Cárcel, derecho y sociedad - Fernando León Tamayo Arboleda - E-Book

Cárcel, derecho y sociedad E-Book

Fernando León Tamayo Arboleda

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Cárcel, derecho y sociedad es un avance relevante en la discusión sobre las condiciones, los problemas, los efectos y las alternativas del sistema penitenciario actual en Colombia, e invita a una reflexión más amplia sobre el lugar de la prisión en la sociedad. Los artículos reunidos aquí analizan diferentes aspectos necesarios para comprender el mundo penitenciario del país, su relación con la sociedad y los efectos del arreglo penitenciario y carcelario contemporáneo sobre las personas privadas de la libertad. Son no solo una ventana al aparato carcelario, sino también un recordatorio de que las actuales formas de organización social están soportadas en el sufrimiento de cientos de miles de personas. Así, los análisis de los autores tienen como objetivo contribuir tanto a la deliberación académica, como a una acción política que desemboque en la eliminación definitiva de mecanismos deshumanizadores de castigo. En la primera sección se abordan cuestiones relacionadas con el diseño legal e institucional del mundo penitenciario y las relaciones y los efectos sociales que se producen por dicho diseño. En la segunda sección se analiza el gobierno de la cárcel, por medio del estudio de las formas jurídicas que sirven a la defensa de los derechos de quienes están privados de la libertad, los espacios existentes para la justicia restaurativa y la reducción de la cárcel, y los mecanismos de reintegración de los internos a la sociedad. En la tercera sección se presenta un análisis sobre la situación de las poblaciones diferenciadas privadas de la libertad, con énfasis en la situación de las mujeres presas y su relación con el exterior. Finalmente, en la cuarta sección se estudia el derecho a la salud en las cárceles colombianas, las posibilidades de mejoramiento del sistema de salud penitenciario y las estrategias para garantizar los derechos humanos en los penales.

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CÁRCEL,DERECHO Y SOCIEDAD

APROXIMACIONESAL MUNDO PENITENCIARIOEN COLOMBIA

CÁRCEL,DERECHO Y SOCIEDAD

APROXIMACIONESAL MUNDO PENITENCIARIOEN COLOMBIA

Libardo José Ariza

Manuel Iturralde

Fernando León Tamayo Arboleda

(edición académica y compilación)

Nombre: Ariza Higuera, Libardo José, edición académica, compilador, autor. | Iturralde Sánchez, Manuel Alejandro, edición académica, compilador, autor. | Tamayo Arboleda, Fernando León, edición académica, compilador, autor. | Cardona Cardona, Lina María, autora. | Torres Gómez, Mario Andrés, autor. | Olarte Rincón, Diego Mauricio, autor. | Zorro Medina, Ángela Patricia, autora. | Hernández Jiménez, Norberto, autor. | Ciprián Nieves, Hernán, autor. | Leal Martínez, Ana María, autora. | Mauesberger, María, autora. | Ángel Botero, Carolina, autora. | Urrutia, Julián, autor. | Bolívar Rincón, Felipe, autor. | Cotte Cabarcas, Juan Manuel, autor. | Madero Gómez, Santiago, autor. | Hernández Flórez, Luis Jorge, autor. | Bravo, Omar Alejandro, autor.

Título: Cárcel, derecho y sociedad : aproximaciones al mundo penitenciario en Colombia / Libardo José Ariza, Manuel Iturralde, Fernando León Tamayo Arboleda (edición académica y compilación).

Descripción: Bogotá : Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, Ediciones Uniandes, 2021. | Colección Estudios Cijus

Identificadores: ISBN 9789587981063 (rústica) | 9789587981070 (electrónico)

Materias: Prisiones – Colombia | Derecho penal – Colombia | Presos – Situación legal

Clasificación: CDD 344.035–dc23

SBUA

Primera edición: julio del 2021

© Libardo José Ariza Higuera, Manuel Alejandro Iturralde Sánchez, Fernando León Tamayo Arboleda (edición académica y compilación)

© Lina María Cardona Cardona, Mario Andrés Torres Gómez, Diego Mauricio Olarte Rincón, Ángela Patricia Zorro Medina, Norberto Hernández Jiménez, Hernán Ciprián Nieves, Ana María Leal Martínez, María Mauesberger, Carolina Ángel Botero, Julián Urrutia, Felipe Bolívar Rincón, Juan Manuel Cotte Cabarcas, Santiago Madero Gómez, Luis Jorge Hernández Flórez, Omar Alejandro Bravo

© Universidad de los Andes, Facultad de Derecho

Ediciones Uniandes

Carrera 1.ª n.º 18A-12

Bogotá, D. C., Colombia

Teléfono: 3394949, ext. 2133

http://ediciones.uniandes.edu.co

http://ebooks.uniandes.edu.co

[email protected]

ISBN: 978-958-798-106-3

ISBNe-book: 978-958-798-107-0

DOI: http://dx.doi.org/10.15425/2017.455

Corrección de estilo: Tatiana Grosch

Diagramación interior: Nancy Cortés

Diseño de cubierta: Angélica Ramos

Imagen de cubierta: foto de Joshua Woroniecki (tomada de Pixabay: Pixabay.com/es/photos/mariposa-ventana-arte-de-papel-5344157/)

Conversión ePub: Lápiz Blanco S.A.S.

Hecho en Colombia

Made in Colombia

Universidad de los Andes | Vigilada MineducaciónReconocimiento como universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964Reconocimiento de personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949, MinjusticiaAcreditación institucional de alta calidad, 10 años: Resolución 582 del 9 de enero del 2015, Mineducación

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida ni en su todo ni en sus partes, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro-óptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la editorial.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.A SANGRE Y FUEGO: UN PANORAMA DEL SISTEMA CARCELARIO Y PENITENCIARIO COLOMBIANO

Libardo José Ariza

Manuel Iturralde

Fernando León Tamayo Arboleda

PARTE IPRISIONES, SOCIEDAD Y POLÍTICA CRIMINAL

LAS PRISIONES Y LAS TRANSFORMACIONES DEL CAMPO DEL CONTROL DEL CRIMEN EN COLOMBIA

Libardo José Ariza

Manuel Iturralde

LA VIDA AFUERA DE LAS MURALLAS Y LA CÁRCEL COMO HERRAMIENTA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

Fernando León Tamayo Arboleda

Lina María Cardona Cardona

LOS RETOS DE LA POLÍTICA CRIMINAL Y PENITENCIARIA EN COLOMBIA

Libardo José Ariza

Mario Andrés Torres Gómez

NO PUEDEN (DEBEN) SALIR: EL DISCURSO CONSTITUCIONAL Y LA DEFENSA DE LA INCAPACITACIÓN DEL DELINCUENTE

Libardo José Ariza

Fernando León Tamayo Arboleda

Diego Mauricio Olarte Rincón

LOS COSTOS DEL ENCARCELAMIENTO EN COLOMBIA

Ángela Zorro Medina

PARTE IIDERECHO PENAL Y GOBIERNO DE LO PENITENCIARIO

EL LITIGIO EN MATERIA DE EJECUCIÓN DE PENAS

Norberto Hernández Jiménez

HACIA EL RETROCESO DE LA PRISIÓN: RETOS Y POSIBILIDADES DE LAS PENAS ALTERNATIVAS Y EXTRAMURALES EN COLOMBIA

Fernando León Tamayo Arboleda

Hernán Ciprián Nieves

¿SE PUEDE MARGINAR Y RESOCIALIZAR AL MISMO TIEMPO? APUNTES PARA UN MODELO DE REHABILITACIÓN PENITENCIARIA EN COLOMBIA

Ana María Leal Martínez

PARTE IIIMUJERES Y PRISIONES

“TE HABLO DESDE LA PRISIÓN, POR SKYPE”: VIVIENDO EN EL PASADO, DESCONECTADO DE LA VIDA ACTUAL, DE MI FAMILIA Y DE MIS REDES SOCIALES

