Derecho Constitucional chileno E-Book

José Luis Cea Egaña

• Herausgeber: Ediciones UC
• Kategorie: Fachliteratur
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 1698

Veröffentlichungsjahr: 2022

Beschreibung

Este primer volumen del Curso de Derecho Constitucional Chileno del profesor José Luis Cea Egaña, contiene un completo análisis de la trayectoria constitucional de nuestra República desde 1925 a la fecha y las características y todas las reformas de las cartas fundamentales de aquel año y de 1980, además de la explicación del sentido y alcance de los capítulos I y II de la Constitución actualmente vigente y su legislación complementaria. En esta nueva edición han sido incorporadas las más recientes modificaciones al Derecho Positivo y las diversas interpretaciones que de ellas se han hecho, en particular por el Tribunal Constitucional. Además, el autor analiza la actual discusión sobre el proceso constituyente y entrega valiosos elementos de juicio que habilitan al lector para adoptar una posición reflexiva en este asunto. Esta obra ha sido pensada con el fin de que sea útil a profesores y alumnos en el proceso docente y también para que sirva a los órganos del Estado, los abogados y la ciudadanía en general interesada en el sistema político que nos rige. La inclusión de gráficos y cuadros estadísticos que ilustran sobre los rasgos principales de los procesos electorales, la abundante jurisprudencia y referencias doctrinarias y la transcripción de la historia fidedigna de los procesos constitucionales, además de un completo índice onomástico y de conceptos, consolidan a esta obra como un referente indispensable del derecho.

Leseprobe

EDICIONES UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Vicerrectoría de Comunicaciones y Extensión Cultural

Av. Libertador Bernardo O’Higgins 390, Santiago, Chile

[email protected]

www.ediciones.uc.cl

DERECHO CONSTITUCIONAL CHILENO, Tomo I

Trayectoria constitucional de La República

Bases de la Institucionalidad, Nacionalidad y Ciudadanía

El camino a la Nueva Constitución

CUARTA EDICIÓN ACTUALIZADA, AMPLIADA Y REVISADA

José Luis Cea Egaña

© Inscripción N° 2022-A-5459

Derechos reservados

Julio 2022

ISBN 978-956-14-2985-7

ISBN digital 978-956-14-2986-4

Diseño: versión productora gráfica SpA

Diagramación digital: ebooks Patagonia

www.ebookspatagonia.com

[email protected]

CIP – Pontificia Universidad Católica de Chile

Cea Egaña, José Luis, autor.

Derecho constitucional chileno: trayectoria constitucional de la república: bases de la institucionalidad, nacionalidad y ciudadanía: el camino a la Nueva Constitución / José Luis Cea Egaña. – Cuarta edición, revisada, actualizada y ampliada.

Incluye bibliografía.

1. Derecho constitucional – Chile.

2. Chile. Constitución (1925).

3. Chile. Constitución (1980).

4. t.

2022 342.83 + DDC23 RDA

SUMARIO

Primera ParteUN SIGLO DE TRAYECTORIA CONSTITUCIONAL

Capítulo I Sociedad y Constitución de 1925

Capítulo II Fisonomía de la Constitución de 1925

Capítulo III Reformas constitucionales 1943-1973

Capítulo IV Desconstitucionalización y reconstitucionalización

Segunda ParteLA CONSTITUCIÓN VIGENTE

Capítulo I Génesis

Capítulo II Características

Capítulo III Reformas

Capítulo IV Modificaciones pendientes

Capítulo V Visión prospectiva

Capítulo VI Contexto histórico y futuro

Tercera ParteFUENTES E INTERPRETACIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL

Capítulo I Fuentes

Capítulo II Hermenéutica constitucional

Cuarta ParteBASES DE LA INSTITUCIONALIDAD

Capítulo I Fundamento y finalidades del sistema institucional

Capítulo II Persona, familia, sociedad y Estado

Capítulo III Emblemas nacionales

Capítulo IV Forma de Estado

Capítulo V Tipo de Gobierno

Capítulo VI La soberanía

Capítulo VII Estado de Derecho

Capítulo VIII Probidad y transparencia

Capítulo IX Terrorismo

Capítulo X Pluralismo limitado

Quinta ParteNACIONALIDAD, CIUDADANÍA Y SISTEMA ELECTORAL

Generalidades

Capítulo I Nacionalidad

Capítulo II Ciudadanía

Sexta ParteEL CAMINO A LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Capítulo I Recuento histórico

Capítulo II Chile cambió ¿para la nueva Constitución? ¿o por la pandemia?

Capítulo III La senda escabrosa

Capítulo IV Magnitud de los hechos

Capítulo V ¿Hechos inesperados?

Capítulo VI Acuerdo por la paz social y una nueva Constitución

Capítulo VII Quincuagésima reforma

Capítulo VIII Rechazo con reforma

Capítulo IX Preguntas capitales

Capítulo X ¿Una nueva oportunidad?

Capítulo XI Un plebiscito (referendo) memorable

Capítulo XII Auto acordado de la Corte Suprema

Capítulo XIII Reglamento de la Convención

Capítulo XIV Futuro de la República

Capítulo XV ¿Hacia qué avanzamos o retrocedemos?

Capítulo XVI Desconstitucionalización del Estado de Derecho

Capítulo XVII Nuevas interrogantes sobre el reglamento de la Convención

Capítulo XVIII Elección e investidura de constituyentes

Capítulo XIX Primeros pasos de la Convención

Capítulo XX ¿Jugando con fuego?

Epílogo ¿De esperanza o de enigma?

Post Scriptum

ESTADÍSTICAS ELECTORALES

ÍNDICE DE GRÁFICOS Y TABLAS

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

ÍNDICE GENERAL

Objetivos y estructura

Prefacio a la segunda edición

Prólogo a la tercera edición

Presentación de la cuarta edición

Seis meses después

Primera ParteUN SIGLO DE TRAYECTORIA CONSTITUCIONAL

Capítulo I: Sociedad y Constitución de 1925

1. Régimen político

2. Régimen económico

3. Balance crítico

4. Régimen social

5. Actitud de las Fuerzas Armadas

6. Crisis de 1924-1925

7. Restauración institucional

8. Esfuerzos por vivir la Constitución

9. Segunda anarquía

10. Restauración institucional

11. Arraigamiento de la Constitución

12. Estado de Compromiso

13. Promesas y frustraciones

14. Visión de conjunto

15. Cambios estructurales

16. Revolución en libertad

17. Mil días de la Unidad Popular

18. Panorama del período 1964-1973

19. Derrumbe de la democracia y gobierno militar

20. Reconciliación pendiente

21. Antes del fin

22. Continuidad y cambio en nuestra democracia constitucional

Capítulo II: Fisonomía de la Constitución de 1925

23. Génesis

24. Aprobación

25. ¿Reforma o nueva Constitución?

