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- Herausgeber: Ediciones Universidad Católica de Salta
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
Ante la crisis climática actual, la protección del medio ambiente y el resguardo de los seres de nuestro planeta, en especial de los niños, se han convertido en temas de vital importancia. Es por ello por lo que el Instituto de Derecho Ambiental de la Universidad Católica de Salta ha convocado a profesionales de Argentina y América Latina para que aporten su realidad y análisis desde sus contextos, regiones y países. Se deben aunar los esfuerzos para que exista un enfoque de derechos humanos con perspectiva de infancia que no convierta las reglas de protección en fórmulas vacías, sin efecto práctico. El interés superior del niño debe ser el eje transversal en las decisiones de los estados latinoamericanos.
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Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2024
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Ambiente y niñez
Ambiente y niñez
María Elisa Rosa y Rosa Inés Torres Fernández
Coordinadoras
Ambiente y niñez / Silvina V. Abud ... [et al.] ; compilación de María Elisa Rosa ; Rosa Inés Torres Fernández. - 1a ed. - Salta : EUCASA-Ediciones Universidad Católica de Salta, 2024.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga
ISBN 978-950-623-299-3
1. Ambiente. 2. Niñez. 3. Ciencias Sociales. I. Abud, Silvina V. II. Rosa, María Elisa, comp. III. Torres Fernández, Rosa Inés, comp.
CDD 344.046
© 2023, por EUCASA (EDICIONES UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA)
Resolución Rectoral: 679/2.023
Diseño interior: Fabio Viale ([email protected])
Arte de tapa: Flavio Burstein STEREOTYPO (www.stereotypo.com.ar)
Domicilio editorial: Campus Universitario Castañares - 4400 Salta, Argentina
Web: www.ucasal.edu.ar/eucasa
Tel./fax: (54-387) 426 8607
e-mail: [email protected]
Primera edición en formato digital: marzo de 2024
Versión 1.0
Digitalización: Proyecto451
ISBN edición digital (ePub): 978-950-623-299-3
Este libro no puede ser reproducido, total o parcialmente,sin autorización escrita del editor.
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA
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Comercialización
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PRESENTACIÓN
El Instituto de Derecho Ambiental y de la Sustentabilidad (IDEAS), de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Salta, tiene la satisfacción de presentar esta obra, resultado de un trabajo en equipo, desde su gestación en la elección de su temática, la propuesta y el contacto con los autores invitados. Es la novena obra interdisciplinaria, fruto del trabajo de sus miembros y de distinguidos profesionales que acompañan la labor del instituto. Convocamos a profesionales de la Argentina y de América Latina para que aporten sus conocimientos sobre las realidades de sus regiones y países.
Hemos buscado que el tema elegido para la publicación esté vinculado con el medio ambiente debido a la necesidad e importancia de su abordaje hacia un mayor entendimiento, conocimiento y difusión de su protección. Es esencial resguardar la vida de todos los seres de nuestro planeta, la “casa común” y, en especial, de quienes consideramos uno de los colectivos más vulnerables: los niños, niñas y adolescentes, que son quienes sufren en mayor medida las consecuencias de la crisis climática actual.
En este sentido, como integrantes del Instituto de Derecho Ambiental de la UCASAL, elegimos esta temática en virtud de la importante relación que existe entre los niños, niñas y adolescentes y el medio ambiente.
Consideramos que debe existir un enfoque de derechos humanos con perspectiva de infancia que no convierta las reglas de protección de derechos en fórmulas vacías sin efecto práctico. Sostenemos que el interés en el niño debe ser un verdadero eje transversal y esencial que debe estar presente de manera ineludible en cada decisión del Estado, cuestión que reviste particular importancia cuando hablamos de derechos ambientales de niños, niñas y adolescentes.
Agradecemos a quienes realizaron sus aportes desde la dimensión científica y técnica, aportando contenidos de gran valor.
María Elisa Rosa
Miembro de IDEAS UCASAL
Rosa Inés Torres Fernández
Miembro de IDEAS UCASAL
PRÓLOGO
MARÍA CRISTINA GARROS MARTÍNEZ (1)
Las coordinadoras de esta obra, las Dras. Rosa Inés Torres Fernández y María Elisa Rosa, me han invitado a prologarla, lo que acepté con mucho gusto y espero hacerlo eficientemente.
Es un tema demasiado serio, real y actual, que merece toda nuestra atención, en vista de que, desde la Convención de Estocolmo hasta nuestros días, incluyendo las encíclicas del papa Francisco Laudato Si’ y Fratelli Tutti, se hace referencia a la responsabilidad que les cabe a las actuales generaciones y la que les cupo a las anteriores en el cuidado del ambiente, en el cuidado de la “casa común” para nosotros y para que las nuevas generaciones, o sea, los niños del futuro, tengan los mismos derechos a gozar de un ambiente limpio y sano para una vida digna.
