4 octubres, dos procesos E-Book

Jorge Jaraquemada

• Herausgeber: Ediciones El Líbero
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 178

Veröffentlichungsjahr: 2023

Beschreibung

Cuatro años han pasado desde aquel viernes 18 de octubre de 2019 en que la violencia se tomó las calles de nuestro país. Su radicalidad amenazaba nuestra convivencia, mientras la indiferencia de autoridades y líderes de opinión frente a ella debilitaba cada vez más el estado de derecho. La respuesta de nuestro sistema político fue que la concordia llegaría junto con el advenimiento de una nueva Constitución. Fue así como transitamos hacia un acuerdo que implicaba una doble promesa: elaborar un andamiaje institucional donde todos nos sentiríamos representados y poner fin a la conflictividad política. El primer intento fracasó con estrépito. Está por verse qué ocurrirá con el segundo. Este libro compila las columnas de opinión publicadas por el autor en El Líbero y constituyen un aporte a la reflexión y discusión racional en la medida que acompañaron el largo sendero por el que caminó el país en su búsqueda de un reemplazo constitucional.

Leseprobe

De la presente edición

El Líbero

1ª edición en español en El Líbero,

Noviembre de 2023

Dirección de Publicaciones

Av. El Bosque Central 69, oficina 201

Las Condes, Santiago Chile

Teléfono (56-2) 29066113

www.ellibero.cl

ISBN: 978-956-9981-42-5

ISBN digital: 978-956-9981-43-2

Las columnas reunidas en este libro fueron publicadas entre mayo de 2021 y noviembre de 2023 en El Líbero.

Diseño & diagramación: Huemul Estudio / www.huemulestudio.cl

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PRESENTACIÓN

Cuatro años han pasado desde que se inició abruptamente en Chile un estallido de violencia de carácter insurreccional que, con curiosa premura, medios, actores políticos y comentaristas concordaron en llamar “estallido social”. Aunque el 18 de octubre de 2019 representó la efervescencia de múltiples necesidades sociales que no encontraban respuestas en la institucionalidad política a través de masivas manifestaciones en las calles de nuestro país, lo cierto es que estos hechos se usaron para justificar el destape “explosivo” de una escalada de violencia política que, desde hacía tiempo, venía socavando nuestra convivencia política. Basta recordar que el Partido Comunista chileno le pidió a través de los medios de comunicación la renuncia al Presidente de la República a pocas horas de iniciados los hechos.

Chile entró en un momento insurreccional que, desde el primer día, destruía y saqueaba todo lo que encontraba por delante. Los pequeños locales comerciales colocaban carteles en sus vitrinas rogando que no los destruyeran, mientras muchas personas eran humilladas durante su trayecto al volver a casa. Mobiliario público, buses, estaciones de transporte, cuarteles policiales, centros de salud y supermercados fueron azotados por la violencia. Sin metro, con toque de queda, con comercio y bancos funcionando irregularmente, una ciudad sitiada por todos lados y una fuerza pública que día a día era debilitada, padecimos una anomia devastadora que solo las cuarentenas lograron sacar de las calles. El Gobierno de entonces tomó la decisión inédita de decretar Estado de Excepción Constitucional de Emergencia por grave alteración del orden público.

Tengo el recuerdo vívido de una reunión en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia que tuvo que ser suspendida por los hechos. Los días previos, en los cuales se vivían las evasiones masivas avaladas por dirigentes políticos y parlamentarios en ejercicio, no se vislumbraba que esto pudiera crecer al punto de transformarse en la mayor crisis institucional en casi 50 años en nuestro país. También recuerdo que en los días siguientes, en sesiones diarias en el Congreso y sin interrupciones, parlamentarios de la entonces oposición se manifestaban muy sorprendidos, preocupados, estupefactos. Sin embargo, no hubo una condena enérgica y definitiva de la violencia de parte de esos dirigentes políticos. De hecho, aquello ha llegado de manera tibia y en formato de “autocrítica política” bastante tiempo después.

En medio de esta crisis y como consecuencia del descontrol y la amenaza persistente a nuestro Estado de Derecho, las diferentes fuerzas políticas con representación en el Parlamento lograron un Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución que contribuyó a templar los ánimos del sistema político y aliviar la sensación de incertidumbre de los mercados, pero que no puso fin a los ataques violentos, llegando incluso a intensificarse en algunas dimensiones como la campaña de odio y desprestigio hacia Carabineros de Chile. La violencia no se detuvo ni fue condenada por las izquierdas.

