisfacer las necesidades básicas de la población del país para alcanzar una vida digna.

Tomando en cuenta que, en México, la mayor parte de la población (79%) vive en zonas urbanas o metropolitanas (inegi, 2020), uno de los conceptos que ayudaría a estudiar los desca en el país es el del derecho a la ciudad. El término se menciona en el Proyecto de Documento Final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas, 2016), y puede entenderse como el derecho a la igualdad y disfrute de las ciudades y los asentamientos humanos para promover su integración y garantizar que sean justas, asequibles y sostenibles para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

El vínculo del derecho a la ciudad con los objetivos de desarrollo sostenible (ods) de la Agenda 2030, se encuentra en el objetivo 11, que gira en torno de lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles (Naciones Unidas, 2018). En este objetivo se menciona, entre otras cuestiones, la necesidad de asegurar a todas las personas el acceso a la vivienda y servicios públicos para avanzar hacia una urbanización inclusiva y sostenible. Asimismo, entre los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política Mexicana, se reconoce el derecho a la vivienda digna y decorosa (Cámara de Diputados, 2021).

Considerando que las ciudades de México se distinguen por sus condiciones de desigualdad al interior y heterogeneidad en comparación con el resto (Orihuela y Sobrino, 2019), resulta relevante estudiar la situación de los desca en las ciudades del país, ya sean grandes, medianas o pequeñas.

El objetivo de este capítulo es analizar el derecho a la ciudad en México, a través del análisis de la situación actual de algunos elementos relevantes del entorno urbano y sus habitantes, como lo son la vivienda adecuada, el perfil sociodemográfico, la dinámica urbana y las condiciones de la economía local, con el propósito de saber si existe una diferenciación por su tamaño.

Los DESCA, el desarrollo urbano sostenible y el derecho a la ciudad

Los desca son aquellos relacionados con la igualdad material de condiciones para satisfacer las necesidades básicas de la población y una vida digna, la cual se compone de libertad, justicia y paz (cndh, 2012). La vida digna se define en el artículo 11 del pidesc, donde se menciona el derecho a un nivel de vida adecuado, el cual se refiere al acceso a la alimentación, vestido y vivienda como los elementos básicos para lograrlo.

En México, los problemas asociados a los desca comprenden una amplia gama de temas, desde problemas presupuestales hasta el acceso a la justicia (Conjunto de la Sociedad Civil México, 2017). Entre ellos se encuentran la falta de recursos asignados para las políticas sociales y la falta de perspectiva de género en las mismas, el derecho a la salud, prevención de adicciones y violencia en niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad, los problemas de agua, la ocupación informal, discriminación salarial y falta de empleo, los riesgos de desastres, falta de enfoque humanitario en los flujos migratorios, falta de derechos básicos en el desarrollo regional, falta de agenda ambiental, desalojos por megaproyectos y la especulación inmobiliaria, la falta de compromiso empresarial para salvaguardar los derechos humanos, y desigualdad en el acceso a la justicia.

Dentro de los temas sobre flujos migratorios, el desarrollo regional y la especulación inmobiliaria, se reconocen los problemas de acceso a los servicios básicos como educación, salud y vivienda. El acceso a una vivienda adecuada y a servicios básicos como agua, saneamiento, salud, educación, y asistencia social están entre las principales cuestiones a atender.

De acuerdo con lo anterior, la vivienda se considera como uno de los componentes de la vida digna, ya que es un derecho para toda persona contar con una vivienda adecuada para vivir en paz, con seguridad y dignidad (onu-habitat, 2018). Este derecho forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) contenidos en la Agenda 2030 (Naciones Unidas, 2015), en donde el Objetivo 11 menciona que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Una de sus metas, es asegurar que todas las personas tengan acceso a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles.

