Derechos reproductivos: reflexiones interdisciplinarias E-Book

María Pilar González del Barreda

• Herausgeber: Bonilla Artigas Editores
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Serie: Pública Género
• Sprache: Spanisch
• Veröffentlichungsjahr: 2024

Beschreibung

Derechos reproductivos: reflexiones interdisciplinarias, producto del grupo de investigación del Programa Universitario de Bioética "Género, Bioética y Justicia reproductiva", presenta la visión interdisciplinaria de 30 expertos que reúnen su experiencia en 22 capítulos que conjuntan una invaluable obra de consulta para quienes están interesados en un tema tan vigente como la inconstitucionalidad de la protección a la vida desde la concepción. Desde sus diferentes especialidades, los autores de la obra presentan en cuatro capítulos la relación de la Bioética, los derechos reproductivos y los derechos sexuales; el aborto desde el enfoque jurídico, el aborto desde las ciencias sociales, y los derechos reproductivos y sus demandas urgentes. De esta forma, la obra aborda la salud y capacidad reproductiva, el discurso jurídico, el acceso a servicios de salud reproductiva, despenalización y derecho al aborto seguro, legal y gratuito, la bioética, el discurso heterosexual, los derechos humanos, la violencia feminicida, la protección a la vida desde la concepción, el discurso de la Suprema Corte de la Nación, el estigma asociado a la interrupción del embarazo, la maternidad subrogada, las tecnologías de la reproducción, la violencia obstétrica y las adultas mayores, así como la autonomía de las mujeres y las personas gestantes y la esterilización forzada. Este análisis tan extenso es resultado del trabajo colectivo, creativo, riguroso y comprometido de cada uno de los autores que hoy ponen a consideración del lector sus reflexiones interdisciplinarias."

Leseprobe

1. El género. La construcción de la cultura de la diferencia sexual

Marta Lamas (compiladora)

2. Antropologías feministas en México: Epistemologías, éticas, prácticas y miradas diversas

Lina Rosa Berrio Palomo, Martha Patricia Castañeda Salgado, Mary R. Goldsmith Connelly, Marisa G. Ruiz-TrejoMonserrat Salas Valenzuela, Laura R. Valladares de la Cruz, (coordinadoras)

3. Inés Amor y los primeros años de la Galería de Arte Mexicano

Eréndira Derbez

Los derechos exclusivos de la edición quedan reservados para todos los países de habla hispana. Prohibida la reproducción parcial o total, por cualquier medio conocido o por conocerse, sin el consentimiento por escrito de su legítimo titular de derechos.

Esta publicación fue dictaminada por pares académicos bajo la modalidad doble ciego.

Derechos reproductivos: reflexiones interdisciplinarias

Primera edición impresa: 2024

Edición ePub: febrero 2024

D. R. © 2024, a cada autor por su texto

D. R. © 2024, Bonilla

Distribución y Edición S. A. de C. V.

Hermenegildo Galeana #116,

Barrio del Niño Jesús, Tlalpan,

14080, Ciudad de México, México.

[email protected]

www.bonillaartigaseditores.com

D. R. © 2024, Universidad Nacional Autonóma de México

Ciudad Universitaria, Coyoacán,

C.P. 04510, Ciudad de México, México.

Programa Universitario de Bioética,

Sótano del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud (cipps),

adjunto al Edificio Centro de Ciencias de la Complejidad (c3), Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria,

Ciudad de México, México.

Cuidado editorial: Bonilla Artigas Editores

Responsable de la edición: Lorena Murillo S.

Diseño de portada: d.c.g. Jocelyn G. Medina

Diseño editorial: d.c.g. Saúl Marcos Castillejos

Realización ePub: javierelo

ISBN: 978-607-8956-54-8 (Bonilla Artigas Editores) (impreso)

ISBN: 978-607-8956-55-5 (Bonilla Artigas Editores) (ePub)

ISBN: 978-607-30-8726-1 (UNAM) (impreso)

ISBN: 978-607-30-8727-8 (UNAM) (ePub)

Hecho en México

Nota de la edición ePub: A lo largo del libro hay hipervínculos que nos llevan directamente a páginas web. Aquellos que al cierre de esta edición seguían en funcionamiento están resaltadas y con el hipervínculo funcionando. Cuando no se puede acceder a ellas desde el vínculo, por no estar ya en línea, se deja con su dirección completa: <http://www.abc.def>.

Contenido

Introducción

Bioética, derechos reproductivos y derechos sexuales

Capacitación bioética en salud reproductiva en México

Gustavo Ortiz-Millán, Frances Kissling

Alteridad y vida común frente a las marcas identitarias en los derechos sexuales

Georgina Romero Gaeta

Cuerpo-territorio: discurso jurídico y control de la capacidad reproductiva

Gloria Montserrat Martínez Álvarez, Lourdes Enríquez Rosas

¿Qué perfil de docente de Derecho para el acceso de las mujeres al derecho al aborto?

Lucía Raphael de la Madrid

El derecho al aborto legal: exigencia de una bioética laica

Pauline Capdevielle, María de Jesús Medina Arellano

Breve crítica al discurso heterosexual de los derechos reproductivos desde la mirada lesbiana

Yolanda Molina Reyes

El aborto desde enfoques jurídicos

El régimen de género y las restricciones a los derechos reproductivos de las mujeres en México

Jeraldine del Cid

De la visión punitivista al paradigma de derechos humanos: la atención del aborto seguro en México

María del Pilar González Barreda

La penalización del aborto como forma de violencia feminicida

Iris Nathaly González Cortez

Dinámicas argumentativas de la judicialización por gestión. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante la Suprema Corte de Justicia de laNación: la protección a la vida desde la concepción

Lourdes Enríquez Rosas, Arturo Sotelo Gutiérrez

Interrupción del embarazo y Constitución. Los paradigmas del discurso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Alex Alí Méndez Díaz

El aborto desde las ciencias sociales

Estigma asociado a los motivos reportados por las mujeres para interrumpir legalmente un embarazo en la Ciudad de México

Haidee Bautista Reyes, Rocío Rojas Hernández, Ámbar Rodríguez Flores

La investigación científica como discurso aliado de los argumentos a favor de la despenalización del aborto. Resultados de investigación en la Ciudad de México

Luciana Ramos Lira , Karla Flores Celis , María Teresa Saltijeral

Diagnóstico de los recursos para la atención del aborto legal en el estado de Oaxaca

Martha Cordero Oropeza, Midiam Moreno, Luciana Ramos Lira, Karla Flores Celis

La interrupción segura del embarazo como oportunidad de gestionar la autonomía

Olivia Ortiz Ramírez, Madeleine Belfrage

El proceso decisorio en la interrupción del embarazo

Lurel Cedeño Peña, Olivia Tena Guerrero

Redefiniendo la autonomía reproductiva como campo de acción. El caso de la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México

Karla Flores Celis, Luciana Ramos Lira

Derechos reproductivos y demandas urgentes

De vuelta a la maternidad subrogada: absurdos y contradicciones biojurídicas en México

Héctor Augusto Mendoza Cárdenas

Aproximaciones sobre la autonomía corporal de las mujeres y las tecnologías de reproducción

Daniela Castillo Castellanos

Las mujeres adultas mayores y la violencia obstétricaque han sufrido históricamente

Karla Margarita Ortiz Antuna

Inhibir la vida: discursos jurídicos sobre la esterilización forzada

Abigail Tapia Escobar, Arturo Sotelo Gutiérrez

Semblanzas

Introducción

En el contexto latinoamericano, atravesado por desigualdades múltiples, la sexualidad de mujeres, niñas y adolescentes es castigada cuando se aleja de la normatividad protegida por el sistema sexo-género hegemónico. La vida sexual de las mujeres ha estado históricamente regulada por y desde la mirada masculina y los estados nacionales han tenido un papel central en la creación y fortalecimiento de normas que perpetúan la discriminación y violencia por razones de género.

