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- Herausgeber: Capital Intelectual
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
Protagonista indiscutido de unos de los sucesos más emblemáticos de la historia nacional, Luis Moreno Ocampo, nos cuenta de primera mano los detalles del Juicio a las Juntas, el despertar democrático de una sociedad golpeada tras la dictadura, al tiempo que analiza un proceso más profundo que hasta el día de hoy dirime al mundo: cómo hacer justicia.
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Seitenzahl: 514
Veröffentlichungsjahr: 2022
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Cuando el poder perdió el juicioArgentina, 1985
Luis Moreno Ocampo
CUANDO EL PODER PERDIÓ EL JUICIO
Argentina, 1985
Moreno Ocampo, Luis
Cuando el poder perdió el juicio : Argentina, 1985 / Luis Moreno Ocampo ; editado por Creusa Muñoz. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Capital Intelectual, 2022.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: online
ISBN 978-987-614-660-9
1. Juicio Político . 2. Historia Argentina. 3. Derechos Humanos. I. Muñoz, Creusa, ed. II. Título.
CDD 982.064
Director de Capital Intelectual: José Natanson
Editora: Creusa Muñoz
Diseño de tapa: Emmanuel Prado
Diagramación: Daniela Coduto
Prensa: Nuria Sol Vega
La fotografía de portada es un fotograma extraído de las filmaciones del Juicio a las Juntas
© Luis Moreno Ocampo, 2022
© Capital intelectual, 2022
Primera edición en formato digital: diciembre de 2022
Versión: 1.0
Digitalización: Proyecto 451
Hecho el depósito que ordena la Ley 11.723. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento sin el permiso escrito de la editorial.
A Julio Strassera y al equipo de la Fiscalía del Juicio a las Juntas que obtuvo las pruebas y merecen todo el reconocimiento: Sergio Delgado, Javier Scipioni, María del Carmen Tucci, Mabel Collalongo, Lucas Palacios, Judith Konig, Nicolás Corradini, Maco, Diego, Marcela y Carlos Somigliana, Iris Rodríguez, Carlos Rica, Santiago Felgueras, Cecilia Kelly, Néstor y César Sagretti, y Adriana Gómez, Juan Carlos Zapata y Daniel Candal. También Nicolás Sissini, Marcela López del Cerro, Julio Gómez Carrillo, Mario Ganora y Ramiro Rodríguez Bosch.
Prólogo a la nueva edición
A mí me gusta aprender. En la facultad aprendí sobre sistemas legales, básicamente que la Constitución define la autoridad de los gobernantes y establece los derechos de los ciudadanos. Derecho Penal y Filosofía Analítica eran mis materias preferidas, proponían clasificaciones muy claras y un análisis lógico riguroso.
A los 32 años seguía estudiando análisis normativos. Esa era mi edad en 1984 cuando trabajaba como secretario letrado del Procurador General de la Nación haciendo proyectos de dictámenes sobre casos penales frente a la Corte Suprema. Con dedicación a tiempo parcial era también subdirector del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Derecho y enseñaba un curso que integraba el Derecho Penal y el Derecho Procesal. Todos eran trabajos de estudios de normas, nunca había participado en un juicio penal.
El Juicio a las Juntas fue mi primer caso como fiscal y me enseñó algo distinto. Tuve que investigar a quienes ordenaron la comisión de crímenes masivos despreciando la Constitución. La Junta adoptó una estrategia militar que no exigía pruebas, ni se definían las acciones prohibidas. Los argentinos considerados “subversivos” no tenían derechos, eran enemigos que podían ser secuestrados, torturados y ejecutados sin ninguna clase de juicio.
Cuando Julio Strassera me invitó a que colaborara con él, me dijo que mi total falta de experiencia podía ser una ventaja. En la justicia de aquella época el que producía la prueba era un juez de instrucción, pero en este caso iba a ser la Fiscalía. Teníamos que inventar una fórmula nueva para solucionar un problema que parecía imposible de resolver: ¿cómo probar la responsabilidad penal de los miembros de las Juntas Militares cuando los planes aprobados oficialmente no incluían la comisión de delitos? ¿cómo probar que los subordinados que habían cometido los crímenes dependían de los comandantes si no se conocía su identidad? ¿cómo probar lo que le había pasado a las víctimas si sus cadáveres habían desaparecido? Además, no podíamos utilizar a la policía para investigar porque había estado integrada al sistema represivo de la Junta. Organizamos un plan y armamos un equipo muy joven pero capaz y totalmente comprometido a hacer justicia.
Contábamos con el Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) que había reunido la información suministrada por miles de víctimas sobrevivientes y la había conectado con los centros clandestinos de detención adonde habían sido conducidos. Ese fue el enlace con las Juntas. La enorme mayoría de los centros de detención estaban en dependencias militares o policiales. Era personal subordinado a los comandantes el que había conducido a esos centros a los prisioneros, y ahí los habían torturado.
Cuando preguntábamos si existían centros clandestinos de detención, los generales contestaban: “Negativo”. Si les preguntábamos por “Lugares de Reunión de Detenidos o LRD”, la respuesta era: “Afirmativo”. En sus declaraciones judiciales los generales habían negado que se torturara en los LRD pero habían reconocido su existencia y que los inspeccionaban regularmente.
Pedimos a quienes habían declarado que fueran testigos de su propio secuestro y tortura, y que identificaran a otras víctimas que hubieran conocido en los centros clandestinos de detención. Revisamos esa información, con el rigor y la precisión de una investigación judicial –chequeando y contrastando los datos–, y seleccionamos los incidentes que probaban la existencia de un plan. Cruzamos esa información con los otros casos y la complementamos con testimonios de vecinos o personas que habían observado los hechos. Chequeamos decenas de miles de expedientes de privación de la libertad y habeas corpus presentados durante la dictadura para constatar que se describían los hechos en forma similar. Conseguimos un documento con directivas secretas y lo contrastamos con las explicaciones de los excomandantes, del personal militar que actuó en los operativos, de ministros y funcionarios que intervinieron en los hechos, de políticos, periodistas y otros testigos. Nunca afirmamos que los desaparecidos estaban muertos. En cambio, presentamos los casos en que los prisioneros habían aparecido como muertos en un falso enfrentamiento meses después de su detención. El conjunto de esa prueba permitió la condena de los acusados.
La evidencia mostró que las ideas básicas del Derecho Penal habían sido abandonadas. La jurisprudencia de la Corte Suprema argentina exigía y exige que la decisión sobre el castigo que le corresponde a una persona debe ser adoptada por un juez de acuerdo con la prueba presentada durante un juicio que demuestre la culpabilidad del acusado. La imparcialidad judicial es un valor fundamental para mantener la convivencia en paz. La ley debe definir previamente y con precisión la conducta que se considera un crimen y los acusados tienen derecho a defenderse.
Los que secuestraban, torturaban y mataban durante la dictadura argentina no respetaron estos criterios básicos, pero no se sentían infractores. Eran funcionarios públicos que cumplían reglas, otras reglas. Recibieron la autoridad de decidir a quién debía considerarse “enemigo subversivo,” categoría ambigua que incluyó a miembros de las guerrillas, madres que buscaban a sus hijos desaparecidos, enfermeras que curaron a detenidos, y hasta a miembros del gobierno militar.
El general Videla proclamaba valores cristianos mientras sus tropas exterminaban “subversivos marxistas”. Esa no era la única paradoja. El Partido Comunista argentino que reverenciaba a Karl Marx apoyaba al régimen de la Junta Militar; consideraba que el general Videla era un moderado que controlaba a los sectores más duros liderados por el general Luciano Menéndez.