De acuerdo con onu-habitat (2018), una vivienda adecuada es la que cuenta con los siguientes elementos: seguridad de la tenencia para contar con garantía jurídica; disponibilidad de servicios materiales, instalaciones e infraestructura, lo que incluye agua potable, instalaciones sanitarias, energía y eliminación de residuos; asequibilidad para que todas las personas puedan acceder a una vivienda con servicios básicos; habitabilidad con espacios suficientes y seguros; accesibilidad, en donde el diseño y los materiales correspondan con las necesidades; ubicación con acceso a servicios y fuera de zonas de riesgo, además de la adecuación cultural que respete la identidad de las personas.

Estos elementos pueden encontrarse en mayor o menor medida en las ciudades dependiendo de las características de la población, de la dinámica de crecimiento y de la economía local, incluyendo su tamaño. Es en las ciudades en donde se encuentran la disponibilidad de infraestructura para el desarrollo de las actividades económicas, mayores opciones de esparcimiento y cultura, amplia variedad en servicios educativos y de salud, transporte y telecomunicaciones, así como las condiciones para la innovación y desarrollo tecnológico (Orihuela et al., 2015).

No obstante, estas condiciones son diversas y las ciudades también presentan altos niveles de heterogeneidad en comparación con otras dentro de un mismo país, además de desigualdad, segregación y exclusión al interior de cada una de ellas, por lo cual los compromisos adquiridos para garantizar los desca se han enfocado en estos problemas. En México, entre los principales pendientes de los desca, se identifican la pobreza, el acceso a la salud, educación, empleo y salario digno, el agua, la alimentación y la vivienda, además de las situaciones de violencia, corrupción y discriminación (Conjunto de la Sociedad Civil México, 2017; Naciones Unidas, 2019, y Ponce, 2017).

Debido a la alta concentración de población en las ciudades en 2020, 55% de la población mundial (Naciones Unidas, 2018) y 79% para México, (inegi, 2020), las ciudades han sido vistas como los lugares en donde los objetivos de la Agenda 2030 pueden cumplirse y llegar a soluciones concretas; así es en la Nueva Agenda Urbana (nau), en donde se plasman los lineamientos para la mejora de las zonas urbanas (Naciones Unidas, 2017). La nau menciona que, trabajando en las políticas urbanas, legislación, planificación y economía e implementación local, y con la participación de todos los sectores de la sociedad, las ciudades pueden dirigirse hacia a un desarrollo sostenible.

El término desarrollo sostenible se fue construyendo en el tiempo, a través de varios intentos por definir, primero, la sostenibilidad en el Informe Bruntland (wced, 1987), donde se identificaba la necesidad de satisfacer las necesidades presentes sin afectar a las futuras, y con un componente principalmente ambiental. A través de las siguientes cumbres, convenciones, protocolos y conferencias, el término se fue transformando más allá de lo ambiental para incluir a la sociedad y la economía dentro del término desarrollo sostenible en los ods, el cual se refiere a combatir la desigualdad, injusticia, pobreza y cambio climático a través de alianzas entre todos los actores involucrados (Naciones Unidas 1992, 1992a, 1995, 1998, 2000 y 2015a, y Orihuela, 2020).

Más adelante, a través de la nau, se reconoce la necesidad del desarrollo urbano sostenible debido a que la mayoría de la población vive en ciudades y la tendencia es hacia una concentración mayor en el futuro. El desarrollo urbano sostenible se define como la mejora integral de las condiciones de las ciudades, tomando en cuenta los ámbitos económico, ambiental, social, institucional y demográfico, para avanzar en la disminución de la pobreza y la desigualdad y así alcanzar una vida digna (Orihuela, 2020; Sobrino et al., 2015).

Asimismo, la nau, al reconocer la problemática urbana y a las ciudades como fuente de su solución, identifica la necesidad de contar con una ciudad para todos, en donde se plasma un ideal común para todos los países: que existan condiciones de igualdad para su disfrute a través de ciudades justas, seguras, sanas, accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles, lo cual se conoce como el derecho a la ciudad (Naciones Unidas, 2017).