En esta obra recopilamos las voces de personas estudiosas e interesadas en diferentes áreas del conocimiento en relación con los derechos reproductivos. Estos derechos, nombrados internacionalmente con mayor fuerza desde las últimas décadas del siglo xx, han sido el resultado de las movilizaciones feministas que bajo el estandarte de Mi cuerpo es mío, yo decido, han visibilizado las condiciones de subordinación consecuencia del orden binario, jerárquico, heterosexuado y asimétrico de género en diversos tiempos y latitudes y también han evidenciado los grandes retos que existen hasta nuestros días. Al tratarse de derechos humanos, estos derechos gozan del reconocimiento constitucional y convencional en nuestro país; sin embargo, como lo detallarán varios de los textos presentados, existen importantes preocupaciones respecto de su protección efectiva, para lo cual resulta indispensable desmenuzar los elementos que producen afectaciones a estos derechos.

Una preocupación central que recorre las páginas de este libro es la autonomía reproductiva. Este principio es abordado por múltiples matices para acercarnos a análisis interdisciplinarios que contribuyen a tejer conocimiento especializado desde el cual las personas autoras exponen una gama diversa de aspectos que apuntan a la protección de los derechos reproductivos. A partir de metodologías teóricas y empíricas, estas aproximaciones tienen en común visibilizar los retos en cada tema, considerando tanto las condiciones de vulnerabilidad y discriminación históricas de poblaciones excluidas, así como posibilidad de la toma de decisiones libres e informadas de las personas en las que se centra su investigación.

Desde esta apreciación, la bioética laica se presenta como una herramienta a partir de la cual se discuten y acuerdan un mínimo de orientaciones y políticas organizativas que garanticen la vida pública en común de sociedades democráticas y plurales como la nuestra. A partir de este enfoque, la bioética se posiciona como un espacio dialógico desde el cual es posible promover la apertura a un diálogo con lo viviente y una escucha activa hacia las personas que integran sociedades marcadas por desigualdades estructurales.

En el año 2016 el Programa Universitario de Bioética de la Universidad Nacional Autónoma de México convocó a formar un grupo de trabajo que desde diferentes disciplinas estudiara y discutiera las graves problemáticas de salud pública que ocasiona el aborto practicado en condiciones inseguras en nuestro país, y que entre sus objetivos estuviera construir nuevas narrativas y propuestas estratégicas de lucha por la progresividad de los derechos reproductivos en los ámbitos político y jurídico. Durante estos años de trabajo, el Grupo de Interrupción Voluntaria del Embarazo (Grupo ive) se ha consolidado como un espacio en el que voces expertas han propuesto enfoques novedosos y plurales relacionados con el aborto, desde perspectivas multidisciplinarias que han permitido repensar colectivamente la autonomía reproductiva en un lenguaje de derechos humanos, atravesado por las aportaciones de la medicina, la psicología, el trabajo social, el activismo y la teoría crítica feminista, la filosofía, la sociología, la antropología, la ciencia política y el derecho.

Los estudios que se presentan en este libro dan cuenta de un estado de aceleración en los cambios de práctica médica y tecnológica, en las leyes, las decisiones judiciales y en otros múltiples ámbitos sociales respecto de cómo se entiende en la sociedad el papel de cada quien en relación con la reproducción humana y los derechos y obligaciones ante este tema.

En la materia legal, en el año 2000 la incorporación de nuevas excepciones a la sanción penal al delito de aborto en la Ciudad de México (riesgo a la salud, malformaciones del producto e inseminación artificial no consentida) y después la despenalización parcial del delito de aborto en 2007 hasta la decimosegunda semana de gestación tuvieron un punto de estancamiento y de regresión a nivel nacional. Al menos 19 entidades federativas reformaron sus constituciones locales, entre 2008 y 2019, para “proteger la vida desde la concepción” con el objetivo de blindar los cambios a su legislación penal respecto de la penalización absoluta del delito de aborto. Esa inercia fue interrumpida con las reformas a los códigos penales de Oaxaca, en 2019, e Hidalgo, Veracruz, Baja California y Colima, en 2021 que, al igual que en la Ciudad de México, despenalizan el aborto de manera parcial tomando como referencia las mismas 12 semanas de gestación.

Las decisiones judiciales de la Suprema Corte en la materia han tenido también un importante recorrido en las últimas dos décadas. Un primer bloque de decisiones que validaron reformas y normas técnicas inició con la aprobación de la reforma del año 2000 en la Ciudad de México, la posterior despenalización parcial de 2007 en la misma capital del país y la validez de la Norma Oficial Mexicana que obliga a contar en todo el sistema de salud con la llamada “pastilla del día siguiente” como método de anticoncepción, en 2010. A partir de ese punto, con los primeros juicios en contra de las reformas a las constituciones locales que protegen la vida desde la concepción, resueltos en 2011, en los que no se alcanzó la mayoría para declarar su inconstitucionalidad, se estableció un periodo durante el cual las grandes decisiones en esta materia estuvieron ausentes. Después, derivado del trabajo de litigio estratégico de organizaciones de la sociedad civil, llegaron las sentencias que comenzaron a marcar pautas, a partir de casos individuales sobre la negación o mala práctica de servicios de salud reproductiva por: interrupción del embarazo en casos de violencia sexual (2018 y 2019) y después del plazo de tres meses a partir del inicio de la gestación (2021), aborto terapéutico por daños a la salud integral (2019) y esterilización forzada (2021). Por último, en 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en bloque tres juicios paradigmáticos: la inconstitucionalidad de la penalización absoluta del aborto (Coahuila), la incompetencia de los congresos locales para pronunciarse en sus constituciones sobre la protección de la vida desde la concepción (Sinaloa) y la inconstitucionalidad de la disposición de la Ley General de Salud que contemplaba la objeción de conciencia para el personal médico y de enfermería al no establecer los límites necesarios para proteger los derechos de las personas usuarias, principalmente el derecho a la salud de las personas.

Desde el Poder Ejecutivo se puede dar cuenta de las modificaciones a las normas oficiales mexicanas que contemplan los servicios de planificación familiar: la nom 005-ssa2-1993, en materia de opciones de anticoncepción poscoitales y sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres, y la nom 046-ssa2-2005 para garantizar el procedimiento de aborto a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violación sexual. En materia de política pública, en junio de 2021 se aprobó el Lineamiento Técnico para la Atención del Aborto Seguro en México, el primer instrumento en su tipo en nuestro país cuyo objetivo fue establecer criterios básicos de atención para las unidades de salud de la Secretaría de Salud, para que las mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar que lo requieran puedan acceder a servicios de aborto seguro de manera oportuna, resolutiva e integral, de acuerdo con la evidencia científica y con perspectiva de género y de derechos humanos.

