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- Herausgeber: Editorial Galerna
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
La historia del único juicio contra Cristina Fernández de Kirchner, la figura más importante de la política argentina en los últimos veinte años, arroja más dudas que certezas. ¿Es culpable o inocente? La pregunta es ni más ni menos que por la verdad, un valor que, entre posturas intransigentes, operaciones mediático-judiciales, odios y fanatismos, pareciera alejarse cada vez más. ¿Es culpable o víctima de una persecución? ¿Hubo delito o es Lawfare? ¿Y si son las dos cosas a la vez? ¿Y si parece sospechoso pero no se pudo probar? La idea original de este libro consistió en rescatar las crónicas de las audiencias de aquel juicio. La premisa se cumplió, pero tuvo un giro inesperado cuando, en medio del proceso de escritura, alguien apuntó con un arma a la protagonista de esta historia. Lo que pretendía ser simplemente el libro sobre el juicio a Cristina Fernández de Kirchner se convirtió, además, en el relato de una parte de la historia argentina contemporánea. La bala no salió, el juicio continuó y hubo un veredicto.
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Ähnliche
Caram, Sofía
Condenada / Sofía Caram. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Galerna, 2023.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga
ISBN 978-950-556-942-7
1. Política Argentina. I. Título.
CDD 320.82
©2023, Sofía Caram
©2023, RCP S.A.
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna, ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopias, sin permiso previo del editor y/o autor.
ISBN 978-950-556-942-7
Primera edición en formato digital: abril de 2023
Versión: 1.0
Digitalización: Proyecto 451
Hecho el depósito que marca la ley 11.723
Diseño de interior: Cerúleo
Foto de contratapa: Micaela Fiordelli
A mis hijos, Juan y Rafael…
“El amor más grande que conocí”.
A Fede, mi amor.
A Laila, guía de mi corazón desde algún lugar del universo.
PRÓLOGO
Desde hace algunos años la arena judicial pasó a ocupar el centro de la agenda pública. No es un fenómeno exclusivamente argentino. En todo Occidente, por razones que escapan a los límites de un prólogo, el trabajo de los tribunales adquirió una visibilidad que unos años atrás parecía improbable. En general, los ciudadanos conocían el trabajo del sistema judicial en casos de inseguridad o de crímenes aberrantes. Pero los demás aspectos de la vida pública, si bien ingresaban a los estrados judiciales, no trascendían los límites de los juzgados y de las fiscalías. En nuestro país, desde principio de los años 90 ello cambió. Paso a paso la visibilidad judicial se fue incrementando. Actualmente, ningún observador interesado puede tener un mapa completo de la dinámica de la vida pública si no presta una especial atención al día a día de los tribunales federales. Los federales sobresalen porque, de acuerdo con la distribución del trabajo judicial contenida en la Constitución Nacional, allí van a parar los casos que involucran las relaciones de los funcionarios públicos y de las elites económicas con el Estado. Ello genera una mayor visibilidad.
Esa transformación del trabajo judicial tuvo y tiene múltiples impactos. Escojo dos. Por un lado, aumentó la atención que le prestan los medios de comunicación masiva al quehacer judicial. Ello hace que cada vez más periodistas se dediquen a analizar la producción del sistema de administración de justicia. Por lo tanto, la cobertura es cada vez más amplia y mejor. En segundo lugar, las elites políticas y económicas, que concentran los procesos de toma de decisiones, están muy atentos a los mensajes que emite el aparato judicial. El entramado de medios es el canal por el que circula esa atención. Esa combinación entre el interés público de la cuestión judicial y de los intereses de las elites, junto con algunos problemas estructurales de las instituciones judiciales argentinas (tópicos que también dejo a un lado), generan una situación muy peculiar. Me refiero a que algunos expedientes judiciales rebalsan su propia razón de ser y se convierten en verdaderos campos de batalla políticos, económicos y simbólicos. Lo explico.
Los juicios son la forma elegida por la Constitución para que los ciudadanos rindan cuentas ante sus partes por presuntas faltas que cometieron. En ese esquema, el proceso judicial es el camino por el que se despliega la rendición de cuentas. Jueces y fiscales aseguran, desde la óptica de la Constitución, que todos y cada uno de los pasos de aquel camino se apeguen a las leyes. Por esa razón, los magistrados no “hacen justicia”. Esto es importante. La justicia, como valor, es algo demasiado subjetivo y, en consecuencia, muy difícil de establecer. La Constitución sabiamente reconoció eso. Por eso el Estado expropia los casos controvertidos de la sociedad y los resuelve mediante el trabajo del aparato judicial. Los magistrados, entonces, dirimen problemas en derredor de la justicia, pero en base a la ley. Aplican la ley a los “casos” que llegan a su conocimiento. No hacen “justicia”. Ese y no otro es el trabajo judicial. La aspiración constitucional es que las decisiones sean respetadas por todos. Por el que gana y por el que pierde. Pero, como dije, algunos expedientes rebalsan esos límites.
En efecto, determinadas causas se mueven hacia otros terrenos y se convierten en campos de lucha en los que las prioridades de la Constitución se resquebrajan. De acuerdo con nuestro texto fundacional, el objetivo principal de los procesos judiciales tiene que ver con establecer el significado legal de los hechos. Pero a veces, sobre todo en contextos de fragilidad institucional como el argentino, aquellas prioridades compiten con otras. Es que el juego del expediente judicial, desde la lógica de la Constitución, es un juego cooperativo en el que las partes contienden para conseguir que los magistrados apliquen de determinada forma la ley, pero siempre en un marco de lealtad hacia las reglas de juego. Pero determinadas atmósferas institucionales toleran que los procesos judiciales se utilicen con otros objetivos. Toleran, en otras palabras, el uso instrumental de los casos.
Ello significa que la hechura del expediente, el trámite procesal y las decisiones de los magistrados se mueven en dos planos. El plano del proceso legal y el plano de la lucha. El plano del proceso es el que contempla la ley. En el plano de la lucha, ya sea política, económica o simbólica, el objetivo no se vincula solamente con la aplicación de la ley, sino con la apropiación sectorial del caso. La apropiación sectorial del caso quiere decir que los contendientes luchan con todos sus recursos disponibles por atribuir un significado particular a los hechos y a las decisiones judiciales. A veces con la ley de su lado, a veces no. En algunas oportunidades esa puja apunta a incidir en la hechura del expediente para imponer una interpretación sectorial del hecho que no necesariamente tiene un vínculo con los sucesos reales.
Pero hay que hacer unas salvedades. Es obvio que la centralidad del trabajo judicial en la agenda pública es parte de las disputas de las sociedades complejas. También es propio de la dinámica social del siglo XXI que existan intereses diversos que busquen o persigan atribuir “su” interpretación al trabajo judicial. Pero en una república democrática ello supone que los planos sean autónomos y no tengan intersecciones. Ello también supone que las instituciones estatales tienen la autonomía suficiente como para preservar el nivel del procedimiento legal de las influencias del plano de la lucha. El problema es que en nuestro país algunos casos judiciales están envueltos en la sospecha de la influencia recíproca de ambos campos. La mayoría de los ciudadanos cree que ambos planos se retroalimentan. Allí hinca sus raíces la falta de credibilidad del aparato judicial.
