Andar 1 km en línea recta E-Book

Manuel Gallego Díaz

• Herausgeber: Universidad Pontificia Comillas
• Kategorie: Fachliteratur
• Serie: Biblioteca Comillas, Derecho
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 462

Veröffentlichungsjahr: 2018

Beschreibung

Este libro constituye un análisis de cerca de 1.700 cuestionarios que se remitieron por correo a personas presas en España, la muestra más numerosa jamás alcanzada en los estudios penitenciarios que se han realizado en nuestro país. El estudio intenta visibilizar la experiencia de la prisión, desde la perspectiva del propio preso, un sector de población oculto a la mayor parte de la sociedad. Sorprendentemente, en España la población penitenciaria sigue aumentando exponencialmente sin responder a un incremento de los delitos hasta haber llegado a cuadruplicarse en los últimos 30 años. Actualmente representa una de las más altas porcentualmente en Europa. Ello pone de manifiesto una política criminal que abusa de la prisión. El estudio, además de deshacer algunos de los mitos que afectan a la cárcel, quiere contribuir a una política criminal más coherente, humana y justa.

Leseprobe

ANDAR 1 KM EN LÍNEA RECTA

La cárcel del siglo XXI que vive el preso

ANDAR 1 KM EN LÍNEA RECTA

La cárcel del siglo XXI que vive el preso

Manuel Gallego Díaz

Pedro José Cabrera Cabrera

Julián Carlos Ríos Martín

José Luis Segovia Bernabé

2010

© 2010 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS

Universidad Comillas, 3

28049 MADRID

© 2010 Manuel Gallego Díaz

Pedro José Cabrera Cabrera

Julián Carlos Ríos Martín

José Luis Segovia Bernabé

Diseño de cubierta: Belén Recio Godoy

ISBN:978-84-8468-740-5

Maquetación e impresión: Gráficas ORMAG

Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de este libro por cualquier procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética o cualquier sistema de almacenamiento o recuperación de información, sin permiso escrito de la UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS.

ÍNDICE

ABREVIATURAS

PRESENTACIÓN

INTRODUCCIÓN. LA CÁRCEL EN ESPAÑA: SU EVOLUCIÓN

1. Una política criminal que abusa de la prisión

2. Disminución del régimen cerrado y aumento del tercer grado

3. Los permisos penitenciarios

4. Control en régimen abierto

5. La prisión preventiva

6. Tipología delictiva

5. Traslados

6. Muertes

9. Actividades formativas y nivel educativo

10. Actividades culturales y deportivas

11. La libertad condicional

12. Suspensión de la ejecución de la pena de prisión

13. Las medidas de seguridad

14. Los trabajos en beneficio de la comunidad

15. Asociaciones y ONG

16. Los recursos humanos

17. Huida hacia el Derecho penal: la presión social y mediática

18. Una mirada la exterior

19. Exclusión social y control penal

20. Las reformas del Código Penal de 2003

CAPÍTULO 1. ¿QUIÉNES SON?

1. Sexo

2. Estado civil

3. Edad

4. Trabajo

5. Origen geográfico

6. Nivel de estudios

7. Origen familiar

8. Los presos extranjeros

CAPÍTULO 2. REINSERCIÓN Y TRATAMIENTO

1. La orientación de la pena de prisión a la reeducación y reinserción social

2. El concepto de tratamiento en la Ley Orgánica General Penitenciaria

3. Las limitaciones del tratamiento

3.1. El problema ideológico del tratamiento

3.2. Las condiciones de la vida en prisión

3.3. Posibilidades según el tipo de delincuente

3.4. Voluntariedad del tratamiento: no puede ser impuesto coactivamente

3.5. Precariedad e insuficiencia de medios

3.5.1. Falta de personal

3.5.2. Falta de medios materiales

4. El tratamiento ha de ser entendido en un sentido amplio

5. El concepto de tratamiento en la práctica penitenciaria

6. Los funcionarios y el tratamiento: cambios de actitud

7. Los datos de la encuesta

8. Programas de intervención específica o actuación especializada

8.1. Drogodependencias

8.2. Problemas psiquiátricos

8.3. Los datos de la encuesta

9. Actividades de tratamiento: los datos de la encuesta

10. El Servicio de Pastoral Penitenciaria y la religión en la cárcel

CAPÍTULO 3. COMUNICACIONES, PERMISOS Y CUESTIONES DE RÉGIMEN

1. Comunicaciones

2. Permisos

3. Las pertenencias

4. Cacheos

5. Registros en celda

6. Los recuentos

7. Medios coercitivos

8. Abusos y malos tratos

CAPÍTULO 4. RÉGIMEN CERRADO

1. Las razones para estar en primer grado

2. Régimen de vida y dificultades personales

3. Reflexión psicológica y ética

4. Actividades de tratamiento

5. Dificultades de adaptación al progresar al régimen ordinario

6. Criterios de prevención desde la perspectiva de los presos Drogodependencias

7. ¿Qué dirían los presos a los funcionarios?

8. El Fichero de Internos de Especial Seguimiento (Fies 1-control directo)

CAPÍTULO 5. INFRAESTRUTURA Y SANIDAD

1. Infraestrutura

2. Sanidad

CAPÍTULO 6. SALIDA Y FINAL

1. Previsiones sobre la salida definitiva de la cárcel

2. La situación que les espera

2.1. Expectativas laborales

2.2. Exclusión residencial

3. Percepción y experiencia de la cárcel

4. ¿Qué hacer nada más salir en libertad?

CAPÍTULO 7. LOS SENTIMIENTOS DE LOS CONDENADOS: SU EXPRESIÓN COMO INSTRUMENTO DE REPARACIÓN DEL DAÑO Y DEL REFORZAMIENTO DE SU DIGNIDAD

1. Sentimientos respecto de la víctima

1.1. Sentimientos de arrepentimiento

1.2. Sentimientos de indiferencia e insensibilidad

1.3. Mecanismos de autoexculpación

2. Expresión de sentimientos ante la víctima

2.1. Manifestaciones de empatía y arrepentimiento

2.2. Manifestaciones de indiferencia

2.3. Justificaciones y reproches

3. Formas de reparación del daño

3.1. Posiciones estrictas

3.2. Posiciones restauradoras

3.3. Posiciones de indiferencia

3.4. Posiciones terapéuticas

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA

ANEXO. ENCUESTA A LAS PERSONAS PRESAS EN LAS CÁRCELES ESPAÑOLAS 2007

ABREVIATURAS

CE

Constitución Española

CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas

CP

Código Penal

DGIP

Dirección General de Instituciones Penitenciarias

INE

Instituto Nacional de Estadística

LOGP

Ley Orgánica General Penitenciaria

ONG

Organización no Gubernamental

RP

Reglamento Penitenciario

SGIP

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias

STC

Sentencia del Tribunal Constitucional

STS

Sentencia del Tribunal Supremo

TBC

Trabajos en Beneficio de la Comunidad

PRESENTACIÓN

Hace ya algunos años realizamos una primera encuesta dirigida a las personas presas en cárceles españolas (Ríos y Cabrera, Mil voces presas, 1998). En aquel momento tuvimos la oportunidad de obtener las respuestas de 1.011 personas que se encontraban en prisión y que a lo largo de 1997 fueron haciéndonos llegar sus cuestionarios. En bastantes ocasiones tuvimos que sortear los obstáculos que interponía la Administración penitenciaria al intervenir las comunicaciones escritas de los presos a quienes remitíamos los cuestionarios, aunque finalmente los órganos jurisdiccionales nos dieron la razón. Años después, los mismos autores efectuamos otro trabajo más específico Mirando el abismo (2002) sobre las condiciones de vida de las personas clasifi cadas en régimen cerrado y la aportación de sistemas no violentos de solución de conflictos.