Esta publicación es el resultado de un trabajo colectivo, creativo, riguroso y comprometido con la justicia reproductiva, el acceso a la salud y la interdependencia de los derechos humanos. Es un volumen cuya creación estuvo atravesada por la crisis ocasionada por el virus sars-cov2. La pandemia puso a prueba los sistemas de salud de todo el mundo y también evidenció las profundas situaciones de desigualdad que repercutieron en la mayor parte de la población mundial. Al tratar de contener una crisis multidimensional, los estados priorizaron la atención de las personas que enfermaban de covid-19, mientras reducían la atención en otras áreas, como la salud sexual y reproductiva. Agradecemos a las personas autoras por la paciencia durante la revisión y publicación de este trabajo.

La primera parte, que aborda desde diferentes perspectivas teóricas la construcción de los derechos reproductivos y los derechos sexuales, inicia con el capítulo de Gustavo Ortiz Millán y Frances Kissling, quienes argumentan la importancia de la formación bioética en el personal encargado de proveer servicios de salud reproductiva en nuestro país y narran un interesante recorrido histórico por el desarrollo académico de esa disciplina, cooptada en un inicio por instituciones confesionales. También hacen un llamado a que las facultades de Medicina impartan cursos de bioética laica basada en la ciencia y se trabaje de la misma manera con los comités de bioética a nivel hospitalario y con las comisiones estatales de bioética. Por su parte, con un texto muy crítico, Georgina Romero analiza la noción de “marcas identitarias”, a saber “sexo, raza, clase”, construida por la pensadora Meri Torras, para mostrarla como una forma de control, marcaje jerárquico y disciplinamiento. La autora evidencia la función de la bioética en modificar el paradigma de alteridad y generar una nueva normalidad que contemple a la diversidad y luche por dar una visibilidad dentro de lo cultural, lo educativo y lo social. Afirma que los presupuestos teóricos entre identidad de género y sexo biológico son complejos entramados que tienen efectos en la reproducción y la sexualidad humana. Desde otra mirada, Gloria Montserrat Martínez Álvarez y Lourdes Enríquez Rosas, en su artículo titulado “Cuerpo-territorio: discurso jurídico y control de la capacidad reproductiva”, problematizan las formas en las que el discurso jurídico participa en las experiencias de vigilancia y disciplinamiento de la autodeterminación reproductiva. Las autoras se preguntan qué papel se le asigna al cuerpo en el discurso jurídico y cómo el derecho produce prácticas de vigilancia y control biopolítico que limitan la autonomía reproductiva. Asimismo, proponen aproximaciones teóricas que nos ayudarán a retomar aspectos centrales de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos desde la bioética, los derechos humanos y la teoría crítica de género. Lucía Raphael de la Madrid nos lleva de la mano en su propuesta de diseño y construcción de un perfil del profesorado en la carrera de Derecho, que desde la transdisciplina y la transmodernidad sea capaz de deconstruir las ciencias jurídicas y haga suyos los postulados de los derechos y libertades fundamentales de las alteridades, lejos de una perspectiva viril, excluyente, paternalista y patriarcal, buscando cambiar el paradigma del poder de dominación en la percepción de la justicia. En su texto “El derecho al aborto legal: exigencia de una bioética laica”, Pauline Capdevielle y María de Jesús Medina Arellano describen aportaciones teóricas y prácticas del concepto de laicidad y aportan un mapa analítico que vincula la bioética laica y liberal con los principios de los derechos humanos, la perspectiva de género y la protección del derecho legal al aborto. Finalmente, Yolanda Molina Reyes analiza las formas en las que el discurso dualista heteropatriarcal impide visibilizar a las mujeres lesbianas como titulares de derechos sexuales y reproductivos. La autora hace un llamado al reconocimiento de una ciudadanía reproductiva de este colectivo que se ha visto invisibilizado por la propia lucha feminista. Su texto valora la necesidad de la creación no solamente de un derecho sino de un conjunto de prácticas sociales y culturales que reconozcan las alteridades.

En la segunda parte del libro las personas autoras se centran en el aborto desde un enfoque de derechos humanos en donde la autonomía reproductiva ocupa un lugar central. Para ello, en el texto “El régimen de género y las restricciones a los derechos reproductivos de las mujeres en México”, Jeraldine del Cid explica cómo opera la categoría “régimen de género” en las políticas públicas para abordar la interrupción del embarazo y su criminalización en México. La autora además abona evidencia para defender que hay un ensañamiento del Estado sobre aquellas que transgreden los códigos relativos al género, al mismo tiempo que minimiza la esfera de libertades, castigando su autonomía en el ejercicio de sus derechos reproductivos. Desde un paradigma legal que reconoce a los derechos sexuales y a los derechos reproductivos, María del Pilar González Barreda propone un análisis riguroso sobre normas jurídicas que reconocen el derecho a acceder a interrupciones del embarazo, pero las contrasta con las brechas ampliamente documentadas para que esos derechos sean materializados. Lo anterior constituye una paradoja que refleja que la ley por sí sola no es garantía de la provisión de servicios de salud, ya que los obstáculos están insertos en estructuras socioculturales desde las cuales se refuerza el mandato de maternidad. Desde este ángulo, el papel de los estados para garantizar la atención del aborto en condiciones seguras resulta crucial, ya que la autora enuncia un cambio de paradigma, de la visión punitivista a la atención del aborto como un asunto de derechos humanos. La negativa al acceso de servicios es abordado por Iris Nathaly González Cortez, quien hace uso de la categoría de “violencia feminicida” para sostener que el Estado legitima este tipo de violencia al omitir la despenalización del aborto, frenando la creación de nuevas leyes y políticas públicas que garanticen el acceso de las mujeres a la interrupción del embarazo sin poner en riesgo su integridad física y emocional, garantizando así el pleno acceso a sus derechos humanos y, por ende, a una vida digna. A partir del papel del trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el reconocimiento de la autonomía reproductiva, Lourdes Enríquez Rosas y Arturo Sotelo Gutiérrez en “Dinámicas argumentativas de la judicialización por gestión. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación: la protección a la vida desde la concepción”, analizan la interposición de juicios de carácter constitucional en contra de normas de constituciones locales que protegen la vida desde la concepción. Las acciones de inconstitucionalidad han sido promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (cndh), reclamando la protección constitucional a petición de las organizaciones civiles y del activismo de género. De esta forma, las personas autoras emplean la categoría “judicialización por gestión” para explicar cómo a través de la cndh la ciudadanía participa en la defensa de la libertad reproductiva de las mujeres. Esto tiene especial relevancia para Alex Alí Méndez Díaz, quien realiza un análisis constitucional desde lo que nombra como “la cuestión constitucional sobre la interrupción del embarazo”. El autor propone una revisión del discurso constitucional a partir de un paradigma feminista y sostiene que la Constitución mexicana reconoce una serie de derechos que protegen la autonomía de las mujeres, lo cual resulta incompatible con la todavía vigente regulación en materia penal del aborto. La sinergia aparentemente natural entre el aborto y el derecho penal no encuentra cabida en un marco constitucional de derechos humanos que protege los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

