Constitucionalismo crítico - Diego Valadés - E-Book

Constitucionalismo crítico E-Book

Diego Valadés

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Beschreibung

Las crisis profundas siempre han tenido impacto en las instituciones políticas. La pandemia por covid-19 puso a prueba la capacidad de acción de los gobernantes en todo el planeta. Esto permitió observar las diferentes respuestas con relación a un mismo fenómeno. En algunos sistemas prevalecieron los procedimientos institucionales; en otros dominaron las decisiones personales. También se hicieron ostensibles realidades sociales, como la desigualdad. México ejemplifica los proble- mas de desigualdad y de ejercicio hegemónico del poder. En la fase que siga a la crisis habrá que corregir la concentración del poder, que propicia corrupción e ineptitud, y fortalecer las vías democráticas de ejercicio del poder. El autor de esta obra se refiere al constitucionalismo crítico como el que es capaz de atender las expectativas de una sociedad plural y de diseñar instituciones democráticas funcionales.

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Seitenzahl: 211

Veröffentlichungsjahr: 2021

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ÍNDICE

PRIMERAS PALABRAS

REFLEXIONES CONSTITUCIONALES A PROPÓSITO DE LA COVID-19

SALUD PÚBLICA Y SALUD INSTITUCIONAL

LA CRISIS EN MÉXICO

TAREAS PARA EL REGRESO A LA NORMALIDAD

LA FUERZA NORMATIVA DE LAS CRISIS

LA FUERZA NORMATIVA DE LOS HECHOS

LA CRISIS SANITARIA, EL SISTEMA REPRESENTATIVO Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES

LA CRISIS SANITARIA Y EL ESTADO LAICO

PROBLEMAS CONSTITUCIONALES DE LOS ESTADOS DE EMERGENCIA

ESTADOS DE EMERGENCIA

PROBLEMAS DE LOS ESTADOS DE EMERGENCIA

DERECHO A LA VERDAD

ESTADO DE EMERGENCIA POR ACUERDO

ACUERDOS ADMINISTRATIVOS Y FACULTADES LEGISLATIVAS

DECRETOS Y ACUERDOS ACERCA DE LA PANDEMIA

NORMATIVA ARCAICA EN UNA SOCIEDAD PLURAL

NATURALEZA UNIPERSONAL DEL GOBIERNO

EL MODELO PRESIDENCIAL

EXPANSIÓN DEL PRESIDENCIALISMO

REFORMA Y RESISTENCIA

ESTADO DISFUNCIONAL

LEGITIMIDAD Y GOBERNABILIDAD

EL ESTADO A PRUEBA

AUTORITARISMO Y VERTICALISMO

LOS ERRORES DEL GOBERNADO

LOS ERRORES DEL GOBERNANTE

EL ESTADO DE LA CONSTITUCIÓN

DESCONSTITUCIONALIZACIÓN PROGRESIVA

LOS EQUÍVOCOS DEL PODER

DESIGUALDAD ESTRUCTURAL

LA IGUALDAD COMO DISCURSO Y COMO REALIDAD

PODER ECONÓMICO

FEDERALISMO Y DESIGUALDAD

ASIMETRÍA INSTITUCIONAL Y DESIGUALDAD

IGUALDAD ESTRUCTURAL

CONSTITUCIONALISMO CRÍTICO

CONCEPTOS GENERALES

ELEMENTOS DEL CONSTITUCIONALISMO

CONSTITUCIONALISMO CRÍTICO

BIBLIOGRAFÍA

criminologíayderecho

CONSTITUCIONALISMO CRÍTICO

IDEAS PARA LA TRANSICIÓN CONSTITUCIONAL EN LA ERA POST COVID-19

DIEGO VALADÉS

siglo xxi editoresCERRO DEL AGUA 248, ROMERO DE TERREROS, 04310, CIUDAD DE MÉXICOwww.sigloxxieditores.mx

siglo xxi editores, argentinaGUATEMALA 4824, c1425BUP, BUENOS AIRES, ARGENTINAwww.sigloxxieditores.com.ar

anthropos editorialLEPANT 241-243, 08013, BARCELONA, ESPAÑAwww.anthropos-editorial.com

CATALOGACIÓN EN LA PUBLICACIÓN

Nombres: Valadés, Diego, autor

Título: Constitucionalismo crítico : ideas para la transición constitucional en la era post Covid-19 / por Diego Valadés