Todas nuestras Constituciones hablan de cuidar el ambiente no solo para nosotros sino para las generaciones futuras. ¿Y quiénes son las generaciones futuras? Pues nuestros hijos, los vuestros y los hijos de nuestros hijos. Ellos ya están aquí, los niños, niñas y adolescentes actuales, y no deciden, no se los escucha. Deciden los mayores.
Y ¿cómo están, estamos, decidiendo los mayores? Esa es la cuestión por dilucidar y resolver con responsabilidad, puesto que ya no se trata de nuestra vida, de la de nuestra generación o de una o dos anteriores, sino de qué le dejamos a los jóvenes, a los niños, a esos que trajimos al mundo, se supone para que tengan una buena vida. Y ¿estamos actuando en consecuencia? ¿Tendrán una buena vida, una vida feliz? Y ¿qué es la felicidad? Primero vivir, luego vivir con salud, luego tener cultura, sustento, trabajo, alegría, poder cuidar su historia para continuarla, respetarla o no cometer los mismos errores, sanamente y en paz. De esto se trata la sostenibilidad y la sustentabilidad.
Así lo entendieron los que crearon las Naciones Unidas luego de una guerra cruenta, como lo son todas, la Segunda Guerra Mundial, con miles de muertos y agresión al medio ambiente y sobre todo a los niños por ser los más vulnerables en toda confrontación bélica.
La paz, combatir la pobreza, procurar la salud, la educación, la cultura y el bienestar son necesarios, y también el acuerdo entre las naciones y los pueblos.
Esto significa cuidar la tierra, la Pachamama, como señalan las comunidades originarias, porque es única “la casa común”, de ella dependemos para comer; cuidar el agua, los bosques, porque de ello depende la salud. Cuidar a los otros seres vivientes porque hacen a la biodiversidad.
Como dice la Constitución de la Provincia de Salta, el ambiente sano primero es un deber y luego un derecho.
Parece que a pesar de la profusa legislación tanto nacional como internacional, los tratados y convenciones, no hemos aprendido. Y esto está a la vista: se siente el cambio climático. Las estaciones no son tan marcadas. Cada vez hay más inundaciones, más sequías, más incendios, más derrames de elementos tóxicos, más enfermedades, más muertes.
Y resulta que los más afectados, los más vulnerables son los niños, niñas y adolescentes, aquellos que tienen menos posibilidad y capacidad de defenderse. Así lo sostiene Unicef en un informe sobre los efectos del cambio climático en los niños (2022). Específicamente en América Latina y el Caribe, señala en millones los niños que carecen de agua, expuestos a ciclones, a enfermedades como el zika, el dengue, expuestos a la contaminación atmosférica.
En las reuniones de los acuerdos internaciones, se procura una toma de conciencia. Un razonamiento solidario, un accionar responsable con equidad y ética. Valores que deben recuperarse o adquirirse.
La niñez del mundo está haciendo escuchar su voz por todos los medios, en reuniones multitudinarias en todos los países, por todos los medios de comunicación y mediante acciones legales presentadas en varios países, como EE. UU., Colombia y el Tribunal Europeo.
El profesor español Manuel Castañón del Valle presentó hace unos meses un libro sobre El Defensor de las generaciones futuras en el Encuentro anual de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas. En él señala que es necesario que exista un defensor de las generaciones futuras designado por las Naciones Unidas, y en cada país, para que, ante cualesquiera proyectos de ley, de obra o de todo tipo de accionar, se escuche a este defensor, para que las generaciones futuras tengan su defensor, no uno que nosotros controlemos, sino uno que nos controle. Para que con nuestro accionar no generemos consecuencias dañosas para las generaciones futuras (que no fueron ni convocadas ni escuchadas), nuestros niños y los futuros niños que habitarán esta tierra.
Apoyo esa iniciativa, me parece muy pertinente y necesaria.
Los autores que escribieron en este libro se refirieron a estas situaciones, cada uno con una mirada puntual.
Así, Silvina Abud se concentró en el tema de los basurales a cielo abierto, donde acuden o viven los niños junto con mayores, víctimas de la pobreza y la ignorancia, y la consecuencia que esta situación de vulnerabilidad les ocasiona en su salud, en sus vidas. Habla de la pobreza y la vulnerabilidad de los niños. Y, por supuesto, cita la Declaración de los Derechos del Niño, inclusive las leyes nacionales referidas a los niños y al ambiente. Concluye en la necesidad de políticas públicas adecuadas para terminar con estas situaciones de los menores.
