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De la mano de historiadores, nacidos la mayoría en plena dictadura y formados en la academia nacional, el libro revisa en tres partes los hitos claves del "laboratorio" que ha sido Chile en estos últimos cincuenta años. La primera se centra en la Unidad Popular y su "vía chilena al socialismo"; el golpe de 1973 y la implantación del modelo autoritario con economía liberal; el papel de las iglesias en defensa de los derechos humanos; y se cierra con la implantación irregular de la Constitución de 1980. La segunda parte se ocupa del exilio, que afectó a miles de compatriotas; se presta atención a la juventud, la que más habría de sufrir la represión; se revisa la adaptación y sobrevivencia en el ámbito de la cultura entre "apagón" y resistencia, y termina con el plebiscito de 1988. La tercera parte reconstruye el papel de las Fuerzas Armadas desde 1973 hasta el traspaso del poder a los partidos democráticos en 1990. Prosigue con las luchas por los derechos de los pueblos originarios, el arresto de Pinochet en Londres y las violaciones de los derechos humanos, y con el rol de la mujer, que desde madre, esposa y dueña de casa pasa a ser baluarte de las reivindicaciones por ampliar sus libertades y derechos. Por último, hace una aproximación al estallido social de octubre de 2019 como referencia a las herencias de la dictadura que aún persisten en Chile, con las promesas no cumplidas y la mantención de las desigualdades económicas y culturales.
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Seitenzahl: 629
Veröffentlichungsjahr: 2022
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Primera edición, FCE Chile, 2022
Guida, Alessandro, Raffaele Nocera y Claudio Rolle (comps.)
De la utopía al estallido. Los últimos cincuenta años en la historia
de Chile / comp. de Alessandro Guida, Raffaele Nocera y Claudio Rolle. – Santiago de Chile : FCE, Università di Napoli L’Orientale, 2022
294 p. : ilus., fots. ; 23 × 17 cm – (Colec. Historia)
ISBN 978-956-289-260-5
ISBN digital 978-956-289-265-0
1. Historia – Chile – Siglo XX 2. Historia – Chile – Siglo XXI 3. Chile – Política y gobierno – Siglo XX 4. Chile – Política y gobierno – Siglo XXI I. Nocera, Raffaele, comp. II. Rolle, Claudio, comp. III. Ser. IV. t.
LC F3095 Dewey 983.064 G678d
Distribución mundial para lengua española
© Università di Napoli L’Orientale
© Alessandro Guida, Raffaele Nocera y Claudio Rolle
D.R. © 2022, Fondo de Cultura Económica Chile S.A.
Av. Paseo Bulnes 152, Santiago, Chile
www.fondodeculturaeconomica.cl
Fondo de Cultura Económica
Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14110 Ciudad de México
www.fondodeculturaeconomica.com
Coordinación editorial: Fondo de Cultura Económica Chile S.A.
Cuidado de la edición: Carlos Decap
Diseño de portada: Macarena Rojas Líbano
Fotografías de portada: Superior: Metro de Santiago en sus inicios. Inferior: Marcha de los paraguas. Santiago de Chile, 2011.
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra —incluido el diseño tipográfico y de portada—, sea cual fuere el medio, electrónico o mecánico, sin el consentimiento por escrito de los editores.
ISBN978-956-289-260-5
ISBN digital:978-956-289-265-0
Diagramación digital: ebooks [email protected]
ÍNDICE
Introducción
PRIMERA PARTE
PROYECTOS REVOLUCIONARIOS EN LUCHA:
LOS AÑOS SETENTA
1970: Utopía revolucionariaAlfredo Riquelme Segovia
1973: ContrarrevoluciónMarcelo Casals Araya
1975: Revolución capitalistaManuel Gárate Chateau
1978: IglesiaMaría Soledad del Villar Tagle
1980: ConstituciónJuan Luis Ossa Santa Cruz
SEGUNDA PARTE
LA REFUNDACIÓN DE CHILE:
LOS AÑOS OCHENTA
1982: Exilio/RetornoAlessandro Santoni y Claudia Rojas Mira
1985: JuventudRodrigo Henríquez Vásquez
1987: CulturaClaudio Rolle Cruz
1988: PlebiscitoRaffaele Nocera
TERCERA PARTE
¿HACIA UN NUEVO CHILE?:
DE LOS AÑOS NOVENTA HASTA HOY
1990: Fuerzas ArmadasAlessandro Guida
1993: Pueblos originariosFernando Pairacan Padilla y Pedro Canales Tapia
1998: MemoriasValerio Giannattasio
2003: Derechos humanosFrancisca Rengifo Streeter
2006: MujeresNancy Nicholls
2019: Del estallido a la revueltaMarcos Fernández Labbé
Bibliografía
Autores
INTRODUCCIÓN
ESTE LIBRO SE PUBLICA a 52 años desde el inicio del gobierno de Salvador Allende y a casi 49 del principio de la dictadura, haciendo referencia a un momento de la historia de Chile en que sus asuntos atrajeron la atención mundial con particular intensidad. Porque el triunfo de la Unidad Popular en 1970 representó un hecho de relevancia histórica, al proponerse como objetivo lograr el socialismo a través de la vía democrática parlamentaria; es decir, recorrer el territorio hasta entonces inexplorado de la creación de un nuevo modelo de Estado, economía y sociedad de manera pacífica, respetando la ley, las instituciones y las libertades políticas. La “vía chilena” se convirtió en una utopía revolucionaria novedosa y atractiva, con caracteres inéditos, que despertó una gran curiosidad, entusiasmo e incluso oposición en todo el mundo. De hecho, como ha propuesto Eric Hobsbawm (El asesinato de Chile), la “tragedia” de Chile residía en el hecho de que su proceso político había adquirido una importancia mundial, pasando a ser un modelo y un caso de estudio.
En cambio, el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 puede ser visto como el punto de partida para un régimen contrarrevolucionario que en nombre de la cruzada contra el comunismo y la defensa de los que sus impulsores consideraban valores patrios, asumió la idea de una liberación y del comienzo de una revolución, como evidenció la apropiación de las fechas 1810-1973. Se trataba de una aspiración refundacional que a través de la imposición de su proyecto socioeconómico, y mediante un plan sistemático de quiebre del marco político, social y económico existente, buscaba simultáneamente establecer sin contrapesos su dominio en el plano ideológico y cultural. Una contrarrevolución en toda regla, sin igual en más de medio siglo de historia nacional, y en muchos aspectos única en el contexto latinoamericano de esos años. De hecho, un giro de 180 grados, cuyos efectos llegan hasta nuestros días.
Al cabo de apenas tres años se verificaron dos de los eventos más disruptivos de la historia de Chile en el siglo XX. Acontecimientos que habrían puesto en distintos planos, una seria hipoteca sobre los cinco decenios sucesivos, “obligando” a sus ciudadanas/os a confrontarse de modo inexorable con aquel pasado —nunca el mismo a causa de la adhesión a uno u otro proyecto— para vivir el presente e imaginar el futuro.
La motivación principal que nos ha impulsado a idear y a realizar este libro ha sido justamente la de ayudar a comprender, con el auxilio de historiadoras e historiadores en su mayor parte nacidos en plena dictadura y en la gran mayoría formados en la academia chilena, algunos momentos claves de los últimos cincuenta años, partiendo de esos paradigmáticos cortes en su historia.
A medio siglo de distancia, y luego de haber superado la primera veintena del nuevo milenio, hay en Chile nudos y cuestiones no resueltos por decenios como la construcción de una sociedad más justa, el acceso universal a la salud, a la educación y a otros servicios esenciales, el reconocimiento de las minorías étnicas y de género, el respeto y la protección del medioambiente. Y el regreso a una democracia verdadera y plena, no la protegida y autoritaria que ha primado hasta ahora.