Esta sospecha, lamentablemente, existe en nuestro país y desde hace mucho tiempo. Aunque la mayoría del elenco tribunalicio es probo, la credibilidad del dispositivo institucional está en tela de juicio. Mal que nos pese a la mayoría de los judiciales, la palabra de la administración de justicia está sospechada. Los ciudadanos descreen. No puedo tampoco detenerme en este punto y menos en las consecuencias que ello trae aparejado para la vida comunitaria. Lo relevante es que cuanta más trascendencia pública tienen los hechos, ya sea por el delito, ya sea por sus protagonistas, mayor es la sospecha.
En otras palabras, los ciudadanos sospechan en general de la palabra judicial. Y el descreimiento aumenta según el delito o el personaje. Pero, pese a esos problemas, el poder formal de la administración de justicia permanece intacto desde el punto de vista constitucional. Esto es muy importante retenerlo. El sistema judicial tiene problemas de confianza ciudadana, pero su poder real es muy alto. Básicamente porque puede despojarnos de nuestros derechos naturales legalmente. Allí yace una paradoja.
Por ello, a pesar del descreimiento, aquel segundo nivel relativo a la puja por apropiarse sectorialmente del caso permanece firme. Es que la fuerza de las decisiones judiciales es decisiva a veces para resolver algunos conflictos. La apropiación sectorial, entonces, es muy remunerativa. Quizá ello ayude a entender por qué las elites que protagonizan ese plano de la apropiación no resuelven el problema. Probablemente porque las capacidades del sistema judicial realmente existente son convenientes. Pero el resultado es paradójico. La mayoría de los ciudadanos sospecha. No obstante, quienes pueden y tienen recursos insisten en la puja por la apropiación sectorial del caso.
Es curioso, pero da la sensación de que quienes necesitan un sistema judicial creíble no logran crear las condiciones para fundarlo y quienes tienen chances de iniciar un proceso de cambio lo reproducen. Pero no me quiero desviar. Simplemente necesitaba describir el singular contexto del caso que ocupa el libro de Sofía Caram.
La causa conocida públicamente como “Vialidad” condensa gran parte de los rasgos que enumeré anteriormente. Su protagonista más relevante, Cristina Fernández de Kirchner, ocupó dos veces la presidencia de la nación y fue enjuiciada y condenada como vicepresidenta. Además, su presencia en la vida pública no pasa desapercibida y es fuente de múltiples visiones que se alejan de los puntos medios. La longevidad del proceso agudizó estas contingencias. Recordemos que la causa se inició en el año 2008 y la sentencia derivada del juicio oral y público es de diciembre de 2022. Demasiado tiempo.
La hipótesis que guio a la acusación del Ministerio Público Fiscal, para simplificarla, tuvo que ver con actos de corrupción mientras ocupaba la primera magistratura. La dinámica del caso aparece envuelta en un ecosistema que no pensaron nuestros padres fundadores. Se distingue por la ya citada sospecha sobre los magistrados que intervinieron durante todo el proceso. Sospechas que, básicamente, tienen que ver con la puesta en crisis de la imparcialidad de los tribunales y con la objetividad de los fiscales.
Al interior de tan singular atmósfera también podemos identificar otros problemas. Me refiero al tironeo en el campo político y en el simbólico para presentar el caso como una bandera de diferentes colores. De un lado, como emblema de la lucha republicana frente a la corrupción. Del otro, como el firmamento que representa la persecución política. En esas condiciones transcurre el proceso y bajo esas circunstancias se dictó la primera sentencia, que es muy dura en términos morales y también en términos jurídicos. Cabe recordar que los magistrados partieron de la premisa de que la acusada había hecho un uso particular del poder común, que derivaba de su rol como presidenta, para favorecer a terceros y a sí misma y, además, afirmaron que la escala penal del delito que aplicaron era inferior al daño causado por los hechos. Sigo.
No puedo profundizar acerca del anclaje real del descreimiento ciudadano sobre el campo judicial. Me ocupé de ello en otras partes. Pero todo este rodeo es necesario para calibrar el coeficiente de adversidad del libro de Sofía Caram. Por más que gracias a su trabajo la autora conozca como pocas personas el detalle del día a día del juicio “Vialidad”, la decisión de transformar ello en un libro asible para el gran público es muy difícil. Una de las dificultades mayores tiene que ver con escribir por encima y a pesar del contexto del caso.
Es que, en medio de tantos “ismos”, es tremendamente complejo realizar una narración apegada al desarrollo de los hechos y que tenga la particularidad de detenerse en los puntos más polémicos, de desagregarlos, de presentar las diferentes visiones y de brindar al lector todas las herramientas necesarias para tomar una decisión personal. Sofía Caram lo logró.
El libro no es ni a favor ni en contra de nadie. No es una simple crónica, es una historia del caso. Una cronología enumera hechos. Una historia coloca los acontecimientos en trama. Por ello es una historia. El texto ingresa en los protagonistas, sus vínculos personales y en el posible impacto de esos vínculos con el desarrollo del juicio. Por ello estamos frente a una historia que lógicamente enriquece el texto. El lector y las lectoras no necesitarán recurrir a bibliografía complementaria para comprender la naturaleza de algunos hechos o la identidad de algunos personajes. Esta todo allí. En tanto historia, obviamente que tiene las marcas de subjetividad de la autora. Pero esas marcas son visibles y no apuntan a persuadir.
Otro mérito del libro es su escritura. El lenguaje judicial es de por sí expulsivo. Es, quizá, la primera barrera que separa al servicio público de justicia con el ciudadano, su verdadero destinatario. Sofía Caram logró sortear aquel escollo. A través de un lenguaje coloquial consiguió traducir para el lego qué es lo que se dijo y qué es lo que no se dijo en el juicio. Un ejemplo. Por las características del proceso, un momento crucial se vincula con los peritajes. Los peritos se manejan con un lenguaje privado que es muy difícil de asir para quienes no son parte de esa gama de expertos. Con un esfuerzo notable, la autora logró hacer comprensibles esas discusiones.
Antes decía que, debido a la resignificación del trabajo judicial, las causas se mueven en el plano del proceso legal y en el plano de la lucha. Señalé que, en el caso argentino, la puja —y esto es una anomalía— apunta a la apropiación sectorial del caso y al intento de incidir en la hechura del expediente. La autora logró poner en blanco sobre negro esos dos planos. El lector tiene todas las herramientas para analizar el devenir del expediente en el plano procesal y en el de la lucha. Avances, retrocesos, letargo, aceleraciones, desaceleraciones, discordancias entre lo que los testigos dijeron y lo que los testigos no dijeron, intereses particulares de los actores del expediente. Esos movimientos, a veces sutiles e imperceptibles para el lego, están presentes. Las fechas, los actores, las circunstancias contextuales y los distintos escenarios de lucha en el nivel de las pujas aparecen como mucha claridad en el relato.
En fin, el lector puede leer el texto como una historia del juicio a través del que Cristina Fernández de Kirchner fue condenada mientras ejercía el cargo de vicepresidenta de la nación. A la par, también lo puede leer en clave de la articulación entre el desarrollo procedimental y el impacto que en ese nivel tuvo la puja por la apropiación sectorial del caso. Un caso que, por lo demás, aún está en desarrollo. Ambas lecturas son complementarias. Y, lo más importante, el destinatario puede sacar sus propias conclusiones.