El derecho a la ciudad se refiere a los derechos que garantizan la igualdad de condiciones para el acceso y disfrute de los bienes, servicios y oportunidades que ofrece la ciudad a todos sus habitantes. Lo anterior tiene sus antecedentes en los principales problemas urbanos que se detectan en el mundo, en América Latina y el Caribe y, específicamente, en México. Ellos tienen que ver con la desigualdad y segregación, exclusión social, acceso inequitativo a bienes y servicios públicos, vulnerabilidad y marginación (Naciones Unidas, 2017).

Entre los principales derechos a la ciudad que deben atenderse en México, se encuentran el derecho a la vivienda, el derecho al agua y el derecho al medio ambiente (puec-unam-cndh, 2017). El primero se relaciona con las características de la vivienda, tenencia, disponibilidad de servicios urbanos, materiales de construcción, equipamiento e infraestructura, así como los demás elementos que constituyen una vivienda adecuada y que se mencionaron anteriormente. El derecho al agua tiene que ver con el acceso y equidad en su distribución y calidad. Mientras que el tercero, se refiere a contar con un medioambiente sano, con servicios públicos básicos, a una vida saludable y productiva y sin riesgos, en armonía con la naturaleza.

De acuerdo con los planteamientos anteriores, existe una relación intrínseca entre los ods, los desca y el derecho a la ciudad. Los ods se originan a partir de los problemas más urgentes a ser atendidos en todos los países del mundo y donde se plantea la necesidad de soluciones integrales tomando en cuenta a todos los actores involucrados, mientras que los desca rescatan la relevancia de respetar los derechos humanos que garanticen la libertad, igualdad y justicia; en ellos, el derecho a la ciudad alude a la garantía de esos derechos enfocados a las zonas urbanas, en donde se concentra la mayoría de la población de todos los países del mundo y donde la inclusión, resiliencia y sostenibilidad se presentan como los principales retos a alcanzar.

Son diversos los factores a considerar para lograr un desarrollo urbano sostenible; sin embargo, tanto en los ods, como en los desca y en el derecho a la ciudad, las condiciones de la vivienda, el salario, la educación, la salud y la pobreza aparecen como algunos de los elementos a atenderse para conseguir una vida digna. Para poder realizar el análisis en este documento y, de acuerdo con la información disponible, se retomarán algunos de los elementos que onu-habitat define como los componentes fundamentales de una vivienda adecuada y se agregarán algunas variables sobre el entorno urbano y demográfico, además de la economía local, tomando en cuenta también el tamaño de la ciudad, a fin observar si existen diferencias en cada grupo de ciudades. Las variables y sus fuentes de información se presentan en el cuadro 1.

El tamaño de ciudad se clasifica en cuatro grupos de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Ciudad primada: Ciudad de México (cdmx).

2. Ciudades millonarias: de más de 1 000 000 de habitantes.

3. Ciudades intermedias: de 100 000 a 999 999 habitantes.

4. Ciudades pequeñas: de 15 000 a 99 999 habitantes.

Los tres primeros grupos corresponden a zonas metropolitanas en el país, las cuales se definen como concentraciones de población y actividades económicas, sociales y culturales que comparten un espacio común, fuera de los límites político-administrativos, en este caso los municipios (Orihuela, 2015), por lo que los datos presentados se refieren a agrupaciones municipales. La Ciudad de México, que es la zona metropolitana más grande del país, se considera como un caso aparte debido a su tamaño población, que rebasa a cualquier otra zona y que, para 2020, asciende a 21 804 515 habitantes. La delimitación de zonas metropolitanas corresponde a la definida por Sedesol-Conapo-inegi (2010).

En el caso de las ciudades pequeñas, estas no corresponden a zonas metropolitanas, pero tienen importancia en su estado debido a sus concentraciones iniciales de población, actividades económicas y disponibilidad de infraestructura y servicios.