Aprendí sobre esas y otras contradicciones. Los militares argentinos habían recibido entrenamiento en Estados Unidos, pero James Carter, el flamante presidente norteamericano, se enfrentaba a la Junta para proteger los derechos humanos en Argentina. Al mismo tiempo, la CIA aceptaba el Plan Condor que coordinaba los servicios de inteligencia de América del Sur. Y para sumar otra rareza, durante la presidencia estadounidense de Ronald Reagan, la CIA tuvo que proteger en su territorio a Edward Koch un legislador de su país a quien miembros del Plan Condor condenaron a muerte. ¿Cuál era el crimen cometido por Koch? Se oponía a que por sus violaciones de derechos humanos, Uruguay recibiera créditos para comprar armas en Estados Unidos.
Me fascinó descubrir que por debajo de un aparente desorden se esconden conexiones lógicas entre diferentes sistemas. Hay múltiples sistemas normativos, nacionales e internacionales, escritos y no escritos, todos reclamando obediencia y, muchas veces, en contradicción. No hay caos sino complejidad.
El Juicio a las Juntas es remarcable porque sin contar con una policía de investigaciones, la Fiscalía pudo obtener la evidencia necesaria que permitió a los jueces probar un crimen masivo y condenar a sus principales responsables mientras se respetaban escrupulosamente los derechos de los acusados. Pero la relevancia del juicio va mucho más allá de las responsabilidades individuales establecidas.
Su impacto masivo es el resultado del proceso social y político que lo gestó. La búsqueda de verdad y justicia sobre los “desaparecidos” pasó de ser un tema prohibido durante la dictadura a constituirse en una demanda central de la sociedad en las elecciones de 1983.
En la campaña electoral de 1983, Raúl Alfonsín cerraba sus discursos recitando el Preámbulo de la Constitución Nacional y lograba que multitudes se apasionaran con el proyecto de reestablecer la vigencia de la ley. Propuso investigar y castigar la violencia de los años 70, el 52% de la población lo votó y él implementó sus promesas en su primera decisión como presidente. La primera ley del Congreso reestablecido, adoptada casi por unanimidad, fue declarar nula la auto-amnistía del régimen militar. El informe “Nunca Más” fue realizado en pocos meses por la CONADEP, una de las primeras comisiones de la verdad en el mundo.
En 1985, la sociedad argentina enfrentó a sus fantasmas en la sala de audiencias de la Cámara Federal donde los principales líderes militares se sentaban en el banquillo de los acusados. Era un momento de incertidumbre, la mayoría de la sociedad apoyaba el proceso de investigación y el fin de la impunidad de los que habían obtenido el poder mediante un golpe de Estado, pero la elite argentina había apoyado a la dictadura, nadie sabía cómo manejarse con los servicios de inteligencia, y no había un ejército internacional que controlara una eventual rebelión militar.
El temor a nuevos conflictos hizo que no se transmitieran por televisión las imágenes del juicio, pero cada día los diarios publicaban lo que decían los testigos y las incidencias en la sala de audiencias. Como dijo José Pablo Feinmann: “El informe de la CONADEP llegó a muchos argentinos. Pero solo a muchos. Este juicio inunda la República”.
Las audiencias públicas transformaron la memoria de toda una Nación sobre lo que había ocurrido y el juicio se convirtió en la piedra fundamental de la transición argentina a la democracia. El Juicio a las Juntas coronó un proceso social de cambio y de unión de los argentinos.
Aprendí que la reconciliación posterior a una violencia masiva no exige un acuerdo entre víctimas y victimarios. No se puede obligar a las familias y a los amigos de las personas que fueron torturadas o asesinadas a perdonar a los represores, pero se les puede exigir que no los torturen o los maten. La vigencia de la ley es lo que permite vivir en paz y evita la venganza.
Mi madre sigue siendo mi mejor ejemplo del cambio que se produjo. Cuando la visitaba durante la investigación en los meses previos a las audiencias públicas, ella me explicaba con dulzura por qué yo estaba equivocado. Para ella Videla era una buena persona, a veces lo encontraba comulgando durante la misa en la Iglesia de Olivos, y sentía que la había protegido de los guerrilleros. Le recordaba a su papá que también había sido un general.
Mi madre aprendió lo que había ocurrido durante los años 70 cuando leyó, pocos días después que se iniciara el juicio, el testimonio de Adriana Calvo de Laborde en La Nación. Se horrorizó de que hubiera sido secuestrada cuando estaba embarazada y que hubiera dado a luz en un auto policial. Me llamó para explicarme: “Yo lo sigo queriendo a Videla, pero vos tenés razón, tiene que ir preso”.
El juicio me reeducó. Aprendí que las leyes no son los únicos mandatos, hay múltiples sistemas de normas influenciando a los individuos que participan en los eventos. Los crímenes no eran simples transgresiones a la ley, sino que obedecían a otros códigos.
Las torturas como método de investigación, y sobre todo la autoridad conferida a los comandantes eran la implementación de una estrategia militar basada en la experiencia francesa en Argelia. Los planes para ejecutarla se habían discutido en la Escuela Superior de Guerra desde el 56 y se habían aprobado en los 60. Los Generales de los 70 estaban orgullosos de su planificación y esperaban reconocimiento por los crímenes cometidos.
Yo quería aprender cómo funcionaban esos códigos y, para analizar el funcionamiento complejo de una sociedad en 1987, me integré como investigador de tiempo parcial a un grupo de cientistas políticos y de comunicación que estudiaron lo ocurrido.
En 1996 publiqué la primera edición de este libro presentando una selección de las pruebas para describir la complejidad de lo ocurrido. Los comandantes habían sido indultados por el presidente Carlos Saúl Menem, pero quería hacer mi contribución en el debate por la memoria.
El subtítulo de esa edición era “Como explicarle el ‘Proceso’ a nuestros hijos” y exponía mi objetivo de ayudar a mis dos hijos más grandes, Francisco y Agustina, que entonces tenían menos de 20 años, a entender lo que había ocurrido.
Ese subtítulo también muestra la evolución de la narrativa. En 1996, en lugar de hablar de la “dictadura”, todavía utilizaba el nombre adoptado por la Junta Militar: “Proceso de Reorganización Nacional”.
LA INFLUENCIA DE ARGENTINA EN LA CREACIÓN DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
Mis actividades como fiscal y luego como abogado interrumpieron por veinte años mi dedicación a la vida académica, pero en 2002 me introduje nuevamente en ese mundo: las universidades de Stanford y Harvard me designaron profesor visitante aunque fue solo un recreo. Una mañana de octubre de 2002, estaba yendo a una reunión con un cliente en Buenos Aires para analizar cómo manejar su caso en mi ausencia cuando recibí un llamado telefónico que me cambió la vida.
El Príncipe Zeid, Embajador de Jordania ante las Naciones Unidas, había recibido la tarea de seleccionar al Fiscal y a los dieciocho jueces de la Corte Penal Internacional que comenzaría a funcionar pocos meses después. Silvia Fernández de Gurmendi era una diplomática argentina que había participado desde el comienzo en el proceso de adoptar el estatuto internacional y tuvo mucha influencia en el proyecto y su implementación. Fue vicepresidente de la Conferencia de Roma donde se aprobó el Estatuto, luego Juez, presidente de la Corte Penal Internacional y presidente de la Asamblea de Estados Partes. Ella influyó para que, debido a mi experiencia en el Juicio a las Juntas, mi nombre figurara como el primero en la lista de candidatos a Fiscal; y el Embajador quería saber si me interesaría ese cargo.