La visión “positiva” de la transición a la democracia, que se había consolidado en el curso de los últimos años, ha sido favorecida sobre todo por factores de carácter macroeconómico. A largo plazo, los resultados de la que algunos autores —como Manuel Gárate Chateau (La revolución capitalista de Chile)— han definido como “la revolución capitalista”, iniciada por la dictadura a mediados de los años setenta con la “política de shock” y puesta en marcha bajo el impulso de los Chicago Boys, habrían conducido en el transcurso de los noventa a la difusión de la imagen del país como modelo de desarrollo, un ejemplo de la posibilidad de conjugar democracia en el plano político y libre mercado desde el punto de vista económico. Sin embargo, callaba las distorsiones del modelo como las desigualdades económicas y sociales, la concentración de la riqueza y la injusta distribución de los ingresos.
Algunos análisis un poco más atentos, y si queremos desinteresados, han puesto en evidencia las profundas contradicciones de la evolución del proceso político y económico posdictatorial. Una evolución en la que estarían presentes más los elementos de continuidad de los años de la dictadura que aquellos de discontinuidad, al punto de llevar a numerosos estudiosos a hablar del Chile actual en términos como “democracia semisoberana” (Carlos Huneeus) o de permanencia en su modelo de “enclaves autoritarios” (Manuel Antonio Garretón).
Desde 1990 a la fecha, las reformas realizadas por los gobiernos democráticos no han llevado si no a una parcial superación de la “institucionalidad” definida por la Constitución de 1980. Solo con la movilización de 2019, con el llamado “estallido social”, la mayoría de la población ha conquistado el derecho de cerrar las cuentas con esta fundamental herencia de la dictadura. Del mismo modo las modificaciones realizadas en el ámbito económico no pasaron más allá de la aplicación de “correctivos”, orientados a mitigar los costos sociales del sistema neoliberal, el que pocas veces ha sido puesto en duda. Por el contrario, ha representado el pilar en torno al cual ha girado la estrategia de consolidación democrática perseguida por los gobiernos de la “transición”, los que pensaron no solo administrarlo, sino perfeccionarlo. Durante un período prolongado, tres décadas —y casi cuatro si consideramos la puesta en marcha del modelo—, los sectores políticos y económicos hegemónicos privilegiaron la continuidad de la fórmula que en la dictadura había introducido reformas estructurales en muchas áreas, y que se iniciaba simbólicamente con la Constitución de 1980, y con las reestructuraciones en el ámbito de la salud, el trabajo, los sistemas de pensiones y la educación, por indicar sectores muy sensibles, al amparo de un régimen autoritario. En la primera fase de la transición, la sombra de la dictadura fue una presencia recurrente, de manera especial por la función del dictador todavía en el ejercicio de su cargo de comandante en jefe del Ejército. Por otro lado, el pragmatismo y los buenos resultados de los indicadores macroeconómicos hicieron que “los hombres de la transición” privilegiaran la continuidad con parte de la obra de la dictadura. Así, las privatizaciones y la política de concesiones en varios casos se mantuvieron incluso ya en el siglo XXI, cuando se introdujeron reformas políticas significativas, aunque no suficientes como se vería con el paso del tiempo. En los años del primer gobierno de Michelle Bachelet, se hizo evidente que esa continuidad era insostenible. Una señal de la necesidad de cambio fue el que durante su mandato se introdujera una reforma urgente y de alto valor simbólico: el llamado “pilar solidario”, que con todo resultaba insuficiente, pero marcaba un cambio de disposición sobre la acción estatal. Para cuando la derecha volvió al gobierno en 2010, el escenario como veremos era crítico.
No por casualidad el Chile del presente es un país profundamente individualista, desigual, injusto, clasista, como por ejemplo Tomás Moulian puso en evidencia en su célebre obra Chile actual. Anatomía de un mito (1997). La incapacidad y, en la mayoría de los casos, la falta de voluntad de la clase dirigente para cortar los vínculos con la pesada herencia dejada por la dictadura, y con los problemas que con ella se relacionan, están en la base de la profunda desconfianza frente a la política y a las instituciones que involucra en particular a las generaciones más jóvenes.
En los años setenta, luego de la llegada de Allende y la Unidad Popular, Chile comenzó a ser considerado en todo el mundo una especie de laboratorio político de experimentación de vías alternativas e innovadoras de transformación de la sociedad. Las características peculiares que asumió el régimen autoritario de Augusto Pinochet hicieron que la dictadura en cuestión llegara a ser una especie de modelo para los países vecinos, y no solo para ellos. El matrimonio entre el recurso sistemático a la violencia y la aplicación de reformas que habrían transformado la economía del país con un sello ultraliberal —peculiaridad que habría hecho posible un “Estado dual”, en el que coexistirían coerción y libertad económica, como ha puesto en evidencia Carlos Huneeus en El régimen de Pinochet— hizo que una vez más se hablara de Chile como de un laboratorio de experimentación.
Con la convicción de que este “laboratorio” tenga aún “lecciones” que ofrecer, recorreremos los últimos 50 años de historia política y social, desde 1970 hasta las cercanías del presente. Para esto hemos asociado a algunas fechas simbólicas términos o palabras claves en torno a las cuales los autores que han participado en este trabajo han analizado en perspectiva histórica diferentes momentos y problemas fundamentales.
El libro está integrado por tres partes, cada una de las cuales comprende entre uno y seis capítulos. En la primera, titulada “Proyectos revolucionarios en lucha: Los años setenta”, se enfrentan las esperanzas de la Unidad Popular y su objetivo de lograr el socialismo a través de la vía chilena, la que se caracterizaría por la transformación de la vida social y política del país, creando un nuevo modelo de Estado, economía y sociedad de manera pacífica, respetando la ley, las instituciones y las libertades políticas. De este modo, la vía chilena adquirió rasgos de una utopía revolucionaria nueva. En segundo lugar, emerge la contrarrevolución del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, iniciando un régimen de sello contrarrevolucionario, que buscaba restituir una idea de orden y chilenidad. Su lucha contra el marxismo se presentó como protagonista de una acción épica de liberación de la patria que se efectuó con una voluntad refundadora que hizo posible que con la fuerza de las armas y el control del país se cortara violentamente con el desarrollo anterior, y se implantara el modelo autoritario y su economía liberal, el sello de la dictadura de los militares y civiles que los acompañaron en ese proceso. Complemento esencial de este giro es el desarrollo de la revolución capitalista de Chile que fue favorecida por el régimen dictatorial, y pudo desplegarse con gran intensidad y sin contrapesos, en una acción que ha tenido consecuencias muy profundas hasta el presente. En la primera parte también se da espacio al papel que las iglesias, y en particular la Iglesia católica, tuvieron en la defensa de los derechos humanos que desde el momento mismo inicial del golpe fueron violados en forma sistemática, desarrollando una tarea marcada por la urgencia de atender las consecuencias de la implacable violencia contrarrevolucionaria. Esta primera parte se cierra con la Constitución de 1980, que dio comienzo a esa democracia “protegida y autoritaria”, alternativa a la democracia “liberal”, y que con algunas modificaciones realizadas al principio de la transición, sería la Carta Fundamental del país hasta el 2021, momento en que se cierra este libro.
“La refundación de Chile: Los años ochenta”, la segunda parte, se ocupa del exilio, que afectó a miles de chilenas/os después del golpe, y sigue con un capítulo dedicado a la juventud, una de las primeras en ser golpeada por los militares, y una de las que más habría de sufrir su represión. Esta sección se ocupa igualmente de la adaptación y sobrevivencia en el ámbito de la cultura entre contrarrevolución, “apagón” y resistencia, y se cierra con el plebiscito de 1988, cuyo resultado fue algo inesperado para los derrotados líderes de la dictadura, pero atrapó asimismo en un recorrido obligado a las fuerzas de la oposición democrática, condicionando la fase de transición.