26. Normas orgánicas relevantes

27. Disposiciones incumplidas

28. Síntesis de la parte dogmática

29. Otras innovaciones

Capítulo III: Reformas Constitucionales 1943-1973

30. Características generales

31. Las reformas en particular

32. Proyectos que no fueron reformas

Capítulo IV: Desconstitucionalización y reconstitucionalización

33. Gobierno de facto

34. Etapa fundacional

35. Etapa de consolidación

36. Etapa de las Actas Constitucionales

37. Aprobación y vigencia de la nueva Constitución

Segunda ParteLA CONSTITUCIÓN VIGENTE

Capítulo I: Génesis

38. Antecedentes

39. Comisión de Estudio

40. Declaración de principios del Gobierno de Chile

41. Postulados fundamentales

42. Etapas del proceso

43. Aprobación, promulgación y vigencia

Capítulo II: Características

Sección Primera. Rasgos formales

44. Justificación del análisis

45. Constitución nueva

46. Texto extenso

47. Lenguaje claro

48. Estructura clásica

49. Naturaleza dual

50. Rigidez

51. Consecuencias

Sección Segunda. Características sustantivas

I. Parte dogmática

52. Definición axiológica

53. Nuevos derechos

54. Preeminencia de la dignidad

55. Catálogo completo

56. Primacía de los derechos individuales

57. Derechos económico-sociales

58. Derechos de la tercera generación

59. Estado de equidad

60. Perfeccionamiento

61. Acciones y recursos

62. Jurisprudencia criticable

63. Superintendencia correccional

64. Fortalecimiento del control de supremacía

65. Recurso de protección

66. Jurisdicción preventiva y represiva

67. Más jurisprudencia objetable

68. Derecho constitucional supranacional

69. Estados de excepción constitucional

70. Experiencia y trascendencia

II. Parte orgánica

71. Constitución fundacional

72. Sistema político

73. Desequilibrio de potestades

74. Definición de la ley

75. Estratificación de las leyes

76. Órganos eliminados

77. Instauración de órganos

78. Instituciones que cambian

79. Nombramientos

80. Corrección de defectos

81. Relaciones internacionales

82. Estatuto parlamentario

83. Conflicto de intereses

84. Probidad pública

85. Ligámenes con la Corte Suprema

86. Instituciones armadas

Capítulo III: Reformas

87. Encuadramiento histórico

88. Primera reforma

89. Segunda reforma

90. Tercera reforma

91. Cuarta reforma

92. Quinta reforma

93. Sexta reforma

94. Séptima reforma

95. Octava reforma

96. Novena reforma

97. Décima reforma

98. Undécima reforma

99. Duodécima reforma

100. Decimotercera reforma

101. Decimocuarta reforma

102. Decimoquinta reforma

103. Decimosexta reforma

104. Decimoséptima reforma

105. Decimoctava reforma

106. Panorama de la enmienda de 2005

107. Cambios sustanciales

108. Modificaciones específicas

109. El cambio más importante

110. Decimonovena reforma

111. Vigésima reforma

112. Vigesimoprimera reforma

113. Vigesimosegunda reforma

114. Vigesimotercera reforma

115. Vigesimocuarta reforma

116. Vigesimoquinta reforma

117. Vigesimosexta reforma

118. Vigesimoséptima reforma

119. Vigesimoctava reforma

120. Vigesimonovena reforma

121. Trigésima reforma

122. Trigésima primera reforma

123. Trigésima segunda reforma

124. Trigésima tercera reforma

125. Trigésima cuarta reforma

126. Trigésima quinta reforma

127. Trigésima sexta reforma

128. Trigésima séptima reforma

129. Trigésima octava reforma

130. Trigésima novena reforma

131. Cuadragésima reforma

132. Cuadragésima primera reforma

133. Cuadragésima segunda reforma

134. Cuadragésima tercera reforma

135. Cuadragésima cuarta reforma

136. Cuadragésima quinta reforma

137. Cuadragésima sexta reforma

138. Cuadragésima séptima reforma

139. Cuadragésima octava reforma

140. Cuadragésima novena reforma

141. Quincuagésima reforma

142. Quincuagésima primera reforma

143. Quincuagésima segunda reforma

144. Quincuagésima tercera reforma

145. Quincuagésima cuarta reforma

146. Quincuagésima quinta reforma

147. Quincuagésima sexta reforma

148. Quincuagésima séptima reforma

149. Quincuagésima octava reforma

150. Quincuagésima novena reforma

150 bis. Sexagésima reforma

150 ter. Sexagésima primera reforma

151. Evaluación

Capítulo IV: Modificaciones pendientes

152. Generalidades

153. Enunciado

154. Apreciación

Capítulo V: Visión prospectiva

155. Naturaleza de la Constitución

156. Corrección sin destrucción

157. Avance hacia el consenso

158. Fiscalización parlamentaria

159. Proyectos desestimados

160. Iniciativas apaciguadas

161. Sistema electoral

162. Regionalización

163. Estado regional

164. Regionalización integral

165. Carácter instrumental del proceso

166. Democracia directa

167. Control y corrupción

Capítulo VI: Contexto histórico y futuro

168. ¿Una nueva Constitución o reforma constitucional?

169. ¿Un balance positivo?

170. Cuestiones pendientes

171. Dos perspectivas

172. Requisitos de legitimidad

173. El tiempo y la Constitución

174. Pensando en las generaciones futuras

Tercera ParteFUENTES E INTERPRETACIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL

Capítulo I: Fuentes

175. Conceptos

176. Clasificaciones

177. Crítica

178. Referencia a las fuentes directas

179. Ideas sobre las fuentes indirectas

Capítulo II: Hermenéutica constitucional

180. Características

181. Cláusulas principales

182. Concreciones

Cuarta ParteBASES DE LA INSTITUCIONALIDAD

Capítulo I: Fundamento y finalidades del sistema institucional

183. Consideraciones generales

184. Justificación

185. Referencia a la institucionalidad

186. Incógnitas o misterios

187. Jurisprudencia

188. Estructura y método de análisis

Capítulo II: Persona, familia, sociedad y Estado

189. Texto

190. Contexto y valores

Sección Primera. La persona

191. Igualdad esencial

192. Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la vida

Sección Segunda. La familia

193. Concepto

194. Reforma sobre filiación

195. Nueva Ley de Matrimonio Civil y divorcio

196. Acuerdo de Unión Civil

197. Tribunales de Familia

198. Jurisprudencia

Sección Tercera. Sociedad y grupos intermedios

199. Conceptos

200. Sociedad Civil y solidaridad

201. Autonomía

202. Jurisprudencia

203. Democracia y grupos intermedios

204. Dos significados del Estado Social de Derecho

Sección Cuarta. Bien Común

205. Concepto y alcances

206. Finalidad del Estado

207. Compromiso compartido

208. Roles de la Sociedad Civil

Sección Quinta. Deberes del Estado

209. Enunciado

210. Seguridad nacional

211. Función de inteligencia y Estado de Derecho

212. Sistema de inteligencia del Estado

213. Esbozo de evaluación

214. Protección de la población y la familia

215. Fortalecimiento de la institución familiar

216. Igualdad de oportunidades

217. Jurisprudencia

218. Integración armónica de la Nación

219. Jurisprudencia

Capítulo III: Emblemas nacionales

220. Texto

221. Anales oficiales

222. Importancia y resguardo de los símbolos patrios

223. Fijación de características

224. ¿Es la Constitución un símbolo? ¿Es una institución?

225. Izamiento del pabellón nacional

Capítulo IV: Forma de Estado

226. Texto

227. Historia fidedigna

228. Reforma de 2005

229. Concepto de Estado regional

230. Descentralización y desconcentración

231. Jurisprudencia

232. Reforma de 2005

233. El proceso en Chile

234. Contexto

Capítulo V: Tipo de gobierno

235. Texto

236. Historia fidedigna

237. La democracia como tipo de gobierno

238. Jurisprudencia

239. Forma y vida democrática

240. Una agenda abierta

Capítulo VI: La soberanía

241. Texto

242. Consideraciones generales

Sección Primera. Concepto de poder soberano

243. Historia fidedigna

244. Definición y clasificación

Sección Segunda. Titular

245. Anales oficiales

246. ¿Quién es el soberano?

Sección Tercera. Ejercicio de la soberanía

247. Historia fidedigna

Sección Cuarta. Límites de la soberanía

249. Historia fidedigna

250. ¿Cuál es el límite?

251. Sujetos obligados

252. Los tratados como fuente

253. Precisiones conceptuales

254. Vigencia del tratado

255. Jerarquía de los tratados

256. Relación ley-tratado

257. Tratados internacionales y derecho constitucional

258. ¿Por qué ciertos tratados tienen jerarquía constitucional?

259. ¿Por qué es un problema la jerarquía en los tratados?

260. Jurisprudencia

261. ¿Nuevos o viejos derroteros?

