El precio de la exclusión E-Book

Manuel Álvarez Tardío

• Herausgeber: Ediciones Encuentro
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Serie: Ensayo
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 618

Veröffentlichungsjahr: 2011

Beschreibung

La Segunda República continúa suscitando enorme interés en la política y la sociedad española. Sin embargo, las claves políticas del régimen republicano siguen siendo en gran medida desconocidas: ¿Qué concepción de la democracia proyectaron los fundadores de la República? ¿Por qué dio alas a quienes propiciaban una política de exclusión y marginó a los moderados? ¿En qué medida la polarización y la violencia políticas fueron consecuencia de determinadas leyes? ¿Cómo reaccionaron los conservadores y cómo contribuyeron a las lógicas de exclusión? ¿Qué efectos tuvo el acceso al voto de las mujeres? ¿Hubo una verdadera separación de poderes? ¿Qué papel jugaron las diferentes facciones políticas durante la República? El precio de la exclusión ofrece una interpretación global de la relación entre partidos, elecciones, movilización y violencia política durante esta época fundamental de la reciente historia de España.

Leseprobe

Ensayos

La presente publicación se inscribe en el Proyecto de Investigación «Cultura política, democracia y violencia en la Segunda República española (1931-1936)», financiado por el Ministerio de Ciencia, dentro del Plan Nacional de I+D+I (Ref. HAR2009-11492/HIST).

MANUEL ÁLVAREZ TARDÍO ROBERTO VILLA GARCÍA

El precio de la exclusión

La política durante la Segunda República

ISBN DIGITAL: 978-84-9920-566-3

© 2010 Los autores y Ediciones Encuentro, S. A., Madrid

Diseño de la cubierta: o3, s.l. - www.o3com.com

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ÍNDICE

Presentación

1. La exclusión de los moderados

2. El parlamento y los partidos

3. La confusión de poderes

4. Las elecciones y sus reglas

5. Las mujeres pueden votar

6. La movilización conservadora y la defensa de la República

7. La revolución de los anarquistas

8. Cuando las urnas no cuentan

Referencias

Abreviaturas utilizadas en el texto

Notas

PRESENTACIÓN

La Segunda República española, proclamada el 14 de abril de 1931, es, por diferentes razones, uno de los momentos más estudiados de nuestra historia contemporánea. Su vida fue corta, pero fascinante a la vez que dramática. Sin esos cinco años apenas se entiende nada de lo ocurrido en las cinco décadas siguientes, desde la guerra civil hasta la transición a la democracia en los años setenta. Ha sido objeto predilecto de estudio de los historiadores, junto con la propia guerra. Tanto interés no es extraño; todo lo contrario. Es el resultado de un lógico afán por comprender las causas inmediatas de ese conflicto civil. Un conflicto largo y cruento que marcó durante décadas el destino de la libertad en España y la marginó del camino a la democracia recorrido por otros países europeos después de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial.

Cuenta una historia muy popularizada de la España contemporánea que, durante el siglo XIX y hasta bien entrado el siguiente, ésta no pudo incorporarse a la modernidad europea y al desarrollo económico con la misma fuerza y a la misma vez que sus vecinos del norte. Asegura, también, que varios procesos que resultaron ser un éxito en otros países, aquí terminaron en fracaso o no concluyeron con los resultados esperados, tales como la manida revolución industrial o la polémica revolución liberal. Mientras otros caminaban por la senda del éxito, a España le habría tocado la del fracaso, convirtiéndose en un país de segunda categoría en la Europa de las democracias y el capitalismo. La excepcionalidad española habría consistido en un alejamiento de los procesos ocurridos en otros países modernos. Ésta habría sido el resultado de varias circunstancias: la persistencia del antiguo régimen y la debilidad del Estado liberal en la España del XIX; la escasa legitimidad de las instituciones políticas y la consiguiente desconfianza hacia el poder de los ciudadanos, predispuestos así a la corrupción y a la evasión fiscal; la falsedad del régimen representativo, con unas elecciones fraudulentas y unos caciques que campaban a sus anchas por todo el país; la miopía de los grandes propietarios agrícolas; o el egoísmo, en general, de unas clases pudientes que lograron parasitar el Estado y forjar una oligarquía que, apoyada en el Ejército, sostuvo a la Corona para impedir que la libertad penetrara en todos los rincones de la vida pública.