Como resultado de estos trabajos, obtuvimos una radiografía interior de la vida en prisión que permitía ofrecer a la opinión pública y a los medios profesionales y académicos la visión específica de una buena parte de los protagonistas del encierro penitenciario. Esta visión panorámica de la vida en prisión, obtenida a partir de la mirada de los propios presos, es sin duda parcial y limitada, pero no por ello resulta menos valiosa y necesaria si queremos llegar a conocer lo que realmente ocurre en los centros penitenciarios, puesto que son los propios actores implicados quienes nos ofrecen un relato de primera mano sobre lo que allí sucede. Este conocimiento es importante puesto que permite a todos los actores institucionales y sociales vinculados con el medio penitenciario realizar una intervención congruente con la orientación y fines que afirma tener el sistema penal (la reinserción y reeducación social). A estos efectos, resulta elemental contar con la opinión de los destinatarios primeros tanto del régimen como del tratamiento penitenciario. Sin su concurso cualquier intervención estará abocada al fracaso.

Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde aquel estudio, los abundantes cambios legislativos en materia penal que se han sucedido desde entonces, y los no menos abundantes cambios sociales y demográficos que ha experimentado la sociedad española en estos últimos años, con la consiguiente transformación profunda de la vida cotidiana en las cárceles españolas, nos pareció conveniente abordar un nuevo trabajo de investigación que nos permitiese actualizar los datos, así como corregir algunas limitaciones y carencias que tenía aquel primer estudio. El trabajo ha formado parte del proyecto de investigación realizado junto a otros profesores de la Universidad Pontificia Comillas, con el título El proceso de reforma del sistema de responsabilidad criminal: Análisis de los fundamentos dogmático-pe-nales y de su eficiencia en la aplicación, financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia dentro del Plan Nacional de I+D+I (SEJ200405103).

En esta nueva investigación hemos tratado de enriquecer el material empírico extraído a partir de una encuesta mediante cuestionario escrito que ha sido respondido por las personas encarceladas, con la utilización de otras metodologías y la participación de otros informantes. Además de la encuesta por correo, hemos añadido a la perspectiva de las personas presas el punto de vista de otros grupos de actores implicados en el sistema penitenciario que nos ofrecen su propia perspectiva sobre la vida en prisión; así por ejemplo, diseminamos un minicuestionario entre jueces de vigilancia y otro entre abogados. Con todo, la participación de las personas privadas de libertad sigue siendo la que consideramos más esencial porque, a pesar de todos los esfuerzos realizados por los investigadores, sigue siendo la más desconocida y difícil de conseguir, pese a constituir un componente básico y esencial del universo penitenciario. Entonces, como ahora, nuestro objetivo sigue siendo tratar de «conocer más y mejor la realidad para contribuir a transformarla».

A tales efectos, hemos utilizado una metodología ecléctica, en la que se entremezclan los datos cuantitativos resultado de la explotación estadística de los cuestionarios, con el análisis de los textos recogidos en las preguntas abiertas y con la reflexión a partir del análisis del discurso expresado a través de entrevistas focalizadas que realizamos en los mismos centros penitenciarios a directores, responsables de tratamiento, psicólogos, juristas criminólogos y trabajadores sociales; a todo este material recogido por escrito y grabado, hemos de añadir los datos de observación obtenidos tras las visitas realizadas a once centros penitenciarios y el propio conocimiento adquirido en el transcurso de los años por algunos de los investigadores a través de su práctica profesional como abogados penalistas. Esta abundancia de enfoques metodológicos sólo ha podido ser llevada a la práctica sobre el terreno gracias a que siempre hemos contado con el apoyo de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias; en este sentido, la situación ha sido radicalmente diferente a la que tuvimos que vivir durante el trabajo de campo de los estudios anteriores a los que acabamos de referirnos. Así por ejemplo, se nos autorizó a visitar varias prisiones elegidas por nosotros: Puerto I, Aranjuez, Ocaña I, Villabona, Topas, Brieva, Alcalá-Meco, Soto del Real, El Dueso, Córdoba y Badajoz. En todas ellas pudimos hacer entrevistas al director, a los subdirectores y a varios profesionales y técnicos, además de estas entrevistas formales, pudimos tener muchas charlas informales e intercambiar impresiones con funcionarios e internos a los que podíamos acceder durante nuestras visitas y paseos por módulos y dependencias.

En cuanto a la encuesta a personas presas que como ya hemos dicho constituye la base empírica fundamental para este estudio, se desarrolló de la siguiente forma: elaboramos un cuestionario que remitimos por correo a un total de 66 Centros penitenciarios, entre los cuales distribuimos un total de 5.000 cuestionarios en papel. El número de cuestionarios asignado a cada centro fue calculado de forma que se respetara una estricta proporcionalidad en razón de tres criterios: a) La población de internos existente en cada centro por aquella fecha; b) la situación penitenciaria en que se encontraban (preventivos; penados según clasificación), y c) el sexo (varones; mujeres). El resultado de la afijación proporcional es el que se refleja en la siguiente tabla.

TABLA 1MUESTRA TEÓRICA. AFIJACIÓN PROPORCIONAL SEGÚN TAMAÑO DEL CENTRO, CLASIFICACIÓN Y SEXO

Junto a cada cuestionario, se enviaba una carta de presentación y un sobre autofranqueado en el que los internos debían introducir el cuestionario una vez cumplimentado de forma que pudieran remitirlo directa y personalmente a nuestra universidad sin necesidad de utilizar sellos.

Solicitamos a la SGIP que diera instrucciones a los centros para que, al llegar el paquete con los cuestionarios, estos se distribuyesen de forma aleatoria y respetando estrictamente la cuota establecida para cada establecimiento según sexo y situación penitenciaria. Esto implicaba tener presente que en cada centro existían hasta diez posibles grupos o estratos como resultado de combinar los tres criterios indicados. Junto al paquete de cuestionarios, cada centro recibía en una carta de instrucciones que adjuntábamos, una tabla con la distribución de cuestionarios asignados a cada estrato. Por ejemplo:

Centro:Huelva

Cuestionarios a distribuir

PREVENTIVOS

Varones

14

Mujeres

1

PRIMER GRADO

Varones

1

Mujeres

0

SEGUNDO GRADO

Varones

113

Mujeres

8

TERCER GRADO

Varones

11

Mujeres

1

SIN CLASIFICAR

Varones

8

Mujeres

0

Según fuese dicha distribución, insistíamos en nuestras instrucciones diciéndoles que: «para evitar sesgos y pérdidas de representatividad, dentro de cada estrato (por ejemplo: Varones en Segundo Grado), la selección de las personas a las que se entregará el cuestionario, deberá ser realizada al azar». Lo que significaba, sin duda, tener que asumir el trabajo añadido que implicaba tener que realizar un sorteo aleatorio.

