El cactus y el olivo E-Book

Lorenzo Meyer

• Herausgeber: Océano
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Serie: Claves. Sociedad, economía, política
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 535

Veröffentlichungsjahr: 2014

Beschreibung

Las plantas que dan nombre a este libro aluden a la centenaria relación entre el otrora territorio conquistado y el reino conquistador. Aunque varias obras han abordado ese encuentro, escasean los estudios sobre la relación de los dos países en su edad adulta, libre uno del otro. En esta investigación, Meyer explora los vínculos entre México y España una vez consumada la Independencia. Para explicar lo que ocurrió después no desestima hechos significativos de la relación en el siglo XIX. El cactus y el olivo cuenta la difícil interacción de dos naciones inmersas en sus procesos históricos. Una, enfrentada a una revolución. Otra, en el debate sobre la forma de gobierno que debía adoptar. Concebido como el primer volumen de dos, que cubren todo el siglo XX, en sus páginas, que abarcan hasta 1931, comprendemos la atención de España hacia México y sus desatinos en el manejo de la relación, llena de errores y desacuerdos, pero nunca indiferente.

Leseprobe

AGRADECIMIENTOS

Esta obra fue posible gracias a la beca que recibí del gobierno español para trasladarme a España en el año académico 1991-1992, cuando pude disfrutar de un año sabático y abandonar temporalmente mi institución, El Colegio de México, para impartir cursos en la Universidad Complutense y el Instituto Universitario Ortega y Gasset. Fue entonces que, entre curso y curso, pude dedicarme a lo largo de un año a revisar los archivos sobre México en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid y de la administración pública en Alcalá de Henares. Sin embargo, la redacción de lo encontrado debió de esperar al siguiente sabático, cuando una beca de la Fundación Guggenheim y un ofrecimiento del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Stanford para impartir un curso, me permitieron elaborar en 1999 el manuscrito en una oficina de la pequeña pero amable colmena que es la ya famosa “Bolivar House”.

INTRODUCCIÓN:LA FUERZA DE LASRELACIONESSIMBÓLICAS

El pasado como punto de referencia y condicionante

Ni las personas ni las naciones tienen porque ser prisioneras de su pasado, pero ni las unas ni las otras pueden vivir su presente o proyectar su futuro sobre simples hojas en blanco. El pasado cuenta, y cuenta mucho, sobre todo, cuando se trata de explicar las relaciones políticas, económicas y sociales de dos sociedades nacionales —en este caso España y México— que por tres largos siglos mantuvieron una conexión tan íntima como desigual: la propia entre una metrópoli y una colonia. Ese pasado tan esencial como dispar, llevó a que el peso simbólico de lo que ocurría o dejaba de ocurrir entre México y España fuera mucho mayor que el que podría suponerse si únicamente se examinaran los factores objetivos —económicos, políticos, estratégicos o sociales.

La relación de subordinación entre la Nueva España y España abarca de abril de 1519, fecha en que Hernán Cortés y un puñado de españoles venidos de Cuba desembarcaron y fundaron el primer ayuntamiento europeo en Veracruz, a febrero de 1821, cuando las elites mexicanas proclamaron la independencia de la antigua colonia para formar una nueva nación. La Nueva España no fue una colonia cualquiera, tuvo una alta densidad demográfica, una cultura original con variantes locales y fue completamente diferente a la europea. Justamente por esa diferencia tan marcada y profunda, el poder metropolitano consideró intrínsecamente inferior a la sociedad a la que derrotó, subordinó y explotó tras un singular combate entre civilizaciones. La relación colonial hispano-mexicana concluyó justo al iniciarse el tercer decenio del siglo XIX, pero el medio siglo que siguió a la ruptura unilateral estuvo lleno de conflictos y recriminaciones entre los dos países, al punto que, estructuralmente, pertenece más a la vieja relación entre desiguales —a España le costó mucho aceptar que no tenía más alternativa que tratar en un plano de igualdad a su excolonia— que a la nueva relación entre naciones soberanas. Así, el rompimiento de los lazos de dependencia política de México con el gobierno de Madrid y la institucionalización de una nueva y distinta relación con su antigua metrópoli —donde la dependencia y subordinación fueran sustituidas por la igualdad y la reciprocidad— resultó ser un proceso mucho más largo, laborioso y conflictivo de lo que supusieron quienes lo iniciaron desde el lado mexicano. Y ese conflicto se explica tanto por razones objetivas como simbólicas, pues la desigualdad original tuvo un peso decisivo en la conciencia colectiva de las dos naciones.

Los temas de esta obra son las diferentes etapas por la que atravesó la relación entre México y España en el siglo XX. Pero la interacción política, económica, social y cultural de los dos países no se puede entender sólo por lo acontecido en el transcurso de ese periodo, pues a lo largo del mismo —mucho más al principio que al final— estuvo parcialmente cubierta por la espesa sombra del pasado —del inmediato y del lejano— en particular en los momentos de tensión o de conflicto, que no fueron pocos.

En la historia de la relación hispano-mexicana, el siglo XIX constituye, en sí mismo, un gran ciclo. Visto el inicio del proceso decimonónico desde la orilla mexicana, resulta que apenas se estaban disipando las fuertes tensiones creadas en el interior de la Nueva España por las reformas económicas y administrativas impuestas por los monarcas Borbones, cuando el acomodo recién logrado fue súbita y dramáticamente destruido por la invasión napoleónica de España. La guerra de independencia que, en 1808, inició la sociedad española contra los ocupantes franceses se convirtió, allende el Atlántico, en el disparador de un nuevo e inesperado conflicto: el que lanzó a una parte de la sociedad colonial en la América española a buscar su propia independencia. La brutal lucha social que se inició entonces en la Nueva España desembocó en la independencia final de ese reino en 1821; pero la nueva libertad no fue el inicio de un régimen más estable y feliz, sino el primer eslabón de una larga, sangrienta y destructora cadena de conflictos internos y de luchas contra invasiones, que abarcaron de los años veinte, hasta los setenta del cruel siglo XIX mexicano.

Durante el último tramo de la centuria decimonónica —tan problemática internamente para México como para España—, todo parecía apuntar a la superación definitiva de la mala relación y voluntad que habían caracterizado a la relación entre la exmetrópoli y la excolonia, y que la normalidad dentro de cada sistema podría ser la base objetiva de otra normalidad: la de sus relaciones bilaterales. Desafortunadamente ése no habría de ser el caso; apenas concluido el primer decenio del nuevo siglo, el ciclo de diferencias y conflictos entre los dos países se volvió a iniciar. El detonador del nuevo desencuentro fue la revolución que estalló en México al final de 1910; el triunfo de la nueva insurgencia afectó el patrón de buenas relaciones que existía en ese momento entre la España de la Restauración y el México de la dictadura de Porfirio Díaz. Un cuarto de siglo después, fue en España donde estalló la revolución y el efecto inmediato de tal acontecimiento fue muy positivo en la relación oficial hispano-mexicana, pero el fracaso de esa revolución y el establecimiento de una dictadura de derecha en España en 1939, hizo retornar las tensiones, y la normalidad que finalmente se estableció entre los dos países fue bastante anormal. La relación oficial de México hasta 1977 fue con una República Española que no existía y la relación real fue con la España a la que no se reconocía, la del Estado Nuevo, presidido por Francisco Franco. Dos regímenes autoritarios; uno, producto de una revolución y, el otro, de una contrarrevolución, se rechazaron y el mexicano simplemente se negó a reconocerle legitimidad al español. La muerte del dictador español en 1975 y la sorprendente transición española a la democracia por la vía de una monarquía constitucional, abrió la puerta al rencuentro. La relación hispano-mexicana del último tramo del siglo XX se caracterizó por la cercanía y calidez de las relaciones oficiales y las otras, las que involucran a las dos sociedades. Por segunda vez, un ciclo y un siglo habían concluido.