Descripción: Primera edición. | Ciudad de México : Siglo XXI Editores, 2021. |

Colección: Criminología y derecho

Identificadores: ISBN 978-607-03-1130-7 ; 978-607-03-1131-4

Temas: COVID-19 (Enfermedades) | Asistencia en emergencias – México | Administración de emergencias | Salud pública – Política gubernamental | Política sanitaria

Clasificación: LCC RA427 V35 | DDC 362.1

primera edición, 2021

© siglo xxi editores, s. a de c. v.

isbn 978-607-03-1130-7isbn-e 978-607-03-1131-4

derechos reservados conforme a la ley.prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio.

Al personal de salud de México,cuyo esfuerzo inteligente, sapiente y heroicomitigó el dolor social causado por la pandemia,y a tres figuras emblemáticasde esa epopeya de la medicina mexicana:David Kershenobich,Jorge Salas Hernández yJorge Gaspar Hernández

PRIMERAS PALABRAS

Las crisis ponen al descubierto las intimidades del poder. La pandemia no fue una excepción; todos fuimos testigos de los errores cometidos.

La crisis sanitaria fue un laboratorio que permitió observar las respuestas del poder a escala mundial. Se hicieron perceptibles las diferentes formas de reaccionar ante el mismo fenómeno; fue posible advertir la eficacia o la ineficacia de las instituciones y el talante de los dirigentes. En el caso de México, muchos aspectos de la vida institucional, analizados en los medios de comunicación, en el ámbito académico y entre personas enteradas e interesadas en los procesos del poder, se volvieron temas de la vida cotidiana del país entero. Para todos se hizo perceptible la forma de ejercer el poder político.

Desde hace años el sistema institucional mexicano deambula por un campo de paradojas. Las instituciones sufren un proceso de entropía que tiende a acelerarse, mientras los presidentes concentran un poder desmesurado, sin controles internos en el gobierno ni procedentes del Congreso. Por eso no se consigue domeñar la violencia, aplacar la corrupción, mitigar la desigualdad ni amenguar la injusticia. A partir de 2018, el gobierno federal adoptó un programa social cuyos objetivos comparto, pero no tomó en cuenta el déficit democrático y de gobernabilidad que padece el país. El pasar por alto las carencias institucionales, de las que resultan consecuencias lesivas para la vida cotidiana de cada habitante, la política social se vuelve vulnerable, pues se la asocia con el desarreglo institucional dominante. Además, una retórica ígnea propaga el fuego hacia todos los espacios de la deliberación política, escindiendo la opinión e inflamando la pasión de los mexicanos. La animadversión ha oscurecido las opciones constructivas.

Ni siquiera la amargura ocasionada por la crisis sanitaria inspiró un viraje hacia la serenidad. El discurso cismático avivó el dolor social producido por el nuevo padecimiento y los males previos. Cuando se requería un ánimo arbitral se acentuó la actitud divisiva, sin calcular que llevar a la nación al paroxismo no favorece una política social distributiva ni resuelve los demás problemas acumulados a lo largo de décadas. Al contrario, esa postura puede dar inicio a un ciclo de rupturas sucesivas, facilitadas por la desinstitucionalización del país. Los cambios basados en decisiones personales duran tanto como el poder de la persona, por lo que en un sistema personalista lo que haga uno, otro deshará.

El personalismo corresponde a una fase elemental del ejercicio del poder. Se instaló en el constitucionalismo mexicano en 1824; en 1857 se intentó amainarlo, sin éxito, y hoy vive su decadencia, lastrando al conjunto institucional. El personalismo se acentúa cuando los gobernantes nacionales y estatales disponen de magnetismo carismático, y lo usan hasta el límite de sus posibilidades. A causa del personalismo inveterado, los ejes del sistema constitucional están vencidos. La hipertrofia afecta a la presidencia de la República y a los gobiernos locales, en tanto que la representación política y la estructura administrativa en todos los ámbitos de gobierno sufren atrofia progresiva; el federalismo bascula conforme a la fuerza mayor o menor de los protagonistas, y los aparatos de justicia y de seguridad giran en órbitas diferentes, produciendo impunidad y alimentando un ciclo expansivo de corrupción y violencia.La precariedad de la salud institucional pasa inadvertida merced a los espejismos demoscópicos. La aceptación coyuntural, asociada a imágenes y emociones momentáneas, ha diferido edificar instituciones que den resultados efectivos, sistemáticos y duraderos.