En total, se consideraron 708 municipios de los 2469 que existen en México. Juntos concentran a un total de 103 999 363 habitantes, lo cual representa 81.4% de la población nacional. A continuación, se presenta el análisis correspondiente.

a) Elementos de la vivienda adecuada por tamaño de Ciudad en México, 2010-2020

Tenencia

En este rubro se tomaron en cuenta dos tipos de vivienda, la propia y la rentada. De acuerdo con los resultados, en la cdmx es donde existen el menor porcentaje de vivienda propia con 59% y el mayor de vivienda rentada con 22%; por el contrario, en las ciudades pequeñas es donde se encuentra el mayor porcentaje de viviendas propias con 72%, y el menor de las rentadas con 14%. En el caso de las ciudades millonarias e intermedias, los porcentajes son similares: 67 y 68% de viviendas, respectivamente, mientras que contienen 21 y 19% de viviendas rentadas en cada caso.

De acuerdo con los datos anteriores, entre más grande es el tamaño de la ciudad, hay menor propensión a contar con una vivienda propia, mientras que, por el contrario, las viviendas rentadas se encuentran en menor proporción en las ciudades con menor tamaño. En la cdmx, los mayores porcentajes de vivienda rentada se encuentran en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo. Por su parte, en las pequeñas, entre los municipios que tienen los mayores porcentajes de viviendas propias están Ixtlahuaca, Estado de México, Tekax, Yucatán y Jalpa de Méndez, Tabasco.

Disponibilidad de servicios públicos

En cuanto a servicios públicos se tomaron en cuenta a los ocupantes en viviendas particulares que no cuentan con drenaje, agua entubada y energía eléctrica. El porcentaje de ocupantes en viviendas particulares que no cuentan con drenaje es mayor en las ciudades pequeñas con 2.1%, lo cual disminuye notoriamente en las intermedias al llegar a 0.8%, se reduce a 0.7% en las intermedias y a 0.5% en la cdmx. En cuanto a energía eléctrica, la Ciudad de México es la que tiene menores rezagos con 0.2%, las millonarias 0.3%, las intermedias 0.6% y las pequeñas tienen mayor carencia con 0.8%. Con relación al agua potable, las mayores carencias están en las ciudades pequeñas, con 4.8%, le siguen las intermedias con 4.5%, disminuye para las millonarias en 2%, pero aumenta para la Ciudad de México a 3 por ciento.

En general, en los tres servicios hay mayores carencias en las ciudades pequeñas y menores en las intermedias y millonarias, excepto en el agua potable, en donde la cdmx tiene mayores carencias que las ciudades intermedias. Asimismo, el servicio que presenta mayores rezagos en todas las ciudades es de agua potable, mientras que el que tiene menores es el de energía eléctrica.

En las ciudades pequeñas, Ayutla de los Libres, Guerrero, y Chilapa de Álvarez, Guerrero, están entre los que tienen mayores rezagos en drenaje. En el mismo grupo, las mayores carencias en energía eléctrica se encuentran, por ejemplo, en Pueblo Nuevo, Guanajuato, y Ocosingo, Chiapas. Por su parte, también en ciudades pequeñas, hay mayores carencias de agua entubada en varios municipios de Guerrero, como Huitzuco, en Macuspana, Tabasco y en algunos de Oaxaca, como Santiago Pinotepa Nacional. En las ciudades intermedias, en donde también hay grandes rezagos de agua entubada, se pueden encontrar los casos de municipios de Oaxaca, como San Agustín Yatareni y Santa María Atzompa, y también en municipios de Veracruz, como Papantla y Tihuatlán.

Habitabilidad

Para analizar la habitabilidad, se tomó en cuenta el porcentaje de viviendas habitadas particulares con un cuarto, un dormitorio y el hacinamiento, que son indicadores de la carencia de espacios en la vivienda. Se incluyen también las viviendas con piso de tierra. De la misma forma, se incluyeron las viviendas que tienen acceso a una computadora, a servicio de internet, que cuentan con teléfono fijo y con celular. Finalmente se cuantifican las viviendas que reportaron no tener acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (tics).