Pero volvamos al principio y examinemos los grandes rasgos de cada uno de esos dos ciclos en que han transcurrido las relaciones entre México y España como entidades soberanas. Crear, hacer funcionar y arraigar la fórmula que debería enmarcar los lazos políticos hispano-mexicanos después de la declaración unilateral de independencia por parte de México en 1821, habría de resultar muy complicado. La resistencia española a aceptar lo que pronto debió resultarle evidente —que México no era una provincia rebelde, sino un nuevo país al que se debía de tratar de igual a igual—, fue mucha, duró largos quince años y en ese periodo se acumularon agravios, resentimientos, se arraigaron actitudes que se convertirían en actos reflejos. Cuando finalmente la independencia mexicana fue aceptada por Madrid en 1836, la defensa de los intereses de la colonia española en un México inestable, caótico, donde la hegemonía estaba ausente, donde los procesos del poder resultaban impredecibles y se habían desarrollado actitudes hispanofóbicas, hizo de las reclamaciones el meollo de una relación que aún no maduraba. De manera casi natural, España —una España de tiempo atrás era marginal dentro de un sistema mundial cuyo centro era Gran Bretaña— tomó abiertamente partido en la lucha civil mexicana y se involucró en ella, pero con tan mala fortuna que el grupo político con el que simpatizaban los españoles —el conservador y monarquista—, no sólo no resultó triunfador sino que, al perder la guerra civil, de plano fue eliminado del mapa político mexicano. Sólo al concluir el siglo XIX, cuando por fin echó raíces la estabilidad política en México por la vía de una dictadura personal —la del presidente Porfirio Díaz— y en España triunfó la Restauración, los intereses mutuos y el compartir una ideología económica liberal, lograron embonar de tal manera que la normalidad y la cooperación hispano-mexicana encontraron, por fin, una base objetiva de apoyo. Fue así como el ciclo estabilidad-conflicto-retorno a la estabilidad marcó la relación hispano-mexicana, durante prácticamente todo el siglo XIX.

Cuando el régimen mexicano encabezado por el general Porfirio Díaz (1877-1911) —la dictadura de los liberales— logró controlar a las fuerzas centrífugas por la vía de un enorme poder personal, en España, que también había vivido un siglo decimonónico de gran confusión política y social, la monarquía volvió a aparecer como una institución segura. La derrota del carlismo (1876), la rotación en el poder entre liberales y conservadores y, finalmente, el reinado de Alfonso XIII (1902-1931), así lo demuestran. Al finalizar el siglo XIX, en México y España se respiraba la atmósfera de “orden y progreso” y de confianza entre las elites, aunque esta última característica, la de la confianza, fue más notoria en México, pues la derrota española del 98 a manos de Estados Unidos dejó un sabor amargo y un cúmulo de dudas entre las clases dirigentes de la península.

La normalidad dictatorial en México y la monárquica en España eran la calma antes de la tormenta, una tormenta que se desataría primero en la orilla americana pero que, veinte años después, se haría presente con igual furia en España. Esa diferencia de dos decenios en el cambio de régimen, volvería a sumir en la incertidumbre, el conflicto, la irritación, el resentimiento y la recriminación mutua, a la relación hispano-mexicana. La ruptura de la armonía que había alcanzado la interacción de los dos países bajo la “pax porfirica” fue parte de un proceso mayor: el protagonizado por el choque entre el nacionalismo revolucionario mexicano y el orden internacional impuesto y sostenido, en el caso de México, por Estados Unidos y Gran Bretaña con la participación, en un plano secundario, del resto de las potencias europeas. El estallido social en España en los años treinta, sería el preludio de uno mucho mayor: el de la segunda guerra mundial.

La caída de la monarquía y la proclamación de la república en España, permitió la posibilidad de una identidad de intereses entre el México de la revolución y el nuevo régimen español. Poco tiempo después, al estallar la guerra civil española, se abrió una posibilidad más interesante: que se desarrollara una auténtica revolución en la propia España. En esa coyuntura, y por primera vez en la historia de la relación, el gobierno mexicano se decidió a desempeñar un papel en los procesos internos españoles. Con todas las salvedades que la generalización requiere, puede decirse que la apuesta mexicana a una república radicalizada, fue el equivalente a la apuesta que, en el siglo anterior, los gobiernos españoles hicieron a la monarquía en México. El gobierno mexicano se comprometió, y a fondo, con una de las partes en la terrible contienda y, como había sido el caso de España en el siglo anterior, también perdió la apuesta. Sin embargo, y a diferencia de lo que había tenido que hacer España cuando fue su turno, el gobierno de México nunca buscó llegar a un arreglo con los vencedores, no lo necesitaba. Al contrario, mantuvo su compromiso con una República Española que sólo existía en la imaginación de un grupo de españoles, básicamente de los exiliados.

Pero el México de la Revolución devino en un México posrevolucionario de partido casi único, de Estado, de enorme poder presidencial y donde las formas democráticas no correspondían al contenido real de la política, que era autoritario. El gobierno de la contrarrevolución española, por su parte, privado de sus aliados totalitarios después de 1945, logró ser aceptado en el nuevo orden internacional ligándose al anticomunismo de las potencias occidentales, y también desembocó en un régimen autoritario encabezado menos por un partido y más, mucho más, por un caudillo. Formalmente, el autoritarismo mexicano se legitimó con principios revolucionarios, y el español con los conservadores, pero en su modus operandi, ambos tendieron a confluir. Las similitudes entre ellos eran mucho mayores de las que tenían cada uno con los países centrales del sistema internacional y con los que mantenían las relaciones más significativas. De nueva cuenta, a partir de los años cuarenta, la estabilidad política autoritaria y el desarrollo económico resultaron ser las características compartidas por México y España.

Entre 1939 y 1977, las relaciones oficiales entre los gobiernos de la Ciudad de México y Madrid no existieron, pero en la práctica muy pronto se llegó a un modus vivendi que, no sin tensiones y momentos difíciles, permitió el flujo normal de bienes, capitales y personas que requería la existencia de una colonia española en México. Y aquí conviene detenerse para subrayar un hecho significativo: mientras que desde el inicio de nuestra historia la colonia española en México fue un actor importante en el esquema de las relaciones hispano-mexicanas —una colonia no tan numerosa como en otras naciones del continente pero lo suficientemente importante en términos económicos como para hacerse tomar siempre en cuenta—, lo contrario no es verdad: la colonia mexicana en España no tuvo nunca gran importancia numérica, política, económica o social, nunca se organizó para actuar como grupo de interés o de presión y, por tanto, no desempeñó ningún papel relevante en la relación bilateral.

La colonia española se organizó como tal desde el siglo XIX en una notable variedad de instituciones —el Casino Español, la Junta de la Covadonga, la Beneficencia Española, los centros regionales, etcétera. Si la unidad de los españoles en México siempre fue relativa, con el arribo de los refugiados políticos después de la caída de la república, las divisiones se hicieron insalvables. Sólo el paso del tiempo habría de permitir un relativa pérdida de importancia de lo que, originalmente, fue una división política y cultural tajante e infranqueable.