Todo lo anterior se hizo ostensible con motivo de la pandemia y me inspiró la elaboración de este libro. Una intensa convivencia con diferentes actores de la vida académica, científica, cultural y empresarial del país me dejó ver que la configuración institucional del país es objeto de preocupación creciente.

Pude seguir de cerca los estragos de la pandemia, pues estuve en comunicación continua con los directores y el personal de los institutos nacionales de Cardiología, Ciencias Médicas y Nutrición, y Enfermedades Respiratorias. Esto también me permitió valorar la interacción entre la alta ciencia médica mexicana y un círculo empresarial involucrado en el filantropismo de manera genuina y eficaz.

Otra perspectiva de la crisis me fue posible gracias a la labor ininterrumpida de la Academia Mexicana de la Lengua y de los colegios Nacional y de Sinaloa, donde muchos protagonistas de la cultura compartieron sus preocupaciones ante la crisis. Mantuve asimismo contacto con universitarios del país por medio de mesas redondas, seminarios y coloquios.

Durante la fase aguda de la crisis sanitaria participé en las labores del Comité de la Cámara de Diputados para seleccionar a cuatro nuevos integrantes del Instituto Nacional Electoral. La convivencia con las excepcionales personalidades que integraron ese Comité y las entrevistas a 60 expertos electorales de todo el país me ofrecieron lecciones inolvidables.

El periodo fue rico en vivencias. Presencié, impotente como el resto de la sociedad mexicana, el dolor que se abatió sobre un país abrumado por la corrupción, la desesperanza, la incompetencia, la injusticia, la pobreza y la violencia. Lamenté más que nunca el adocenamiento del Estado mexicano, que dejó pasar tantas oportunidades para entrar en sintonía con una sociedad laboriosa, moderna, versátil y con anhelos de justicia y prosperidad. Por su decrepitud, el Estado careció de empatía con la niñez enferma, con las mujeres acosadas, con las madres y los padres cuyo desempleo puso a sus familias en el desamparo, y falló en la orientación y el ejemplo para el cuidado de la salud, dando lugar a uno de los más elevados índices mundiales de diseminación de la enfermedad. Todo me impelió a escribir este libro, en el que presento una síntesis de mis ideas acerca de la reconstrucción constitucional de México. En el enclaustramiento obligado, estas reflexiones se hicieron frecuentes en el diálogo con amigos cercanos y se volvieron cotidianas en la compañía de Patricia Galeana, mi esposa, y de mis hijos, José Diego, Jimena y Sofía. Los enlaces telemáticos nos permitieron, a familiares y amigos, una interlocución permanente que, además de los temas afectivos, nos llevaba al examen del entorno.

Cuando recibí la primera invitación para formular una opinión jurídica acerca de lo que sucedía, ya había elaborado el guion de este libro. De los 10 capítulos que lo componen, cinco fueron enviados a otras tantas obras colectivas, aunque los reelaboré para esta publicación. También hice una exposición general con motivo de la lectura estatutaria que me correspondió dictar en la Academia Mexicana de la Lengua, como parte de las que se ofrecen en cada una de sus sesiones ordinarias. En ese momento sólo tenía el apunte general de la obra, pero gracias al comentario generoso de mi querido y admirado amigo Jaime Labastida apresuré la redacción del breve volumen al que ahora Siglo XXI Editores brinda su hospitalidad generosa.

La pandemia ha impreso una huella en todas las familias del planeta. En lo personal, la he vivido en una comunicación asidua con muy queridos colegas mexicanos y extranjeros, pues los foros y coloquios se multiplicaron. Fue así como pudimos intercambiar información y opiniones acerca de las experiencias jurídicas en Alemania, España, Francia, Italia, Estados Unidos y la mayor parte de los países de América Latina. Fueron anfitriones Armin von Bogdandy y Mariela Morales en Alemania; Daniel Sabsay en Argentina; Julio César Ortiz y Néstor Osuna en Colombia. En Panamá se contó con la entusiasta convocatoria del inolvidable Sebastián Rodríguez Robles, quien falleció de manera intempestiva, lo que produjo una profunda conmoción entre los colegas; su labor ha sido proseguida por Jorge Giannareas. Alrededor de un centenar de experimentados juristas mantuvieron un diálogo intenso, fecundo e ilustrativo, conformando una experiencia inédita.