El desborde institucional en que nos encontrábamos -y que las columnas que recoge este libro fueron describiendo en tiempo real mientras ocurría- fue revelador de un Chile que venía “saltando torniquetes” desde hacía tiempo. Así como ya había ocurrido en el Congreso con los intentos por instalar un parlamentarismo de facto, propiciado nada menos que por el Presidente del Senado en ejercicio, también sucedió en la propia Convención Constitucional que se auto atribuyó facultades que la excedían por completo. La polarización, el voluntarismo, el resentimiento, la violencia y un país que se hacía cada día más pobre levantaron una sombra preocupante sobre el proceso constitucional. Muchos de los convencionales constituyentes se creyeron soberanos del poder constituyente total y sin límites, cuestión que se tradujo en variadas y excéntricas exigencias. De hecho, antes de dar por terminada la ceremonia de instalación de la Mesa electa de la Convención Constitucional por la tarde del 4 de julio, la propia Mesa citó para el día siguiente con el objeto de “tratar el tema de los presos de la revuelta”. Para la izquierda más radical la Convención Constitucional no era sólo una instancia redactora, era en sí misma una instancia redentora y con vocación de poder total.

El primer proceso -como se constata en las columnas que compendia este libro- mostró su espíritu octubrista de principio a fin: desde el reconocimiento por el convencional Atria de que el momento constitucional fue impulsado por la violencia, hasta los intentos por poner en jaque la libertad de expresión y cancelar a personas e instituciones que solicitaban exponer en audiencia ante los convencionales, la Fundación Jaime Guzmán entre ellas. Siempre hubo una disposición hegemónicamente refundacional.

El minoritario espacio de representación que le quedó a la derecha al interior de la Convención abrió los apetitos maximalistas de la mayoría izquierdista que triunfó. A punta de funas a quienes no votaban como ellos esperaban -que incluso afectaron a sectores de la centro izquierda- impulsaron un proyecto constitucional plurinacional que fragmentaba al país, que incluía diferentes sistemas de justicia en paralelo, que atropellaba el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos y un amplio articulado que, en su conjunto, como bien señala Jorge Jaraquemada, “se apartaban prosaicamente de nuestras tradiciones jurídicas y constitucionales, y daban paso a una nueva forma de desigualdad, en la que los ciudadanos quedábamos desprovistos frente al inmenso poder del que se dotaba al Estado”. Por estas razones, después del amplio apoyo en el plebiscito de entrada a la opción de darnos una nueva constitución, el país, con una mayoría tan rotunda como incuestionable, rechazó el proyecto ofrecido por la Convención Constitucional. Chile dijo “rechazo” a la redención constitucional octubrista.

La pandemia impactó directo la energía octubrista de la calle y nuestras urgencias se elevaron a nivel vital. El país padeció cuarentenas, destrucción de empleo, cambios en sus modos de trabajar y ofrecer servicios. Como colaborador del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, puedo decir que las primeras tesis octubristas comenzaron a derrumbarse cuando se mostró, en plena pandemia, la importancia decisiva de la colaboración público-privada. Luego, la delincuencia, los crímenes inéditos en nuestro país como consecuencia del ingreso de nuevas bandas delictivas, se volvieron la primera preocupación ciudadana y cambiaron el eje de la discusión constitucional.

Esto explica la conformación política del Consejo que alumbró el segundo proceso constitucional y también que el nuevo proyecto proponga diferentes instituciones que se hacen cargo de la seguridad, como la nueva Defensoría de las Víctimas o la nueva Fiscalía Supraterritorial. Además -como se lee en las columnas contenidas en este libro- este segundo proceso, como efecto de su marco legal y del giro social expuesto, ha sido notablemente más sobrio, eficiente y sensato. Hemos vuelto a hablar de bien común, de derechos fundamentales, de libertad de elegir y de unidad. Pero, sobre todo, diferentes sectores han vuelto a realizar esfuerzos por aplicar ese elemento tan fundamental para la política: el diálogo.

Este segundo proceso, que se gestó con un amplio y transversal consenso político que depositó la legitimidad democrática en doce bordes acordados por el Congreso, en una Comisión de Expertos mandatada por el Congreso Nacional y en un Consejo Constitucional electo, no fue suficiente para la izquierda. Una parte muy amplia de ella, con mucha anticipación, decidió votar en contra de la propuesta recién culminada a pesar que múltiples e importantes contenidos se fraguaron en la Comisión Experta y se mantuvieron y mejoraron en las instancias reglamentarias posteriores.