María Mauesberger

¿QUIÉN ES LA MUJER EN LA CÁRCEL? UNA APROXIMACIÓN DESDE LA ANTROPOLOGÍA DEL DERECHO

Carolina Ángel Botero

PARTE IVEL DERECHO A LA SALUD EN LA PRISIÓN

SALUD EN EL SISTEMA PENITENCIARIO DE COLOMBIA

Julián Urrutia

Felipe Bolívar

Juan Manuel Cotte

Santiago Madero

Luis Jorge Hernández

ESTÁNDARES INTERNACIONALES PARA LA GARANTÍA DEL DERECHO A LA SALUD DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD

Mario Andrés Torres Gómez

SALUD MENTAL EN (Y A PESAR DE) LAS INSTITUCIONES CARCELARIAS

Omar Alejandro Bravo

SOBRE LOS AUTORES

IntroducciónA sangre y fuego: un panorama del sistema carcelario y penitenciario colombiano*

Dos años son fundamentales para comprender la historia reciente del campo penitenciario colombiano. El primero de ellos es 1997, que puede denominarse el año de la organización y sublevación penitenciaria. Este momento marca la emergencia de la politización de la cuestión penitenciaria con la organización de protestas, jornadas de desobediencia y huelgas de hambre en los principales establecimientos del país. Será, también, protagonista de la más grande e intensa jornada de protesta de la población penitenciaria en Colombia de los últimos veinte años y que sentará el contexto para la aparición de formas de organización que hoy perduran con el nombre de Movimiento Nacional Carcelario1. Un titular de uno de los principales periódicos del país describe claramente el alcance de la sublevación penitenciaria de la época: “50 motines en 1997”2. Sería más preciso decir que hasta junio de 1997 se habían presentado cincuenta motines en los principales establecimientos del país y que la situación parecía dirigirse hacia la inestabilidad total del sistema. Como lo mencionaba otro titular de la época, “A sangre y fuego estalla la crisis penitenciaria”3.

No obstante, esta misma sublevación que amenazaba con sumir al sistema en su crisis definitiva institucionalizó un modelo de cogobierno penitenciario en el que líderes de prisioneros y la administración asumieron conjuntamente la tarea de gobernar los patios4, en un rasgo que pareciera indicar que comparten las cárceles de la región. A partir de este momento, las mesas de trabajo al interior de cada prisión y una Mesa Nacional Carcelaria tendrían como propósito fundamental discutir la crisis frente a los representantes del Estado y junto con ellos. No es este el lugar para describir en detalle la conformación de la Mesa, ni su papel en la pacificación penitenciaria de la época. Por ahora quisiéramos resaltar el papel que cumplió en el proceso paralelo que condujo a la juridificación de la experiencia penitenciaria, uno de los elementos característicos del campo penitenciario local5.

El segundo momento clave se dio en el año 1998, con la Sentencia T-153 de 1998 de la Corte Constitucional colombiana, que declara por primera vez el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario del país. Unos pocos meses después de los cincuenta motines inició la estrategia jurídica por parte de la Mesa de Trabajo, como lo menciona la Corte Constitucional en esa misma sentencia: “El día 4 de agosto de 1997, diferentes internos de la Cárcel Nacional Modelo, integrantes del Comité Permanente de los Derechos Humanos de este centro, instauraron una acción de tutela contra el Inpec, por cuanto consideran que este vulneraba los derechos humanos y los derechos fundamentales”6. La Sentencia T-153 de 1998 se convertiría, en las dos décadas siguientes, en el guion con el que se narraría la experiencia del castigo y con la cual se daría el primer paso hacia la incorporación de la violencia carcelaria en el discurso jurídico, el cual intenta contenerla al tiempo que reconoce su veracidad7. Esta sentencia se encuentra enmarcada en una estrategia general, impulsada por la Mesa Nacional, de judicializar la vida penitenciaria a través de la presentación masiva de acciones de tutela por parte de las personas presas de todo el país. De hecho, uno de los accionantes principales que se mencionan en la Sentencia T-153 de 1998, John Jairo Hernández, se encontraba detenido en el pabellón de alta seguridad de la cárcel La Modelo y era, en ese momento, el representante ante la Mesa de Trabajo del establecimiento8.

Esta sentencia, a pesar de su visión particular sobre el castigo, el sufrimiento penitenciario y la forma de protección de derechos9, es, al mismo tiempo, símbolo de victoria y un diario de campo de los jueces, que, al visitar y recorrer la cárcel, presenciaron el horror del castigo penitenciario en condiciones infrahumanas. Como lo señala un interesante análisis del impacto de esta sentencia, posiblemente su mayor logro haya sido crear un guion claro para la discusión contemporánea sobre el mundo penitenciario en Colombia10. Pero, a pesar de su importancia, o precisamente por ella, no logra contener el reclamo político por condiciones dignas de reclusión de las personas presas en Colombia; así, la resistencia penitenciaria asume como principales estrategias la tinta, el papel y el estrado judicial.

Desde entonces, y sin interrupción, las personas presas han encontrado en el discurso de los derechos el lenguaje que les permite, al mismo tiempo, articular la protesta y transmutar a las formas jurídicas la infamia de la experiencia penitenciaria11. Y la nueva avalancha de tutelas ha producido un cambio de escala en la intervención de la Judicatura en el campo penitenciario local12. En primer lugar, ya no será el gran tribunal constitucional el que asuma la tarea de controlar la vida en prisión sino los jueces de instancia, es decir, aquellos que ocupan los escalones bajos de la jerarquía propia de la administración de justicia13. En segundo lugar, supone la adopción de una postura política distinta frente a las condiciones infrahumanas de reclusión, que no se basa exclusivamente en la adopción de correctivos estructurales, bajo el marco más amplio de la imperiosa necesidad de modernizar el presidio. A partir de este momento, la solución para las cárceles no es construir más y mejores establecimientos. Este giro político, que se concreta en la adopción de órdenes judiciales relativamente novedosas en el campo local en las dos últimas declaratorias de un estado de cosas inconstitucional en Colombia14, contempla como solución la limitación del encierro a través de la suspensión de ingresos, el cierre de establecimientos y la búsqueda del, tal vez inalcanzable, equilibrio del sistema penitenciario del país.

Aunque han pasado cerca de veinte años desde la declaratoria del primer estado de cosas inconstitucional, el panorama de las prisiones colombianas no es muy distinto al que contemplaron los funcionarios que visitaron La Modelo en 1998. Las personas siguen durmiendo en los pasillos y rotondas, la violencia campea libremente dentro de los muros penitenciarios, tanto como las enfermedades, y no existen programas generales de educación y trabajo que permitan pensar que la resocialización es un objetivo posible. Probablemente por esta misma razón, durante los últimos veinte años, la crisis penitenciaria ha ocupado un lugar protagónico en las discusiones sobre la política criminal del país y, al mismo tiempo, ha suscitado el interés creciente de la academia jurídica local que intenta dar cuenta del sentido del castigo penitenciario: ¿cuáles son los retos que debe enfrentar el sistema penitenciario y carcelario en Colombia?, ¿cuáles son las principales perspectivas que ayudarían a enfrentarlos?

Para responder a estas preguntas nos hemos reunido un grupo de colegas y amigos que, en los últimos diez años, hemos coincidido en el campo penitenciario local desde distintas posiciones: bien sea trabajando dentro del sistema, ocupando una posición gubernamental o en el espacio seguro del mundo académico. Todos hemos visitado el mundo penitenciario y presenciado directamente el drama al que se ven sometidos miles de prisioneros y sus familias.

El enfoque que le hemos dado a este trabajo es el interdisciplinario, porque permite analizar los retos y perspectivas desde una perspectiva más amplia, completa y compleja a la que usualmente permite el frío relato del discurso jurídico. Por esto, el libro se estructura a partir de cuatro ejes fundamentales que, en nuestra opinión, reflejan algunas de las cuestiones centrales que cualquier esfuerzo de reforma debe enfrentar en el futuro próximo. Desde la cuestión más amplia de la intervención judicial y la política criminal, pasando por los retos del litigio cotidiano en prisiones, hasta llegar a preocupaciones centrales en la vida cotidiana de las personas presas, como las relaciones familiares, la perspectiva de género y el acceso a la salud, este libro representa un esfuerzo importante por hacer inteligible una institución obsoleta.