Como entendíamos que esto venía a representar una cierta molestia, sugeríamos lo siguiente: «Teniendo en cuenta que la muestra teórica viene a ser prácticamente una décima parte de la población reclusa, la forma más simple de realizar el sorteo, en el caso de que exista un listado por orden alfabético, consistirá en sortear un número entre el 1 y el 10 (escribiendo un número en diez papeletas y eligiendo una de ellas al azar). Una vez sorteado este número, se entregará un cuestionario a cada una de las personas que figuren cada 10 posiciones en la lista. Por ejemplo: Si tras el sorteo saliera el número 7, se entregará un sobre con el cuestionario a las personas que ocupen en la lista los lugares: 7, 17, 27, 37, etc.» Todo ello de cara a conseguir evitar la distribución de la encuesta entre las personas presas en razón de criterios no aleatorios, como por ejemplo, la cercanía personal, la previsibilidad estimada de la respuesta, etc.

Como era de esperar que no todos los internos en prisión desearan participar en nuestra encuesta, y para evitar que los reemplazos se realizaran de forma intencional, terminábamos con la siguiente instrucción: «En el caso de que la persona rehusara contestar, se entregará al siguiente en la lista, de forma que, en la medida de lo posible, se pueda completar la cuota establecida respetando la voluntariedad».

Naturalmente, no podemos llegar a saber, en qué medida se respetaron de hecho las instrucciones anteriores. Hay que pensar que el trabajo cotidiano al interior de un centro penitenciario, está lleno de dificultades y urgencias para las que no siempre se cuenta ni con el personal, ni con el tiempo necesario. No obstante, por nuestra parte, tampoco podíamos dejar de intentar fijar unos criterios de rigurosa aleatoriedad estadística en la selección de las últimas unidades muestrales, aún sabiendo que la realidad del trabajo de campo, impone siempre limitaciones insalvables.

Por otro lado, si queríamos aprovechar la posibilidad que nos brindaba la buena disposición de la SGIP, no podíamos dejar de intentar conseguir una muestra estadísticamente representativa, para lo cual resultaba inevitable contar con la intermediación del personal funcionario en la etapa final de distribución de cuestionarios al interior de cada centro penitenciario. Incluso aunque en algunos casos no se haya seguido exactamente la rutina indicada, lo cierto es que no podemos dejar de agradecer a cuantos han colaborado con nosotros, la ayuda que nos han prestado

Como no podía dejar de ocurrir, el proceso de recepción de cuestionarios supuso un largo tiempo de espera, que no se cerró definitivamente hasta seis meses después de su distribución. Entretanto, se fue procediendo al volcado de las respuestas en soporte informático, para lo cual contamos con un numeroso grupo de voluntarios a los que previamente hubo que instruir y exigir un compromiso de confidencialidad. Sin embargo, la enorme cantidad de trabajo que implicaba grabar el texto literal de las preguntas abiertas, hizo necesario reclutar algunos colaboradores remunerados (siempre de forma insuficiente) que finalmente pudieron dar por finalizado el trabajo laborioso de grabación de las respuestas en una base de datos que reúne más de cinco mil páginas de texto y datos 1. Para el análisis de toda esta montaña de información, hemos utilizado el programa Sphinx Survey en su versión 5.0.0.80.

En cuanto a la muestra finalmente obtenida, nos encontramos con que al final recibimos cuestionarios procedentes de 46 centros penitenciarios. Mientras que otros 20 centros no debieron distribuirlos entre las personas presas. En un caso (Soto) nos sugirieron que fuéramos nosotros mismos a realizar la distribución, cosa que además de no ser posible, hubiera supuesto una nota diferencial que difícilmente hubiéramos podido valorar; en algún otro centro nos consta que fueron los sindicatos de funcionarios quienes manifestaron su oposición a distribuir los cuestionarios; y en el resto, no sabemos exactamente cuáles fueron las razones que les llevaron a no participar. En concreto, no recibimos cuestionarios de: Albolote (que tenía asignados 156); Algeciras (161); Alicante (86); Alicante Psiq. (36); Almería (95); Ávila (21); Ceuta (24); Herrera de la Mancha (49); Mallorca (133); Murcia (83); Nanclares de Oca (64); Ocaña II (52); Puerto II (86); Sevilla (153); Teixeiro (123); Tenerife (127); Teruel (16), y Valladolid (48); en conjunto, esto significa tener una merma en la muestra teórica de 1.747 cuestionarios, lo que reduce la muestra real teórica a 3.253 cuestionarios repartidos efectivamente entre las personas presas.

Sobre esta base, podemos calcular la tasa de respuesta, teniendo en cuenta que si bien rozamos los 1.800 cuestionarios recibidos, una vez que descontamos los que llegaron fuera de plazo y los que estaban sin responder casi en su totalidad, nos encontramos con una muestra final integrada por 1.668 cuestionarios válidos procedentes de personas presas, que son los que finalmente hemos analizado, lo que sin duda representa la muestra más numerosa jamás alcanzada en los estudios penitenciarios que se han realizado en nuestro país. Sobre el total de 3.253 cuestionarios efectivamente distribuidos en los centros, estos 1.668 cuestionarios representan una tasa de respuesta del 54,45%, que se distribuyeron de la siguiente forma:

TABLA 2MUESTRA FINAL. DISTRIBUCIÓN POR CENTROS Y TASA DE RESPUESTA VÁLIDA(ordenados según el número de cuestionarios recibidos).

Como resulta obvio al repasar los datos que figuran en la tabla anterior, las tasas de respuesta varían mucho de un centro a otro, con lo que podemos imaginar que las circunstancias particulares que se dieron cita en la fase final del trabajo de campo, así como el ambiente particular que se estuviera viviendo en cada centro, acabaron teniendo una importante influencia en la diseminación de los cuestionarios. No obstante, el hecho de haber conseguido una respuesta promedio superior al 50%, resulta un notable éxito teniendo en cuenta las dificultades que se daban cita en este particular tipo de encuesta.

Cuando llega el momento de presentar los resultados, sólo nos queda esperar que el esfuerzo realizado por tantas personas como han colaborado con nosotros a lo largo de los dos últimos años, pueda encontrar su reflejo en el presente trabajo que, además de intentar visibilizar un sector de población oculto a la mayor parte de sociedad, quiere aportar un granito de arena en la procura de una política criminal más coherente y justa.

1 Tenemos que agradecer especialmente el trabajo de Eloy Virseda y Montserrat Jiménez Arbelo.

INTRODUCCIÓN

LA CÁRCEL EN ESPAÑA: SU EVOLUCIÓN

Hoy, como siempre, la cárcel sirve para encerrar a determinadas personas (y no a otras). Y parece servir bastante bien si nos atenemos a la evolución de los datos que reflejan el promedio de población encarcelada año por año en nuestro país (ver gráfico 1).

GRÁFICO 1EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN RECLUSA EN ESPAÑA

(Elaboración propia. Fuente: INE e Instituciones Penitenciarias).

En algo menos de 30 años, hemos pasado de tener una población reclusa de 18.583 personas en 1980, a 76.259 personas presas en julio de 2009. En menos de tres décadas se ha multiplicado por cuatro (404%) la población encarcelada, mientras el conjunto del país ha pasado de tener 37,4 millones de habitantes a contar con 45.9 millones en la actualidad, apenas un 22% de incremento poblacional.

