El odio a los ricos E-Book

Axel Kaiser

• Herausgeber: Ediciones El Mercurio
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 166

Veröffentlichungsjahr: 2023

Beschreibung

Una mirada crítica que no dejará a nadie indiferente y que platea además una radiografía inédita sobre qué opinan los chilenos de los ricos. La obra presenta un detallado análisis de las percepciones que los chilenos tienen sobre los ricos y las sitúa en un contexto comparativo internacional. En suma, se trata de una mirada crítica y sin tapujos, que ofrece una radiografía inédita sobre la mentalidad nacional en torno al éxito económico, y que cuestiona los fundamentos del discurso público igualitarista dominante en las últimas décadas.

Leseprobe

© 2023, Axel Kaiser / Rainer Zitelmann

© De esta edición:

2023, Empresa El Mercurio S.A.P.

Avda. Santa María 5542, Vitacura,

Santiago de Chile.

ISBN: 978-956-6260-05-9

ISBN Digital: 978-956-6260-06-6

Inscripción N° 2023-A-11372

Primera edición: noviembre de 2023

Edición general: Consuelo Montoya

Diseño y producción: Paula Montero

Diseño de portada: Paula Montero

Fotografía de portada: Shutterstock

Todos los derechos reservados.

Esta publicación no puede ser reproducida ni en todo ni en parte, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de Empresa El Mercurio S.A.P.

Diagramación digital: ebooks [email protected]

Índice

CAPÍTULO ILos ricos como problema

Los poderosos de siempre y la década perdida

El precio del igualitarismo

El espejismo del Gini

El mito de los privilegiados

Derrocando al capitalismo

¿Bienestar para quién?

Las bondades de la desigualdad

Los ricos no pueden pagar más

La mentalidad anticapitalista

CAPÍTULO IILos chilenos y los ricos: un estudio sobre sus percepciones

¿Qué piensan los chilenos de los ricos?

El rol de la envidia social

Impuestos, salarios de directivos y filantropía

Grupos sociodemográficos: análisis por renta, edad, género, nivel educativo y orientación política

Los resultados de Chile, en comparación con los de otros países

La encuesta en perspectiva

Bibliografía

CAPÍTULO ILOS RICOS COMO PROBLEMA

LOS PODEROSOS DE SIEMPRE Y LA DÉCADAPERDIDA

Si hubiera que elegir un caso en el que el discurso en contra de los ricos jugó un rol fundamental en arruinar las posibilidades de progreso de un país, Chile sin duda cumpliría con los requisitos para calificar. Desde el año 2014 en que Michelle Bachelet (2014-2018) regresara con la intención de acabar con lo que denominó «vestigios del modelo neoliberal»1, el país ha entrado en una década totalmente perdida desde el punto de vista del progreso económico y social. Un interesante trabajo de los economistas Arturo Claro y Gonzalo Sanhueza da cuenta de la magnitud del estancamiento chileno2. Entre 2004 y 2013 el crecimiento promedio del PIB real fue de 4,8 por ciento y el PIB per cápita se incrementó en 3,7 por ciento llevándonos a reducir la brecha con países desarrollados. Basta considerar que, en 1990, el PIB per cápita de Chile alcanzaba un 41 por ciento del de Portugal, en 2003 un 57 por ciento y en 2013 un 80 por ciento. Entre 2003 y 2013, en tanto, la pobreza se redujo de 36,2 por ciento a 14,4 por ciento; la pobreza extrema de 17,9 por ciento a 4,5 por ciento; la cantidad de hogares sin servicios básico cayó de 12,4 por ciento a 5,3 por ciento; el hacinamiento en los hogares se redujo de 15,5 por ciento a 9,3 por ciento, y la tasa neta de asistencia a la educación superior aumentó de 26 por ciento a 36,7 por ciento en la población de 18 a 24 años. La realidad, desde que asumió Bachelet su segundo período presidencial con su giro populista, ha cambiado dramáticamente. De 2014 a 2023 el crecimiento de la economía ha sido de 1,9 por ciento en promedio anual y si se ajusta por el crecimiento de la población este cae a un magro 0,6 por ciento per cápita por año. Como sabe cualquier persona con conocimientos básicos de economía, las oportunidades de empleo dependen estrechamente de la capacidad de creación de riqueza. Y, en Chile, producto de las reformas antimercado de Bachelet II, estas oportunidades fueron afectadas gravemente. Así, si entre 2004 y 2013 se creaban en promedio 206 mil empleos por año, entre 2014 y 2023 tan solo se crearon 93 mil empleos por año. Al mismo tiempo, los salarios reales, que crecieron un 2,45 por ciento promedio anual en el primer período, lo hicieron un 1,2 por ciento en la última década. Esto es problemático, pues como bien explicaron Sanhueza y Claro, para una familia con dos ingresos promedio de 681.000 pesos mensuales la diferencia entre ver salarios creciendo a 2,45 por ciento y 1,2 por ciento es de 2.183.500 pesos de ingresos menos tras una década.