Belén Aliciardi, también realizando una referencia concreta a los tratados internacionales, señala que los niños pobres de Latinoamérica y el Caribe son los más vulnerables a los desastres ambientales, en especial por la contaminación del aire y el agua. Habla de los niños irradiados, fumigados y contaminados con plomo. Este último tema es al que dedica más explicación, citando jurisprudencia de Perú en el Caso Loroya y el famoso juicio del río Matanza Riachuelo en la Argentina, y señala que la prevención es la tarea primordial; para ello pone como ineludible referencia al Atlas de Riesgo Ambiental de la Niñez Argentina, de la Universidad de Buenos Aires.
Miguel Asturias habla de los derechos de la niñez y de la adolescencia a un ambiente sano y sostenible. Enumera las convenciones y tratados, más la normativa interna en la materia. Señala el Protocolo de Salvador aprobado por Ley 24658 sobre la ley de presupuestos mínimos. Y se concentra en la situación trágica de los niños en tiempo de guerra, no solo en las consecuencias ambientales, sino en los vejámenes y violaciones que estos sufren. Se refiere a los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), y manifiesta su esperanza en los jóvenes que vienen movilizándose en defensa de sus derechos y en las ONG que los apoyan.
Natalia Barrilis y Cristian Fernández en su artículo se centran en el tema de la educación ambiental como herramienta transformadora de la realidad. En ese marco incluyen el análisis de la Ley 27621, señalando los artículos más destacados de dicha ley y la necesidad de implementarla en todos los niveles educativos. Hablan de los campos fumigados, los fallos que al respecto se dictaron tanto en Santa Fe como en Córdoba y la función importante del Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat).
Paola Doris Cortes Martínez se refiere a los miles de adolescentes que, en el año 2019, salieron en el mundo a reclamar que se actúe de una vez ante la emergencia climática y alude a la necesidad de la cooperación internacional. Habla de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cita el Decálogo del Mar y la necesidad de un antropocentrismo intergeneracional. Se refiere a la niñez en Bolivia y a la Cumbre Juntos con la Madre Tierra, en 2018. Se refiere también al compromiso del gobierno en adoptar medidas debido al cambio climático, señalando que no hace mención de la niñez. Añade la necesidad de implementar urgentemente el principio de equidad intergeneracional y de un empoderamiento climático y ambiental de los niños.
Javier Alejandro Crea y María de los Ángeles Berretino se centran en la idea de que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir un ambiente saludable para su desarrollo normal. También se refieren a los conflictos militares y sus consecuencias en los niños desplazados, encarcelados, explotados sexual y laboralmente. El gran desafío es hacer cumplir las Convenciones, respetar la diversidad cultural y proteger los bienes culturales, basándose en las Convenciones como la Haya, Costa Rica y El Salvador.
Natalia Langer hace un importante análisis del cambio climático señalando que se agota el tiempo. Cita la Resolución S27/2 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 11-10-2002, que se refiere a un mundo apropiado para los niños. Con respecto a la situación de los niños que tienen un alto riesgo ante el cambio climático, cita la equidad intergeneracional y el informe de Unicef sobre los efectos en los niños de Sudamérica y el Caribe. Cita los fallos de las causas interpuestas por niños y jóvenes en Colombia, EE. UU. y Europa.
María Laura Lombardi señala que la tierra ha cursado cinco extinciones masivas y nos encaminamos a la sexta, esta vez por obra del hombre. Señala, al igual que todos los autores, la Convención del Niño y su incorporación a la legislación de la Argentina mediante la Ley 26061. Establece la importancia del principio de prevención, de la responsabilidad social empresarial y las ISO 26000 en cuanto a satisfacer las necesidades de la sociedad, respetando los límites ecológicos del planeta, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades y el importante papel del Estado en cuanto a su función de control.
Carlos Antonio Romano relata toda la normativa, tratados y convenciones referidas a niños y al ambiente, señalando detalladamente cada una de ellas, y concluye que el poder del cambio está en nosotros, que es tiempo de actuar y que no hay forma de zafar, citando a Máximo
Mazzocco.
Elizabeth Safar se refiere a las funciones del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Salta y su vinculación con todo lo referido a la niñez, al medio ambiente y a las comunidades originarias. Detalla las funciones de la Secretaría de la Niñez, y se detiene en la facilitación al acceso a la educación de la niñez de las comunidades indígenas. También menciona la Mesa del Agua, que encabeza dicho ministerio, y las funciones que cumple en la tarea de proporcionar agua segura a comunidades y criollos en el chaco salteño.