Este escenario nos revela que, para la gran mayoría de la izquierda, el principal problema de la Constitución que hoy nos rige no es su legitimidad, alegada hasta la majadería, ni tampoco que un nuevo texto estuviera cubierto por procedimientos e instituciones que garantizaran sus estándares democráticos. Todo indica que lo que esa izquierda nunca va a ceder son los contenidos ideológicos que pretende plasmar en una constitución. Para ellos se trata de intentar nuevamente refundar Chile a su manera, bajo su modelo y visión de sociedad, aunque tengan que esperar el momento propicio para ello. Por esto, es de esperar que esta segunda oportunidad que nos hemos dado de redactar una Carta Magna permita poner fin al ciclo de conflictividad constitucional.

Este libro -resultado de la compilación de columnas que acompañaron los dos procesos constitucionales- nos muestra los ejes sobre los que ambos han girado y entrega pistas de por qué, luego de cuatro años, aún no hemos cerrado esta etapa, pues nuestra clase política sigue polarizada aunque intente resolver sus fricciones por la vía de la representación y la institucionalidad. Es un libro que repasa un ciclo de conflictividad que nos transporta hacia las ideas y principios que debieran sustentar una constitución moderna, pero también es un libro sobre la memoria que nos recuerda el germen del primer y del segundo proceso, y el modo en que ambos se han desarrollado y resuelto. Y, sobre todo, es un libro de política, porque el autor toma siempre posición sobre los debates constitucionales que se han generado. No tengo dudas que será una importante contribución para entender el Chile de nuestros días.

Máximo Pavez Cantillano

Ex Subsecretario General de la Presidencia

Miembro del Comité de Expertos del Consejo Constitucional

Índice

Introducción

Sociedad libre v/s socialismo

Mayo 2021

El reglamento

Junio 2021

Poder constituyente

Julio 2021

Libertad de expresión en riesgo

Agosto 2021

Los excesos de la Convención

Septiembre 2021

Plebiscitos dirimentes y estado de derecho

Octubre 2021

Una Convención perpleja.

Noviembre 2021

La Convención y el presidente electo

Diciembre 2021

Primeras normas constitucionales: De lo nocivo a lo exótico

Enero 2022

Convención: avances de verano

Febrero 2022

Hacia el poder total

Marzo 2022

La Eco-Constitución que no fue… al menos por ahora

Abril 2022

Una Constitución indigenista para Chile

Mayo 2022

Poderes sin equilibrios ni contrapesos

Junio 2022

Derechos con letra chica

Julio 2022

En síntesis

Agosto 2022

Una victoria amplia, rotunda y épica

Septiembre 2022

¿Y ahora qué?

Octubre 2022

El fracaso de una Convención, de un gobierno y de una ideología

Noviembre 2022

El año que vivimos en peligro

Diciembre 2022

Riesgos del nuevo proceso constitucional

Enero 2023

Desafíos del comité de expertos

Febrero 2023

Probidad y transparencia en el proceso constitucional

15 de marzo de 2023

Subsidiariedad y rol del Estado en Jaime Guzmán. Aporte al proceso constitucional a 32 años de su asesinato

30 de marzo de 2023

¿Qué tan compatible es el Estado social con un rol subsidiario?

15 de abril de 2023

¿Estado social o subsidiario? Entre el amor y el odio

30 de abril de 2023

Desafíos y riesgos del proceso constitucional después del 7 de mayo

15 de mayo de 2023

Triunfo de la sensatez

30 de mayo de 2023

Conteniendo el activismo judicial

10 de junio de 2023

Deberes en el anteproyecto constitucional

24 de junio de 2023

Lo inevitable y lo demás

8 de julio de 2023

Protección del que está por nacer

22 de julio de 2023

Activismo judicial y Estado social

5 de agosto de 2023

Las aguas en el proceso constitucional

19 de agosto de 2023

11 de septiembre

2 de septiembre de 2023

Bienvenida innovación judicial

16 de septiembre de 2023

Pare, mire y escuche

30 de septiembre de 2023

Cuatro octubres, dos procesos

14 de octubre de 2023

Libertad de elegir

28 de octubre de 2023

A favor

11 de noviembre de 2023

INTRODUCCIÓN

Hace cuatro años que octubre estalló. Desde aquel día nuestro país padeció un conato de insurrección que derivó en una crisis social y política. Luego de años en que habían venido germinando la emocionalidad ideológica y la violencia en las manifestaciones, finalmente los torniquetes cedieron y estallaron a punta de acelerantes. De pronto se asentó la idea de que éramos el país más desigual del mundo y proliferó la percepción de que las estaciones de metro quemadas simultáneamente, los supermercados saqueados, los edificios, microbuses e iglesias incendiadas y las calles asoladas por turbas indómitas eran un estallido social o una revuelta, cuando en verdad fue un amague de insurrección. Con el humo en las narices, casi no hubo resistencia política a las consignas que promovían el repudio a los treinta años de democracia. Cada malestar, sensación de injusticia o desigualdad era suficiente para desencadenar emociones que estallaban una y otra vez. Y así la descalificación y la violencia se introdujeron como polizontes en nuestra sociedad y se hicieron parte de nuestro paisaje cotidiano.

El Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución -que firmaron las fuerzas políticas casi un mes después de aquél fatídico 18 de octubre- se soportó en dos pilares: contener la violencia que amenazaba nuestro Estado de Derecho y buscar la concordia política a través de un nuevo pacto social. Quienes pusieron sus firmas y voluntades para sacar adelante dicho acuerdo se vieron prontamente defraudados. Lejos del espíritu común que marcó nuestra transición democrática, ese acuerdo no fue honrado por todos. Para una parte de la izquierda sólo fue un desvío para evitar la búsqueda de un proyecto común.

Octubre cambió el modo de hacer política en Chile. La lluvia de acusaciones constitucionales, las provocaciones callejeras a las policías y Fuerzas Armadas, y los homenajes a la “primera línea” son claros ejemplos de ese cambio radical. Los acuerdos perdieron validez y prestigio porque ahora la política pretendía agudizar el antagonismo y remarcar las identidades. Y para las izquierdas más extremas el horizonte fue sepultar el espíritu de consenso. Por eso el PC y otros partidos frenteamplistas se restaron de la firma de ese acuerdo, pues pactar habría implicado marginar los extremos y lo que buscaban -y aún buscan- es lo contrario: imponerse al resto, más allá de las formas, porque para ellos la política es un constante conflicto. Basta ver cómo se relacionan al interior del oficialismo para entenderlo.

La Convención fue un lamentable reflejo de este diagnóstico. Su sistema de elección se elaboró sobre un andamiaje que daba cuenta del desconcierto en que se había sumido nuestra clase política. Los partidos quedaron debilitados frente a candidatos solapados bajo el rótulo de independientes. El reglamento de funcionamiento lo escribirían sus propios integrantes. La elección de los convencionales rápidamente reveló que esta fórmula profundizaría nuestra crisis. Detrás de las consignas de independencia y la inclusión reparativa de integrantes de pueblos originarios se ocultaban intereses ideológicos y fragmentarios que, apoyados en la amplia mayoría que obtuvo la extrema izquierda, los impulsó desde el primer día a radicalizar el proceso desde la lógica del antagonismo. La discusión sobre las facultades y límites de la Convención fue lo primero que se tomó el debate público porque los convencionales no reconocían límites a su función e intentaron alterar sus facultades en más de una ocasión.

La negación a construir un pacto social que nos uniera y solucionara nuestra conflictividad se pudo advertir desde su inauguración. El desprecio a los símbolos patrios, los intentos de cancelación a instituciones que tuvieran una mirada distinta de la historia reciente, la exigencia de indulto para los denominados “presos de la revuelta” y la hostilidad hacia quienes osaban votar en contra de propuestas radicales o derechamente extravagantes, desnudaron el espíritu aciago que rodeó a la Convención. Ni la paz, ni tampoco un ánimo de concordia política, surgieron en la mayoría que la hegemonizó. Lo suyo fueron los amedrentamientos, los gritos, una que otra vulgaridad y un derroche de emociones poco controladas. Así, la promesa de construir la “casa de todos” fue burlada desde su inicio. El octubrismo había infectado nuestra convivencia.

El 4 de septiembre de 2022 el país se movilizó y manifestó en las urnas su contundente rechazo y hastío con ese espíritu octubrista. Pero la masiva participación y el rotundo resultado de ese plebiscito no fueron suficientes para que las izquierdas que “habitan” en La Moneda desistieran de sus afanes. Para ellos fue culpa de la incomprensión y de las fake news que la ciudadanía diera al traste con su propuesta de refundar Chile con plurinacionalidad, eliminación del Senado, relativización de la propiedad privada, debilitamiento del Poder Judicial, marginación de los privados de contribuir al bien común y un sinfín de normas alejadas de nuestra tradición jurídico-constitucional y del sentido común de la población. Cualquier excusa antes que admitir el profundo fracaso de su proyecto, uno que era maximalista e ideológicamente perturbador y suicida para el país.

