Cuando comer es un acto político E-Book

Juan Pablo Quiroga

• Herausgeber: Editorial Biblos
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Serie: Sociedad
• Sprache: Spanisch
• Veröffentlichungsjahr: 2023

Seitenzahl: 461

Beschreibung

Las políticas de control de precios y acceso a los alimentos constituyen la cristalización de un Estado; del juego de fuerzas entre actores estatales; del mercado, y de las esferas de reproducción social. Estas políticas buscan resolver la tensión que define su ambigüedad en sociedades de mercado: su doble condición de bienes de consumo y símbolos elementales del pacto social. Sin embargo, las investigaciones sobre el tema han sido tradicionalmente formuladas en un alto grado de generalidad, con escasos ejemplos empíricos y sin problematizar la capacidad estatal o su relación con otros actores sociales en el proceso.    En este libro, Juan Pablo Quiroga busca, a través del análisis empírico de tres políticas reales de Argentina, Egipto y Estados Unidos, llevar el debate al interior del conjunto de relaciones más amplias en el marco de una coyuntura crítica: el aumento desmedido del precio internacional de los alimentos.    A partir del desarrollo de una estrategia metodológica comprensiva que produzca variables potenciales relevantes, el autor se propone reconstruir un mosaico completo de relaciones con nuevas miradas que permitan entender la relación entre políticas públicas, capacidades estatales y actores no-estatales en la administración de bienes básicos escasos en sociedades de mercado.    En palabras de Leandro Renou: "este libro viene a sumar a la escena una posición que debería ser natural pero que, sin embargo, es de avanzada: no solo establece la posibilidad de regulación de precios como una herramienta válida, sino que va un paso más allá al poner en debate las fallas de los sistemas de control, con el objetivo de ir hacia ideas que perfeccionen los mecanismos".

Leseprobe

CUANDO COMER ES UN ACTO POLÍTICO

Las políticas de control de precios y acceso a los alimentos constituyen la cristalización de un Estado; del juego de fuerzas entre actores estatales; del mercado, y de las esferas de reproducción social. Estas políticas buscan resolver la tensión que define su ambigüedad en sociedades de mercado: su doble condición de bienes de consumo y símbolos elementales del pacto social. Sin embargo, las investigaciones sobre el tema han sido tradicionalmente formuladas en un alto grado de generalidad, con escasos ejemplos empíricos y sin problematizar la capacidad estatal o su relación con otros actores sociales en el proceso.

En este libro, Juan Pablo Quiroga busca, a través del análisis empírico de tres políticas reales de Argentina, Egipto y Estados Unidos, llevar el debate al interior del conjunto de relaciones más amplias en el marco de una coyuntura crítica: el aumento desmedido del precio internacional de los alimentos.

A partir del desarrollo de una estrategia metodológica comprensiva que produzca variables potenciales relevantes, el autor se propone reconstruir un mosaico completo de relaciones con nuevas miradas que permitan entender la relación entre políticas públicas, capacidades estatales y actores no-estatales en la administración de bienes básicos escasos en sociedades de mercado.

En palabras de Leandro Renou: “este libro viene a sumar a la escena una posición que debería ser natural pero que, sin embargo, es de avanzada: no solo establece la posibilidad de regulación de precios como una herramienta válida, sino que va un paso más allá al poner en debate las fallas de los sistemas de control, con el objetivo de ir hacia ideas que perfeccionen los mecanismos”

Juan Pablo Quiroga. Doctor en Ciencias Sociales (FLACSO), magíster en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo (Georgetown University-UNSAM) y licenciado en Ciencias de la Comunicación Social con orientación en políticas y planificación (UBA). Es autor de varios artículos en diversas revistas académicas de la región y del libro Que Él me lo demande. Lo religioso y la enunciación oficial tras la muerte de Néstor Kirchner, publicado por Editorial Biblos en 2012.

JUAN PABLO QUIROGA

CUANDO COMER ES UN ACTO POLÍTICO

Las relaciones sociales, políticas y de mercado que regulan el acceso y la titularidad sobre los alimentos

Índice

CubiertaAcerca de este libroPortadaDedicatoriaPrólogo. Un debate serio lejos del mito y el lobby, por Leandro RenouIntroducciónCapítulo 1. Problema de investigación1. El debate en el tiempo2. Las propiedades invariantes del debate3. Alcance, objetivos y metodologíaCapítulo 2. El conjunto de relaciones teóricas potenciales1. Tras la promesa de Esping-Andersen2. El proceso de políticas públicas3. Actores, reglas y recursos3.1. El Estado, el gobierno y la burocracia3.2. El mercado y los empresarios3.3. El orden de la reproducción social y las organizaciones de acción colectiva4. Estrategia analíticaCapítulo 3. La “forma” Precios Cuidados1. Condiciones de posibilidad y contexto de emergencia2. El programa Precios Cuidados2.1. Economía jurídica2.2. Productos y resultados2.3. Transferencias inmateriales: la intervención del piso de venta2.4. Actores: redes, preferencias y recursos3. Precios Cuidados y los componentes de la capacidad estatal3.1. Legitimidad del sujeto estatal: el rol de la opinión pública3.2. El vínculo con actores no estatales y el poder de sanción (formal e informal)3.3. Organización y medios para la acción: el desvío del grado cero3.4. Acción interinstitucional: dirección y coordinación4. Disciplinamiento e intervención: poder estructural y ventana de oportunidadCapítulo 4. El Programa Asistencial Nutricional Suplementaria (SNAP)1. Condiciones de posibilidad y contexto de emergencia2. El Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria (SNAP)2.1. Hiperinflación legislativa y preocupación presupuestaria2.2. Productos y resultados2.3. Actores: redes, preferencias y recursos3. El SNAP y los componentes de la capacidad estatal3.1. Legitimidad del sujeto estatal3.2. El vínculo con actores no estatales3.3. Organización y medios para la acción3.4. Acción interinstitucional4. El miedo a la administraciónCapítulo 5. El pan baladi en Egipto1. Condiciones de posibilidad y contexto de emergencia2. El programa de subsidios al pan baladi2.1. Recurrencia reformista: política encubierta y control de distribución2.2. Productos y resultados2.3. Actores: redes, preferencias y recursos3. El subsidio al pan baladi y los componentes de la capacidad estatal3.1. Legitimidad del sujeto estatal3.2. El vínculo con actores no estatales3.3. Organización y medios para la acción3.4. Acción interinstitucional4. El ciclo importador (u O’Donnell de visita en Egipto)Capítulo 6. El mosaico de variables potenciales y el dividendo estatal1. Nivel de las condiciones de posibilidad2. El nivel de la particularidad de forma3. Sentido: colectivización, mercantilización, individualización4. Un mosaico de variables y relaciones potencialesConclusionesReferencias bibliográficasMás títulos de Editorial BiblosCréditos

A De la Mancha Libros.