La Dra. Rosa Inés Torres Fernández comienza citando la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y su incorporación mediante Ley 23849. Asimismo, cita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva N.º 17/2/2002 realizando un análisis detallado de ambas normativas. Hace especial mención a la Ley 4347 de la provincia de Chubut, que, en su artículo 10 inciso C, dice: “Los niños y adolescentes tienen derecho al disfrute del nivel más alto de salud y servicios para el tratamiento de sus enfermedades y su rehabilitación, al suministro de alimentos nutritivos y agua potable. Teniendo en cuenta el riesgo de la contaminación del medio ambiente”.
Y, por último, Jorge Isaac Torres Manrique se centra en el interés superior del niño. Señala a la crisis climática como una crisis de los derechos de la infancia y reclama urgentes políticas públicas destinadas al efectivo reconocimiento de los derechos de los niños a un medio ambiente sano.
Todos los artículos llaman la atención por su permanente invocación a los convenios y tratados internacionales y a la urgencia en aplicar medidas para proteger a las generaciones futuras.
Salta, 10 de noviembre 2022
1. Directora del Instituto de Derecho Ambiental y de la Sustentabilidad (IDEAS) de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Universidad Católica de Salta, Argentina.
BASURALES Y MEDIO AMBIENTE: ¿CÓMO AFECTAN A LA NIÑEZ?
SILVINA V. ABUD (2)
Resumen
En la actualidad, los niños y niñas están expuestos a la diversidad de los impactos de la naturaleza, a los cambios climáticos y a un medio ambiente contaminado, lo que genera efectos nocivos que impactan en su integridad física y psíquica. Esto nos lleva a pensar en el estado de vulnerabilidad de dicho grupo social en el que su lugar de crecimiento y desarrollo no cuenta muchas veces con las condiciones de salubridad necesaria. La extrema pobreza y la marginalidad de gran parte de la población infantil los hace estar en contacto con los basurales; todas estas situaciones propician la relación con un ambiente poco saludable.
El derecho a un medio ambiente sano
Los niños y niñas tienen reconocidos, dentro de sus derechos, el gozar de un medio ambiente sano, lo que debe ser garantizado por el Estado, y el ser respetados por la sociedad en su conjunto. Es por ello por lo que tanto la normativa nacional como la internacional reconocen el derecho de todos los habitantes y, en particular, de niños, niñas y adolescentes a gozar de un ambiente sano y equilibrado.
No obstante lo anterior, el planeta enfrenta una crisis ambiental que se manifiesta en distintas escalas. Desde el cambio climático hasta la degradación del ambiente en sus diversas formas (deforestación, contaminación, degradación de suelos), tanto en el mundo como en la Argentina, se presentan escenarios donde estos derechos son vulnerados. La problemática ambiental, por lo general, incide en forma homogénea sobre toda la población, no solo sobre niños, niñas y adolescentes. Pero este grupo, tal como lo establece la Declaración de los Derechos del Niño, es más sensible a estos riesgos dado su mayor grado de vulnerabilidad.
El contexto en el que niñas y niños crecen y aprenden influye sobre su salud y desarrollo. Se entiende por contexto los diversos factores confluentes que están determinados por la situación socioeconómica, el acceso a la alimentación y nutrición, el entorno político, histórico y cultural del ambiente en el que viven; estos pueden ser pensados como las influencias o los ambientes que condicionan su salud, calidad de vida y desarrollo.
En diversas provincias, las condiciones de pobreza y marginalidad llevan a numerosas familias a buscar espacios donde “establecerse” para vivir y crear un hogar. En ocasiones, habitan en lugares que no cuentan con las condiciones de salubridad y servicios básicos esenciales, lo que indica que estos espacios atentarán contra su desarrollo.
En la provincia de Salta, por ejemplo, hay dos grandes asentamientos, hoy considerados barrios populares, que se desarrollaron en las cercanías de un basural a cielo abierto. Esto, en principio, lleva a pensar que el Estado como principal garante de los derechos de las personas no debería haber permitido tal desarrollo urbano; sin embargo, el crecimiento exponencial y acelerado de estos asentamientos llevó a que se construyeran escuelas, centros de salud, hospitales, etcétera.
Los basurales y las zonas urbanizadas
Según Mavropoulos et al. (2015), el término “basural a cielo abierto” se utiliza para caracterizar el lugar de disposición donde se lleva a cabo la eliminación indiscriminada de residuos sólidos sin control de operación o con medidas muy limitadas para proteger el ambiente circundante. Además, es muy común que previo a la recepción de los residuos no se tome ninguna medida en la etapa de planificación, (como sensibilización para situar el sitio) ni tampoco medida alguna de ingeniería (como el diseño de un sistema de impermeabilización). Un basural a cielo abierto no tiene ninguna relación con un relleno sanitario. Un relleno sanitario es un método aceptable para la gestión de los residuos, cuenta con control de emisiones y con un impacto limitado en el ambiente y la salud, mientras que los basurales a cielo abierto son exactamente lo contrario. Entre los basurales a cielo abierto y los rellenos sanitarios existe una zona gris comúnmente llamada “basurales controlados” con diversos niveles de ingeniería y controles ambientales, que pueden variar de una región a otra y de un país a otro (3).