Las publicaciones también menudearon. Una colección iniciada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México bajo los auspicios de Pedro Salazar, coordinada por Nuria González Martín y con el apoyo técnico de Raúl Márquez, produjo numerosas monografías de alto nivel y en tiempo récord. El Instituto Iberoamericano de Derecho Parlamentario, con el impulso de Sergio Díaz Ricci en Argentina, Javier García Roca en España y Daniel Barceló en México, también enriqueció el panorama doctrinario con valiosas aportaciones.

En las páginas que siguen intento ofrecer un apretado análisis constitucional de México, acompañado por propuestas para reanimar la vida institucional desde una perspectiva democrática. Parto de la convicción de que México necesita, merece y puede tener mejores instituciones y mejor destino.

Diego Valadés

REFLEXIONES CONSTITUCIONALES A PROPÓSITO DE LA COVID-19

SALUD PÚBLICA Y SALUD INSTITUCIONAL

La pandemia de covid-19 afectó también la salud de las instituciones políticas y de la economía planetarias.

Cuando la emergencia quede atrás, además del balance que se lleve a cabo desde la perspectiva científica, lo natural será que en los distintos países se recapitule acerca de lo ocurrido y se hagan los ajustes necesarios para afinar, corregir o fortalecer su aparato institucional.

Esta crisis hizo que, por primera vez en la historia, los habitantes de buena parte del planeta se vieran recluidos en sus domicilios de manera simultánea, poniéndose a resguardo de la misma amenaza. Un sentimiento de temor cruzó por todos los hogares del mundo sin distinguir niveles socioeconómicos. Esto generó una conciencia de empatía global nunca antes registrada. El seguimiento noticioso sobre la diseminación del virus estuvo acompañado por el relativo a las diferentes medidas sanitarias, jurídicas, económicas y políticas que se fueron dando en los países afectados.1

Un aspecto llamativo fue lo drástico de las medidas adoptas en China, de las que Wuhan se convirtió en el punto emblemático. La pregunta acerca de si sería posible imponer semejantes restricciones en sociedades democráticas fue respondida en sentido afirmativo, como atestiguaron las calles y plazas de España e Italia, por ejemplo. Aunque los tiempos de reacción no fueron semejantes, la magnitud del paro sí lo fue. No tardó en darse otro hecho inusitado: el cierre de fronteras entre países vecinos y de vuelos nacionales e internacionales.

Una vez llegada la pandemia a Estados Unidos, se pusieron en marcha cuatro tipos de medidas: las internas de cada estado, las compartidas entre dos o más de ellos, las acordadas entre el Estado federal y uno o varios estados, y las dictadas para todo el país. Se adicionaron las disposiciones acordadas por las autoridades en el ámbito municipal. La multiplicidad de acciones exhibió los problemas de coordinación que ocasionan los errores de diseño en un Estado compuesto. Los Estados unitarios operaron sus decisiones de una manera más homogénea. Quedó planteada la conveniencia de un análisis particular luego que la crisis fuera remontada, para apreciar los resultados, conforme a las mediciones especializadas en salud, en los sistemas descentralizados, federales o regionales, y en los unitarios.

LA CRISIS EN MÉXICO

En el caso de México, la covid-19 ha sometido al Estado a un estrés de enormes proporciones. A la naturaleza del mal se asociaron múltiples factores que pusieron a la sociedad y a las autoridades en una tensión desusada. Es temprano para recapitular sobre los aciertos y los errores de las medidas aplicadas; sólo la perspectiva del tiempo permitirá una evaluación despojada de subjetividad. Los resultados serán valorados de manera empírica en términos de salud y en cuanto al impacto en el empleo, la pobreza y el producto nacional. Además, se podrá medir la eficacia de las instituciones, la confianza que inspiraron y el aprecio social por los dirigentes y las políticas que adoptaron.

En México pueden distinguirse dos planos: el de la política coyuntural, donde se acentuó la polarización que ya venía de tiempo atrás, y el de la capacidad de respuesta institucional, que se vio condicionada por el verticalismo gubernamental combinado con la debilidad de los sistemas representativo y federal. El aspecto institucional está llamado a ocupar la atención poscrisis y exigirá soluciones constructivas.