262. Jurisprudencia Interamericana

263. Irradiación en la jurisprudencia chilena

264. Selección de sentencias recientes

Capítulo VII: Estado de Derecho

265. Conceptos fundamentales

266. Historia fidedigna

267. Bases constitucionales

268. Unidad con idea cardinal

Sección Primera. Principio de primacía constitucional

269. Texto constitucional

270. Historia fidedigna

271. Organismos estatales

272. Bloque de constitucionalidad

273. Supremacía y fuerza normativa directa

274. Consecuencias

275. Jurisprudencia

Sección Segunda. Principio de juridicidad o legalidad

276. Texto constitucional

277. Historia fidedigna

278. Requisitos de validez

279. Carácter aditivo y taxativo

280. Principio de separación de órganos y funciones

281. Derogación ¿y nulidad de la ley?

Sección Tercera. Principio de responsabilidad

282. Efectos de la omisión de requisitos

283. Nulidad e inexistencia

284. Características de la nulidad

285. Objeciones a la doctrina clásica

286. Jurisprudencia

287. Avance del consenso

288. Una distinción necesaria

289. Pronunciamientos recientes

Capítulo VIII. Probidad y transparencia

290. Nueva base institucional

291. Historia fidedigna

292. Sentido y alcance

293. Análisis de la disposición constitucional

294. Ley sobre acceso a la información pública

295. Regulación del lobby

296. Jurisprudencia

297. Importancia

298. Probidad de la función pública

Capítulo IX: Terrorismo

Sección Primera. Antecedentes

299. Texto constitucional

300. Historia fidedigna

301. Presencia contemporánea

Sección Segunda. Definiciones y características

302. Concepto doctrinario y legal

303. Aplicabilidad de la legislación antiterrorista

304. Nueva legislación sobre terrorismo

305. Desistimiento y cooperación eficaz

306. Amplitud del ilícito

307. Naturaleza

308. Determinación de las conductas terroristas y su penalidad

309. Inhabilidades

310. Jurisprudencia

Sección Tercera. Amnistía e indulto

311. Concepto

312. Procedencia de beneficios penales

313. Polémica que continúa

314. Amnistía e indulto en el Código Penal

315. Jurisprudencia

316. Pronunciamientos recientes

317. Arrepentimiento eficaz

318. Jurisprudencia

Capítulo X: Pluralismo limitado

319. Consideraciones históricas

320. Jurisprudencia

321. Ley complementaria

322. Incidencia en normativa vigente

323. Valor del pluralismo

324. Proyecto sobre negacionismo

Quinta ParteNACIONALIDAD, CIUDADANÍA Y SISTEMA ELECTORAL

Generalidades

Capítulo I. Nacionalidad

325. Definición

326. Características

Sección Primera. Fuentes

327. Concepto y clasificaciones

328. Texto constitucional

329. Características de las fuentes

330. Derecho constitucional internacional

331. Ius solis

332. Excepciones al principio

333. Derecho de opción

334. Significado de la voz gobierno

335. Requisitos de la opción

336. Ius sanguinis

337. Requisitos

338. Avecindamiento en Chile

339. Requisitos del plazo

340. Una diferencia con el ius solis

341. Carta de nacionalización

342. Legislación complementaria

343. Requisitos

344. Opción a cargos de elección popular

345. Nacionalización por gracia

346. Competencia regulatoria del legislador

Sección Segunda. Pérdida de la nacionalidad

347. Disposiciones aplicables

348. Generalidades

349. Renuncia voluntaria

350. Prestación de servicios a enemigos de Chile

351. Historia fidedigna

352. Sentencia judicial

353. Cancelación de la carta de nacionalización

354. Revocación de la nacionalización por honor

Sección Tercera. Recurso de reclamación

355. Texto

356. Características de la acción

357. Naturaleza de la acción o recurso

358. Jurisprudencia

Sección Cuarta. Rehabilitación y prueba de la nacionalidad

359. La norma y sus supuestos

360. Diferencia justificada

361. Prueba

Capítulo II. Ciudadanía

Sección Primera. Generalidades

362. Definición y características

363. Antecedentes

364. El ciudadano hoy

365. Requisitos para ser ciudadano

366. Derechos que otorga la ciudadanía

367. Historia fidedigna

368. Sufragio de ciudadanos en el extranjero

369. Sufragio de extranjeros

370. Jurisprudencia

371. Ciudadanía, participación y compromiso

372. Características del sufragio

373. Inscripción automática

374. Algunas incoherencias

375. Limitaciones de la convocatoria

376. Jurisprudencia

377. Suspensión del derecho de sufragio

378. Sufragio de uniformados

379. Pérdida de la ciudadanía

380. Rehabilitación de la ciudadanía

381. Rehabilitación y extinción de responsabilidad penal

382. Jurisprudencia

Sección Segunda. Sistema electoral

383. Norma básica y unidad del sistema

384. Generalidades

385. Leyes del sistema

386. Independientes y uniformados

387. Jurisprudencia

388. Inscripción electoral

389. Historia fidedigna

Sección Tercera. El Servicio Electoral

390. Naturaleza y funciones

Sección Cuarta. Votaciones y escrutinios

391. Comicios populares

392. Elecciones primarias

393. Voto asistido

Sección Quinta. Transparencia, límite y control del gasto electoral

394. Objetivos de la ley

395. Financiamiento

396. Transparencia y control

397. Reforma para el fortalecimiento de la democracia

Sección Sexta. Nuevo sistema electoral

398. Legislación aplicable

399. Síntesis doctrinaria

400. Reemplazo del régimen binominal

401. Número de parlamentarios, distritos y circunscripciones

402. Factor determinante de los distritos y circunscripciones

403. Régimen de cuotas

404. Modificación a la ley orgánica de partidos políticos

405. Elecciones primarias

Sección Séptima. Justicia electoral

406. Tribunal Calificador de Elecciones

407. Funciones y atribuciones

408. Composición

409. Procedimiento y proclamación

410. Tribunales Electorales Regionales

411. Financiamiento de los tribunales electorales

412. Jurisprudencia

413. Fallos recientes

Sección Octava. Reformas al sistema político y sus fundamentos

414. Panorama general

415. Modernización del sistema electoral

416. Manifestaciones de preocupación ciudadana

417. Cuatro innovaciones adecuadas

418. Impulsos reformadores detenidos

419. Ética y política

420. Un esfuerzo promisorio

Sexta ParteEL CAMINO A UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

Capítulo I: Recuento histórico

421. ¿Dónde íbamos y a dónde vamos?

422. ¿Neoliberalismo o política social de mercado?

423. ¿Nos fuimos quedando en silencio?

424. Incidencia del problema constitucional

Capítulo II: Chile cambió ¿para la nueva Constitución? ¿O por la pandemia?

425. ¿Dormíamos o vislumbrábamos lo que venía?

426. Un acontecimiento sin especificaciones

427. El acuerdo nacional ¿pactado o impuesto?

428. Impacto de una epidemia

Capítulo III: La senda escabrosa

429. Reconocimiento

430. Una tesis inalterada

431. Irrupción del populismo

432. Defensa de la vida desplaza a la política

Capítulo IV: Magnitud de los hechos

433. Causas y objetivos

434. Antecedentes

435. Raíces profundas

436. Dimensiones del fenómeno

437. Tópicos sociales

438. Motivos de mediano plazo

439. Detonantes

Capítulo V: ¿Hechos inesperados?

440. Vamos por mal camino

441. ¿Hubo estallido?

442. ¿Paz a cambio de qué?

Capítulo VI: Acuerdo por la paz social y una nueva Constitución

443. ¿Inducción o convergencia deliberada?

444. Comisión técnica

Capítulo VII: Quincuagésima reforma

445. ¿Avance hacia la reconstitucionalización?

446. Una disposición fenecida

447. Integración de la convención

448. Dudas, aclaraciones y precisiones

Capítulo VIII: Rechazo con reforma

449. ¿Un esfuerzo fracasado?

450. Naturaleza y características

451. Ensayo de evaluación

452. ¿Desigualdad de las opciones?

Capítulo IX: Preguntas capitales

453. Silencios atronadores

Capítulo X: ¿Una nueva oportunidad?

454. ¿Camino brumoso?

455. Vaticinios

Capítulo XI: Un plebiscito (referendo) memorable

456. Recuerdo de otra jornada inolvidable

457. Una agenda mínima

Capítulo XII: Auto acordado de la Corte Suprema

458. Objeto

459. Tramitación

460. Plazos

Capítulo XIII: Reglamento de la convención

461. Enunciado del tema

462. ¿Bloqueos y desbloqueos?

463. Problemas adicionales

464. Otras materias

Capítulo XIV: Futuro de la República

465. Cada día puede ser peor

466. Rechazo a las instituciones sin cimientos

Capítulo XV: ¿Hacia qué avanzamos o retrocedemos?

467. Otra vez en crisis

Capítulo XVI: Desconstitucionalización del Estado de Derecho

468. Una anotación grave

469. Más leña a la hoguera

470. ¿Frenesí legislativo?

471. La cuerda se cortó antes

472. Desconstitucionalización del Estado y del Derecho

473. El problema actual en Chile

474. Otras patologías

475. No es revolución ni tampoco sosiego

476. Rol del liderazgo

477. Esfuerzos de la Sociedad Civil

Capítulo XVII: Nuevas interrogantes sobre el reglamento de la convención

478. Naturaleza jurídica

479. Funcionamiento

Capítulo XVIII: Elección e investidura de constituyentes

480. Una elección excepcional

481. Desenlace preocupante

482. Tanteos ilegítimos

483. Lecciones

484. Agenda

Capítulo XIX: Primeros pasos de la convención

485. Instalación

486. Caminando por terreno resbaloso

Capítulo XX: ¿Jugando con fuego?

487. Superposición de crisis

488. ¿Responsabilidad de la Constitución o de quienes la rechazan?

EPÍLOGO: ¿DE ESPERANZA O DE ENIGMA?

POST SCRIPTUM

ESTADÍSTICAS ELECTORALES

PARTE A: CUERPO ELECTORAL

PARTE B: RESULTADOS DE ELECCIONES Y PLEBISCITOS

PARTE C: APORTES Y GASTOS ELECTORALES

ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

OBJETIVOS Y ESTRUCTURA

Este libro ha sido escrito pensando en lo que requiere el alumno en la disciplina. En consecuencia, se trata de que el estudiante sea capaz, al finalizar su estudio, de comprender, analizar, sintetizar y, especialmente, de evaluar con espíritu crítico, siempre singularizado por el propósito constructivo, la Constitución chilena y su legislación complementaria, abarcando los anales oficiales, la jurisprudencia y doctrina atinentes.

El parámetro adoptado para la consecución de tal objetivo no puede, en nuestra firme convicción, sino ser solo uno y que se enuncia enseguida: el conjugado o armónico acervo resultante de fundir o integrar la tradición republicana de Chile con los principios y técnicas perdurables del constitucionalismo, entendido como una cosmovisión humanista y que, consecuente con este rasgo, organiza, regula y controla el poder en función de la promoción y protección de la dignidad y de los derechos inalienables de la persona. Situado el trabajo académico en tal perspectiva, entonces se entiende que el estudio y realización del derecho constitucional es un esfuerzo cultural, que implica tanto analizar las normas en relación con los valores que legitiman la convivencia como comprometerse con su materialización.

La obra ha sido dividida en cuatro tomos.

El Tomo I está dedicado a exponer un esquema histórico y constitucional de índole general. Además, he incluido el estudio de las fuentes y la hermenéutica de nuestro derecho constitucional, después de lo cual se efectúa el examen de los primeros dos capítulos del articulado de la Carta Fundamental de 1980, su normativa anexa, la jurisprudencia y doctrina pertinentes.

El Tomo II ha sido dedicado a los derechos, los deberes y las acciones o recursos de rango constitucional. Trátase, en otras palabras, de cubrir el capítulo III de la Carta Fundamental, en el cual y por las razones ya expuestas, se halla el ethos o espíritu, y el thelos o finalidad del constitucionalismo. Por estimarlo ligado a la temática anterior, también he incluido en este tomo solo una sinopsis de los estados de excepción constitucional1.