Resulta casi imposible pensar que exista urbanización en lugares con estas características, sin embargo, la realidad nos demuestra lo contrario.
Es necesario definir lo que se entiende por basura. Según la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), se entiende por residuo:
aquellos materiales o productos cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentran en estado sólido o semisólido, líquido o gaseoso y que se contienen en recipientes o depósitos; pueden ser susceptibles de ser valorizados o requieren sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en la misma (4).
Lo anterior nos lleva inevitablemente a analizar la problemática asociada a la disposición final de residuos en basurales a cielo abierto, sobre todo, por la convivencia de la población humana con estos sitios y, en muchos casos, por su dependencia para la provisión de alimentos y otros insumos para su uso directo o comercialización.
Según el informe del Observatorio de Trabajo Infantil y Adolescente realizado en Jujuy:
Los basurales constituyen un espacio donde se plasman muchas de las modalidades que adquiere la exclusión social. A su vez, sintetizan una suma de degradaciones sociales y de instancias de reproducción de la pobreza en sus aspectos más crudos: falta de oportunidades recreativas, laborales y educativas; insuficiencia de ingresos; carencias materiales; acceso insuficiente a servicios básicos; exposición a situaciones de violencia y/o peligro, insalubridad y falta de higiene; discriminación; informalidad laboral, etc. En el basural, lugar en donde unos hallan vital lo que otros ya han descartado, hay ausencia de servicios elementales y de equipamiento de seguridad básico para quienes se encuentran en condiciones de marginalidad extrema (5).
Vemos así que algunos de los principales motivos que se esgrimen para asistir al basural, tanto por parte de los niños y niñas como por sus padres, tienen una relación directa con la condición socioeconómica y la situación de vulnerabilidad social, lo que los impulsa a buscar en estos espacios una forma de obtener medios para satisfacer necesidades básicas. Se observa también que termina siendo una fuente y forma de trabajo en la que los niños y niñas ponen en riesgo su integridad física y psíquica, y lo más lamentable: la pérdida del sentido de la niñez, al no tener garantizados sus derechos básicos.
El basural representa una moneda de dos caras: por un lado, supone un alto riesgo ambiental, el cual se construye con base en la tensión entre dos dimensiones fundamentales: la amenaza y la vulnerabilidad mediadas por la exposición y la incertidumbre; por otro lado, responde a la necesidad de encontrar un medio de subsistencia.
Entendemos el concepto de riesgo como la combinación entre la amenaza relacionada con la actividad productiva o de servicio a que está expuesta la población y su vulnerabilidad social.
La noción de vulnerabilidad es entendida como una situación y un proceso multidimensional y multicausal, en la que confluyen simultáneamente la exposición a riesgos, la incapacidad de respuesta y adaptación de individuos, hogares o comunidades, los cuales pueden ser heridos, lesionados o dañados ante cambios o permanencia de situaciones externas y/o internas que afectan su nivel de bienestar y el ejercicio de sus derechos. De allí que la vulnerabilidad se emparenta con otras nociones que se expresan ya sea como fragilidad e indefensión ante cambios originados en el entorno, como desamparo institucional desde el Estado que no contribuye a fortalecer ni cuida sistemáticamente de sus ciudadanos; como debilidad interna para afrontar concretamente los cambios necesarios del individuo u hogar para aprovechar el conjunto de oportunidades que se le presenta; como inseguridad permanente que paraliza, incapacita y desmotiva la posibilidad de pensar estrategias y actuar a futuro para lograr mejores niveles de bienestar y como degradación de las condiciones que permiten una vida plena y saludable (6).
De acuerdo con el informe El Perfil de la Salud Ambiental de la Niñez en la Argentina, esta situación se vincula con el hecho de que los niños y niñas quedan expuestos a otros riesgos (violencia, abuso, etc.) relacionados con el entorno precario en el que viven. Los sistemas posteriores de gestión de residuos sólidos urbanos muestran serios problemas ambientales que afectan directamente en la salud de esta población.