Fuente: Sanhueza y Claro (2023).

De todas, la reforma tributaria de Bachelet II fue la que asestó el golpe más demoledor a la inversión. Si esta creció en alrededor de un 10 por ciento por año entre 2003 y 2014, lo hizo un 0,8 por ciento real anual en la década posterior. Sin duda la incertidumbre institucional, el permanente cambio en las reglas del juego y el proceso constituyente que pretendió refundar Chile en la línea de la extrema izquierda, contribuyeron de manera importante a la desaceleración de la inversión, la que incluso pasó a experimentar una contracción comparado con su punto más alto en 2012. Pero si bien el análisis económico no admite dudas respecto a que las políticas económicas que reducen agresivamente la rentabilidad del capital y aumentan el riesgo político e institucional del país dañan severamente las posibilidades de progresar, la causa última de esta destrucción es ideológica. No podemos olvidar que el gobierno Bachelet II (2014-2018) justificó parte importante de su proyecto en la idea de que había que ejercer una revancha en contra de los ricos de Chile. En el sitio oficial del palacio de La Moneda, se publicó un video en defensa de la reforma tributaria en que se decía que quienes atacaban la propuesta eran «los poderosos de siempre que defienden sus intereses»3. Según el video, la clase media no iba a pagar ningún costo por la reforma, pues esta respondía al hecho de que «no era justo que los más ricos de Chile no paguen lo que les corresponde». El video, impregnado de un lenguaje resentido que comparaba el ingreso del «jefe» con el de la «secretaria», añadía que el «99 por ciento de lo recaudado» lo pagaría el «1 por ciento más rico». Estos ricos —decía el gobierno— eran 4.500 familias dueñas de «grandes empresas» con un ingreso superior a los 82 millones de pesos mensuales. Se trataba —añadía el gobierno socialista— de «reducir la desigualdad» con la reforma tributaria y se aseguraba a la población que esta iniciativa permitirá tener «mejor educación pública de calidad y gratuita» además de «mejor salud pública con más y mejores hospitales», más «accesos a la cultura, al deporte y a un medio ambiente limpio y mejores pensiones». En otras palabras, el 1 por ciento de los ricos de Chile y su codicia de no querer compartir parte de sus privilegios era todo lo que frenaba una explosión dramática y multidimensional de la calidad de vida de los chilenos. «Los que tienen más pagarán más» insistía el video de propaganda del gobierno, y agregaba que quienes criticaban la reforma, buscaban «engañar» a la gente poniéndole trabas a la posibilidad de conseguir más «igualdad».