Un primer impulso negacionista en México y en algunos otros países pretendió minimizar la pandemia, aduciendo que otras enfermedades causan un número más elevado de fallecimientos y que varias pandemias previas fueron más letales de lo que apunta ser la actual. Es cierto que ésta no ha sido la más letal de la historia, ni siquiera de la contemporánea (recuérdese, por ejemplo, la mal llamada gripe española), en cambio sí es la que ha ocasionado la mayor conmoción. Esto denota que surgió una sociedad planetaria que además de compartir de manera directa y simultánea una experiencia adversa, plantea expectativas comunes. Para satisfacerlas habrá que contar con instituciones más responsables y mejor construidas para dar respuestas certeras y oportunas, y disponer de recursos científicos, económicos, financieros y tecnológicos capaces de satisfacer demandas imprevistas de magnitud excepcional.

Todo lo anterior exige un Estado constitucional operativo y funcional. En la medida en que todo cuanto está implicado en la solución de una emergencia exige capacidad de coordinación y ejecución, sólo el Estado democrático puede dar respuestas razonables, pues es el único ente organizado y con atributos coercitivos legítimos que existe.Se necesita un Estado apto para responder a las exigencias crecientes de bienestar y seguridad que, a la vez, promueva los derechos humanos y satisfaga las aspiraciones democráticas de las sociedades. La covid-19 es sólo uno de los fenómenos que someterá a prueba a la humanidad. La falta de compromisos serios por parte de las grandes economías en cuanto a reducir los riesgos crecientes del cambio climático augura una etapa de percances como inundaciones y sequías, ciclones e incendios, que ocasionarán hambre, desempleo, enfermedad, muerte, desplazamientos y posibles reacciones sociales de exacerbación.

Todo eso es remediable si se diseñan y adoptan a tiempo instituciones democráticas que limiten la discrecionalidad de los gobernantes. Como hemos visto en la experiencia de la covid-19, en sistemas de fuerte concentración del poder las soluciones se volvieron personales e inapelables. En los sistemas democráticos el poder está desconcentrado, por lo que se multiplican los sensores sociales y políticos. Esto los hace más receptivos y sensibles y, por ende, tienen mejores posibilidades de dar respuestas acertadas y oportunas.

En México, como en casi todos los países, la opinión acerca del manejo de la crisis sanitaria se dividió. Esto no es relevante. Lo que sí cuenta es que los órganos de representación política, federales y locales, tuvieron una presencia menor. No hubo deliberación acerca de las medidas sanitarias y, por eso, acabaron siendo decisiones dictadas de manera vertical, no secundadas por las fuerzas políticas, a diferencia de lo sucedido en los sistemas presidenciales reformados y en los sistemas parlamentarios. El Congreso de la Unión tampoco intervino en la aprobación de las medidas económicas para preservar las fuentes de trabajo. En un momento de máxima visibilidad de la actuación del poder, el sistema representativo mexicano se difuminó.

Otro factor que se hizo ostensible fue la insustancialidad prevaleciente de los altos cargos y la ausencia de un servicio profesional administrativo de calidad. Predomina el modelo de funcionarios silentes, a veces incluso transparentes, que simbolizan la paradoja de ser servidores públicos refractarios al público. En los sistemas constitucionales democráticos, los integrantes de los gobiernos son figuras con opinión y posición, expuestas al contacto con los medios y con los representantes políticos de la nación, obligadas a rendir cuentas de su actividad permanente. En un sistema democrático, las razones del poder deben ser explícitas siempre y la idoneidad de los funcionarios principales debe ser valorada por los gobernados y por sus representantes, no sólo por quien los designa.

En cuanto al servicio civil, su carencia es típica de los sistemas patrimonialistas, donde las elecciones sirven para escoger conquistadores. Los vencedores se asumen como usufructuarios del aparato administrativo y lo reparten conforme a afectos, afinidades, intereses o pactos. Las administraciones colonizadas exhiben su disfuncionalidad al verse en medio de presiones excepcionales como la crisis sanitaria.