Ciertamente, tanto en el mito del fracaso como en la literatura regeneracionista que tanto hizo por alimentarlo hay unos cuantos elementos de verdad. La economía española no logró entrar en un círculo virtuoso tan rentable como el de las economías del norte de Europa. Los obstáculos a que se enfrentaron los reformistas liberales del siglo XIX fueron amplios y a veces más resistentes que en otros países. La Monarquía no siempre dispuso de sus mejores titulares en los momentos de crisis. Las fuerzas de la revolución, derrotadas sin miramientos al norte de los Pirineos, supusieron un desafío constante para la estabilidad del Estado constitucional español. Los partidos de notables de la política liberal no encontraron un cauce de reforma adecuado para impulsar una transición gradual hacia un sistema de competencia democrática. Aunque se reconoció el sufragio universal masculino, la competencia en los distritos se abrió paso lentamente y no hubo suficientes incentivos exógenos para que esa situación evolucionara más rápidamente. Los servicios públicos fundamentales prestados por los Estados modernos, como la educación o los sistemas de previsión social, aunque empezaron a la par que en otros países, no contaron con una Hacienda reformada y preparada para afrontar la política de gasto del siglo XX.

Sin embargo, muchos de esos problemas no fueron particulares del caso hispano, ni siquiera sólo de los países mediterráneos, en los que se siguió una pauta de modernización económica diferente. El Estado español no era esa caricatura de institución corrompida y nada representativa que popularizó el discurso regeneracionista. Por su parte, la sociedad española no estaba irremediablemente predispuesta a la manipulación, el engaño y el atraso. Después de una traumática transición al parlamentarismo liberal y no pocos problemas derivados del exclusivismo, a partir de 1876 se consolidó un régimen constitucional que permitió varias décadas de paz, estabilidad y moderado desarrollo.

La situación empezó a complicarse durante la segunda década del siglo XX, a la par que una importante crisis de valores y otros desafíos de orden ideológico tenían lugar en la Europa de entreguerras. En ese momento se bloqueó en España la puerta que podría haber conducido a una democratización gradual del sistema, sin rupturas bruscas ni violencias. Y se cerró definitivamente en septiembre de 1923, cuando Alfonso XIII permitió que un general interrumpiera la normalidad constitucional y jugara a ser el cirujano de hierro de una nación supuestamente enferma. La dictadura de Primo de Rivera modificó por completo la política española, imposibilitando que la Monarquía actuara como institución moderadora en un proceso de democratización y devolviendo al campo republicano un protagonismo que no había sabido ganarse por méritos propios. El anhelo de libertad y progreso se fue haciendo cada vez más inseparable de la idea del cambio de régimen, aun cuando los republicanos seguían divididos y se mostraban incapaces de precisar el contenido de la futura democracia. Finalmente, en abril de 1931, la revolución republicana, prestigiada por el apoyo de antiguos monárquicos liberales, derribó la Monarquía e inauguró un tiempo nuevo. Había llegado el momento de hacer algo más que criticar o descalificar a las instituciones caídas. Desde la óptica de sus fundadores, era la oportunidad de romper con el maleficio de la anormalidad española y situar al país en el camino de la modernidad y el progreso.

Sin embargo, la gestión de quienes llegaron al poder en 1931 para cambiar esa historia negativa y conducir a España, ya sin rey, por la senda de la modernidad, no produjo los resultados esperados. Como es sabido, la difícil historia de la democracia en la España de entreguerras no fue una excepción dentro de una Europa pacífica, estable y próspera. Al contrario, tuvo lugar en pleno apogeo del fascismo italiano, los totalitarismos nazi y comunista y un sinfín de dictaduras autoritarias, con las democracias supervivientes en estado de extrema debilidad y en un contexto económico internacional nada favorable. Pero la quiebra de la democracia republicana y la guerra civil subsiguiente no fueron, sin más, resultado de lo que ocurría al otro lado de las fronteras. Tampoco fue el fruto de una irremediable corriente de la historia que condujera a los españoles al abismo, como pueblo condenado a padecer la ausencia de toda libertad. Al contrario, el abismo podría haberse evitado y la democracia podría haber funcionado. Los responsables de ese fracaso tuvieron nombres y apellidos, bien fueran personas, partidos, sindicatos, asociaciones patronales, instituciones religiosas... Nada ocurrió por casualidad, aunque el final podía haber sido diferente.