La tercera parte del libro, “¿Hacia un nuevo Chile?: De los noventa hasta hoy”, se abre no con el examen de esa democracia “protegida” que habría imperado en los años de transición consensuada, sino con una reconstrucción del papel de las Fuerzas Armadas desde el golpe de Estado de 1973 hasta el traspaso de poder a las fuerzas democráticas en 1990. Prosigue con el relato de las luchas por los derechos de los pueblos originarios en los años de la “eterna transición”, así como el del arresto de Pinochet en Londres y el lento trayecto que habría llevado al país a enfrentarse con el decisivo problema de la memoria, y de igual manera a asumir las violaciones de los derechos humanos en dictadura. La sección finaliza con el análisis del papel y la figura de la mujer en la vida de la sociedad, pasando desde la imagen de madre, esposa y dueña de la casa —en la representación utilizada con fines propagandísticos por el régimen dictatorial de civiles y militares— al de baluarte de las reivindicaciones más recientes relativas a la ampliación de sus garantías y derechos, para terminar el libro con una aproximación crítica del estallido social de octubre de 2019, que hace referencia a muchas de las herencias de la dictadura.
Estamos muy conscientes de que las 15 fechas simbólicas y los términos y realidades asociados son solo algunos fotogramas del casi infinito film con que se podría representar la complejidad y riqueza de la historia reciente de Chile. Muchos otros temas habrían merecido ser afrontados en este libro. Entre estos, por ejemplo, el de la educación, uno de los campos predilectos del régimen de Pinochet para inculcar en la población ciertos conceptos y valores funcionales a la construcción del tipo de sociedad imaginado por su dictadura. No solo eso, con la “revolución capitalista” emprendida a mediados de la década de 1970, el sector en cuestión se redefinió además sobre la base de los principios del neoliberalismo, con efectos de largo plazo, aún ampliamente visibles.
Un discurso similar se puede hacer respecto de la información y los medios de comunicación. La llegada de los militares al poder en Chile también trajo consigo un nuevo fenómeno en el ataque a las libertades básicas y de manera muy notoria a las posibilidades de expresarse, comunicar e informar libremente. La supresión de los medios disidentes, la presencia de la censura y los ataques a periodistas, así como la manipulación de los medios de comunicación de masa, desde la prensa escrita a la televisión, fueron una constante en la dictadura. Tampoco la palabra democracia está presente en este trabajo colectivo, si bien sus huellas están en casi todos los capítulos, ya sea como aspiración o derecho denegado.
Asimismo somos conscientes del hecho de que entre los autores de este libro no hay una presencia paritaria en igual número de hombres y mujeres. Esta última circunstancia no es el resultado de una opción de selección a priori, sino se debe a la imposibilidad de conciliar los tiempos de elaboración de los textos con algunas de las historiadoras contactadas, las que habrían podido enriquecer esta obra.
No obstante todas las limitaciones señaladas, tenemos la presunción de afirmar que los 15 capítulos reunidos en este libro son un válido punto de partida para una más amplia reflexión sobre el aporte que el pasado puede ofrecer para comprender el presente y para indicar posibles vías para recorrer en el futuro.
ALESSANDRO GUIDA,
RAFFAELE NOCERA Y
CLAUDIO ROLLE CRUZ,
COMPILADORES
PRIMERA PARTE
PROYECTOS REVOLUCIONARIOS EN LUCHA:LOS AÑOS SETENTA
1970: UTOPÍA REVOLUCIONARIA
ALFREDO RIQUELME SEGOVIA1
J’aimerai toujours le temps des cerises
Et le souvenir que je garde au cœur.2
JEAN-BAPTISTE CLÉMENT
Comprender la izquierda chilena en el marco de la política mundial contemporánea3 ha sido mi principal objeto de investigación durante largos años, y lo sigue siendo en la actualidad. Desde esta perspectiva, y considerando desde luego su arraigo en la sociedad nacional durante cerca de un siglo en el que ha sido protagonista de su trayectoria, pero también objeto de proscripción e incluso de exterminio, intentaré caracterizar en estas páginas la utopía revolucionaria de la izquierda de Chile que pareció materializarse en la historia nacional en 1970, señalar lo que su catastrófica derrota en 1973 se llevó y explorar lo que ha persistido de ella hasta nuestros días.
LOS LARGOS AÑOS SESENTA
Los largos años sesenta comienzan en la política chilena con las reformas de “saneamiento democrático” de 1958, que convierten al país por primera vez en una democracia electoral real, en la que el universo de votantes coincide en gran medida con el conjunto de la ciudadanía adulta, restableciendo a la vez el pluralismo político, al poner fin a un decenio de proscripción del Partido Comunista y la consiguiente eliminación de más de 26.000 ciudadanos sindicados como militantes o seguidores de este partido en los registros electorales, los que como el resto de la ciudadanía ejercerían desde entonces todos sus derechos civiles y políticos hasta 1973. En este año, la década de los sesenta termina con la destrucción de todo el sistema democrático por la junta militar que, tras derrocar al gobierno de Allende y convertirse en dictadura soberana, ordena la eliminación de los registros electorales y la persecución e incluso el exterminio de los militantes de los partidos de izquierda que resistieron la prohibición de actuar políticamente.
Durante esos largos años sesenta, la izquierda chilena alcanzó su mayor incidencia en la orientación de la trayectoria histórica de Chile a través de su agencia en lo político, lo cultural y lo social, y terminó de configurarse como una comunidad a la que adherían o sentían pertenecer millones de compatriotas, por encima de diferencias y rasgos propios de cada uno de sus partidos u organizaciones. Ese carácter de comunidad extendida y transversal ha sido poco destacada en la historiografía sobre la izquierda. Esta se ha centrado más en marcar las diferencias ideológicas entre sus diversos componentes que en el carácter ampliamente compartido de un imaginario configurado en la interacción con conceptos y representaciones de lo revolucionario difundidas en esa época, los que incluso traspasaban la entonces porosa frontera entre la izquierda y el centro, o la centroizquierda, como lo muestra la atracción hacia aquella y hacia su teleología de carácter utópico que experimentaron entonces la mayoría del Partido Radical y segmentos significativos de la Democracia Cristiana.
La izquierda chilena era más que un grupo de organizaciones que competían con otras y entre sí por el poder político, e incluso más que un conjunto de representantes o conductores de amplios sectores populares y medios. Era una cultura política muy enraizada en la sociedad, unida en torno a un conjunto de convicciones y prácticas duraderas, incluyendo una teleología nacional y universal de carácter utópico, todo lo cual la convertía en una comunidad imaginada como revolucionaria y democrática.4
Desde esa perspectiva, a la izquierda de los largos años sesenta —cuyas organizaciones principales, aunque no únicas, eran los partidos Comunista y Socialista— la visualizo como una comunidad imaginada de personas unidas por la convicción de que era posible crear un orden social en que los seres humanos estuvieran libres de la explotación, la dominación y la violencia que habían acompañado —de diversas formas y con distinta intensidad— a las sociedades históricamente existentes. Los adherentes a esta comunidad se consideraban los herederos de una larga lucha por el progreso social y cultural de los sectores más postergados de la sociedad, considerados esencialmente como trabajadores sometidos a la explotación capitalista, así como por el reconocimiento de sus derechos, la que culminaría en el siglo XX con el encuentro entre historia y utopía a través de la transición del capitalismo al socialismo. Estas personas militaban, simpatizaban o votaban por una u otra de las organizaciones políticas articuladas en torno a este imaginario; participaban mayoritariamente en movimientos sociales en los que impulsaban el alineamiento con estos ideales y objetivos, y se congregaban en entidades o desarrollaban prácticas culturales en los cuales estos ideales y objetivos eran elaborados y representados.