Además del importante aumento cuantitativo de personas en prisión, desde el punto de vista socio-criminológico, hay dos indicadores que nos ponen de manifiesto la dirección en que camina la política penal y penitenciaria: el número de personas que cumple condena en cada uno de los regímenes de vida y la cifra de permisos penitenciarios concedidos. A ellos dedicaremos las líneas que siguen. Otro elemento a tener en cuenta, esta vez de tipo cualitativo, es el perfil de las personas que se encuentran tras los barrotes. Los cambios habidos en los últimos años, además de indicar directamente cuál es la población diana a la que se dirigen las instancias de control formal, señalan inequívocamente a las modificaciones habidas en la estructura social. Igualmente, habrá que prestar atención a qué se hace con quienes están ingresados y qué calidad de vida tienen. Estrechamente relacionado con todo lo anterior está el marco normativo. Como se desarrollará en la segunda parte de este capítulo introductorio, buena parte de los cambios cuantitativos y cualitativos habidos en el ámbito penitenciario tienen que ver con cambios en el régimen jurídico que obedecen a determinadas concepciones de la política penal y penitenciaria.

Volviendo al incremento generalizado de personas en prisión, sólo en dos momentos se han producido significativos descensos en las tasas de internamiento penitenciario: En 1983, con ocasión de la Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la que se introdujeron topes máximos para la prisión provisional (lo que supuso la salida de muchos presos preventivos) y en el período 1995-1997, con motivo de la entrada en vigor del nuevo Código Penal que obligó a acomodar las sentencias antiguas a la nueva legislación (al aplicar la ley más favorable, algunas personas quedaron excarceladas). Salvo estos momentos puntuales, desde 1980 hasta ahora la población carcelaria no ha parado de crecer a un ritmo extraordinariamente superior al que ha experimentado el crecimiento de la población residente en España, tal y como se puede ver en el gráfico 2 en el que hemos representado el incremento anual acumulado de una y otra población.

GRÁFICO 2EVOLUCIÓN DEL INCREMENTO ANUAL ACUMULADO DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA Y LA POBLACIÓN RECLUSA

(Elaboración propia. Fuente: INE e Instituciones Penitenciarias).

1. UNA POLÍTICA CRIMINAL QUE ABUSA DE LA PRISIÓN

Sorprende que el número de presos ascienda de manera constante y sostenida como una variable absolutamente independiente de los delitos conocidos por la policía. Ello es revelador de hasta qué punto carecemos de una política criminal rigurosa. En efecto, como se descubrirá en el presente trabajo, existe una peligrosa tendencia al abuso de la prisión no justificada objetivamente por atendibles razones de seguridad ciudadana. La tasa de delitos va por un lado, la utilización de la prisión por otro y la percepción subjetiva de inseguridad por parte de los ciudadanos es ajena a las dos anteriores. En efecto, como puede comprobarse en el gráfico 3, el incremento de personas en prisión se mantiene en constante línea ascendente, ajeno por completo a la evolución de los delitos conocidos. El colmo del sinsentido es el fenómeno que se produce entre 1999 y el 2000 y, sobre todo, entre el año 2002 y el 2004: después de dos años de ascenso significativo (probablemente debido al Plan 2000 y las mayores facilidades para denunciar) 1, se produce una llamativa reducción en los delitos conocidos, no obstante lo cual sigue subiendo irrefrenablemente la población reclusa. Por si fuera poco, precisamente en ese lapso temporal de menos delitos es cuando se producen las reformas legales que endurecieron notablemente el sistema y que están por detrás del subsiguiente hacinamiento penitenciario.

GRÁFICO 3EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE DELITOS CONOCIDOS Y DEL NÚMERO DE PERSONAS EN PRISIÓN

(Fuente: Eurostat, INE).

Por lo demás, en una sociedad como la nuestra, marcada por la desigualdad económica y las llamadas constantes al consumo compulsivo de bienes materiales, la mayoría de los delitos que se cometen son, como no deja de ser lógico, delitos contra la propiedad (alrededor del 80% del total de delitos conocidos por la policía), seguidos muy de lejos por los delitos contra las personas, contra la seguridad colectiva y contra la libertad sexual. De modo que los delitos más graves y que pueden generar más alarma social son los menos frecuentes. Por consiguiente, el perfil medio de la persona que ha cometido un delito y se encuentra en prisión no es el de alguien extremadamente peligroso, sino que, según los datos que proporciona la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, se corresponde con el autor de un delito contra la propiedad o contra la salud pública. Por otra parte, en el origen de buena parte de ellos se sitúa la cuestión de las «drogas» y las consecuencias que acarrea, algo que probablemente requiera soluciones más cercanas a los tratamientos de desintoxicación, acompañados de programas de mediación y atención a las víctimas y mucho menos soluciones de tipo carcelario que, lejos de trabajar sobre las causas para eliminar el problema de fondo, no hacen sino cronificarlo y agudizarlo.

2. DISMINUCIÓN DEL RÉGIMEN CERRADO Y AUMENTO DEL TERCER GRADO

Si observamos cómo ha evolucionado la clasificación de las personas presas según el régimen de cumplimiento, nos encontramos con que a lo largo de los años la gran mayoría de las personas que cumplen condena lo hacen en segundo grado penitenciario (ver gráfico 4). Sin embargo, lo que resulta más destacable es que, a pesar del incremento constante que ha llevado a pasar de 25.115 clasificados en 1995 hasta 38.834 en 2008 (55% de aumento en el número total de penados clasifi cados), las personas clasificadas en régimen cerrado, los primeros grados, han reducido su número en cifras absolutas en más de 200 personas desde el año 2004. Ello ha supuesto una sensible reducción de más de un 20%. Esto implica la quiebra saludable de una tendencia expansiva que desde mediados de los noventa había hecho crecer el número de las personas en primer grado más de un 65% entre 1997 y 2004. Este cambio de tendencia coincide con el relevo político producido en las elecciones generales del 14 de marzo de 2004 que llevaron al PSOE a la presidencia del Gobierno.

GRÁFICO 4EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS EN PRISIÓN SEGÚN EL GRADO DE CLASIFICACIÓN

(Elaboración propia. Fuente: SGIP).

Otro dato llamativo, coincidente cronológicamente con el cambio político, es la concesión menos restrictiva del cumplimiento en tercer grado. Ello ha hecho crecer el número total de personas en este régimen de 3.999 en el año 1994, hasta alcanzar las 6.432 en 2008, con un incremento porcentual del 61%. Esta significativa evolución de los criterios clasificatorios se observa más claramente en el gráfico 5 en donde hemos representado el porcentaje de cada régimen de cumplimiento en el conjunto de penados clasificados cada año. Como se puede apreciar, en el momento más duro de estos últimos 14 años, que coincide con el final de los gobiernos del PP, los internos clasificados en primer grado representaban un 3,04% y el tercer grado se había reducido a la mínima expresión puesto que apenas alcanzaba a un 12,73% del total. Cuatro años más tarde, los primeros habían descendido hasta el 2,13% y el régimen abierto suponía el 16,56% de todos los penados clasificados, como resultado de una evolución paulatina pero constante que ha hecho la cárcel un poco menos dura y algo más permeable. No obstante lo anterior, debe significarse que las reformas del Código Penal, que en 2003 provocaron un endurecimiento general del sistema de cumplimiento, fueron consensuadas tanto por el PP en el Gobierno como por el PSOE entonces en la oposición. En ese sentido, al hacer una valoración cronológica de los datos, parece poder concluirse que la política penal y penitenciaria del Partido Popular cuando gobernaba estaba caracterizada por «la mano dura» y una escasa sensibilidad hacia lo penitenciario y su orientación reinsertadora. Por su parte, la del Partido Socialista, actualmente en el poder, adolece de una importante esquizofrenia: Por una parte, la política legislativa sigue aferrada a los planteamientos de la «línea dura», pero, paradójicamente, la política penitenciaria ha seguida una línea de mayor humanitarismo y preocupación por la reinserción social, al menos desde la perspectiva que dan los datos en materia de clasificación. Esta tendencia a la dualidad de discursos en materia penal y penitenciaria parece haberse ido agudizando en el seno del Gobierno actual.