Comprobará aquí el lector la insistencia con que reclamo la articulación y vigencia de las acciones y recursos para proteger el ejercicio legítimo de los derechos humanos, permitiendo que las proclamaciones de esos atributos adquieran realidad. De lo contrario, ellas pierden eficacia y, en la misma medida, erosionan la confianza pública en el bloque constitucional.

Llégase así al Tomo III, en el cual abordo el Gobierno en su triple dimensión, es decir, política, ejecutiva y administrativa. Alterando, esta vez, el método sencillo y usual de seguir en la exposición el articulado de la Constitución, he incorporado a este tomo el estudio del gobierno y administración interior del Estado, excluyendo el municipio y el ordenamiento comunal. Mi preocupación estuvo concentrada en abordar los temas desde la perspectiva de la gobernabilidad democrática de la sociedad pluralista y, además, de propugnar la descentralización del Poder. En ligamen con este último tópico, planteo el imperativo de avanzar en la proyección internacional de las regiones, dentro de los límites que se establezcan en la Carta Fundamental y las leyes.

Ciérrase el curso con el Torno IV. En él se explica lo concerniente al Congreso Nacional, Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Contraloría General de la República, las Fuerzas Armadas y la Fuerza Pública, el Consejo de Seguridad Nacional y el Banco Central. Allí se encontrará, como un epílogo, que tal vez tendría que haber ido al comienzo por la arraigada tendencia a modificar el Código Político, que singulariza a Chile y a América Latina, el capítulo XIV destinado a la reforma de la Carta Fundamental.

He examinado, junto con el articulado permanente, las disposiciones constitucionales transitorias aún vigentes.

Entrego esta versión del curso con abundantes referencias jurisprudenciales y bibliográficas, insertadas al final de cada capítulo. La cita de fuentes en el texto me ha llevado a dejar testimonio de ellas al pie de la página correspondiente. Ocasionalmente, el lector encontrará alusiones al derecho comparado, pero el esfuerzo mayor se ha realizado para insertar extractos completos de la historia fidedigna de la Constitución y sus enmiendas. La obra, en fin, se halla íntegramente actualizada a la fecha de esta presentación.

Recomiendo prestar atención a los gráficos que dimensionan los fenómenos constitucionales considerados en ellos. Análogamente útil es consultar los índices analíticos para considerar cada uno de los temas considerados en su contexto.

Expreso mi gratitud a Gabriela Echeverría y al Departamento Editorial de la Pontificia Universidad Católica de Chile por su inestimable ayuda para culminar mi labor. Semejante reconocimiento extiendo a mi ayudante de investigación, Rodrigo Díaz de Valdés Balbontín.

José Luis Cea Egaña

Santiago, 21 de diciembre de 2001

PREFACIO A LA SEGUNDA EDICIÓN

Agotada la primera edición varios años atrás, la ayuda de un colaborador eficiente y abnegado, Cristián Román Cordero, me ha permitido preparar esta nueva versión, actualizada y ampliada.

Decidí mantener la estructura, argumentos y opiniones de la obra apa­recida en 2002, porque creo que la visión retrospectiva y la proyección futura de los acontecimientos permiten sostener que su evaluación no ha sido afectada.

La consolidación del régimen democrático restaurado en marzo de 1990 merece ser realzada. Sin embargo, subsisten hechos, ya muy prolongados, que dificultan la reconciliación nacional y, con ello, la integración de esfuer­zos en la concreción del bien común de nuestra patria. Precisamente, una de las innovaciones de la edición que presento se halla en la descripción y análisis crítico de tales procesos, llevándonos hasta el tiempo actual.

Cabe destacar, por último, el progreso demostrado por nuestras autorida­des y la ciudadanía en la vivencia de la Carta Fundamental, prueba de lo cual es una innovación y aplicación creciente de los valores, principios y disposiciones articulados en su texto o que fluyen del contexto de ella y del bloque de constitucionalidad. Entiendo ese fenómeno como denotativo de arraigo del Código Político en la cultura chilena, consolidado después de las veinte reformas que le han sido introducidas y, debe ser también enfatizado, adaptado a los cambios sociales por la Justicia Constitucional.

En el presente volumen se ha incorporado numerosa jurisprudencia, las fuentes doctrinarias aparecen igualmente enriquecidas, la cuantificación de datos queda también al día y las referencias al derecho comparado aparecen con mayor frecuencia.

Renuevo mi reconocimiento al Departamento Editorial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, por su diligente colaboración para difundir esta edición renovada. Expreso mi gratitud a quienes, leyéndola, constatarán las virtudes de nuestra democracia constitucional y las falencias de la cual ella aún padece, esforzándonos unidos por superarlas.

José Luis Cea Egaña

Santiago, 1 de septiembre de 2008

PRÓLOGO A LA TERCERA EDICIÓN

Grandes y numerosos cambios han tenido la Constitución de Chile en los últimos siete años. En esta nueva edición del Tomo I de mi libro Derecho Constitucional Chileno incluyo, en la medida de lo posible, una síntesis de todas esas modificaciones hechas hasta la fecha de este prólogo.

Los objetivos y desarrollo de la obra son los de la primera edición, inalterados en la segunda de ellas. He introducido, sin embargo, bibliografía nacional, jurisprudencia complementaria, cuadros estadísticos actualizados y, especialmente, planteamientos de nuevos problemas y la respuesta del autor a ellos.

Pensé, durante meses, postergar la publicación del texto que presento, atendido el proceso político, socioeconómico y constitucional que comenzó en 2013, y el cual adquirió, en el primer semestre de 2014, la atención preferente de la ciudadanía, de los partidos y de las autoridades políticas. Francamente, nunca había vivido tal experiencia, centrada en la disyuntiva de reemplazar el Código Político mediante una asamblea constituyente, o bien reformarlo profundamente, pero con sujeción al procedimiento hoy articulado en la Carta Fundamental en vigor.

El proceso comentado no tiene a la fecha un derrotero definido, pues son enunciados generales y parciales los relativos a la Constitución nueva, como también los pertinentes al método o procedimiento a seguir para implantarla o efectuar las enmiendas que la dejen en parte subsistente. ¿Cómo explicar, razonablemente, tan trascendental falta de puntualizaciones, cuya gravitación en el destino del país nadie puede, conscientemente, ignorar o minusvalorar?

A lo largo de las páginas de esta nueva edición, en secciones específicamente dedicadas a recoger y analizar las transformaciones, fragmentarias aún, van apareciendo declaraciones de las principales autoridades involucradas, frente a las cuales dejo constancia de mi punto de vista en cada uno de los tópicos respectivos. Apoyado en la literatura citada al pie de página en cada uno de ellos, manifiesto mi crítica o coincidencia con las innovaciones proyectadas.

Por ahora, adelanto mi tesis en punto a que la idea de una asamblea constituyente, facultada para sustituir la Carta Política, con las treinta y cuatro modificaciones que le han sido incorporadas desde 1989, no es el camino que deber ser seguido para fortalecer nuestro constitucionalismo, tanto en el régimen democrático cuanto para infundir mayor legitimidad al sistema de derechos, deberes y garantías que se contempla en ella. Por el contrario, trátase de un empeño ideológico, orientado a sustituir la relación del Estado con la Sociedad Civil. Chile no vive, afortunadamente, una situación revolucionaria, ni siquiera prerrevolucionaria, como para emprender aquel empeño. Uno y otro de tales fenómenos son típicos de encrucijadas críticas en el funcionamiento habitual de las instituciones de un país. Pues bien, ninguno de los indicadores objetivos de demandas ciudadanas, como nivel de cesantía, de inversión y consenso, de crecimiento económico, de movilidad social, combate a la pobreza y marginalidad, entre otros, autoriza para sostener que nos hallamos en cualquiera de las hipótesis mencionadas. Antes bien, seguimos gozando del prestigio por la transición exitosa de la dictadura a la recuperación democrática, así como de respeto por el modelo de desarrollo humano, no solo socioeconómico, que se ha ido estructurando para doblegar el neoliberalismo y consolidar una política social de mercado. A mayor abundamiento, el Estado de Derecho funciona con rasgos impecables.

¿Cómo se explica persuasivamente, entonces, la derrota electoral de la centroderecha en lo últimos comicios municipales, parlamentarios y presidenciales de 2012 y 2013? ¿Tiene la centroizquierda argumentos suficientes para mostrar el imperativo de cambiar, radicalmente, el modelo de desarrollo? ¿O han sido los errores reiterados de la primera de esas coaliciones los que permiten comprender dónde estamos y para dónde vamos? O, por último, ¿ha quedado de relieve la habilidad de la segunda de esas coaliciones, aliada con las redes sociales en la denominada democracia directa o de las calles, la que, con oposición implacable, desacreditó al gobierno de centroderecha y lo aplastó en las elecciones antes señaladas?

