El fraude E-Book

Claudio Fuentes Saavedra

• Herausgeber: Hueders
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Sprache: Spanisch
• Veröffentlichungsjahr: 2023

Seitenzahl: 231

Beschreibung

Si hoy se discuten las reformas que deben hacerse a la Constitución y cuál es la manera más democrática de efectuarlas, conviene recordar cómo se aprobó originalmente: con un plebiscito, el 11 de septiembre 1980, carente de toda legitimidad, sin registros electorales y con vocales de mesa designados, y sin libertades de prensa, reunión y movimiento. En estas páginas, Claudio Fuentes despliega todo su talento narrativo y pericia como investigador para documentar un acontecimiento crucial en la historia de Chile. "Pese a las correcciones introducidas, la Constitución sigue siendo la principal atadura que nos liga como país a la sociedad de la dictadura. Esta crónica, rigurosa, ágil y abierta a las nuevas generaciones, desentraña la estructura del gran engaño que fue el plebiscito del 80". Manuel Antonio Garretón "Recuperación apasionante, con detalles divertidos y hasta desvergonzados del contexto en que se aprobó la Constitución del 80. Mi gran duda es si la ilegitimidad de origen la invalida para siempre. Porque bajo esta Constitución Pinochet fue derrotado y Chile se abrió a uno de los mejores períodos de su historia". Héctor Soto "Una contribución fundamental a la actual discusión constitucional. Queda claro que vivimos, como sostuvo Frei Montalva en una intervención registrada aquí, bajo reglas que dejan al pueblo en interdicción. Al igual que El pacto, el libro anterior de Claudio Fuentes, El fraude es insoslayable para entender la realidad política chilena". Fernando Atria.

Leseprobe

El fraude

Crónica sobre el Plebiscito de la Constitución de 1980

Claudio Fuentes S.

El fraude. Crónica sobre el plebiscito de la Constitución de 1980

Claudio Fuentes S.

© Claudio Fuentes, 2013

© Editorial Hueders

Primera edición: septiembre 2013

ISBN 978-956-365-282-6

Registro de Propiedad Intelectual nº 231.729

Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida

sin la autorización de los editores.

hueders

www.hueders.cl | [email protected]

Santiago de Chile

A quienes resistieron la Constitución

A mi madre

Nota preliminar

El fraude electoral más grande de la historia de Chile se ejecutó en un mes. Entre el 10 de agosto y 11 de septiembre de 1980 la dictadura militar del general Augusto Pinochet materializó un acto en el cual no se cumplió ninguna de las condiciones básicas para el ejercicio de un proceso libre e informado por parte de la ciudadanía. Al enterarse de la noticia, el ex presidente Eduardo Frei Montalva catalogó ese momento como el más oscuro de la vida republicana chilena. Sabía que con este fraude el general Pinochet terminaría por institucionalizar su régimen.

Se trató de un engaño burdo. Un proceso controlado desde el Edificio Diego Portales —por ese entonces sede del gobierno—, sin padrón electoral, con vocales de mesa designados por el régimen, con la abierta intervención de organismos de seguridad, sin acceso al conteo de votos, sin libertad de prensa, con una papeleta semitransparente que dejaba ver la preferencia de los electores. Un proceso que se realizó en el marco de un estado de emergencia y con una fuerte represión a los opositores que intentaron llamar a votar que No. El régimen utilizó todos los medios del Estado a su alcance para socializar sus ideas. Movilizó a militares, intendencias y municipios. Incorporó a empresarios, sindicatos y a gremios. Realizó parodias de apoyo, congregó gente en las calles. Se dieron órdenes directivas para trasladar a la gente. Suspendió clases e hizo que cientos de personas salieran a la calle a saludar a Pinochet en una gira que se extendió por varias semanas.