Un oasis en el paisaje cultural porteño, al que este trabajo (y otros) tanto le deben.

PRÓLOGO Un debate serio lejos del mito y el lobby

Leandro Renou1

La situación de los precios en el mundo es un problema para Ucrania en la posguerra, y lo era antes del conflicto bélico también, le impone a los Estados el desafío de intervenir de algún modo en las políticas macro y microeconómicas que ordenan los niveles de inflación. Pero aun en esa dinámica, que afecta directamente a los sectores medios y bajos –que en los países en vías de desarrollo utilizan el grueso de sus ingresos para comprar alimentos y bienes básicos–, las presiones de los actores del mercado tensionan los intentos regulatorios estatales e invierten los esfuerzos convirtiendo al Estado en una especie de censor de la actividad y la rentabilidad privada.

Este libro viene a sumar a la escena una posición que debería ser natural, pero que, sin embargo, es de avanzada: no solo establece la posibilidad de regulación de precios como una herramienta válida, sino que va un paso más allá al poner en debate las fallas de los sistemas de control, con el objetivo de ir hacia ideas que perfeccionen los mecanismos.

Es decir, barre de plano el qué y deja abierto el cómo. Corre de la discusión lo que es o no conveniente en un mundo en el que, como se ve a diario, los que discuten el contenido más que la forma tienen la intención de ignorar los mecanismos de administración de precios por parte del Estado. En cambio, analizar los problemas de implementación esquiva discusiones intencionadas y pone de manifiesto las incapacidades, condicionamientos y poco expertisse que los Estados han tenido y tienen para garantizar precios estables y, a la vez, el ejercicio de los negocios privados. Dos frases del autor que ilustran este punto y no son spoiler: “toda discusión sobre las políticas de control de precios da por hecho, como constante, la existencia de capacidades de realización”, y “la hipótesis de que la capacidad estatal no puede darse por supuesta porque no solo está dada por el Estado sino por las relaciones de poder”. Esa idea, a lo largo de este libro, es premisa central para avanzar y entender.

Como se cita en esta obra, intervenir el mercado de bienes de consumo es una idea que existió antes de la Gran Guerra y se sostuvo con mayor énfasis después de ella. Las grandes potencias del capitalismo mundial han sabido apelar a esta idea o, al menos, interpelar a las sociedades con debates, tales son los casos de Nixon en 1971 y la discusión, en 1970, de Galbraith y Friedman.

El recurso de mostrar esta problemática con tres casos puntuales de latitudes, costumbres y ejercicios del poder muy diferentes permite enmarcar la cuestión en un asunto global. Un problema que casi ningún Estado puede resolver con eficiencia. Se toman los ejemplos de Estados Unidos, Egipto y Argentina, que alternan subsidios a la oferta y a la demanda para tratar de ordenar el frente de los bienes básicos. En el caso de Estados Unidos, se destacan las relaciones más tecnificadas con los actores involucrados; en el de Egipto se retoma el subsidio a los alimentos con el ejemplo del pan baladí, que pasó de casi el 100% de acceso a un perfeccionamiento del mecanismo. En Argentina, en tanto, se aborda el régimen de Precios Cuidados, herramienta que nació en la última parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de la mano del entonces ministro de Economía, Axel Kicillof y el secretario de Comercio Interior, Augusto Costa.

En este contexto, el autor identifica un punto central referido al tema de los controles de precios, un concepto que le da profundidad a las conclusiones y que explica, en parte, por qué los Estados pueden más o pueden menos ante este tipo de desafíos de regulaciones de precios. Se especifica que el diseño y el éxito de estos instrumentos es político, tanto en lo que incumbe a la cuestión puramente técnica como la de las relaciones de poder. Puede parecer una obviedad esa premisa, pero tal como se argumenta en el libro, cada vez que se habla de controles se presenta la idea de que se trata de cuestiones de corte netamente económico, que son administradas más por los ritmos del mercado que por la injerencia de la política.

Hay un último elemento que se plantea en el debate de este libro que reviste importancia. Se menciona cuál suele ser la reacción social ante este tipo de medidas de los Estados en relación a los precios. Y se expone que la adhesión o no termina siendo el legitimador final de las mismas, incluso por sobre las reacciones del sector privado y la resonancia de su mensaje en medios de comunicación afines a la liberalización de la economía. Un estudio de la consultora IPSOS, citado en el texto, asegura que la mitad de la población en Argentina estuvo a favor del control de precios a alimentos básicos y servicios. Y aproximadamente 4 de cada 10 personas iban un paso más allá, pidiendo que el Estado avance sobre algunas empresas privadas, tomando el mando o estatizando. Una percepción diferente a la que se expresa en Estados Unidos.

Por medio de experiencias internacionales, este libro pone el foco en la necesidad de cuestionar estos temas en un país como Argentina, donde los gobiernos posteriores a la reconstrucción democrática no pudieron ponerle fin a una dinámica de precios que poco tiene que ver solo con mayores costos. La historia que se cuenta en esta obra es un relato en desarrollo que depende de muchos factores, siendo que Argentina es un país donde el poder económico tiene niveles de lobby conjuntos que son replicados por medios y que, a priori, parecen estar penetrando en capas sociales como los sectores medios. Esa parte de la población, que aún rechaza maniobras especulativas, empezó a poner el eje en los errores del Estado para controlar esa especulación; esto es de suma importancia porque los gobiernos fallaron no en la idea, sino en cómo llevarla a cabo con éxito de forma tal que la población vea reflejada una mejora en el único lugar en el que no valen las percepciones: el bolsillo.

1. Periodista especializado en economía y negocios.

Introducción

Las políticas de regulación de precios y acceso a los alimentos básicos han sido entendidas tradicionalmente en término de las preocupaciones por el rol y el tamaño de la burocracia, la eficacia (potencial) de corto plazo y la ineficacia de mediano-largo de los controles, la evasión y la constitución de mercados negros, la eventual violencia emergente tras el desmantelamiento de los controles o subsidios a los bienes de consumo, su potencial impacto en la coalición de gobierno, los niveles de entrega o incluso eventuales quiebres en las cadenas de abastecimiento, los incentivos/distorsiones en la distribución de recursos, como fruto de la alteración del sistema de precios; la búsqueda de alternativas focalizadas con miras a optimizar el uso de recursos a partir de limitar el denominado free-riding, e incluso su devenir histórico como respuesta al alza de precios. Sin embargo, en todos los casos se daba por hecho, como constante, la existencia de capacidades estatales para su realización. Las diferencias, en cambio, solo radicaban en el acento valorativo en que se enmarcara la mencionada intervención, pero nunca eran puestas en duda en su existencia, así como también se presuponía un rol de segundo orden, subordinado, de los actores no estatales.