En la tercera parte nos acercamos a enfoques empíricos que analizan el aborto desde la interdisciplina. Haidee Bautista Reyes, Rocío Rojas Hernández y Ámbar Flores Rodríguez, en su capítulo “Estigma asociado a los motivos reportados por las mujeres para interrumpir legalmente un embarazo en la Ciudad de México”, analizan los motivos más frecuentes señalados por mujeres que abortaron en un servicio de interrupción legal del embarazo de la Ciudad de México. Las autoras profundizan en el estigma por abortar en un contexto en el que el aborto es castigado. En un momento posterior, Luciana Ramos Lira, Karla Flores Celis y María Teresa Saltijeral, en su capítulo “La investigación científica como discurso aliado de los argumentos a favor de la despenalización del aborto. Resultados de investigación en la Ciudad de México”, consideran las condiciones y circunstancias asociadas tanto en un embarazo no intencional como en la decisión de interrumpirlo y sus posibles efectos (o no) desde un abordaje de salud pública; de esta forma las autoras se acercan a los factores psicosociales inmersos en la toma de decisiones y el proceso de la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. Por su parte, en “Diagnóstico de los recursos para la atención del aborto legal en el estado de Oaxaca”, Martha Cordero Oropeza, Midiam Moreno, Luciana Ramos Lira y Karla Flores Celis presentan un análisis sobre la atención del aborto en la segunda entidad federativa que reformó el delito de aborto para dejar fuera del ámbito penal a la interrupción que sucede desde el momento de la implantación hasta las doce semanas completas de gestación. En su investigación, las autoras retoman que el estado oaxaqueño es una de las entidades con mayores tasas de letalidad por aborto más alta en el país, por lo que explicarán a detalle cuáles son las áreas de oportunidad en materia de salud pública. Olivia Ortiz Ramírez y Madeleine Belfrage, en su texto “La interrupción segura del embarazo como oportunidad de gestionar la autonomía”, promueven una perspectiva afirmativa del aborto a partir de su defensa como una experiencia que beneficia a la autonomía. Las autoras recorren desde metodologías cuantitativas y cualitativas, la reapropiación de las mujeres de sus decisiones y proyectos de vida en relación con sus derechos sexuales y reproductivos. Lurel Cedeño Peña y Olivia Tena Guerrero, en “El proceso decisorio en la interrupción del embarazo”, profundizan en “la construcción de la decisión” de interrumpir la gestación, la cual, como señalan, puede ir y venir entre diferentes y hasta contradictorias posibilidades; se presenta como contingente y no estática, lo que implica que la decisión puede conllevar cambios. La posibilidad de contingencia presente en la toma de decisiones requiere repensar la autonomía desde horizontes amplios desde los cuales el poder de elegir es atravesado por procesos internos en interrelación con el mundo externo; por ejemplo, en las herramientas que cada persona ha desarrollado en su historia de vida para la toma de decisiones, en intrínseca relación con la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva prestados por el Estado. Desde esta óptica, en “Redefiniendo la autonomía reproductiva como campo de acción. El caso de la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México”, Karla Flores Celis y Luciana Ramos Lira proponen una redefinición de la autonomía como un campo de acción móvil; para ello las autoras utilizan una analogía espacial en la que transcurren tensiones de poder, negociaciones, y en la que intervienen las condiciones del contexto psicosocial, cultural y legal de las mujeres para decidir sobre la interrupción del embarazo.

En la cuarta parte del libro, “Derechos reproductivos y demandas urgentes”, se tocan las temáticas de esterilización forzada, violencia obstétrica, gestación subrogada y acceso a tecnologías de reproducción como mecanismos de acción impulsados desde la ciencia médica y permitidos por el Estado, donde la necesidad de la protección y reclamo de derechos se hacen necesarias. El primer texto centra su atención en la temática de gestación subrogada; su autor, Héctor Augusto Mendoza Cárdenas, plantea algunas precisiones conceptuales necesarias para poder abordar la regulación legislativa, así como la viabilidad del uso del concepto “gestación por encargo” dentro de los contratos civiles. A través de la noción de voluntad procreacional realiza una aguda crítica a las normatividades de Tabasco, Sinaloa, Colima, San Luís Potosí y Querétaro, que actualmente contemplan esta. En el segundo texto, Daniela Castillo Castellanos aborda el tema de la autonomía de las mujeres y su relación con el uso de las tecnologías aplicadas a la reproducción humana. La autora plantea el derecho de beneficiarse de las tecnologías reproductivas con una distinción fundamental con los procedimientos de gestación por sustitución y los caracteriza como un ejercicio de violencia en contra de la voluntad y corporalidad de las mujeres. En el tercer texto, Karla Margarita Ortiz Antuna nos invita a reflexionar sobre la violencia obstétrica que recayó sobre los cuerpos de las mujeres que ahora son adultas mayores y en cómo esto afectó gravemente sus derechos de salud y reproductivos impidiéndoles ejercer las libertades que requerían. Finalmente, Arturo Sotelo y Abigail Tapia exploran la noción de bio-tánato política en la obra de Michel Foucault con la finalidad de evidenciar los discursos surgidos desde el derecho en torno a la justificación de la esterilización forzada como un mecanismo de planeación estatal. El texto se adentra en el análisis de diversas decisiones judiciales que demuestran la existencia de un dispositivo biopolítico que debemos desmantelar ante los debates actuales en torno a la esterilización forzada como práctica gubernamental.

Bioética, derechos reproductivos y derechos sexuales

Capacitación bioética en salud reproductiva en México 1

Gustavo Ortiz-Millán 2Frances Kissling 3

Los enfoques bioéticos de la salud reproductiva han sido de suma importancia durante las últimas tres décadas en México. A medida que se han modificado las leyes mexicanas en materia de aborto, reproducción asistida y objeción de conciencia, varios actores sociales con interés en estas áreas se han dado cuenta de que deben educar a los diferentes agentes que intervienen en estos procedimientos en un enfoque bioético de la salud y los derechos reproductivos. Esta estrategia fue utilizada por primera vez en México por la Iglesia católica y por muchas universidades católicas. Defensoras de derechos humanos, académicos y organizaciones feministas, así como algunas universidades públicas, también se han dado cuenta de que una base en bioética podría ayudar a los proveedores de salud a tener un marco ético que respalde la provisión de servicios de aborto. La bioética también es un buen marco para apoyar la legalización del aborto y leyes más liberales sobre reproducción asistida. Entonces, durante los últimos años, una de las prioridades de estos dos lados, católicos y grupos laicos, ha sido capacitar al personal de salud, abogados, miembros de comités de ética, así como miembros del Congreso en la aplicación de sus respectivas perspectivas bioéticas.

Cómo apareció la bioética en los debates mexicanos

La formación en bioética en salud reproductiva ha sido muy importante en México durante las últimas tres décadas, ya que durante este tiempo han surgido debates éticos y legales sobre una variedad de temas que incluyen el aborto, el tratamiento de la infertilidad, la subrogación, la objeción de conciencia y teorías del género. Los partidarios de los servicios legales de salud reproductiva reconocieron que la legalización del aborto no necesariamente conducía a su prestación. Los diferentes actores involucrados en estos debates han visto una oportunidad, a través de un marco bioético, para influir en el personal de salud, en particular obstetras y ginecólogos, para brindar estos procedimientos. También querían persuadir a los miembros de los comités de ética de los hospitales para que permitieran tales procedimientos con mayor frecuencia. Finalmente, pretendían influir en abogados, miembros del Congreso y otros que hacen política pública. Una vez familiarizados con los principios bioéticos y cómo aplicarlos a la salud reproductiva, estos actores también pueden comunicarse de manera más persuasiva con los medios de comunicación y, en última instancia, con el público en general. El logro de estos objetivos primero requirió de educación básica en los principios básicos de la bioética y luego se capacitó a médicos y especialistas en ética en técnicas de enseñanza para expandir el conocimiento ético en los hospitales públicos.