La premura de la Junta Militar para convocar este plebiscito con un mes de anticipación era un intento por evitar la discusión pública e informada sobre el nuevo texto constitucional. Cada autoridad municipal debía designar apoderados de mesa, eliminando cualquier posibilidad de que sectores contrarios al gobierno pudiesen estar representados en ellas. El día de la elección, ningún ente autónomo ni representantes de la oposición pudieron verificar que las urnas estuviesen vacías. Una vez realizado el conteo de votos, las discrepancias debían ser resueltas en forma privada por el presidente de mesa y el encargado de local. Los militares estaban tan decididos a ganar, que ordenaron a sus agentes de seguridad que fueran a votar varias veces.

A esas irregularidades se sumaba el hecho de que, contra toda lógica, el plebiscito consultaba sobre tres materias distintas: la Constitución, el itinerario de transición y la permanencia del general Pinochet. Una sola marca (votar Sí o votar No) dirimía el conjunto de las materias.

No se permitió que la oposición o la ciudadanía en general tuviesen acceso a los medios de comunicación para dar a conocer la postura contraria al plebiscito. Únicamente se autorizó un acto público masivo antes de la votación, pero se prohibió que fuera transmitido por las pantallas de televisión. El acto del plebiscito se realizó bajo declaración de estado de emergencia, con las libertades públicas de movimiento, prensa y reunión, entre otras, restringidas. Además, los partidos políticos se encontraban proscritos, sin posibilidad de organizarse para defender la opción No. Quienes se atrevieron a expresarse en las calles fueron fuertemente reprimidos por carabineros y la Central Nacional de Investigaciones (CNI).

Para recrear el momento trascendental que vivió el país, este libro recoge información que en muchos casos se encontraba dispersa. Lo que constata toda la evidencia sintetizada aquí es que el plebiscito de 1980 no cumple con el más mínimo estándar procedimental para ser considerado un acto legítimo. La Constitución que nos rige fue producto de un fraude, preparado y ejecutado en un mes.

Si hoy está en entredicho la Constitución, si hoy discutimos la necesidad de establecer una nueva Constitución, convendría recordar la forma en que se gestó la que actualmente nos rige, cómo se desencadenaron los hechos y qué reacción tuvieron los opositores a la imposición de esta nueva carta magna.

La cuestión de la legitimidad de origen siempre ha acompañado el proceso político chileno. Nunca en la historia de la República la ciudadanía ha tenido la oportunidad de participar y debatir sobre las reglas básicas que darán el marco formal a la vida del país. Pero en este caso se trató de una acción de fuerza particular, pues no sólo se manipuló el proceso electoral y sus resultados. Debemos también dar cuenta de las condiciones de represión de las voces disidentes y que se opusieron a este plebiscito. Entre el 10 de agosto y 11 de septiembre de 1980, muchos chilenos y chilenas salieron a la calle para denunciar lo nefasto que sería la institucionalización de la dictadura. Cientos de voces anónimas se atrevieron a rayar una muralla o imprimir volantes con tal de expresar su rechazo a un plebiscito que desde el principio estaba definido. El tinglado lo anticipó el ex general Leigh pocos días antes que se llevara a cabo.

La recuperación de la memoria es un asunto central para la comprensión del presente. En nuestra memoria colectiva suele situarse el plebiscito de 1980 como un punto crucial de institucionalización de la dictadura. Aquello es cierto, pero esa coyuntura fue mucho más que la imposición de una Constitución por parte de la dictadura. Al revisar los archivos de prensa, los documentos clandestinos de los partidos políticos, los informes de derechos humanos, los audios e imágenes de aquella época, y entrevistar también a los testigos, se comprenden varios otros elementos que se hicieron presentes en esa coyuntura.