El presente texto, entonces, se organiza en cuatro secciones en las que se analizan aspectos necesarios para comprender el mundo penitenciario en Colombia, su relación con la sociedad y los efectos del sistema actual de encierro sobre los sujetos privados de la libertad. En la primera sección se abordan cuestiones relacionadas con el diseño legal e institucional del mundo penitenciario y las relaciones y efectos sociales que se producen por dicho diseño. En la segunda sección se analiza el gobierno dentro de la cárcel, específicamente las formas jurídicas que sirven a la defensa de los derechos de los privados de la libertad, los espacios existentes para la justicia restaurativa, la disminución de la cárcel y los mecanismos de reintegración de los internos a la sociedad. En la tercera sección se presenta un análisis sobre los tipos de sujetos que viven en el mundo penitenciario, con énfasis en la situación de las mujeres presas y su relación con el exterior. Finalmente, se estudia la garantía del derecho a la salud de las personas privadas de la libertad, que es un asunto clave de la realidad penitenciaria colombiana actual.

La primera sección cuenta con aportes de cinco autores. En el texto que abre la presente compilación, Libardo José Ariza y Manuel Iturralde analizan el campo colombiano del control del crimen y sus principales transformaciones en las últimas tres décadas, haciendo un balance de la relevancia y limitaciones del neoliberalismo para comprender el gobierno del crimen en Colombia. Así mismo, los autores analizan la manera en que dichas transformaciones se han manifestado en las prisiones colombianas. Los autores sostienen que en el campo del control del crimen en el país es posible identificar una tendencia clara, la consolidación y la intensificación de una actitud punitiva y excluyente hacia el delito y sus efectos, en lugar de una ponderación de sus causas.

En el segundo artículo, Fernando León Tamayo Arboleda y Lina María Cardona Cardona revisan la función actual de la prisión en el campo del control del crimen en Colombia y Latinoamérica. Los autores plantean que la cárcel ha dejado de ser, al menos exclusivamente, una herramienta de guerra en el marco del conflicto armado, para convertirse primariamente en un instrumento de gobierno del orden en los enclaves urbanos contemporáneos. Esto implica que la tradicional función que se había atribuido a la cárcel en Colombia como herramienta para el control y erradicación de los enemigos políticos ha quedado en segundo plano frente a la necesidad de asegurar el orden público en las grandes ciudades del país. Según los autores, una experiencia similar se replica en otros países de Latinoamérica. Así, la cárcel se convierte en una herramienta para representar la soberanía y generar sensación de seguridad a través del control de poblaciones problemáticas, pero también en una estrategia de gobierno de la excedencia humana en sociedades desiguales.

En el tercer artículo, Libardo José Ariza y Mario Andrés Torres Gómez analizan los rasgos recientes de la política criminal colombiana y estudian los principales problemas que la ampliación y el endurecimiento del sistema penal han causado a la configuración del sistema penitenciario nacional, y la insuficiencia de las estrategias recientes que la Corte Constitucional y el Gobierno nacional han puesto en marcha para racionalizar el uso de la prisión como castigo en Colombia. También realizan un examen de las posibles alternativas para la racionalización del sistema penal y los retos futuros que presenta el proyecto de reducir el aparato carcelario.

En el cuarto texto, Libardo José Ariza, Fernando León Tamayo Arboleda y Diego Mauricio Olarte Rincón plantean que, a pesar de la intención por intervenir y reformar el mundo penitenciario en Colombia, la Corte Constitucional ha continuado concibiendo el encierro penitenciario como mecanismo privilegiado de control del crimen. Aunque las intervenciones estructurales derivadas de la declaración del estado de cosas inconstitucional en las cárceles del país tienen un significado político fundamental en la discusión sobre la reforma y desmonte del aparato penitenciario, y se han conseguido unos pequeños avances en la garantía de los derechos de la población penitenciaria, los autores exponen que esta situación también sirve para disimular una posición retrógrada asumida por la máxima corporación constitucional. Según los autores, la reticencia de la Corte Constitucional para considerar intervenciones de choque, la negativa a tener presente la excarcelación como fórmula urgente para disminuir la crisis de derechos humanos en las cárceles del país y el aplazamiento constante de las decisiones de fondo en materia penitenciaria derivan en una retórica que genera la sensación de que se está haciendo mucho, cuando en realidad se hace poco o nada por la población privada de la libertad.

Finalmente, en el último texto de la primera sección del libro, Ángela Zorro muestra los problemas presupuestarios de la manutención del sistema penitenciario. La autora analiza en detalle cuánto le cuesta al Estado el sostenimiento del encierro de personas en las condiciones actuales de hacinamiento, tanto a nivel fiscal como en materia de legitimidad. Su análisis muestra los costos de manutención del sistema penitenciario y aquellos asociados con la garantía y/o la vulneración de derechos fundamentales. Finalmente, reflexiona sobre la importancia de mirar la política criminal actual desde una perspectiva que incluya los elementos mencionados como parte de la reflexión sobre los destinos del sistema penal en el país.

La segunda sección del libro se abre con un capítulo en el que Norberto Hernández Jiménez analiza el litigio en materia de ejecución de penas en el país. Se trata de un análisis detallado de la normativa actual referente a la ejecución de la pena y las posibilidades de acción de los internos frente a los jueces de ejecución de penas en Colombia. Con un enfoque similar se estudian las posibilidades de acción jurídica con que cuentan las personas privadas cautelarmente de su libertad.

En el siguiente texto, Fernando León Tamayo Arboleda y Hernán Ciprián Nieves reflexionan sobre las posibilidades de racionalización del sistema penitenciario que podrían tener lugar sin desmontarlo. Teniendo en cuenta que las decisiones de la Corte Constitucional parecen cerrar el camino a los proyectos de excarcelación como mecanismo de reducción drástica de la población privada de la libertad y aplazan la búsqueda de soluciones de fondo para despoblar el sistema penitenciario, los autores estudian los retos y posibilidades que podría presentar una ampliación de los sistemas alternativos a la prisión en un contexto altamente punitivo, como es el actual panorama de la sociedad colombiana.

En el último artículo de la segunda sección, Ana María Leal Martínez analiza el modelo actual de resocialización del sistema penitenciario colombiano. La autora revisa los programas existentes y las limitaciones y virtudes que presentan para rehabilitar exitosamente a los infractores. A partir de esto invita a una reformulación pragmática de la finalidad resocializadora de la pena en Colombia, que permita fortalecer los programas de reinserción en el contexto actual del sistema penitenciario en el país. Con ese propósito plantea que la rehabilitación no debería concebirse como una finalidad de la pena en sentido estricto, sino como un proyecto de apoyo a aquellas personas privadas de la libertad. Este cambio de perspectiva sobre la rehabilitación obliga a mirar la resocialización como un derecho fundamental de los condenados antes que como una simple incidencia de la privación de la libertad.

La tercera sección abre con un texto de María Mauersberger, en el que analiza la forma en que las mujeres presas buscan herramientas para interactuar con el exterior. La autora plantea los problemas que genera la separación definitiva de las familias en una sociedad cada vez más conectada, y las posibilidades que existen y que podrían servir para reducir la tensión generada por el encarcelamiento. En este orden, la autora argumenta que tanto el contacto físico como el acercamiento permanente, a través de herramientas como el teléfono o el internet, pueden servir para que el encierro reduzca los efectos negativos sobre las personas presas en el país y, con esto, se aumenten las posibilidades de su reincorporación exitosa en la sociedad.

En el segundo texto de esta sección, Carolina Ángel Botero considera la forma en que el sujeto mujer se crea e interactúa dentro del contexto penitenciario. La autora analiza no solo cómo los roles femeninos establecidos en el exterior se incorporan a la vida en la prisión, sino las formas específicas de interacción que constituyen al sujeto mujer dentro de las penitenciarías. Con todo esto, la autora responde a la cuestión sobre quién es la mujer en el contexto penitenciario y la manera en que este sujeto específico se relaciona con el interior y el exterior de la cárcel.