GRÁFICO 5EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE PERSONAS EN PRISIÓN SEGÚN EL GRADO DE CLASIFICACIÓN

(Elaboración propia. Fuente: SGIP).

3. LOS PERMISOS PENITENCIARIOS

En esta misma línea, resulta interesante analizar lo que ha sido la evolución experimentada por la concesión de permisos. Podemos remontarnos hasta los años primeros de la transición, cuando el nuevo marco democrático hizo posible la profundización en una medida que constituía una reivindicación social de todos los colectivos y grupos de apoyo a las personas presas, pues se consideraba un mecanismo pedagógico esencial para facilitar la reincorporación a la vida en sociedad y una forma de romper la separación radical entre tiempo encarcelado y tiempo en libertad. La cuestión de los permisos no siempre es comprendida por el ciudadano medio, entre otras razones porque de forma recurrente aparece en los medios de comunicación algún delito cometido durante un permiso o algún escándalo como consecuencia del no reingreso en prisión. Sin embargo, lo cierto es que la realidad global es muchísimo más amplia y positiva, tal y como se recoge en los datos reflejados en el gráfico 6.

De 3.121 permisos ordinarios y extraordinarios que se concedieron en 1979, hemos pasado a 90.668 que se concedieron en 2008, treinta años más tarde. Hace tres décadas se beneficiaron de esta posibilidad 1.269 personas y en la actualidad son 19.274. Pues bien, como saldo negativo de esta medida en expansión constante tenemos que, si en 1979 no reingresaron en prisión 114 personas, en el último año dejaron de hacerlo 489. Esto significa que si el índice de no reingreso en relación al número de permisos ordinarios y extraordinarios concedidos era de un 3,65% a finales de los setenta, en la actualidad es tan sólo de un 0,57%, casi siete veces menos.

GRÁFICO 6

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE: PERMISO ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS, BENEFICIOS Y NO REINGRESOS (1979-2007)

(Elaboración propia. Fuente: SGIP).

Algo parecido ocurre con los permisos de fin de semana que crecieron desde 36.558 en 1979, hasta los 171.859 de hace un año. El resultado en este caso ha sido aún más espectacular, puesto que, si a finales de los setenta se produjeron 158 ausencias, en el año 2008 únicamente 32 permisos de fin de semana acabaron por no reingresar en prisión. Esto significa pasar de una tasa de no retorno de un 4,3 por mil, hasta bajar a un 0,2 por mil. No cabe duda que hay toda una pedagogía detrás que paulatinamente ha puesto de relieve entre las personas encarceladas la utilidad de retornar si se quiere seguir disfrutando de estos beneficios y ha convertido en práctica absolutamente segura y normal lo que en otros tiempos parecía algo extraordinario y arriesgado. En todo caso, es un nuevo argumento a favor de la cárcel permeable y porosa.

Si ponemos en relación la tasa de fracaso penitenciario y la comparamos con los parámetros europeos, nos encontramos con que nuestro índice de fracasos es netamente inferior al de otros países y, en todo caso, muy por debajo del límite de 3 por mil que, según algunos expertos constituye el límite de error tolerable desde el punto de vista de la gestión de la seguridad ciudadana. Ello muestra con claridad que se debe seguir por esa positiva senda, aunque sea verdad que un solo fracaso penitenciario aparece en todos los telediarios y los dos mil restantes con éxito carecen de ningún eco positivo aunque hayan ayudado —muchas veces de manera determinante—a romper círculos viciosos de criminalidad que habrían devenido en nueva reincidencia al abandonar la prisión. En ese sentido, sería deseable diseñar herramientas científicas que permitan objetivar qué ocurre cuando, habiéndose debido otorgar un permiso desde el punto de vista tratamental, éste se deniega. Sería una forma de mostrar la similar peligrosidad de un permiso mal concedido que acaba en un delito y la de un permiso denegado que cronifica y deteriora a una persona como delincuente. Igualmente, permitiría aportar datos objetivos que alivien el exceso de presión mediática y de opinión pública sobre profesionales penitenciarios y Jueces de Vigilancia que condicionan en exceso sus resoluciones. En concreto, no podemos dejar de silenciar una corruptela consistente en que, existiendo razones para otorgar el permiso, la Junta de Tratamiento lo deniega en la expectativa de que sea «otro», el Juez de Vigilancia o, en su caso, la Audiencia Provincial los que asuman el riesgo y lo otorgue. La presión social, mal informada de los resultados de los permisos penitenciarios, acaba provocando una actitud defensista y de irresponsable delegación en otros por parte de los operadores penitenciarios y judiciales.

GRÁFICO 7TASAS DE NO REINGRESOS SOBRE EL TOTAL DE PERMISOS DE FIN DE SEMANA CONCEDIDOS (EN ‰)

(Elaboración propia. Fuente: SGIP).

4. CONTROL EN RÉGIMEN ABIERTO

En la línea de difuminar las fronteras estrictas que separan el espacio carcelario del territorio social en libertad, operan también las medidas destinadas a favorecer el cumplimiento en régimen abierto mediante la utilización de controles telemáticos o de otro tipo. Si bien en este caso es la cárcel la que se deslocaliza y se hace ubicua e intersticial, difundiéndose más allá de los muros y las alambradas que cierran el perímetro de la prisión.

En todo caso, es notable el incremento del número de personas que se hallan fuera de los muros de la prisión y sometidas a controles de seguimiento: Han pasado de 149 en el año 2000, a 3.222 en la actualidad (ver gráfico 8). Entre otras cosas, esto significa que, si estas tres mil y pico personas tuvieran que permanecer en prisión, habría que construir tres macrocárceles (dos con los actuales niveles de hacinamiento). Esta alternativa supone un considerable ahorro económico, por más que la adquisición de la tecnología empleada, su mantenimiento y el programa de seguimiento y control entrañen importantes costes.

GRÁFICO 8CONTROLES EN RÉGIMEN ABIERTO(ART. 86.4 DELREGLAMENTO PENITENCIARIO)

(Elaboración propia. Fuente: SGIP).

Lo cierto es que si consideramos el crecimiento de estos instrumentos desde el año 2003, en que se implantaron, hasta ahora, nos encontramos con que el negocio de las pulseras de control telemático (una tecnología israelí con patente norteamericana) ha crecido en un 427%. Si hace cinco años, «disfrutaron» de tales abalorios 755 personas, el año pasado pudieron colgárselas de la muñeca 3.222.