El libro es altamente recomendable para quienes tienen singular interés por la vida pública, pero también para esos ciudadanos que perciben la “cuestión judicial” como un aspecto lejano, limitado a las elites y que tiene poca relación con la vida del hombre de pie. Me parece que ello es así porque el texto muestra con mucha claridad cómo se desarrolla un juicio, cómo se mueve el Estado a la hora de exigir a un ciudadano que rinda cuentas. También muestra cómo se embrida el lenguaje legal con los intereses de los protagonistas. Por lo tanto, el libro difunde muy bien cómo funciona nuestra cultura jurídica que, después de todo, incide de manera decisiva en el campo judicial, la arena en la que se dirime gran parte del tamaño de nuestros derechos. De ese modo, el libro permite comprender. Es un gran mérito en tiempos en que la descalificación rápida se impone sobre la comprensión de las causas de los fenómenos.
Federico Delgado
INTRODUCCIÓN
¿Es a favor o en contra? No fallaba. La pregunta aparecía inexorablemente cada vez que le contaba a alguien que estaba escribiendo este libro. Supongo que se me escapaba el revoleo de ojos mientras mi cerebro buscaba una respuesta que nunca llegaba. Un “qué sé yo” salía de mi boca y la o el interlocutor/a ponía cara de “uy, qué pesada, se viene una perorata eterna. Decime si es a favor o en contra y listo”.
Esa pregunta rondó en mi cabeza durante los meses de escritura. Mientras mi segundo hijo crecía en la panza se gestaban al compás estas páginas, en medio del torbellino de una Argentina siempre inquieta. Escribir un hijo y parir un libro. ¿O era al revés? Pensaba entonces una posible respuesta a esa pregunta repetida. Y, mientras seguía sin encontrarla, descubrí que la crónica del único juicio contra la figura con mayor centralidad de la política de nuestro país de los últimos veinte años arrojaba más dudas que certezas. Un interrogante y una tensión que terminó por atravesar todo el texto. ¿Es culpable o inocente? La pregunta era, es, ni más ni menos que por la verdad.
La verdad. Ese valor que, en tiempos de grieta y polarización feroz mediatizada, pareciera emparentarse en su búsqueda a aquel concepto que movilizaba y formaba parte de las banderas de las luchas populares de finales del siglo veinte: la utopía. Caminar para alcanzarla, aunque nunca se llegara a ella. Esa era la consigna. Ahora, la Verdad, entre posturas intransigentes, operaciones mediático—judiciales, odios y fanatismos pareciera —igual que la utopía— alejarse cada vez más, aunque vayamos directo hacia ella.
Y, como ocurre en el periodismo, en la ciencia, en la filosofía y en las mejores charlas de café, las preguntas suelen ser mucho más importantes que las respuestas. Porque, a veces, las respuestas no son blanco o negro y las preguntas abren a su vez otros interrogantes que nos ayudan a pensar y a ver la realidad desde un lugar mucho más amplio y sabio. ¿Es corrupta o víctima de una persecución? ¿Hubo delito o es lawfare? ¿Y si son las dos cosas a la vez? ¿Y si no hay solamente una verdad en todo esto? ¿Y si hubo beneficios pero no delitos? ¿Y si parece ‘sospechoso’ pero no se pudo probar?
Como es la introducción, me permito por única vez en todas estas páginas escribir en primera persona. Cuando alguien una vez me propuso empezar a trabajar en la sección Judiciales del diario Página/12, lo miré con la cara más rara que tengo. “Yo no soy de gráfica, no escribo”, fue lo primero que me salió decir. Y encima, de judiciales no entiendo un pomo. Eso no me acuerdo si lo dije o lo pensé. La cuestión es que allí me puso esta profesión con sus caprichos y cambios constantes a principios de 2019. Casi al unísono, sin demasiada planificación, empecé a cubrir todo lo relacionado a la causa Vialidad mientras se dirimía si empezaba o no el juicio. Finalmente, comenzó y me tocó hacer la crónica desde Comodoro Py. Así arrancaron las audiencias y empecé a cubrirlas una a una. Primero para Página/12 y luego para Ámbito Financiero, cuyas autoridades tomaron la decisión editorial de cubrir el debate en su totalidad y me fue asignada la tarea.
“Tenés que escribir el libro”. Me lo habían empezado a decir colegas, amigas, familiares, abogados. Pero la idea de escribir un libro me parecía rarísima en lo personal y sin sentido en cuanto al contenido. “A quién le va a importar un libro sobre las rutas de Santa Cruz”, pensaba mientras se sucedían las audiencias, algunas de ellas muy técnicas y aburridas. Con el tiempo, sobre todo al llegar el final del proceso, entendí la importancia, el peso político y la dimensión histórica que tenía el único juicio contra Cristina Kirchner. La única de la gran cantidad de causas iniciadas en su contra que había llegado a instancia de juicio oral y cuya sentencia se conocería con la principal imputada siendo la figura más importante de la política argentina y en pleno ejercicio del poder. La verdad es que el hecho no tenía precedentes. Y yo había sido la única periodista en cubrir y escribir una nota sobre todas y cada una de las audiencias. 114 testigos en 121 jornadas, más las audiencias de lectura de elevación, alegatos, últimas palabras y veredicto. Todas. Sin libro, el trabajo de más de tres años iba a quedar perdido entre los algoritmos de Google y mucho de lo que había pasado en el juicio iba a quedar puertas adentro de la sala de audiencias.
Mientras la idea seguía en pleno debate en mi cabeza, el 22 de agosto de 2022, a las 22:47 un mensaje privado de Instagram que vi de casualidad me terminó de convencer. Era de la editorial Galerna. Querían que escribiera el libro. Hice cuentas. Tercer trimestre de embarazo. Tengo casi tres meses (con suerte) para escribir todo lo posible, corto un mes después de que nazca el bebé y retomo en diciembre. Bueno. Dale nomás. Así fue como, entre contracciones primero, teta, pañales y mimos al hermano mayor en estado de ebullición después, nació Condenada.
He aquí el resultado. Tenés en tus manos un libro periodístico. La idea original fue rescatar las crónicas de aquellas audiencias, que a veces duraban hasta ocho horas seguidas. Una idea que se cumplió pero que tuvo un giro inesperado cuando, en medio del proceso de escritura, alguien puso un arma en la cabeza de la protagonista de la historia. Lo que en un primer momento pretendió ser simplemente el libro sobre el juicio a Cristina terminó siendo, además, un relato de una parte de la historia contemporánea argentina. La bala no salió, el juicio continuó y hubo un veredicto.
A modo de GPS te cuento que este libro está pensado para quienes nunca tuvieron contacto alguno con temas judiciales y también para los habituados al lenguaje. No soy abogada y eso tal vez haya operado como una ventaja en el intento de llevar a lo más llano posible cada explicación. Podés leerlo de principio a fin o, como en una especie de “Elige tu propia aventura”, podés ir directo al capítulo que te interese. Creo haber logrado un material inclusivo: para quien quiera conocer la historia desde cero y para quien busque el detalle técnico de la prueba documental. O viceversa. O las dos cosas.
Si bien la mayor parte del trabajo es una crónica de las audiencias y una búsqueda por reflejar la posición de cada una de las partes, con apoyatura de especialistas (ingenieros/as y abogados/as) hay un análisis propio del peritaje oficial sobre las obras. Fue nada menos que la prueba nodal producida durante el juicio que despertó discusiones fuertísimas entre las partes y entre los propios ingenieros que hicieron el estudio. A mi entender, (sin ánimo de spoilear) ahí está el nudo gordiano de este expediente.