Son, por supuesto, preguntas cuya respuesta suscita disidencias. Probablemente, sin embargo, el criterio más acertado para responderlas sea la combinación de las circunstancias que incluye cada una de las hipótesis propuestas. Sin perjuicio de realzar esa advertencia, agregamos que, desde el ángulo constitucional e institucional –que es el central aquí– pensamos que cualquiera sea la contestación a ellas atravesamos tiempos de enigmas, incógnitas o misterios, pues poco se avanza en disipar el secreto, la ambigüedad o el silencio relativo a los cambios anunciados manifestando, una y otra vez, que serán hechos de modo participativo, institucional y democrático. Efectivamente, tales características son insuficientes para definir el fondo y el método que será aplicado con el propósito de implementar el reemplazo del Código Político, sin caer en el secretismo que pugna con la transparencia; en el quiebre del régimen vigente, el cual resulta inconciliable con el respeto al procedimiento hoy previsto en la Constitución para su reforma; y en la promoción de medidas e innovaciones impuestas por fuerzas rupturistas, resueltas a hacer valer sus designios aunque sea violando las reglas básicas de la democracia pluralista y de nuestra tradición republicana, tan difícilmente reconquistada.

Es en el contexto descrito que el autor se halló al preparar la tercera edición de este libro. A pesar de tan graves inconvenientes, resolví enfrentarlos asumiendo que, más temprano que tarde, terminará imponiéndose la impronta de nuestra tradición democrática constitucional. Nos pronunciamos decididamente por entrar en un proceso de enmiendas a la Carta Suprema, marcado por la buena voluntad de acordar todas las modificaciones que la vuelvan consonante con los signos de los tiempos. Así lo habíamos anunciado en las dos ediciones anteriores de esta obra y ahora lo reiteramos. Pero discrepamos de impulsar la idea de la asamblea constituyente, fracasada al tenor de los anales bicentenarios de nuestra República y de experiencias comparadas atendibles.

Las constituciones, en definitiva, siempre cambian, pero en ambientes de continuidad o de ruptura institucional. Aquellos son los que vivimos y, en ellos, es la reforma y no la sustitución del Código Político la clave del contenido y la forma a seguir para prosperar en nuestra democracia, sin afán de refundar cuanto se ha avanzado, sobreponiéndose a dictaduras, gobiernos de facto y otras dificultades, padecidas por tantas generaciones de chilenos que tienen, a pesar de ello, fe en el humanismo y en el valor de la democracia vivida, y no solo proclamada.

José Luis Cea Egaña

Santiago, 15 de mayo de 2015

PRESENTACIÓN DE LA CUARTA EDICIÓN

Reconozco que he dudado de asumir la preparación de esta cuarta edición del primer tomo de mi libro Derecho Constitucional Chileno. Los hechos ocurridos el 18 de octubre de 2019, el Acuerdo Nacional por la Paz Social y la Nueva Constitución del 15 de noviembre del mismo año, la persistencia y agudización del odio, el resentimiento y la violencia sufridos desde entonces son acontecimientos graves y de magnitud sin precedentes en nuestra República. Ellos inducen a esperar el decantamiento de lo que sucede para, después, emprender un trabajo que exige reflexión y lucidez, investigación, acción y redacción esmerada con el propósito de que resulte clara su comprensión.

Pese a todo y más de lo dicho, decidí realizar la misión de elaborar esta nueva edición, ampliada y actualizada, con relación a la que se halla agotada y que apareció seis años atrás. Lo hice así por diversas razones. Resumiré algunas de ellas.

Desde luego, cumpliendo una obligación de conciencia en punto a fortalecer la confianza en el constitucionalismo, que singulariza a nuestra más que bicentenaria experiencia democrática; lo hice también pensando en la juventud, de docentes y estudiantes, asediados por mantras que inducen a desviarse de los valores y principios singularizantes del Estado de Derecho, humanísticamente concebido; además, la falta de libros en el tema, cuya explicación prefiero no aventurar, impulsó el empeño por entregar esta renovada fuente de estudio que ha ganado un apoyo del cual estoy muy agradecido; en fin, nunca he creído que la metáfora de la hoja en blanco pasara más allá de ser una idea equivocada, pues nuestra trayectoria democrática y constitucional, junto con ser honrosa es, sin duda, el resultado de un proceso acumulativo de vivencias, señeras algunas y equivocadas las demás, pero que justifican rescatar las primeras y demostrar los errores de las últimas.

Espero haber ejecutado tan relevante desafío con el mayor tesón, sacrificio y afán de servicio al bien común. Aguardo con entusiasmo la reacción de los destinatarios de esta obra, cualquiera que sea aquella. Agradezco desde ya que así sea.

He agregado la sexta parte y final al texto de la edición de 2015. Trátase de El camino a una nueva Constitución. Cerré los antecedentes el 15 de agosto de 2021, fecha seis semanas después de la sesión inaugural de la Convención Constitucional, elegida el 15 y 16 de mayo del mismo año.

El lector podrá apreciar que me preocupa el momento constitucional para el desarrollo, con respeto y voluntad de diálogo, del entendimiento y de la disposición a forjar consensos, y que no diviso que ese sea hoy el ánimo dominante entre los convencionales constituyentes. Solo así se podría, sin embargo, alcanzar dos tercios para la aprobación de normas y del texto final.

Ha sido perseverante la actitud demoledora de las instituciones y, por ende, de la Carta Fundamental que nos rige aún, con desenlace que califico de inquietante. Pero aguardo con esperanza la aparición de líderes, hoy ni siquiera divisables, que orienten y consoliden en la Convención las cualidades recién mencionadas. Ellos son de la esencia de un poder constituyente instituido que anhela culminar su obra, en un año más, con el estatuto de los derechos humanos y sus deberes correlativos. Aguardo que tales acuerdos se funden en la dignidad de las personas; que regulen al poder para que quede siempre ceñido al principio de servir a la ciudadanía, respetando los límites trazados en la Carta Suprema; que se progrese sin caer en las orientaciones de los tiempos marcados por el populismo, las audacias antisistémicas y la ruina de los partidos; y la posibilidad de que surjan tendencias que provean de mayor legitimidad a la política. Esta aún conserva, pese a las desviaciones, los rasgos de una actividad indispensable para la convivencia noble y elevada. La gobernanza de la comunidad cívica, en paz, libertad y solidaridad, conquistando día a día mayores niveles de igualdad, ha de ser el propósito de los constituyentes.

Extiendo mi aprecio a la dirección editorial de la Pontificia Universidad Católica de Chile por haber cooperado a la publicación de esta cuarta edición. Especialmente expreso gratitud a María Angélica Zegers por su generosa y constante labor en tan complejo proceso. Dedico igualmente mi testimonio de aprecio a todos quienes han cooperado en esta larga tarea ya cumplida. De ellos, es necesario nombrar al decano de la Facultad de Derecho, Gabriel Bocksang Hola; a mi ayudante de investigación Nicolás Martínez Serrano y a todos quienes, por ejemplo, en el Servicio Electoral, permitieron entregar una edición actualizada de la información resumida de este libro.

Las elecciones primarias, celebradas el 18 de julio del presente año, son, en mi visión, una prueba de lo centrado que es el temperamento político y socioeconómico de la ciudadanía en Chile; abandonando los extremos, nos aproximamos a un ámbito de entendimiento que fortalece la esperanza en lugar del escepticismo.

José Luis Cea Egaña

Santiago, 15 de agosto de 2021

SEIS MESES DESPUÉS

La benevolencia de la Dirección Editorial ha permitido que introduzca en esta cuarta edición los últimos acontecimientos relativos al camino que seguimos hacia la nueva Constitución.

Diez meses han transcurrido desde el inicio de la labor de la Convención Constitucional, tiempo suficiente para evaluarla y proyectar su futuro. La Convención misma ha puntualizado que se halla concluida la primera etapa, emprendida el 4 de julio de 2021 con su instalación, seguida de la elección de la presidenta, el vicepresidente y siete vicepresidencias adjuntas.

¿Ha sido difícil el trabajo efectuado? ¿Complejo más de lo esperado por la heterogeneidad de los 155 convencionales elegidos en mayo de aquel año? ¿O bien, facilitado por la mayoría abrumadora que ostentan los convencionales de izquierda, centro izquierda y extrema izquierda, al punto que la centroderecha no alcanza a un tercio de aquellos miembros y, más aún, ni siquiera al quórum de un cuarto de ellos requerido con el fin de entablar recursos de procedimiento ante el tribunal previsto para controlar a tal poder constituyente derivado?

No existe aún historia fidedigna definida de las deliberaciones y acuerdos de la Convención, omisión que adquiere especial relevancia tratándose de los reglamentos y de las normas de ellos que son errores o excesos de inconstitucionalidad manifiestos. Realmente, la ciudadanía está sumida en un ambiente de ignorancia de lo que acontece hacia el interior de la Convención, teniendo que ser realzada la esperanza que sentimos de un proceso transparente y no, como en las constituciones anteriores, casi por entero opaco o a puertas cerradas. La mesa directiva saliente y la nueva han reconocido tal circunstancia y prometido corregirla.

Todo está por verse en punto al desempeño de los dos meses restantes del plazo fijado a la Convención para debatir, acordar y redactar el proyecto que proponga la aprobación o rechazo de la ciudadanía el 4 de julio de 2022. Difícilmente podrá satisfacer tan compleja misión, más todavía si a fines de junio tiene que pronunciarse la Comisión de Armonización acerca de tal iniciativa completa. Es cierto ya, también, que no haya prórroga de aquel plazo y son numerosos los enigmas que recaen en el trabajo aludido para que finalice con un texto breve, claro y carente de lagunas. ¿Habrá nueva Constitución? ¿Será breve, nítida y sin vacíos? Y, si no es así, ¿recuperará vigencia real la Carta Fundamental actual? ¿Es cierto que, pese a los desmentidos, hubo proyectos de nueva Ley Suprema que se mantuvieron en secreto? ¿Qué ocurrirá en el orden público del país el día después y los posteriores a tal eventual desenlace? ¿Cuán exitoso puede ser reconstitucionalizar una cultura arrasada por la desconstitucionalización de facto?