Debemos significar en materia de permisos y modalidades de cumplimiento en tercer grado que buena parte de los éxitos se deben a hacer «de verdad» un auténtico programa individualizado de tratamiento, el que se contemplen de manera programada —y previsible para la persona presa— un progresivo régimen de disposición de mayores cotas de autonomía y libertad personal según se van obteniendo los resultados tratamentales o como medio de obtenerlos. Que la persona presa viva como arbitraria e imprevisible la concesión de los permisos y que éstos estén alejados de su evolución y proceso de reinserción constituye un factor de quebrantamiento de primer orden. No es infrecuente que sean los centros penitenciarios más restrictivos y que exasperan más el régimen de cumplimiento de las condenas los que obtengan tasas mayores de quebrantamientos penitenciarios y, desde luego, menores de reinserción social.

5. LA PRISIÓN PREVENTIVA

En cuanto a la evolución seguida por la prisión preventiva en los últimos catorce años, nos encontramos con que, si bien en términos porcentuales no ha variado prácticamente (25%), el hecho es que en cifras absolutas al final del año 2008 había 5.077 presos preventivos más de los que había en 1995 (ver gráfico 9).

6. TIPOLOGÍA DELICTIVA

En cuanto a la tipología delictiva que les ha llevado a prisión, continúan siendo abrumadoramente mayoritarios los delitos de robo (un 34% de los penados y un 23% de los preventivos) y contra la salud pública (un 28% de los penados y un 37% de los presos preventivos). Pero el hecho más llamativo es el aumento constante de las personas presas (en su inmensa mayoría, varones) que se encuentran en prisión por delitos de violencia de género o doméstica. Si en el año 2000 se encontraban por este motivo en prisión o con medidas de seguridad 27 personas (26 de ellos varones), apenas ocho años más tarde, la cifra ha ascendido hasta las 1.780 personas, el 98,7% varones (ver gráfico 10). La mayoría de estos hombres se encuentran en prisión como resultado de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Si aceptamos que la realidad de los malos tratos era un hecho que ya existía en la sociedad española mucho antes de que entrara en vigor dicha ley y en una proporción más o menos semejante a la actual, no cabe duda que resulta inquietante comprobar cómo hemos pasado de encarcelar a 26 varones hace ocho años, hasta llegar a los 1.757 que se encontraban en prisión en 2008; lo que significa multiplicar por ¡68 veces! la cifra anterior con la que habíamos entrado en el tercer milenio. Como parece que en España no se han multiplicado por 68 los casos de malos tratos a mujeres, estaríamos ante un ejemplo palmario de cómo un cambio en la sensibilidad social, seguido de cambios legislativos, acompañados de una mayor efectividad en la detección y persecución de determinados delitos, acaba por incrementar el número de personas en prisión, sin que la evolución de esta cifra tenga mucho que ver con el curso seguido por el número de delitos realmente existentes. Se probaría con ello que el número de personas presas correlaciona directamente con las transformaciones que experimenta la opinión pública y su traducción política, tanto en su vertiente legislativa como en términos de actuación policial y de control social.

GRÁFICO 9

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE INTERNOS SEGÚN SITUACIÓN PROCESAL(Elaboración propia. Fuente: SGIP).

GRÁFICO 10

RELACIONES FAMILIARES. NÚMERO DE PERSONAS EN PRISIÓN(Elaboración propia. Fuente: SGIP).

Igualmente es un caso claro en el que se muestra el exceso de confianza que la población pone en las medidas penales como forma de solucionar los conflictos. Lamentablemente, las estadísticas muestran cómo el espectacular incremento de hombres en prisión no ha ido parejo a una disminución de los delitos cometidos contra las mujeres. Sin perjuicio de que haya casos en los que esta medida pueda resultar un mal inevitable, no cabe duda de que es uno de los supuestos en que más se puede estar abusando de la función simbólica del Derecho penal. Es claro que no todo se resuelve con el Derecho punitivo, ni con la asimetría en el tratamiento jurídico penal de los conflictos derivados de las relaciones entre hombres y mujeres (en el caso del varón, la agresión se reputa siempre delito y no falta), ni con consecuencias penales no modulables en cada caso concreto. La violencia contra la mujer es un desgraciado fenómeno social en el que no están ausentes patrones machistas y propietaristas por parte del hombre o relaciones de dependencia por parte de la mujer, entre otros muchos factores, que precisan de bastantes más herramientas que las meramente penales. Como prueba de la complejidad de este fenómeno y de la necesidad de un abordaje más integral, podemos señalar que han sido precisas Instrucciones de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y de la Fiscalía General del Estado con el fin de filtrar el flujo de mujeres que acudían a visitar a los hombres a los centros penitenciarios pese a existir orden de alejamiento y de tramitar indultos particulares para dichas órdenes cuando resultaban perjudiciales para las mujeres que acaban desobedeciéndolas. Desde luego, sería preciso dotar a la ley de menos automatismo, otorgando al Juez un mayor arbitrio a la hora de individualizar las consecuencias jurídicas del delito, asegurar un mayor margen de expresión de la voluntad de la mujer (muchas veces «empujada» más que protegida por el procedimiento penal), promover con más intensidad programas de tratamiento a maltratadores, abrir la vía de la mediación en algunos de estos supuestos (ésta no niega nunca la superioridad moral de la víctima, ni reclama previa simetría entre infractor y víctima) y, desde luego, ampliar las medidas sociales y económicas de apoyo a las mujeres víctimas del maltrato, incluso con independencia de los resultados del procedimiento o de su nacionalidad.

En este punto contamos con algunos datos ofrecidos por la SGIP sobre la extensión de los programas de tratamiento que intervienen con personas condenadas o en prisión por delitos relacionados con la violencia de género, un tipo de programas que en 2005 seguían 319 personas, y en el que durante el 2008 participaban 744 presos, habiendo duplicado ampliamente su cobertura. En este momento es uno de los programas de tratamiento más importantes en cuanto al número de personas participantes. Sólo le superan los de «Extranjeros» (879), «Jóvenes» (969), «Prevención de suicidios» (2.177) y «Módulos de respeto» (5.863). Con todo, si observamos el gráfico 11 —en el que los valores correspondientes a «Suicidios» y «Módulos de respeto» se reflejan en el eje de la derecha para no distorsionar la presentación gráfica— se puede observar que no es el programa que más ha crecido en las cárceles españolas en los últimos tiempos, puesto que, si nos atenemos a la pendiente que dibujan las líneas, el mayor crecimiento relativo lo han experimentado el programa de «Extranjeros», iniciado en 2006, y los de «Jóvenes» y «Resolución de conflictos» que comenzaron un año más tarde, en 2007.

GRÁFICO11PROGRAMAS DE TRATAMIENTO(Elaboración propia. Fuente: SGIP).

Todavía es pronto para valorar la eficacia de los programas. Aunque en el ámbito de las personas condenadas por maltrato sería preciso trabajar por perfiles diferenciados y con una inversión en personal mayor. En la actualidad, el maltratador recibe el mismo tratamiento por una agresión muy grave que por saltarse una orden de alejamiento por una amenaza, aunque sea con el consentimiento de la pareja; se les mete a todos en el mismo saco, en un traje de talla única. Esta situación es fruto de la falta de recursos y de la escasez de auténticos especialistas para atender a los agresores.