Ojalá este libro te sirva, como me sirvió a mí, para abrir en lugar de cerrar. Para que te quedes con preguntas además de algunas conclusiones. Y ojalá disfrutes leerlo tanto como yo disfruté escribirlo. En cualquier caso, gracias por leer.
AGRADECIMIENTOS
Gracias a Carolina Di Bella, editora de Galerna, por proponerme esta aventura y confiar en mí. Por insistir, escuchar mis dudas, mis miedos e ideas. Lo logramos, Caro. Gracias a Tomás Razzetto y Pablo Alarcón, editor y diseñador de Galerna respectivamente, por el especial cuidado y dedicación.
Gracias a Raúl “Tuny” Kollmann por enseñarme (o intentarlo) el oficio de escribir y del periodismo judicial. Perdón, maestro, es lo que hay.
Gracias a las autoridades de Ámbito Financiero por darme la responsabilidad de cubrir este juicio. A mi editor, Gabriel Morini, quien confió y guio mi trabajo en el diario durante los más de tres años de cobertura.
Gracias a Pablo Duggan por los elogios y el impulso (al aire y fuera de él) para que este libro sea una realidad. A mis jefes y compañeros/as de C5N y Radio 10 por darme el espacio, el reconocimiento y la confianza para comunicar lo que pasaba en cada audiencia. En ellos, Nicolás Bocache, Jorge Rial, Gustavo Sylvestre, Mauro Federico, Miguel Ángel Pierri, Víctor Hugo Morales. A Sebastián Pedrón, Marcelo Figueroa, Martín Castillo, Fernando Candeias. A Daniela Ballester, Irina Hauser, Juan Amorín y al siempre solidario Ariel Zak.
Gracias a Ernesto Tenembaum, a quien solo conocía por ser su fiel oyente y lectora. Con profunda admiración, sin que él supiera, claro, le gritaba al parlante de la radio para increparlo o aplaudirlo en iguales proporciones. Hasta que un día me entrevistó en uno de sus programas y vinieron las ideas y los consejos. Solo logró que mi admiración creciera aún más, incluso y con las diferencias a cuestas.
Gracias a Federico Delgado por aceptar en menos de un segundo prologar y prestigiar este, mi primer libro. El honor es todo mío.
Gracias a mis fuentes (que por razones obvias no voy a nombrar), a las que molesté durante todos estos años con mil dudas y preguntas. En especial a una de ellas. Vos sabés quién sos. Y gracias, “S”, por tu asistencia fundamental e invalorable.
Gracias a Carlos Polimeni, por las enseñanzas, la guía, los consejos y la amistad, siempre.
A Marcos Cittadini. Amigo, colega, familia. En las buenas y en las malas mucho más. Espalda con espalda.
Gracias a mis amigas Mariela Roldán, Nela Cuzzani y Liz Paredes. Testigos, lectoras, televidentes y oyentes de la primera hora. A mi “Primi” Rocío, siempre incondicional.
Gracias a mi viejo por insistir, guiar y ayudar a escribir. Por llevarme a la radio por primera vez hace más de veinte años y sostenerme junto a mamá en cada paso de esta carrera hermosa, pero por momentos muy cruel. A la red fundamental de amor y cuidados de ellos dos y de toda la familia Martínez, empezando por la abuela Tere. En cuyos brazos descansan y crecen mis hijos para que este libro y todos mis proyectos se hagan realidad.
Gracias a Federico Martínez, mi compañero de vida y papá de mis hijos. El que hace diez años se adapta y acepta todos los cambios que implican mis trabajos. El que apoya con la palabra y con el cuerpo todo lo que se me ocurra emprender. Gracias por la deconstrucción y la construcción que hacemos todos los días. Mi lugar de calma, mi refugio, mi aplomo. Sin su amor, nada sería igual.
Y gracias a mis hijos, Juan y Rafael, por enseñarme a ser mejor persona y mamá cada día. O al menos hago el intento. Tenerlos le da sentido a todo lo demás. Los amo.
YO ACUSO
Este, que es un Tribunal del Lawfare, un Tribunal que seguramente tiene la condena escrita, lo va a hacer. No me interesa. ¡No me interesa! He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia, y me va a absolver la historia; y a ustedes, seguramente los va a condenar la historia.
Aplausos.
PRESIDENTE (Giménez Uriburu): Silencio, por favor.
Doctora, le pregunto si va a responder preguntas de las partes.
IMPUTADA (Fernández de Kirchner): Permiso, me voy a levantar. He terminado la declaración. Muchas gracias y buenos días.
La imputada Fernández de Kirchner se dirige a su asiento.
FISCALÍA (Luciani): Señor presidente, voy a preguntar si va a contestar preguntas. No contestó si va a responder preguntas. Me imagino que ya con su…
PRESIDENTE: Sí, yo le he preguntado, pero me parece que tal vez no escuchó por los aplausos que había.
La imputada Fernández de Kirchner regresa y estando de pie le responde al Tribunal.
IMPUTADA: ¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo. Gracias.
Aplausos.
La imputada vuelve a ocupar su lugar en la sala.
PRESIDENTE: Silencio, por favor.
Lunes 2 de diciembre de 2019. El calor ya se hacía sentir sobre la Ciudad de Buenos Aires y aquella mañana no sería una más en los tribunales de Comodoro Py 2002. Así lo dejó grabado como un sello indeleble el tramo final de la versión taquigráfica de una de las audiencias más resonantes de la historia de la justicia federal. Ese día, a las 9:52 a. m., el escriba del Tribunal Oral Federal número 2 no pensó que lo que estaba por reseñar no era una de esas actas habituales de una audiencia de un juicio oral como tantas otras, sino que pasaría a formar parte de un capítulo fundamental de la historia política argentina contemporánea.
Cuando faltaban exactamente ocho días para que Cristina Fernández de Kirchner, dos veces presidenta de la Argentina, asumiera como vicepresidenta de la Nación, los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso la llamaron a declaración indagatoria en el marco de lo que se transformaría en el único proceso penal abierto contra ella que llegó a la instancia de sentarla en el banquillo de los acusados en un juicio oral.
Aquella mañana, durante más de tres horas de declaración, Cristina buscó rebatir los argumentos jurídicos de la acusación en su contra y sentó la posición política que mantendría durante todo el proceso:
Había que condenar a un gobierno, el de Néstor Kirchner, que desendeudó al país, que le pagó al Fondo Monetario Internacional. Había que traer de vuelta al Fondo Monetario Internacional. Y para traer al Fondo Monetario Internacional había que convencer que el que le pagó, que el que nos desendeudó era un chorro y que vino solamente a la Presidencia de la República a robar y saquear el país.
Eso es que lo que hicieron, y por eso estoy sentada acá. No estoy sentada por ninguna otra cosa. No soy amiga de Lázaro Báez. Nunca fui amiga de Lázaro Báez. Nunca. Pero no voy a tolerar que se diga que, porque alguien es amigo de alguien, hay que condenarlo; eso ha pasado en la dictadura.
CFK había ganado las elecciones el 27 de octubre, tras elegir como cabeza de fórmula a Alberto Fernández, quien fuera su jefe de Gabinete y el de su marido fallecido, el también expresidente Néstor Kirchner. Bajo el sello del Frente de Todos, el peronismo unido detrás de la boleta Fernández—Fernández había obtenido el 47,46 por ciento de los votos por sobre el 39,63 de Juntos por el Cambio, con la fórmula Mauricio Macri—Miguel Ángel Pichetto.