La última sección, que se ocupa del derecho a la salud en las cárceles, abre con un texto de Julián Urrutia, Felipe Bolívar, Juan Manuel Cotte, Santiago Madero y Luis Jorge Hernández. En este artículo realizan un detallado examen del funcionamiento del sistema de salud en las prisiones colombianas. Los autores comienzan con un estudio de la gobernanza de la salud en prisiones desde 1996. Posteriormente, basados en una gran cantidad de datos cuantitativos, analizan el desempeño de la prestación de salud entre los años 2010 al 2016. Los autores muestran el dramático estado de la prestación de salud en las cárceles en Colombia, con lo que aportan una pieza clave a la información reciente sobre el estado de cosas inconstitucional de las prisiones en el país.

En el segundo texto de esta sección final, Mario Andrés Torres Gómez revisa los estándares internacionales en cuanto a la prestación del servicio de salud en cárceles. A partir de una recopilación de las normas internacionales, la jurisprudencia nacional e internacional y las guías de buenas prácticas internacionales en la materia, el autor analiza las posibilidades de mejoramiento del sistema de salud penitenciario en el país y las obligaciones adquiridas por Colombia en materia de garantizar los derechos humanos en los penales.

Finalmente, el texto con el cual se cierra la sección sobre el derecho a la salud, y también el libro, es de Omar Alejandro Bravo, quien analiza la situación actual del sistema de salud mental en las prisiones del país a partir de un estudio de caso de la implementación de un programa piloto de rehabilitación en la cárcel de Villahermosa, ubicada en Cali. El autor revisa la relación entre las condiciones infrahumanas de reclusión y el estado de salud mental de los prisioneros en el país, y propone posibles soluciones pragmáticas que pueden operar en el trágico escenario penitenciario de la Colombia contemporánea. Para el autor, es urgente buscar mecanismos de convivencia solidaria y espacios de resistencia que permitan reducir el trauma de la experiencia penitenciaria.

Estimamos que los artículos publicados en la presente compilación representan avances relevantes para la discusión actual sobre las condiciones, los problemas, los efectos y las alternativas del sistema penitenciario actual, e invitan a una reflexión más amplia sobre el lugar de la prisión en la sociedad y las estrategias futuras de cara a la reducción o desmantelamiento definitivo del encierro carcelario como mecanismo predilecto de castigo. Los textos aquí publicados son una ventana al aparato carcelario y un recordatorio de que las formas de organización social actuales están soportadas en el sufrimiento de cientos de miles de personas. Por eso resaltamos que los esfuerzos consignados en las contribuciones de los diferentes autores deben servir no solo para la deliberación académica, sino como parte de una acción política que persiga la eliminación definitiva de mecanismos deshumanizadores de castigo.

Libardo José ArizaManuel IturraldeFernando León Tamayo Arboleda

Notas

* Para citar este artículo: http://dx.doi.org/10.15425/2017.456

1 “50 motines en 1997”, El Tiempo, 17 de junio de 1997. https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-591060

2Ibidem.

3 “A sangre y fuego estalla crisis carcelaria”, El Tiempo, 13 de junio de 1997. https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-591064

4 Libardo José Ariza y Manuel Iturralde, “The Bullet in the Glass: War, Death, and the Meaning of Penitentiary Experience in Colombia”, International Criminal Justice Review (2019).

5 Libardo José Ariza, “Reformando el infierno”, en Los muros de la infamia: prisiones en Colombia y América Latina, editado por Libardo José Ariza y Manuel Iturralde (Bogotá: Universidad de los Andes, 2011).

6 Corte Constitucional, Sentencia T-153 de 1998, 28 de abril de 1998. M. P.: Eduardo Cifuentes Muñoz.

7 Julieta Lemaitre, El derecho como conjuro: fetichismo legal, violencia y movimientos sociales (Bogotá: Uniandes-Siglo del Hombre, 2009).

8 Centro de Investigaciones Sociojurídicas (Cijus), Análisis de la situación carcelaria en Colombia: un enfoque cualitativo. Siete estudios de caso, Documentos Ocasionales Cijus (Bogotá: Uniandes, 2000).

9 Libardo José Ariza, “Economic and Social Rights, Prisons, and the Colombian Constitutional Court”, en Constitutionalism of the Global South, editado por Daniel Bonilla (Cambridge: Cambridge University Press, 2013).

10 César Rodríguez Garavito y Diana Rodríguez Franco, Cortes y cambio social: Cómo la Corte Constitucional transformó el desplazamiento forzado en Colombia (Bogotá: Dejusticia, 2010).

11 Al respecto véase Libardo José Ariza y Manuel Iturralde, “En contra de los pobres: justicia penal y prisiones en América Latina. El caso de Colombia”, en El castigo penal en sociedades desiguales, editado por Roberto Gargarella (Buenos Aires: Cieep, Miño y Dávila Editores, 2012), 15-44.

12 Libardo José Ariza y Mario Andrés Torres Gómez, “Constitución y cárcel: la judicialización del mundo penitenciario en Colombia”, Revista Direito & Práxis 10, n.º 1 (enero-marzo del 2019).

13 Libardo José Ariza y Lukas Montoya, “Presos sin celda: política criminal y responsabilidad del Estado en Colombia”, en Nuevas tendencias del derecho administrativo, editado por Helena Alviar (Bogotá: Uniandes, 2016).

Véase, especialmente, Juzgado 56 Penal del Circuito de Bogotá, Sentencia 110013104056-201300016 del 2013. El Tribunal Superior de Bogotá (Sala Penal) reiteró esta situación al señalar que el peticionario asegura que debe “dormir a orillas de los baños y contiguo a las basuras, por lo que reclama se ordene a las accionadas hacerle entrega de un kit de aseo, así como de sabanas y una colchoneta para dormir”. Tribunal Superior de Bogotá (Sala Penal), Sentencia 11001220400020130084400.

14 Corte Constitucional, Sentencia T-388 del 2013, 28 de junio del 2013. M. P.: María Victoria Calle Correa; Corte Constitucional, Sentencia T-762 del 2015, 16 de diciembre del 2015. M. P.: Gloria Stella Ortiz Delgado.

PARTE I

PRISIONES, SOCIEDAD Y POLÍTICA CRIMINAL

Las prisiones y las transformaciones del campo del control del crimen en Colombia*,**

Libardo José Ariza

Manuel Iturralde

 

Introducción

Durante las tres últimas décadas, y en la mayoría de los países latinoamericanos, los sistemas de justicia penal se han fortalecido para perseguir y castigar lo que amplios sectores de la sociedad consideran formas violentas de criminalidad que amenazan la seguridad de los ciudadanos. Las fuerzas de seguridad estatales han usado, con frecuencia, esa ansiedad social como excusa para abusar del uso de la fuerza y para violar de manera sistemática los derechos humanos de aquellos designados como blancos. Esto no ha reducido la violencia ni la criminalidad en los países latinoamericanos, sino que, muy por el contrario, la eficacia para reducir o prevenir el crimen de los sistemas de justicia penal en toda la región sigue siendo limitada. Y hay una tendencia clara: las víctimas frecuentes de los excesos punitivos y los clientes habituales del sistema de justicia penal son hombres jóvenes que provienen de las clases sociales más vulnerables y excluidas. Siendo así, no debe sorprender a nadie que las clases populares de Latinoamérica consideren el sistema de justicia penal como un sistema opresivo que las victimiza, mientras protege a las élites económicas y políticas.

Los más optimistas podrían argumentar que este panorama desolador efectivamente ha cambiado en las últimas décadas, puesto que la mayoría de los países latinoamericanos han emprendido profundas reformas políticas, económicas y sociales que han dejado atrás regímenes autoritarios (la mayoría de ellos dictaduras militares) y modelos económicos proteccionistas, y han adoptado regímenes e ideales democráticos, al lado de modelos económicos liberales de libre mercado1. Por lo tanto, el delito ya no sería producto de la pobreza, mientras que los sistemas de justicia penal, objeto también de reformas estructurales, ya no serían una fuente de opresión y arbitrariedad.

No obstante, a pesar de estas reformas, la mitad de la población de Latinoamérica vive en condiciones de pobreza o de extrema pobreza. En consecuencia, las tasas de pobreza son sistemáticamente más altas que las de otros países de ingreso promedio parecido2.