7. TRASLADOS

Por lo que se refiere a los traslados, hemos reflejado en la tabla siguiente las cifras que nos ha facilitado la SGIP, sobre los motivos de los mismos. La serie disponible se remonta únicamente hasta 2004, por lo que no podemos decir nada sobre si existió un punto de inflexión coincidiendo con el cambio de signo político en la Administración penitenciaria. De hecho, los datos disponibles sobre traslados entre los años 2000-2003 sólo informan de los traslados entre los centros dependientes de la Administración Central y los de Cataluña. Con todo, si nos atenemos a lo que refleja la última columna de la tabla sobre el porcentaje de incremento experimentado en los últimos cinco años, sin descontar el efecto del incremento general de la población encarcelada, tenemos que los que comparativamente han crecido más son los traslados debidos a motivos culturales, de formación y deportivos. De tratarse de razones prácticamente inexistentes hace cinco años (9 traslados culturales, 4 por formación y 37 deportivos), han pasado a ser una realidad relativamente amplia (451, 108 y 407, respectivamente) aunque minoritaria dentro del conjunto de movimientos y traslados. Lo más habitual es que la gente sea trasladada por razones de clasificación (13.025 traslados en 2008) y judiciales (10.885). Mucho más lejos les siguen los reingresos (7.055) que, propiamente hablando, no serían traslados y la búsqueda de una adecuación en la ocupación general (4.353). Llama la atención (aunque se haya incrementado porcentualmente) la escasa cifra de traslados que se producen por vinculación familiar (316), factor que es prioritario en los procesos de reinserción social y que aparece vinculado también al territorio en que se va a desarrollar dicha reincorporación a la sociedad.

Aunque la serie de datos no es demasiado larga —apenas cinco años—se aprecia claramente que casi todas las categorías se mantienen más o menos constantes en su evolución, ya sea ésta ascendente, descendente o de estabilidad. Sin embargo, parecen detectarse algunos saltos significativos que elevan de forma repentina el número de traslados de un año para otro y que, indudablemente deben obedecer a razones de gestión política. En la tabla 1 hemos señalado con otro color las celdas que reflejan estas significativas discontinuidades. Este es el caso del repentino incremento de los traslados por motivos culturales que se produce en el año 2006 y que continúa hasta ahora; o de los traslados deportivos entre el año 2005 (solamente 53), y el 2006 en que crecieron hasta los 508; parece detectarse también una mayor cantidad de traslados por adecuación de ocupación y por motivos de formación durante el último año 2008; finalmente, parece bastante evidente que los traslados por motivos de cumplimiento empezaron a crecer signifi cativamente en 2007 y experimentaron un auténtico boom durante el año 2008. El resultado ha sido que, si en 2006 apenas hubo trescientos traslados por cumplimiento, en 2008 rozaron los mil seiscientos.

TABLA 1

TRASLADOS DE PENADOS(Fuente SGIP).

8. MUERTES

Particular preocupación causan las muertes en prisión, sobre todo si se tiene en cuenta que la relación de especial sujeción implica un deber especial de aseguramiento de la vida y de la integridad física y psíquica por parte de quien ejerce una función de custodia. En cuanto a los suicidios se detecta una disminución en 2008 de los suicidios consumados. Probablemente no sea ajeno a ello las distintas medidas del programa penitenciario de Prevención de Suicidios. Llama poderosamente la atención la constatación de 34 muertes naturales por HIV, lo cual revela una gravísima negligencia del sistema no tanto por el hecho, seguramente inevitable, de la muerte, sino por no haber utilizado oportunamente las posibilidades que brinda la legislación vigente para evitar el ensañamiento penal que supone que alguien tenga que fallecer en el ambiente inhóspito de una prisión, en vez de entre sus familiares o en una institución extrapenitenciaria adecuada. Con seguridad puede afirmarse otro tanto de un buen número de lo que aparece como otras causas de muerte natural. Más preocupante resulta el repunte de muertos por sobredosis que revela la entidad del problema de drogodependencia en buen número de presos y la necesidad de seguir apostando por programas rehabilitadores. Sin duda el dato se debe a la circunstancia de la circulación de drogas ilegales en el interior de las prisiones o a los «trapicheos» de las legales entre los internos. El número de muertes por agresión es bastante bajo y constante (4 en 2008) y es el mejor antídoto frente a una consolidada percepción de las personas presas y de su hábitat. Desde luego debe celebrarse la cifra cero de accidentes y sería deseable que puntuasen del mismo modo el resto de variables.

GRÁFICO 12PERSONAS FALLECIDAS EN PRISIÓN(2000-2008)(Elaboración propia. Fuente: SGIP).

Nota: En la memoria de 2003 cambian las variables consideradas por la DGIP.

9. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y NIVEL EDUCATIVO

Tal y como se puede observar en el gráfico 13, los participantes en actividades formativas de uno u otro tipo, aun siendo una minoría dentro del conjunto de la población encarcelada, han experimentado un notable incremento a partir del año 2005, cuando se pasó de 11.127 personas, a 13.765. Este 24% de incremento de un año para otro, necesariamente debe obedecer a un cambio de orientación de la política penitenciaria destinado a favorecer o facilitar las actividades formativas en prisión, que en los cinco años anteriores habían venido decayendo tanto en cifras absolutas de estudiantes como, sobre todo, en porcentaje sobre el total de presos, tal y como veremos más adelante.

GRÁFICO 13

ACTIVIDADES FORMATIVAS. EVOLUCIÓN EN CIFRAS ABSOLUTAS(Elaboración propia. Fuente: SGIP).

El relanzamiento de las actividades formativas que se produce a partir de 2005 apenas consigue compensar el enorme crecimiento de la población carcelaria, pero al menos sirve para detener el continuado y acusadísimo retroceso que venían experimentando los «estudiantes» entre las personas presas en cárceles españolas, cuyo porcentaje sobre el total de presos había descendido del 31% al 22% en apenas cinco años, los que van del 2000 al 2004.

GRÁFICO 14

PORCENTAJE DE PERSONAS PRESAS EN ACTIVIDADES FORMATIVAS SOBRE EL TOTAL DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA(Elaboración propia. Fuente: SGIP).

No obstante, tampoco conviene echar las campanas al vuelo por dos razones: en primer lugar, estas cifras nos hablan de los alumnos matriculados, no del éxito educativo de los que estudian. Hasta la fecha carecemos de datos sobre la tasa de fracaso escolar penitenciario (alumnos que no completan los estudios en los que se habían matriculado). En segundo lugar, la inmensa mayoría de las personas que estudian algún tipo de enseñanza reglada, lo hacen en los niveles inferiores (ver gráfico 15). Los matriculados en enseñanzas universitarias apenas representan un 6% de todos los matriculados en enseñanzas regladas, y más de la mitad no están cursando una carrera sino que están matriculados en los cursos de acceso a la universidad. De hecho, apenas había seiscientas personas presas cursando alguna carrera universitaria de entre los 61.000 presos que existían en las cárceles españolas en 2008, esto es, un 1%.

GRÁFICO 15

TIPO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS(%)(Elaboración propia. Fuente: SGIP).

En todo caso, el nivel educativo de las personas presas sigue siendo muy bajo (ver gráfico 16). Un 28% no ha completado siquiera unos estudios primarios y otro 33% apenas alcanzó este nivel. En total, más de un 60% sólo tendría estudios primarios o inferiores.

GRÁFICO 16

NIVEL EDUCATIVO DE LA PERSONAS PRESAS(Elaboración propia. Fuente: SGIP).