El que fue conocido como juicio de Vialidad se había puesto en marcha antes de la campaña para aquellas elecciones presidenciales y, a partir de allí, cabalgaría al compás del calendario electoral durante casi todo su desarrollo, que se extendió por casi cuatro años. Casualmente —o no— los mismos años de su mandato como vicepresidenta.
A partir de una denuncia presentada por funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, quien buscaba su reelección, y luego de un proceso de instrucción cargado de planteos de nulidad, a las 12:13 del mediodía del martes 21 de mayo de 2019, un mes y cinco días antes del cierre de plazos para la presentación de las listas de candidatos y candidatas para las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), tuvo lugar la foto que recorrió el país. Cristina Kirchner sentada por primera vez en el banquillo de un juicio oral como principal acusada junto a otras doce personas, entre ellas el exministro de Planificación Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas condenado en otro expediente por enriquecimiento ilícito, José López, y el empresario Lázaro Báez.
Aquel día, fiel a su estilo, CFK buscó torcer a su favor una situación a priori adversa y desplegó un incómodo mensaje para sus oponentes políticos.
La emblemática sala AMIA de los tribunales federales de Retiro está dividida por un vidrio que separa a imputados/as, fiscales, jueces/as y abogados/as del público en general. La entonces expresidenta evitó ubicarse al lado del resto de los imputados y se sentó en la tercera y última fila, justo detrás del blindex. A sus espaldas, la muralla transparente dejaba ver —estratégicamente ubicadas— a su derecha, a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, con su tradicional pañuelo blanco, y a su izquierda a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. El resto de las sillas fueron ocupadas por la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, integrantes de la agrupación HIJOS y nietos y nietas recuperados.
Allí estaban todos los referentes más importantes de la lucha por los derechos humanos en la Argentina cuidando las espaldas de Cristina. La foto que tanto anhelaban los sectores adversos al kirchnerismo finalmente recorrería el país y gran parte del mundo, pero con el ángulo, el foco y el escenario transformados y capitalizados por la principal imputada en una causa por hechos de corrupción.
Sin que hubiera una sola declaración a los cientos de micrófonos que se apostaron dentro y fuera de los Tribunales, la mera presencia de Cristina Kirchner, obligada a estar en el inicio del debate oral y en toda la lectura del auto de elevación a juicio que se extendió en las cuatro audiencias posteriores, hizo que aquel 21 de mayo de 2019 tampoco fuera un día cualquiera en Py. El extenso y siempre frío hall de entrada, los anchos pasillos, escaleras y ascensores se parecieron por unas horas al ingreso de un recital en algún teatro de la calle Corrientes. Decenas de charlas en ronda simultáneas, abrazos, saludos, gritos de una punta a la otra y periodistas que pululaban con sus grabadores, teléfonos, cámaras y micrófonos a cuestas. La presencia de un abanico de dirigentes políticos, sociales y sindicales que fueron de cuerpo presente a respaldar a Cristina ilustraron lo inusual de la jornada.
La causa judicial y el optimismo por la fórmula Fernández—Fernández, que acababa de conocerse, fueron el centro de las declaraciones públicas y de todas las conversaciones de ese día. El habitual eco de la planta baja y el subsuelo del edificio de Retiro dejó de escucharse y tomó protagonismo el murmullo constante de la gran cantidad de invitados y periodistas que pugnaban por pasar por cada puerta, como si buscaran escapar de la salida del subte en hora pico.
Quince minutos antes de la hora señalada, de saco azul y camisa blanca con puntillas y volados barrocos, con todas las cámaras de televisión a su alrededor, CFK se mostró sonriente al ingresar por una de las puertas laterales del edificio, envuelta en un fuerte operativo de seguridad dispuesto por los jueces del Tribunal. Completamente vallada y rodeada de policías, la imponente construcción donde —por paradojas del destino— en el pasado había funcionado Vialidad Nacional fue literalmente blindada.
Así fue como, a la hora señalada, Cristina Fernández de Kirchner ocupó el lugar asignado y comenzó la primera audiencia de uno de los juicios más resonantes de los últimos años.
Hasta allí fue llevada por el juez de instrucción Julián Ercolini y los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Ignacio Mahiques, quienes la imputaron por liderar una asociación ilícita entre los años 2003 y 2015 con el objetivo de defraudar al Estado y beneficiar a Lázaro Báez, un empresario patagónico amigo de Néstor Kirchner, cuyo patrimonio creció exponencialmente gracias a los contratos otorgados por el Estado para hacer obras viales en Santa Cruz, la provincia de residencia del matrimonio presidencial.
La acusación hablaba del presunto direccionamiento de 51 obras de Santa Cruz a favor de la empresa Austral Construcciones. Sobreprecios, licitaciones truchas, beneficios a Santa Cruz por sobre el resto de las provincias, rutas inconclusas y falta de controles fueron los títulos centrales del expediente y de la mayoría de los medios de comunicación opositores a las políticas de los Kirchner.
Así, el juicio por la “corrupción en la obra pública”, conocido también como “Vialidad”, ya estaba en marcha. Un juicio que —nadie lo imaginaba en aquel momento— desembocaría tres años después en una secuencia sin precedentes, que incluiría un arma apuntando y disparando a la cabeza de Cristina Kirchner, en un fallido intento de asesinato en la puerta de su propia casa mientas saludaba a simpatizantes que hacía dos semanas desfilaban para expresarle su apoyo. Todo luego de un pedido de condena de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola a doce años de prisión más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Con actores de máximo peso en la política argentina entre los imputados, denunciantes y testigos, la causa Vialidad partió de una base de cuestionamiento lógico y que a cualquiera debería llamarle la atención: un exgerente de un banco, amigo de Néstor Kirchner, se transforma en el empresario más poderoso de la construcción en Santa Cruz —la provincia del matrimonio presidencial— gracias a los contratos con el Estado, justo en el período en el que Néstor y Cristina ocuparon el sillón de Rivadavia. El ruido es inevitable.
La pregunta que planteaba el expediente era si esa relación entre Báez y los Kirchner implicó maniobras delictivas. Si esa sociedad implícita, que incluyó el alquiler de inmuebles de Néstor y Cristina a Báez, ocultó una mega defraudación al Estado para beneficio personal y/o para hacer caja para el proyecto político que se extendió por doce años en el poder.
Lo cierto es que este interrogante, que no podría no rebotar en la cabeza de cualquiera, se transformó en una causa judicial que llegó a juicio. Una gran oportunidad para dilucidar si hubo o no delito. Si hubo o no corrupción. Sin embargo, todo el proceso estuvo cargado de serias irregularidades procesales y teñido de intereses políticos. A priori parecería una chance perdida para conocer la verdad.
A pesar y con todas las anomalías de este juicio —que serán relatadas una a una más adelante— la pregunta es, entonces, si en el debate oral se pudo probar en forma cabal que las maniobras denunciadas efectivamente existieron. Una asociación ilícita, liderada por Cristina Kirchner y enquistada durante doce años en el Estado Nacional con un solo objetivo: quedarse con dinero público. Sobreprecios. Beneficios a Santa Cruz por sobre otras provincias con el otorgamiento de obras viales. Favoritismo para Lázaro Báez en detrimento de otras contratistas. Obras que se pagaron y no se terminaron. Pagos anticipados fuera de la norma. Todas sospechas y dudas razonables. Sin embargo, más allá de las dudas y los títulos periodísticos o eslogans de campaña, ¿todo esto se pudo probar en forma determinante durante el juicio?