Mientras se desarrollaban estos acontecimientos, por ejemplo, los principales medios de comunicación controlados por la dictadura construían una realidad artificial de baile, canciones, humor y fama. El país vivía dos realidades, dos mundos que no se entrecruzaban. El primero transcurría en las pantallas de televisión y en muchas radioemisoras, y celebraba las canciones de Sandro, Rafaella Carrà y Grace Jones, entre muchos otros artistas que visitaron el país aquel año. En 1978 se había inaugurado el teatro Las Vegas en el centro de la ciudad, convirtiéndose en el punto de encuentro de este mundo de brillo y fama. Chile vivía un boom económico, se ampliaba el Metro y nuevos edificios modernos iban poblando la capital.

En la otra realidad, miles de chilenos eran perseguidos por la dictadura. Cuando Pinochet anunció la convocatoria a plebiscito, en agosto de 1980, algunos opositores se atrevieron a salir a las calles a denunciar lo que se denominaría “la gran farsa”. A medida que se acercaba el 11 de septiembre, en las calles aparecieron panfletos lanzados por transeúntes anónimos llamando a votar No. Algunos se atrevieron a dirigirse al público en el paseo Ahumada denunciando el fraude. La policía rápidamente arrestaba a los manifestantes, mientras los curiosos que se habían detenido a observar retomaban sus caminatas.

La idea de escribir este texto nació de dos conversaciones. En una actividad organizada por Revolución Democrática en la que expuse los dilemas constitucionales del Chile actual, Carlos Figueroa levantó la mano y me preguntó si no era posible presentar algún tipo de requerimiento a los tribunales de justicia por el fraude del plebiscito de 1980. Le respondí que no tenía la más mínima idea, pues no era abogado. Sin embargo, intuía que aquello era imposible, aunque constituiría un interesante hecho político. Unas semanas después, tras presentar mi libro El pacto, unos estudiantes me preguntaron si conocía algún material sobre el plebiscito de 1980. Les entregué referencias usuales, como la crónica de Cavallo, Sepúlveda y Salazar sobre la historia oculta del régimen militar. Pero por tratarse de una investigación de un período completo, la referencia al momento del plebiscito es breve. Me surgió entonces la inquietud sobre qué había sucedido en los días previos al plebiscito: ¿cómo se materializó esta imposición?, ¿quiénes se opusieron?, ¿cómo lo hicieron? Comencé a indagar en archivos para recuperar un hito fundacional de nuestro tiempo.

Un día decidí preguntar en las redes sociales si alguien había participado del único encuentro público que la dictadura autorizó a la oposición, el cual se realizó el 27 de agosto de 1980 en el Teatro Caupolicán. Quería conocer la percepción de los testigos de ese evento, entender lo que vivieron, lo que sintieron al estar allí, comprender las motivaciones para concurrir a un lugar que era peligroso por la cantidad de fuerzas policiales que dispuso el régimen para la ocasión.

De pronto me encontré rearmando un rompecabezas de acontecimientos, pero sobre todo de emociones. Originalmente esperaba describir todos los vicios de aquel fraude constitucional. Pero encontré mucho más que un acto que no cumplía con las mínimas normas de transparencia: encontré un proceso político intenso, marcado por el miedo, pero que estimuló una serie de acciones anónimas para evitar la institucionalización de la dictadura.

Uno de estos testimonios fue el de Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Al momento de la entrevista, no recordaba los detalles de aquel plebiscito. Lo había rechazado, junto a otras personas de izquierda, a través de declaraciones públicas, pero no estaba seguro si el día del plebiscito ese rechazo se manifestó votando No o no votando. Juntos recordamos los principales hitos del año 1980: el discurso de Pinochet del 10 de agosto, la convocatoria al Caupolicán, el acto electoral del 11 de septiembre y sus consecuencias inmediatas. Manola Robles, periodista de Cooperativa, comenzó a trabajar en esa radio precisamente en 1980 y le tocó reportear el evento. Quería conversar con ella sobre lo que significaba trabajar en un medio de oposición. Me respondió que no se acordaba de nada: “Mis recuerdos de aquel evento están borrados”, me escribió por e-mail.