En suma, argumentaremos que, en el devenir social del proceso de problematización de los controles de precios y las políticas de acceso a los alimentos, las capacidades estatales se tomaron como un hecho dado, sin ser problematizadas a partir de casos empíricos. A su vez, se las abstrajo del conjunto de relaciones efectivas con actores de otros órdenes con los que guardaban íntima relación, lo que derivó en una dificultad clara para identificar dimensiones y variables explicativas que permitan entender qué factores pueden explicar la emergencia, así como la particularidad de forma, de distintas respuestas estatales al problema del acceso a los alimentos básicos.

El presente trabajo, en cambio, buscará, fruto del análisis empírico de tres políticas vigentes en el bienio 2014-2015 en la Argentina, Estados Unidos y Egipto, restituir el debate sobre las políticas de control de precio y acceso a los alimentos básicos al interior de un conjunto de relaciones más amplias. En una palabra, propondremos un estudio exhaustivo de situaciones particulares. Una exploración, en la profundidad de los casos, con miras a problematizar la capacidad de las agencias estatales implicadas en cada diseño de política pública, así como la relación con otros actores sociales, para luego poder reconstruir qué factores pueden explicar la emergencia o particularidad de forma de distintas respuestas estatales al problema del acceso a los alimentos básicos. ¿A qué se deben esas distintas respuestas en un mismo período? ¿Al régimen político? ¿Al tipo de reglas que rigen el acceso a los bienes y servicios de cada uno de los países bajo análisis? ¿A las trayectorias previas de política pública? ¿A las capacidades efectivas desplegadas, puestas en acto, por cada uno de los aparatos estatales? ¿A la articulación con actores no estatales? ¿A la presión y organización de estos últimos? ¿O a qué conjunto de factores de manera combinada?

Argumentaremos que, mientras factores explicativos del tipo del régimen político, las instituciones o –incluso– las trayectorias previas de políticas públicas, por mencionar algunos, solo nos ayudan a dar cuenta de los aspectos formales de la respuesta emergente (de su particularidad de forma), las condiciones de emergencia y la dirección que implican (con relación a qué parte de los riesgos se colectivizan y qué parte se mantiene en la esfera privada), en cambio, solo parecen explicarse a partir del estado de desarrollo de la organización y medios para la acción al interior del Estado, así como de la legitimidad del sujeto estatal en su intervención.

El bienio bajo estudio nos brindará, por otro lado, una oportunidad de análisis excepcional, al exponer los tres diseños de políticas públicas a una coyuntura crítica: una confluencia de factores disruptivos a las bases económicas y políticas mismas de una sociedad. En nuestro caso, el tema de la “seguridad alimentaria” ocuparía lugares preferenciales en las agendas globales de políticas públicas, como fruto del incremento sostenido en el precio internacional de los alimentos. Es decir, al inicio del período en análisis, los arreglos institucionales y las políticas públicas para el control de precios y acceso a los alimentos básicos evidenciarían una presión inédita que pondría en evidencia el carácter ambiguo que los define en sociedades de mercado: un lugar marcado por una tensión entre su condición de mercancía y su valor como elemento central del pacto social.

Asimismo, nuestra estrategia supone trabajar con casos de un mismo tipo (políticas de control de precios) pero ligeramente distintos (modalidades de subsidio a la oferta en Egipto, subsidios a la demanda en Estados Unidos y acuerdos voluntarios de control de precios, sobre una canasta limitada de productos en la Argentina), sobre la presunción básica de que es a través del análisis de políticas públicas efectivas (del entramado de actores y procesos político-institucionales que suponen, así como de las capacidades estatales para su puesta en acto) como puede definirse una vía de acceso al entendimiento de la lucha por la definición/redefinición de los vínculos entre los actores que hacen al orden de lo estatal, el mercado y la reproducción social, y que sustentan y expresan, en un momento dado, la distribución social del bienestar y la escasez.

Estos objetivos implicarán, en lo relativo a la estrategia metodológica, el desarrollo de un estudio de casos múltiple, sobre la base de fuentes primarias y secundarias. Sobre todo, porque al intentar dar cuenta de modalidades institucionales diferentes para controlar los precios y el acceso a bienes básicos de consumo masivo en países con realidades institucionales tan diversas, la reconstrucción de los contextos de implementación reviste de un valor central. En este punto, el foco de la investigación –aun cuando mantiene cierto interés en comparar los resultados de cada caso entre sí– pone un énfasis mayor en dar cuenta del fenómeno, su contexto y la relación dinámica entre ambos, a partir del desarrollo de una estrategia metodológica comprensiva que produzca un gran número de variables potenciales relevantes, a partir de las cuales poder reconstruir un mosaico completo de relaciones, el cual (aun no diciendo nada con certeza sobre el conjunto de posibles por fuera de los casos bajo estudio) sugiera una estructura mínima de nuevos caminos por donde comenzar a mirar.

Tres casos, en suma, que reconstruidos en la profundidad de sus contextos sociohistóricos de implementación nos permitirán iniciar una búsqueda en la hondura misma de las relaciones y los actores que nos proponen, con miras a identificar qué variables devienen significativas para su explicación en el marco de una coyuntura crítica: el aumento, durante doce años, de más del 140% del precio de los alimentos.

En este sentido, en el primer capítulo ofreceremos un planteo general de la evolución de la problemática de los controles de precios y las políticas de acceso a los alimentos, a partir de la revisión de la literatura académica y sus antecedentes. De esta forma, lograremos identificar cierto déficit en las problematizaciones propuestas (tanto en lo relativo a la presunta capacidad estatal, como al rol secundario de los actores no estatales), para luego desarrollar una formulación del problema de investigación y una descripción de la hipótesis, así como la metodología contemplada.

En el segundo capítulo, en cambio, nos adentraremos en las consideraciones teóricas y metodológicas necesarias para problematizar las principales dimensiones y conceptos supuestos a lo largo de la inmersión en los casos de estudio, sobre todo aquellos relativos al proceso de políticas públicas, los actores implicados y sus relaciones en el marco de una discusión más amplia sobre las investigaciones relativas a los regímenes de bienestar tras los desarrollos de Gøsta Esping-Andersen. Esto nos ayudará a identificar un conjunto potencial de relaciones entre órdenes y actores para verificar, luego, la manera particular en que se expresa en cada caso.

En los tres capítulos subsiguientes, por otro lado, avanzaremos en la descripción de la particularidad de forma que supusieron los programas Precios Cuidados en la Argentina, el Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria (Supplemental Nutrition Assistance Program) en Estados Unidos y el subsidio preferencial al pan baladi en Egipto. En este sentido, describiremos sus características, su evolución, resultados y actores; identificando, en lo relativo a estos últimos, el conjunto de relaciones implicadas a partir del diseño del programa, sus preferencias y recursos, así como el análisis de la capacidad estatal.