LOS IMPUTADOS
El expediente 2.833 caratulado “Fernández de Kirchner, Cristina y otros s/inf. arts. 173 y 210 del Código Penal” llevó a un total de trece personas a juicio. Formaron parte de la lista, además de la expresidenta, varios exfuncionarios nacionales y de la provincia de Santa Cruz y el empresario Lázaro Báez. Para la acusación todos conformaron una gran asociación ilícita con el objetivo de defraudar al Estado para beneficio personal y del contratista patagónico.
Cristina Kirchner
Nacida en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, el 19 de febrero de 1953, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner fue dos veces presidenta de la Argentina, entre el 10 de diciembre de 2007 y el 9 de diciembre de 2015. Abogada de profesión y militante peronista pasó por numerosos cargos en la función pública. Fue diputada provincial en Santa Cruz y varias veces diputada y senadora nacional por esa provincia y por la de Buenos Aires. Esposa del exgobernador de Santa Cruz —lugar en el que vivió junto a él y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner—, el también expresidente Néstor Kirchner, fallecido el 27 de octubre de 2010.
Hija de una dirigente sindical, Ofelia Esther Wilhelm, y de un colectivero, Eduardo Fernández, Cristina atravesó su infancia y adolescencia en La Plata, ciudad donde se recibió de abogada, conoció a Néstor Kirchner e hizo sus primeros pasos en la política y la militancia peronista.
Lázaro Báez
Lázaro Antonio Báez nació en 1956 en la ciudad de Osorno, Chile. En 1962, se radicó en la provincia argentina de Santa Cruz, donde conoció a principios de los años noventa a Néstor Kirchner, entonces intendente de Río Gallegos y aspirante a la gobernación de Santa Cruz, con quien conformaría una relación de amistad y cercanía, al punto que fue el propio Báez quien construyó el mausoleo donde hoy yacen los restos del expresidente.
Tuvo cuatro hijos junto a su pareja Norma Calismonte: Luciana, Melina, Leandro y Martín Báez.
Fue durante varios años empleado en el Banco Nación y luego en el Banco de la Provincia de Santa Cruz hasta llegar al cargo de gerente.
En 2002 Báez creó la empresa Austral Construcciones S.A. (ACSA) a través de la cual obtuvo la mayoría de las licitaciones para hacer obras viales en Santa Cruz, hasta fines del año 2015, cuando Mauricio Macri llegó a la presidencia de la Nación.
En el año 2023 fue condenado a 12 años de prisión por el delito de lavado de dinero.
Julio De Vido
Arquitecto de profesión, Julio Miguel De Vido fue uno de los ministros que acompañó a Néstor y a Cristina Kirchner en casi todos sus años de gestión, primero en Santa Cruz y luego en el gobierno nacional.
Fue diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, ministro de Gobierno y ministro de Obras Públicas durante la gobernación de Néstor Kirchner en Santa Cruz, entre otros cargos y ministro de Planificación nacional durante los doce años de las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner.
En un hecho político casi sin precedentes, durante el gobierno de Mauricio Macri, el 25 de octubre de 2017 el Congreso de la Nación aprobó su desafuero y la suspensión de sus funciones como legislador y pocas horas después fue detenido en su propia casa ante las cámaras de televisión. La prisión preventiva se materializó en el marco de una causa por presunta corrupción. Ese expediente años después se cayó como un castillo de naipes, tras demostrarse que se utilizaron testigos truchos y que un peritaje concluyera que no hubo delito.
El 10 de octubre de 2018 De Vido fue condenado en otra causa. Un tribunal de Comodoro Py le impuso una pena de cinco años y ocho meses de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública e inhabilitado para ejercer cargos públicos de por vida en una de las dos investigaciones por el siniestro ferroviario de Once, ocurrido el 22 de febrero de 2012, en el que murieron 52 personas.
José López
El exsecretario de Obras Públicas José Francisco López pasó a la fama luego de haber sido encontrado infraganti intentando esconder un bolso con nueve millones de dólares y una escopeta en un convento de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, la madrugada del 14 de junio de 2016.
Durante los años en los que ocupó esa silla clave del ministerio de Planificación, López supo moverse como pez en el agua y manejó los resortes del millonario negocio de todas las empresas contratistas —sin distinción ideológica— que obtenían obras pagadas por el Estado.
Ingeniero civil, nació el 20 de octubre de 1960 en Tucumán y pasó por varios cargos públicos en esa provincia y en Santa Cruz antes de su gestión de doce años ininterrumpidos a cargo de la secretaría nacional.
Por el cinematográfico hecho del convento, en el año 2019 fue condenado a la pena de seis años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Durante el desarrollo del debate oral, alentado y cobijado por el gobierno de Cambiemos, intentó convertirse en imputado colaborador en otra de las causas en las que quedó involucrado, la causa “Cuadernos”. Ante los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo buscó involucrar en forma directa a CFK al asegurar que el dinero se lo había dado para que lo escondiera Fabián Gutiérrez, un exsecretario de Néstor y Cristina Kirchner ya fallecido: “La plata era de la recaudación, la plata no sé dónde estaba antes de que me la trajeran. Si me llamaba Fabián era porque Cristina así se lo había indicado. Fabián era Cristina”, dijo en aquella declaración, con el objetivo de obtener beneficios procesales ante una eventual condena. Sin embargo, en el juicio por enriquecimiento ilícito quedó demostrado que López mintió para convertirse en arrepentido y lograr una reducción de la pena, a pesar de lo cual el entonces juez Claudio Bonadio le homologó el acuerdo al que había llegado con los fiscales.
La realidad es que los USD 8.982.047dólares no se los había dado un secretario de CFK, sino que habían estado escondidos siempre en el mismo lugar. En un altillo de su casa de Dique Luján, en un tanque de agua. La prueba fundamental fueron los mismos billetes, que estaban completamente húmedos. Así lo determinó la investigación de la causa por enriquecimiento que estuvo a cargo del fiscal Federico Delgado y el juez Daniel Rafecas. En aquella oportunidad López se limitó a decir que la plata “venía de la política” y prometió contar la verdad más adelante, algo que nunca sucedió.
En el juicio de Vialidad, el celular de José López se transformó en una pieza clave y de fuerte disputa. Unas 1.800 páginas de des grabaciones de mensajes de WhatsApp serían usadas por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en forma casi sorpresiva durante los alegatos. La respuesta de Cristina sobre el contenido de los chats de López y el verdadero origen de los fondos llegaría unas horas después y caería como una bomba de proporciones en el mundo de la política y los negocios. Pero esa es una historia para más adelante.
Abel Fatala
Ingeniero industrial, fue subsecretario de Obras Públicas, dependiente del ministerio de Planificación, entre 2008 y 2015. A diferencia de la mayoría de los otros imputados, Abel Fatala no provenía de la política santacruceña, sino de la Ciudad de Buenos Aires.
De familia peronista, creció y militó en el barrio de San Cristóbal. Su hermano Víctor Aníbal “Quito” Fatala estuvo desaparecido durante la dictadura cívico militar, período en el que su casa fue allanada en varias oportunidades.
Exfuncionario de la gestión de Aníbal Ibarra en la jefatura de gobierno de Capital Federal, fue (entre varios cargos) director de la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). También fue concejal y legislador porteño.