Esa comunidad vivida e imaginada en torno a un mismo horizonte de expectativas utópico incluyó a las a veces llamadas —con harta inexactitud— viejas y nuevas izquierdas, es decir, a la representada por comunistas y socialistas, pertenecientes a organizaciones surgidas en 1912 y 1933 respectivamente, y la encarnada en las organizaciones que emergieron en los largos sesenta, como el MIR, el MAPU y la Izquierda Cristiana;5 pero además de las decenas de miles de militantes que llegaron a afiliarse a esas organizaciones, incluyó a más de un millón de ciudadanos y ciudadanas que votaron por ellas y que en sus familias, establecimientos educacionales, espacios de sociabilidad, organizaciones gremiales y agrupaciones culturales, cultivaron sus convicciones y desplegaron prácticas correspondientes a estas.6
ENTRE LAS REFORMAS Y LA REVOLUCIÓN
Hay que destacar que la izquierda chilena no era una comunidad centrada en sí misma esperando el advenimiento de la utopía, porque en los espacios y en las prácticas sociales y políticas en que participaban, los dirigentes, militantes y ciudadanos de izquierda discutían, cooperaban y a menudo convergían con líderes y seguidores de lo que hoy llamaríamos el centro o la centroizquierda, los radicales de cuño socialdemócrata o los democratacristianos, e incluso coexistían, negociaban y debatían con los representantes y votantes de la derecha. No podía ser de otra manera en una sociedad como la chilena de entonces, en la que un espacio público pluralista acogía todas estas interacciones y un sistema institucional democrático representativo se articulaba con organizaciones y liderazgos políticos sólidos y dotados de fuerte legitimidad, además de tener una sociedad civil estructurada y activa.
Ese fue el marco institucional, político y social en el que entre 1958 y 1970, muchos de los propósitos de la izquierda convergieron con los del centro o centroizquierda, en particular tras la reñida disputa electoral que las enfrentó en 1964 —y a pesar de sus graves secuelas—, para conducir el amplio descontento popular que en 1949 y en 1957 había provocado violentos estallidos sociales duramente reprimidos, hacia reformas políticas y sociales de carácter democratizador.7 A las reformas de “saneamiento democrático” de 1958 que ya mencionamos, se sumaron durante el gobierno democratacristiano de Eduardo Frei Montalva, una reforma agraria que modificaría en profundidad la estructura de la propiedad rural y de las jerarquías sociales en el país. Esta reforma, junto a la sindicalización campesina y la política de promoción popular orientada a los sectores marginales urbanos, convirtió en ciudadanos activos a más de un millón de hombres y mujeres de sectores antes excluidos de la participación política y social.8
La reforma agraria fue posible gracias a una modificación constitucional presentada por el gobierno democratacristiano y apoyada en el Congreso por la izquierda, que estableció en 1967 la subordinación del derecho de propiedad al cumplimiento de su función social. La férrea oposición de la derecha y de los gremios empresariales a esta reforma se asentó en el argumento de que permitiría un asalto generalizado a la propiedad, en la medida en que sentaba las bases para una posible socialización de otros sectores de la economía, en el caso que existiera en el futuro una mayoría parlamentaria dispuesta a legislar en ese sentido. Lo que la derecha percibió como una amenaza, en la izquierda reavivó el debate acerca de la posibilidad de emprender una radical transformación económica y social en el marco de la institucionalidad existente.
Esa posibilidad, a juicio de quienes la impulsaban —como su líder socialista Salvador Allende y el Partido Comunista—, no se basaba por cierto solo en esos cambios institucionales. Se avizoraba también como el resultado previsible y deseable de la gran capacidad que mostraba la izquierda para canalizar las demandas sociales insatisfechas, en un contexto en el cual la expansión de la organización y la politización de las mayorías ciudadanas hacían patente la insatisfacción generalizada por los límites del crecimiento económico y por la continuidad de la concentración de la riqueza, lo que contrastaba con la pobreza de amplios sectores populares cada vez más organizados y conscientes de sus derechos.
Podría pensarse que la trayectoria de Chile durante los largos años sesenta debería haber llevado a la izquierda a perseverar en la adhesión a las prácticas políticas orientadas a producir reformas que con gradualidad habían logrado expandir la ciudadanía, introducir el bienestar social e incluso modificar profundamente el régimen de propiedad y el balance de poder social en el país. Sin embargo, estas prácticas reformadoras estuvieron acompañadas por la hegemonía en la misma izquierda, de discursos articulados en torno a una noción de revolución —entendida como un cambio radical del orden económico y social, orientado a transitar del capitalismo al socialismo— que menospreciaba todo reformismo imaginado como desviación de la teleología utópica. Estos discursos expresaban y daban forma a la vez a una imaginación revolucionaria respecto de la movilización de masas y la agudización de la lucha de clases como medios ineludibles para materializar la transición al socialismo, la que coexistía en permanente y creciente tensión con la política de reformas en que la propia izquierda participaba, y a través de la cual se había aproximado a sus metas.9
LA “VÍA CHILENA AL SOCIALISMO”
En los años sesenta, para quienes formaban parte de la izquierda, la utopía ya no era solo un horizonte, porque sus militantes y adherentes de la época —y no solo los chilenos— estaban convencidos de formar parte de un proceso histórico mundial de transición revolucionaria del capitalismo al socialismo. De modo progresivo, este se abría camino en distintas naciones desde la Revolución de Octubre en Rusia (1917), el desenlace de la Segunda Guerra Mundial en Europa central y en los Balcanes (1945-1948), la Revolución china (1949), la descolonización afroasiática (entre las décadas de 1940 y 1970) y la Revolución cubana (1959). Un proceso revolucionario mundial en el que Chile se insertaría en 1970 con el triunfo electoral de Salvador Allende, que abriría las puertas al despliegue de la “vía chilena al socialismo”.
El primer año del gobierno de Allende fue vivido, y sigue siendo recordado, como el momento del encuentro entre lo imaginado y lo vivido para millones de personas que en Chile y el mundo se identificaban con la izquierda, así como por todos quienes hasta hoy se consideran sus herederos. Las palabras de Régis Debray recordando poco más de 20 años después ese temps des cerises expresan muy bien esa atmósfera: “Quien no ha conocido el verano austral en Chile en ese primer año de la Unidad Popular, no ha conocido la dulzura de vivir”.10 Tras el acuerdo constitucional con el Partido Demócrata Cristiano (PDC) que allanó el camino para la ratificación de Allende en el Congreso Nacional, sumado al desbande de la derecha luego de fracasar los intentos de bloquear el acceso de la izquierda al Poder Ejecutivo que llegaron hasta el asesinato del comandante en jefe del Ejército, general René Schneider, el nuevo gobierno y sus seguidores parecían tener un “ancho camino” para materializar lo que el mensaje presidencial del 21 de mayo de 1971 caracterizaría como “el segundo modelo de transición a la sociedad socialista”: pacífico, democrático y pluralista, en contraste con el modelo armado, dictatorial y uniformador de todos los anteriores procesos exitosos de transición revolucionaria del capitalismo al socialismo en el mundo.11
En esa coyuntura, las convicciones de la izquierda parecían avaladas por la propia trayectoria política de la sociedad chilena y habían llegado a lograr la adhesión de personas de centro que de un modo u otro compartían el proyecto de renovación económica y social de la izquierda, lo que se había expresado en la participación del laico y mesocrático Partido Radical en la formación de la Unidad Popular, la coalición que condujo a Allende a la victoria, junto a la sucesiva incorporación de dos sectores escindidos de la socialcatólica y pluriclasista Democracia Cristiana. El salto del respaldo electoral de la izquierda desde el 36%, obtenido en las elecciones presidenciales de septiembre de 1970, hacia el 50% en las municipales de abril de 1971, indicaba la extensión de la pertenencia a esta comunidad imaginada en su momento de mayor éxito. Cabe destacar que dos años más tarde, a pesar del deterioro económico y la crisis de gobernabilidad, en las elecciones de marzo de 1973, la Unidad Popular obtendría un significativo 43,5% de respaldo electoral. Este no fue suficiente para impedir el golpe militar seis meses después, pero sí se convirtió en la más sólida base para que la izquierda chilena sobreviviera durante los siguientes 17 años a la más dura y larga prueba a la que ha sido sometida en su historia.