Lo sorprendente es que aquella República que llegó con la promesa de transformar radicalmente la política y la sociedad española en un sentido democrático, diera paso al período más siniestro de la historia contemporánea de España, primero, con una guerra civil que provocó medio millón de muertos y dejó al descubierto las peores consecuencias de los fanatismos ideológicos; y segundo, con una dictadura que trató a la sociedad española como un adolescente perpetuo, irresponsable e inmaduro, incapaz de vivir en libertad. Quien de verdad hizo cierto el mito del fracaso fue el régimen de Franco. La verdadera excepción —y el drama— de la historia contemporánea de España fue que tras haber sido protagonista de las revoluciones liberales, haber gozado de décadas de régimen representativo, aunque fuera en el marco de la política de notables, haber consolidado un Estado constitucional y haber experimentado una modernización similar a la de otros países de su entorno, tuviera que soportar durante cuatro décadas una dictadura. Ahora bien, no parece que ésta surgiera de las profundidades de la reacción para destruir una España que estuviera disfrutando de una democracia consolidada, es decir, donde predominara una cultura política liberal y la mayoría de los partidos asumieran los costes de la alternancia pacífica en el poder. El déficit de legitimidad de la democracia republicana, la fortaleza de las actitudes políticas contrarias al pluralismo, la presencia insoportable de una violencia política constante, el desafío permanente de un discurso de la revolución social, la renovada fortaleza de un conservadurismo tradicionalista y autoritario, la debilidad de los liderazgos concretos..., todos esos factores estuvieron en la base de los problemas que impidieron la construcción y consolidación de una democracia pluralista en la España de los años treinta.

Aunque sus fundadores explicaran la llegada de la República como la inauguración de un tiempo nuevo y una revolución política más profunda que el simple cambio de la forma de gobierno, España y los españoles no nacieron de nuevo aquel 14 de abril. Sus creencias, sus ideas, sus hábitos de comportamiento político, sus virtudes y sus vicios en su relación con el poder, sus costumbres, sus gustos, sus preocupaciones laborales, sus economías domésticas... no iban a transmutarse sólo porque el titular de la Corona se hubiera exiliado y los nuevos gobernantes anunciaran la llegada de una nueva era, ni siquiera porque el sistema de partidos fuera puesto patas arriba. Desde luego que casi todos los integrantes de la coalición fundadora de la República creyeron que estaban asistiendo a una revolución, aunque sin violencia. La inauguración de las Cortes Constituyentes en julio de 1931 estuvo rodeada de no poco simbolismo milenarista, una vez derrotado el eterno mal encarnado por la Monarquía y los antiestados. No es una casualidad que se eligiera para ese acto el 14 de julio, día en que se conmemoraba el aniversario de la toma de la Bastilla. Sin embargo, pronto empezó a evidenciarse que el voluntarismo político y la ideología no eran suficientes para hacer frente con éxito a los desafíos de una democratización profunda y pacífica de la sociedad española de entreguerras. No pasó mucho tiempo antes de que se comprobara que no bastaba con apelar a la democracia para que ésta fuera realidad. La participación masiva de los españoles en las urnas, incluidas las mujeres, se hizo realidad, pero siendo condición necesaria para la democracia, no fue suficiente. Era necesario buscar un sustituto a los mecanismos que habían garantizado la estabilidad constitucional durante la Monarquía. Esto no parecía preocupar demasiado a republicanos y socialistas, con la excepción de la derecha republicana y, en parte, de los lerrouxistas y algunas personalidades de la izquierda republicana. Pero era un factor capital si se quería impedir que la democracia fuera simplemente un plebiscito dirigido desde arriba para ratificar un proceso revolucionario permanentemente abierto. La llegada de la competencia democrática exigía de un marco institucional sobre el que descansar, y ese marco debía gozar de gran estabilidad y lealtad por parte de los que luego se dispusieran a competir en las urnas. La irrupción de la política de masas, con los grandes mítines, las campañas electorales tensas y reñidas y la posibilidad siempre abierta de la alternancia, introducía un factor de riesgo muy elevado en la vida política. Era necesario que la competición democrática se canalizara en un marco institucional que la mayor parte de los candidatos respetaran. De lo contrario, la política de masas podía ser simplemente sinónimo de inestabilidad. De poco serviría la participación popular y la movilización de los electores si el día después de las votaciones los perdedores no aceptaban su derrota y cuestionaban la legitimidad del adversario para formar gobierno.