Esta investigación busca refrescar la memoria del hito fundacional de la Constitución que nos rige. Si en nuestros escritos muchas veces indicamos que la Constitución actual tuvo un pecado de origen, resulta relevante rememorar ese pecado, examinarlo, explicarlo, entenderlo, internalizarlo. Lo que sugiero aquí es que el pecado de origen no sólo es una cuestión jurídica –haber aprobado una Constitución en dictadura–, ni tampoco sólo una cuestión procedimental –no haber cumplido con los mínimos estándares de transparencia y respeto porque todas las posturas se expresaran. El pecado de origen también alude al proceso en que se materializó su aplicación y a la forma en que socialmente olvidamos lo que ocurrió. No cabe duda de que la Constitución es ilegítima en su origen porque no existieron las garantías básicas para el ejercicio de la soberanía popular. Pero ella también es ilegítima porque en el proceso de aprobarla, el régimen militar reprimió con violencia a quienes se manifestaron contra ella.

Manuel Antonio Garretón me planteó que luego de aquel plebiscito, en sus escritos se negó a hablar de la Constitución de 1980: “Yo pensaba que si nosotros escribíamos que era de 1980 estábamos contribuyendo a legitimar el plebiscito, y yo no quería hacerlo. Entonces yo escribía 1981, porque ese año Pinochet promulgó su Constitución”. Garretón enviaba sus textos a revistas y libros con esa precisión, pero los editores devolvían los manuscritos con la corrección “1980”. Aunque siguió pensando que el plebiscito había sido un fraude, en los textos se fue plasmando la mención a la Constitución del 80, a la que siempre se le añadía su carácter ilegítimo y su origen en un plebiscito fraudulento. En muchos textos de ciencia política este plebiscito pasó a la historia como el hecho fundante del nuevo ciclo político que se instaló con la Constitución de 1980. No se reparó en que este hito constituyó un engaño.

Todos los argumentos y evidencias que se presentan aquí se basan en testimonios y fuentes que cito al final de este volumen. Intenté reunir los diferentes fragmentos de la historia del mes anterior al plebiscito de 1980, los cuales se encuentran en distintos archivos y medios de comunicación escritos y radiales de la época. Esto fue complementado con entrevistas a personas que fueron testigos de aquel tiempo.

Los testimonios de las personas que fueron arrestadas y torturadas por agentes de seguridad del régimen fueron extraídos de los archivos de la Vicaría de la Solidaridad. Algunos nombres fueron cambiados, por expresa petición de los afectados, como una forma de cautelar su privacidad. En estos momentos, sin embargo, se da la paradoja de que la propia Vicaría ha puesto toda la información de las víctimas en internet. Otros testimonios fueron recogidos a partir de entrevistas realizadas entre abril y julio de 2013. Agradezco en especial las conversaciones con Malú Sierra, Yerko Ljubetic, Genaro Arriagada, Berta Teitelboim, Marcela Palma, Claudio Soto, Augusto Varas, Cecilia Serrano, Cecilia Alzamora, Manuel Antonio Garretón, y a personas anónimas que contribuyeron con sus experiencias a recrear los intensos momentos que se vivieron en esos días. Agradezco también a Flacso Chile por permitirme utilizar el archivo de documentos clandestinos de los partidos políticos en Chile (Fondo Eugenio Ruiz-Tagle). También doy gracias a radio Cooperativa, que facilitó audios de la época, incluyendo programas políticos y los discursos del ex presidente Eduardo Frei Montalva. Un aporte fundamental para este trabajo fue el informe inédito que escribió Genaro Arriagada a propósito del plebiscito y que generosamente compartió conmigo.

Debo mencionar a personas e instituciones que han hecho posible esta investigación. En primer lugar, a la Fundación Heinrich Böll Stiftung, que financió parte del trabajo de campo. Adicionalmente, Lucas Perelló realizó una espléndida recopilación de archivos de prensa de la época. Agradecer también a Claudia Heiss que me acompañó en mis desvelos y en este intenso proceso de escritura. Finalmente, agradezco a la Editorial Hueders por confiar en este proyecto.