Cuando finalmente el régimen autoritario español se vino abajo y tuvo lugar la notable transición a la democracia en la Península Ibérica, el gobierno mexicano aprovechó la oportunidad para normalizar sus relaciones con España sin renunciar al pasado. Oficialmente, desde la orilla americana del Atlántico, se sostuvo que era España y no México la que había cambiado, y que México seguía identificándose con ese breve, pero intenso, momento de coincidencia entre las revoluciones (1936-1939) y de oposición entre los autoritarismos (1939-1977). Lo que vendría después del reconocimiento mutuo sería una segunda etapa de normalidad entre ambos países después de la propiciada por Porfirio Díaz; las divisiones históricas dentro de la colonia española dejaron de ser relevantes y, por primera vez en la relación bilateral, hubo un flujo importante de capital y tecnología originados en España para ser invertidos en sectores importantes de la economía mexicana, pero esa historia de una relación “como las demás” corresponde a otra obra, pues ésta se centra en lo que ocurrió, en el gran preámbulo a lo que habrá de ocurrir.

I. PRIMER SIGLO, PRIMER CICLO

La gran ruptura

El proceso de independencia del Virreinato de la Nueva España se inició de manera inesperada al finalizar el verano de 1810. El estallido de una violenta rebelión indígena en la rica zona minera y agrícola del Bajío mexicano encabezada por un puñado de criollos —notables locales—, no fue producto de un proyecto largamente madurado sino, más bien, el resultado no previsto de procesos revolucionarios que estaban teniendo lugar al otro lado del oceano, en Europa, en el centro del sistema internacional: la Revolución Francesa, la posterior invasión napoleónica de España, la prisión del monarca Borbón —Fernando VII— en Francia, el levantamiento del 2 de mayo de 1808 del pueblo de Madrid contra los franceses, la rápida propagación de la insurrección y, finalmente, la aparición, como actor central, del liberalismo español.

La lucha del pueblo español para preservar su independencia se combinó con un cambio de régimen —con una revolución liberal a favor de una monarquía constitucional—, lo que llevó a la metrópoli a concentrar el grueso de sus energías en un doble propósito: sobrevivir como Estado nacional autónomo y cambiar la monarquía absoluta por otra moderada, gracias a una constitución y la división de poderes. Ambos procesos hicieron indispensable buscar recursos y apoyo en las colonias de ultramar, lo que propiciaría un inesperado cambio en la correlación de fuerzas dentro de las diferentes unidades político-administrativas que conformaban el enorme y viejo imperio español en América.

El rechazo de parte de la pequeña minoría española en Nueva España —la joya colonial de la corona, gracias a la producción de sus minas de plata— de la posibilidad de compartir la responsabilidad del poder con los notables criollos por la vía de las elecciones a los cabildos y juntas en la Nueva España, daría como resultado una reacción similar pero en sentido opuesto de los criollos, aunque no de los más importantes —los de la capital—, sino de aquéllos asentados en la periferia geográfica, política y social. En efecto, una breve y exitosa rebelión en la ciudad de México encabezada por un comerciante vasco, Gabriel Yermo, depuso al virrey José de Iturrigaray en septiembre de 1808 —su estrecha relación con la elite criolla resultó sospechosa e intolerable para la minoría peninsular— y lo remplazó con Pedro de Garibay. El de Yermo fue un movimiento sin precedente en tres siglos, que rompió la legalidad de la sucesión de la autoridad al nivel más alto, y sin otra justificación que la de preservar el statu quo —el monopolio político y comercial de los peninsulares— en un momento en que la fuerza relativa de los criollos aumentaba como resultado de la decisión española de resistir a Napoleón y a su formidable ejército de 300 mil hombres.

La respuesta al golpe de la minoría española llegó justo dos años más tarde, en la forma de una rebelión en Dolores, Guanajuato, el corazón de una de las regiones agrícolas, mineras y comerciales más dinámicas del virreinato, gracias al auge de la exportación de plata: el Bajío. El movimiento insurgente fue encabezado por Miguel Hidalgo y Costilla, cura de la parroquia, el 16 de septiembre de 1810. Fue una insurrección iniciada sin gran preparación, bastante improvisada pese a que la conspiración llevaba ya tiempo. Sus líderes eran todos criollos de importancia apenas local pero que ya no estaban dispuestos a seguir desempeñando el papel secundario que los peninsulares les habían asignado en el jerárquico orden colonial. La rebelión de estos criollos de segunda línea estalló, finalmente, en el pueblo de Dolores, pero bien pudo haberse iniciado en otra parte, como Morelia o Querétaro, por ejemplo, pues estaban dadas las condiciones para ello en el conjunto de la región central de la Nueva España.

Inicialmente, el grupo de sublevados en Guanajuato no presentó su espectacular acción como una reivindicación de los intereses de su clase y menos como una rebelión para lograr la independencia mexicana, sino más bien como una lucha dentro del marco vigente de valores y acuerdos, que simplemente se proponía defender los auténticos intereses del rey prisionero y de la religión católica, ambos amenazados por el “mal gobierno” colonial, el de los “gachupines”. El llamado a la lucha contra la autoridad inmediata en nombre de la autoridad lejana que se encontraba prisionera de Napoleón en Francia y de la religión católica supuestamente amenazada por los eventos en Europa, no correspondía, es obvio, a la realidad, pero políticamente resultó la adecuada. De lo contrario esa mañana del otoño de 1810, un puñado de criollos guanajuatenses cuya conspiración acababa de ser descubierta, no hubiera podido movilizar en su favor la enorme energía del resentimiento acumulado por siglos en la ancha base de la pirámide social novohispana, es decir, entre indígenas y mestizos.

La rebelión de Hidalgo resultó un movimiento espoleado por los cambios en las estructuras y relaciones de producción agrarias del Bajío —la profundización del capitalismo del siglo XVIII en el campo y las crisis de esa economía agrícola— que echaron por tierra prácticas arraigadas y que, por lo mismo, afectaron negativamente a las comunidades indígenas. La división entre criollos y españoles que reflejó el dramático llamado de Hidalgo a echar del poder a los “gachupines”, hizo ver a las clases subordinadas la existencia de resquebrajaduras en la elite del poder y, por tanto, una oportunidad para replantear su situación e intereses.1  En su momento cumbre, la masa agraria indígena y mestiza que siguió a Hidalgo para acabar con los españoles, llegó a sumar cien mil personas lo que, para la época, resultó un contingente realmente impresionante y amenazador, sobre todo, si se tiene en cuenta que la población total del reino apenas superaba los seis millones de almas, en su enorme mayoría indígenas y mestizos.2

A diferencia de lo que ocurría en otras partes del imperio español en América y por la naturaleza de su origen —la lucha contra los europeos de inmediato se convirtió en una lucha social de la masa contra la elite— la rebelión de los independentistas mexicanos recibió el rechazo inmediato del grueso del grupo criollo, pues si bien sus intereses se contraponían en algunos aspectos con los de los españoles, nada tenían en común con los de la masa insubordinada y furiosa de indios y mestizos que seguían a Hidalgo. El cura de Dolores y los suyos fueron, finalmente, un puñado de europeos nacidos en América al frente de una masa indígena y mestiza a la que nadie controlaba del todo. Esa ausencia del grueso de los criollos en las filas de la rebelión de 1810, desembocó en algo no previsto por los líderes originales: en “la primera rebelión de carácter popular que sacudió a la Nueva España y al continente”.3 En esas condiciones, el levantamiento popular, inevitablemente, tomó desde el inicio el carácter de una lucha menos por la independencia política y más por causas raciales y sociales. El ataque indiscriminado, a finales de septiembre, a las personas y a las propiedades de la elite en la rica ciudad minera de Guanajuato, llevó a españoles y criollos novohispanos a posponer sus diferencias y unir fuerzas en una guerra que, para ambos, era de supervivencia.