70 años, 2 hijos. Casado en 1997 con Agustina Borda, de quien se divorció en el año 2009. Su carrera tuvo un desarrollo inicial en el ámbito privado y después pasó por distintos espacios de la gestión estatal.
Fue el encargado del mantenimiento electromecánico en Laboratorio de Especialidades Medicinales “Beta” y durante los años del terrorismo de Estado fue Investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica en la Gerencia de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear. Participó de las pruebas relevantes de la puesta en marcha de la Central Atómica Embalse de la Ciudad de Embalse, Córdoba, y también de la puesta en marcha del reactor nuclear experimental y de estudio del Instituto Balseiro, en Bariloche, provincia de Río Negro.
Compañero de militancia en los años setenta del histórico dirigente peronista de la Ciudad Dante “Canca” Gullo, Fatala llegó a formar parte más adelante del Frepaso, espacio político que en alianza con el radicalismo logró sacar al menemismo del poder en 1999. Casi diez años después saltaría a la gestión nacional en el estratégico Ministerio de Planificación, creado por Néstor Kirchner.
Carlos Kirchner
Carlos Santiago Kirchner fue el titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal entre agosto de 2005 y diciembre de 2015.
Arquitecto y primo del expresidente Néstor Kirchner, había sido detenido en diciembre de 2017 al calor de la denominada doctrina Irurzun, por orden del juez de instrucción de la causa Vialidad, Julián Ercolini. Aquella doctrina, que llevó el nombre del juez de la Cámara de Casación que la inauguró durante el gobierno de Macri, Martín Irurzun, señalaba que los exfuncionarios involucrados en hechos de corrupción debían estar presos en forma preventiva por el “poder residual” que ostentaban, lo cual podía constituirse como un riesgo procesal.
Bajo ese argumento, que arrasó con las garantías constitucionales más elementales, más de una decena de exfuncionarios del gobierno de Cristina Kirchner fueron enviados a la cárcel, a pesar de mostrarse siempre a derecho, con domicilio fijo y de acreditar no querer escapar ni entorpecer las investigaciones. También, en la mayoría de los casos, a pesar de tratarse de acusaciones por delitos excarcelables.
En el caso de Carlos Kirchner, recién después de haber pasado dos años en el penal de Ezeiza, en octubre de 2019 el Tribunal del juicio de Vialidad hizo lugar a sus reiterados reclamos de excarcelación.
Luego, el fiscal Diego Luciani pidió su sobreseimiento por entender que no se colectaron pruebas suficientes que demostraran que el exfuncionario hubiera formado parte de la presunta asociación ilícita. Sin embargo, en el pasado, el mismo Luciani se había opuesto al reclamo del cese de la detención, aunque no existía riesgo procesal alguno. El cambio de postura de la fiscalía fue justificado por Luciani durante su alegato en la falta de material probatorio recabado a lo largo del debate oral.
A la luz de los acontecimientos, todo parece indicar que la portación de apellido fue el elemento que mandó a la cárcel al exfuncionario y, al mismo tiempo, el que luego lo dejó libre y sin acusación por enriquecimiento ilícito. El chivo expiatorio de la acusación en la etapa final del juicio para buscar desterrar los señalamientos de persecución política de todo aquello que remitiera a los Kirchner.
Nelson Periotti
Nelson Guillermo Periotti fue Administrador de la Dirección Nacional de Vialidad durante los tres gobiernos kirchneristas, desde el 27 de mayo de 2003 hasta el 9 de diciembre de 2015.
Ingeniero electricista de profesión (UTN), ocupó numerosos cargos públicos. Durante la última gobernación de Néstor Kirchner en Santa Cruz, fue presidente del directorio de Vialidad de la provincia sureña. Cuando asumió la presidencia de la Nación, Kirchner lo llevó a la DNV.
Santafecino, oriundo de Colonia Belgrano, Periotti nació en 1945, hijo de un delegado gremial del sindicato químico. Su hermano Marwel, 6 años mayor, fue arquero de San Lorenzo y de la selección argentina de fútbol a comienzos de los 60. En 1946 su familia se trasladó a Buenos Aires, donde transcurrió su infancia, sus estudios y su actividad laboral y militante, trabajando en distintas empresas privadas. En 1978, plena dictadura, fue designado jefe de la división máquinas pesadas en el yacimiento de carbón de Río Turbio, Santa Cruz. Recién casado, pasó a la jefatura de Mantenimiento Electromecánico y luego a la de Recursos Humanos del yacimiento. Paralelamente, fue juez de paz de la localidad. En 1987 fue electo intendente de Río Turbio, contemporáneo con la intendencia de Kirchner en Río Gallegos.
En mayo de 1994, ya concluido su mandato, fue vocal técnico en el directorio de Vialidad provincial santacruceña, con activa participación en el Consejo Vial Federal y en el Consejo Nacional de Seguridad Vial. En 1996 llegó a la legislatura provincial como diputado, en reemplazo de Antonio Puricelli. Su acceso a la conducción de Vialidad de Santa Cruz se produjo en 1999, durante la tercera gobernación de Néstor Kirchner.
Raúl Daruich
Nacido el día 7 de noviembre de 1956, trabajó para la Agencia de Vialidad Provincial de Santa Cruz y luego fue uno de los jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad. Fue uno de los funcionarios que firmó dictámenes sobre las rutas investigadas.
Mauricio Collareda
Nacido en Trenque Lauquen, Provincia de Buenos Aires, se recibió de ingeniero civil en vías de comunicación en la Universidad Nacional del Sur. Fue jefe del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad por más de una década, entre mayo de 2006 y mayo de 2016.
Anteriormente fue director, inspector y jefe de obras en el ámbito privado en Río Gallegos y en la provincia de La Pampa
Héctor Jesús Garro
“¿Qué hacés acá, Negro?”, le dijo Cristina cuando lo vio en la sala de audiencias el primer día del juicio. “Qué sé yo… me metieron a mí también”, le contestó Héctor Garro mientras se acomodaban en sus lugares antes de empezar la audiencia.
Nacido en General Acha, provincia de La Pampa, el 29 junio 1954. Al fallecer su padre, se dedicó a trabajar en el campo que era de su familia hasta que en 1976 vendió su parte y se fue al sur. En Río Turbio comenzó a trabajar en YPF como chofer de camión. Se casó y junto a su esposa se dedicaron al comercio. Militante político, desde 1991 al 1999 fue concejal y luego diputado hasta el año 2003. Además de haber sido uno de los ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad (2005—2006), fue el hombre que le hacía los asados a Néstor Kirchner. Tal era la relación de confianza y amistad que tenía con el expresidente fallecido. “Era un tipo muy querido por todos acá en Río Gallegos”, cuentan quienes lo conocieron. En 2007 regresó a Santa Rosa, La Pampa, junto a su esposa e hijos. Alejado de la política, se dedica a la actividad comercial.
Juan Carlos Villafañe y José Santibáñez
Los dos fueron presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.
Villafañe fue jefe de la AGVP desde septiembre de 2006 a diciembre de 2007. Antes, fue intendente de Río Gallegos y jefe del Distrito 23 de la DNV.
Santibáñez fue presidente del directorio de la AGVP. Su firma figuró en veinte de los 51 expedientes de obra investigados. Era uno de los funcionarios que autorizaba las ampliaciones de plazo de obra.