Antes de la década de 1990 había muy poca preocupación pública por los debates éticos sobre cuestiones de salud reproductiva. Hasta finales de la década de 1980 los planes de estudio de las facultades de Medicina no incluían la bioética. Fue en esos años cuando los profesionales de la salud comenzaron a cuestionar la ética general de las prácticas médicas, como los problemas con el consentimiento, la confidencialidad y el diseño de ensayos clínicos. El enfoque de promoción inicial de los liberales con respecto a los derechos reproductivos se centró en los problemas de salud pública asociados con los abortos ilegales y en cuestiones de derechos humanos de la mujer. Pensaron que enmarcar el aborto en términos morales o éticos sólo fortalecería el discurso conservador. El catolicismo, la religión dominante en México, predicaba regularmente que el aborto era inmoral y los partidarios del aborto legal no estaban seguros de poder montar un argumento exitoso basado en términos morales. Además, muchas mujeres, en particular quienes pertenecían al movimiento feminista, tendían a identificar “moralidad” con “control”. No fue hasta que la bioética se convirtió en una disciplina bien establecida cuando la idea de enmarcar el tema del aborto en términos morales ganó fuerza entre el público y los profesionales en muchos campos. Sin embargo, ha sido difícil integrar la perspectiva bioética en el discurso de la comunidad de defensa de los derechos sexuales y reproductivos.

La tendencia hacia la bioética se inició con el reconocimiento constitucional del derecho a la protección de la salud, en 1983, y luego la promulgación de la Ley General de Salud, en 1984. Esta ley y muchas otras que se derivaron de ella incluyeron normas sobre mala praxis médica, investigación clínica y otras cuestiones que requerían de un análisis ético. En 1989, el Consejo de Salubridad General, máxima autoridad de México en materia de salud, creó un Grupo de Estudio de Bioética, que en 1992 dio paso a la creación de la Comisión Nacional de Bioética (Conbioética). El objetivo de Conbioética es promover el debate público sobre bioética. También ha avanzado en la creación de comités de ética hospitalaria y comités de ética de la investigación en instituciones sanitarias públicas y privadas, estableciendo pautas para asegurar su correcto funcionamiento. De hecho, todos los hospitales están ahora legalmente obligados a tener estos comités (Ruiz de Chávez, 2014).

Guerras culturales por el aborto y la bioética

El aborto está prohibido en México desde mediados del siglo xix, cuando el país estableció un código penal que lo tipificó como un delito (en oposición a un pecado), permitiendo el aborto sólo cuando la vida de la mujer estaba en peligro. Sin embargo, México es una república federal y cada estado tiene su propio código penal, por lo que las leyes sobre el aborto difieren de un estado a otro. Aunque el aborto ha sido muy restringido por los códigos penales de la mayoría de los estados, las leyes mexicanas cambiaron gradualmente durante el último tercio del siglo xx para permitir varias excepciones para el aborto. En los 32 estados, el aborto está permitido cuando el embarazo es resultado de una violación. El aborto es legal en 24 estados cuando amenaza la vida de una mujer; en 16, cuando el embarazo representa un grave riesgo para la salud de la mujer; en 16 en casos de malformación fetal y en dos por razones socioeconómicas (gire, 2018; 2019a).

La oposición a estos cambios estaba firmemente arraigada en los argumentos religiosos presentados por la Iglesia católica y en el poder político de la Iglesia. Siempre que se presentaba un proyecto de ley para legalizar el aborto electivo en un estado, la jerarquía de la Iglesia católica ejercía su influencia política y lograba derrotarlo. Esto no fue fácil, ya que México es un país laico y los argumentos religiosos tienen un peso limitado. A medida que el aborto se convirtió en un problema en muchos estados, la Iglesia entendió que necesitaba argumentos adicionales, preferiblemente no religiosos. El campo de estudio cada vez más plural y secular de la bioética de la década de 1970 cuestionó las perspectivas religiosas, lo que llevó a su marginación dentro de la bioética y socavó el lugar prominente que las perspectivas religiosas habían ocupado en cuestiones de moral. En respuesta, varios actores dentro de la comunidad católica, desde el Vaticano hasta teólogos y filósofos conservadores, adoptaron un discurso y argumentos en el lenguaje más aceptable de la bioética moderna. De esta forma, sus enseñanzas resonarían en un público más secular (Reich, 1999; Evans, 2012). Algunas universidades católicas comenzaron a mirar hacia la bioética con el objetivo de justificar argumentos religiosos con un discurso más secular y científico sobre el aborto, pero también sobre temas como eutanasia, muerte cerebral, ética médica e investigación con células madre. También se basaron en el discurso de los derechos humanos, afirmando, por ejemplo, que el feto es una entidad portadora de derechos desde el momento de la concepción. Estas universidades han adoptado una perspectiva personalista sobre estos temas. El personalismo afirma que la condición de persona es la fuente última de valor; enfatiza la dignidad única y la inviolabilidad de la persona. Los personalistas afirman, por ejemplo, que una persona existe desde la concepción y que el aborto o cualquier forma de manipulación o destrucción de embriones es una violación de su dignidad (Williams y Bengtsson, 2018).

En 1992, la Universidad Anáhuac (establecida en la Ciudad de México por los Legionarios de Cristo, en 1964) fundó el Instituto de Humanidades en Ciencias de la Salud. En 2002, el Instituto se transformó en la Facultad de Bioética, la primera del país y también la primera en ofrecer un doctorado en Bioética. Este instituto se fundó con el objetivo de promover una perspectiva personalista de la bioética. Desde sus inicios, esta universidad ha capacitado a cientos de bioeticistas capaces de transformar las posiciones católicas contra el aborto y otros temas de la “vida” en un marco bioético “no religioso”. Otras universidades católicas, pertenecientes o afiliadas al Opus Dei y a los lasallistas (así como algunas universidades públicas) han seguido su ejemplo en la formación de bioeticistas en la misma perspectiva.

A pesar de que la bioética católica no es monolítica y en la Iglesia se ha llevado a cabo un vivo debate entre puntos de vista conservadores y progresistas en todo el mundo, los programas de bioética en las universidades católicas de México presentan sólo el lado conservador. El currículo de bioética en las universidades católicas mexicanas pasó por alto el discurso más abierto prevaleciente en algunas universidades católicas europeas y estadounidenses, que debatían temas como en qué momento se convierte el feto en persona o la libertad de conciencia. Estas posiciones fueron en gran parte ignoradas por las universidades católicas mexicanas.

Al mismo tiempo, el movimiento de mujeres por los derechos reproductivos en México estaba desarrollando una identidad y argumentos propios. El Grupo de Información sobre Reproducción Electiva (gire), fundado en 1993, junto con el Population Council e Ipas, estaban más enfocados en un enfoque clásico de derechos con un fuerte énfasis en la autonomía de la mujer y el costo humano y de salud del aborto inseguro. Católicas por el Derecho a Decidir (cdd), fundada en 1994, enmarcó sus argumentos en la teología de la liberación católica y proporcionó argumentos teológicos que reforzaban el derecho a decidir y el concepto católico de libertad de conciencia.