Un dato importante para analizar los espacios en las viviendas es el promedio de ocupantes por vivienda particular habitada, el cual es muy parecido en los cuatro grupos de ciudades y es de 3.7 habitantes en la cdmx y en las pequeñas, 3.8 en las millonarias y 3.6 en las intermedias. Tomando en cuenta este dato, las viviendas que cuentan con un dormitorio están más concentradas en las ciudades pequeñas, ya que llegan hasta el 36.1% del total; los porcentajes bajan un poco para las intermedias y más notoriamente para millonarias, con 31.6% y 24%, respectivamente, pero en la cdmx aumentan a 30.7 por ciento. Los datos coinciden con el promedio de ocupantes por vivienda, en donde las ciudades pequeñas y la cdmx están por arriba de las demás y presentan mayores carencias al respecto.

En la cdmx, la concentración mayor de viviendas con un solo dormitorio está en los municipios y alcaldías con grandes proporciones de población, como son Iztapalapa, en la Ciudad de México y, Ecatepec y Nezahualcóyotl, en el Estado de México. En las ciudades pequeñas estas viviendas se encuentran más en municipios de Tabasco, como Cárdenas, Comalcalco y Huimanguillo. En las intermedias, destacan los casos de Benito Juárez, Quintana Roo, en donde se encuentra Cancún; Acapulco, Guerrero; Hermosillo, Sonora y Veracruz, Veracruz. Para las ciudades millonarias, las mayores proporciones se encuentran en Tijuana, Baja California; Puebla, Puebla; Juárez, Chihuahua, y Mérida, Yucatán.

La proporción de viviendas que cuentan con un solo cuarto mantienen un patrón creciente en cuanto disminuye el tamaño de población de las ciudades. Al menos, esto sucede en tres de los grupos: en la cdmx con 5.2%, en las intermedias con 6.8% y en las pequeñas con 8.1%. El patrón se rompe en las ciudades millonarias, ya que son las que tienen los menores porcentajes en este aspecto, llegando a representar 2.7% del total de las viviendas. En la cdmx, la alcaldía de Iztapalapa, así como los municipios del Estado de México como Chimalhuacán, Ecatepec y Nezahualcóyotl, contienen las mayores proporciones y coinciden con aquellos que tienen un solo dormitorio. Para las ciudades millonarias, municipios de Morelos como Huitzilac, Xochitepec y Tepoztlán están dentro de los más concentradores y, por el contrario, Juárez, San Nicolás de los Garza y Apodaca, en la zona metropolitana de Monterrey, son los que tienen menos proporción. En el caso de las ciudades intermedias, Acapulco, Cancún y Playa del Carmen, estos dos últimos en Quintana Roo, que también coinciden con las de un solo dormitorio, son las que concentran más este tipo de viviendas. Mientras que, en las ciudades pequeñas, estos porcentajes corresponden a municipios de Tabasco, como Macuspana y Cárdenas y también coinciden con los mencionados en mayores proporciones de un solo dormitorio.

Respecto del hacinamiento, que se refiere a la relación entre los ocupantes de la vivienda con el espacio disponible, las mayores proporciones de viviendas particulares habitadas se encuentran en las ciudades pequeñas, con 24.9%, seguidas por la cdmx, con 21%, después las intermedias con 20.6% y las menores proporciones están en las millonarias con 18.8%. Estas cifras tienen mucho que ver con la agrupación de los municipios en las zonas metropolitanas, en donde existe una combinación de tamaño de población diversa.

En las ciudades pequeñas hay mayor hacinamiento, como en algunos municipios de Chiapas, Ocosingo y Yajalón; en Quintana Roo se da Felipe Carrillo Puerto y Tulúm. En la cdmx, se encuentra en Ecatzingo, Chimalhuacán y Valle de Chalco, que son municipios conurbados al Estado de México. En las intermedias, en varios municipios de Veracruz, como Maltrata y Tilapan, así como algunos de Chiapas, como Berriozábal y Chiapa de Corzo, que tienen de las mayores proporciones. En las ciudades millonarias aparecen varios municipios de Tlaxcala, como Mazatechoco y San Pablo del Monte, y también de Puebla, como Acajete y Amozoc.