La supresión de la gran revuelta de Hidalgo —la primera general desde el establecimiento del régimen colonial—, fue una lucha extraordinariamente cruel que, en ocasiones, adquirió el carácter de guerra de exterminio, y cuyo recuerdo habría de quedar grabado a fuego en la memoria colectiva mexicana.4 El peso de sofocar la rebelión indígena y mestiza de la Nueva España, fue cargado a la cuenta de los recursos humanos y económicos locales, ya que España tenía entonces otras prioridades que le impedían desviar recursos militares a América. En la batalla de Vitoria del 21 de junio de 1813 donde se venció a los franceses, por ejemplo, las fuerzas comandadas por Wellington contaban con apenas 39,500 soldados españoles, y ése era uno de los mayores contingentes españoles. De ahí que no sorprenda saber que a todo lo largo de la guerra de independencia mexicana, España sólo fue capaz de destacar en México, su colonia más importante, 8,500 soldados.5 Fue por ello que entre 1810 y 1820, los jefes realistas —españoles y criollos— usaron básicamente tropas nativas para derrotar primero al levantamiento encabezado por Miguel Hidalgo, y tras su prisión y ejecución el 31 de julio de 1811, por un cura mestizo —José María Morelos y Pavón— que cuatro años más tarde también sería hecho prisionero y fusilado. A partir de entonces la rebelión no desapareció pero ya no amenazó la estructura de poder existente.

Cuando Morelos fue ejecutado y su ejército dispersado —era más pequeño pero mejor organizado que el de Hidalgo— el panorama político en España y México había cambiado. En Europa, Napoleón había sido derrotado y el rey Fernando VII había restaurado el viejo orden absolutista, abolió la Constitución de 1812 y reprimió o marginó a los liberales. El zar de Rusia encabezaba la Santa Alianza, una unión de monarcas europeos —con la excepción del inglés— empeñada en detener el republicanismo y el liberalismo. En contraste, en México, la idea de la separación de España ya no parecía una posibilidad descabellada, aunque tampoco algo inminente. A diferencia de Hidalgo, Morelos ya no había tenido necesidad de justificar su rebeldía como una defensa del rey, sino que abiertamente y desde 1813, rechazó la legitimidad de la autoridad real y demandó la independencia plena, siguiendo así el camino abierto a fines del siglo anterior por Estados Unidos —irónicamente, con el apoyo directo de España—, y que era un ejemplo formidable para toda América.

Al convocar al primer congreso insurgente en su momento de triunfo, Morelos había definido a los tres siglos de dominación española como la negación misma de los valores mexicanos y propuso, por tanto, que la tarea del futuro fuera, precisamente, reivindicarlos. El nacionalismo mexicano que, a fines del siglo XVIII, apenas asomaba en algunos círculos de criollos intelectuales y de jesuitas expulsados, para 1815 había dado un paso mayor porque, sin ligarse a la rebelión popular, un número reducido, pero importante, de criollos prominentes de la ciudad de México, se impregnó de ideas de autonomía y siguió reuniéndose y organizándose en la clandestinidad del círculo de “Los Guadalupes”.6

De acuerdo con los principios elaborados por el congreso insurgente convocado por Morelos —principios propios del liberalismo español—, la soberanía residía en el pueblo y el origen de la legitimidad de la autoridad estaba en el sufragio universal. Desde esa perspectiva, el objetivo de la lucha por la independencia, además de emancipar a la Nueva España e introducir la igualdad política y jurídica entre sus habitantes, debería ser la disminución de la enorme distancia que había creado el poder colonial entre la opulencia de los pocos y la miseria de los muchos.7 Junto con la independencia venían, pues, las semillas de una posible revolución social.

Paralelamente al camino de la guerra y de la brutal confrontación de clases y razas, la transformación política de México en un Estado nacional también fue alentada, sin proponérselo, por la propia potencia colonial. La prisión de Fernando VII obligó a los españoles a establecer un gobierno para organizar la resistencia a Napoleón, esa resistencia necesitaba recursos y una fuente lógica eran los impuestos americanos. La Suprema Junta Central de España y las Indias propuso tratar a los territorios de América como partes integrales e iguales del imperio; fue ésa una concesión obligada por las circunstancias, pues, de lo contrario, las sociedades coloniales no hubieran tenido ningún incentivo para apoyar a España y enviar recursos para hacer la guerra al francés. Al convocarse a la reunión de las cortes en Cádiz, se decidió convocar también a elecciones en las colonias, incluyendo a la Nueva España. Las cortes se reunieron en septiembre de 1810, con una España ocupada por los franceses y justo cuando en México, Santiago de Chile y Quito estallaban movimientos autonomistas que se venían a sumar a los ya existentes en Buenos Aires, Caracas y Bogotá.

Las cortes sesionaron con la presencia de veintidós diputados mexicanos; el resultado de sus afanes fue la Constitución liberal de 1812, que borraba la odiosa diferencia entre la España de la península y la de ultramar.8 El documento declaraba que la nación española era la reunión de todos los súbditos del rey en ambas orillas del Atlántico y que eran españoles todos los hombres libres nacidos o avecindados en los dominios del monarca. Los mexicanos, incluyendo a los indios y mestizos —los negros todavía no—, ya eran españoles. Esa igualdad formal entre los súbditos de su majestad católica llegó tarde. En otras condiciones, las posibilidades de neutralizar a las fuerzas independentistas radicales de América por la vía de concederles mayor representación en los gobiernos de la propia España y en los locales —por conducto de representantes predominantemente criollos, desde luego— pudieron haber llevado a una evolución pacífica del imperio español en América.9 Sin embargo, las pugnas y contradicciones en América se agudizaron, y tanto en el gobierno colonial como en la propia España, las resistencias al cambio hicieron innecesariamente lento el traslado de la nueva igualdad jurídica, del papel a la realidad, sobre todo cuando la Constitución de 1812 fue abolida.

Como bien lo señaló Nettie Lee Benson, la experiencia que adquirieron los diputados mexicanos en las cortes españolas, y la sociedad novohispana, en general, por la vía de la elección de diputados provinciales y de ayuntamientos, no habría de servir para conducir a México a una situación de igualdad dentro del esquema español o a una independencia sin ruptura con la metrópoli, pero terminaría por ser fundamental para explicar la propia independencia en 1821 y la Constitución republicana de 1824.10

La posibilidad de una independencia sin ruptura propuesta a las autoridades españolas por los diputados americanos a cortes tras la readopción de la Constitución el 8 de marzo de 1820 —resultado de la rebelión militar encabezada por Riego—, nunca fue seriamente considerada por las autoridades españolas, ocupadas en hacer frente a sus propias y violentas contradicciones. El proyecto de los representantes americanos, en particular de los mexicanos, proponía dividir los dominios americanos en tres grandes reinos, uno de los cuales sería la Nueva España y Guatemala. Cada una de las tres nuevas naciones tendría sus propias cortes, pero se gobernarían de acuerdo con la Constitución española de 1812 y al frente de cada uno de los gobiernos estaría un príncipe español o a quien el rey designara. A cambio de la autonomía política, los tres nuevos reinos mantendrían una relación económica y política especial en favor de España y, además, asumirían como propia una parte de la gran deuda española (equivalente a tres veces el presupuesto anual).11 La propuesta reformista hecha por un novohispano no fue atendida y pronto quedó rebasada por los acontecimientos.

Como quedó apuntado, a partir de 1815 la rebelión de los insurgentes mexicanos perdió fuerza y lo que de ella quedó no fue otra cosa que grupos guerrilleros que no ponían en peligro el dominio español aunque éste, a su vez, no tenía la capacidad para aplastar a la guerrilla y restaurar plenamente el orden perdido. Para entonces la bonanza económica que el reino había vivido hasta 1810 era ya sólo un recuerdo. La inseguridad reinaba en los caminos de México, y el ejército, inexistente hasta antes del fin del siglo XVIII, se había convertido en una de las fuerzas políticas más importantes como resultado de la guerra contra la insurrección.