La situación se agrava por efecto del incremento de los extranjeros en prisión. Además de los problemas de comprensión lingüística que presentan muchos de ellos para expresarse en español, lo que obviamente dificulta su inserción en actividades formativas, nos encontramos con que el nivel de instrucción de los extranjeros está mucho más polarizado que entre los españoles: es mayor el porcentaje de los analfabetos y es también mayor el porcentaje de los que cuentan con estudios universitarios, ya sea de primer, segundo o tercer ciclo. Mientras que los analfabetos representan el 7,4% entre los presos españoles, sube hasta el 10,8% entre los extranjeros; al mismo tiempo, los presos españoles con estudios universitarios vienen a ser un 3%, mientras que este porcentaje se eleva hasta el 4,2% entre los extranjeros.

GRÁFICO 17

NIVEL EDUCATIVO(Elaboración propia. Fuente: SGIP).

10. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

Si observamos los datos que facilita la SGIP sobre participación de personas presas en actividades deportivas y culturales (gráfico 18) se detecta que apenas un par de programas, los de difusión cultural y deporte recreativo, captan la participación de un buen número de personas. Si pensamos que en 2008 la población penitenciaria dependiente de la SGIP era de unas 61.000 personas, estaríamos hablando de la mitad aproximadamente. El resto de actividades son seguidas de forma minoritaria. No obstante, es digno de resaltarse la participación de un número cada vez mayor de personas en casi todos ellos; por ejemplo, si en 2004 participaron 6.331 personas en los talleres ocupacionales, cuatro años más tarde, en 2008, fueron 13.813, más del doble.

GRÁFICO 18

MEDIA MENSUAL DE PERSONAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS(Elaboración propia. Fuente: SGIP).

De hecho, si observamos la evolución de la participación expresada en porcentaje sobre la población penitenciaria existente en las cárceles españolas durante el período (ver tabla 2) vemos que a los talleres ocupacionales, por ejemplo, asistiría alrededor de un 23%, cuando hace cuatro años eran sólo un 12,5%; también han evolucionado positivamente la biblioteca (de un 12% a un 19%), la formación y motivación deportiva (de 6% a 8%) y, aunque en muy escasa medida, el deporte de competición (de un 6% al 7%). Sin embargo, ha descendido la participación en el deporte recreativo (50%-42%).

TABLA2PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS SOBRE EL TOTAL DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA(Elaboración propia. Fuente SGIP).

11. LA LIBERTAD CONDICIONAL

Por lo que se refiere a las actividades que se coordinan desde los Servicios Sociales, nos encontramos con cierta dificultad para obtener series homogéneas de los últimos años: O no todos los años se facilitan datos, o bien no siempre se utiliza la misma desagregación en categorías. Sin embargo, hay algunas tendencias claras. Por ejemplo, por lo que se refiere a la libertad condicional, los promedios anuales muestran una política claramente restrictiva durante el primer quinquenio, donde bajaron algo más de un 20%; en cambio, a partir del año 2005 se inicia una remontada que está a punto de igualar los niveles de los nueve años anteriores (ver gráfico 19).

GRÁFICO19EVOLUCIÓN DE LA LIBERTAD CONDICIONAL(PROMEDIO ANUAL)(Elaboración propia. Fuente: SGIP).

12. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN

En cuanto a la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, aun con la salvedad de que no disponemos del dato correspondiente al año 2002, parece también evidente que el repunte se produce a partir del año 2005, y con una velocidad de crecimiento extraordinaria, puesto que las cifras pasan de 521 suspensiones en el año 2005, hasta superar las diez mil en el 2008: se han multiplicado por 20 en estos cuatro últimos años. Probablemente este notable incremento sea debido a la modificación de los delitos contra la seguridad vial introducidos por la Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre.

GRÁFICO 20

EVOLUCIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD(Elaboración propia. Fuente: SGIP).

13. LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Mucho más confusos resultan los datos referidos a la evolución de las medidas de seguridad privativas o no de libertad (ver gráfico 21). No se entienden, salvo que se trate de un error, los datos correspondientes al año 2001, claramente atípicos; por si fuera poco, los datos del año 2008, presentan ambas categorías agregadas, con lo que no es posible extraer ninguna conclusión. No obstante, si nos ceñimos a los años que van del 2002 al 2007, sí parece detectarse una evolución regular y sostenida que apuntaría a un decrecimiento de las medidas de seguridad privativas de libertad, a favor de un incremento paulatino de las medidas de seguridad no privativas de libertad. Quizá no sea ajeno a este fenómeno el paulatino descrédito entre los jueces acerca de la idoneidad de los psiquiátricos penitenciarios como lugar para atender a los inimputables, o una tendencia minimalista a la hora de aplicar la exención de responsabilidad criminal fruto de la presión social.

GRÁFICO 21

EVOLUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD(Elaboración propia. Fuente: SGIP).

Nota: En 2008 se presentan ambas agregadas.

14. LOS TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD

Finalmente, hay una última serie de datos que recogen la actividad de los Servicios Sociales que resulta de gran interés: Son las cifras referentes a la evolución de los trabajos en beneficio de la comunidad (TBC). Las sentencias de este tipo, que se dictaron de forma muy pacata y restrictiva entre el 2000 y el 2003, unos años en los que apenas hubo seiscientas sentencias anuales, dejan paso a un incremento geométrico que alcanza las 46.617 sentencias que se recibieron durante el año 2008, ¡74 veces más que las de cinco años antes! A ello han colaborado la entrada en vigor de la Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre, por la que se modifica el Código Penal en materia de seguridad vial, una mayor sensibilidad judicial acerca de los TBC, alguna reforma que ha ampliado su margen de aplicabilidad, el incremento de conciertos con entidades públicas y privadas para su ejecución, la mayor conciencia social acerca de su idoneidad y, sobre todo en los últimos años, la apuesta decidida de la Institución Penitenciaria por impulsarlos.

Y en lógica secuencia con la evolución del número de sentencias recibidas, a partir del año 2004 (primero para el que existen datos) se produce un incremento constante del número de sentencias cumplidas: Si aquel año fueron 522 se han convertido en 3.507 durante el 2008 (ver gráfico 22).

GRÁFICO22EVOLUCIÓN DEL TRABAJO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD(Elaboración propia. Fuente: SGIP).

15. ASOCIACIONES Y ONG

Tampoco son demasiado explícitos los datos relativos a la evolución seguida por las Asociaciones y ONG que intervienen en prisión. Si nos atenemos al número de intervenciones realizadas por estos actores de la sociedad civil, parecería que la evolución al alza que se venía detectando en el período 2000-2005, cuando casi quintuplicaron sus intervenciones, hubiera dejado paso a una etapa de estancamiento, cuando no de retroceso.

GRÁFICO 23

TOTAL DE INTERVENCIONES LLEVADAS A CABO POR ASOCIACIONES YONGS(Elaboración propia. Fuente: SGIP).

De todas formas, el número de intervenciones no dice gran cosa respecto del alcance de las mismas, puesto que una misma acción puede estar llegando a más personas presas. De hecho, si comparamos el año 2008 con el 2006, nos encontramos con 105 intervenciones menos, y, en cambio, acudieron a las prisiones españolas 1.078 voluntarios más.

GRÁFICO 24

NÚMERO DE VOLUNTARIOS DE ASOCIACIONES YONGS(Elaboración propia. Fuente: SGIP).

16. LOS RECURSOS HUMANOS

Vamos a terminar presentando unos datos que reflejan el curso seguido por los recursos humanos existentes en los centros que dependen de la SGIP y cómo ha sido su evolución en relación al crecimiento constante experimentado por la población penitenciaria.