En el sexto capítulo buscaremos comparar las particularidades de cada caso, a partir de identificar una serie de propiedades invariantes y diferencias, de manera tal de ofrecer un mosaico de relaciones lógicas que sirva, por analogía, para indicar un lugar posible por donde comenzar nuevas búsquedas para mejorar nuestras generalizaciones.

Por último, en lo personal, quisiera agradecer a Julián Bertranou por su colaboración en la consideración de los proyectos y borradores que precedieron a esta edición, así como por el desafío a problematizar nuevas relaciones; a Luciano Andrenacci por su tiempo y desinteresada preocupación en señalar direcciones potenciales de discusión y anclaje; a las devoluciones y críticas (más profundas que el estado de avance original, por entonces) de Verónica Devalle, Rosalía Cortés y Giuseppe Manuel Messina, fruto de las cuales varias modificaciones de valor se han efectuado al presente trabajo, y a todas y todos los que han comentado avances parciales, como Lucila Rosso y David Santos Gómez, discutido impresiones y cuestionado los límites de las formulaciones iniciales. Por obvias razones, no obstante, todas las consideraciones aquí vertidas, así como las omisiones que pudiese haber, corren por cuenta exclusiva del autor.

CAPÍTULO 1 Problema de investigación

A continuación, propondremos un breve recorrido en relación con la problemática general del control de precios y acceso a los alimentos básicos de consumo masivo,1 con miras a identificar ciertas invariantes en el debate en el tiempo. Un debate en tres momentos que nos permitirá profundizar nuestra aproximación al problema y la pregunta de investigación.

1. El debate en el tiempo

Las políticas de control de precios y acceso a los alimentos se remontarían, en su origen, al inicio mismo de las sociedades con gobierno centralizado, a partir de cierta noción del valor “justo” de los bienes vinculados a la subsistencia. Incluso, algunos autores han llegado a señalar que el intento por reglamentar ese acceso fue codificado, por primera vez, en el Código Hammurabi a partir de un rígido sistema de equivalencias entre salarios y precios.2

Sin embargo, aun cuando existen ejemplos tan remotos en el tiempo, pasando por el Imperio romano, la Edad Media y el inicio de la Modernidad, lo cierto es que ellos no serían objeto de análisis sistemático hasta el siglo XX. De hecho, los primeros abordajes serían realizados en primera persona por funcionarios a cargo de experiencias de control, como Frank Taussig (1919), Charles Jackson y Louis Neeb (1974) y Marshall Clinard (1969).

En este punto, pueden distinguirse analíticamente tres etapas: 1) durante el período de guerras, en sentido amplio, comprendiendo la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, hasta la guerra de Corea; 2) el debate de posguerra y el período de discusión sobre el alcance de los denominados “regímenes de bienestar” en los países centrales;3 y 3) la redefinición de los roles y alcances de estos en mencionados países y de los sistemas de protección social en los países en desarrollo.4

Ahora bien, en líneas generales existe cierto consenso en la literatura de época sobre la necesidad de controles de precios durante el período comprendido por la etapa uno. No solo por la necesidad de administrar el stock de productos disponibles frente al faltante provocado por la asistencia a las fuerzas en guerra, sino también como modalidad de organizar la producción y racionalizar el consumo de bienes necesarios en el frente de combate, como el acero, el caucho y la nafta, por mencionar algunos (Clinard, 1969).

Sin embargo, a diferencia de esta legitimidad de excepción sobre la que se fundaron los controles de guerra (marcada incluso, a nivel de la opinión pública, por ciertos componentes patrióticos),5 durante tiempos de paz distintos gobiernos debieron intervenir el mercado de bienes de consumo, en la búsqueda por limitar el aumento de precios. Distintas administraciones demócratas en Estados Unidos, por ejemplo, recurrieron a este instrumento o incluso la administración de Richard Nixon, la cual debió acceder a él en 1971 ante distintas presiones por parte de la opinión pública (Jackson y Neeb, 1974); un punto que llevó a varios autores a señalar que los controles gozaron de consideración positiva por parte de la ciudadanía aun en tiempos de paz (Rockoff, 1984; Jackson y Neeb, 1974; Bienen y Gersovitz, 1986).

En esta segunda etapa, en una palabra, la discusión sobre las políticas de control de precios fue coextensiva con los debates sobre el alcance de la intervención estatal en el marco de los denominados regímenes de bienestar en los países centrales, o bien de los sistemas de protección social emergentes en los países en desarrollo.

Un debate que se cristalizaría en la discusión pública entre John K. Galbraith y Milton Friedman a fines de la década de 1970, como antesala misma de las crisis de legitimidad de los regímenes de bienestar en Estados Unidos y Reino Unido. Un debate interesante, en vistas no solo a que tuvo en las políticas de control de precios a uno de sus temas preferenciales, sino también porque fue pensado, desde un inicio, para trascender la órbita especializada y llegar a la opinión pública.6

Un debate que pondría en tensión dialógica formulaciones en donde por un lado cualquier intervención estatal sobre el sistema de precios distorsionaría tanto la información provista por él como los incentivos que promueve,7 mientras que por otro lado los precios serían definidos como convenciones, controlados y dominados por una mitad del mercado que dispondría de mejores términos de intercambio y canales preferenciales de acceso a funcionarios y a actores clave (Galbraith, 1946, 2001).

Una economía argumental, en suma, en donde el desarrollo de instituciones para el control de salarios y precios era un punto central de la acción del gobierno para Galbratih (1951). En este marco, no era necesario controlar todos los sectores, sino aquellos claves dentro del planning system, dado que el poder de formar precios solamente existiría en ese segmento y el resto se ajustaría en respuesta. Un juego en donde los controles desempeñan el “rol de suplemento útil” (Colander, 1984) en vías de “administrar a los administradores” (Galbraith, 2001).

Progresivamente, estas discusiones de orden deontológico, fuertemente marcadas por el deber ser del rol/no rol del gobierno en la administración de precios o el ejercicio de la libertad, darían lugar a un desplazamiento del debate, sobre todo tras la progresiva desintegración del bloque soviético, la reorientación de los sistemas de protección social y la deslegitimación en el debate público en torno a la intervención estatal de la economía a partir de fines de la década de 1980.

En este marco, en una tercera etapa, las discusiones sobre las políticas de control de precios evidenciarían un giro drástico que definen su estatus al día de hoy. En primer lugar, los controles extensivos quedarán desacreditados de la mano de la búsqueda tanto por focalizar como por subsidiar la demanda. De esta forma, en lugar de controles comprensivos a lo largo de la economía, estos se limitarían, sobre todo en los países centrales, a medicamentos y transporte. Incluso, en lo relativo a los bienes de consumo, los programas buscarían progresivamente no cubrir al total de la población sino focalizarse en segmentos identificados como los más necesitados a tales fines.