LA IMAGINACIÓN REVOLUCIONARIA
La magnitud del respaldo electoral y social alcanzado por la “vía chilena al socialismo” entre 1970 y 1973 solo puede entenderse, a mi juicio, por la convergencia de dos promesas: la de un cambio radical de la estructura económica y de las jerarquías sociales —la “transición al socialismo” concebida en el marco intelectual del marxismo revolucionario—, por una parte, y la de la continuidad del Estado de derecho y de las libertades que este garantizaba —propias del liberalismo político—, por la otra.
Esta convergencia de un giro revolucionario en los ámbitos social y económico, con la adhesión a la institucionalidad democrática pluralista existente, que constituyó la característica distintiva de la experiencia de la Unidad Popular entre las izquierdas del mundo del siglo XX, así como de la proyección global del liderazgo de Allende, fue ampliamente compartida entre la ciudadanía de izquierda, y también fue el elemento clave de su expansión cuantificable en términos electorales.12 Sin embargo, este nuevo modelo de articulación entre democracia y socialismo fue intensamente contestado al interior de los partidos, así como entre los intelectuales de la izquierda, en el marco de un debate internacional acerca de “las vías de la revolución”, que había recibido un poderoso impulso en América Latina después de la Revolución cubana de 1959 y la acogida en varios países del continente a la versión armada y autoritaria de transición al socialismo que representaba.13
Más allá de la influencia del modelo cubano y de la difusión entre ciertos segmentos militantes de la izquierda del continente de la fascinación por la lucha armada y la figura del combatiente que ha sido bien visibilizado por los estudiosos de la izquierda chilena de la época, así como por el eco de sus investigaciones en la esfera mediática, la extendida desafección entre militantes e intelectuales de izquierda a validar teóricamente el “segundo modelo” allendista —incluyendo a los propios comunistas que habían imaginado y construido en Chile esta vía pacífica y democrática— provino de su horror a transgredir el límite imaginario que separaba al marxismo revolucionario de la socialdemocracia.
En Europa Occidental, los partidos socialistas y socialdemócratas se habían convertido tras la Segunda Guerra Mundial en protagonistas de la construcción de un orden político y social opuesto tanto a la reacción como a la revolución entendida como una transición del capitalismo al socialismo mediante el traspaso irreversible del poder de los capitalistas a los trabajadores. En lugar de esa perspectiva, concurrieron al “desarrollo de un modelo de capitalismo de bienestar, muy diferente de la soberanía absoluta del mercado”,14 y muy distinto a las economías centralmente planificadas por las dictaduras revolucionarias o posrevolucionarias del “socialismo real”.15 La participación de los socialistas europeos en la configuración y conducción del llamado Estado de bienestar, junto a socialcristianos y liberales sociales con quienes establecieron complejas relaciones de cooperación y competencia, fue de la mano de una reformulación del socialismo que continuarían proclamando como su razón de ser: dejaron de imaginarlo como una ruptura revolucionaria con el sistema capitalista que requería el desplazamiento irreversible del poder político de los partidos burgueses por los partidos obreros. Así, el socialismo sería redefinido como la extensión de la democracia a los ámbitos económico y social, un proceso a través del que se extienden de modo gradual a esos ámbitos de desigualdad los derechos de la ciudadanía y su soberanía, el dominio de la razón y los imperativos de la justicia. Ya no se trataría de sustituir al mercado por la planificación, sino de domesticarlo, redistribuyendo el crecimiento mediante impuestos progresivos y políticas públicas orientadas a hacer realidad universal los derechos económicos y sociales proclamados en las constituciones de posguerra.16
Aunque los partidos comunistas europeos occidentales rechazaron esa deriva socialdemócrata hacia el reformismo, su crítica se orientaría en específico hacia la renuncia a la meta socialista y revolucionaria, y no a la gradualidad de las transformaciones que desde 1945 habían ampliado los derechos, el bienestar y la influencia política de las clases asalariadas. En los países donde los comunistas gozaban de amplio respaldo electoral e influencia política, como en Francia e Italia, participarían decididamente de esa política de reformas, considerando que además de beneficiar a las mayorías trabajadoras, en las luchas por obtenerlas y defenderlas del permanente intento de la “Reacción” por revertirlas, se templaba su conciencia y organización para algún día emprender la transición del capitalismo al socialismo. Esa visión que articulaba democracia, reformas y socialismo se extendía incluso a los comunistas de otros países de Europa occidental, los que como Portugal, España y Grecia, resistían desde la clandestinidad a dictaduras de derecha que habían cerrado el paso al Estado social y democrático de derecho. Además, ese reformismo revolucionario contaría desde 1956 con cierto consentimiento ideológico del comunismo soviético, al aceptar su XX Congreso la vía pacífica o parlamentaria al socialismo, aunque siempre contenida en los límites de las leyes generales de la transición del capitalismo al socialismo establecidas por la “ciencia de la revolución”.17
Esos límites fueron los que hizo suyos el Partido Comunista de Chile para implementar la “vía chilena al socialismo”, al ajustar el “camino de victoria” nacional y democrático que había configurado al canon del marxismo soviético. Por su parte, el presidente Allende, entrevistado por Régis Debray, aunque sostenía que las obras fundamentales de autores como Marx o Lenin “encierran ideas matrices, pero no pueden ser usadas como el Catecismo romano”,18 ante la afirmación de su interlocutor según la cual “desde mucho tiempo atrás el Partido Socialista chileno nada tiene que ver con la socialdemocracia europea”, respondía: “Evidente. Nada tiene que ver, ni tampoco con algunos partidos que se dicen socialistas en Europa”.19 Con ello, proclamaba una diferencia esencial entre el modelo socialista chileno y el europeo occidental, a pesar de las convergencias evidentes que apreciarían algunos de sus más relevantes representantes de la época como el francés François Mitterrand o el sueco Olof Palme.20
Ese imaginario político impidió a los protagonistas asumir la dimensión reformista de su vía revolucionaria, es decir, la compleja articulación entre política de reformas y construcción socialista en que estaban empeñados. Dio forma, además, a un debate, reiterado una y otra vez por distintos actores de la izquierda entre 1970 y 1973, en la cual el mito de la “irreversibilidad del proceso revolucionario” desempeñó un papel esencial, ajeno a donde se jugaba la legitimidad en la cultura política chilena de la época, en la que conceptos republicanos y liberales como Estado de derecho, ciudadanía, pluralidad y alternancia continuaban siendo centrales.21 Conceptos que eran fundamentales en la concepción allendista de la “vía chilena al socialismo”, así como vitales para su éxito o supervivencia, pero que fueron eclipsados en el imaginario de la izquierda por un paradigma revolucionario con pretensiones de universalidad incapaz de incluirlos teóricamente.