Muchos autores, del norte y del sur global, han analizado el impacto del neoliberalismo en la región desde la década de los ochenta y cuál ha sido su papel en todas estas transformaciones. También han evaluado la influencia de la política económica neoliberal en los campos del control del delito en Latinoamérica, la que explicaría, al menos en parte, el endurecimiento de las políticas penales y el aumento de la población carcelaria en los países latinoamericanos. Según esta perspectiva, influenciados por el neoliberalismo, los gobiernos de diferentes países de Latinoamérica, tanto de derecha como de izquierda, han adoptado políticas penales autoritarias y represivas para enfrentar los fenómenos criminales más desestabilizadores (como el terrorismo, el narcotráfico y la criminalidad urbana). Con el argumento de que están defendiendo el Estado de derecho y la democracia, las acciones y las políticas estatales, y con el apoyo de amplios sectores de la sociedad, han consolidado una cultura penal que invoca el orden y la seguridad no solo para limitar los derechos humanos, sino también para dejar en un segundo plano la justicia social y económica. Así, el orden y la seguridad son considerados precondiciones del desarrollo económico y el bienestar social. Este enfoque, que ha cautivado la imaginación penal de varias democracias occidentales, implica una economía política que fomenta la expansión de las funciones represivas del Estado y también la renuncia a intervenir de manera activa en las esferas económicas y sociales. No obstante, las diferencias de un país a otro son importantes y la mayoría de las veces los análisis económicos que provienen del norte global no tienen en cuenta las particularidades nacionales a la hora de evaluar fenómenos mundiales complejos (no consideran, en especial, las trayectorias históricas de los países del sur global)3.

Si bien algunos autores como Wacquant4 afirman que el neoliberalismo ha sido el motor de la transformación de los campos del control del crimen en Latinoamérica, otros, en diverso grado, aunque reconocen esa influencia, también subrayan que no puede considerarse la principal o única razón, puesto que hay otros factores, específicos de cada país, que deben tenerse en cuenta, en particular los relativos al contexto político5.

Por lo tanto, aun si algunos países como Colombia, Panamá, México, Perú, Chile o El Salvador, que tienen vínculos más estrechos con los Estados Unidos —que según Wacquant es el principal exportador del modelo neoliberal—, estarían más inclinados a trasplantar las políticas y las perspectivas estadounidenses sobre el modelo de “ley y orden” (sus tasas de encarcelamiento aumentaron en promedio un 90 % durante las últimas tres décadas) (véase la tabla 1), también han tenido diferentes trayectorias históricas y políticas, caracterizadas por la violencia, el autoritarismo, la exclusión económica y social, que se suman a la irrupción del neoliberalismo en los ochenta6.

Aún más relevante es que países como Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, que durante las últimas décadas han tenido gobiernos de izquierda (con políticas socialistas, hostiles al neoliberalismo) han implementado, no obstante, políticas penales inclinadas hacia lo punitivo, que han dado lugar a un aumento significativo de las poblaciones carcelarias en las últimas tres décadas (un incremento promedio de la tasa de encarcelamiento del 181 %) (véase la tabla 1). Por último, hay otros países de la región, como Argentina, Brasil y Uruguay, que tuvieron o tienen gobiernos de izquierda y se han resistido también al neoliberalismo, pero que han adoptado con pragmatismo el capitalismo de mercado para conseguir crecimiento económico y estabilidad. En estos países, las políticas punitivas, caracterizadas por un aumento del uso de la prisión, también han sido una característica común, con un incremento promedio de la tasa de encarcelamiento del 109 % en los últimos treinta años (véase la tabla 1). A pesar de importantes diferencias entre sus regímenes políticos y económicos, los países latinoamericanos han tendido a implementar políticas criminales de corte punitivo y excluyente, por lo que sus tasas de encarcelamiento aumentaron, en promedio, un 140 % entre 1995 y el 2019 (véase la tabla 1).

TABLA 1.Cambios en las tasas de encarcelamiento de los países latinoamericanos (1995-2019)

Fuente: Institute for Criminal Policy Research, World Prison Data. https://www.prisonstudies.org/world-prison-brief-data.

En consecuencia, aunque el neoliberalismo puede ser un factor explicativo de la transformación de los campos sociales y de los campos del control del crimen en Latinoamérica durante las últimas tres décadas, se requiere un análisis más detallado de los países latinoamericanos para explicar esos cambios. Este análisis tiene que identificar no solo las características comunes, sino también las diferencias relevantes entre las historias políticas, sociales y económicas de los países; diferencias que pueden estar influenciando localmente las políticas y las prácticas del control del crimen.

Este capítulo estudia las transformaciones que ha experimentado el campo colombiano del control del crimen durante las últimas tres décadas, en la que diferentes fenómenos políticos, económicos y sociales han contribuido a la expansión y la consolidación de una cultura penal represiva y excluyente. Asimismo, analiza cómo estas transformaciones también se han hecho sentir en el campo de las prisiones colombianas, cuya población también ha crecido de forma significativa, junto con el hacinamiento y la sistemática violación de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Se argumentará que, aun si el caso colombiano tiene semejanzas con la expansión del Estado penal y la economía política liberal de países del norte global (y, en particular, los Estados Unidos), su trayectoria histórica y política muestra que la configuración del campo del control del crimen colombiano no es un mero trasplante de políticas neoliberales extranjeras, sino el resultado de interacciones y luchas de diferentes actores en el campo, y también en la sociedad colombiana, durante una época de intensos cambios políticos, económicos y sociales.

Las políticas de tolerancia cero frente a las conductas punitivas que se han impuesto en la mayoría de los países latinoamericanos en las últimas tres décadas no han sido extrañas a Colombia. Por el contrario, durante este periodo se fortalecieron las instituciones penales para enfrentar formas delictivas especialmente graves y violentas, como el narcotráfico, el terrorismo y las actividades ilegales conexas de poderosas organizaciones criminales (sobre todo carteles de droga) y grupos armados ilegales (guerrillas de izquierda y paramilitares de derecha, ambos involucrados en el negocio de las drogas). No sorprende, pues, que la visión del mundo, la retórica y las tecnologías penales, así como las estructuras que mantienen esas políticas penales, compartan muchas de las características del Estado penal descrito por Wacquant7. En el caso colombiano, la influencia del modelo neoliberal estadounidense puede ser más evidente debido a que Estados Unidos ha sido durante décadas el principal socio comercial de Colombia y a que ha financiado, e influenciado, sus políticas y reformas penales, en especial las relativas al narcotráfico, el lavado de activos, el terrorismo y el sistema penitenciario y carcelario8.

Aunque no es posible negar la influencia estadounidense en el campo del control del crimen colombiano, sería simplista concluir que este no es más que una adaptación del estilo penal neoliberal estadounidense. El campo colombiano del control del crimen, aunque ha experimentado transformaciones importantes durante este periodo, vinculadas al contexto globalizado, es también resultado de una combinación compleja de diferentes factores sociales, económicos y políticos que tienen un largo recorrido histórico, caracterizado por una sociedad muy desigual con un conflicto intenso y extendido, y por una violencia a la que un régimen político autoritario y excluyente ha respondido recurriendo a medidas represivas. En las siguientes páginas describiremos, por una parte, el campo colombiano del control del crimen y sus principales transformaciones en las últimas tres décadas, con el fin de evaluar en qué medida el Estado penal neoliberal ha intervenido en esas transformaciones y hasta qué punto esos cambios son el resultado de procesos políticos, económicos y sociales que han marcado la historia reciente de Colombia (primera parte del capítulo).

Por otra parte, discutiremos cómo dichas transformaciones se han manifestado en las prisiones colombianas, cuya población casi se ha quintuplicado en los últimos treinta años. El impresionante aumento de las personas privadas de la libertad en Colombia (más de 120.000 en la actualidad), unido a la sistemática violación de sus derechos humanos, ha impactado de forma profunda las identidades, formas de existencia y relaciones de poder dentro de las cárceles colombianas9 (segunda parte del capítulo).