Yo estaba feliz con la posibilidad de enseñar en Harvard y no veía posible que me nombraran para ser uno de los líderes de la institución más innovadora del siglo XXI. Pese a todo mi escepticismo, no podía rechazar ser entrevistado para un cargo que proponía una modificación del sistema legal del mundo.
Hasta 1945 los fiscales actuaban en nombre de una comunidad local o nacional, la justicia penal, como la bandera y la moneda, era una parte de la soberanía de cada país. Lo que había comenzado como algo excepcional en Nüremberg se iba a convertir en un sistema mundial permanente. El Fiscal de la Corte Penal Internacional iba a representar a decenas de Estados y más de dos mil millones de ciudadanos.
A pesar de mi escepticismo, en abril de 2003, setenta y ocho Estados me dieron una responsabilidad y un privilegio únicos: me designaron Fiscal de la Corte Penal Internacional. Interrumpí mi estadía en Harvard, vendí mi estudio de abogados a mis socios, discutimos con mi mujer sobre cómo organizar nuestra vida familiar, y me mudé a Holanda. Tenía que establecer una institución con un mandato sin precedentes: terminar con la impunidad de los crímenes más graves en contra de la comunidad internacional. Ni siquiera los jefes de Estado tenían inmunidad frente a la Corte.
Teníamos a nuestra disposición un presupuesto generoso, y seis pisos vacíos en un edificio en los límites de La Haya. Cuando asumí la Oficina del Fiscal contaba con tres funcionarios que por unos meses habían hecho el trabajo de recopilar opiniones sobre lo que debíamos hacer, obtener computadoras y equipamiento.
Al final de mi gestión la oficina contaba con 300 funcionarios, incluyendo ex diplomáticos, policías, investigadores forenses y abogados, de 90 nacionalidades distintas. Tuvimos que analizar crímenes cometidos en 17 países distintos, habíamos procesado a 31 personas que considerábamos lo máximos responsables de crímenes masivos en siete países incluyendo a Muamar el Gadafi, el líder de Libia, y al presidente de Sudán Omar al Bashir.
Desde que terminé mi mandato, en junio de 2012, intenté comprender mejor lo que habíamos hecho a nivel internacional y compararlo con nuestra experiencia argentina.
En 2014, publiqué una nueva edición de este libro, y agregué una breve crónica de la transición democrática desde la elección del presidente RaúlAlfonsín hasta las nuevas decisiones del presidente Néstor Kirchner, el Congreso y de la Corte Suprema reabriendo las investigaciones judiciales. Mis hijos más chicos, Tomás y Joaquín, tenían entre 21 y 15 años, y quería facilitarles el análisis de lo que estaba pasando. El subtítulo era distinto: “La mirada de un Fiscal sobre los crímenes de la dictadura, y su impacto en la Argentina y en el mundo”. La palabra “Proceso” ya no tenía sentido.
LA COMPARACIÓN DE ARGENTINA Y NÜREMBERG
La edición de 2014 me sirvió para entender más la originalidad de lo ocurrido en Argentina donde las decisiones de hacer los juicios fueron apoyadas por el voto popular creando un fuerte sentido de comunidad.
En cambio, la idea de crear el primer tribunal internacional en Nüremberg fue discutida exclusivamente por las autoridades y tuvo un líder inesperado que no creía en la ley: Joseph Stalin. Durante un encuentro en Quebec en septiembre de 1944, el presidente norteamericano Franklin Roosevelt y el primer ministro británico Winston Churchill habían acordado simplemente ejecutar a los líderes nazis sin ningún tipo de juicio. Stalin fue el que impulsó el primer proyecto de justicia internacional obligando a Churchill y aRoosevelt a cambiar la decisión.
El líder soviético comprendía muy bien el valor de los juicios para definir la memoria de una sociedad. Entre 1936 y 1938, Stalin había utilizado los infames “Juicios de Moscú” para ejecutar con apariencia legal a los líderes soviéticos que habían participado en la Revolución de 1917 y que podían limitar su poder. En 1945, luego de que la guerra con Alemania provocara más de 20 millones de soviéticos muertos, Stalin quería usar Nüremberg para presentar lo ocurrido como un conflicto entre el nazismo y el comunismo.
¿Cómo se tradujeron las decisiones políticas en criterios legales que los jueces debían aplicar? En Argentina, el Congreso dictó leyes estableciendo las normas de procedimiento para que los juicios se realizaran. Las decisiones de los líderes políticos de las potencias triunfadoras en la Segunda Guerra Mundial fueron transformadas en claros principios legales en la Carta de Londres firmada por Estados Unidos, Gran Bretaña, Unión Soviética y Francia. Robert Jackson, que era Juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos lideró la discusión en Londres y luego actuó como el Fiscal estadounidense en Nüremberg.
En Argentina, el presidente Alfonsín propuso actuar con imparcialidad y pidió que se investigara tanto a los líderes guerrilleros como a los comandantes militares. En cambio la jurisdicción de los tribunales de Nüremberg se limitó a los jerarcas nazis. La carta de Londres no permitió investigar los crímenes de guerra cometidos por los soviéticos como la masacre de miles de oficiales polacos en Katyn, los bombardeos con bombas incendiarias sobre objetivos civiles por los británicos en Dresde o los estadounidenses en Tokio, o las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki.
Como en Argentina, las investigaciones contra oficiales nazis se suspendieron por más de diez años. Luego del Juicio a las Juntas, la Cámara Federal de Buenos Aires condenó al personal de la policía de la provincia bajo las órdenes del general Ramón Camps y se iniciaron otros casos pero los procedimientos judiciales fueron detenidos por la Ley de Obediencia Debida. También las investigaciones penales sobre los líderes nazis se suspendieron por más de una década y luego se retomaron en Alemania y otros países. Pasarían casi cuarenta años para retomar el proyecto de la justicia penal internacional.
Los juicios de Nüremberg se realizaron entre 1945 y 1948. En el primero, los acusados eran los máximos líderes nazis y los fiscales y jueces representaban a los cuatro países firmantes. Hubo doce juicios posteriores en Nüremberg a diferentes sectores del régimen nazi, donde los fiscales y jueces eran exclusivamente de Estados Unidos. La Guerra Fría suspendió esas investigaciones, Stalin era el nuevo enemigo y se requería que Alemania fuera un aliado.
El fin de la Guerra Fría creó el espacio para retomar el legado de Nüremberg. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creó un Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia en 1993 y otro para Ruanda en 1994. Y en 1998, algo cambió radicalmente a nivel mundial. Países de los cinco continentes enfrentaron la oposición de Estados Unidos y China, y adoptaron el Estatuto de Roma que estableció una Corte Penal Internacional, permanente e independiente.
Kathryn Sikkink, una profesora de Harvard que había presenciado las audiencias del Juicio a las Juntas escribió un libro fundamental: La cascada de la justicia donde identificó una nueva tendencia mundial de reclamar responsabilidad a los líderes máximos por violaciones masivas de los derechos humanos. La tendencia empezó con Nüremberg, siguió con juicios en Grecia y, en particular, con los juicios en Argentina, la creación de los Tribunales Internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda, la extradición de Pinochet, y se consolidó con la creación de la Corte Penal Internacional.
Tuve la oportunidad de participar en dos momentos claves de esa cascada de la justicia.
LAS INNOVACIONES INSTITUCIONALES DEL SIGLO XXI
Mi trabajo como Fiscal de la Corte Penal Internacional fue fascinante. Al terminar mi mandato me tomé tiempo para reflexionar sobre los cambios que había protagonizado y observado desde mi oficina en La Haya, mis visitas a países en los cinco continentes y mi interacción con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Fui uno de los actores del esfuerzo de utilizar la ley penal para manejar la violencia internacional y, a la vez, un testigo privilegiado de la guerra contra el terror lanzada luego del ataque de septiembre de 2001 y que se ha perpetuado desde entonces. Pero fue una etapa tan intensa que no me había permitido procesar bien todo lo que había experimentado.