Hemos visto que la reforma tributaria terminó siendo perjudicial para la clase media, tal como se advirtió por muchas personas y que su defensa por parte del gobierno de Bachelet era demagogia antirricos, pues no había evidencia que respaldara un alza de impuestos tan alta desde el punto de vista de su impacto en la economía y la población en general. El mismo exministro de Hacienda de Bachelet en su primer gobierno, Andrés Velasco, afirmó en 2014 que no existían estudios que analizaran la reforma en «sus impactos sobre el ahorro, la inversión y el crecimiento»4. También desde la perspectiva de la recaudación, la reforma «antirricos» de Bachelet terminó siendo un fracaso, pues recaudó la mitad de lo que se proponía. Pero la realidad es aún más dramática, pues el crecimiento económico genera más recaudación que las alzas de impuestos enfocadas en atacar a las «grandes fortunas». Sanhueza y Claro lo explican: «Si Chile hubiese crecido al 3,8 por ciento real al año desde el 2013, la recaudación hubiese sido un 26 por ciento mayor en 2023 en términos reales. A un tipo de cambio de $800, esto equivale aproximadamente a un 5 por ciento del PIB, más de lo que esperaba recaudar la reforma tributaria de Bachelet II (3 puntos del PIB) y la rechazada reforma presentada por el gobierno de Gabriel Boric (3,6 puntos del PIB)».

Fuente: Sanhueza y Claro (2023).

No es un asunto muy discutible, desde el punto de vista de la ciencia económica, el hecho de que un vigoroso crecimiento económico es la fuente del progreso social, del empleo y de la creación de oportunidades como también de ingresos para el Estado. La pregunta, entonces, es por qué la izquierda se obsesiona con crear cargas punitivas de impuestos a quienes tienen más, aun cuando el costo lo paga la clase media, los más pobres e incluso la recaudación fiscal. La respuesta, una vez más, es que el sistema tributario es visto como un arma en la lucha de clases contra de los ricos y como mecanismo para lograr mayor igualdad. Esto explica que el actual gobierno de Gabriel Boric, quien se autodefinió como marxista5 y así lo publicó también en su cuenta de Twitter el 9 de julio de 2011, incluso teniendo a la vista el fracaso de la reforma tributaria de Bachelet II, presentara una reforma aún más demoledora para la inversión, con propuestas que directamente implicaban un castigo material y simbólico a los ricos como era el caso del impuesto a altos patrimonios. La propuesta del ministro de Hacienda de Boric, el socialista Mario Marcel, aumentaba de manera extrema los impuestos pagados por segmentos más altos. Así, por ejemplo, se cargaba adicionalmente a las personas con ingresos desde 4 millones de pesos al mes —que corresponde al 2 por ciento de ingresos más altos— mientras el 98 por ciento restante se dejaba intacto. Al mismo tiempo, se terminaba completamente con la integración del sistema tributario que Bachelet II había desintegrado parcialmente. Esto significa que el 65 por ciento de crédito que aun podían utilizar los dueños de empresas en contra del impuesto personal que habrían de pagar luego de retirar utilidades desaparecía, obligando a quienes tienen empresas a pagar dos veces el impuesto por el mismo ingreso. Pero eso no es todo, pues la reforma Boric-Marcel contemplaba además un impuesto al patrimonio de entre 1 por ciento y 1,8 por ciento marginal para castigar a los «ricos» con patrimonios superiores a 4,9 millones de dólares. Cabe agregar que, si en 1990 doce países de la OCDE tenían un impuesto a la riqueza, en 2023 solo tres países lo mantenían. Los demás lo eliminaron por ineficiente, además de su bajísima recaudación y sus negativos efectos sobre la economía6. Sin embargo, en agosto de 2020, el entonces diputado Boric defendía un impuesto al patrimonio en los siguientes términos: «Los más ricos de nuestro país deben entender que tienen que contribuir de manera más significativa en esta crisis cuyos costos hasta ahora la han pagado principalmente y de manera injusta las y los trabajadores. Empujaremos con fuerza y convicción impuesto a los súper ricos»7. Nicolás Grau en tanto, quien terminaría siendo ministro de Economía de Boric, argumentaba en 2020 que un rol central del sistema tributario era impedir que unos tuvieran mucho más que otros: «El sistema tributario tiene un rol de igualar los ingresos de los habitantes, a través de los impuestos progresivos, no solo para impulsar mejoras en obras públicas, sino que igualar también los ingresos económicos de la población»8. En la misma línea formuló declaraciones Camila Vallejo tras conocerse el rechazo al impuesto a los «súper ricos» que se produjo bajo el gobierno de Piñera. Para Vallejo era «vergonzoso» que Piñera y sus parlamentarios siguieran «defendiendo el patrimonio de los súper ricos»9.