La economía política de las políticas criminales en Colombia

Iturralde ha usado la expresión “liberalismo autoritario” como concepto que sintetiza las principales características del campo colombiano del control del crimen en la segunda mitad del siglo XX y las dos primeras décadas del siglo XXI10. El concepto indica básicamente el uso intensivo de los discursos y las tecnologías punitivas para mantener, por medios violentos, un orden político y económico excluyente, con el fin de beneficiar a grupos de élites de la sociedad colombiana. El liberalismo autoritario entiende la democracia como una combinación de la economía de mercado con un Estado fuerte, que se apoya con fuerza en estrategias de control penal para ocuparse de una agitación social generada, en gran parte, por las propias fuerzas de los mercados libres11. Por lo tanto, el liberalismo autoritario privilegia (a través de medios represivos) el capitalismo y los intereses de las élites económicas y políticas por encima de la igualdad social y la inclusión política.

Latinoamérica no ha sido ajena a esa realidad12. Por lo tanto, para comprender completamente el contexto de esta región, y el de Colombia, es necesario explicar la historia y las configuraciones contemporáneas de sus campos legales13, y encuadrarlas en el orden mundial. Desde un punto de vista histórico, Colombia y el resto de los países latinoamericanos han estado ubicados en la semiperiferia y la periferia del orden mundial. Esto ha tenido efectos directos en las características y el desarrollo de sus campos jurídicos y en la creación de Estados frágiles que, en gran medida, han reaccionado de manera autoritaria para superar su debilidad14. Esas reacciones han ocasionado, paradójicamente, una profundización en el proceso de debilitamiento y deslegitimación del Estado, a pesar de los intentos recientes por consolidar el Estado de derecho y las instituciones democráticas.

Aunque cabría entender el liberalismo autoritario como una característica duradera del campo colombiano del control del crimen, sus estrategias, discursos y prácticas han cambiado con el paso de los años y no han sido ajenas a los cambios experimentados por un mundo cada vez más globalizado.

El liberalismo autoritario ha fomentado y protegido una democracia excluyente que no recibe bien la crítica y desconfía de la oposición al statu quo. Como muestra la historia reciente del campo colombiano del control del crimen, el liberalismo autoritario ha cambiado y se ha adaptado a las distintas circunstancias políticas, económicas y sociales durante los últimos tiempos de la modernidad, de la misma forma que el sistema político y la sociedad colombianos han sufrido transformaciones fundamentales.

Aunque ha habido cambios significativos durante este periodo, el liberalismo autoritario persiste. Gobiernos con diferentes orientaciones políticas, conservadores o liberales por igual, han recurrido con insistencia al castigo y a las instituciones penales para defender a las élites del poder establecido de lo que estas perciben como amenazas a sus intereses y a su propia existencia. No obstante, el campo del control del crimen ha respondido con el paso de los años a diferentes contextos sociales, económicos y políticos, y también ha ido cambiando de enemigos. Las principales transformaciones del campo del control del crimen desde la segunda mitad del siglo XX pueden enmarcarse en tres periodos distintos15.

El periodo del Frente Nacional y la amenaza del comunismo

Desde los años cincuenta hasta principios de los años ochenta, durante la Guerra Fría, el comunismo se percibió como una amenaza a la ley y el orden, puesto que se asociaba con la protesta social (en especial de los movimientos estudiantiles y sindicales) y con las actividades de las guerrillas comunistas, algunas ligadas a la Revolución cubana. La protesta social se criminalizó y reprimió, sobre todo mediante normas de excepción de naturaleza penal, cuyo cumplimiento se asignaba a los militares. Durante este periodo hubo agitación social, no tanto por la influencia del comunismo, como declaraban los gobiernos, sino debido al proceso de urbanización, industrialización y modernización que experimentó Colombia, y que dio lugar a conflictos sociales y económicos. Estos conflictos se vieron exacerbados por el Frente Nacional, un sistema político excluyente que garantizó el gobierno de las élites políticas y económicas durante unos tiempos difíciles no solo para Colombia sino también para los distintos países latinoamericanos, donde los movimientos populares con inclinación socialista se vieron como una amenaza al statu quo.

El Frente Nacional, con la ayuda de medidas de excepción, pacificó el país, pero al costo de excluir la protesta social y de deslegitimar a los ya precarios regímenes democráticos, controlados por los partidos políticos tradicionales y dedicados a prácticas nepotistas y corruptas para asegurarse el poder y cuotas burocráticas. Esta clausura del sistema político fomentó el crecimiento de las guerrillas de izquierda en los sesenta, que afirmaban que la violencia era la única forma de que movimientos políticos alternativos de izquierda consiguieran el poder. La radicalización de la izquierda, y la represión que las élites dominantes y los militares ejercieron contra ella (bajo las doctrinas de la seguridad nacional y el enemigo interno) llevaron, entre otros factores, al conflicto armado durante las siguientes décadas16.

Los años ochenta: la guerra contra las drogas

Los años ochenta en Colombia estuvieron caracterizados por la guerra contra las drogas. Los gobiernos consideraban todavía que las guerrillas izquierdistas y su base social eran una amenaza importante, pero las negociaciones de paz con los principales grupos guerrilleros y la virulencia de los carteles de la droga, así como la presión estadounidense, los convenció de concentrar sus esfuerzos en la lucha contra el comercio ilegal de drogas17. Los gobiernos estadounidense y colombiano consideraban el tráfico de drogas como un grave problema criminal que amenazaba también la seguridad nacional de ambos países. Conforme a esa perspectiva, organizaciones criminales sanguinarias eran la causa del problema de las drogas y tenían que neutralizarse con medidas represivas.

Esta interpretación del narcotráfico como una cuestión penal y, al mismo tiempo, como un asunto de seguridad nacional, condujo a la retórica de la guerra contra las drogas y a la consiguiente agrupación de las tecnologías penales y militares para combatir el problema. El campo del control del crimen fue el lugar en el que ambas tecnologías se fusionaron y dieron lugar a un sistema penal muy represivo, para el cual el sometimiento del enemigo se convirtió en el principal objetivo, en vez de la determinación de la responsabilidad penal conforme al Estado de derecho. Por lo tanto, durante mucho tiempo, la guerra contra las drogas, el crimen organizado y las guerrillas ha llevado en Colombia a una mezcla de las funciones de dos cuerpos de naturaleza tan diferente como la Policía y el Ejército. El primero actúa guiado por la lógica de la derrota del enemigo, en lugar de garantizar el orden público y la coexistencia pacífica; y, el segundo, en vez de proteger la soberanía de Colombia frente a amenazas externas, lucha contra un enemigo doméstico, y en medio de civiles, recurriendo a tácticas militares18.

Los años noventa: la democratización, el neoliberalismo y la consolidación del liberalismo autoritario

A finales de los años ochenta y comienzos de los noventa, Colombia experimentó transformaciones políticas y económicas importantes. Por un lado, las reformas legales y constitucionales impulsadas por la Constitución de 1991 llevaron al fortalecimiento de las instituciones democráticas y del Estado de derecho. Por otro lado, los gobiernos de Barco (1986-1990) y Gaviria (1990-1994) emprendieron reformas económicas que liberalizaron la economía colombiana y la situaron en la esfera de la globalización y el neoliberalismo. La democratización de la política colombiana y la adopción del modelo neoliberal intensificó las fracturas y las luchas en la sociedad colombiana. Por un lado, los partidos políticos alternativos y los movimientos sociales que habían entrado en el panorama político y reclamaban sus derechos, consagrados en la nueva Constitución, amenazaban la hegemonía política, en especial la de las élites regionales y locales. Por otro lado, el nuevo modelo económico beneficiaba sobre todo a las clases altas y excluía a los grupos sociales más vulnerables y marginados, que en Colombia son casi la mitad de la población. En consecuencia, la pobreza continuó inalterada y aumentó la desigualdad social19.

Como resultado de estas tensiones políticas y sociales, el conflicto armado se intensificó durante los años noventa. Dos fenómenos diferentes, pero relacionados entre sí, explican el aumento de la violencia: el narcotráfico y el paramilitarismo. Con respecto al narcotráfico, durante los años noventa, este negocio ilegal y muy rentable no fue derrotado a pesar de los esfuerzos represivos de los gobiernos colombiano y estadounidense: tan solo cambió de manos. Tras la caída de los carteles de Medellín y Cali a comienzos de los años noventa, las guerrillas se hicieron cargo de gran parte del negocio. Por otro lado, los paramilitares, los rivales a muerte de las guerrillas, aumentaron de manera significativa su poder. Apoyados por narcotraficantes, terratenientes, industriales, un sector del Ejército y las élites regionales, los paramilitares desplegaron una guerra sucia contra la población civil que, según ellos, apoyara a las guerrillas. Los gobiernos colombianos siguieron recurriendo al liberalismo autoritario para contener la agitación social y las crisis políticas. Es así que, durante los años noventa, se expandió la justicia penal de excepción, basada en el derecho penal de enemigo, una concepción jurídica dirigida a la derrota del enemigo a través del derecho (y de la negación de sus derechos). Además, esta justicia excepcional se normalizó pues se convirtió en parte integral del sistema de la justicia penal ordinaria20.