Según la OMS, el porcentaje de muertes atribuibles al ambiente es de 24 % y para los niños de 0 a 14 años esta cifra se eleva al 36 %, lo que refleja una carga desproporcionada de morbilidad por esas causas. El número de años de vida sana perdidos por habitante como consecuencia de factores de riesgo ambiental es cerca de 5 veces mayor en los niños de 0 a 5 años que en los adultos. Esta cifra se multiplica por 7 (siete) para las enfermedades más significativas, como las diarreicas y respiratorias, la malaria y la malnutrición. En los países en desarrollo esta carga puede llegar a multiplicarse hasta por 8 (ocho) cuando se analizan las afecciones respiratorias (7).
Otro ejemplo de riesgo son los residuos eléctricos y electrónicos (por ejemplo, los teléfonos móviles usados) que, al no ser reciclados adecuadamente, exponen a los niños a toxinas que pueden afectar sus aptitudes cognitivas y causar déficit de atención, lesiones pulmonares y cáncer.
En el informe Los niños y vertederos de desechos electrónicos, se pide a los exportadores, los importadores y los gobiernos que adopten medidas eficaces y vinculantes para que estos residuos se eliminen sin perjudicar el medio ambiente y la salud y la seguridad de los trabajadores, sus familiares y sus comunidades; que estudien la exposición a estos desechos y sus efectos en la salud; que faciliten una mejor reutilización de los materiales, y que fomenten la fabricación de equipos electrónicos y eléctricos de mayor durabilidad.
En el informe se pide también que el sector de la salud en todo el mundo actúe con el fin de reducir los efectos deletéreos para la salud aumentando la capacidad para diagnosticar, controlar y prevenir la exposición de los niños y las mujeres a sustancias tóxicas; concienciando sobre las ventajas añadidas de reciclar de forma más responsable; trabajando con las comunidades afectadas; y procurando que se mejoren la investigación sanitaria y los datos sobre los riesgos para la salud a los que se enfrentan los trabajadores del sector no regulado de tratamiento de estos desechos.
Los objetivos de la iniciativa que la OMS (8) puso en marcha en 2013 para proteger la salud de los niños contra la exposición a los residuos electrónicos y eléctricos son dar más acceso a las pruebas y los conocimientos disponibles, sensibilizar sobre los efectos de los desechos electrónicos en la salud, mejorar la capacidad del sector de la salud para gestionar y prevenir los riesgos, promover políticas de gestión de los desechos electrónicos que protejan mejor la salud de los niños, hacer un seguimiento de los progresos logrados gracias a estas políticas, mejorar la vigilancia de la exposición a estos desechos y promover intervenciones que protejan la salud pública.
Otros aspectos que afectan el desarrollo de los niños y niñas
La Organización Panamericana de la Salud (9) señala que en las cercanías a basurales que tienen todo tipo de desechos,
los niños también están expuestos a productos nocivos contenidos en los alimentos, el agua, el aire y otros productos de su entorno. Los productos químicos, como los fluoruros, los plaguicidas que contienen plomo y mercurio, los contaminantes orgánicos persistentes y otras sustancias presentes en productos manufacturados pueden acabar entrando en la cadena alimentaria. Asimismo, aunque la gasolina con plomo se ha eliminado casi por completo en todos los países, muchas pinturas contienen este metal y pueden afectar al desarrollo del cerebro.
Algunos reportes indican que existen niños y niñas que ingresan a hospitales públicos con problemas respiratorios,
afecciones diversas como mareos, dolores de cabeza, del cuerpo (columna, piernas), diarreas, parasitosis intestinal, problemas de la piel, entre otras enfermedades. Todos estos males están ligados a las actividades que realizan estos niños y niñas en los basurales y depósitos de reciclaje. Los dolores de cabeza y mareos frecuentes se deben al gas metano que produce la basura orgánica, y los problemas diarreicos, además de la parasitosis intestinal, estarían producidos por el consumo de alimentos en mal estado que encuentran en la basura. Del mismo modo, la alta incidencia de males respiratorios estaría relacionada con la polución ambiental del entorno donde los menores de edad realizan actividades como el pelado de botellas, que los obliga a estar en contacto constante con el humo (10).
Por ello es necesario tener en cuenta el enfoque de desarrollo humano, el cual
se orienta a la satisfacción de las necesidades de las personas a través del desarrollo de sus capacidades y la ampliación de sus oportunidades, enfocados al logro de un nivel de vida decente. El proceso de ampliación de oportunidades debe considerar las variables de salud, educación e ingresos que aseguren una vida decorosa a las familias. Este enfoque coloca a las personas al centro del desarrollo, por lo tanto, protege las oportunidades de vida de las generaciones actuales y de las futuras. Otorga prioridad a las políticas y acciones destinadas a reducir la pobreza, promover el empleo productivo, fortalecer la integración social y promover el crecimiento económico, considerando a este como un medio y no como un fin (11).