Las viviendas con piso de tierra representan carencias en cuanto a acceso a materiales de construcción e intervienen en la disminución de las condiciones de la vivienda. Las proporciones de viviendas con este tipo de piso son menores en las ciudades de mayor población y mayores en las de menor población. Tanto la cdmx como las millonarias, cuentan con una proporción de 2.2% con respecto del total, mientras que las intermedias aumentan el porcentaje a 3.9 y las pequeñas a 5.2 por ciento.

En las ciudades pequeñas, las mayores proporciones de viviendas con piso de tierra están en municipios de Chiapas, como Ocosingo y Las Margaritas, y en Guerrero, en Chilapa y Ayutla. Le siguen en proporción las intermedias, en donde se encuentran casos como Acapulco y Chilpancingo, en Guerrero y Papantla, Veracruz. En las millonarias, hay menos proporción de estas viviendas en San Pedro Garza García y Apodaca, ambos de la Zona Metropolitana de Monterrey, y mayores proporciones en municipios de Puebla, como Chiautzingo y Domingo Arenas. En la cdmx, las menores proporciones están en las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, y menos en municipios periféricos como Ozumba y Atlautla, del Estado de México.

Sobre el acceso a computadoras en las viviendas, las carencias en cuanto a no contar con una computadora, teléfono fijo, internet y ninguna otra tics, aumentan conforme las ciudades tienen menor población; sin embargo, no sucede así con los celulares (véase cuadro 2). La no disponibilidad de computadoras es de 48.9% para la cdmx y aumenta para todos los grupos de ciudades hasta llegar a 76.1% en las pequeñas. Por su parte, el teléfono fijo tiene su mayor proporción de carencia en las ciudades pequeñas, con 78% y disminuye mientras el tamaño de población aumenta hasta representar 39.9% en la cdmx. Si bien, esta es una de las mayores carencias en todas las ciudades, el teléfono fijo poco a poco ha sido sustituido por el teléfono celular, en donde los porcentajes para todas las ciudades son los menores de todos estos bienes y servicios, ya que en la cdmx 9% de las viviendas no cuenta con celular y aumenta la proporción con el tamaño de la ciudad hasta llegar a las pequeñas con el mayor porcentaje, 16.4%, excepto en las ciudades millonarias, en donde la carencia es mayor que en las intermedias.

En la cdmx, las alcaldías Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Coyoacán son las que tienen los mayores porcentajes de vivienda con computadora, y los que tienen los menores son Ecatzingo, Villa del Carbón y Atlautla, que son municipios conurbados del Estado de México. En las millonarias, San Pedro Garza García, en Nuevo León; Corregidora, en Querétaro, y San Andrés Cholula, en Puebla, tienen los mayores porcentajes, y las mayores carencias están en otros municipios de Puebla como Acajete, Chiautzingo y Tepatlaxco. En las intermedias, Zacatecas, Zacatecas; Pachuca, Hidalgo, y Chihuahua tienen los mayores porcentajes y los menores están en municipios de Veracruz como Oteapan y Maltrata. En las pequeñas, que es donde hay más rezago de todos los tamaños de ciudad, aparecen Cozumel y Puerto Morelos en Quintana Roo y Caborca en Sonora, con los mayores porcentajes de viviendas con computadora (entre 39 y 42%), y los menores (de 5 a 7%), están en municipios de Chiapas, como Ocosingo y Las Margaritas.