Por seis años dicté un curso en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, resumiendo mi experiencia. Aprendí de mis colegas, de mis alumnos que eran diplomáticos, activistas de ONGs o militares que habían estado en Irak o Afganistán y, sobre todo, de Kathryn Sikkink.
Si en Argentina me había sorprendido descubrir que las Juntas habían adoptado sistemas normativos secretos que contradecían los sistemas legales públicos, como fiscal internacional tuve que relacionarme con actores que seguían sistemas normativos oficiales en conflicto con mi mandato de hacer justicia. Una embajadora me dijo abiertamente: “Mi trabajo es controlar que usted no afecte los intereses de mi país”.
En Argentina en cuanto expusimos los hechos no había debate legal posible. Las acciones reveladas eran criminales aún para el régimen militar. En cambio, muchos profesores de Relaciones Internacionales criticaban nuestros casos en la Corte Penal Internacional. Ellos consideraban, de modo semejante a las Juntas, que la ley era pura utopía, que las relaciones de poder eran lo único relevante y entendían que es un error intentar aplicar la ley. Ese pensamiento aún influye en el accionar de Estados Unidos que aplica la ley internamente pero no quiere someterse a ninguna autoridad internacional. Los extranjeros que viven en otros países no tienen derechos constitucionales.
La Corte Suprema de los Estados Unidos ha interpretado la Constitución de esa nación proveyendo garantías a los ciudadanos contra el abuso del gobierno. Casos como la muerte de George Floyd a manos de policías en Mineápolis disparan discusiones sobre la falta de igualdad en la aplicación de esas garantías, pero la ley exige que esos policías sean investigados penalmente.
Sin embargo, a principios de los años 90, la Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió que la Constitución no restringe al gobierno federal cuando actúa contra extranjeros afuera de sus fronteras. La Corte aceptó como válidas las pruebas obtenidas por policías mexicanos sobornados por la DEA que habían secuestrado a un ciudadano mexicano en México, lo habían transportado clandestinamente a través de la frontera y luego habían allanado su domicilio para obtener pruebas sin ninguna orden judicial. Los extranjeros no tienen derechos cuando están en el extranjero.
Hasta el ataque a las Torres Gemelas el terrorismo internacional era una responsabilidad de los organismos policiales y judiciales. Ese mismo 11 de septiembre de 2001, el presidente estadounidense George W. Bush decidió sin ningún análisis previo que a partir de ese momento se libraría una “guerra contra el terror”. No tuvo en cuenta que sus propios analistas habían considerado que la trunca ocupación soviética de Afganistán había sido un grave error. Los estudios afirmaban que la intervención militar soviética solo había servido para unir tribus divididas que se aliaron contra los infieles para echarlos de su territorio. Los soviéticos no habían aprendido del fracaso estadounidense en Vietnam. En ese clima de improvisación, que me hizo acordar a las decisiones de la Guerra de Malvinas, el Congreso autorizó a utilizar las fuerzas armadas en contra de organizaciones no estatales y de individuos. Estados Unidos decretó que tenía derecho a identificar ciudadanos extranjeros como enemigos en países que eran incapaces o no tenían la voluntad de controlar el terrorismo y los podía eliminar físicamente sin otorgarles la posibilidad de la defensa.
El general Stanley McChrystal que actuó en Irak y Afganistán explicó el efecto paradójico de matar terroristas. “Hay diez terroristas en Afganistán, matamos dos, ¿cuántos quedan? Veinte. Las familias y los amigos de las personas muertas se transforman en terroristas multiplicando el fenómeno. Lo llamó la ‘matemática de la insurgencia’”. 10-2=20.
En 2006, el general David Petraeus y el general James Mattis, que estaban frustrados por la improvisación militar de la gestión del secretario de Defensa Donald Rumsfeld, lideraron los esfuerzos para crear una estrategia militar de Contra Insurgencia (COIN). No bastaba con ser guerreros. Propusieron proteger a los ciudadanos de Irak y aliarse con fuerzas locales para construir una nación, pero no advirtieron que de esa forma las fuerzas armadas asumían un rol político. La estrategia adoptada seguía expresamente la experiencia colonial en Argelia del coronel francés David Galula aunque sin usar torturas para investigar. Como mencioné, esas ideas también inspiraron a nuestro ejército en los años 60 y 70.
El presidente estadounidense Barack Obama se diferenció de Bush durante las elecciones e inmediatamente prohibió el uso de torturas aunque se negó a investigar a sus responsables y mantuvo al secretario de Defensa Robert Gates. Nombró al general Petraeus, uno de los líderes de COIN, a cargo de las guerras de Afganistán y de Irak y luego le dió el mando de la CIA. Para remover al presidente Bashar al-Assad de Siria y siguiendo la estrategia de Petraeus, se armó y apoyó a milicias, algunas vinculadas a Al Qaeda
COIN fue criticado por demasiado ambicioso, no se podía transformar a Afganistán en Dinamarca, y en sus últimos años el presidente Obama la reemplazó por una estrategia de atrición, focalizada en eliminar físicamente a los que se consideraba líderes terroristas. Durante la gestión del presidente Obama la utilización de ataques letales con drones se multiplicaron, se realizaron ocho veces más operaciones de ese tipo que durante el mandato de Bush. A pesar de eso, el general James Mattis, que abandonó su propia creación de COIN, consideró tibia la política de Obama de ejecutar sospechosos y le propuso al presidente Trump incrementarla hasta la “aniquilación del terrorismo”, una expresión militar utilizada por las Juntas. Trump nombró a Mattis como secretario de Defensa.
Los profesores de Derecho Internacional Público no discuten con los realistas, ni conectan las discusiones legales con las estrategias militares, ni analizan esta clase de eventos. Afirman que las leyes rigen exclusivamente las relaciones entre Estados y no incluyen individuos. A los diplomáticos les resultaba una absoluta innovación apoyar a una Corte Penal Internacional independiente que intentaba proteger a las víctimas de los crímenes más atroces.
Los profesores de Derecho Penal Internacional ignoran el pensamiento de los expertos en Relaciones Internacionales y, en alguna medida, la dinámica del Derecho Internacional. El Derecho Penal Internacional integra ideas del Derecho Penal Continental y Anglosajón, pero básicamente contradice la visión de los realistas y los intereses de muchos Estados. Los jueces de las cortes penales internacionales asumen que la ley va a ser respetada y apoyada por todos.
Después de 10 años, en 2022, logré resumir mis pensamientos y entregar a Oxford University Press el manuscrito de un libro que analiza las decisiones que tomé como Fiscal de la Corte Penal Internacional. El libro se llama Guerra y justicia en el Siglo 21 y también anticipa la reactualización de la Guerra Fría generada por la invasión de Rusia a Ucrania, y su conexión con la invasión a Irak en 2003 y con la guerra en Siria, donde Turquía ha ocupado una parte de un Estado soberano sin que se discuta mayormente.
Es como si los argentinos viniéramos del futuro de la humanidad. El mundo oscila entre ir hacia la Argentina de 1976 o a la de 1985. ¿Los violentos deben ser tratados como posibles criminales, a los que se les deben respetar sus derechos o como enemigos a los que se puede matar sin ninguna clase de juicio?