La contaminación y el subdesarrollo
Los países en desarrollo sufren más las consecuencias de un medio ambiente contaminado o degradado. La OMS destaca que la mortalidad y la morbilidad infantiles por la pobreza o la malnutrición también van asociadas a formas insostenibles de desarrollo y a la degradación del medio ambiente urbano o rural.
Los niños de los países desarrollados no se libran porque, como sostienen los expertos dirigidos por Jordi Sunyer, la exposición a contaminantes ambientales por aire, agua y alimentación es universal:
El grado de contaminación es mucho menor que en los países en vías de desarrollo y los efectos son, por tanto, más sutiles y difíciles de discriminar, teniendo en cuenta la cantidad de agentes y factores que intervienen.
Muerza continúa diciendo:
En los países en desarrollo, la contaminación ambiental es mortal o motivo de discapacidad infantil. Contribuye a la generación de enfermedades respiratorias agudas, enfermedades diarreicas, traumatismos físicos, intoxicaciones, enfermedades transmitidas por insectos o infecciones perinatales (12).
Por su parte, Jorge Paz señala:
las mayores desigualdades en términos del espacio residencial se advierten en la cercanía a basurales. En efecto, la niñez y adolescencia en espacios urbanos informales registra cinco veces más chance de tener cerca de su vivienda basurales que los pares en espacios urbanos formales de nivel medio. Dicho riesgo relativo es de tres veces en el caso de incendios o quemas y plagas.
Entre estratos sociales, las desigualdades más significativas se advierten en la cercanía a basurales y en la probabilidad de ser afectados por quemas e incendios. Las desigualdades sociales son menores en el caso de la cercanía a fábricas contaminantes, que también afecta a los sectores sociales más aventajados, aunque nunca en la misma proporción que a los sectores más vulnerables (13).
La Constitución Nacional incorporó en su última reforma del año 1994 el derecho a un ambiente sano. En el artículo 41 expresa:
Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.
Reconoce al máximo nivel este derecho humano fundamental y también lo posiciona como insumo para el desarrollo de las actividades productivas que satisfagan las necesidades presentes de la sociedad. Es decir, que considera al ambiente no solo con una función de resguardo, sino también como motor del desarrollo de la sociedad. Al mismo tiempo, refiere explícitamente a las generaciones futuras como foco fundamental de su ejercicio; es decir, le da entidad intergeneracional a este derecho, y sitúa, en consecuencia, a los niños, niñas y adolescentes de las actuales y las próximas generaciones como actores centrales.
Como señala Busso,
En primer lugar, el rol de las políticas públicas en el fortalecimiento o diversificación de los activos físicos, financieros, humanos y sociales de los excluidos pobres, que es el de mayores desventajas sociales. En segundo lugar, el escenario que contribuye a generar el sector público para el acceso al conjunto de oportunidades que brinda la sociedad, en particular mediante las políticas de regulación de los mercados, distribución del ingreso y en los incentivos económicos. En este sentido, el origen de la vulnerabilidad es la contracara de los activos, es decir, de los pasivos que poseen diversos grupos de población. Los pasivos contribuyen a aumentar los riesgos, exponiendo en mayor medida a los hogares que los poseen. De este modo, pueden identificarse políticas públicas que afectan los activos y pasivos, las que pueden contribuir a reducir o no la pobreza, y favorecer o no la integración (14).
Estos niños, niñas, sus familias y sus comunidades requieren intervenciones integrales que atiendan la problemática en su conjunto. Esto significa diseñar dispositivos de inclusión de manera articulada y coordinada entre las diferentes provincias y actores gubernamentales y no gubernamentales. También se debe promover el acceso efectivo a la recreación, educación, salud, vivienda, ambiente sano, infraestructura social adecuada y oportunidades de trabajo digno para los/as adultos.
Educación ambiental
La educación ambiental es un proceso continuo que promueve la sostenibilidad como proyecto social, entendiendo que esto implica un desarrollo con justicia social, distribución de la riqueza, preservación y conservación de la naturaleza, igualdad de género, protección de la salud, democracia participativa y respeto por la diversidad cultural. La educación ambiental, en ese sentido, busca el equilibrio entre diversas dimensiones, como la social, la ecológica, la política y la económica, en el marco de una ética que promueve una nueva forma de habitar nuestra casa común (15).
La educación ambiental es transversal y subsidiaria a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por Naciones Unidas.
Es fundamental que la Educación Ambiental se aborde de manera transversal y sistémica, orientada hacia la resolución de problemas y con un fuerte componente actitudinal y ético. Pues la educación ambiental no debe trabajarse solamente desde el conocimiento de las temáticas ambientales y la sensibilización, sino especialmente, desde la formación valórica que permita una transformación de la sociedad en su conjunto (16).