Cuando finalmente México logró su independencia, no lo hizo como la culminación del estallido encabezado por Hidalgo, Morelos o sus herederos, ni tampoco como resultado de las ideas, maniobras y presiones de los diputados americanos en las cortes españolas. La consiguió por una tercera vía: un compromiso entre los criollos autonomistas y los representantes de los españoles residentes en México —liberales y conservadores— tras la rebelión militar en España que obligó al rey a restaurar la constitución liberal. En un principio, los criollos conservadores —que habían llevado el peso de la lucha contrainsurgente— y una buena parte de la elite económica española en México, no se mostraron entusiasmados con el regreso del constitucionalismo liberal, pero las clases medias criollas —e incluso una parte de las comunidades indígenas—, sí lo recibieron bien, pues al reafirmar la soberanía popular, les abría a unos las puertas a los puestos políticos y a las comunidades indígenas les daba un instrumento para que, por la vía del ayuntamiento, aumentaran su espacio de autonomía local. Finalmente, a los jefes criollos del ejército les abrió la posibilidad de no retornar a la oscuridad inicial, sino convertirse en los amos de su propia casa.12

El instrumento de la independencia conservadora fue un coronel criollo, Agustín de Iturbide, hijo de un comerciante español, militar de carrera, ambicioso y con pocos escrúpulos, que había pasado diez años combatiendo sin cuartel a los insurgentes. Al inicio de 1820, el joven militar —tenía entonces 37 años— estaba sin puesto y bajo sospecha de corrupción, pero al final del año el virrey lo había puesto al frente de una poderosa fuerza de 25 mil hombres cuya misión era acabar, de una vez por todas, con los remanentes de la rebelión de independencia que aún existían en enclaves en el sur del país. Sin embargo, colocado en esa posición tan estratégica, lturbide decidió no proseguir la guerra contra los insurgentes —que prometía ser prolongada—, sino acordar una alianza con ellos y con los criollos urbanos para dar forma a la independencia pactada. El resultado fue el Plan de las Tres Garantías o de Iguala del 24 de febrero de 1821, firmado en esa región sureña por Iturbide y por el jefe insurgente más importante de los que aún operaban: Vicente Guerrero.13 De acuerdo con el nuevo documento —un verdadero compromiso entre casi todas las fuerzas políticas—, en un México independiente se le ofrecería el trono al rey de España o a un príncipe europeo, ya que la nueva fórmula política sería la propia de una monarquía constitucional, la religión católica se mantendría como la única posible y, finalmente, españoles y mexicanos convivirían en condiciones de igualdad política. La idea clave del documento, y cimiento de su fuerza, era la reconciliación desde una perspectiva centrista: ni la república liberal como se habían propuesto los insurgentes en 1813, ni la monarquía absoluta que deseaban los conservadores radicales. En poco tiempo el grueso del ejército y la elite económica española, aceptaron la independencia como un hecho consumado. El nuevo representante del gobierno español enviado por el rey, el militar liberal Juan O’Donojú, llegó a Veracruz en julio de 1821 con la autoridad y voluntad de implantar en México el sistema constitucional —por ello ya no tenía el título de virrey, sino de gobernador y capitán general de la Nueva España— pero sin aceptar la independencia. No contaba, sin embargo, con las tropas que le permitieran hacer frente a una situación donde, salvo por la capital, Veracruz, Durango, Chihuahua, Acapulco y la fortaleza de Perote, el reino ya estaba en manos de los independentistas.14 Sin armas, O’Donojú sólo podía negociar y en agosto debió reunirse con Iturbide, el personaje que tenía ya la madeja de los hilos del poder, y firmar el tratado de Córdoba, documento que, básicamente, reconocía los principios del Plan de Iguala y, por tanto, aceptaba la independencia como deseo legítimo del pueblo mexicano. Éste, a cambio, prometía mantener una estrecha y sustantiva relación con España, pues se reafirmaba el ofrecimiento de dar el trono mexicano a Fernando VII o a uno de cuatro príncipes españoles o, finalmente, de no ser posible, a un emperador designado por el congreso mexicano. O’Donojú se comprometió a enviar el documento a Madrid en espera de recibir la poco probable aceptación del rey.15 Las tropas españolas que aún ocupaban la capital del nuevo Estado, deberían abandonar el país.

En septiembre de 1821 —de nuevo septiembre— Agustín de Iturbide, al mando del ejército trigarante, había entrado en la capital mexicana y el día 28 se anunciaba la Declaración de Independencia. Esa declaración leída por el caudillo, aunque sin la firma de O’Donojú, afirmaba: “La nación mexicana que, por trescientos años, ni ha tenido voluntad propia, ni libre uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido”.16 Desde esta perspectiva, negarle la independencia a México sería equivalente a retornar a la opresión, condición imposible de aceptar. Así, y con el compromiso de buscar institucionalizar una relación especial con la antigua metrópoli, se cerró toda una etapa de la historia de México y de las centenarias relaciones hispano-mexicanas. O’Donojú ya no pudo hacer más para influir en los acontecimientos por venir, pues murió el 8 de octubre de pleuresía, dejando a los borbonistas que aún quedaban en México sin un representante autorizado del monarca y con la posibilidad abierta de que el trono mexicano fuera ocupado por el que designara un poder legislativo ya soberano. Quien se encontraba en la mejor posibilidad para recibir esa designación era, desde luego, el regente del reino, Iturbide.

Entre las elites y las clases urbanas mexicanas aunque no sólo entre ellas, hubo un gran estallido de optimismo frente a las posibilidades que se abrían con la independencia. Tras un decenio de guerra y destrucción, y gracias a la libertad alcanzada tan rápidamente por los eventos de 1820-1821, los destinos de México podían empezar a regirse en función de intereses propios. Las nuevas elites dirigentes y casi todos aquellos que lograron entender la naturaleza del cambio, suponían que la gran riqueza mexicana anunciada al mundo a principios del siglo por la obra de Alexander von Humboldt,17 se destinaría, por fin, al desarrollo de la nueva y enorme nación. Y vaya que si era enorme —cuatro millones de kilómetros cuadrados—, pero escasamente poblada por apenas seis millones ciento veinte mil almas, distribuidas en treinta ciudades, noventa y cinco villas y cuatro mil seiscientos ochenta y dos pueblos, con fronteras en dos oceanos y desde Guatemala, en el sur, hasta la Nueva California, Nuevo México y Texas en el norte. Con tal cúmulo de recursos y potencialidades, los nuevos mexicanos estaban seguros de que su país estaba destinado a ser próspero y feliz y a encontrarse pronto entre los grandes países del orbe.18

Una propuesta amable y una realidad amarga

El acuerdo al que habían llegado lturbide y O’Donojú en 1821, señalaba que España reconocería la legitimidad de la independencia mexicana como base de la construcción de un nuevo acuerdo entre ambos países. Sin embargo, el 7 de diciembre, oficialmente, el gobierno de Madrid negó que el difunto Juan de O’Donojú —a quien ya se tachaba de traidor— hubiera tenido la autoridad para celebrar el tratado que reconocía la independencia mexicana y que no entraba en los planes del rey hacer tal reconocimiento de lo que, a sus ojos, era una provincia rebelde.19 Mal empezaba, pues, la nueva relación entre las partes de un viejo todo.