Con todas sus contradicciones, Allende y sus consejeros,22 junto a algunos dirigentes e intelectuales del Partido Comunista,23 fueron los actores políticos determinantes del período que más se aproximaron a pensar en Chile un modelo de socialismo compatible con la democracia pluralista, análogo al que en Europa occidental impulsaban sus partidos comunistas más influyentes y los sectores más radicales del socialismo democrático.
A diferencia de esos países, en Chile ese nuevo modelo de transición al socialismo logró la adhesión ciudadana y articular las alianzas políticas que le hicieron posible acceder al gobierno y procurar materializarlo, convirtiendo a la izquierda chilena entre 1970 y 1973 en objeto de interés a escala global. La atracción mundial que provocó esta experiencia provino de que se trató del intento más innovador —y durante un tiempo exitoso— entre las izquierdas de la época de la Guerra Fría. Innovación que no logro percibir en la entonces y ahora tan sobrevalorada “nueva izquierda”, que a mi juicio, solo planteó nuevas formas de lucha armada o nuevas formas de leninismo, en envoltorios maoístas, trotskistas o guevaristas, que no se hicieron cargo del desafío de hacer compatible una revolución de orientación socialista con la democracia política y con canalizar la conflictividad social y política, sin que descarrilara hacia la violencia, y en este caso a la derrota.
De ese modo, la historia de la izquierda chilena pareció culminar con inmenso éxito durante el primer año del gobierno de la Unidad Popular. Un éxito sin duda vinculado a la capacidad de sus liderazgos, incluso en el marco de una mirada revolucionaria, para alcanzar acuerdos más allá de sus límites, como el que lograron con la Democracia Cristiana, para poder llegar al gobierno a través de la reforma que institucionalizó el consensuado estatuto de garantías constitucionales. O el alcanzado en torno a la nacionalización del cobre, la que contó no solo con el respaldo del centro, sino de la unanimidad del Congreso Nacional, incluyendo a la derecha.
Sin embargo, entre diciembre de 1971 y septiembre de 1973, este enorme éxito se desmoronó hasta precipitar una espantosa derrota, la cual sería seguida de lo que Steve Stern ha llamado con razón un “policidio”,24 el que tuvo a la extensa comunidad imaginada como izquierda y a los hombres y mujeres que eran parte de ella como sus principales blancos.
Todavía hay mucho que indagar acerca de cómo la imaginación y los conceptos revolucionarios y antirrevolucionarios incidieron, junto a las prácticas a las que acompañaron, en la modificación de las subjetividades y legitimidades políticas entre 1970 y 1973. Sin embargo, ya es posible afirmar que la valoración teórica y la difusión del antagonismo tuvo como efecto que una sociedad reticente al uso de la violencia política organizada, incluso entre sus segmentos más ideológicamente radicales, se precipitara en una espiral que culminaría en el consentimiento de una parte no menor de esa sociedad y de sus élites a la brutalidad sistemática y despiadada del terror estatal pinochetista.
METAMORFOSIS Y REGRESOS
La violencia organizada del golpe militar hizo añicos en alrededor de 24 horas la institucionalidad jurídico-política al interior de la cual había podido avanzar la vía chilena al socialismo. En lugar de la imaginaria destrucción del abstracto Estado burgués, que se había transformado en el espejismo de tantos revolucionarios, se perpetraría la muy real destrucción contrarrevolucionaria del histórico Estado democrático. El terror de Estado se desplegó como un proyecto sistemático, orientado a destruir un modo de vida social y política democrática, profundamente arraigado en la historia de las pasadas décadas, para instalar sobre el miedo y la fragmentación un orden autoritario y excluyente.25
El policidio, y la metamorfosis neoliberal26 de la economía y la sociedad que hizo posible, destruyó —esta vez sí de manera irreversible— el entorno histórico en el cual la izquierda de los largos años sesenta pudo existir como comunidad y el marco de derechos y libertades en el que había desplegado su protagonismo. Y con ello su horizonte de expectativas utópico se convirtió en uno de supervivencia. Expulsada del Estado, acosada en la sociedad civil y perseguidos hasta el exterminio sus dirigentes y militantes, la izquierda sobreviviría en la clandestinidad y en el exilio. Mientras que sus convicciones y rituales proscritos del espacio público se refugiarían en espacios familiares y microsociales, así como en prácticas culturales y de defensa de los derechos humanos asociados a instituciones de carácter religioso, la militancia clandestina se caracterizaba por una dimensión épica de combate antifascista correspondiente a las condiciones extremas que enfrentaba.
Tanto en el exilio como en Chile, esa comunidad en diáspora y agonía se incorporó al debate en las izquierdas del mundo acerca de los motivos de su catastrófica derrota, junto con recibir de ellas la solidaridad moral y material sin la cual sus organizaciones no podrían haber sobrevivido. En torno a aquel debate y a esta solidaridad se establecerían los nexos más estrechos que actores políticos chilenos hayan tenido con líderes y militantes, intelectuales y simpatizantes de los principales partidos de las izquierdas del mundo de los años setenta: comunistas seguidores del modelo soviético y revolucionarios tercermundistas, europeos y americanos; también eurocomunistas que profundizaban su compromiso con la democracia pluralista, así como con socialistas europeos adherentes al antes rechazado modelo socialdemócrata y reformistas latinoamericanos que lo hacían suyo.27
Durante la segunda mitad de los años setenta, la afirmación de la universalidad de los derechos humanos convergería globalmente con la crítica del socialismo occidental y del eurocomunismo hacia los sistemas del “socialismo real” y en particular a la Unión Soviética. Esto se daba en un contexto ideológico europeo marcado por la consolidación de un paradigma antitotalitario, transversal a corrientes liberales, conservadoras, socialcristianas, socialistas e incluso comunistas. Desde él se interpretarían como expresiones de un mismo fenómeno —el totalitarismo— acontecimientos históricamente diferentes, aunque asociados a la acción de partidos comunistas en el poder, como la represión de los disidentes en la URSS y Europa del Este, las intervenciones militares cubanas en África, el genocidio perpetrado por el Khmer Rouge en Camboya, la invasión soviética de Afganistán, el despliegue de misiles de alcance intermedio en los países del Pacto de Varsovia y la masificación de la disidencia organizada en Polonia.28
En ese contexto ideológico, en 1979 se dividió el Partido Socialista de Chile, permaneciendo uno de sus secretarios generales en Berlín este y trasladándose el otro a París, lo que a su vez provocó el fin de la Unidad Popular como coalición política, iniciándose un camino en que un sector de la izquierda chilena transitaría —a través de una más o menos breve estación “eurocomunista” o de “socialismo revolucionario democrático”— durante la década siguiente hacia un socialismo adaptado al capitalismo global y alineado con el bloque occidental en la Guerra Fría, inspirado en las experiencias de Bettino Craxi en Italia, François Mitterrand en Francia y Felipe González en España.29 La crítica al modelo soviético sería central y cada vez más acentuada en esa trayectoria hacia el socialismo democrático e incluso liberal de la llamada izquierda renovada chilena, la que se consumaría coetáneamente con la crisis y el derrumbe de los socialismos reales en Europa del Este en 1989 y de la propia Unión Soviética en 1991. En cambio, el giro estratégico hacia “todas la formas de lucha” del comunismo chileno en 1980 coincidió con la continuidad de su alineamiento ideológico con los llamados “socialismos reales”, la que también persistiría en una de las dos fracciones en que se había quebrado el PS, hasta que la coincidencia entre la caída del Muro de Berlín y la transición democrática desencadenó en 1989 su reunificación en torno al socialismo democrático.30
Al comienzo de los noventa, el fin de la proscripción de los partidos de izquierda —en el marco de una transición a la democracia en la que una parte de ellos se había incorporado al gobierno como socio de la Democracia Cristiana— no restablecería la comunidad imaginada previa a 1973. Durante los 17 años de dictadura no solo se había difuminado su unidad política, sino el mismo horizonte utópico de la historia que lo había animado parecía haberse desvanecido: la transición al socialismo había sido desplazada como eje articulador entre presente y futuro por la transición a la democracia. La articulación entre sociedad civil y partidos, reconstruida durante las amplias y persistentes movilizaciones antidictatoriales de los ochenta, no tuvo continuidad durante los noventa en la forma “clásica”de los “largos años sesenta”en Chile, ni en la propia de las más exitosas experiencias socialdemócratas en el mundo.