En los capítulos finales de la última parte de este libro pormenorizo las ideas que aquí dejo enunciadas. Desde ya, sin embargo, declaro mi esperanza de que el proceso constituyente derivado culmine exitosamente, aunque no falten razones para ser escéptico. ¿Por qué sigo anhelando dicho desenlace? Respondo aludiendo al olvido en que han ido sumiéndose las afirmaciones destempladas, v. gr., refundación de Chile, cambiándole desde los emblemas nacionales; supresión de la república para entronizar un Estado plurinacional y multiétnico; implantación del semipresidencialismo olvidando que el bicameralismo es de la esencia del presidencialismo moderado; eliminación del Tribunal Constitucional para reincidir en el fracaso del control de supremacía que había con anterioridad a su creación y a la enmienda de 2005; politización del Banco Central imponiéndole la pérdida de su autonomía para cubrir objetivos ajenos a sus roles específicos, etc. Al catálogo anterior cabe añadir otras razones, pero me limitaré a realzar la voluntad de mesura y diálogo del Presidente Boric, señal de responsabilidad en ejercicio del mando de un país que enfrentará los tiempos más difíciles de su historia contemporánea.

José Luis Cea Egaña

Santiago, 22 de junio de 2022

CAPÍTULO I

SOCIEDAD Y CONSTITUCIÓN DE 1925

Toda Carta Fundamental representa el momento epigonal de un proceso, a veces pacífico y otros violentos. La nueva Constitución marca, entonces, una etapa de cierre y otra de comienzo de años de trayectoria política y social, económica y cultural de una comunidad soberana.

Pues bien, cuando la trayectoria institucional es ya prolongada y exhibe períodos de éxito, entonces la introducción de cambios exige visión, ponderación y talento; de lo contrario, se fracasará en el esfuerzo. En tales circunstancias, además, las reformas deben ser menos frecuentes y resultantes de la experiencia o del progreso, porque el Código Político está más arraigado en la cultura de la ciudadanía y de los gobiernos.

Aplíquese lo escrito a Chile y se coincidirá en que no es posible entender ni evaluar la Constitución de 1980 sin comprender la de 1925 ni, retrocediendo más todavía, careciendo de una idea clara del período transcurrido desde 1891 a 1924.

Esa es la tarea de este capítulo. Para realizarla parece adecuado periodizar, aunque sean debatibles los hitos escogidos, y distinguir los aspectos fundamentales que aparecen en los números siguientes2. Así se ha hecho mediante un esquema y no más que esto.

El concepto esencial que interesa realzar estriba, sin embargo, en que el constitucionalismo es un proceso acumulativo de esfuerzos y experiencias sobre el gobierno, en su origen y ejercicio, realizado con sujeción al Derecho y respetando, aún en circunstancias extraordinarias, la democracia, la dignidad de la persona y los derechos humanos. Cuanto más y mejor se coincida en la vivencia de este presupuesto mayores serán las probabilidades de que un Código Político se arraigue en el espíritu o conciencia y, repitiendo lo dicho, en la cultura del pueblo.

1. Régimen político. Como consecuencia de la Guerra Civil de 1891 —pues no fue en su gestación y desenlace una revolución genuina—, el bando triunfante aceleró en la práctica, sin modelarlo jurídicamente, el proceso de cambio del tipo de gobierno que Chile venía experimentando, al menos desde la década anterior. Consecuentemente, el régimen presidencial autoritario, establecido en la Constitución de 1833 y que había sido suavizado por las reformas constitucionales aprobadas desde 1874, fue derrotado, tras nueve meses de conflicto armado, en septiembre de 1891. Lo relevante estriba en percatarse de que tal derrota ocurrió no solo en el plano de las discusiones políticas e ideológicas, sino que, más todavía, militarmente en los campos de batalla de Concón y Placilla.

En lugar del presidencialismo aludido fue consolidándose un nuevo tipo de gobierno3, al que algunos denominaron parlamentario, pero que, realmente, fue un régimen asambleísta o de convención. Este régimen se caracterizaba porque el centro del ejercicio del poder se hallaba en el Congreso o Parlamento y no en el órgano ejecutivo que era su subordinado. Aquel proceso, conocido también como parlamentarismo criollo o empírico, por las desviaciones que tenía en parangón con el modelo clásico, venía surgiendo desde la década de 1870. La Guerra Civil de 1891 lo catalizó, entonces, y lo llevó a un prolongado y cruento desenlace.

Se pasó así del autoritarismo presidencial al extremo opuesto, desapareciendo la figura del Presidente de la República como institución suprema del Estado de Derecho. Tal mutación, hecha reemplazando el thelos y sin cambiar una letra del Código Político, fue y sigue siendo impropia de un gobierno parlamentario. En este, efectivamente, existe colaboración y cierto equilibrio entre ambos órganos del poder estatal, pues la responsabilidad política de los ministros ante la Cámara Baja del Congreso se halla balanceada por la facultad presidencial de disolverla y convocar a nuevas elecciones para reemplazar a sus integrantes.

No sucedió así en Chile durante el período 1891-1924, ya que el Presidente perdió toda capacidad de injerencia efectiva en la dirección del Gobierno de frente al Parlamento. Respecto de ambas cámaras, incluyendo también al Senado, basta recordar que el Jefe de Estado no tuvo autonomía para el nombramiento y remoción de sus ministros. Tampoco le fue reconocida la facultad de disolver al Congreso, o al menos a su rama política, ni ejercer en él una influencia importante en la formación de la ley. El epicentro del poder, sociológicamente entendido, estaba en los círculos oligárquicos que manejaban los hilos de los partidos políticos.

Estas características fueron adquiriendo, inevitablemente, rasgos de abuso y descontrol que se tornaron alarmantes. Se llegó así a la doble crisis de febrero y agosto-septiembre de 1924, lapso en que la confianza del asambleísmo lo llevó al desenfreno en ambas ramas del Congreso. El revés —bélico e ideológico— del presidencialismo en 1891, aparejado con el vértigo asambleísta que se advirtió desde entonces, llevó a los vencedores a descuidar la introducción, en la Constitución de 1833, de las reformas que habrían convertido al régimen de convención en otro parlamentario. Para la fracción triunfante bastó mutar el contexto del Código Político, es decir, reemplazar su espíritu sin alterar una coma del texto, entronizando así el asambleísmo.

La vida política chilena era entonces elitista, protagonizada por círculos pequeños y cerrados, quedando fuera de ella la emergente clase media y la masa de trabajadores, urbanos y rurales. Los partidos políticos, a su vez, eran escasos y con rasgos de clubes de notables, o sea, grupos de miembros escasos, compuestos por hombres de extracción aristocrática y prominencia socioeconómica, los cuales se reunían y decidían, por sí y a nombre del resto de la sociedad, la línea maestra que debía regir en ella. El sufragio, que con la reforma constitucional de 1888 había quedado cercano a la cualidad de universal, en la práctica distaba de serlo por el cohecho y otras manipulaciones electorales cometidas por la oligarquía dominante.

El descontrol e irresponsabilidad generaron, sin demora, la corrupción y venalidad en los círculos dirigentes. Contrastaba esa patología con cierta rectitud en el servicio público que demostraba la naciente clase media. Merced al acceso que el Estado daba a la educación, incluso universitaria, unido a la visionaria disposición de algunos aristócratas que buscaban socializar los valores de la mesocracia, esta se hacía sentir, ya a fines del siglo XIX, articulada en pequeños, pero dinámicos, partidos políticos.

2. Régimen económico. En la época parlamentarista Chile tuvo y perdió la oportunidad de realizar, con éxito, el salto hacia el desarrollo sostenido en los ámbitos político, económico y social. Después nunca el país ha tenido otra ocasión tan propicia para lograr, pacíficamente, la modernización intelectual y material dentro de marco de la justicia social, privilegiando la libertad y logrando la igualdad de oportunidades. Institucionalizar el sistema en su conjunto, es decir, consolidarlo y arraigarlo en las capas dirigentes y en la población, sobre la base de un consenso fundamental compartido, fue el desafío, entonces realizable con éxito, y que, lamentablemente, se frustró.

Sin duda, nos hallamos en 2021 en un período que renueva el imperativo de avanzar en la solución de la pobreza y de la marginalidad, en la distribución más equitativa del ingreso, en la expansión de la autonomía de la sociedad civil y la ampliación de incentivos para que ella coopere, solidariamente, al bien común4. Análogamente impostergable es la focalización del gasto que efectúa el Estado para favorecer a los sectores excluidos de ese objetivo nacional o postergado en sus aspiraciones legítimas de gozar de dignidad en su vida. A la fecha, alienta constatar que el paso del tiempo, en extraordinaria bonanza, permite comprobar rectificaciones encaminadas a institucionalizar el desarrollo humano en Chile5.