En el caso de Egipto, por ejemplo, la búsqueda por limitar los subsidios tendría por objetivo reducir el gasto público sin eliminar los programas, dado el costo de desmantelamiento podía derivar en violencia (Bienen y Gersovitz, 1986; van Wijnberger, 1991) o en costos electorales para la coalición de gobierno (Agénor y Asilis, 1997), a partir de la promoción de “bienes inferiores”. En los términos de Adams (2000: 119): “Los subsidios a los alimentos pueden ser considerados autofocalizados [self-targeted] cuando el elemento subsidiado es un bien inferior; es decir, la comida se consume más en términos absolutos y relativos por los pobres que por los no pobres”. En suma, este tipo de política pública “asume que hay bienes que se consumen en mayores cantidades por los pobres que por otros segmentos de la población”.

Se trata una alternativa a la universalización en aras a buscar focalizarse en la población objetivo, sea a partir de criterios de selección por nivel socio económico o bien por patrones y estilos de consumo. Asimismo, los controles perderían especificidad propia en el debate para quedar subsumidos bajo la órbita del campo emergente de la seguridad alimentaria, definida en el marco de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996. Una definición8 que pondría el acento en tres elementos centrales: la disponibilidad de alimentos, la accesibilidad a ellos, su utilización y la estabilidad misma de todo el proceso. La problemática de los precios entraría entre la serie de preocupaciones tendientes a garantizar el acceso a los alimentos, en un conjunto amplio, entre otras opciones disponibles como la existencia de fuentes propias de alimentación –como stocks propios–, la producción casera, los circuitos de trueque, regalo, préstamos, remesas y/o asistencia alimentaria, entre otros.

2. Las propiedades invariantes del debate

De la revisión precedente se evidencia no solo una pérdida progresiva de autonomía de las políticas de control de precios y una emergencia de regulaciones indirectas, sino también una serie de invariantes en el devenir social de su debate.

En primer lugar, se hace manifiesto un conjunto de referencias semánticas y problemáticas propias y recurrentes, entre ellas: las preocupaciones por el rol y el tamaño de la burocracia (Taussig, 1919; Jackson y Neeb, 1974; Clinard, 1969; Rockoff, 1984; Galbraith, 1941, 1946), la eficacia (potencial) de corto plazo y la ineficacia de mediano-largo de los controles (Rockoff, 1984; Jackson y Neeb, 1974; Bienen y Gersovitz, 1986, FIEL, 1990), la evasión y la constitución de mercados negros (Clinard,1969), la eventual violencia emergente tras el desmantelamiento de los controles o subsidios a los bienes de consumo (Bienen y Gersovitz, 1986; van Wijnberger, 1991), su potencial impacto en la coalición de gobierno (Agénor y Asilis, 1997), los niveles de entrega o incluso eventuales quiebres en las cadenas de abastecimiento (Jackson y Neeb, 1974; Clinard, 1969), los incentivos/distorsiones en la distribución de recursos, como fruto de la alteración del sistema de precios (Galbraith, 1941, 1946, 1951, 2001; Friedman y Friedman, 1990; Colander, 1984; Dunn y Pressman, 2005), la búsqueda de alternativas focalizadas con miras a optimizar el uso de recursos a partir de limitar el denominado free-riding (Adams, 2000; Alderman, 2002; Gutner, 2002), e incluso su devenir histórico como respuesta al alza de precios (Schuettinger y Butler, 1978).

Se trata de un conjunto de referencias comunes y recurrentes que bien pueden organizarse sobre la base de dos pares de tensiones. Para empezar, un eje caracterizado por valoraciones de orden deontológico, fundamentalmente, en lo relativo a si las agencias estatales deben, o no, intervenir en la formación de precios en particular y en la economía en general. En una palabra, se trata de un continuo entre dos polos: uno en favor de la intervención estatal y otro que promueve el libre concurso de las fuerzas de mercado y el sistema de precios como instrumento para la asignación eficiente de recursos. En segundo lugar, en cambio, tendríamos un eje de orden técnico, el cual guardaría relación con una tensión en cuanto al alcance de los acuerdos. De esta forma, un polo quedaría definido por la “universalidad”, en donde todos, por su sola condición de ciudadanos, accederían a los beneficios de los controles y regulaciones, mientras que en el otro extremo se encontraría la “focalización”, sobre la premisa de optimizar los gastos de funcionamiento a partir de identificar un segmento de la población como beneficiario, definido sobre un criterio establecido a priori.

El aspecto técnico de este eje pone atención no solo sobre la identificación, selección y provisión de servicios a la población beneficiada, sino también en los costos administrativos puestos en acto, así como también en el eventual impacto negativo en términos de estigmatización por los criterios de elegibilidad implicados.

De esta forma, se desprenden cuatro cuadrantes (figura 1), marcados por una tensión analítica subyacente entre garantizar el acceso a bienes básicos de consumo (universal, Estado) y la eficiencia en la distribución de recursos e identificación de la población más necesitada (focal, mercado). Mientras la preocupación central de la primera radicaría en garantizar el cumplimiento y hacer observar el régimen de control en cuestión, el segundo se centraría en la selección de beneficiarios y los costos asociados. Los otros dos cuadrantes, en cambio, son escasamente abordados por la literatura teórica, aun cuando se manifiestan en el registro empírico. De hecho, el programa Precios Cuidados en la Argentina, sobre el que volveremos, constituye una política tendiente a garantizar un acceso universal sobre la base misma del concurso de las fuerzas de mercado (en acuerdo con estas); mientras que el subsidio al pan baladi en Egipto, por el contrario, ofrece un ejemplo de intervención estatal sobre la base de la identificación y focalización de beneficiarios.

Figura 1. Posicionamiento relacional de la literatura de referencia

Fuente: elaboración propia.

Una segunda invariante estaría dada por la estabilidad (relativa) de las formas que asumieron los controles en el tiempo. De hecho, de la literatura se desprende una tipología de cinco hechos estilizados en materia de controles de precios directos. En primer lugar, los “precios vigilados” en donde la atención se centra en las cadenas de comercialización, las cuales deben avisar a la autoridad de comercio sobre eventuales cambios en los precios. En segundo término, el denominado “acuerdo de precio”, por el cual empresas comercializadoras y proveedores pactan los valores de un set de productos. Una tercera opción, en cambio, es referida, con frecuencia, como “precios controlados” y consiste en la necesidad por parte de productores y comercializadores de obtener aprobación de la autoridad de comercio para realizar cambios de precio. En cuarto lugar, tendríamos los “precios máximos”, por los cuales la autoridad competente fija un límite superior para determinados productos; mientras que, por último, estaría el “congelamiento generalizado” por un tiempo determinado, en los cuales el gobierno restringe de forma absoluta los cambios en materia de precios.