Durante esta difícil etapa se evidenció la ausencia de la oposición. Hecha la salvedad de algunas figuras políticas, los partidos mostraron su irrelevancia. Esto también es parte del déficit institucional, pues los partidos son la base de toda democracia representativa. Su debilidad no se debe a los resultados electorales ni a las capacidades de sus dirigentes, sino al diseño institucional del sistema. En México, las minorías políticas cuentan con muy escasos derechos. El sistema electoral es pulcro y eficaz, pero no basta por sí solo para asegurar la democracia institucional. Mientras que en una democracia bien construida la mayoría gobierna y la minoría controla, la Constitución mexicana sigue sin incorporar controles políticos eficientes que permitan a las minorías cumplir con sus funciones.

La crisis sanitaria dio oportunidad para que los ciudadanos del mundo asistieran a realidades ajenas y las conviertan en propias. En tanto que gran parte de la población planetaria tuvo que recluirse en sus espacios domésticos, un porcentaje importante dispuso de tiempo para enterarse de los sucesos en otras latitudes. Al cobrar conciencia de los diferentes sistemas y estilos de gobierno ha aprendido, o al menos intuido, que sin un Estado potente sus derechos están en riesgo.

TAREAS PARA EL REGRESO A LA NORMALIDAD

El regreso a la normalidad no será manso ni rutinario. La reconstrucción de las economías demandará una intervención decisiva del Estado. El desafío consiste en que el Leviatán de nuestro tiempo sea objeto de un buen diseño constitucional que lo haga eficaz y controlable. De la posibilidad de construir controles políticos democráticos satisfactorios depende que el Estado cuente con instrumentos para impulsar el desarrollo, garantizar la seguridad y promover el bienestar, sin correr el peligro de deslizarse por la pendiente de la corrupción, la arbitrariedad y el paternalismo.

Otro reto que debe afrontar el Estado constitucional del siglo XXI consiste en acelerar la construcción de los instrumentos administrativos, jurídicos, políticos y técnicos aptos para conjurar una nueva contingencia mundial, sanitaria o ambiental. La Organización Mundial de la Salud funciona de manera adecuada, pero el programa mundial del ambiente mantiene una dimensión menor y ha tropezado con la parsimonia de las economías mayores. Es indispensable aplicar todos los recursos de la diplomacia y de la política para consolidar ese organismo de ya muy larga gestación.De la misma manera habrá que revisar los instrumentos mundiales y regionales de derechos humanos, a efecto de incorporar nuevos conceptos. Uno de ellos, crucial para la democracia internacional y de las naciones, es el laicismo. La contingencia sanitaria sufrida ha reavivado las supersticiones y los fundamentalismos en perjuicio del Estado laico, y la laicidad del Estado es un presupuesto de las libertades democráticas, de la igualdad y del pluralismo.

La rotundidad de las medidas económicas aplicadas por numerosos gobiernos convirtió una vez más a los aparatos de poder político en los rectores de la economía. Las decisiones de corte keynesiano demuestran su potencial siempre que son puestas en práctica, pero J. M. Keynes también recomendó fortalecer el instrumental democrático. Para vigorizar la democracia, los sistemas parlamentarios deben resolver problemas como el de la investidura del gobierno, y los sistemas presidenciales, el de la concentración personal del poder y la irresponsabilidad política de los gobiernos.

El sistema presidencial tiene sus puntos de mayor fortaleza en la periodicidad inalterable del mandato y en la certeza de la investidura, que evita situaciones como las padecidas en Bélgica (2010-2011, 2018-2020), España (2015-2016, 2019-2020) e Israel (2019-2020), también frecuentes en Italia y en otros países. La prolongación de gobiernos en funciones es soportada gracias a sistemas robustos de servicio civil. Aun así incomoda a la sociedad, expuesta a frecuentes convocatorias electorales y a la consiguiente crispación política que las acompaña. La investidura segura y la continuidad previsible del gobierno son las mejores soluciones que aporta el sistema presidencial y hacia donde podrían encaminarse algunos sistemas parlamentarios. La censura constructiva, de origen alemán, es un paso en esa dirección.En un sentido inverso, los sistemas presidenciales tienden a parlamentarizarse mediante la inclusión constitucional de los gabinetes, donde sus integrantes discuten y aprueban los planes y las acciones de gobierno. Sus miembros están sujetos a la confianza del Congreso y acuden a las sesiones periódicas y sistemáticas de control. La regularidad electoral y la permanencia del jefe de gobierno ayudan a evitar la inquietud y la animosidad generadas por comicios recurrentes, como sucede en los sistemas parlamentarios. Es previsible que los Estados constitucionales tiendan hacia la flexibilidad que ofrece la hibridación de los sistemas básicos. La plasticidad de los diseños constitucionales contemporáneos propicia combinaciones creativas. Cuando los sistemas mixtos están bien equilibrados, potencian las ventajas y atenúan los defectos de los modelos clásicos.