No queremos una farsa

Los inviernos de Santiago a fines de la década del 70 se sentían muy fríos. Y los fines de semana eran días con muy poco movimiento, de misa y reuniones en familia. El 29 de julio de 1979 no fue muy distinto. El régimen de Pinochet celebraba síntomas de recuperación de la economía y venía discutiendo a puertas cerradas la elaboración de una nueva Constitución, en una comisión que fue designada por los militares y en la que participaban civiles partidarios del gobierno.

Quienes compraron El Mercurio aquel día leyeron una entrevista al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general Fernando Matthei. Hacía poco más de un año había asumido como integrante de la Junta Militar, luego de la ruidosa salida del general Gustavo Leigh debido a las fuertes discrepancias con Pinochet. Matthei decía en la entrevista que “si la Constitución se somete a plebiscito sin que haya pleno debate e información antes, se convertiría en una farsa. Y nuestra intención es por completo ajena a este tipo de farsa. En esas circunstancias, la Constitución no tendría ninguna trascendencia, el chileno no la consideraría suya, sino de un gobierno que la hizo. Por lo tanto, no la respetaría. Una nueva Constitución tiene que ir a plebiscito de todas maneras, pero después que puedan operar los partidos políticos para que den su opinión. Si no, ¿qué opiniones se van a dar?”.

Un año más tarde, los chilenos y chilenas presenciarían cómo se desplegaría aquella farsa.

El decreto

La noche del domingo 10 de agosto de 1980 no parecía muy distinta a las demás. Trece ganadores de la Polla Gol celebraron en sus hogares la fortuna de haber obtenido poco más de dos millones de pesos y Eliseo Salazar terminaba segundo en una competencia automovilística de Fórmula Uno en Inglaterra, lo que inspiró una serie de comentarios sobre la proyección deportiva de este hábil piloto. La revelación futbolística de aquel año, Cobreloa, terminaba su partido con un magro empate, al igual que Colo Colo y la Universidad de Chile. Carlos Caszely seguía encabezando la lista de goleadores del torneo local con 16 goles. En Quito, el líder de izquierda Raúl Baca Carbo obtenía un triunfo sobre su rival, el populista Assad Bucaram; en Estados Unidos se llevaba a cabo la convención demócrata que definiría el candidato para la reelección, en la que se enfrentaban el presidente en ejercicio, Jimmy Carter, con Edward Kennedy.

De pronto, el himno nacional interrumpió las transmisiones de televisión y radio. Era el anuncio característico de una nueva cadena nacional: el general Pinochet, luciendo su tradicional uniforme militar, se dirigió al país para anunciar que en un mes más se realizaría un plebiscito. Pinochet hablaba desde un pequeño pedestal, delante de una solitaria y brillante bandera chilena. Muy cerca estaban sentados los integrantes de la Junta Militar, quienes oficiaban como poder legislativo. Ellos habían aprobado el documento de la nueva Constitución. Ahora, planteaba Pinochet, correspondía someterlo a plebiscito. A su juicio, Chile se enfrentaba a un dilema: retornar al gobierno de la Unidad Popular o, por el contrario, apoyar el itinerario del régimen. En sus palabras: “Ha llegado el instante de decidir nuestro futuro, encontrándonos ante dos alternativas: volver paulatinamente pero inexorablemente a la noche de los mil días negros de Chile o tomar la ruta que patrióticamente estamos señalando. Declaro enfáticamente a la ciudadanía que el hipotético rechazo del proyecto aprobado por la Junta de gobierno significaría el retorno a la situación existente en 1973”.