Desde la perspectiva de un activo y singular político de la época, Lorenzo de Zavala, si “España hubiese aprovechado la oferta que se hacía de la corona a un príncipe de la sangre, indudablemente se hubiera establecido en México la monarquía bajo la familia de los Borbones”.20 Tras siglos de dominación, señaló Zavala, la monarquía se había convertido en la forma “natural” de gobierno para los mexicanos y el juramento solemne que habían hecho los adherentes al Plan de Iguala mantuvo su fuerza en la etapa inicial. Sin embargo, el desconocimiento de lo firmado por O’Donojú por una España que no podía imponer ya su voluntad sobre la de la antigua colonia, llevó a que muy pronto se perdiera una oportunidad histórica. El rechazo español al Plan de Iguala materializó al fantasma de la reconquista e hizo surgir una creciente tensión entre la nueva elite gobernante en México, por un lado, y España por el otro. ¿Qué impulso a Madrid a rechazar la negociación de los términos de la emancipación mexicana? en parte la actitud personal de Fernando VII, pero también la negativa del gobierno español a aceptar como definitiva la pérdida de recursos de un dominio que podía permitirle “levantar la muy decaída hacienda nacional”.21

La cerrazón española jugó a favor de Iturbide. El antiguo jefe realista maniobró rápida y hábilmente para colocarse en la posición adecuada dentro de la junta provisional, primero, y en la regencia, después —los órganos provisionales que debían gobernar a México. Más tarde, y como resultado de una presión inducida por el ejército, el congreso declaró, el 21 de julio de 1822, a Iturbide como cabeza del nuevo Estado: Augustus Dei Providentia Mexici Primus Imperator Constitutionalis.

Con Fernando VII cerrado a la posibilidad de legitimar la independencia de México, los españoles residentes en el nuevo país se convirtieron en enemigos potenciales, en un Caballo de Troya, sobre todo porque el gran fuerte de San Juan de Ulúa, que controlaba la entrada al puerto más importante del país, permanecía en manos españolas. En esas circunstancias, el envío en 1822, de dos comisionados de Madrid —Juan Ramón Osés y Santiago Irisarri — para intentar un arreglo pacífico con México sin reconocer su independencia, tuvo pocas, si es que algunas, posibilidades de éxito.22 Desde la perspectiva mexicana, la reconquista española se presentó como la mayor amenaza externa que debía enfrentar la joven nación. Por otra parte, el gobierno imperial de Iturbide estaba muy lejos de tener el consentimiento de los principales actores políticos y fuerzas sociales, en especial de aquellos que no veían en la monarquía la mejor vía para la creación y consolidación de la nueva nacionalidad. En unos cuantos meses la idea del imperio se hizo inviable e Iturbide cayó de la misma manera en que había llegado al poder: como resultado de un movimiento militar. En efecto, uno de sus antiguos compañeros de armas, el coronel Antonio López de Santa Anna —también criollo y, en su momento, un fiel súbdito al servicio de los ejércitos del rey de España— se alzó en Veracruz en diciembre de 1822 y proclamó la república, una forma de gobierno que pocos entendían, pero que ya contaba con legitimidad gracias al exitoso ejemplo estadunidense. Pronto otros militares y un buen número de antiguos insurgentes siguieron ese mismo camino: Agustín I, sin apoyo del ejército, de los antiguos insurgentes o del congreso, abdicó el 19 de marzo de 1823 y partió al exilio. Unas semanas después, el 8 de abril, el congreso declaró nulos los términos del Plan de Iguala y de los Tratados de Córdoba.23 A partir de ese momento México dejaba atrás toda liga formal con el régimen monárquico y entraba en una etapa inédita: la republicana. Los enviados españoles tuvieron entonces que negociar con un nuevo jefe de gobierno: Guadalupe Victoria —un antiguo líder insurgente—, y con una radicalización de las posiciones internas. Con Victoria, la insistencia mexicana en el reconocimiento incondicional de su total independencia como base de la negociación con España, se convirtió en una condición sine qua non, y unas negociaciones de suyo difíciles, se hicieron imposibles el 25 de septiembre de 1823 cuando el castillo de San Juan de Ulúa rompió el fuego contra las posiciones mexicanas. Para entonces, las tropas francesas habían vuelto a entrar en España, pero esta vez para restaurar el poder de Fernando VII y acabar con los liberales. Con el pleno control del poder, Fernando VII sólo consideró una solución en torno a México: la reconquista.

Los primeros intercambios de fuego entre las baterías de San Juan de Ulúa —la que fuera la mayor fortaleza del reino novohispano— y las mexicanas se habían iniciado en realidad un año atrás, el 27 de octubre de 1822. El nuevo gobierno había advertido que de no evacuar España esa fortaleza, México tomaría medidas en su contra y, además, suspendería el comercio con España y embargaría los bienes de sus súbditos.24 Así pues, las negociaciones con Osés e Irisarri tuvieron, desde el inicio, como oscuro telón de fondo un estado de guerra real aunque no declarado. Tras el enfrentamiento de septiembre de 1823 México se propuso crear una armada para bloquear la fortaleza que era aprovisionada desde Cuba; el estado de hostilidades se prolongó hasta finales de 1825, cuando la guarnición española capituló en condiciones favorables y le fue concedido retirarse a Cuba.25 Mientras tanto, México se había dado ya una Constitución republicana y democrática —la de 1824— y un presidente: Guadalupe Victoria.

La rendición de San Juan de Ulúa significó la eliminación del último vestigio del poder español en México, pero de ninguna manera el fin de las hostilidades. En tanto que el gobierno mexicano —que aún no se hundía en la violencia de la discordia interna— consideraba la posibilidad de unir fuerzas con Colombia y atacar a Cuba desde Yucatán para poner fin a toda amenaza española en el continente, en Madrid se elaboraban planes para enviar una fuerza expedicionaria a México. En el país hubo intentos conspirativos para reinstalar en el poder a los leales a Fernando VII —el más notorio fue el encabezado por el sacerdote español, fray Joaquín de Arenas (que, además de conspirar, acuñaba ilegalmente moneda)— quien pagó con su vida el intento, bastante desorganizado por cierto, de hacer dar marcha atrás a la independencia desde dentro.26 En el examen de la actividad de la colonia española en México entre 1827 y 1828, Harold D. Sims rastreó al menos una decena de planes y conspiraciones que buscaban restaurar la soberanía de Fernando VII en la antigua Nueva España.27 Obviamente, cada una de esas acciones trajo aparejada el aumento de la hispanofobia entre los partidarios del mantenimiento de la independencia.28

En la corte de Madrid, prevalecía la idea de que el grueso de la población en México vería con buenos ojos un retorno a la condición de súbditos de su majestad católica y que, por tanto, no se requeriría de una gran fuerza expedicionaria para recuperar al país, sino de un núcleo de poco más de media docena de miles de soldados que desempeñarían el papel de detonador de un proceso en el que los propios mexicanos serían los arquitectos de su propia reconquista. Este proyecto tan optimista se materializó en julio de 1829 con la expedición que partió de Cuba al puerto mexicano de Tampico al mando del brigadier Isidro Barradas. La fuerza española constaba de apenas tres mil hombres y eligió muy mal el lugar y la estación para su desembarco, pues las condiciones propias del verano en el golfo de México afectaron de inmediato la salud de las tropas invasoras —un brote de fiebre amarilla— que no pudieron resistir el sitio a que les sometió el general Santa Anna y no fueron auxiliadas por ningún levantamiento interno. Para octubre, los expedicionarios se habían rendido y reembarcado rumbo a Cuba. De manera tan humillante concluyó el esfuerzo español de reconquista, aunque no los proyectos mismos, que no pararon sino hasta julio de 1830, cuando Fernando VII decidió “posponer” indefinidamente todo plan de reconquista.29

El fracaso de Barradas resultó el punto culminante de un proceso que se había iniciado de tiempo atrás y uno de cuyos resultados no previstos fue reforzar las actitudes antiespañolas en México. En efecto, inmediatamente después de declarada la independencia, la parte de la comunidad española que así lo quiso, no encontró mayores obstáculos a su deseo de permanecer en México e incluso un buen número de funcionarios nacidos en España siguieron desempeñando sus cargos administrativos y militares previa declaración de fidelidad al nuevo país. Sin embargo, unos cuantos años más tarde el clima había cambiado, y mucho. En abril de 1826, como resultado directo del estado de guerra con España desde 1823, y de la presión de movimientos populares antiespañoles regionales, se prohibió de plano a cualquier súbdito español desembarcar en los puertos mexicanos.30 Ése fue sólo un primer paso; el siguiente se dio el 10 de mayo de 1827, cuando se prohibió a cualquier español por nacimiento el ejercicio de cargos públicos; el decreto afectó a 583 militares y 179 empleados.31 La relación hispano-mexicana se deterioraba a gran velocidad.