LA MEMORIA DEL JUICIO
En 2019 la Escuela de Arte Cinematográfica de la Universidad del Sur de California, me invitó a dar un curso sobre narrativas de guerra y justicia. La escuela es apoyada por Steven Spielberg, funciona en un edificio en Los Ángeles diseñado por George Lucas, el creador de Star Wars, y atrae a quienes quieren producir, dirigir o actuar en Hollywood. Yo estaba interesado en aprender más sobre narrativas populares pues había aprendido un concepto intrigante de Viet Nguyen, que contempla la dinámica relación entre la comunicación y los eventos que se comunican.
Viet Nguyen nació en Vietnam durante la guerra, tenía cuatro años cuando su familia se exilió en Estados Unidos, y vivió en un campo de refugiados. Se transformó en profesor y escritor, recibió premios Pulitzer por sus libros y nos enseña: “La guerra se libra dos veces, primero en el campo de batalla y luego en la memoria”. De forma similar, los juicios por crímenes masivos se realizan frente a los estrados judiciales, pero luego también generan nuevos debates por la memoria. Otras narrativas, académicas y populares, revisan lo ocurrido y compiten para definir la memoria sobre los hechos e influir en cómo las sociedades transforman sus destinos. Los jueces hablan por sus sentencias, pero casi nadie las lee. Los films y los nuevos mecanismos de comunicación definen el significado del pasado y las políticas del futuro.
Los juicios de Nüremberg, y el caso de Eichmann en Israel son un buen ejemplo. Esos casos dieron lugar a films y programas de televisión que instalaron el concepto de “Holocausto” La palabra “Holocausto” significa “calamidad” y solo a partir de 1961 fue utilizada como nombre “Holocausto” con mayúscula para referirse a la persecución de la comunidad judía. Esa transformación fue el resultado de un film y un programa de televisión.
En 1960, Adolf Eichmann, un oficial de las SS, fue secuestrado en Argentina y trasladado secretamente a Israel donde fue juzgado como uno de los máximos responsables del envío a los campos de concentración de millones de personas.
Una productora estadounidense grabó cada día escenas del juicio a Eichmann en Israel, editando un programa que se difundió a 37 países y que hizo ese caso muy conocido en todo el mundo. El 15 de diciembre de 1961, se dictó la condena de muerte contra Adolf Eichmann.
Al día siguiente se estrenó en Berlín el “Juicio de Nüremberg” una película que narraba uno de los doce juicios que realizó Estados Unidos, donde los acusados eran jueces y fiscales alemanes que habían actuado durante el nazismo. Fue protagonizada por los actores más famosos del momento como Spencer Tracy, Marlene Dietrich, Judy Garland y Burt Lancaster.
Esa combinación del juicio de Eichmann divulgado por la televisión y la película sobre Nüremberg transformó la memoria de lo ocurrido y dio lugar a que The New York Times utilizara por primera vez la palabra “Holocausto” como nombre. Una miniserie de 1978 llamada “Holocausto” protagonizada por Meryl Streep consolidó el significado de la palabra.
Las películas y miniseries nos permiten contar la historia. “Munich” de Steven Spielberg muestra la decepción de un oficial del servicio secreto israelí luego de dedicarse a ejecutar palestinos sospechosos de ser terroristas. Renuncia al servicio en frente de las Torres Gemelas, un guiño de Spielberg para mostrar como la actividad estatal ilegal produce terrorismo. Una película de ficción como “Star Wars, la venganza de los Siths” provee un gran ejemplo de la diferencia entre criminales o enemigos. George Lucas expone las consecuencias de la decisión del maestro Jedi interpretado por Samuel Jackson de intentar matar al Primer Ministro Palpatine en lugar de arrestarlo. “The looming towers” muestra las diferencias entre la CIA y el FBI para investigar a Bin Laden. “Homeland”, temporada cuatro, presenta la falta de piedad de dos mujeres líderes de los servicios de inteligencia paquistaní y de la CIA. En las narrativas sobre conflictos, el rol define a los protagonistas más que la raza o el género. “Fauda”, temporada tres, muestra en el contexto del conflicto Palestina/Israel la “matemática de la insurgencia” que mencionaba el general McChrystal. “El bureau” muestra la interacción de la inteligencia francesa con la rusa y la CIA , y las dolorosas repercusiones en la vida de sus integrantes. “El Mauritanian” nos conecta emocionalmente con el principio tan abstracto de que todo acusado debe ser considerado inocente y tiene derecho a una defensa.
En Argentina los medios de comunicación definieron nuestra memoria. El “Nunca Más” que resumía un informe de 50.000 páginas preparado por la CONADEP transformó el trabajo de esa comisión de la verdad en un best seller que, en veinte años, vendió más de medio millón de ejemplares y se tradujo a veinte idiomas.
La película “La historia oficial,” que narra el apoderamiento de una hija de desaparecidos, fue estrenada pocas semanas antes del comienzo del Juicio a las Juntas y recibió el Oscar en 1986. Mi rol de Fiscal me sirvió de escudo frente al dolor mientras tomaba declaraciones o analizaba las pruebas, pero no pude evitar emocionarme cuando fui a ver esta película que sólo mostraba un aspecto de todo lo que yo había aprendido. Como espectador no tenía protección.
Diferentes narrativas popularizaron el Juicio a las Juntas. Los diarios resumían cada día lo que ocurría en la sala de audiencias y fueron el medio que divulgó masivamente las declaraciones de los testigos. Perfil creó una publicación semanal dedicada exclusivamente al caso: “El diario del Juicio” donde se publicaban las transcripciones completas de los testimonios.
Este libro explica como Pablo Díaz pasó de ocultar lo que le había ocurrido a ser el personaje central de “La noche de los lápices” una película de Héctor Olivera que se transformó en una herramienta educativa en las escuelas secundarias.
A fines de los años 90, se estrenó “Garage Olimpo” una historia que transcurre en uno de los centros clandestinos de detención investigado en el Juicio a las Juntas. La historia de otro de nuestros testigos, Claudio Tamburrini se llevó al cine en 2006, en la película “Crónica de una fuga”.
Memoria Abierta registró centenares de films dedicados a lo ocurrido durante los años 70. “El secreto de tus ojos” una historia de amor y justicia privada, que narra un asesinato en el contexto de la represión previa al Golpe militar recibió el Oscar en 2010.
En 2015, la historia de un miembro de los servicios de inteligencia que privatiza su particular experiencia utilizando a su familia y a su casa para realizar secuestros se presentó en el “El Clan”, una de las cuatro películas argentinas de mayor éxito en toda la historia.
La lista se sigue actualizando. Ulises De la Orden preparó un documental único, basado exclusivamente en las escenas grabadas del Juicio a las Juntas. Santiago Mitre dirigió una película “Argentina, 1985” que actualizó el subtítulo de la edición de este libro.
Esta reedición apunta a colaborar en la discusión de cómo podemos utilizar films y otras narrativas populares para describir y transformar el manejo de la violencia en Argentina y en el mundo.
Los argentinos podemos ayudar mostrando las narrativas de dos escenarios posibles para nosotros y para el mundo: la Argentina de 1976 o la Argentina de 1985.
¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va el mundo?
Prólogo
No lo sabíamos. Nos fuimos enterando gradualmente. Fueron los familiares de las víctimas los primeros en darse cuenta. Paradójicamente, ellos se encontraban para denunciar los casos de personas “desaparecidas” en una oficina abierta en la Casa Rosada que dependía del general Albano Harguindeguy. Mientras hacían el trámite, comentaban las similitudes de los secuestros. Al salir de la oficina, la Policía los obligaba a circular. Entonces, los familiares comenzaron a caminar para mantener la conversación. Así nacieron las rondas de las Madres de Plaza de Mayo.