Para la dictadura se trataba de un hito fundacional. Otro más. Ya hacía un par de años había transformado las bases de las relaciones laborales del país. También había impuesto un quiebre desde el punto de vista del modelo económico, al comenzar la liberalización del intercambio comercial con el exterior. Pero ahora se proponía un cambio institucional al definir una nueva carta magna. De acuerdo a la visión de Pinochet esa noche, la nueva Constitución protegería a los chilenos contra el terrorismo, defendería la propiedad privada y el modelo de libre mercado, se promovería una mayor autonomía de las Fuerzas Armadas, se establecería el sufragio universal como mecanismo principal, aunque no único, para definir a las autoridades, y se fijaría un período de transición durante la cual se debía “alcanzar el desarrollo económico y las modernizaciones sociales”. Además, al finalizar un período de “transición” de ocho años (desde marzo de 1981 hasta marzo de 1989), la Junta propondría un nombre para presidente de la República, el que sería objeto de otro plebiscito. En el intertanto, la Junta Militar seguiría ejerciendo su potestad constituyente y con la facultad de dictar legislación interpretativa de la misma Constitución.

Aunque para gran parte de la población fue un aviso sorpresivo, las elites de gobierno y de oposición sabían que desde el mismo inicio de la dictadura militar el general Pinochet había encargado el estudio de una nueva Constitución. En efecto, dos meses después del golpe, el 12 de noviembre de 1973, la Junta Militar estableció por decreto una comisión constituyente con el objetivo de preparar el texto de una nueva carta fundamental. Esta comisión entregó en 1978 un borrador al Consejo de Estado, instancia no resolutiva de asesoría creada por la dictadura. La presión interna e internacional llevó a la Junta a acelerar la institucionalización del régimen y a establecer un horizonte de tiempo para un eventual retorno a la democracia. Entre marzo y julio de 1980 terminaron de afinar los últimos detalles de la propuesta que sería plebiscitada con ocasión de cumplirse el séptimo aniversario de lo que ellos llamaban “pronunciamiento militar”.

El discurso fue breve y enmarcó el plebiscito como un paso más en la senda trazada por los militares: “Si el 11 de septiembre de 1973 –dijo Pinochet– triunfó la heroica movilización del pueblo chileno para defender su libertad, este 11 de septiembre de 1980 será el día en que ese mismo pueblo afianzará esa victoria, aprobando la Constitución de la libertad”.

El régimen se encontraba en un momento de ascenso. La liberalización de la economía había creado una sensación de prosperidad que hacía varios años no se sentía. Pinochet estaba confiado por las profundas reformas económicas introducidas. Era el turno de la institucionalización de un nuevo modelo político.

Pinochet sostuvo que con la aprobación de una nueva Constitución la ciudadanía sería convocada a dirimir tres aspectos fundamentales. Primero, la Constitución adoptaría “un concepto de nueva democracia”, donde se excluirían “sólo aquellas de signo totalitario, violentista o anárquico, por su incompatibilidad con la propia democracia y, aún más, con la esencia de la chilenidad”. Evitó en su discurso entrar en detalles sobre el nuevo papel asignado a las Fuerzas Armadas, lo que en todo caso ya había provocado la renuncia del ex presidente Jorge Alessandri al Consejo de Estado.

La nueva Constitución establecería también un itinerario para asegurar la continuidad del proceso, con un período de ocho años de no vigencia de esta carta, a partir del 11 de marzo de 1981, para luego proceder a realizar un plebiscito que consultaría sobre la permanencia de Pinochet por otros ocho años. Pinochet indicaba que “el gobierno ha llegado al convencimiento de que las metas parciales se han logrado. No dar este paso implicaría dejar en situación inestable el destino político del país, e incluso arriesgar la continuidad del proceso, favoreciendo la desorientación de los partidarios del gobierno y las especulaciones de sus adversarios. Un lapso de tiempo menor no es suficiente para emprender tareas a largo plazo, que requieren una voluntad firme y sostenida para llevarlas a efecto”. Con sus palabras reconocía las presiones internas y externas por mostrar algún tipo de salida política a la dictadura. Finalmente, la Constitución establecería que el general Pinochet sería el presidente de la República hasta producirse la transición mencionada.