A fines de la década de 1990, al igual que la Iglesia católica, los grupos de derechos reproductivos también se dieron cuenta de que su enfoque tenía un atractivo limitado y necesitaban una base de valores. Distintas investigaciones han demostrado que los hechos rara vez cambian la opinión de las personas (Mercier y Sperber, 2017). Lo que motiva a las personas a actuar en la esfera pública son la visión y los valores, el corazón mismo de la ética. Marta Lamas, fundadora del gire, reconoció este enfoque como un elemento faltante de la defensa de la despenalización del aborto y se dedicó a activar a la comunidad bioética liberal a favor de un enfoque orientado a los valores, accesible tanto a personas religiosas como no religiosas.

En 2003, Lamas convocó a varios científicos, médicos, abogados y filósofos, quienes decidieron crear el Colegio de Bioética, una organización no gubernamental (ong) dedicada a analizar los aspectos bioéticos del aborto y también de la reproducción asistida, la eutanasia, la donación de órganos y otros temas bioéticos. Uno de los objetivos del Colegio fue asesorar a las instituciones públicas en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en materia de bioética con especial énfasis en el aborto y la salud reproductiva. Desde su fundación, el Colegio de Bioética ha tenido un papel central para argumentar ante los congresos estatales, federales y ante la Suprema Corte de Justicia cada vez que se han debatido leyes sobre aborto, reproducción asistida y objeción de conciencia (Lamas, 2017). Los miembros del Colegio han presentado amicus curiae (es decir, documentos de opinión sobre algún punto de derecho) a los tribunales a favor de la legalización del aborto y de una estricta regulación del derecho a la objeción de conciencia en la atención médica. Ocasionalmente, también han brindado capacitación y educación en bioética a grupos de derechos reproductivos durante este periodo. Sin embargo, dado que el Colegio es una organización de investigación de bioética y no una institución educativa, su impacto en la educación bioética ha sido limitado.

La reforma de la ley de aborto de la Ciudad de México y el retroceso conservador

La comunidad progresista en salud reproductiva (defensoras de derechos humanos, médicos, abogados y especialistas en ética) obtuvo una gran victoria el 24 de abril de 2007, cuando la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México despenalizó el aborto electivo durante el primer trimestre de la gestación. Apenas unas semanas después de la aprobación de la legislación, la entonces Procuraduría General de Justicia y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el apoyo del gobierno federal conservador, impugnaron la reforma en la Suprema Corte, argumentando que la modificación era inconstitucional ya que era una violación de los derechos humanos del feto. La comunidad de la bioética tuvo un papel muy importante en las audiencias públicas, que por primera vez tuvieron lugar en la historia de la Corte. En estas audiencias, miembros de las comunidades de bioética tanto conservadora como liberal dieron su opinión experta a los magistrados.4 Al final, la Suprema Corte decidió ratificar la ley, confirmando su constitucionalidad y reconociendo los derechos reproductivos de las mujeres (Lamas, 2017; gire, 2009; Madrazo, 2009).

Contrariamente a las expectativas de quienes pensaban que esta reforma iba a conducir a reformas similares en otros estados una vez que la Corte ratificara la ley, hubo una reacción conservadora en 20 estados que llevó a la modificación de las constituciones locales enfocadas en “proteger el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural”. Estas reformas, aunque simbólicamente fuertes, no tuvieron consecuencias sobre el acceso al aborto bajo el marco legal existente en los estados ni sobre posibles intentos futuros de legalizar el aborto electivo, dado que ya era ilegal en esos estados.

Desde que la Corte confirmó la reforma del aborto en la Ciudad de México, los congresos mexicanos han visto una batalla legal sobre temas reproductivos en tres frentes: leyes sobre la condición de persona del feto, reproducción asistida y objeción de conciencia en la provisión de servicios de salud. Los políticos conservadores en los congresos estatales han aprobado leyes que reconocen la condición de persona del “producto de la concepción”, dando lugar a inconsistencias jurídicas (Madrazo, 2016; Mendoza, 2015). En cuanto a la reproducción asistida, los senadores y diputados federales han presentado proyectos de ley que intentan restringir el acceso a estas técnicas, al prohibirlas para parejas del mismo sexo y mujeres solteras, limitar el número de embriones que se pueden generar y congelar, y prohibir las técnicas de “reducción embrionaria” en el útero, así como el descarte final de los embriones congelados. Uno de los pocos estados donde la gestación subrogada está legalmente regulada es Tabasco, que modificó su Código Civil en 1997. Sin embargo, en 2016, el Congreso estatal decidió prohibir que las gestantes subrogadas tuvieran hijos para extranjeros y parejas del mismo sexo. Algunas organizaciones de derechos humanos se han opuesto a estas modificaciones como una forma de discriminación.

Políticos conservadores también han presentado varios proyectos de ley en el Congreso federal para modificar la Ley General de Salud en el tema de la objeción de conciencia. Piensan que, si se permitiera ampliamente la objeción de conciencia, poco personal de salud brindaría servicios para abortos electivos o para procedimientos ya reconocidos por las leyes estatales por motivos de violación, malformación fetal o riesgo de muerte materna. De hecho, el 88% de los médicos que trabajaban en los hospitales de la Ciudad de México en el momento de la reforma de la ley del aborto, en 2007, se declararon objetores de conciencia y se negaron a realizar abortos, lo que puso en peligro todo el programa en su inicio (Ortiz-Millán, 2018). Finalmente, en octubre de 2017, el Congreso federal aprobó una modificación a la Ley General de Salud, propuesta por un miembro de un partido evangélico, el Partido Encuentro Social, reconociendo un derecho casi irrestricto a la objeción de conciencia, excepto cuando la vida de una persona esté en riesgo o en emergencias médicas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha impugnado la constitucionalidad de esta ley ante la Suprema Corte, donde el tema aún no se ha discutido.

La educación en bioética y su influencia

Si bien los esfuerzos continúan en la comunidad de derechos sexuales y reproductivos para expandir el acceso limitado al aborto que existe en los estados, el hecho es que el acceso al aborto –donde es legal– a menudo no está disponible. La reforma de la ley no ha cambiado por creencias profundamente arraigadas sobre la “vida” o sobre la “maternidad” y la naturaleza de la mujer. A medida que bioeticistas y filósofos progresistas se vuelven más activos en la educación del personal médico, la provisión mejora modestamente y las creencias cambian. La presencia dominante de la bioética conservadora en las facultades de Medicina y universidades católicas y la inclusión relativamente tardía de la bioética secular en las universidades públicas siguen siendo obstáculos para el progreso. Un buen ejemplo del alcance de las instituciones católicas es que han capacitado a muchos de los miembros de los comités de ética hospitalarios. Estos comités han contribuido a obstaculizar el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres. Por ejemplo, en un caso reciente en Veracruz, un comité de ética de un hospital impidió el acceso al aborto legal a dos niñas que fueron violadas, a pesar de que el aborto es legal en esta circunstancia (Soberón, 2019). El comité de ética fue en contra de una decisión reciente de la Suprema Corte, que confirmó la constitucionalidad de una norma de 2016 que establece que los hospitales no requieren de la intervención del ministerio público, presentar un informe policial o contar con el consentimiento de los padres para menores de 12 años que soliciten un aborto en caso de violación. La atención del aborto en estas circunstancias se define como “servicios médicos de emergencia” (gire, 2019b). Sin embargo, el comité de ética argumentó que el código penal estatal les permitía rechazar el aborto.