Las alcaldías de la cdmx son las que cuentan con mayor proporción de viviendas con teléfono fijo, entre ellas Benito Juárez, Coyoacán y Miguel Hidalgo; Villa del Carbón y Axapusco son los municipios que tienen menor porcentaje. En las ciudades millonarias, los municipios de la Zona Metropolitana de Monterrey, como San Pedro Garza García y San Nicolás de los Garza, tienen las mayores proporciones y la de menores están en Acajete y Domingo Arenas, Puebla. En las intermedias, Ciudad Madero y Tampico, en Tamaulipas, y Monclova, en Coahuila, así como Jamapa y Oteapan, en Veracruz, tienen las mayores proporciones. En las pequeñas, Sabinas y San Juan de Sabinas, en Oaxaca, tienen más viviendas con teléfono fijo y varios municipios de Chiapas, como Ocosingo y Teopisca tienen menos.

En la cdmx, tanto las alcaldías centrales como los municipios periféricos cuentan con teléfono celular. En las ciudades millonarias, municipios de las Zonas Metropolitanas de Monterrey y Guadalajara cuentan con mayores proporciones de servicios, pero en general, todos los municipios tienen más de 70% de las viviendas con celular. En las intermedias, La Paz, Baja California Sur; Hermosillo, Sonora; Chihuahua, Chihuahua, y Los Cabos, Baja California Sur, tienen mayores porcentajes y los menores están en municipios de Veracruz como Tilapan y Atzacan, pero aun con 70%. En las pequeñas, Chapala, Jalisco, Cozumel y Puerto Morelos, ambos en Q. Roo, tienen altos porcentajes y los menores están en municipios de Chiapas, como Ocosingo y las Margaritas con 46 y 43%, respectivamente.

En cuanto a la no disponibilidad de Internet, las proporciones bajan mientras las ciudades son más grandes. Para la cdmx, estas viviendas representan 32.2%, mientras que aumenta para las millonarias e intermedias y lo hace aún más en las pequeñas, al llegar a 64.5%. Por su parte, las tics siguen esta misma tendencia, ya que las viviendas que reportaron no tenerlas son menores en la cdmx con 0.5% y mayores en las ciudades de menor tamaño, en donde llegan hasta el 3.4 por ciento.

En la cdmx, las alcaldías como Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Coyoacán tienen los mayores porcentajes de viviendas con Internet, y esto se generaliza prácticamente para todas las alcaldías, mientras que las menores proporciones están en municipios como Ecatzingo y Villa del Carbón, que son municipios en la periferia. En las ciudades millonarias destacan los municipios centrales de la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León; Guadalajara, Jalisco, y Querétaro, Querétaro, mientras que Acajete y Tepatlaxco, en Puebla, tienen menores proporciones. En las intermedias, Zacatecas, Zacatecas; Boca del Río, en Veracruz, y Tampico, en Tamaulipas, cuentan con más cobertura, mientras que Maltrata y Cazones, en Veracruz, tienen cifras de entre 10 y 15%. En las pequeñas, Cananea, Veracruz; Cozumel, Quintana Roo, y Puerto Peñasco, Sonora, están entre las mejores posicionadas, mientras que algunos municipios de Chiapas como Ocosingo y Venustiano Carranza apenas alcanzan un 5 por ciento.

En cuanto a la proporción de viviendas sin tics, las de menores proporciones en la cdmx están en las alcaldías como Benito Juárez, Coyoacán y Miguel Hidalgo, y las mayores carencias en municipios periféricos del Estado de México, como Ecatzingo y Atlautla. En las ciudades millonarias, los municipios de Zonas Metropolitanas como Monterrey, Nuevo León; Guadalajara, Jalisco, y Aguascalientes, Aguascalientes, tienen menores carencias, y las mayores están en municipios de Veracruz, como Mazatechoco y Nativitas. En las intermedias hay menos carencias en Zacatecas, Zacatecas; Chihuahua, Chihuahua; Pachuca, Hidalgo; y más en municipios de Oaxaca como Animas Trujano y San Blas Atempa. En las pequeñas, Tepatitlán y Chapala, en Jalisco, tienen las menores carencias, mientras Ocosingo y Las Margaritas, en Chiapas, tienen las mayores.

b) Perfil sociodemográfico

En este rubro se tomaron en cuenta el promedio de años de estudio, como un indicador de la escolaridad de la población; el índice de marginación, que considera varios tipos de carencias; el nivel de pobreza, que tiene que ver con la población que gana hasta dos salarios mínimos; y, la población que no cuenta con derechohabiencia a servicios de salud (véase cuadro 3).