Nos habían ocultado los hechos. Atacaban como subversivos a quienes decían la verdad: que se estaba secuestrando y matando. Por eso secuestraron y mataron a Azucena Villaflor, primera presidente de las Madres y torturaron y encarcelaron a Adolfo Pérez Esquivel, tres años después Premio Nobel de la Paz. Establecieron una férrea censura y calificaron como “excesos” los secuestros, torturas y desapariciones. Pretendían difundir que se trataba de casos aislados, exabruptos de oficiales subalternos. Como consecuencia de esa política de ocultamiento, la mayoría de los argentinos no podía apreciar lo que ocurría.
No lo sabíamos pero lo cierto es que, entre 1976 y 1980, nuestras Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas de la Argentina ejecutaron en todo el territorio nacional una operación militar de carácter secreto dirigida contra miles de ciudadanos argentinos. Había sido planeada desde 1960 y fue meticulosamente ejecutada con la supervisión de los altos mandos desde 1976.
Comprendí la magnitud de lo ocurrido en el año 1984. Yo trabajaba en la Procuración General de la Nación, y por decisión de mi superior directo Jorge Medici, tuve el privilegio de ser designado para asistir al fiscal Julio Strassera. Me hice cargo de liderar su equipo de investigación. Nuestra tarea era probar la responsabilidad penal de los miembros de las Juntas Militares. No podíamos confiar en la Policía o en otras fuerzas del Estado para llevar adelante una investigación independiente pues esas fuerzas se encontraban bajo el comando operacional de las Juntas.
El equipo de investigación estaba formado por 14 jóvenes, algunos todavía estudiantes universitarios. Trabajaban amontonados en dos de los tres cuartos que ocupaba la Fiscalía en la planta baja del antiguo edificio de Tribunales de la calle Talcahuano. Ellos hablaban con las víctimas y buscaban las pruebas que pudieran corroborar lo ocurrido. No se habían creado ni los teléfonos celulares ni internet y la computadora personal era un invento reciente fuera de nuestro alcance, así que una caja de zapatos con fichas de dos colores nos servía para cruzar la información.
Todo era excepcional. Teníamos que demostrar fuera de toda duda la responsabilidad individual de nueve excomandantes en jefe, tres de los cuales se habían desempeñado como presidentes de la Nación. No teníamos pruebas de que ellos hubieran torturado a alguien con sus propias manos o hubiesen participado en los secuestros. En lugar de investigar un homicidio debíamos aclarar lo ocurrido con miles de personas que, se decía, habían sido secuestradas, torturadas y “desaparecidas”. En la mayoría de las denuncias no se sabía quiénes habían sido los secuestradores o torturadores. Creíamos que los “desaparecidos” habían sido ejecutados pero no teníamos evidencia para probar cada caso individual.
Fuimos aprendiendo el modo de probar las privaciones de libertad. Elegimos de entre las miles de denuncias efectuadas ante la CONADEP aquellas que pudieran ser corroboradas por testigos imparciales o documentos de la época del secuestro. Se reunieron 9.319 denuncias por privación de libertad y 14.756 habeas corpus, una acción judicial para investigar el paradero de una persona presuntamente detenida por las autoridades. Esos documentos incluían las descripciones de las circunstancias de la detención como habían sido narradas durante la dictadura militar. Corroboraban los hechos individuales por los que íbamos a acusar o mostraban el carácter sistemático del delito y la negativa a investigarlo.
Los que habían sobrevivido nos dieron información sobre la tortura de los otros detenidos. Los testimonios de estos secuestrados nos permitían probar que las personas privadas de su libertad eran conducidas a alguno de los 380 centros clandestinos de detención identificados por la CONADEP, donde eran sometidos a la tortura. Estos centros funcionaban en cuarteles militares o dependencias policiales y demostraban que todo ello era una operación oficial bajo el mando de los miembros de las Juntas.
Aún más: podíamos probar algunos de los homicidios. No queríamos forzar a los jueces a inferir que los “desaparecidos” habían sido asesinados sin tener pruebas claras, así que nos focalizamos en buscar casos con cadáveres. Y encontramos decenas de falsos enfrentamientos, que habían sido fraguados y en los que las Juntas habían reconocido la muerte de personas detenidas con anterioridad.
En aquella época había mucha menos información sobre la apropiación de niños y solo pudimos encontrar pruebas suficientes para presentar dos casos. El trabajo pionero de Catherine Mackinnon sobre crímenes de género recién estaba apareciendo y no advertimos la importancia de calificar con más precisión esa discriminación que estaba frente a nuestros ojos. Para nosotros, los ataques de género eran parte de la tortura. Fue una testigo quien se decidió a presentar expresamente ante todo el mundo la forma en que había sido abusada por el solo hecho de ser mujer.
Fuimos armando el rompecabezas pieza por pieza. Buscamos casos que hubieran ocurrido en distintas partes del país, en diferentes épocas y cometidos por personal dependiente de cada uno de los comandantes. Presentamos más de 700 casos individuales y durante el juicio quedó demostrado que eran la consecuencia de una operación militar aprobada y supervisada por los jefes de cada fuerza.
Después de las condenas, sentí que debía hacer algo más con la información reunida; habíamos probado judicialmente los cargos contra las Juntas, los comandantes eran responsables penalmente pero eso no explicaba todo. No explicaba la actitud de nuestra clase dirigente incapaz de generar opciones para controlar la violencia o evitar el golpe de Estado. El caso contradecía ideas básicas que me habían enseñado en la Facultad de Derecho. El Estado había actuado deliberadamente fuera de la ley. A pesar de eso había sido apoyado por importantes sectores de la sociedad. La Policía y el Ejército, en lugar de proteger a los ciudadanos, cometían los crímenes. Casi todos ignoraban ideas que para mí eran obvias. En un reportaje dije algo totalmente elemental: “El Estado no puede torturar”, y esa frase se convirtió en el título de la nota en grandes letras de molde.
Quería entender más; en 1987 tuve la fortuna de ser invitado a participar en una investigación académica multidisciplinaria con las personas más calificadas sobre el tema. Aprendí de ellos, me proporcionaron otros marcos de análisis y pensé que la evidencia reunida en el Juicio a las Juntas se podía utilizar para hacer una radiografía más completa de lo ocurrido.
Este libro expone y resume las pruebas de ese juicio para explicar lo que ocurrió durante la dictadura militar. Cuando publiqué la primera edición en 1996, pensaba en los jóvenes que, como mis hijos, eran muy chicos entonces. Ellos también debían saber lo que había pasado. El conocimiento que habíamos producido acerca del plan de las Juntas se podía disipar. Así como hay gente que niega el Holocausto, me parecía que se podía negar lo ocurrido en Argentina.
No sucedió. Al contrario, altos jefes militares se han remitido a la sentencia judicial para explicar el sistema utilizado, se han publicado centenares de libros con relatos y entrevistas sobre el tema, decenas de documentos que dan detalles sobre lo ocurrido y se abrieron nuevamente las investigaciones judiciales contra decenas de responsables.
Esa nueva información confirmó la exactitud de las conclusiones del Juicio a las Juntas pero también dispersó la atención hacia conflictos internos, los complots nacionales e internacionales y las características personales de algunos actores. Para los jóvenes del siglo XXI el riesgo es perder la perspectiva y transformar nuestra dolorosa historia reciente en un relato binario, como una película de buenos y malos, héroes y villanos. Hubo buenos y malos, hubo muchas personas penalmente responsables y no todas van a ser condenadas, pero eso es solo una pequeña parte de lo que tenemos que aprender.