El nuevo sector hegemónico de la izquierda —asociado a los partidos Socialista y Por la Democracia— hizo del progreso democrático y social “en la medida de lo posible”, impulsado gradualmente desde los gobiernos de la Concertación y negociado con la derecha parlamentaria y los gremios empresariales, su realista y menguado horizonte de expectativas. El sector minoritario, extraconcertacionista y hasta 2010 extraparlamentario, articulado en torno al Partido Comunista y algunas nuevas formaciones, convirtió la memoria de las luchas contra la dictadura y la preservación de la identidad histórica de la izquierda en un legado orientado a la “ruptura democrática” con la persistencia de las instituciones originadas en la dictadura y a la construcción de una alternativaantineoliberal.
La convergencia política de ambas izquierdas y del centro en la nueva mayoría gobernante entre 2014 y 2018 no significó la recomposición de la clásica comunidad imaginada ni de un horizonte utópico postcapitalista que aparecía como anacrónico. Por otra parte, desde mediados de la década del 2000 y con mucha más nitidez desde la extendida movilización estudiantil y ciudadana de 2011, nuevas identidades de izquierda —que han oscilado entre posmarxismo, interseccionalidad y populismo— han convergido con la articulada en torno al comunismo, al tiempo que le intentan disputar su hegemonía en el ámbito antineoliberal, al que se han sumado liderazgos y seguidores de la antigua Concertación tras el inédito y prolongado “estallido social” iniciado en octubre de 2019 y el consiguiente proceso constituyente refrendado por la ciudadanía en el plebiscito de octubre de 2020 y en pleno desarrollo.
En este marco, la imaginación revolucionaria ha vuelto a cautivar a algunos intelectuales y actores políticos de izquierda, reemergiendo —ahora en un horizonte más distópico que utópico— la valoración del antagonismo y su agudización como motores del cambio social. Esto, asociado al espejismo de conseguir una metamorfosis radical mediante una especie de “revuelta” permanente, difícilmente se articula con las prácticas democráticas en las que la propia izquierda converge, orientadas a la construcción efectiva de una nueva institucionalidad política y un nuevo modelo de desarrollo a través de la deliberación pluralista y el logro de amplios acuerdos.
1973: CONTRARREVOLUCIÓN
MARCELO CASALS ARAYA
Hay una imagen, obra del destacado fotógrafo Marcelo Montecino, que siempre me ha impresionado. Es del 11 de septiembre de 1973 en alguna calle de Santiago, en lo que parece ser el segundo piso de una casa comercial, Casa Flaminia, dedicada a “plisados, bordados, calados”. Allí se ven tres hombres adultos, talvez comerciantes. Los dos más viejos miran hacia la calle con actitud alegre y complacida, mientras otro más joven —¿quizá un empleado del local?— sostiene, junto a un cigarrillo entre los dedos, un equipo de radio portátil donde supongo se escuchan los “bandos” de voz marcial. En el mismo balcón se despliega verticalmente una bandera chilena pequeña, al menos comparada con la que se observa en otro balcón en el fondo. Por supuesto, esa bandera al viento no nos debería sorprender, sabida la costumbre de exhibirlas durante septiembre, el mes de las festividades patrias. En ese encuadre, sin embargo, su presencia celebratoria asume otros tonos. Ese día, el segundo intento militar del año por derrocar al gobierno de la Unidad Popular había tenido éxito, y quienes habían deseado su fin por cualquier medio disponible podían mirar los eventos en las calles con la misma tranquila satisfacción de los comerciantes de Casa Flaminia.
De allí mi fascinación con esta imagen. La fotografía de Montecino tiene el mérito de captar un momento efímero, no siempre reconocido en aquel día pródigo en escenas icónicas. Nos muestra una realidad ineludible del golpe militar que destruyó la democracia chilena en 1973 y que dice relación también con aquel agitado período de nuestra historia reciente en el que nos debatimos entre la revolución por el socialismo y el militarismo contrarrevolucionario. La conspiración militar que se hizo del poder e instauraría a partir de ese momento una férrea dictadura contó con la aprobación y la mirada aliviada de un número significativo, aunque difícil de calcular, de ciudadanos chilenos. Inconscientes, expectantes o deseosos del despliegue de violencia militar que se vivía y se anunciaba por esa radio portátil, el golpe militar fue asimismo un golpe social. Su sello sería la contrarrevolución de masas desarrollada bajo la Unidad Popular e institucionalizada ese día con el apoyo de todos aquellos que, como probablemente los comerciantes de Casa Flaminia, vieron en la revolución una amenaza vital a sus existencias. La brutalidad de la violencia militar en ese sentido no se explica enteramente sin la existencia de un proceso contrarrevolucionario previo y posterior al golpe de 1973, y la participación activa o pasiva de quienes iban mucho más allá de los estrechos círculos de las dirigencias partidarias conservadoras o los dueños del gran capital. La reacción visceral, coordinada a una revolución real e imaginada, pasó ese día de ser un movimiento de masas a un proyecto de violenta refundación del Estado y la sociedad. Es por ende un rasgo central de la historia reciente chilena.
Fig. 1. Marcelo Montecino, 1973. Fotografía reproducida con permiso del autor.