A esta estabilidad relativa de las formas de controles de precios se le suma la estabilidad de forma de ciertas políticas indirectas de regulación del acceso. Entre ellas, las más recurrentes son los siguientes: subsidios generales a la demanda o a la oferta de productos para el consumo; sistemas de autofocalización (self-targeting), como el descripto para el caso de Egipto; exenciones impositivas; establecimiento de cuotas y mecanismos de racionalización del tipo first-come-first-served, e identificación de dinámicas y canales de consumo diferenciados por segmentos sociales, con miras a su identificación y focalización.

Ambas formas estilizadas (directas/indirectas) de control de precios y acceso a los alimentos básicos pueden clasificarse en función de su alcance (limitado/generalizado), lo que pone al descubierto que mientras los controles directos regulan el acceso efectivo a partir intervenir sobre los productos mismos (abastecimiento, precios y exhibición), los segundos lo hacen sobre la base de regular las condiciones de acceso a los canales de comercialización a través de patrones específicos de consumo. En este sentido, mientras los primeros se estructuran sobre variables de mercado, los segundos lo hacen sobre aquellas de corte sociodemográfico.

Asimismo, mientras los primeros evidencian un carácter incremental en el pasaje de uno a otro, los segundos no suponen diferencias significativas de orden en cuanto al alcance, como lo muestra la figura 2.

Por último, existe una tercera propiedad invariante en el análisis, de suma importancia a los efectos de nuestra investigación, la cual solo se hace evidente por su omisión en el debate: la discusión sobre las capacidades (presuntas) del Estado.

Toda la discusión sobre las políticas de control de precios da por hecho, como constante, la existencia de capacidades para su realización. Las diferencias, en cambio, solo radican en el acento valorativo en que se enmarque la mencionada intervención, pero nunca son puestas en duda en su existencia. Es decir, o bien el Estado tiene capacidades para controlar los precios, o bien para distorsionar el sistema de mercado, pero desde ningún punto de vista no tiene capacidades: en el peor de los escenarios, resultan ineficientes, pero nunca no son.

Figura 2. Clasificación de los tipos de controles de precios

Fuente: elaboración propia.

Asimismo, de esta consideración sobre las capacidades (presuntas) del Estado se desprende una segunda consecuencia de vital importancia para nuestro análisis: el rol secundario atribuido al empresariado y a las organizaciones sociales en la formulación de las políticas en cuestión. Sobre todo, cuando las capacidades estatales se ven incrementadas o cuestionadas como fruto de la aceptación, o no, del empresariado y las organizaciones sociales a brindar más información, colaborar en su ejecución y someterse a mayores controles. Y, sin embargo, los trabajos reseñados no dan cuenta en sus formulaciones de un rol activo por parte de los mismos. Por el contrario, su accionar se nos presenta como “adaptativo” al poder (presunto) del aparato estatal, sin que se encuentren referencias sobre su accionar durante el proceso de definición previo a la implementación de las políticas en cuestión. Es decir, la agencia entre cumplimiento/no cumplimiento, o incluso el desarrollo del mercado negro, no sería tal en sentido estricto, sino una reacción y consecuencia de la naturaleza misma de la intervención política: “Tan rápido como las regulaciones entraron en efecto, las violaciones comenzaron a ocurrir […] A mediados de 1944 existiría un incumplimiento casi universal por parte de los retailers […] Para el final de 1946 los mercados negros se habían extendido abarcando una gran variedad de productos, al punto que la revista Fortune publicó que en 1946 en Estados Unidos, los historiadores escribirán que era posible conseguir cualquier cosa que uno se imaginase por un precio” (Clinard, 1969: 44). O, en otro lado: “Los productores encontraron varias formas de subir los precios indirectamente. Bajaron la calidad de los productos, eliminaron las líneas de menor precio, ataron la venta de mercancías de alta demanda a la compra de productos con baja demanda, entre otros” (Rockoff, 1984: 235). Lo mismo puede decirse sobre las organizaciones sociales o los procesos de acción colectiva, los cuales –como ya denunciaban Louise Tilly (1971, 1983) y Edward Palmer Thompson (1971)– implicaron algo más que “rebeliones del vientre” o reacciones mecánicas a los aumentos de precio.

3. Alcance, objetivos y metodología

A partir de la identificación de estas cinco regularidades que atraviesan las distintas etapas de la problematización de las políticas de control de precio y acceso a los alimentos básicos (tabla 1) la presente investigación busca reponer dos de sus principales vacancias: 1) no suponer como dada la capacidad del sujeto estatal y sus agencias para su intervención, sino problematizarlas, y 2) volver a situar a otros actores sociales, empresarios y organizaciones de acción colectiva en el centro de la escena para los tres casos bajos estudio: Argentina, Egipto y Estados Unidos durante el bienio 2014-2015. Solo restituyendo este conjunto de relaciones se puede abordar nuestro objetivo central: identificar nuevas variables de análisis significativas (figura 3).

Tabla 1. Etapas en la problematización, invariantes y vacancia analítica.

Etapas

Invariantes

Vacancia analítica

Legitimidad de excepción

Pérdida progresiva de autonomía del campo

Capacidad estatal

Referencias semánticas recurrentes

Debate de posguerra

Estabilidad relativa de las formas

Relaciones entre actores de distinto orden

Presunción de capacidad estatal

Redefinición de los sistemas de protección

Rol secundario del empresariado y otros actores sociales

Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Déficits teóricos y estrategia analítica

Fuente: elaboración propia.

Este objetivo se sustenta sobre el supuesto de que el bienio bajo análisis expondría a los tres diseños a una coyuntura crítica, a una confluencia de factores disruptivos a las bases económicas y políticas mismas de una sociedad, que nos brindará una oportunidad excepcional. En nuestro caso, desde los primeros años de la década de 2000, el tema de la “seguridad alimentaria” ocuparía lugares preferenciales en las agendas globales de políticas públicas, como fruto del incremento sostenido en el precio de los alimentos (figura 4). Incluso, los organismos multilaterales, las agencias de cooperación y las organizaciones de la sociedad civil se vieron en la necesidad de revisar la definición misma del problema y sus causas, a la luz de los efectos contradictorios de mencionada alza, en donde el incremento en el costo de los alimentos dificultaba el acceso a ellos, pero a la vez mejoraba los términos de intercambio de los pequeños y medianos productores. En un documento de trabajo de 2005, por ejemplo, Oxfam sostuvo que “el bajo precio de los alimentos en los mercados mundiales hacía imposible que los granjeros en países en desarrollo pudiesen competir. Como consecuencia, más de 900 millones de granjeros estaban perdiendo su calidad de vida” (Swinnen y Squicciarini, 2012). En 2008, en cambio, sostendrían que “precios de alimentos más altos empujaron a millones de personas en los países en desarrollo aún más al hambre y la pobreza” (ibíd.: 32).