El promedio de escolaridad es menor en las ciudades de menor tamaño, representando 8.5 años de estudio en las ciudades pequeñas, el cual corresponde hasta la educación secundaria. Mientras tanto, para los tamaños más grandes, va aumentando hasta llegar a 10.3% en la cdmx, que correspondería a la educación media superior o preparatoria.

Los mayores promedios de escolaridad se encuentran en las alcaldías de la cdmx, como Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Coyoacán, mientras que Hueypoxtla y Villa del Carbón, en el Estado de México tienen menores. En las ciudades millonarias, los municipios de la Zona Metropolitana de Monterrey, como San Pedro Garza García y San Nicolás de los Garza, tienen los mayores promedios, y Tepatlaxco y Acajete los menores. En las intermedias, Tlaxcala, Tlaxala; Zacatecas, Zacatecas, y Pachuca, Hidalgo, tienen los mayores promedios y entre los que menos tienen están Cazones y Maltrata, en Veracruz. En las pequeñas, Cananea, Sonora; Puerto Morelos y Cozumel, ambas en Quintana Roo, tienen mayores promedios y los menores están en municipios de Chiapas, como Las Rosas y Teopisca.

La derechohabiencia a servicios de salud es más escasa en la cdmx, seguida por las ciudades pequeñas, con 31.1 y 28.6%, respectivamente. Mientras que en las ciudades millonarias baja a 24% y aumenta a 25.1% en las intermedias. Fuera de la cdmx, el patrón parece indicar que el acceso a servicios de salud por parte de los derechohabientes es menor mientras más pequeña es la ciudad.

Los mayores porcentajes de población sin derechohabiencia cercanos a la cdmx, que es una de las principales carencias en el país, se encuentran en los municipios periféricos del Estado de México, como Hueypoxtla con 96% y Chimalhuacán con 91%; y los menores, en la cdmx, se encuentran en las alcaldías Benito Juárez, con 32% y Miguel Hidalgo, con 33%. En las ciudades millonarias, los mayores porcentajes están en municipios de la Zona Metropolitana de Toluca, como Mexicaltzingo (89%) y Xonacatlán (88%), y los menores en municipios de la Zona Metropolitana de Monterrey, como San Nicolás de los Garza (31%), Apodaca y San Pedro Garza García (23%). En las intermedias, las mayores carencias están en municipios de Chiapas, como Chiapa de Corzo y Tapachula con 92%, mientras que las menores se encuentran en La Paz, Baja California Sur; Guanajuato, Guanajuato, y Manzanillo, Colima (entre 27 y 30%). En las pequeñas, municipios de Michoacán, como Zitácuaro, Tacámbaro e Hidalgo, tienen las mayores proporciones (entre 94 y 95%), y los de Allende, Linares y Sabinas Hidalgo, en Nuevo Neón, las menores (entre 24 y 25%).

El ingreso promedio de las familias tiende a aumentar con el tamaño de la ciudad. La mayor cantidad se encuentra en la cdmx con 8 771 pesos por familia, el cual baja a 8 540 para las ciudades millonarias, a 7 297 para las intermedias y 6 242 para las pequeñas. Esto se encuentra con relación indirecta a la población que gana hasta dos salarios mínimos y que se puede considerar por debajo de la línea de pobreza, ya que la proporción de esta población aumenta cuando el tamaño de la ciudad disminuye. El porcentaje más bajo se encuentra en la cdmx con 66.4%, mientras que el más alto está en las ciudades pequeñas, con 77 por ciento.

Las alcaldías en donde el ingreso promedio es mayor son Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, en la cdmx