Las pruebas del Juicio a las Juntas muestran el funcionamiento de las burocracias que cometen crímenes. La magnitud de los crímenes puede ser muy diferente, pero hay una similitud con la dinámica de otras organizaciones, como empresas multinacionales que pagan sobornos o grupos políticos que utilizan fondos públicos para mantenerse en el poder o para conseguirlo. Los casos reales nos enseñan que la moral individual no es el aspecto definitorio de los crímenes cometidos por medio de organizaciones. Había funcionarios públicos que consideraban que era su deber torturar o matar; los que pagan sobornos trabajando para compañías pueden ser escrupulosamente honestos y los políticos que cambian decisiones por favores pueden tener el objetivos de ayudar a los pobres. Si quiere seguir avanzando, Argentina necesita pasar de formular reproches a individuos a cuestionar nuestras dinámicas colectivas.
El Juicio a las Juntas terminó con los golpes de Estado y la violencia política. Décadas después, el análisis de la prueba reunida puede consolidar esa no violencia y nos puede ayudar a refinar nuestro funcionamiento como sociedad.
LA LEALTAD AL GRUPO ES UNA VIRTUD QUE PUEDE SER UTILIZADA PARA COMETER CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
El entonces almirante Eduardo Emilio Massera, en su alegato final, dijo que no tenía que pedir “perdón por ganar una guerra justa”. Habían vencido al enemigo. Poco después, en una conversación personal, un alto oficial me lo explicó mejor. “Usted no puede decirme que la Junta torturó y asesinó para defender la libertad y la democracia”, le dije. “Estoy totalmente de acuerdo con usted –me respondió el oficial–. Nosotros peleamos por esos valores. Pero esos son nuestros valores. No se los podemos regalar a ellos, que son el enemigo.”
Desde la antigüedad, el concepto de enemigo ha permitido justificar los peores crímenes. Los atenienses son recordados como los creadores de la democracia, sin embargo no tenían piedad con los que consideraban sus enemigos. En el siglo IV antes de Cristo, rodearon la ciudad de Milo, mataron a todos los hombres y vendieron como esclavos a todas las mujeres y los niños.
La Guerra Fría, el enfrentamiento entre los Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, que mantuvo en vilo al mundo durante más de cuatro décadas, introdujo en la comunidad argentina el concepto amigo/enemigo que se usa en los conflictos entre las naciones. La amenaza de la bomba atómica impedía que hubiera batallas directas entre las dos superpotencias enemigas pero ambas luchaban en todo el mundo por el control territorial. Las ideologías y no la nacionalidad definían quiénes eran amigos o enemigos. Massera y Videla parecían no advertir que estaban usando las armas de los argentinos contra los argentinos, se veían como líderes de una batalla de la Guerra Fría contra la “subversión marxista”. Hitler había hecho algo similar: transformó en enemigos a los ciudadanos alemanes que eran anarquistas, judíos o gitanos. Stalin, preocupado por la posibilidad de conspiraciones en contra de su poder, desarrolló la fórmula enemigo del pueblo para juzgar y ejecutar o enviar a Siberia a la casi totalidad de los líderes de la Revolución Comunista de 1917 (Nikita Kruschev, que reemplazó a Stalin a su muerte, estimó que el 70% del Comité Central del Partido Comunista fue ejecutado entre 1937 y 1938). Además, Stalin también usó la misma fórmula para eliminar a todo el Comando mayor y a gran parte de los oficiales del ejército ruso; incluso a pueblos enteros, como el checheno, deportados a Siberia.
Los crímenes masivos se cometen por la patria o por “la Revolución” o por la religión o por nuestra raza o nuestra tribu; en definitiva, para defender a nuestro grupo. El crimen masivo está basado en una virtud: la lealtad a nuestro grupo. Si el enemigo ataca a nuestro grupo, nuestro deber será atacar al enemigo y a su grupo.
El aniquilamiento del “otro”, porque era judío, o anarquista, o gitano, o contrarrevolucionario, o comunista, o capitalista, o tutsi, o musulmán, o imperialista, o subversivo se convierte en un acto de solidaridad. Ratko Mladic, jefe de las Fuerzas Armadas serbias acusado de ser el responsable del genocidio de Srebrenica, les dijo a los jueces del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia: “Esta es una corte satánica, juzgándonos a nosotros por defender a nuestro pueblo”.
Cuando Ahmed Harun, como viceministro del Interior del Sudán visitó la región de Darfur a fines de 2003, recibió el reclamo de los líderes de la tribu “fur”, que estaba siendo atacada sistemáticamente. Le pedían que el Estado los protegiera. Harun fue más franco con las víctimas que Harguindeguy; les dijo: “Ustedes no quieren entender, ustedes son el enemigo y mi trabajo es destruirlos”.
Deshumanizar al enemigo es un paso previo a su aniquilación física. Cuando se planteó, en los juicios de Nüremberg, el interrogante de cómo pudieron consumarse crímenes tan espantosos como el genocidio de millones de civiles indefensos, el general de las SS Erich Bach-Zelewsky declaró, desde el banquillo de los acusados: “Si durante años se predica que los eslavos constituyen una raza inferior y que los judíos no son siquiera humanos, es inevitable semejante resultado”.
En la Alemania nazi, durante el genocidio en Ruanda, en la Argentina, en Darfur y en la guerra contra Al Qaeda, la premisa ha sido la misma: atacar al enemigo para proteger a la propia comunidad.
EL PLAN CRIMINAL
Videla podía lamentar que alguna persona inocente hubiera sido torturada o ejecutada, pero lo consideraba el sacrificio que evitaba el triunfo del enemigo, por lo cual se convertía en un sacrificio válido. Era comparable al daño colateral causado por la bomba atómica en Hiroshima o Nagasaki. El fiscal Julio Strassera explicó durante el alegato final del juicio que las leyes de la guerra permiten matar enemigos combatientes pero no autorizan a torturar y tampoco a matar a prisioneros ni a civiles. Algunos comandantes lo reconocieron en sus indagatorias. Como Strassera lo dijo, era una alternativa de hierro: eran criminales comunes o eran criminales de guerra. Sin embargo, esa fue la excusa de los miembros de las Juntas para no verse a sí mismos como asesinos.
Massera, Videla y Viola, que a fines de los años 70 se habían combatido, coincidieron en 1985 en la defensa del plan militar y en lo inadecuado de su juzgamiento. Viola había dicho en Estados Unidos: “Un ejército victorioso no es investigado. Si Hitler hubiera ganado la guerra, los juicios no hubieran sido en Nüremberg sino en Virginia”. Sugerían que era absurdo que nos concentráramos en cada hecho producido por sus decisiones y perdiéramos de vista que habían ganado la guerra. Pretendían que las acusaciones eran ridículas, como si se hubiese acusado al general San Martín de homicidio por cada español muerto en la batalla de San Lorenzo.
Los comandantes habían aprobado un plan de cuya eficacia estaban orgullosos; ese plan había sido consultado con profesionales de experiencia internacional y se había discutido durante más de una década con los oficiales del Estado Mayor. Tenían razones para cada aspecto del plan. Era necesario torturar como método y sin límites para obtener rápidamente la información de quienes eran “subversivos” y saber dónde estaban. Calcularon que debían ejecutar diez mil personas. Había que ocultar la matanza, “desaparecer” los cadáveres y negar todo lo ocurrido. Para todo eso era necesario asumir el control absoluto del Estado. En consecuencia, los Comandantes ejecutaron un golpe de Estado y aplicaron el plan. Siguiendo las enseñanzas francesas establecieron una cadena de mandos clara y muy corta que permitía la máxima operatividad. Pequeños grupos de tareas bajo el comando de un General estaban autorizados para privar de su libertad a sospechosos de ser “subversivos” o a los que pudieran tener información –“blancos planeados” en el lenguaje de las órdenes militares. Debían solicitar permiso al Comando de zona, quien ordenaba un “área libre” para que otras fuerzas no interfirieran en el operativo.