Es decir, al inicio del período de referencia, los arreglos institucionales y las políticas públicas para el control de precios y el acceso a los alimentos básicos evidenciarían una presión inédita (figura 4) que pondría en evidencia el carácter ambiguo que los define: un lugar marcado por una tensión entre su condición de mercancía, en sociedades de mercado, y su valor como elemento central del pacto social.

Figura 4. Índice mensual de precios de los alimentos

Fuente: FAO.

En esta línea, dentro del campo delimitado por la problemática general de las capacidades estatales, el diseño teórico-metodológico que nos proponemos acota el conjunto posible de fenómenos a estudiar, a partir de operacionalizar la propiedad conceptual “capacidades estatales” como medida de las dotaciones materiales, financieras, legales, organizacionales y humanas al interior de cuatro componentes (Bertranou, 2013). A saber, (a) los vínculos con actores no estatales; (b) la legitimidad del sujeto estatal; (c) la organización y los medios de acción: las características de los arreglos institucionales y la estructura burocrática, y (d) el capital de acción interinstitucional (tabla 2).

De esta forma, nuestra estrategia tiene por objeto trabajar con casos de un mismo tipo (políticas de control de precio) pero ligeramente distintos: modalidades de subsidio a la oferta en Egipto, subsidio a la demanda en Estados Unidos y acuerdo de precios sobre una canasta limitada de productos en la Argentina.

Por otro lado, nuestra metodología de trabajo, en lo relativo a la recolección de datos, contempla tanto fuentes primarias como la realización de encuestas, entrevistas en profundidad a referentes de las principales cadenas de supermercados, cámaras del sector y funcionarios de gobierno; como secundarias: artículos periodísticos, índices de consumo, legislación, entre otros. El acceso a esta información fue proporcionado por organizaciones de consumidores, empresas, cámaras sectoriales, funcionarios de gobierno, think tanks, agencias multilaterales y de cooperación, así como publicaciones varias y registros oficiales.

Tabla 2. Operacionalización del concepto de capacidad estatal

Componentes

Observables

Capacidad estatal

Capital de acción Interinstitucional

• Acuerdos entre agencias de gobierno del mismo nivel. • Acuerdo entre jurisdicciones. • Transferencias de recursos.

Legitimidad del sujeto estatal

• Autorizaciones legales (leyes, ordenanzas, acuerdos, etc.). • Encuestas de opinión pública sobre la aceptación/no aceptación de los controles. • Índices de confianza en el gobierno.

Organización y medios de acción

• Autorizaciones legales al accionar e intervención de las agencias en cuestión • Personal, estructura, procesos organizacionales y cultura. • Medios financieros: presupuesto y organización de partidas. • Estructuras de coordinación al interior de la agencia. • Infraestructura y equipamiento.

Vínculos con actores no estatales

• Acuerdos formales con organizaciones empresarias/sociales. • Vínculos de hecho (no formalizados).

Fuente: elaboración propia.

En esta línea, la estrategia metodológica que mejor se ajusta9 al diseño de investigación que nos proponemos es el estudio de casos múltiple. Sobre todo, porque al intentar dar cuenta de modalidades institucionales diferentes para controlar los precios y el acceso a bienes básicos de consumo masivo en países con realidades institucionales tan diferentes, la reconstrucción –a partir de la descripción detallada de las relaciones entre los componentes de la capacidad estatal y otras variables como régimen político, estructura burocrática, estructura de mercado, entre otras– reviste un valor central. En este punto, el foco de la investigación –aun cuando mantiene cierto interés en comparar los resultados de cada caso entre sí– pone un énfasis mayor en dar cuenta del fenómeno de interés, su contexto y la relación dinámica entre ambos, a partir del desarrollo de una estrategia metodológica comprensiva que produzca un gran número de variables potenciales relevantes.

Se trata, en una palabra, de un estudio exhaustivo de situaciones particulares. En términos de Howard Becker (2016), no aspiramos a medir variables, sino que iniciamos una exploración, en la profundidad de los casos, con miras a buscar variables; y lo hacemos a partir de “comprender el caso específico lo suficiente para saber cómo es que terminó siendo como fue; y encontrar aquello que podría buscarse en otros casos que se parecen de alguna forma, aunque difieran en otras” (Becker, 2016: 33). En nuestro caso: problematizar la capacidad de las agencias estatales implicadas en cada diseño de política pública, así como la relación con otros actores sociales, de manera de poder (fruto de esta problematización) reconstruir con mayor claridad y precisión qué factores pueden explicar la emergencia o el rediseño de distintas respuestas estatales al problema del acceso a los alimentos básicos. ¿A qué se deben esas distintas respuestas en un mismo período? ¿Al régimen político? ¿Al tipo de reglas que rigen el acceso a los bienes y servicios de cada uno de los países bajo análisis? ¿A las trayectorias previas de política pública? ¿A las capacidades efectivas desplegadas, puestas en acto, por cada uno de los aparatos estatales? ¿A la articulación con actores no estatales? ¿A la presión y organización de estos últimos? ¿O a qué otro factor de manera combinada?

Nuestra hipótesis es no solo que la capacidad estatal no puede darse por supuesta, tomarse como un elemento dado, en vistas de que depende de un conjunto de relaciones con actores no estatales quienes juegan un rol clave en el proceso (discutiremos este punto en detalle en el próximo capítulo), sino también que mientras factores explicativos del tipo del régimen político, las instituciones o –incluso– las trayectorias previas de políticas públicas, por mencionar algunas, solo parecen dar cuenta de los aspectos formales de la política pública emergente (de su particularidad de forma), las condiciones de emergencia y la dirección que implican (con relación a qué parte de los riesgos se colectivizan y qué parte se mantiene en la esfera privada), en cambio, solo parecen poder explicarse a partir del estado de desarrollo de la organización y los medios para la acción al interior del Estado, así como de la legitimidad del sujeto estatal para su intervención.

Tabla 3. Invariantes en la problematización del objeto, vacancia analítica y objetivos de la investigación

Invariantes en la problematización

Vacancia analítica

Objetivos de investigación

Pérdida progresiva de autonomía del campo

Capacidad estatal efectiva

Problematizar la capacidad de las agencias estatales implicadas en cada diseño de política pública.

Referencias semánticas recurrentes

Problematizar la relación efectiva de los sujetos estatales implicados con otros actores sociales.

Estabilidad relativa de las formas

Relaciones entre actores de distinto orden

Reconstruir qué factores pueden explicar la emergencia o rediseño, así como la particularidad de su forma, de distintas respuestas estatales al problema del acceso a los alimentos básicos

Presunción de capacidad estatal

Rol secundario del empresariado y otros actores sociales

Fuente: elaboración propia.

Figura 5. Estrategia analítica

Fuente: elaboración propia.