Raúl Pavesi
Fue también Administración General de Vialidad de Santa Cruz. Ingeniero civil recibido en el año 1975, se dedicó la mayor parte de su carrera a la actividad privada y, a partir de esa experiencia, llegó a su cargo en la provincia. Dedicado a la construcción de caminos, no es un hombre proveniente de la política.
En noviembre del año 2000 y hasta julio de 2004 la empresa GOTTI lo contrata como consultor. Realizó tareas en la unidad C.A.F. (Corporación Andina de Fomento), de la DNV, como coordinador de obra del Corredor Capricornio — RN N° 81: Formosa — Salta.
En octubre 2005 se desempeñó como vocal técnico de la AGVP, en su directorio hasta que en 2006 fue nombrado vicepresidente de la AGVP. Entre 2007 y 2013 ocupó la presidencia de la Agencia.
EL ORIGEN
Con el 51,34 % de los votos, el 22 de noviembre del año 2015 Mauricio Macri se alzaba con el cargo de presidente de la Nación Argentina.
El hijo mayor de Franco, fundador del Grupo Socma —cuyo patrimonio creció exponencialmente gracias a los contratos con el Estado—, le ganaba por una exigua diferencia en segunda vuelta al candidato de un sector del peronismo, Daniel Scioli. Con el 48,66 %, el postulante bendecido por Cristina no llegaba a retener el poder para el Partido Justicialista – Frente Para la Victoria.
En un hecho sin precedentes, Nación, Ciudad y Provincia de Buenos Aires quedaban en manos de un mismo signo político y una propuesta de derecha llegaba al gobierno a través del voto popular. La fuerza Cambiemos, con verticalidad y supremacía ejercida por la figura de Macri, logró la epopeya en medio de un clima de cambio de época, tras doce años de gestión kirchnerista y gracias a una alianza conformada principalmente por el Pro, la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical.
IMPUTADA: ¿Qué es esto del Lawfare además y cómo se llevó a cabo en la República Argentina? Esto fue un plan, un plan ideado por el gobierno saliente (…)
El 12 de enero de 2016, el presidente de la Nación, el ingeniero Mauricio Macri, designó como nuevo titular a Javier Alfredo Iguacel. El 13 de enero, o sea… Escucharon, ¿no? El 12 de enero lo designan en Vialidad. El 13 de enero, al otro día, la primera resolución que saca, la número uno, la Resolución N° 1/16 de la Administración General de Vialidad, ¿cuál es? Hay que investigar todas las obras de la constructora Austral, propiedad de Lázaro Báez, realizadas en la provincia de Santa Cruz. Todas, solamente eso. Solamente investigar esas obras en la provincia de Santa Cruz. Bien. Raro. Y manda a hacer una auditoría, da una orden de auditoría para que, en el término, creo, muy exiguo, creo que de 15 días… Sí, acá está, si me permiten leer, porque me voy olvidando, dice “Iguacel instruyó a la Unidad de Auditoría Interna de la Dirección Nacional de Vialidad para que en el plazo de 15 días corridos haga un informe pormenorizado relevando…”, etcétera, etcétera, etcétera.
Aquella primera resolución firmada por las nuevas autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad derivó en una auditoría realizada por técnicos de carrera del organismo, quienes entregaron los resultados el 16 de marzo de 2016.
Los ingenieros Justo Romero, Martín González Oría y Marcelo Guillermo Bianchi hicieron un estudio de los expedientes de las obras e incluyeron trabajo de campo. Viajaron a Santa Cruz y durante dos semanas se dedicaron a recorrer una por una las “obras con certificación a enero de 2010 en adelante”.
El trabajo de 68 páginas entregado al entonces flamante administrador Javier Iguacel fue contundente: por un lado, la mayoría de las obras habían sido adjudicadas a Austral Construcciones S.A. (ACSA), firma de Lázaro Báez. Por el otro, las obras en Santa Cruz no presentaban anomalías de relevancia. En su gran mayoría estaban ejecutadas y terminadas.
Los plazos establecidos por la gestión de Iguacel para hacer el trabajo fueron exiguos. Algo que los propios auditores enfatizaron cuando declararon como testigos en el juicio y en el escrito entregado a las nuevas autoridades de la DNV: “Empleamos 13 días de trabajo de campo. Se relevaron 2.200 kilómetros de ruta y en ese lapso recorrimos 6.000 kilómetros de ruta y 16.000 kilómetros de avión en 13 días”, puntualizaron.
En sus conclusiones generales, la auditoría expresaba lo siguiente:
Del examen practicado no se evidencian deficiencias constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse, salvo en algunos casos puntuales que fueron detallados en cada obra.Los desajustes de certificación de obra observados no se consideran relevantes en relación a la magnitud de las respectivas obras.Concentración de obras en la provincia de Santa Cruz. El monto vigente de las mismas a Enero 2016 asciende a $ 21.269 millones De un total de 87 obras, 51 fueron otorgadas al Grupo Báez, un 78.4 % del total, por $16.386.868.049,53Delegación de funciones propias de la DNV (Dirección Nacional de Vialidad) en la AGVP (Administración General de Vialidad Provincial), dado que el 90 % de las obras en la provincia de Santa Cruz fueron realizadas por Convenio con la AGVP Importante inversión en obras fuera de la Jurisdicción Nacional, $ 6.685 millones de monto vigente en obras, habiéndose ejecutados ya $ 4.034 millones Concentración de obras en un único grupo de empresas: TOTAL SANTA CRUZ: 83 obras por $ 20.893.474.008,40OBRAS ADJUDICADAS EN SANTA CRUZ - CANTIDAD Y MONTO
CONTRATISTAS
OBRAS
MONTO VIGENTE *
%
GRUPO AUSTRAL
51
$ 16.386.868.049,53
78,4%
PETERSEN, THIELE Y CRUZ S.A.C. Y M.
9
$ 2.114.250.966,57
10,1%
ELEPRINT S.A.
4
$ 337.569.720,81
1,6%
EQUIMAC S.A.
4
$ 156.098.643,03
0,7%
DECAVIAL S.A.I.C.A.C.
3
$ 453.357.163,64
2,2%
ESUCO S.A.
3
$ 405.070.957,62
1,9%
CPC S.A.
2
$ 625.284.186,57
3,0%
CONTRERAS HNOS. S.A.
2
$ 267.461.808,90
1,3%
AGVP
4
$ 142.470.903,81
0,7%
MUNICIPALIDAD PIEDRA BUENA
1
$ 5.041.607,92
0,0%
TOTAL SANTA CRUZ
83
$ 20.893.474.008,40
Obras con certificación enero 2010 en adelante.
Incumplimientos reiterados de los plazos de obra: Monto vigente $16.386.868.04,53 Monto ejecutado: $9,539.037.191.549,73Como se ve en el siguiente gráfico, la mayoría de las obras viales en Santa Cruz estaban finalizadas o en ejecución:
ESTADO DE LAS OBRAS DE SANTA CRUZ*
TIPO DE OBRA
Cantidad Obras
Monto Vigente
Incidencia
EN EJECUCIÓN
39
$ 15.739.875.236,69
75,3%
FINALIZADAS
44
$ 5.153.598.771,71
24,7%
$20.893.474.008,40
Obras con certificación enero 2010 en adelante.
ESTADO DE LAS OBRAS POR MONTO
ESTADO DE LAS OBRAS POR CANTIDAD