Una cosa era predicar con un alto grado de demagogia y populismo sobre los males de la patria y la corrupción del Estado, y otra bien distinta ponerse manos a la obra para edificar desde la nada, una vez derribado el edificio de la Monarquía, un sistema democrático. Había, además, dos barreras muy firmes para la estabilización de una República que fuera la democracia de todos. De la primera eran plenamente responsables los republicanos, viejos y nuevos. La tradición ideológica que alimentaba su discurso y su cultura política concebía la República no sólo como otra forma de gobierno alternativa a la Monarquía, en la que cupieran todos los españoles, sino como un programa para la revolución política y cultural. De esa tradición se deducía que en el nuevo régimen sólo habría sitio para quienes aceptaran las principales premisas de ese programa. Los demás, como dirían ilustres miembros de la izquierda republicana, deberían conformarse con el papel de sometidos. La otra barrera venía dada por la fuerza de las ideologías que no estimaban positivo un sistema político en el que se reconociera y amparara el pluralismo político y de valores. Primero, buena parte de los socialistas, que pese a sus intereses corporativos, su tradición sindical y su relativo pragmatismo, terminaron colocando la revolución por encima de la democracia. Segundo, un sector importante de las derechas, que interpretaron la caída de la Monarquía constitucional como la demostración del fracaso de la España liberal y se empeñaron en defender un régimen corporativo, de componentes tradicionalistas y resabios autoritarios. Y tercero, los grupos que presumían de una cultura política radicalmente contraria a la democracia pluralista y en la que se justificaba el uso de la violencia para la construcción de un nuevo tipo de sociedad, especialmente carlistas, falangistas, anarquistas y comunistas.

Dando crédito al discurso del fracaso de la revolución liberal y la modernización de España, los republicanos y sus aliados socialistas contribuyeron al mito de la República como un régimen de salvación nacional que haría posible un tiempo nuevo. Así, la democracia republicana nació acompañada de un discurso político hegemónico que identificaba las instituciones constitucionales con ese voluntarismo. Todo el que no admitiera la oportunidad de ese cambio debía quedar marginado. A las elecciones parecía reservárseles el papel de elementos decorativos de una fiesta republicana más amplia. La participación popular sólo cabía en este nuevo escenario si servía para ratificar el camino emprendido por la revolución republicana, es decir, si confirmaba a sus fundadores en el poder y hacía posible la revolución en sus diferentes facetas. Por eso la izquierda republicana y los socialistas idearon un sistema electoral mayoritario en el que vieron un buen instrumento para obtener siempre amplias victorias y marginar a sus adversarios conservadores, que a su juicio no serían capaces de superar su desunión y apatía. Por eso, también, impidieron que se aprobara una Constitución que incluyera alguna forma de transacción con los católicos y su Iglesia, convencidos de que la Carta Magna debía reflejar los contenidos mínimos de su programa político, sin renuncias importantes. Por eso, además, aprobaron una Ley de Defensa de la República que dejaba entre paréntesis derechos políticos fundamentales pero que se justificaba, a decir de sus promotores, para proteger el régimen de sus enemigos tanto de la derecha como de la extrema izquierda. Para ellos, la alternancia, incluso si se derivaba de las urnas, sólo podía producirse entre quienes compartieran este mínimo programático que debía reflejar la Constitución. Ésta era una cuestión irrenunciable, planteada en el terreno de los principios y claramente relacionada con la misión que se atribuía al nuevo régimen.

Resultó fundamental para el futuro de la democracia republicana que la mayoría de los constituyentes consideraran como virtuosa una actitud contraria a la inclusión de los que pensaban diferente. Estaban seguros, y así lo repetían una y otra vez en sus pronunciamientos públicos, que la política del pacto había sido responsable de la traición del liberalismo histórico a manos de los poderes oligárquicos que habían parasitado la Monarquía. Dentro de la cultura política de los distintos grupos de las izquierdas españolas de los años treinta, el pacto era sinónimo de claudicación. Por eso concibieron un marco institucional que llevaba implícita la exclusión de los adversarios, a diestra y siniestra, si éstos no aceptaban las premisas de la revolución republicana, es decir, de una democracia que hiciera suyos los contenidos que ellos consideraban irrenunciables. Es cierto que buena parte de esos adversarios no querían ni oír hablar de una República democrática y pluralista, en la que se alternaran partidos y programas. Es decir, que eran verdaderos enemigos de la libertad, como en el caso de los anarquistas, los comunistas, los carlistas, los monárquicos autoritarios y los incipientes fascistas. Pero no es menos cierto que esa postura fiel al principio de la intransigencia, enemiga de «veleidades girondinas», como diría el republicano Álvaro de Albornoz, dificultó la integración en el sistema de aquellos que adoptaron una posición flexible, pragmática y posibilista ante la revolución republicana, si bien la democracia sólo les parecía un mal menor o un medio para otro fin.