TRAYECTORIAS CONTRARREVOLUCIONARIAS
Empecemos por definir qué es una contrarrevolución. A contrapelo de concepciones comunes sobre el término, un movimiento contrarrevolucionario no es estático ni solo reaccionario. Muchos de quienes así se definen pueden adherir a ese tipo de bloques sociales, pero la dinámica que imprime su rápido y fervoroso desarrollo los ha obligado en muchas ocasiones a innovar de modo radical en sus expectativas y prácticas políticas. En ese sentido, la contrarrevolución no ha sido solo la negación de la revolución, su doble opuesto, que ante los llamados al arrojo y a la acción transformadora de sus enemigos buscan fijar la realidad y retrotraerla al momento de “normalidad” previo. Nada de eso. En la Francia revolucionaria, en la Revolución rusa, o en todas aquellas experiencias en la que los movimientos y proyectos revolucionarios enfrentaron un movimiento opositor de envergadura, lo que prima es una dinámica de radicalización que transforma profunda y duraderamente las subjetividades de quienes deciden movilizarse contra lo que entienden es un peligro vital a sus existencias y roles sociales. Nada sigue igual después de algo así. Esas vivencias dejan una huella profunda en la memoria, y que como tal se constituye en un relato disponible para aunar fuerzas en el futuro. La contrarrevolución, entonces, significa también cambio, movimiento e innovación. Que la dirección de esas intenciones sea opuesta a la de su némesis revolucionaria no quita que llegado el momento, asuma no pocas de sus estrategias y repertorios de acción, y que de la misma manera mire hacia el futuro y hacia un orden inoculado del peligro revolucionario. Además, puede haber en ese sentido una suerte de utopía contrarrevolucionaria.31
Si en el Chile de la Unidad Popular podemos decir que hubo un movimiento contrarrevolucionario es porque dicho gobierno fue experimentado por adherentes y detractores como un quiebre revolucionario de la existencia. Por supuesto, fue una revolución peculiar: esa experiencia se inscribió en el horizonte socialista del siglo XX, abierto por la experiencia soviética, y que sirvió de inspiración más o menos directa en diversas latitudes como consecuencia del reordenamiento del tablero internacional a raíz de la Segunda Guerra Mundial y el proceso de descolonización. El objetivo explícito era la superación irreversible del capitalismo y su reemplazo por el socialismo a través de la socialización de la propiedad, y con ello, una reestructuración radical del equilibrio de las fuerzas sociales. La propia izquierda chilena se había forjado durante buena parte del siglo XX a partir de esos referentes globales, moldeando a la luz de esas experiencias sus prácticas, identidades, símbolos y organizaciones. Por otro lado, la Unidad Popular no fue una mera réplica de experiencias revolucionarias lejanas. Al mismo tiempo que la izquierda chilena se formó con los destellos de otras revoluciones, interpretó esos referentes de acuerdo con sus propias condiciones particulares. La inclinación de las primeras formaciones políticas obreras y artesanales a finales del siglo XIX hacia la inclusión institucional, y la relativa flexibilidad que el sistema político chileno mostró en esa línea desde los años 1930 en adelante, hizo que la izquierda marxista sin renunciar al horizonte revolucionario, se insertara dentro de la institucionalidad estatal, promoviendo políticas sociales expansivas y empujando hacia una progresiva democratización del sistema político. Todo ello hizo que la “vía chilena al socialismo” de Salvador Allende fuera tan socialista como institucionalista, y tan rupturista como legal. Fue, en ese sentido, un intento original y particular de transformación radical, desligada de estrategias insurreccionales y de afanes dictatoriales.32
Para quienes se opusieron desde la primera hora al gobierno de la Unidad Popular, ese carácter institucionalista y democrático no podía ser más que una engañosa estrategia para disfrazar sus verdaderas intenciones destructivas. Cada uno de los partidos y regímenes que se inclinaban hacia el mundo socialista, desde esa perspectiva, estaba condenado a repetir los desvaríos totalitarios del estalinismo soviético y, en general, la tarea de destrucción de la civilización, la nación, la familia, la religión y la moral que se le adjudicaba. Todo ello tenía también una historia. Así como la izquierda marxista chilena se moldeó a la luz de referentes revolucionarios de escala global, los grupos conservadores, liberales, católicos, nacionalistas y reformistas vieron en ella un peligro vital a sus existencias y, peor aún, una posibilidad cierta de replicarse en territorio nacional. La aversión al socialismo —y, en particular, al comunismo— fue clave en la conformación de identidades políticas relevantes e influyentes en el plano local. Para conservadores y liberales —la derecha política entre 1930 y 1960—, el imaginario anticomunista fue el principal lente a través del cual leyeron la realidad global y local, codificada como un conflicto binario entre el bien y el mal en el que Chile estaba inevitablemente envuelto. La presencia de una izquierda marxista local con arraigo social, una poderosa influencia cultural y un considerable peso electoral confirmaban sus temores.33
Sin embargo, los avatares del conflicto político chileno en el siglo XX y su apertura a corrientes ideológicas globales no explican por sí mismo la emergencia de un movimiento de masas contrarrevolucionario durante la Unidad Popular. Las trayectorias históricas de las fuerzas políticas en pugna son importantes para entender sus lenguajes, inclinaciones y esquemas mentales, sin duda, pero dada la rápida sucesión de acontecimientos y la espiral de polarización en constante aceleración parece haber algo más, algo propiamente coyuntural y contingente en la contrarrevolución chilena. Es a esa dinámica a la que tenemos que prestar atención, ya que allí, al fragor de la lucha social contra la izquierda en el poder, se creó un bloque masivo y heterogéneo que proyectaría su existencia y relevancia hacia la dictadura militar, y se identificaría con el nuevo orden autoritario en tanto concreción de sus anhelos y ansiedades de orden, tranquilidad y jerarquías sociales definidas.
LA CONTRARREVOLUCIÓN EN LAS CALLES
Al menos en comparación con lo que sucedería poco tiempo después, el escenario político estaba relativamente calmo al momento de la asunción al poder de Salvador Allende y la Unidad Popular en noviembre de 1970. Las elecciones habían sido limpias y masivas, y más allá de intentos de grupos ultraderechistas por desestabilizar el orden institucional, el Congreso Nacional había respetado la tradición republicana de ratificar al primer lugar en caso de que ningún candidato alcanzara la mayoría absoluta. Visto en retrospectiva, era una calma institucional hasta cierto punto aparente. Por debajo bullían procesos locales y globales que se habían expresado en los años sesenta, y que tenían que ver con el progresivo protagonismo de la juventud, la politización de franjas populares cada vez más numerosas y la polarización política a escala continental en la estela de la Revolución cubana. El inicio de la “vía chilena al socialismo” abriría la puerta para que un torrente cada vez más poderoso de energía social se expresara en nombre tanto de demandas de participación, reconocimiento e igualdad como en una defensa cada vez más frenética de lo establecido.
Una vez instalado el gobierno e iniciado su programa de nacionalizaciones, de fomento a la producción industrial y de políticas salariales favorables a los trabajadores, las cosas parecieron ir mejor de lo esperado. No solo los índices económicos eran favorables, sino que también la fuerza política de la Unidad Popular parecía crecer a paso acelerado, como lo demostraron las elecciones municipales de abril de 1971 en las que el bloque oficialista bordeó el 50% de las preferencias.34 Por entonces, quienes protagonizarían meses después las primeras manifestaciones de masas contra la Unidad Popular estaban aún con el ánimo calmo. Las organizaciones empresariales aguardaban expectantes los acontecimientos, sin atreverse aún a lanzar una oposición frontal. Los gremios de clase media como los comerciantes, los empleados, los transportistas o los profesionales, por su parte, se encontraban medianamente a gusto, gracias a que el propio Allende tuvo cuidado en atender sus demandas y reconocerles su lugar en la sociedad. En no pocos casos, esos esfuerzos generaron respuestas positivas ante los planes transformadores del gobierno. El Colegio de Ingenieros, por ejemplo, apoyó la nacionalización del cobre decretada por Allende, describiendo la situación anterior de la gran minería como de “imperialismo tecnológico”, concepto particularmente afín a la retórica gubernamental.35
En el terreno político-partidario, la Democracia Cristiana ejercía hasta ahí una oposición moderada, y aún conservaba entre sus filas a un ala izquierdista influyente. La derecha política, por su parte, estaba relativamente aislada y sus ataques al gobierno en el Congreso y la prensa no surtían el efecto esperado. Por fuera del Partido Nacional —principal referente de la derecha—, pero ligada por todo tipo de vínculos personales, se organizaban grupos de ultraderecha como Patria y Libertad, quienes se plantearon combatir por todos los medios a la izquierda en el poder. Sin embargo, las condiciones aún no lo hacían posible.36
La situación cambiaría en la segunda mitad de 1971. Por entonces, empezaron a evidenciarse las primeras señales de desabastecimiento como producto del fuerte incremento del poder de compra de los sectores populares y el agotamiento de la “capacidad ociosa” de la industria. Las acusaciones de la prensa de izquierda y de algunas autoridades de gobierno a los comerciantes por acaparar productos generaron las primeras tensiones con ese gremio. Todo ello se agravaría meses más tarde con la creación de las Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP), órganos populares apoyados por el gobierno para fiscalizar la distribución y venta al detalle de productos de primera necesidad.37