El liberalismo autoritario en el nuevo milenio

En las dos últimas décadas, los gobiernos de Andrés Pastrana (1998-2002), Álvaro Uribe (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010-2018) adoptaron muchos de los rasgos neoliberales, aunque con diferentes inclinaciones políticas e ideológicas, del modelo económico y político dominante propugnado por el nuevo orden global. Las políticas de esos gobiernos podrían verse como el ápice del desarrollo de ese modelo en la historia reciente de Colombia.

Cada uno de esos presidentes aprobó planes de seguridad nacional. El Plan Colombia de Pastrana se proponía luchar contra el narcotráfico, e incluía acciones contra los carteles de las drogas, las guerrillas y los paramilitares21; la Seguridad Democrática de Uribe quería derrotar a las guerrillas, el narcotráfico y el terrorismo22; y la Prosperidad Democrática de Santos buscaba consolidar los logros de seguridad del gobierno anterior, mientras intentaba negociar la paz y llegar al postconflicto. Estas políticas de seguridad, que a su vez se reflejaron en otras políticas públicas, protegieron la inversión extranjera, las industrias extractivas —principalmente a las empresas mineras y petroleras—, la creación de riqueza y el crecimiento económico, que favoreció sobre todo a una minoría de la población.

Discursos diferentes, acciones similares: las políticas penales y de seguridad de los gobiernos de Uribe (2002-2010) y de Santos (2010-2018)

Aun cuando Juan Manuel Santos fue el ministro de Defensa de Álvaro Uribe y se convirtió en presidente con el apoyo de este último, posteriormente se volvieron enemigos acérrimos. Como suelen decir los políticos colombianos, la política es fluida. En el momento de concluir su segundo mandato, con una economía relativamente estable, aunque sujeta a las tensiones de la crisis económica mundial, el principal logro de Santos había sido el haber concluido un acuerdo de paz histórico con las FARC, el movimiento guerrillero más grande y antiguo de Colombia. El acuerdo ponía fin a más de cincuenta años de un conflicto armado que había dejado más de seis millones de víctimas (esas fueron al menos las víctimas reconocidas por el Estado colombiano desde el año 1984).

El Gobierno Santos produjo ese cambio transcendental, pero también despertó un intenso debate político que polarizó a la sociedad colombiana. Prueba de esto es el plebiscito que se celebró el 2 de octubre del 2016. Los votantes colombianos rechazaron el histórico acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC. El resultado de la votación, inesperado y muy cerrado (con una diferencia de menos de 54.000 votos), fue de un 50,2 % de votos en contra del acuerdo. Uno de los aspectos claves de este, y el más controvertido, fue la creación de una jurisdicción especial para juzgar crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por los agentes del Estado y los combatientes de la guerrilla durante el conflicto. Aquellos que confesaran plenamente sus crímenes, pidieran perdón y repararan a las víctimas disfrutarían de condenas más benévolas (de cinco a ocho años de restricción de la libertad, que no podía incluir penas de prisión). Los que se oponían al acuerdo, liderados por el expresidente Uribe y su partido, también se oponían con vehemencia a esta clase de justicia, con el argumento de que era una expresión antidemocrática de impunidad, un insulto a las víctimas y una violación a los estándares y los acuerdos internacionales que obligan al Estado colombiano, así como a la Constitución colombiana.

De manera paradójica, un acuerdo difícil, cuyo propósito era el fortalecimiento del Estado de derecho y de la democracia colombiana al establecer responsabilidades, promover el perdón e incluir en un régimen excepcional a los que recurrieron a la violencia para expresar su oposición política, acabó bloqueado mediante un mecanismo democrático y argumentos presuntamente basados en ideales democráticos. Según esos argumentos, la clase de justicia pactada en La Habana (el lugar en el que se celebraron las negociaciones de paz), caracterizada por sentencias benévolas no carcelarias, equivalía a un grado de impunidad inaceptable para crímenes atroces, lo cual violaba los derechos de las víctimas y los ideales democráticos. Santos y las FARC se vieron forzados a renegociar algunos aspectos fundamentales del acuerdo y, en lo que se refiere a la justicia transicional, a reforzar la protección legal de los militares de alto rango y de los civiles (sobre todo de terratenientes, hombres de negocios y políticos). Pero incluso entonces Uribe y su partido, el Centro Democrático, siguieron protestando porque consideraban que los cambios eran insuficientes y que el nuevo acuerdo traicionaba la voluntad expresada por el pueblo colombiano. Santos, no obstante, siguió adelante y firmó los acuerdos con Timoleón Jiménez, alias Timochenko, el líder de las FARC.

El conflicto entre Uribe y Santos es un claro ejemplo de las tensiones de la sociedad colombiana con respecto a problemas fundamentales, como la violencia, la criminalidad y la justicia, y con respecto a la forma de superarlos. Según la visión política de Uribe, hablar de víctimas del conflicto armado equivale a reconocer la responsabilidad del Estado frente a algunas de esas víctimas, y coloca a las élites dominantes en el mismo nivel que los criminales y terroristas. A modo de gesto político, Santos allanó el camino para las negociaciones con la FARC al reconocer la responsabilidad parcial del Estado colombiano en el conflicto armado y respecto a las víctimas a las que dio lugar. En ese sentido, el Gobierno presentó un proyecto de ley en el Congreso, que después se convertiría en la Ley 1448 del 2011, conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la cual establece mecanismos de reparación judicial y administrativa a las víctimas, reconoce la responsabilidad del Estado colombiano y establece mecanismos e instituciones diferenciados para determinar la verdad histórica sobre el conflicto armado y sus víctimas.

Todas estas decisiones políticas adoptadas por el Gobierno de Santos explican por qué Uribe y sus seguidores sienten que aquel los traicionó, puesto que Santos alzó la bandera política de Uribe para ganar la presidencia y luego actuó en contra de lo que esta representaba, al negociar un acuerdo de paz con las FARC. El Gobierno Uribe había considerado a las FARC una organización narcoterrorista y negaba así la existencia de un conflicto armado en Colombia (Uribe hablaba de amenaza terrorista y no de conflicto armado). En un giro de ciento ochenta grados con respecto a su predecesor, Santos le otorgó un estatus político a las FARC al reconocer la existencia de un conflicto armado con raíces sociales, políticas y económicas que debían ser abordadas por el Estado colombiano. Como consecuencia de esta posición política, Santos adoptó medidas que hubieran sido inconcebibles en un Gobierno de Uribe. Y como parte de las negociaciones de paz con las FARC, el Gobierno Santos estuvo dispuesto a discutir con los líderes de este grupo guerrillero sobre temas sensibles, como la reforma agraria, la solución al problema de las drogas, la participación política y las garantías para los miembros de las FARC, y los mecanismos de la justicia transicional que garantizaran el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Un enfoque como ese, “más blando”, con respecto al conflicto armado y el crimen, produjo, según Uribe, una reducción de los elevados niveles de seguridad que había cuando él dejó el Gobierno.

Pero aun si el discurso político de Santos es mucho más liberal que el de Uribe, en especial con respecto al conflicto armado y sus causas (Santos, apoyado por el Partido Liberal, dice representar la posición más progresista y pragmática de las élites urbanas, frente a la ideología conservadora y autoritaria que encaja mejor con las de las élites rurales y que Uribe representa), sus políticas penales y de seguridad son de hecho muy parecidas a las que apoyó como ministro de Defensa de Uribe. Dejando a un lado el conflicto armado, los gobiernos de Uribe y Santos han destacado la necesidad de reprimir y prevenir el delito, en especial en las principales ciudades, en las que es una preocupación pública constante. Por ejemplo, y a pesar de las políticas de mano dura para enfrentarlos, los robos (en especial de teléfonos móviles) han aumentado con los años (véase la figura 1). No obstante, las tasas de homicidio, aunque siguen siendo altas bajo estándares internacionales, y están entre las más altas de Latinoamérica, se han reducido notablemente durante las últimas dos décadas (de 47,7 homicidios por cien mil habitantes en el 2004 a 25,9 en el 2018) (véase la figura 2).