La comunidad española siempre fue una gota en el mar de la demografía mexicana. Cuando la Nueva España se transformó en México, el total de nacidos en la Península Ibérica que vivían en México no era mayor de 10,000, es decir, apenas 0.15% de la población; para 1826 otros cálculos ponen la cifra en sólo 6,610.32 Si bien los españoles avecindados en México no eran un grupo numeroso sí eran, en cambio, económicamente poderosos, especialmente en el área comercial. Por tanto, la salida de españoles de México significó no sólo una pérdida de experiencias, contactos y organizadores sino, sobre todo, de capital líquido. En el inicio, la marcha de españoles de México rumbo a Cuba, Nueva Orleans o a España, fue por voluntad propia, pero pronto se convirtió en un proceso forzado. En efecto, el 20 de diciembre de 1827 y de nuevo el 20 de marzo de 1829, el gobierno mexicano, como producto de las decisiones de la facción radical (la yorkina) del congreso —fue en ella donde terminó por anidar una hispanofobia que, para entonces, ya tenía una historia—, emitió dos decretos de expulsión de los súbditos españoles.33

Los decretos resultaron más severos en el papel que en la realidad, ya que una parte de la comunidad peninsular que, por sus intereses, había decidido permanecer en el país, logró quedarse empleando a fondo sus relaciones personales con altos funcionarios o por la vía del soborno (los declarados enfermos, por ejemplo, podían quedarse). Sims calculó que, como mínimo y como resultado del primer decreto, 1,779 españoles debieron abandonar el país, pero 4,500 fueron expresamente exceptuados.34 El segundo decreto afectó a 1,371 más, de tal forma que para 1830 el total de españoles que vivían en México era apenas un par de miles.35 Junto con los expulsados salieron también una parte importante de sus familias y capitales; sobre estos últimos, José María Tornel y Lucas Alamán dan la cifra final de 12 millones de pesos, aunque Carlos María de Bustamante la eleva a 34 millones.36 Para tener una idea de lo que significaba ese monto a inicios del siglo XIX, puede señalarse que las exportaciones totales del país en 1828 fueron de 14.5 millones de pesos y que los gastos del gobierno en el año fiscal de 1828-1829 fueron apenas un poco menores. A los efectos económicos de la expulsión se debe añadir el factor cualitativo: el aumento en la animosidad entre mexicanos y españoles (no fue accidente que una parte de los expulsados se alistaran después en las filas de la “reconquista” de Barradas). En los años por venir, México intentaría alentar la migración europea, incluida la española, como forma de desarrollar un país poco poblado, pero no tendría mayor éxito, y México permanecería al margen de los grandes movimientos migratorios de la época. En realidad, los españoles prefirieron, y no sin razón, a Argentina o Brasil, que les ofrecían mejores oportunidades y un entorno menos hostil que México.

El choque con España y la búsqueda de aliados

Desde el inicio, Iturbide y sus ministros se percataron de que una forma de neutralizar la amenaza española era lograr el apoyo de la principal potencia mundial, Inglaterra, y el de la recién formada, pero exitosa, república del norte de América y vecina de México: Estados Unidos. Por razones de interés nacional —económico en el primer caso, y económico y político en el segundo— los dos países anglosajones coincidieron con la posición mexicana, pues a ambos les convenía que la antigua América española permaneciera independiente y abierta a su influencia.

Inmediatamente después de lograda su independencia de Inglaterra, la elite dirigente en Estados Unidos volvió sus ojos hacia el sur y se planteó, como parte de un gran proyecto nacional que más tarde se conocería como el “Destino Manifiesto”, ser la potencia dominante en el Hemisferio Occidental. Tan temprano como en 1786, Thomas Jefferson había declarado a Archibald Stuart: “Nuestra confederación debe considerarse como el núcleo desde el cual toda América, norte y sur, debe poblarse”. En la lucha misma por su independencia, Iberoamérica no habría de recibir ningún apoyo material sustantivo de la primera nación que había nacido en el continente.37 Sin embargo, una vez lograda su emancipación, el gobierno de Washington inició la política de reconocimiento de las nuevas naciones, aunque con mucha cautela. La primera relación formal de Estados Unidos fue con Colombia, pues desconfiaba del régimen monárquico encabezado por Iturbide en México, pero, finalmente, en diciembre de 1822, el presidente James Monroe recibió al representante mexicano, José Manuel Bermúdez Zozaya, quien tenía instrucciones de asegurar la ayuda estadunidense en caso de guerra con España. Por su parte, Washington nombró como ministro en México a un conocedor de la región y activista irrefrenable en favor de los intereses de su país y de los sistemas republicanos: Joel R. Poinsett. En su constante interferencia en asuntos mexicanos, Poinsett sería una fuerza al lado del partido antiespañol en México, el de los liberales yorkinos.38

Para Estados Unidos, la situación ideal respecto de las jóvenes naciones hispanoamericanas era la consolidación de su independencia, pero si eso no fuera posible, entonces debería propiciarse el retorno de la región al control de su antigua metrópoli pues, en el largo plazo, una potencia europea tan débil como España aseguraría a Estados Unidos el dominio de la región. En contraste, lo que Washington veía con temor, era la ya muy remota posibilidad de una reconquista apoyada por la Santa Alianza. Por ello, y plenamente consciente de que Europa no se lanzaría a una aventura y que Gran Bretaña, respaldada por su gran fuerza naval, era el mayor obstáculo a una reconquista, el gobierno de Washington se declaró contrario a que se involucrara a una tercera fuerza en la relación entre España y sus excolonias. El presidente estadunidense anunció el 2 de diciembre de 1823 el programa que se conocería como la Doctrina Monroe; ésta contenía dos principios básicos: 1) el continente americano había asumido ya su condición de libertad e independencia y no podía estar sujeto a algún tipo de colonización por parte de los poderes europeos; y 2) Estados Unidos vería como una amenaza a la paz y a su seguridad cualquier intento de extender al continente americano el sistema político de Europa, es decir, la monarquía. En suma, la nueva doctrina internacional estadunidense asumía la permanencia de la condición de independencia del grueso de América y la separación política del continente respecto de Europa. La declaración de Monroe era una advertencia tanto a Rusia —que en 1821 había anunciado que se proponía extender su dominio hasta lo que hoy es la frontera americano-canadiense—, como a Francia.39 En la coyuntura, el mensaje presidencial estadunidense —que oficialmente no fue respondido por los europeos— significaba un respaldo a la determinación mexicana de rechazar cualquier trato con España que no incluyera el reconocimiento de su independencia.