La educación ambiental debe ser un proceso que genere aprendizajes mediante el desarrollo de habilidades de pensamiento que permitan construir y reconstruir conocimientos, desarrollar aptitudes o hábitos que establezcan una relación basada en valores (como la corresponsabilidad, la solidaridad o el respeto, entre otros), y promover la participación activa de las personas, como resultado de las complejas relaciones entre la naturaleza y los seres humanos (17).
Siempre se vuelve a la idea de que la base de una sociedad justa y equitativa comienza con la inclusión educativa.
Conclusiones
La degradación del ambiente es causa (y también consecuencia) de procesos socioeconómicos y territoriales que directa o indirectamente tienen incidencia sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes. Tiene además consecuencias sobre la cultura, los medios de vida o las posibilidades de desarrollo integral de las personas. Son múltiples los factores que pueden tener repercusión en la vulnerabilidad de derechos, con especial foco en las poblaciones más desprotegidas, que son al mismo tiempo las que enfrentan los mayores riesgos y padecen los mayores impactos derivados de factores ambientales.
Las políticas marco definidas por la legislación argentina establecen una relación estrecha entre niñez y ambiente, situación que no se ha visto reflejada con claridad en la aplicación de los instrumentos y las políticas desarrolladas (planes, programas y proyectos).
En la Argentina, la sociedad civil es muy activa en la promoción del cuidado del ambiente y la generación de normativa para su protección y uso sustentable. No obstante, al igual que lo observado en otros sectores, la agenda de niñez y adolescencia no se encuentra presente en asociación con la agenda de las instituciones del sector ambiental, más allá de algunos programas de educación ambiental. Cabe destacar que, para las regiones más críticas como el norte del país, muchas organizaciones han conformado iniciativas y redes de acción a través de las cuales coordinan y potencian su accionar en el territorio.
El principal reto es educar. Esto significa enseñar para transformar, es decir, estimular el compromiso ético, comunitario y colaborativo; un compromiso fundado en una visión del mundo en el que la diversidad cultural y el patrimonio natural e histórico sean realmente considerados, que den sentido al ser y al actuar dentro de una comunidad; un proyecto político-pedagógico que llame a la reflexión crítica y ética. La tarea es compleja y desafiante.
Con respecto al problema de los basurales a cielo abierto,
en Argentina existen 5.000 basurales a cielo abierto, lo que significa, en promedio, más de dos basurales por municipio. La mayoría de ellos son formales, es decir, son el modo oficial en que los gobiernos locales eliminan su basura.
Los “basurales a cielo abierto son sitios donde se disponen residuos sólidos de forma indiscriminada, sin control de operación y con escasas medidas de protección ambiental”. En este sentido, “las falencias en el tratamiento de los residuos es una realidad que atraviesa a todas las ciudades de Argentina” (18).
Es por esa razón que, si bien la competencia en el manejo de los residuos corresponde a los municipios, el problema de la gestión en general es una preocupación a nivel nacional y uno de los principales problemas ambientales del país.
En este marco, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, en articulación con los gobiernos locales, provinciales y organizaciones de la sociedad civil, lanzó el Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto, que tiene como objetivo avanzar hacia el desarrollo sostenible a través de la promoción de la economía circular, el saneamiento ambiental y la reactivación económica. Se espera con esto lograr resultados positivos en la temática.
Finalmente, cabe destacar la importancia y el compromiso de la sociedad en su conjunto para visibilizar estas situaciones y colaborar en conjunto para disminuir al máximo posible los efectos nocivos sobre los sectores vulnerables.
Bibliografía
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2. Silvina V. Abud es licenciada en Relaciones Internacionales, docente en las Facultades de Ciencias Jurídicas, Economía y Administración e Ingeniería de la Universidad Católica de Salta, coordinadora de tesis, investigación, I+D, Facultad Escuela de Negocios UcaSal. E-mail: [email protected]
3. M. Y. Meza Velásquez. Gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su impacto ambiental en la provincia de Yauli, departamento de Junín, 2018.
4. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/estructura-normativa-de-residuos-1.pdf
5. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, COPRETI, OIT, Unicef. Trabajo infantil en basurales de Jujuy, s.f.
6. G. Busso. Pobreza, exclusión y vulnerabilidad social: usos, limitaciones y potencialidades para el diseño de políticas de desarrollo y de población, 2004, p. 16.
7. Ministerio de Salud de la Argentina, la Asociación Argentina de Médicos por el Medio Ambiente y el Canadian Institute of Child Health. El Perfil de la Salud Ambiental de la Niñez en la Argentina, 2018.
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