Castigar a los ricos en Chile, al menos desde la izquierda, es, como hemos visto, una cuestión ideológica por no decir un mandato moral. Por supuesto, bajo el pretexto de combatir la desigualdad, se asfixia al sector privado e incrementa el poder del Estado capturado por los mismos políticos que no dejan de caer en escándalos de corrupción por el mal uso que hacen de los dineros que pagan los contribuyentes. En parte, producto de esta ideología igualitarista y antirricos, el gasto del Estado ha crecido a niveles acelerados mientras el sector privado apenas lo ha hecho. Basta considerar que desde 1990 a 2021 el gasto fiscal creció un promedio de 7 por ciento anual real, en circunstancias de que el PIB lo hizo a un promedio de 4,5 por ciento. El gasto social por su parte —educación, salud, pensiones, vivienda— aumentó a un 7,8 por ciento anual real en promedio10. Como es conocido, la eficiencia de este gasto es pobre, lo que explica el hecho de que, a pesar de la multiplicación del gasto en salud, educación y otros servicios, estos no mejoran de manera relevante. Medido en pesos de 2021el gasto social por persona pasó de 435.000 pesos en 1990 a 1.900.000 pesos en 2019 y 3.000.000 de pesos en 2021 por la pandemia. Como porcentaje del PIB este pasó de 11,8 por ciento a 16,6 por ciento entre 1990 y 2019, antes de la pandemia11.

De todo ese gasto fiscal nacional aproximadamente un 30 por ciento se va en burocracia cifra que es de solo un 20 por ciento en Australia o Corea del Sur. Si lográramos niveles similares de eficiencia podríamos ahorrar 1.500 millones de dólares por año12. Más evidente es la inefectividad de este gasto aun cuando se mide la desigualdad de ingresos antes y después de los impuestos y transferencias. Aunque pocos lo saben, la desigualdad de mercado en Chile medida por índice Gini (medida internacional utilizada para medir la desigualdad en los ingresos dentro de un país), es casi igual al promedio de los países de la OCDE, 0.50 versus 0.47013. Cuando se consideran las transferencias que hace la clase política con el dinero que saca de los contribuyentes mediante impuestos en Chile, la desigualdad casi no se mueve quedando en 0.46, mientras en el promedio de la OCDE esta cae dramáticamente a 0.3114. Así las cosas, Chile tiene un problema dramático de despilfarro —y bastante corrupción— con su gasto estatal que no beneficia como debería a la población. Sumado a una economía que no progresa, debido a reformas que engrosan más las filas de quienes controlan el Estado y sofocan crecientemente a quienes crean riqueza, no es de sorprender que la ciudadanía acumule frustración. La crisis social ocurrida en Chile en octubre del 2019 fue, sin lugar a dudas, el resultado de este colapso en la capacidad de crear prosperidad de la economía chilena derivado de las reformas de Bachelet II. De hecho, se calcula que, en ausencia de las reformas de Bachelet II y toda la incertidumbre que generó su discurso antiempresarios, la economía chilena habría crecido probablemente en torno a un promedio de 4 por ciento anual durante su segundo período en lugar del 1,8 por ciento anual promedio que alcanzó15. Nuevamente, los efectos de esta desaceleración no son menores, pues creciendo al 1,8 por ciento que dejó Bachelet los chilenos alcanzarían recién el ingresos per cápita de Portugal en dos décadas en circunstancias de que si el crecimiento hubiera sido el 5,3 por ciento del cuatrienio anterior de Sebastián Piñera (2010-2014), en el mismo período se conseguiría el PIB per cápita de Estados Unidos16. A pesar de lo anterior, nunca hubo un reconocimiento por parte de la izquierda que gobernó con Bachelet II de que sus reformas estaban hundiendo las posibilidades de avanzar de Chile y tampoco lo hubo después de su gobierno. Fieles a su ideología, prefirieron culpar al contexto internacional de su pobre desempeño, lo que no tenía fundamentos. De la misma manera, cuando se desató la crisis de 2019 eligieron culpar a los ricos. En diciembre de 2019, el exministro de Hacienda de Bachelet II, Nicolás Eyzaguirre dijo: «Basta que el 1 por ciento más rico de Chile se meta la mano al bolsillo para que se acabe la crisis del país» añadiendo que había que cobrar todavía más impuestos a los ricos17. El mismo Eyzaguirre acuñaría la famosa frase de que había que «bajar de los patines» a los alumnos de colegios que andaban más rápido para conseguir igualdad en el sistema educativo.