La Conbioética ha tratado de mantenerse neutral en las batallas sobre estos temas, aunque en muchos casos ha copatrocinado algunos de los cursos que se ofrecen en las universidades católicas. De igual manera, las asociaciones mexicanas de ginecología y obstetricia y su federación nacional, la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología (Femecog) han evitado el tema del aborto. No tienen posición sobre el tema y sus reuniones anuales generalmente carecen de sesiones sobre este asunto. Entonces, ¿dónde pueden los profesionales de la salud y las defensoras de derechos sexuales y reproductivos desarrollar una perspectiva ética progresista y centrada en la mujer sobre la salud reproductiva, especialmente en temas tan controvertidos como el aborto y la reproducción asistida?

Existen varias opciones académicas. El Colegio de Bioética y el profesorado de aquellas universidades donde una perspectiva científica y laica domina los programas de bioética han desempeñado un papel menor en la formación del personal sanitario en una perspectiva bioética más progresista. La Universidad Nacional Autónoma de México (unam), la única universidad nacional del país, también comenzó a ofrecer cursos de bioética a principios de la década de 1990 y creó su primer programa de posgrado en bioética en 2002. Desde 2008, varias escuelas e institutos de investigación han organizado, junto con el Colegio de Bioética, diplomados en bioética así como cursos sobre salud reproductiva, dirigidos a profesionales de diferentes áreas. En 2012, la unam fundó su Programa Universitario de Bioética, que trata de cubrir todo el espectro de temas bioéticos y ha prestado especial atención a la salud reproductiva. Ha capacitado a miembros de los comités de ética hospitalaria en bioética, asegurándose de que siempre se incluya la salud reproductiva. También ha promovido un seminario de discusión permanente sobre temas legales, médicos y éticos relacionados con el aborto y la reproducción asistida. Sin embargo, en realidad, el liderazgo en el trabajo con los proveedores de servicios ha sido más vigoroso en el sector de las ong. Este papel ha sido asumido por algunas organizaciones. Si bien no se enfoca directamente en la ética, Ipas, que capacita a médicos para brindar servicios de aborto legal, incluye talleres de clarificación de valores. En estos talleres se invita a los participantes a examinar sus propios valores básicos, razonamiento moral y reacciones hacia los servicios de salud reproductiva y aborto. Dado que la idea detrás de estos talleres suele ser que las personas cambien de opinión hacia una forma más liberal de concebir el aborto, las técnicas de clarificación de valores en general han sido criticadas durante mucho tiempo como una forma de adoctrinamiento (Baer, 1977) y de valor limitado para aquellos cuyos valores se oponen a los de los entrenadores. Estos cursos deben ser reemplazados por cursos de formación en bioética dirigidos a desarrollar las capacidades morales de las personas, utilizando los conceptos y marcos de las teorías bioéticas. Estas capacidades morales incluyen la capacidad de deliberar moralmente, considerando puntos de vista opuestos y teniendo en cuenta las diferentes razones involucradas en situaciones morales.

La organización estadounidense Centro de Salud, Ética y Política Social (chesp) desarrolló un programa más extenso de ética en salud reproductiva con un fuerte enfoque en el aborto para los proveedores de servicios. chesp lo llevó a cabo en México junto con cdd. Entre las extensas herramientas desarrolladas por cdd/chesp se encuentra la edición en español del manual de ética de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (figo) desarrollado por el Comité de figo para el Estudio de los Aspectos Éticos de la Reproducción Humana y la Salud de la Mujer. está disponible en el sitio web de cdd (figo, 2012). A partir de 2016 en la Ciudad de México, el equipo de liderazgo de los servicios de aborto en los hospitales públicos se reúne periódicamente con un especialista en ética para discutir casos difíciles y ampliar sus conocimientos. Al mismo tiempo, Frances Kissling (presidenta de chesp), quien enseña ética en salud reproductiva en el programa de maestría en bioética de la Universidad de Pensilvania y también en la unam, comenzó a capacitar a cinco miembros del personal y colegas del cdd para realizar talleres para profesionales de la salud en varios estados mexicanos. El grupo incluyó a tres educadores, un psicólogo y un ginecoobstetra que practica abortos. Se proporcionaron diez días de capacitación y luego el grupo aprendió con Kissling en la realización de talleres de tres días en tres estados.

El programa chesp fue desarrollado originalmente para Population Services International, una organización internacional de servicios de salud, para su uso en sus plataformas, que estaban comenzando a distribuir misoprostol para la atención postaborto. Fue diseñado para un grupo mixto de proveedores de salud, alrededor de un tercio a favor del aborto legal, un tercio en contra y un tercio ni a favor ni en contra. Antes de ofrecer el programa en México, se había llevado a cabo en ocho países africanos, América Central y varios países asiáticos.

Ahora se ha ofrecido a más de 250 médicos y psicólogos en estados donde el aborto está disponible en circunstancias limitadas. Cada programa tiene la aprobación de la secretaría de salud estatal y asisten los directivos de la secretaría. De los asistentes a estos talleres, se seleccionaron 15 profesionales de la salud para recibir capacitación avanzada en la realización del taller. Cinco de esos profesionales han podido ofrecer módulos de varias horas de duración en sus hospitales, llegando a 125 profesionales más.

No se intenta cambiar la opinión de nadie sobre el aborto. El objetivo es brindar educación básica sobre los cuatro principios básicos de la ética de la atención médica y enseñar habilidades básicas de pensamiento crítico para que los participantes puedan decidir de manera más racional lo que creen sobre el aborto. El uso de los cuatro principios sitúa el aborto en un contexto más amplio, menos cargado de creencias no examinadas (Beauchamp y Childress, 2013). Los dos primeros principios: “No hacer daño” y “Hacer el bien”, cuando se aplican al aborto, destacan el riesgo de mortalidad y morbilidad si se niega el aborto y la necesidad de prestar atención a las necesidades de salud más amplias de la mujer. También enfatizan el deber de cuidado de un proveedor de salud. “Respeto por la autonomía del paciente”, el tercer principio, es un concepto difícil para algunos profesionales sanitarios que todavía están acostumbrados a tomar decisiones por el paciente. “Hacer justicia”, el cuarto principio, es muy pertinente en la época de covid-19, donde nos enfrentamos a preguntas como quién debería recibir medicamentos y servicios escasos, y también destaca el hecho de que las mujeres tienen menos probabilidades de recibir atención de aborto seguro cuando están al margen de la sociedad. Los principios se examinan en abstracto en un inicio y se hace un esfuerzo para demostrar que la toma de decisiones no es sencilla. Tanto los experimentos mentales como los estudios de casos se utilizan ampliamente. Particularmente útil es el clásico “problema del tranvía”, planteado originalmente por Philippa Foot (1994), que consiste en imaginar que un tranvía sin frenos se dirige hacia cinco personas a las que mataría, pero uno está junto al cambio de agujas y podría hacer que el tranvía cambiara de rieles, en cuyo caso sólo mataría a una persona. Esto requiere que la gente decida si tomaría una acción que salvaría la vida de cinco personas, pero que resultaría en la muerte de otra. El ejercicio, que requiere una acción de una fracción de segundo, enfrenta los principios de las personas con sus creencias.