Los Estados Unidos de 1823 aún estaban lejos de tener la capacidad de enfrentarse efectivamente a Francia o a la Santa Alianza si esos poderes hubieran decidido respaldar el reclamo de Fernando VII de su antiguo imperio. Lo que realmente echó por tierra esa posibilidad no fue la declaración de Monroe, sino los cañones de la armada de una Inglaterra que no deseaba que nadie volviera a cerrar las puertas de los mercados de las antiguas colonias españolas. La política inglesa hacia Hispanoamérica era clara desde el siglo XVIII: abrir la región al libre comercio, un sistema donde los avances tecnológicos y financieros le daban la ventaja. El tratado de Utrecht permitió el ingreso restringido de mercancías inglesas a la América española y abrió un boquete irreparable en la muralla proteccionista que los españoles habían tendido alrededor de su imperio de ultramar. El otro boquete fue el contrabando. Para inicios del siglo XIX, la intención de Gran Bretaña era dominar el comercio con la América española, pero sin pretender asumir la soberanía de la región como en el caso de África o regiones de Asia: con mantener independientes a las excolonias era suficiente.40

La lucha contra Napoleón hizo a España y Gran Bretaña aliadas y eso impidió el apoyo británico directo y sustantivo a los movimientos de independencia americanos, aunque intereses particulares, como la casa Gordon & Murphy, no tuvieron empacho en patrocinar la malograda expedición de Francisco Javier Mina a México para reavivar la lucha contra el dominio español.41 En cualquier caso, el monarca británico no tenía ninguna simpatía por los sistemas republicanos adoptados por las nuevas naciones americanas y, por otra parte, Londres no podía oponerse formalmente a que Fernando VII intentara la reconquista de su imperio. Sin embargo, en 1822 George Canning fue nombrado, por segunda vez, encargado de los asuntos externos británicos y decidió que si España mostraba que por sí sola era incapaz de recuperar el control de sus excolonias, Londres debería proceder a reconocerlas como estados soberanos, ayudarlas a consolidar su independencia y establecer la hegemonía económica y política inglesa en esa región antes de que Estados Unidos tomara la delantera.42

En septiembre de 1822, Canning envió a un agente confidencial a México para determinar si la nueva nación podría, o no, mantener su estabilidad interna y defender su independencia y averiguar cuál era la posición mexicana respecto al comercio con Inglaterra. El presidente Victoria dio una respuesta muy positiva a los interrogantes británicos, pues sabía bien que si Londres concluía que le convenía el nuevo statu quo en la antigua Nueva España, entonces la Santa Alianza encontraría un obstáculo infranqueable al proyecto español de reconquista.43 Tras demandar y recibir seguridades por parte de Francia de que no intentaría respaldar militarmente a España, Canning tomó las cosas con relativa calma e inició negociaciones para firmar una serie de tratados de libre comercio con las nuevas naciones (la igualdad económica formal entre desiguales reales, inevitablemente beneficiaría fuera de proporción a Inglaterra). Por su parte, lo que el gobierno mexicano requería con urgencia era el respaldo político de la mayor potencia naval.44 Mientras las negociaciones entre las partes se prolongaban, México contrató sus primeros préstamos internacionales con las casas Goldschmidt y Barclay, Herring, Richardson and Co. en Londres. Las condiciones fueron leoninas —de los 32 millones de pesos a que ascendió la deuda nominal, el gobierno de Victoria sólo recibió 12.2— pero las autoridades mexicanas las aceptaron porque necesitaban con urgencia comprar armas y buques para bloquear la fortaleza de San Juan de Ulúa y preparar a su ejército ante las posibilidades de enfrentar a una fuerza expedicionaria española.45 Así, el conflicto con España llevó indirectamente al nacimiento de una deuda externa que resultaría impagable y fuente de muchas tensiones y disputas.

Al finalizar 1824 el gobierno británico anunció, por fin, el reconocimiento del mexicano, contrariando a España, a una parte del gabinete, al resto de las cortes europeas y al propio monarca inglés. El primero de junio de 1825, James Morier presentó sus cartas credenciales en la ciudad de México al presidente Guadalupe Victoria y quedó acreditado como el primer representante de su majestad británica ante su gobierno. Año y medio más tarde y con toda solemnidad, el 12 de diciembre de 1826, Canning anunció al parlamento británico que con su política de reconocimiento de las repúblicas americanas —México, Colombia y Argentina—, Gran Bretaña “había traído al Nuevo Mundo para restablecer el equilibrio [político] en el Viejo Mundo”. Junto con el reconocimiento se firmó lo que realmente interesaba a Canning: un tratado de amistad y comercio, cuya negociación no había sido nada fácil y cuya ratificación Londres pospuso hasta julio de 1827. El tratado con Inglaterra serviría de marco a los otros que México firmaría con los otros países con los que concentraba su comercio exterior. Si España hubiera estado en condiciones de aceptar la relación especial que se le había propuesto en los tratados de Córdoba, ese tratado hubiera sido concertado con Madrid y no con Londres.46 También en 1827, México suscribió con Francia un documento que, en muchos aspectos, era equivalente a un tratado comercial (las llamadas “Declaraciones”) y más tarde vendrían los tratados con Estados Unidos, Dinamarca, Hannover, Sajonia y Prusia.

Si la Corona y la Cruz fueron los dos símbolos principales de la legitimidad a lo largo de los tres siglos de vida colonial, y la nueva nación mexicana no podía lograr el reconocimiento del rey de España a su independencia, se hacía más urgente conseguir la otra: la del altar. La Constitución de Apatzingán, el Plan de Iguala y la Constitución de 1824, implantaban a la religión católica como la religión oficial del nuevo Estado mexicano, pero para que ese aspecto de la legitimidad fuera efectivo, se debería de obtener la aceptación del Vaticano y negociar el traslado de los privilegios del Patronato Real —el derecho del gobierno español a intervenir en nombramientos de la Iglesia— al gobierno mexicano. Sin embargo, en la medida en que España no reconoció a las nuevas naciones, el papa no sólo negó su bendición a la independencia de las excolonias sino que, por el contrario, en la encíclica Etsi jam diu, de septiembre de 1824, condenó esas independencias y exigió a los creyentes americanos mantener su lealtad a Fernando VII. Un resultado concreto de esta política fue la imposibilidad de llenar las vacantes dejadas por los obispos fallecidos o que abandonaron México, lo que finalmente dejó a una sociedad, como la mexicana, profundamente dominada por la Iglesia católica, sin obispos.47 Sólo tras la muerte de Pío VIII y el ascenso en 1831 al trono de San Pedro de Gregorio XVI, la política del Vaticano cambió y puso los intereses de la Iglesia católica por delante de los intereses españoles. En febrero de 1831 el papa nombró a seis obispos mexicanos y estableció una relación directa —sin el visto bueno de España— con la República Mexicana. Sin embargo, las relaciones formales entre ambas entidades debieron esperar hasta fines de 1837.

La paz, al fin

En principio, los beneficiados por la ausencia de lazos entre México y España fueron Gran Bretaña y Estados Unidos. Al inicio, ambos hicieron un esfuerzo por mediar entre los gobiernos de Madrid y la ciudad de México, pero al no lograrlo, siguieron adelante con sus respectivos planes. En España, los poseedores de intereses comerciales que se veían afectados por la falta de un acuerdo formal con México, estaban muy conscientes de las oportunidades que se les escapaban en favor de sus competidores angloamericanos, por ello presionaron en pro del reconocimiento de lo inevitable: la independencia de las repúblicas americanas. Pero tampoco ellos pudieron superar la obstinación de su majestad el rey.48