EL PRECIO DEL IGUALITARISMO

Con todo lo dicho, queda en evidencia que la búsqueda de la igualdad mediante el abuso del sistema tributario, es una de las causas centrales del desplome de la economía chilena. Este punto merece una explicación más profunda. El igualitarismo, como ideología, necesariamente implica un castigo a quienes tienen más, pues su enfoque tiende a ser inevitablemente redistributivo. Debe, por lo tanto, enfocarse en afectar a los más ricos para que estos no se escapen demasiado de la realidad del resto de la población. De ahí que para los igualitaristas no se trate, al menos en principio, de mejorar a los que están peor, sino de bajar a los que están en una posición de mayor ventaja para «nivelar» la situación. Si el propósito fuera mejorar a los que están más bajos o peor, evidentemente se apostaría por maximizar el potencial de la economía y de generar oportunidades para todos, lo que es incompatible con reformas tributarias como las que ha aprobado Chile en las últimas décadas. De igual forma, si el objetivo fuera realmente una mayor recaudación fiscal para beneficiar a los que tienen menos, se limitarían los impuestos. Tal como como lo explicó la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) en un comunicado en junio de 2023, en que correctamente rechazó nuevas alzas de impuestos, un punto de crecimiento económico aporta 800 millones de dólares de recaudación anual, lo que significa que, en las circunstancias del Chile actual, hacer crecer la economía es más efectivo para que el Estado tenga mayores recursos, que subir los impuestos18. Pero la obsesión con afectar a los ricos queda aún más en evidencia cuando se considera la forma en cómo se recaudan impuestos en Chile y se compara con los modelos de bienestar europeo que, según la izquierda, deberíamos emular. De partida debemos consignar que, medida como corresponde, la diferencia entre la carga tributaria chilena y la mediana de los países de la OCDE es baja19. Cuando se ajusta por PIB per cápita, pensiones y estructura poblacional, la brecha con esos países es de tan solo 1,8 por ciento del PIB en lugar del 5,3 por ciento que suelen argumentar diversos sectores políticos20. Es más, estudios de la consultora Deloitte afirman que, contabilizando las pensiones, la carga tributaria chilena superaría el 27 por ciento del PIB siendo mayor que la de Italia, Japón, Corea del Sur y Australia21.

Fuente: Deloitte (2023).

Al mismo tiempo, en Chile, solo el 25 por ciento de mayores ingresos paga impuesto a la renta sobre ingresos personales mientras en la OCDE lo hace la gran mayoría. En efecto, el ingreso promedio en Chile paga cero por rentas personales en circunstancias de que, en los países desarrollados de la OCDE, paga un promedio de 16 por ciento de impuestos22. Así las cosas, el Estado benefactor que añoran muchos, en los países avanzados lo financia la clase media, pero como en Chile existe una obsesión con que los ricos paguen todo entonces pocos plantean realmente aumentar la base de contribuyentes para que todos paguen. En lugar de ello se prefiere seguir subiendo impuestos a las personas más productivas y a las empresas cuya tasa de tributación ya es superior al promedio de la OCDE alcanzando un 23,3 por ciento del total recaudado, lo que duplica el promedio de ese grupo de países convirtiéndola en la más alta de todos ellos después de Colombia según datos publicados en 201923.