De este modo, con una sola marca (Sí/No) se dirimirían tres asuntos de vital importancia para el país: la nueva Constitución, el itinerario de transición y quién encabezaría la autoridad presidencial. Y en exactamente un mes, los chilenos tendrían que concurrir a definir su futuro. Probablemente, todos quienes escucharon sus palabras no dimensionaron el significado e impacto que posteriormente tendría aquella decisión. Se trataba de una cadena nacional más, como tantas otras que se habían escuchado.

~

Las fuerzas opositoras reaccionaron de inmediato frente a esta apresurada convocatoria. ¿Cómo podría informarse la población con tan sólo un mes de anticipación? ¿Qué tipo de acto electoral podía organizarse bajo estado de emergencia? ¿Cómo se garantizaría un acto imparcial, informado y libre si cuatro años antes el régimen había quemado los registros electorales y no existía libertad de prensa?

Por su parte, los defensores del proyecto político-militar salieron inmediatamente en su defensa y organizaron comandos. Al día siguiente del anuncio, sus partidarios declaraban su apoyo a esta convocatoria. El abogado constitucionalista Enrique Ortúzar sostenía que esta medida le daría “fuerza moral y jurídica” a la carta fundamental propuesta por la Junta Militar. Juan Antonio Coloma, quien entonces era consejero de Estado, sostuvo que se trataba del paso más trascendental y significativo del régimen militar, por cuanto consolidaría definitiva y exitosamente el proceso de institucionalización del país. Coloma hacía ver que entre los cambios más significativos estaban el aumento del período de transición de cinco a ocho años y el hecho de que el general Pinochet dejaría la Junta Militar y pasaría a desempeñarse como presidente de la República.

Andrés Chadwick y el mismo Coloma, coordinador y secretario general del Frente Juvenil Unidad Nacional respectivamente, señalaban ese 11 de agosto de 1980 que organizarían actividades durante el mes para informar a los jóvenes sobre los principales aspectos de la Constitución. Ellos serían los encargados de estructurar el Comando 11 de Septiembre por el Sí. En opiniones que expresaron ante los medios de comunicación, los dirigentes dijeron sentirse “impactados y emocionados, porque nos vemos enfrentados a una etapa trascendental de nuestra patria”.

Representantes de gremios empresariales de diversas partes del país inmediatamente manifestaron su apoyo al Sí. Carlos Barrientos en Iquique, Armando González y Sergio Valenzuela en Rancagua, Víctor Dacaret en Curicó, Rodrigo Frías en Concepción, Jorge Lepeley en Chillán, Emilio Sandoval, Miguel Fuchslocher y Hans Kuhn en Temuco, Víctor Kunstmann y Ricardo Westermayer en Valdivia, Bruno Hess en Osorno y Heriberto Schilling en Puerto Montt, entre otros, inmediatamente favorecieron al régimen. Días después, el presidente de la Confederación de Productores Agrícolas, Domingo Durán, manifestó el apoyo a Pinochet y la Junta Militar por ser “celosos guardadores de la soberanía nacional y defensores de los valores de la filosofía occidental”.

Lo propio hicieron los empresarios agrupados en Asimet, los supervisores del Cobre y la Cámara de Comercio. Días antes del plebiscito, agrupaciones como el Frente Cívico Patriótico 11 de Septiembre, encabezado por René Sottolichio, junto a la Asociación de Industriales del Vino y el Grupo Nueva Democracia, manifestaron su adhesión.

También la Confederación de la Producción y el Comercio mostró su fidelidad al régimen. Eugenio Blanco, de la Bolsa de Comercio, indicaba que “el llamado demuestra la entereza del general Pinochet, quien desea saber la opinión de la ciudadanía para continuar su gestión o retrotraer el país a la situación existente antes del 11 de septiembre de 1973”.