De acuerdo con las palabras del presidente Balmaceda, la recién conquistada riqueza salitrera había creado prosperidad y holgura financiera. Esta debía ser aprovechada para impulsar el desarrollo público y privado de la Nación, realizando primordialmente un vasto programa de obras públicas. El objetivo era evitar que esos ingresos extraordinarios se consumieran en las necesidades habituales del Estado-Gobierno6, o que fueran dilapidados inútilmente. Ahora, la afluencia caudalosa de ingresos del cobre induce a recordar el pensamiento de aquel Presidente y las consecuencias de sus palabras.

La élite aludida era homogénea. Sin embargo, ella se fue convirtiendo en oligarquía, sobre la base de usufructuar del poder en beneficio propio cuando la economía del país llegó a ser próspera, sobre todo por la explotación del salitre y el cobre. Debido a causas como esta, si la riqueza hubiera sido acertadamente invertida y administrada, Chile habría llegado al nivel de país desarrollado en una etapa de su historia decisivamente favorable. Pero tal oportunidad se perdió. Contribuyeron a ello la indolencia y abuso de la clase dominante; la introducción y fomento de la lucha de clases, del odio y la envidia; el recurso cómodo a la demagogia y el populismo; la disposición al lujo de los núcleos potentados; en fin, la astucia en la especulación para el beneficio privado y con perjuicio del Fisco.

3. Balance crítico. Dicha oportunidad de progreso y consolidación nacional, no se ha repetido en nuestra trayectoria. Al cierre de la tercera edición, se sostenía por parte del Gobierno que la ruta seguida podía desembocar en el desarrollo pleno hacia 2020. El asunto no era tan claro y evocaba proyecciones de sentido parecido y que no se materializaron. Por ejemplo, en su mensaje ante el Congreso el 21 de mayo de 1995, el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle creyó que había llegado una nueva ocasión, pero los pocos años transcurridos dejaban ya de manifiesto que vivíamos en 2015 una nueva oportunidad, cuyo desenlace se tornaba impredecible. Ese final negativo ocurrió cien años atrás por numerosas y complejas razones, de las cuales aquí se mencionan solo las tres siguientes:

A. Auge, despilfarro y caída de la riqueza salitrera. En el período aludido se logró el máximo nivel de explotación y exportación del salitre. Sin embargo, desde 1907 fue advirtiéndose la comercialización del nitrato sintético, producido en Alemania, cayendo bruscamente el precio del fertilizante que se producía en nuestro país y, como consecuencia, los ingresos fiscales provenientes de su venta;

B. Subdesarrollo de la vida rural. Haberse preocupado del progreso del sector rural, y hacerlo con espíritu de trabajo y solidaridad con los campesinos, había sido una obra destacable de la aristocracia del siglo XIX. A raíz de la revolución de 1891, empero, parte relevante de la aristocracia agraria abandonó el campo, optando por la riqueza salitrera, tentar fortuna en las operaciones bursátiles o bancarias y gozar de la vida urbana en palacios y clubes. Una secuela de tal cambio de estilo de vida fue el ausentismo del patrón con abandono del trabajo rural y de los inquilinos. Como ya no se vivía en el campo, tampoco se invertía ni laboraba en él, surgiendo una brecha de enemistad entre el hacendado y el campesino; y

C. Falta de inversiones. En aquellos años, Chile dilapidó la riqueza, sumiéndose su incipiente industria en el atraso. Secuela de este hecho fue una gran cesantía en el extremo norte, y el pago de remuneraciones indignas a quienes lograban trabajo. Llegó la crisis salitrera y nuestro país no había efectuado las inversiones necesarias para superarla con nuevas tecnologías de producción masiva y más económica. Los capitales extranjeros en el área fueron abandonando el territorio nacional, permaneciendo en las oficinas salitreras tan solo una fracción de la mano de obra antes ocupada.

Esas circunstancias se sumaron al proceso de urbanización, haciendo que un elevado porcentaje de la sociedad, principalmente de Santiago, viviera en condiciones infrahumanas. Se facilitó así la agitación, con causas que no eran solo demagógicas, manifestadas en oleadas de huelgas y paros desde 1905 a 1920 en las ciudades del centro y del norte del país, como también en las salitreras7. Esas explosiones obreras fueron intelectualmente explicadas, desde el punto de vista ideológico, más que nada por el pensamiento marxista-leninista, que buscó ir encauzándolas para su beneficio partidista. Surgieron, además, en la capital y Valparaíso, grupos anarcosindicalistas que ejecutaron los primeros actos de terrorismo de que haya memoria en Chile8.

4. Régimen social. Una vez más resulta necesario simplificar el análisis y excluir, para llegar al objetivo que preocupa, múltiples e importantes fenómenos históricos. Teniendo presente esa advertencia, es posible añadir que la sociedad de la época en estudio se caracterizó por los tres rasgos matrices que se resumen a continuación:

A. Sociedad estratificada. Fue, desde luego y al tenor de lo ya explicado, una sociedad de esa índole, con diferencias marcadas entre el nivel social alto, o sea, la clase aristocrática, propietaria de los recursos económicos y que detentaba el poder político, por un lado, y todo el resto de la comunidad, de otro. A comienzos del siglo XX no existía todavía una clase media configurada y organizada, numerosa e influyente, consciente y autoidentificada, porque los núcleos de profesores, funcionarios, uniformados y profesionales que integraban ese pequeño sector social se subordinaban a la clase alta o aristocrático-oligárquica. Lo que hacia 1920 Julio Heise denominaba la mesocracia, no era aún el componente decisivo del sistema social9;

B. Corrupción y desenfreno. La clase alta, que era política, social y económicamente dominante, se fue corrompiendo. Perdió las cualidades decimonónicas que la habían distinguido, entre las cuales deben recordarse el hábito de ahorro, de trabajo y sacrificio; la sobriedad en las costumbres y el espíritu de solidaridad con sus colaboradores y sectores vulnerables; el consenso en los valores fundamentales y el respeto de la legalidad.

La crisis de la clase dirigente se generó, en parte al menos, por el lucro especulativo que se apoderó de vastos sectores de ella con motivo de las cuantiosas riquezas salitreras y mineras que circulaban, con tanta facilidad, después de la Guerra del Pacífico. Esto provocó, como señala Alejandro Silva Bascuñán, una transmutación de los valores colectivos, sobre la base del rápido movimiento del dinero y la pérdida de los criterios tradicionales de austeridad, dominantes en la antigua clase agraria10. Esta última adquirió, como efecto de la influencia europea, las ideas y disposiciones, los gustos y costumbres de los franceses e ingleses, por ejemplo, tratando de vivir con el lujo de un sector social desarrollado, pero en un país atrasado. En Chile hubo oligarquización de la vida política, social y económica, secuela de la pérdida de las virtudes cívicas que habían legitimado el liderazgo de la aristocracia, capacidad de mando que este segmento no transmitió a la mesocracia porque él mismo carecía ya de los talentos aludidos; y

C. Urbanización acelerada. Por último, fue una sociedad en proceso de migraciones internas de magnitud. Esto tuvo múltiples consecuencias, algunas de las cuales se pasa a mencionar11.

Hubo, desde luego, una exposición clara al debate y a la confrontación de ideas de grupos que antes eran pasivos. El proceso de urbanización acelerada incentivó, en efecto, el despertar de vastos sectores sociales a un nivel de conciencia, de valores y aspiraciones que antes no tenían, o que, si los compartían, ahora los combatían.

Por otra parte, los sectores más pobres y desvalidos de la población emigraron a las ciudades, especialmente a la capital, en búsqueda de un mejor nivel de vida. Sin embargo, allí no encontraron el trabajo, la educación, la salud e higiene ni la vivienda, bienes por los cuales habían emigrado. Se provocó con ello la radicalización de las frustraciones por la insatisfacción de los anhelos de una existencia digna. Y de cara a esos problemas los gobernantes se manifestaban indolentes o, peor todavía, resueltos a desconocerlos o a reprimir sus efectos ignorando las causas.

Así la rebelión fue transitando desde la deficiente asimilación de las ideas foráneas a la fe —a veces, obsesiva— en ellas. El terrorismo y el anarquismo se asociaron con agitación articulada en huelgas y paros. Frente a esas vías de acción directa la clase alta reaccionó, pero desatinadamente, como ya está escrito: castigó los efectos del descontento sin solucionar las causas del mal. Como escribe Guillermo Feliú Cruz12, aquella clase estaba, salvo excepciones, pensando que la solución a las demandas de los movimientos obreros no era una cuestión de justicia, sino que de caridad o de policía. Consecuentemente, para la clase alta este era un problema de conciencia individual, pero no de injerencia del Estado, con planes y órdenes impartidas desde arriba.

Por otra parte, la sociedad chilena comenzaba a vivir un proceso de inestabilidad y conflictos profundos. Se iban fraguando —e instigando— en su seno las condiciones de una rebelión, basada en la aún escasa conciencia de lucha de clases. La delgada capa alta o establishment, como la ha denominado Gonzalo Vial, utilizaba el poder para combatir estos movimientos obreros y campesinos, usando con tal propósito a las Fuerzas Armadas. Se las fue desviando, de este modo, de su rol profesional, o sea, de instituciones dedicadas a la defensa nacional, para apuntarlas contra la población alzada en paros y huelgas, con secuelas sangrientas. La plutocracia causó con esa manipulación un perjuicio grave al profesionalismo de esas instituciones, politizándolas más de lo que estaban. La literatura, ya citada o que se menciona en la bibliografía, exhibe con elocuencia, pero también con sesgo, las masacres así provocadas y el odio que engendraron en la población.