La cultura política de la intransigencia pudo servir para proteger inicialmente a la República de sus enemigos, obligando a la izquierda republicana y a los socialistas a permanecer unidos y a remar en una misma dirección. Sin embargo, a medio plazo condujo a un callejón con difícil salida. Dos años después de aprobada la Constitución, en las elecciones generales de 1933 se pudo comprobar que quienes competían por los votos no compartían un acuerdo de mínimos que les permitiera alternarse en el poder sin poner patas arriba toda la estructura constitucional de la República. Y poco después el único partido republicano de centro, el Radical de Lerroux, tenía que gobernar con el apoyo de quienes no podían aceptar que la Constitución de 1931 reflejara el programa de las izquierdas, es decir, la coalición de las derechas posibilistas dirigida por José María Gil Robles. Para colmo, los socialistas y la izquierda republicana catalana estaban concluyendo de esa situación que «su» democracia podía estar en peligro, ante lo cual empezaron a considerar justificado el uso de cualquier medio, incluida la violencia, para defenderla.

El déficit de legitimidad con que nació la Constitución de 1931 —recuérdese que el futuro presidente de la República fue el primero en enarbolar la bandera revisionista— y el hecho de que sus creadores identificaran la democracia con una política de salud pública que exigía la exclusión de sus adversarios, considerados como enemigos, no significa que la República estuviera condenada a la quiebra, y mucho menos a desembocar en una guerra civil. Sin embargo, el bloqueo a que se llegó después de las elecciones de febrero 1936 no podía extrañar a quienes se hubieran dado cuenta en los años anteriores de que había serios obstáculos para la alternancia pacífica en el poder. Durante el primero bienio, el golpe de Estado de Sanjurjo en agosto de 1932 y las diferentes conspiraciones monárquicas habían puesto de manifiesto la inclinación al autoritarismo y a la violencia de un importante sector de las derechas, las mismas que no aceptaron de ninguna forma que la CEDA pudiera llegar a desarrollar una política posibilista y, por tanto, contribuyera a consolidar la democracia republicana, aun cuando eso exigiera algunos cambios en la Constitución. Ya en el segundo bienio, la violencia que utilizaron las izquierdas en octubre de 1934 tras la entrada de la CEDA en el gobierno, unida a la negativa de los dirigentes de la izquierda republicana a condenar dicha insurrección, también había sido una señal muy clara de que la alternancia dentro de la democracia republicana iba a resultar harto complicada.

¿Cómo se frustraron tan rápida y fácilmente las expectativas que generó el cambio de régimen en la primavera de 1931? ¿A qué se debió la corta vida de la República y la elevada polarización que caracterizó el debate político desde el momento en que las elecciones de 1933 demostraron que la mitad de los españoles deseaban, como mínimo, la reforma de la Constitución? ¿Por qué la sociedad española no superó la prueba de la alternancia democrática? ¿Cómo influyó el diseño institucional y el régimen electoral? ¿Por qué fue tan débil la voluntad de consolidar un sistema democrático que admitiera el pluralismo ideológico y la legitimidad del adversario? La respuesta a estos y otros tantos interrogantes ha ocupado durante varias décadas a decenas de historiadores. No nos faltan estudios de conjunto y hay disponibles investigaciones indispensables sobre muchos de los aspectos más importantes, como la cuestión religiosa, la reforma agraria, la evolución de la economía, los principales partidos políticos y sus dirigentes, las elecciones, la política educativa, la cuestión autonómica, los sindicatos, la patronal, la dimensión local del conflicto, etc. Pero no creemos que sea errado apuntar que no han predominado los análisis que consideraban la vida política como un objeto de estudio autónomo, no determinado, aunque sí condicionado, por estructuras económicas, sociales y culturales.