Fueron muy pocos los que, a través de los medios de comunicación oficiales, pudieron expresar su rechazo al plebiscito. El abogado Humberto Otárola, en Concepción, sostuvo que el plebiscito era grotesco por las condiciones en que se anunciaba. En Copiapó, Raúl Barrionuevo, ex congresista de la Democracia Cristiana (DC), sostuvo que sin padrones electorales Pinochet tenía ganado el plebiscito.

El ex presidente Eduardo Frei Montalva se encontraba de visita en Sao Paulo, Brasil, cuando se dio a conocer el anuncio. El 12 de agosto, ante los requerimientos de la prensa internacional, afirmó que Pinochet “no conseguirá permanecer en el poder durante ocho años más aun cuando el referéndum que convocó apruebe una nueva Constitución”. Cuestionó la validez del proceso, pues no existían garantías de libertad de expresión y control autónomo del proceso electoral, por lo que no expresaría la voluntad popular. Desde Caracas, el líder democratacristiano Renán Fuentealba, quien fuera expulsado por la dictadura unos años antes, indicó que “el plebiscito será ilegítimo por las buenas o por las malas y el general Pinochet se perpetuará en el poder”.

Ese mismo día, algunas agrupaciones políticas que trabajaban en la clandestinidad en Santiago imprimieron panfletos alusivos a la farsa que se estaba preparando. Los partidos mantenían una red de activistas que tenían acceso a imprentas manuales donde se producía material de propaganda. Esa misma noche comenzaron a rodar la impresión de panfletos alusivos al plebiscito y los trasladaron a distintos puntos de la capital.

Mientras las autoridades del régimen informaban sobre la designación de presidentes de mesa y los requisitos para votar, El Mercurio publicaba el martes 12 de agosto una extensa editorial respecto del significado del plebiscito, del contenido de la carta magna que se refrendaría y de las consecuencias que tendría. La editorial terminaba sentenciando que en realidad no existían dos alternativas en la convocatoria: “El plebiscito no ofrece más que una opción, pues la vuelta a la situación imperante el 10 de septiembre de 1973 no es verdaderamente tal. Debe, pues, razonablemente vencer el régimen en el plebiscito y dar forma constitucional al proceso transformador que ha seguido al de la reconstrucción”.

Ese mismo día, algunos activistas se atrevieron a salir a la calle convencidos que esta apresurada convocatoria a plebiscito sería un fraude. Repartieron panfletos durante el día en la zona centro de Santiago. Sergio y Valeria eran activistas políticos y habían recorrido distintos puntos de la capital durante todo el día promoviendo el rechazo a ese acto electoral. Al anochecer, regresaron a su hogar, recogieron a su hijo de la casa de sus padres, cenaron y seguramente conversaron de las consecuencias que tendría el anuncio de Pinochet. A las siete de la mañana siguiente, el miércoles 13 de agosto, y mientras las primeras luces del amanecer iluminaban Santiago, un grupo de agentes de civil rompieron la puerta de su casa y los arrestaron. No llevaban placa de identificación o alguna orden de detención. Sólo les dijeron que ambos habían cometido un delito flagrante. Su hijo de un año comenzó a llorar al escuchar los gritos. Los tres fueron trasladados a una comisaría de Carabineros. Unas horas después, un familiar se presentó en el recinto policial para, al menos, poder hacerse cargo del niño. La pareja era acusada de repartir panfletos. Fueron interrogados y fichados, para luego ser liberados.

Esa misma tarde, en otro punto de la capital, la selección nacional de fútbol se reunía en Pinto Durán bajo la conducción de Luis Santibáñez. Los seleccionados recibirían esa noche al America do Rio, de Brasil, en un partido amistoso que servía como preparatorio para las eliminatorias del Mundial. Las grandes novedades eran el regreso de Patricio Yáñez al seleccionado y la contractura de Caszely, quien se ausentaría de esta presentación. El resultado fue 2-0 favorable al cuadro nacional en un deslucido partido.

En tanto, El Mercurio