Asimismo, la estrategia de estudio de casos múltiple nos permitirá un doble límite en cuanto al alcance de la investigación. Nos ofrecerá un freno a los potenciales excesos en intensidad descriptiva, a la vez que nos limitará en cuanto a su contrario: las pretensiones de extensividad, propias de los estudios comparativos. Este doble límite, en profundidad y extensión, nos posiciona en un rango de acción intermedio en donde, sin renunciar ni sacrificar la comprensión-en-contexto de cada uno de los casos, ni concentrarnos exclusivamente en los rasgos generalizantes que posibiliten la comparación (como ocurre con ciertas estrategias exclusivamente comparativas, al situarse en un nivel superior de generalización o tipificación lógica), podremos realizar ciertas comparaciones de alcance limitado.

Por otro lado, merece aclararse que un estudio de casos múltiple nos resguarda, a su vez, de los reparos necesarios –al interior de una estrategia comparativa– en cuanto a la composición y selección de casos. Sobre todo, si consideramos que la decisión sobre los casos bajo análisis no se hace sobre la base de una lógica de muestreo, por lo que su tamaño es irrelevante, sino que –por el contrario– la decisión está pensada sobre el número de repeticiones (literales y teóricas) de casos posibles y vigentes en el mundo el período bajo análisis (Yin, 1994: 30). De esta forma, cada uno de los casos sirve a un propósito específico dentro del alcance global de la investigación (ibíd.: 30), a saber: ilustrar entramados institucionales diferentes del mismo tipo general de política pública; evidenciar diversas articulaciones entre las agencias del Estado implicadas y otros actores estatales y no estatales; así como circunscribir diferentes estructuras burocráticas y esquemas de coordinación y articulación intraestatal e interjurisdiccional. En suma, la elección de cada caso está hecha de forma tal que manteniendo invariante su objeto (las políticas de acceso a los bienes de consumo masivo), nos posibilite concentrarnos en la diversidad de entramados institucionales empíricamente verificables.

En suma, el foco de la investigación, aun cuando mantiene cierto interés en comparar los resultados de cada caso entre sí, pone un énfasis mayor en dar cuenta el fenómeno y su contexto, a partir del desarrollo de una estrategia metodológica comprensiva (Yin, 1994: 10) que produzca un gran número de variables potenciales relevantes. Sobre todo, a los efectos de revisar ciertas formulaciones teóricas (Forni, 2010: 66).

1. A los efectos del presente trabajo, se entiende por “alimentos básicos” a los bienes alimentarios que forman parte de la canasta de salario real de subsistencia y cuya adquisición absorbe gran parte de los ingresos de las y los trabajadores en una economía de mercado. Por otro lado, su condición de “básica” implica un segundo sentido: se trata de bienes-salarios que, a su vez, participan, directa o indirectamente, en la producción de todas las mercancías del sistema, por cuanto colaboran en la reproducción de la fuerza de trabajo, la cual constituye un insumo integrante de todos los procesos productivos. En este sentido, su variación de precio tiene un impacto directo sobre el tiempo de trabajo socialmente necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo, configurando una esfera (individual y limitada, según Marx) de “consumo productivo” (Marx, 2000b: 18), afectando –incluso y consecuentemente– la denominada “plusvalía relativa” (Marx, 2000a: 9).

2. “Si un hombre contrata a un trabajador del campo, deberá darle ocho gur de trigo por año. Si un hombre contrata a un pastor, deberá darle seis gur de trigo por año […] Si un hombre contrata a un trabajador, desde el inicio del año hasta el quinto mes, le deberá pagará seis granos de plata por día” (citado en Schuettinger y Butler, 1978: 10).

3. Preferimos hablar de “debates sobre el alcance”, para el caso de los países centrales, en vistas a que la idea sobre el “desmantelamiento”, la “crisis” o el “debilitamiento” del Estado de bienestar es discutida por varios autores, entre ellos Pierson (2001). Incluso, “lo que resulta aún más llamativo es lo difícil que es encontrar cambios radicales en los Estados de bienestar avanzados” (ibíd.: 174).

4. Una aclaración merece ser hecha en este punto: a los efectos del presente trabajo, mantendremos para el caso de los denominados países centrales la referencia a “régimen de bienestar” en los términos propuestos por de Esping-Andersen (1993), mientras que –por las polémicas suscitadas en la aplicación de mencionado concepto para el contexto de los países en desarrollo en general y América Latina en particular– reservaremos para estos últimos la referencia de “sistemas de protección social”.

5. “Los poderes legales del Price-Fixing Committee, aplicables a lo sumo a los artículos necesarios para el uso del gobierno, tenían en sus efectos una menor importancia práctica que la opinión pública y el espíritu patriótico. El sentimiento universal de apoyo a la autoridad pública, que se daba en el marco de la guerra, fue la base efectiva de su acción. De hecho, nunca tuvo lugar alguna ocasión que ameritase poner a prueba la naturaleza o el alcance de su autoridad legal” (Taussig, 1919: 209).

6. Lejos de haberse limitado a una discusión académica, el debate nació en la televisión misma a partir de la emisión de un informe seriado de trece episodios en la BBC denominado La era de la incertidumbre, escrito y conducido por John K. Galbraith en 1977 y que daría lugar al libro homónimo. Margaret Thatcher, por entonces líder del Partido Conservador británico, objetó que se trataba de un informe sesgado para la televisión pública, por lo que se invitó a Milton Friedman para que discutiera los argumentos de Galbraith y desarrollara su propia serie de diez emisiones denominada Libre de elegir, que también sería publicada bajo el mismo título.

7. Debiéndose, de esta forma, limitar el accionar estatal a la protección de los individuos de una sociedad, en cuanto condición necesaria para la “libertad de elección” (free to choose), a la exacta administración de justicia, a la corrección de fallas de mercado (a partir de crear y hacer cumplir los derechos de propiedad, disminuir los costos de transacción, promover la competencia, paliar las externalidades negativas y proveer bienes públicos) y la protección de individuos de la sociedad que no puedan ser considerados “individuos responsables” por sí mismos (Friedman y Friedman, 1990).

8. “Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana” (Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria, 1996).

9. La idea de “elección metodológica” es –muy probablemente– incorrecta, dado que connota cierta relación “externa” y a priori entre el instrumental metodológico y el diseño de investigación. Un punto que nos lleva a aclarar que no creemos que exista un tipo “puro” de estrategia, sino que –por el contrario– se evidencia cierta hibridación, a punto tal que varios autores prefieren hablar de “mosaico de perspectivas” (Vasilachis, 2006: 24) disponibles al interior de la tradición de investigaciones cualitativas. Por este motivo las referencias que hagamos en lo sucesivo a las diversas características implicadas en la estrategia en cuestión deben considerarse como propiedades estilizadas, en el marco de una economía de lenguaje tendiente a destacar las manifestaciones típicas.

CAPÍTULO 2 El conjunto de relaciones teóricas potenciales