Hace mucho tiempo que algunas investigaciones pusieron de manifiesto la importancia del funcionamiento interno y autónomo de las instituciones políticas para la explicación de la quiebra del régimen republicano, especialmente las de Juan José Linz, Santiago Varela, Santos Juliá y Javier Tusell. Pudo haber, y hubo de hecho, importantes antagonismos o conflictos sociales y económicos que deben ser tenidos en cuenta. Pero fue en los centros de decisión política, en el comportamiento de sus actores, en sus valores y en la manera en que la Constitución fijó las reglas de juego en donde residen algunas claves indispensables para entender la complejidad que presidió la quiebra política de la República, una quiebra que no predeterminó su trágico final —resultado de un golpe de Estado frustrado— pero que sí dificultó en extremo su posible recuperación. Las circunstancias económicas o sociales no variaron de la noche a la mañana como resultado del cambio de régimen, pero sí lo hicieron los discursos políticos y las actitudes de los nuevos protagonistas de la vida política. El problema estructural del campo español estaba presente desde mucho tiempo atrás, al igual que el desempleo fluctuaba en las ciudades, especialmente en el caso de la construcción, y planteaba importantes desafíos a las autoridades. Sin embargo, ni la cuestión de los jornaleros ni la del paro urbano hacían por sí mismas que la competencia democrática pacífica fuera imposible en España. La mera existencia de esos dos factores, como de tantos otros relacionados con el mercado, la cuestión social, el atraso cultural o la estructura del Estado, no determinaba la forma y el fondo de las ideologías que competían por lograr el mayor número de fieles. Lo que sin duda resultó decisivo fue la actitud que tomaron los partidos y los líderes políticos frente a esos problemas y el modo en que procedieron a socializar a sus clientelas. La cultura política sobre la que diseñaron su estrategia de competencia era tanto o más importante que las condiciones sociales que rodearon la actividad política. El paro no obligaba a adoptar a las izquierdas un discurso favorable a la revolución; de la misma manera que su ausencia no impedía que ese discurso fuera moneda común en determinados sectores de la población ocupada. En definitiva, para que las condiciones sociales y económicas se tradujeran en una cultura política contraria al pluralismo democrático, favorable a la exclusión del adversario y, en muchos casos, proclive a la violencia, eran necesarias determinadas actitudes y decisiones, cuyos responsables tenían nombres y apellidos, en las izquierdas y en las derechas. Todo eso ocurrió, además, dentro de un marco institucional que condicionó considerablemente la libertad de acción de los partidos y sus líderes. Cultura política, marco institucional y liderazgo fueron, por tanto, tres factores esenciales. Este libro se ocupa de ellos, analizando diferentes aspectos de la vida política de la Segunda República que resultan capitales para comprender las dificultades que encontró el primer experimento de democracia de masas en la España del siglo XX. Y lo hace de forma desapasionada, buscando esa distancia necesaria con los hechos que nos permite comprender el contexto y conocer los argumentos de los protagonistas, sin por ello quedar atrapados en sus tensiones o, como tantas veces ocurre, seducidos por sus argumentos. Como escribiera Barbara Tuchman, si «el historiador se somete a su propio material en lugar de intentar imponérsele, el material acabará hablándole y proporcionándole las respuestas»1. Ése ha sido nuestro objetivo.

1. LA EXCLUSIÓN DE LOS MODERADOS

Cuando se constituyeron las terceras Cortes de la Segunda República, tras las elecciones generales celebradas el 16 de febrero de 1936, había en la cámara dos grandes grupos republicanos: la Unión Republicana de Diego Martínez Barrio y la Izquierda Republicana de Manuel Azaña. El nuevo régimen estaba a punto de cumplir cinco años de vida. Sólo cinco, pero el mapa de los partidos republicanos se había vuelto irreconocible si se compara con los tiempos en que, allá por 1930, unos y otros se afanaban en preparar la huelga revolucionaria y el pronunciamiento militar que acabara con la Monarquía de Alfonso XIII. En todo ese tiempo los grupos republicanos de centro-derecha habían perdido la batalla por el control de las instituciones y la integración de los conservadores católicos parecía ya imposible.

El principal partido republicano de las Cortes Constituyentes elegidas en junio de 1931, el Radical, se había dividido en 1934, separándose de su disciplina un pequeño sector liderado por Martínez Barrio. Sometido luego a una fuerte tensión interna tras varios episodios de corrupción conocidos en el otoño de 1935, el viejo partido de Alejandro Lerroux, el Emperador del Paralelo, quedó en estado de coma tras las elecciones de febrero del 36, por debajo de los diez escaños. El segundo grupo republicano por número de actas en las Constituyentes, el primero en el ámbito de la izquierda, los radical-socialistas de Alvaro de Albornoz, Marcelino Domingo, Félix Gordón Ordás, Eduardo Ortega y Gasset o Victoria Kent, había tenido una vida todavía más efímera, dividiéndose en el verano de 1933 y experimentando un estrepitoso fracaso electoral a finales de ese mismo año.