No existía, en aquella oligarquía, posibilidad real de cambiar la situación. Realmente, resultaba difícil siquiera imaginar que estuviera dispuesta a aceptar reformas que menoscabaran sus apetitos e intereses, o que implantaran controles y responsabilidades a sus desenfrenos. Por el contrario, la oligarquía acudió cada vez más a la represión. Lo hizo por facilidad y desidia, atacando síntomas y secuelas, pero jamás las causas de la cuestión social. He aquí uno de los motivos que explican la esperanza reformista con que el estrato medio aguardaba la acción rectificadora de la autoridad estatal. Ese anhelo singularizó la década precedente a la dictación de la Carta Fundamental de 1925.

5. Actitud de las Fuerzas Armadas. La única posibilidad real de interrupción del proceso descrito para, en su lugar, instaurar un régimen más representativo y justo era, a la luz del Manifiesto Militar del 11 de septiembre de 1924, una intervención social tan honda que se asemejara a una operación quirúrgica, pero practicada desde afuera del establishment. Esa fue la misión, urgente y drástica, que algunos mandos jóvenes de las Fuerzas Armadas, más que nada del Ejército, estuvieron dispuestos a llevar a cabo.

Aquellas instituciones tenían cuentas pendientes que saldar, pues habían sido divididas después de la Guerra Civil y olvidadas más tarde, hallándose en situación de pobreza material y atraso técnico. A raíz del quiebre institucional de 1891, el Ejército estaba derrotado y afectado hasta en su mística. Ello facilitaba su manejo por la oligarquía. El Ejército le obedeció, pero como consecuencia de esta instrumentalización fue quedando social, económica, logística y políticamente desplazado. En punto a la Armada, el cuadro no era mejor. En efecto, el personal de las Fuerzas Armadas —como lo demuestra René Millar13— padecía una situación lastimosa por el equipamiento obsoleto y ausencia de adiestramiento moderno, bajos emolumentos y estancamiento en los escalafones. Esos elementos son suficientes para erosionar los principios capitales sobre las cuales se erigen, funcionan y son controladas las instituciones armadas.

En fin y en lo que se refiere a su posición política, estas tenían núcleos con inquietudes y críticas, formándose así grupos secretos o logias ocultas, que asumieron posiciones de reproche frente al manejo y situación indolente de la clase alta. En un principio, esos núcleos fueron marginados para después ser reprimidos. Finalmente, encontraron comprensión y apoyo en algunos líderes políticos. De ellos, merece realce el entonces senador y caudillo avezado Arturo Alessandri Palma. Este era un parlamentario hábil y experimentado, visionario y audaz, no exento de rasgos demagógicos, pero en definitiva capaz de captar —con oratoria y gestos carismáticos— sus inquietudes.

Por las razones expuestas y otras análogas, en 1920 los cuadros de los uniformados involucrados en el esfuerzo rectificador apoyaron al nuevo presidente Alessandri. Empero, como los años pasaban y las promesas de aquel mandatario seguían incumplidas, grupos de uniformados se hicieron presentes con sus demandas, ya en estado de crisis, en febrero y agosto-septiembre de 1924. A raíz de tales sucesos, Chile comenzaba a experimentar fenómenos nuevos, hasta entonces desconocidos, en su trayectoria institucional.

6. Crisis de 1924-1925. En febrero de 1924 el presidente Alessandri planteó al Congreso la aprobación de diversas y sustanciales modificaciones al orden constitucional existente. Reemergía con ello la tesis según la cual las reformas al Código Político bastan para inducir los cambios culturales deseados, o al menos son decisivas para materializarlos.

El Jefe de Estado abordó, en efecto, la necesidad de poner fin al asambleísmo parlamentario; instaurar un nuevo régimen presidencial sobre bases democráticas y dar solución a la cuestión social. Frente a ello, Alessandri encontró el rechazo del establishment, particularmente del Senado. Las reformas constitucionales planteadas por el Jefe de Estado quedaron, por ende, postergadas.

En agosto y septiembre de 1924, sin embargo, ciertos mandos medios de la oficialidad joven del Ejército presionaron a Alessandri para que insistiera en la aprobación de los cambios aludidos. Pero ello fue nuevamente rechazado por la oligarquía, la cual y paradójicamente, sólo aprobó en el Congreso la dieta parlamentaria, dejando de ser concejiles los cargos de diputados y senadores.

La torpeza descrita catalizó el descontento de las filas castrenses y apuró el golpe militar del 11 de septiembre de 1924. Así ocurrió tras llegar los caudillos del movimiento castrense a la conclusión, debatida entre los historiadores, de que ya no necesitaban a Alessandri para cumplir sus propósitos de depuración y reforma política; o bien, que este no les resultaba confiable; o, en fin, que ellos eran la energía política determinante, pensando, tal vez, que soberano es quien decide las crisis o se impone en las situaciones de excepción, como escribió Carl Schmitt14. Exigieron, entonces, la renuncia del Jefe de Estado y clausuraron el Congreso, obrando en todo de facto. El Presidente partió al exilio en Europa y el país se sumió en el caos institucional.

Fue constituida una Junta de Gobierno presidida por el general Luis Altamirano Talavera. Pero esa Junta, de orientación conservadora a juicio de la oficialidad joven, no era representativa del ideario de cambios propugnados por esta. Ponderando esa razón, aquella oficialidad, en enero de 1925, decidió erigir una segunda Junta, la cual duró apenas cuatro días, desde el 23 al 27 de enero de 1925. En esta última fecha fue reemplazada por una tercera Junta, encabezada ahora por un civil, el abogado, profesor y diplomático Emilio Bello Codecido, personalidad ecuánime, respetada y próxima al presidente Alessandri.

La tercera Junta convirtió algunos proyectos en textos normativos. Materializó también ideas importantes a través de los centenares de decretos leyes que dictó hasta fines de marzo de 1925. Por ejemplo, avanzó a la fundación del Banco Central para enfrentar la crisis cambiaria; hizo lo mismo con el Colegio de Abogados; y, sobre todo, se comprometió a luchar por el restablecimiento del orden constitucional, para lo cual logró el regreso de Arturo Alessandri y que este reasumiera la Presidencia. Lo relevante de este retorno radicó en el compromiso de Alessandri en punto a obtener la aprobación de una nueva Constitución, reabrir el Congreso, reanudar la vida de los partidos y volver, paso a paso, al Estado de Derecho.

7. Restauración institucional. El presidente Alessandri regresó a fines de marzo de 1925 y, en los primeros días de abril, dictó varios decretos supremos, que en realidad eran decretos leyes. Mediante ellos convocó a personalidades de variadas corrientes políticas para integrar una Gran Convención Consultiva, semejante a un consejo asesor. La finalidad de esa asamblea era proponer ideas y proyectos articulados sobre las reformas constitucionales necesarias para restablecer el orden institucional. No se trató, por ende, de una asamblea constituyente, dotada de competencia para decidir sobre el contenido de la nueva Carta Fundamental y el procedimiento destinado a ponerla en práctica. Debe observarse, por lo tanto, que tampoco se hallaba establecido cómo iba a ser puesta en vigencia la nueva Ley Suprema15.

El trabajo de la Convención, formada por unos ciento cincuenta miembros de todas las posiciones políticas, se realizó en un período aproximado de cuatro meses, sesionando en el Palacio de La Moneda.

Aunque después será expuesto con algún detalle, es necesario puntualizar aquí que la Constitución fue aprobada solo como una reforma a la Carta Fundamental de 1833. Probablemente, ello ocurrió así para conservar, al menos en la opinión pública, cierta imagen de continuidad en la evolución pacífica de nuestras instituciones políticas. Al fin y al cabo, la Carta Fundamental de 1833 había posibilitado la consolidación del régimen democrático, contribuido al desarrollo socioeconómico del país y llegado a concitar el mayor respeto, por ser una de las cinco constituciones escritas más antiguas del mundo. Era, entonces, un Código Político respetable, aunque urgido de cambios políticos sustanciales.

La nueva Constitución fue aprobada en el plebiscito celebrado el 30 de agosto de 1925. Algunos observaron que nació prematuramente y con necesidad de cuidado apremiante. En realidad, y desde el 18 de octubre, fecha en que entró en vigencia, la Constitución ya tuvo graves problemas para regir, inconvenientes que presagiaban los tropiezos que sufriría con el transcurso del tiempo y que culminaron en el colapso de la democracia en septiembre de 1973.

Por razones diversas, de fondo y también de divergencias o aspiraciones personales, la llegada de Alessandri fue la prueba de que las Fuerzas Armadas se habían convertido en el árbitro supremo de los destinos de Chile, decidiendo lo que estimaran mejor para el régimen institucional, con o sin el concurso de los políticos y de los partidos. Soplaban también en Chile, consecuentemente, los vientos autoritarios que arreciaban en el centro y sur de Europa, ligados al desgobierno asambleísta, a las penurias de la clase media y a los sentimientos nacionalistas, de cierto carácter corporativo y opuestos al multipartidismo imperante.

8. Esfuerzos por vivir la Constitución. En el lapso aludido, el país fue gobernado por los militares, aunque sin eliminar a los partidos ni a las instituciones democráticas. Se distinguía la figura del coronel Carlos Ibáñez del Campo.