Con el fracaso del primer proceso de sustitución constitucional la clase política abrió una segunda oportunidad, pero esta vez tomando resguardos para evitar las excentricidades personales y las extravagancias jurídicas del primero. Surgieron los bordes institucionales y un comité de admisibilidad para custodiar su cumplimiento; un comité de expertos nominado por el Congreso con igual representación para oficialismo y oposición encargado de elaborar un anteproyecto por consenso; y un consejo constitucional electo en quien recaería la responsabilidad final de aprobar el texto que se propondría al país. La elección de los consejeros mostró un Chile bipolar. Así como en la Convención la favorecida fue la izquierda más radical, ahora la ciudadanía confió en las derechas.

Ese texto ya está listo y es moderno y sensato. Y no es extraño que resulte ajeno y difícil de asumir para las izquierdas. Cuando tuvieron mayoría hegemónica en el primer proceso, no titubearon en imponer sus ideas, por estrambóticas que algunas parecieran, sin sopesar el daño institucional que su propuesta causaría al país. Esa “casa común” que propusieron al inicio y que, cuando se vieron en desventaja en el segundo proceso, reclamaron con vehemencia, la habían dejado caer en el vacío durante ese interregno luctuoso que fue la Convención. Una época que ojalá perviva en la memoria de Chile para soslayar los excesos a los que conduce el maximalismo ideológico.

Por eso las izquierdas prepararon temprana y paulatinamente un argumentario en el cual sostener su decisión de rechazar la nueva propuesta constitucional aprobada por el Consejo. Atrás quedaron sus argumentos sobre el origen espurio de la Constitución actual y su consiguiente ilegitimidad. La fuerza de los hechos los lleva, por fin, a admitir que su verdadera resistencia siempre se fundó en sus contenidos. Es la misma y única razón que ahora les queda. Da igual si el texto propuesto por el Consejo tiene los más elevados estándares democráticos, que tenga la bendición de la Comisión de Venecia o que haya incorporado muchas de las normas que ellos mismos propiciaron, como el Estado Social y Democrático de Derecho. Lo que les quita el sueño es que la nueva propuesta tiene mucho de lo que abominan de la Constitución vigente y, además, si se aprueba, ya no podrán caricaturizarla como una constitución ilegítima o tramposa ni atribuirle otras cuitas. Estar en contra de esta propuesta les permite apostar a que, en dos, cinco o diez años más puedan desencadenar otro “momento constituyente” y beneficiarse del quórum de reforma de la Constitución actual que, en el fragor del actual, fue reducido a solo 4/7.

Nuestro afán durante ambos procesos constitucionales ha sido -sin duda con carencias- contribuir a la reflexión y discusión racional, entendiendo que la estabilidad y gobernabilidad de un país se afirma fundamentalmente en un conjunto coherente de unas pocas, pero prioritarias normas básicas que tienen el valor de configurar las instituciones y sistemas idóneos para proyectar un país hacia el futuro. Nadie debiera olvidar entonces que el compromiso político por una nueva constitución fue precedido de una promesa concreta: lograr un pacto social que nos devolviera la concordia. El principal valor de este libro que compendia columnas tal vez sea haber acompañado este largo derrotero de reemplazo constitucional, dando cuenta de los diferentes elementos que han configurado cada proceso y haber emitido una opinión sincera, a veces cruda y partisana, sobre el devenir del que he sido testigo privilegiado gracias a mi trabajo en la Fundación Jaime Guzmán Errázuriz y a la oportunidad que me ha brindado El Líbero.

Sociedad libre v/s socialismo

Mayo 2021

Una Constitución, en lo básico, es el estatuto político y jurídico de un país que organiza, distribuye y limita el poder y regula el funcionamiento de sus instituciones (atribuciones y límites), reconociendo y garantizando a todas las personas sus derechos fundamentales. La idea que subyace es contener el poder del Estado y establecer contrapesos en su ejercicio, de manera que todas las personas, iguales en dignidad y derechos, puedan convivir y desarrollarse libre, responsable y pacíficamente. Considerando lo dicho, en una sociedad libre, respetuosa de los derechos y libertades, una Constitución debería poner a las personas en el centro de la sociedad, posibilitándoles acceder a bienes humanos básicos que permitan su realización integral tanto material como espiritual. Esta definición es central para entender porqué el principio, sujeto y fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona y, en consecuencia, que el Estado está al servicio de ella y no al revés. Este principio constitucional de servicialidad del Estado, básico y sustantivo, permite un mejor resguardo de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y proteger las exigencias de justicia derivadas, precisamente, del trato que merece cada persona dada su dignidad.