En cuanto al pequeño partido de Acción Republicana, el que lideraba pero apenas dirigía Manuel Azaña, también había sido humillado en los comicios de noviembre de 1933. La derrota había sido contundente, especialmente en Madrid, donde Azaña había quedado miles de votos por detrás de socialistas o conservadores. De este modo, la izquierda republicana apenas había sobrevivido dos años tras aprobar una Constitución que era hechura de sus ideas; y eso, además, habiendo controlado en aquel tiempo el gobierno de la nación. El siempre celebrado bienio «reformista» se había vuelto contra ellos. Huérfanos del apoyo de los socialistas, que estaban cada vez más radicalizados tras haber tenido que abandonar el gobierno en septiembre de 1933, los integrantes de la izquierda republicana fueron incapaces de comprender que sus políticas y su coalición con el PSOE entre 1931 y 1933 habían animado una intensa movilización de centro y centro-derecha. Se habían empeñado en levantar una República a su imagen y semejanza. Seguros de sí mismos y convencidos de contar con un gran respaldo popular, el mismo que había tumbado la Monarquía sin violencia, en la izquierda republicana no se había querido ni oír hablar de políticas de conciliación, de formas de atraer a los antiguos monárquicos al sistema o de acuerdos con los católicos y su Iglesia. La intransigencia era un valor de peso para políticos como Azaña o Albornoz; los dos dejaron buena muestra de ello en los debates parlamentarios y en sus políticas al frente de ministerios tan importantes como el de Guerra o el de Justicia. Pero las urnas los devolvieron a la realidad. La consulta celebrada entre el 19 de noviembre y el 3 de diciembre de 1933 arrojó sobre ellos un jarro de agua fría. Se escudaron en todo tipo de excusas, que luego muchos historiadores han reproducido sin demasiada discusión, para disculpar su derrota: el voto de la mujer controlado por la Iglesia, la abstención promovida por los anarquistas o la decisión de los socialistas de no concurrir a los comicios en candidaturas conjuntas con la izquierda republicana. Pero no hicieron lo que en verdad era fundamental: no se interrogaron por las causas profundas de aquella movilización conservadora que desmontó de la noche a la mañana el mito de una nación republicana progresista. No lo hicieron porque para ellos era inconcebible que el electorado les diera la espalda, salvo como resultado del caciquismo o de la violencia. La hipótesis del fracaso de sus políticas sociales, educativas y religiosas no podía ser objeto de análisis; al contrario, concluyeron que no habían sido suficientemente contundentes y rápidos en el desarrollo de la revolución política y cultural. Ni una sola palabra entre la izquierda republicana se dedicó a plantear la posibilidad de que hubieran fallado por no haberse esforzado en integrar a sectores conservadores en el nuevo régimen. Castigados con contundencia en las urnas, tanto radical-socialistas como azañistas tuvieron que reestructurarse y fusionarse; así nacieron las nuevas agrupaciones de Izquierda Republicana y Unión Republicana que en 1936 acordarían el pacto del Frente Popular con socialistas y comunistas.

A la par que la izquierda republicana pagaba un alto precio por sus políticas de exclusión, el centro-derecha republicano, representado por el Partido Radical de Lerroux, se disponía a centrar la República tras cosechar unos buenos resultados electorales en las generales de 1933. Quería hacerlo mediante una nueva forma de aplicar la Constitución y una política de concesiones a la derecha católica posibilista integrada en la CEDA, el grupo que lideraba José María Gil Robles, que había logrado casi el veinticinco por ciento de los escaños. Los socialistas y la izquierda republicana entendieron que la victoria conservadora en las urnas era una amenaza para la República y empezaron a obrar en consecuencia. Los primeros lanzándose a preparar la revolución violenta y los segundos negando su apoyo a la colaboración republicano-conservadora y solicitando al presidente de la República que no consintiera la entrada de ministros cedistas en el gobierno. Durante varios meses la República, lejos de estar en peligro, como tantas veces se ha dicho, tuvo una oportunidad de haber emprendido un camino que permitiera reformar la Constitución para hacerla más incluyente. Los socialistas y la izquierda republicana catalana no lo entendieron así y respondieron con las armas a la entrada de la derecha católica en el gobierno a comienzos de octubre de 1934. «Ya está consumada la felonía», sentenció el órgano de prensa de la Esquerra catalana. La República había caído en «manos de sus enemigos». Y como había advertido Azaña meses atrás, eso significaba un punto y final a «nuestra solidaridad republicana», a «nuestro respeto» y a «nuestra adhesión a la institución»2.