FIGURA 1.Hurtos comunes denunciados (2004-2016)

Fuente: Ministerio de Defensa, Logros de la Política de Defensa y Seguridad. https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estudios_sectoriales/info_estadistica/Logros_Sector_Defensa.pdf, 2019.

FIGURA 2.Tasas de homicidio por 100.000 habitantes (2004-2018)

Fuente: Ministerio de Defensa, Logros de la política de defensa y seguridad, 8.

A este respecto, tanto el Gobierno de Uribe como el de Santos acudieron a medidas muy parecidas, que se apoyaron en el endurecimiento del sistema penal mediante la criminalización de conductas, el aumento de las penas de prisión y la reducción de los beneficios penales, en especial del acceso a medidas alternativas a la prisión, como la suspensión de la pena y la libertad condicional, la detención domiciliaria y la vigilancia electrónica.

En cuanto a las políticas de seguridad ciudadana, el Gobierno de Uribe presentó al Congreso de la República dos propuestas, que se convertirían en la Ley 890 del 2004 y la Ley 1142 del 2007. La Ley 890 del 2004 elevaba las penas mínimas un tercio y las penas máximas la mitad para toda clase de delitos. Por lo tanto, la pena máxima pasó de cuarenta a cincuenta años de prisión y a sesenta años en caso de concurso de delitos. Por su lado, la Ley 1142 del 2007, llamada Ley de Convivencia y Seguridad Ciudadana, concedió mayor flexibilidad a los jueces penales para determinar qué constituía una justificación suficiente para ordenar la prisión preventiva. El juez solo tenía que considerar en abstracto la gravedad y la modalidad de la conducta punible para establecer la peligrosidad del acusado, con independencia de las circunstancias atenuantes o de su perfil y antecedentes23.

Esta ley restringía también la posibilidad de sustituir la detención carcelaria con otras formas de privación de libertad, como el arresto domiciliario, con el argumento de que los veintiún delitos para los que se prohibía (entre los cuales estaba la violencia doméstica, el hurto y el fraude) “afectaban de manera grave los fundamentos de la coexistencia y la seguridad pública”24. En el mismo sentido, la Ley 1098 del 2006 estableció que respecto a toda persona acusada de delitos sexuales contra un menor, la única medida de privación de libertad permitida sería la prisión preventiva. Esa misma medida se incluyó en la Ley 1474 del 2001 (el Estatuto Anticorrupción) para varios delitos, en especial para los relacionados con la administración pública. La Ley 1142 del 2007 también elevó las penas mínimas para doce delitos que, por sus penas más bajas, excluían la posibilidad de la prisión preventiva (como la violencia doméstica, la usura, las amenazas y el fraude electoral).

Cuando Santos llegó a la presidencia en el 2010, uno de sus principales compromisos era consolidar la Seguridad Democrática de Uribe, considerada un éxito, en especial en las zonas rurales (en la guerra contra las guerrillas, los paramilitares y los carteles de drogas). No obstante, Santos afirmó que su política criminal y de seguridad prestaría especial atención a la lucha contra la criminalidad urbana común, la principal preocupación de los votantes urbanos, cuya percepción era que los niveles de seguridad se estaban reduciendo en las principales ciudades, en especial debido a los delitos contra la propiedad y la integridad física (robos, atracos, lesiones). En consecuencia, el Gobierno Santos impulsó una iniciativa en el Congreso, que se convertiría en la Ley 1453 del 2011, llamada Ley de Seguridad Ciudadana.

Siguiendo los pasos de la Ley 1142 del 2007, la Ley 1453 flexibilizó aún más las condiciones para imponer la detención preventiva y limitó los beneficios penales para varios delitos y para los individuos reincidentes. Por ejemplo, los delincuentes sexuales, las personas condenadas por delitos de drogas, el concierto para delinquir, el terrorismo, la posesión ilegal de armas y el lavado de activos quedaron totalmente excluidos de la libertad condicional (tendrían que cumplirse las penas íntegras en prisión). Al mismo tiempo, la ley estableció que la libertad condicional solo podía concederse una vez cumplidos dos tercios de la condena privativa de la libertad, en lugar de los tres quintos anteriores, lo que se tradujo en periodos más largos de reclusión efectiva para toda la población condenada.

Según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), entre junio del 2011, cuando se aprobó la ley, y febrero del 2014, la población carcelaria bajo la Ley 1453 del 2011 aumentó un 13,4 % (5632 presos), sobre todo por delitos relacionados con las drogas (2710 presos) y la posesión ilegal de armas (2457 presos)25. Según un informe del Grupo de Derecho de Interés Público (G-DIP) de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, los cambios introducidos por la Ley 1453 del 2011 significaron que el 21 % de la población carcelaria (25.058 presos), sentenciada por cuatro clases diferentes de delitos, tuviera que cumplir sus sentencias completas de prisión, ya que quedaba excluida de la libertad condicional y de la vigilancia electrónica26.

A pesar de sus profundas diferencias políticas, las políticas penales y de seguridad de Santos y Uribe fueron muy similares, basadas en medidas más duras contra la delincuencia. Estas políticas tuvieron como resultado un aumento notable de la población privada de la libertad y la restricción, e incluso violación, de sus derechos fundamentales. Además, la prisión cumplió la función de mecanismo incapacitante, en lugar de medio de rehabilitación, y fue la principal respuesta frente al crimen organizado y los delitos comunes. Esto implicó la expansión del sistema penitenciario y carcelario del país, que de todas formas continuó funcionando bajo condiciones de extrema precariedad. Esto, a su vez, ha hecho que la violación masiva y sistemática de los derechos humanos de la población reclusa sea un rasgo característico del sistema durante los últimos veinte años.

Los efectos de las políticas criminales y de seguridad en las prisiones colombianas

En las últimas dos décadas, Colombia ha contemplado un aumento continuo y drástico de sus tasas de encarcelamiento27. En veintiséis años, entre 1992 y 2018, la población carcelaria creció un 462 % y el hacinamiento llegó a picos históricos del 55 % en el 2016 y el 2019 (a septiembre) (véanse la tabla 2 y la figura 3). El crecimiento vertiginoso de la población reclusa y las altas tasas de hacinamiento (que han promediado el 35 % durante las últimas tres décadas) han empeorado las ya precarias condiciones de las personas privadas de libertad; el término “crisis” se ha convertido en un cliché para describir el sistema penitenciario colombiano. Una de las principales deficiencias del sistema penal colombiano ha sido su negligencia en lo que respecta a las prisiones del país, caracterizadas por una infraestructura deficiente, sobrepoblación, violencia y una violación sistemática y masiva de los derechos humanos de los presos.

TABLA 2.Población reclusa, capacidad carcelaria y hacinamiento (1994-2013)

Año

Capacidad de las prisiones

Población carcelaria

Hacinamiento (%)

1992

28.294

27.016

-4,52

1994

27.260

29.338

7,62

1996

28.332

38.063

34,35

1998

33.009

43.259

31,05

2000

35.969

49.816

38,50

2002

44.373

51.276

15,56

2004

48.916

66.474

35,89

2006

52.115

62.906

20,71

2008

53.672

67.338

25,46

2010

61.100

81.095

32,73

2012

75.679

109.822

45,12

2014

76.777

117.389

52,90

2015

77.980

120.040

53,94

2016

78.120

120.914

54,78

2017

79.211

115.396

45,68

2018

80.227

118.513

47,72

2019 (sep.)

80.464

124.767

55,00

Promedio

34,85

Fuente: Inpec, Estadísticas Inpec.

FIGURA 3.Capacidad carcelaria, población reclusa y hacinamiento

Fuente: Inpec, Estadísticas Inpec.