Los estudios de caso son un componente clave del curso. Uno, sobre la mutilación genital femenina, proporciona un paralelo directo con el aborto. Se pide a los participantes que decidan si los hospitales deben tener una exención a la ley contra la mutilación genital femenina y proporcionar cortes seguros para evitar daños a las niñas a quienes personal no calificado se las practicaría, con riesgo de infección e incluso de muerte. Se anima a los participantes a abordar el dilema de valores en competencia determinando qué es más importante: el principio de “no hacer daño”, evitar que la niña sufra una posible mutilación dañina o negarse a violar la autonomía de una niña mediante un corte no deseado. Ser capaz de examinar los cuatro principios básicos de la bioética en el contexto de casos reales como este desarrolla el pensamiento crítico y ofrece un medio para lidiar con la complejidad.

El segundo día incluye una sesión extensa sobre el pensamiento católico progresista sobre el aborto y varios estudios de casos sobre diversos desafíos relacionados con el aborto. El último día se desarrolla a partir de los dos primeros días con sesiones enfocadas en aquellas áreas que los asistentes quisieran explorar más profundamente.

Las evaluaciones de los participantes son muy positivas, a menudo señalando que una mayor tolerancia y aceptación de diferentes puntos de vista fue una experiencia de aprendizaje importante. Se valora especialmente el modelo de estudio de caso. La realización de estos talleres requiere habilidades y conocimientos considerables. Más especialmente, los instructores deben dejar de lado cualquier deseo de recurrir a las formas estándar proelección de discutir el aborto y estar abiertos a todos los participantes, de hecho, para alentar a quienes están en contra del aborto a expresar sus puntos de vista. En parte, la razón de esto es que en muchas instituciones de salud no hay espacio para que las personas discutan el tema del aborto de manera racional, por lo que enseñamos ética, pensamiento crítico, pero también cómo disentir civilmente.

Además de trabajar con profesionales de la salud, el proyecto ha trabajado con el personal de varias organizaciones de salud reproductiva en la Ciudad de México. Especialistas en ética de la unam y un sacerdote católico progresista han completado seis sesiones sobre ética en salud reproductiva conducidas por el chesp. Ha sido difícil pasar de un marco de derechos de la mujer a un marco de bioética, ya que los defensores tienden a tener un conjunto fijo de valores. En el caso del aborto, parece necesario utilizar el marco de los derechos de la mujer y los derechos humanos junto con la no injerencia del Estado y la exclusión de las ideas religiosas como mensajes clave. Incluso cuando los defensores entienden que estos enfoques e ideas limitan hasta dónde se puede avanzar, es difícil no volver a ellos reflexivamente en los mensajes.

Los proveedores de servicios son algo más abiertos; en muchos casos, buscan un marco más cercano a su trabajo para justificar la prestación de servicios y para responder a las preguntas que puedan recibir del público y los pacientes.

¿Qué sigue?

El desarrollo de la educación en bioética para el aborto y otros servicios de salud reproductiva está más avanzado en México que en la mayoría de los países donde el acceso al aborto está legalmente limitado. Aunque en el corto plazo parece difícil cambiar las leyes de aborto en México de una manera que reconozca plenamente los derechos de las mujeres –la despenalización del aborto en el estado de Oaxaca en 2019 fue excepcional (Agren, 2019)–, las organizaciones de derechos reproductivos pueden promover su causa al capacitar a todos los diferentes actores en discusiones bioéticas.

En este contexto, ¿qué debe suceder para que el marco bioético tenga un impacto más amplio? Identificamos varias tareas que deben realizarse:

La Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología (Femecog) debería establecer comités similares al Comité de Ética de figo para explorar formas de desarrollar capacidades de pensamiento bioético. Esto podría, por ejemplo, incluir la organización de sesiones en sus reuniones anuales para discutir cómo se puede aplicar la bioética para aclarar los problemas que enfrenta la profesión, tal como lo hace el Comité de Ética de la figo (2015). También se debe discutir el código de ética médica de Femecog, particularmente las implicaciones de su exigencia de respetar los derechos humanos y el bienestar del paciente.Educación formal en bioética en universidades. Muchas personas que imparten cursos de ética en universidades no practican la bioética en entornos de atención médica ni tienen una educación formal en el campo. El campo tiene que pasar por un proceso de profesionalización. Los estudiantes de las escuelas de Medicina deben tener una capacitación formal en bioética.Trabajar más directamente con los comités de ética a nivel hospitalario. Si bien la ley exige que las personas que pertenecen a estos comités tengan una formación en bioética, muy a menudo éste no es el caso.Trabajar más directamente con las comisiones estatales de bioética que se encargan de supervisar los comités de ética de los hospitales. Muchas de las personas que componen estas comisiones no tienen formación en bioética o en temas relacionados con la reproducción.

Conclusiones

Desde la década de 1990, México ha sido testigo de una batalla por el aborto, la reproducción asistida y temas relacionados. El éxito de la bioética secular moderna de la década de 1970 provocó las iniciativas de la Iglesia católica de la década de 1990: el establecimiento de los primeros programas de posgrado en bioética en el país y el inicio de la educación de bioeticistas y personal de salud en los principios del personalismo. Sin embargo, aproximadamente al mismo tiempo, las organizaciones feministas y otras organizaciones liberales comenzaron a apoyar una perspectiva bioética no religiosa y basada en la ciencia, y junto con algunas universidades públicas crearon programas de posgrado laicos en bioética. Estas iniciativas restauraron el propósito de la bioética: promover el debate sin tener que justificar conclusiones que se ajusten a la ortodoxia religiosa.

Si bien no son previsibles reformas importantes a las restrictivas leyes del aborto que prevalecen en la mayor parte del país, se han producido cambios en temas como reproducción asistida, gestación subrogada y otros, que en su mayoría permanecen sin regular. Políticos de distintas orientaciones ideológicas han presentado varios proyectos de ley sobre estos temas, tanto a nivel estatal como federal, pero la mayoría de ellos con escaso trasfondo legal, médico y bioético. En este escenario, la capacitación del personal de salud, miembros de los comités de ética de los hospitales, miembros de las comisiones estatales de bioética, abogados, activistas y asistentes políticos en los aspectos bioéticos de la salud reproductiva a diferentes niveles ha sido de suma importancia. Debe hacerse un trabajo más directo para capacitar a todos estos diferentes actores en los principios de un marco de bioética no religioso basado en la ciencia.

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Alteridad y vida común frente a las marcas identitarias en los derechos sexuales

Georgina Romero Gaeta 5

Introducción

Si bien es cierto que las discusiones sobre los derechos sexuales y reproductivos encuentran sus mayores dificultades en la inconmensurabilidad entre teorías de diferentes áreas de estudio, es posible esbozar un panorama amplio de la diversidad de pensamientos que a través de la crítica señalan nodos controversiales para el desenvolvimiento de la ética. La presuposición de correspondencia entre identidad de género y sexo biológico es el entramado más complejo y, además, el centro de otros supuestos en el espacio jurídico, social, epistemológico, etcétera.