No hacía falta probar que los “blancos planeados” hubieran cometido algún delito, para averiguarlo se los trasladaba a lo que llamaron Lugares de Reunión de Detenidos o LRD (la CONADEP los llamó Centros Clandestinos de Detención) y se los sometía a tormentos (“interrogatorios tácticos” en el lenguaje militar). De esa forma se investigaba. La tortura sin límites permitía quebrar los pactos de silencio y conocer la identidad de otros sospechosos de ser miembros de la “subversión”, a los que también se podía privar de su libertad (“blancos de oportunidad”) y someter a tormentos. Luego, los niveles de mando con responsabilidad evaluaban la información obtenida y ordenaban ejecutar en secreto y sin juicio a las personas que les parecía conveniente. Los ejecutados “desaparecían”, los cuerpos se arrojaban al mar o a los ríos, o se los enterraba en fosas comunes como NN. El plan incluía un aspecto de acción psicológica para ocultar toda la operación.
En su alegato inicial durante el juicio de Nüremberg, el fiscal Robert Jackson explicó el objetivo de una política similar adoptada por Adolf Hitler: “Misterio y suspenso se agregaron a la crueldad con el objetivo de extender la tortura del detenido a su familia y amigos. Hombres y mujeres desaparecieron de sus casas o negocios o de las calles y no se supo una palabra más de ellos”.
LA POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN Y CASTIGO DE LOS CRÍMENES MASIVOS. DE LA ARGENTINA AL MUNDO
El Juicio a las Juntas expuso en detalle la acción de las fuerzas del Estado y se convirtió en la piedra fundamental de la transición democrática argentina. Su importancia nacional e internacional trasciende el número de condenados o el monto de las penas.
Esa política desarrollada en la Argentina se expandió al mundo. Fue adaptada en distintas formas por Chile, Bolivia, El Salvador, Colombia y otros países de Latinoamérica. Luego, aparecería con variantes en Europa del Este tras la caída del Muro de Berlín, en Sudáfrica con el fin del apartheid y se reforzó a nivel internacional con la creación de los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda, en 1993 y 1994, los tribunales para Sierra Leona en 1996, y Camboya en 2001. La idea fue impulsada por la detención de Augusto Pinochet en Londres por los crímenes cometidos en Chile, a pedido del juez español Baltasar Garzón, y se transformó en el nuevo estándar internacional con la adopción, en 1998, del Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional con carácter permanente. La Corte Penal Internacional entró en funciones en 2003 y en solo dos años superó los cuestionamientos de la Administración del Presidente Bush cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le requirió la investigación del genocidio cometido en Darfur. En febrero de 2011, la idea de juzgar a los responsables de crímenes masivos obtuvo consenso mundial cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por el voto unánime de sus quince miembros, requirió la intervención de la Corte Penal Internacional en el caso de Libia.
¿Cómo fue que la investigación de la verdad y el castigo a los máximos responsables de los crímenes masivos se convirtió en la política adoptada por la nueva democracia argentina? Esa política no tiene un arquitecto único y fue el resultado de una tarea colectiva, de la interacción entre:
1) Una minoría de ciudadanos organizados en los grupos de Derechos Humanos que reclamaban lo imposible: que los desaparecidos aparecieran con vida.
2) Una prensa que comenzó a reflejar esas demandas.
3) Una mayoría de ciudadanos que en 1983 incluyeron el esclarecimiento de lo ocurrido en su decisión de voto.
4) Liderazgo político.
5) Funcionamiento eficiente de las instituciones democráticas.
La suma de esas interacciones definió e implementó la política que constituye la piedra fundamental de la democracia argentina.
El Juicio a las Juntas fue el momento cumbre de ese movimiento, pues a la vez que investigaba el pasado violento fundaba un presente basado en el funcionamiento de las instituciones de la democracia.
El juicio cerró un ciclo político que se había iniciado con el golpe de Estado de 1930 y que llegó a su cúspide el 24 de marzo de 1976. Ese día, una Junta Militar destituyó a la presidente María Estela Martínez de Perón, Isabelita, disolvió el Congreso, designó una nueva Corte Suprema y asumió la totalidad del poder. Esa Junta prometió una “observancia plena de los principios éticos y morales, de la justicia, de la organización integral del hombre, del respeto a sus derechos y dignidad” y alertó que “no se tolerará la corrupción ni la venalidad bajo ninguna forma o circunstancia”.
Sin embargo, seis años después, el régimen intentó negociar con los partidos una salida política que garantizara la impunidad por las desapariciones y por lo que llamaron “ilícitos”, refiriéndose a los delitos económicos.
LA DEMANDA DE LOS GRUPOS DE DERECHOS HUMANOS SE TRANSFORMA EN UN RECLAMO GENERALIZADO
Luego de la debacle de Malvinas, el régimen militar se fragmentó y asumió como presidente el entonces general Reynaldo Bignone, que ya no representaba a las tres fuerzas sino solo al Ejército, quien debió lidiar con un reclamo generalizado por la situación económica, la decepción por el fracaso de la invasión a las Malvinas y con unas Fuerzas Armadas que estaban orgullosas del triunfo contra la “subversión” pero deliberaban internamente sobre su incapacidad profesional. Uno de sus objetivos centrales fue que no se revisara lo ocurrido durante “la lucha contra la subversión”.
En noviembre de 1982, parecía posible que Bignone lograra su objetivo, solo el 14% de la población argentina pensaba que el tema de los “desaparecidos” era uno de los más importantes.
La prohibición de las actividades políticas hizo que el arte se transformara en el canal que reflejaba y expandía las nuevas demandas de los argentinos. En 1981, un grupo de autores teatrales había montado un conjunto de piezas para mostrar el nuevo teatro argentino. A la semana del estreno, el Teatro del Picadero, una de las salas donde se exhibían las obras, fue incendiado, pero ese fuego encendió mas rebeldía aún. En 1982, ese pequeño movimiento se transformó en Teatro Abierto, una masiva exhibición de obras de dramaturgos argentinos que habían estado prohibidos y que se presentaban en diferentes salas de Buenos Aires. La revista Humor® encontró un público ansioso por reconquistar la libertad y desde sus páginas lideró el cuestionamiento a la dictadura. Una de sus tapas más famosas mostraba a los miembros de la Junta Militar de ese momento como los tres monos conocidos como “místicos”: no oían, no veían y no hablaban. Vendieron 330.000 ejemplares.
Las organizaciones de Derechos Humanos, en tanto, convocaban a marchas multitudinarias. A fines de 1982, jóvenes sin identificación partidaria llenaron el estadio del Club Ferro Carril Oeste para escuchar a Adolfo Pérez Esquivel como orador central y ovacionar a artistas como Miguel Cantilo y Alejandro Lerner.
La presión internacional también se hacía sentir. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que había inspeccionado el país en 1979 y que en 1980 había producido un informe lapidario sobre los crímenes cometidos por la dictadura, mantenía sus reclamos. Los casos de las monjas francesas secuestradas y alojadas en la ESMA y de una joven argentina de familia sueca, Dagmar Hagelin, hicieron que Francia y Suecia identificaran a Alfredo Astiz, un oficial de la Armada, como un criminal buscado internacionalmente. Alemania, Italia y España también reclamaban por sus víctimas. Miembros del Congreso de los Estados Unidos, que habían sido claves para pedir la liberación de Jacobo Timerman, periodista y dueño del diario La Opinión, continuaron con sus reclamos y visitaron la Argentina en el año 1982.