En México es necesario retomar el debate sobre la renovación institucional en las esferas federal y local. La carencia de controles políticos democráticos por parte de los congresos perpetúa la incompetencia de los gobernantes y el ejercicio irresponsable del poder; los caciques son una expresión de arbitrariedad y corrupción; conviene introducir un consejo social porque la falta de espacios institucionales para la deliberación mantiene la insularidad de las áreas económicas, sociales y profesionales del país, en perjuicio de posibles entendimientos y acuerdos que dinamicen nuestra vida científica, cultural y económica; la privación de instrumentos de acceso a la justicia y de un servicio civil de carrera muy profesional y riguroso en todos los ámbitos de gobierno es una coartada para el patrimonialismo y la corrupción; la marginación de los representantes de la nación en la definición y evaluación de las políticas públicas, y la limitación de las minorías parlamentarias, merman el papel del sistema representativo y su credibilidad, y la concentración del poder presidencial es un arcaísmo que lastra al conjunto del Estado.

Además de reconfigurar el poder para racionalizar su ejercicio y defender la democracia, y de innovar la gobernanza internacional para la seguridad ambiental del planeta, es previsible un nuevo esquema de organización social. Los sindicatos se han significado por su declive paulatino; los sectores sociales favorecidos por políticas de renta básica carecen de organización y cohesión, y los organismos no gubernamentales avocados a la promoción y defensa de los derechos humanos actúan en campos segmentados y sin coordinación ente sí. La dispersión ha sorprendido a los trabajadores, asalariados y no asalariados, en un momento de máxima vulnerabilidad. Es probable que la ola de desempleo y sacrificios salariales auspicie el resurgimiento del concepto de clase y genere la reorganización del proletariado, con perspectiva global. Su mejor forma de lucha será por medio la democracia electoral y parlamentaria, como previó Ferdinand Lassalle desde el siglo XIX.

En adición a las profundas revisiones conceptuales e institucionales, la covid-19 ha dado un ejemplo a gran escala de cómo las condiciones de emergencia hacen que las sociedades privilegien la vida sobre las libertades. Estas situaciones excepcionales pueden menudear (calamidades ambientales, ciclones, epidemias, erupciones volcánicas, incendios, inundaciones, terremotos, etcétera) y hay casos en los que se pueden hacer crónicas, como la violencia delictiva. Para semejantes circunstancias debe contarse con instrumentos institucionales que además de facilitar las respuestas coyunturales adecuadas, garanticen la continuidad democrática, de manera que la defensa de las libertades sea siempre una prioridad.

La experiencia de la covid-19 debe conducir a pactos sociales y políticos que propicien una nueva racionalidad del poder en sus esferas nacional e internacional. Estas reflexiones sobre los efectos potenciales de la covid-19 son preliminares. Al concluir la etapa crítica habrá que integrar una agenda para examinar la dimensión, organización y función del Estado constitucional. Será parte de un debate democrático para el que debemos estar preparados. En México entramos al vendaval en condiciones institucionales deficitarias y tenemos que aprender la lección.

 

1 El análisis jurídico se vio enriquecido por diversas aportaciones. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM) que produjo una amplia serie de volúmenes coordinados por Nuria González Martín, bajo el título general de Emergencia sanitaria por covid-19. La Asociación Peruana de Derecho Constitucional publicó Emergencia sanitaria por covid-19. Retos al constitucionalismo peruano, coordinado por Ernesto Blume Fortini y Luis R. Sáenz Dávalos (Lima, Adrus D&L Editores, 2020). El Instituto Iberoamericano de Derecho Parlamentario, el Instituto de Derecho Parlamentario de Madrid y el IIJ-UNAM publicaron Covid-19 y parlamentarismo, coordinado por Daniel Barceló Rojas, Sergio Díaz Ricci, Javier García Roca y María Elizabeth Guimaráes Tiexieira Rocha (México, IIJ-UNAM, 2020).