Los insurrectos fracasaron, pero el hecho de que la izquierda republicana no condenara sin ambages ese comportamiento y se negara a admitir que la República pudiera ser gobernada por quienes no compartían la política de las izquierdas, dificultó un acercamiento entre los moderados para fortalecer al régimen frente a la derecha autoritaria y la izquierda revolucionaria.

El único partido fuerte en el centro republicano, los radicales de Lerroux, fueron víctimas de una creciente polarización tras la revolución de octubre de 1934. Quedaron atrapados entre dos fuegos: de un lado, una derecha posibilista a la que no se dejó gobernar y que desconfiaba de una República en la que los católicos eran ciudadanos de segunda categoría; de otro, una izquierda socialista cada vez más radicalizada, empeñada en mantener abierta la puerta de la violencia como respuesta a sus fracasos electorales. A finales de 1935, poco antes de que el presidente de la República, el conservador Niceto Alcalá-Zamora, tomara la decisión de disolver el parlamento y convocar elecciones, el centro-derecha republicano estaba en fase terminal. En ese momento, la izquierda republicana, lejos de moderar su discurso y exigir a los socialistas que se comprometieran con la democracia y renunciaran a la violencia, se había rearmado. Pero lo había hecho, por desgracia para la consolidación de la democracia, abandonando el centro y defendiendo el legado de sus políticas del primer bienio sin asomo alguno de autocrítica.

En cuanto a los grupos de la derecha republicana, la inestabilidad y discontinuidad no fueron menores en esos cinco años. El primer partido formado por Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura, la Derecha Liberal Republicana, con el que se habían comprometido inicialmente Joaquín Chapaprieta, Carlos Blanco, Federico Fernández Castillejo o Juan Castrillo Santos, se escindió al poco de echar a andar el régimen y fue aislado por sus socios revolucionarios en las elecciones constituyentes de junio de 1931. Se evitó así la formación de un grupo parlamentario conservador que pudiera impedir la elaboración de una Constitución de izquierdas. Años después, en la primavera de 1936, apenas quedaban una decena de diputados de esa significación republicano-conservadora. Habían sido barridos por la imponente movilización lograda por la derecha católica no republicana. Cercanos a ellos, en una posición no extrema, estaban también los antiguos reformistas del asturiano Melquíades Álvarez. Este sector, formado por republicanos que en los últimos años de la Monarquía se habían vuelto accidentalistas y conocidos bajo la República como liberal-demócratas, tampoco habían tenido una buena trayectoria. El vendaval de las elecciones de 1936 certificó su irrelevancia.

Por lo tanto, en apenas cinco años de democracia republicana, lo único que parecía haberse clarificado en el sistema de partidos era la presencia de dos grandes grupos en la derecha y en la izquierda del sistema: el Partido Socialista y la Confederación Española de Derechas Autónomas o CEDA. Los dos habían hecho méritos para ser los más fuertes, aunque la normativa electoral mayoritaria, que favorecía las grandes coaliciones, también tuvo algo que ver en eso. Ambos habían tenido buenos resultados en 1933 —aunque con desigual fortuna en el reparto de escaños— y ambos consolidarían o mejorarían su fortaleza electoral en 1936. Pero ninguno era un partido netamente republicano, por lo que no era lógico esperar que fueran ellos quienes impulsaran un gran acuerdo entre los moderados para estabilizar el régimen. Mientras el PSOE se había mostrado claramente desleal con la democracia desde finales de 1933, negándose a aceptar su derrota electoral —prácticamente sólo Julián Beaterio o Andrés Saborit sostuvieron un criterio diferente—, la CEDA había mantenido una ambigüedad doctrinal y un accidentalismo que dificultaban su compromiso con la República y animaban a sus enemigos a verla como un grupo antirrepublicano. Como explicara Juan José Linz, uno de los más finos analistas que ha tenido la quiebra de la democracia en entreguerras, ambos partidos, y particularmente el PSOE después de 1933, «estaban divididos internamente entre aquellos que deseaban trabajar legalmente para la reforma del sistema, y los maximalistas que no creían que el sistema mereciera su lealtad y eran partidarios de colaborar con la oposición desleal». Estaban, por tanto, atrapados en una ambivalencia que llegaría a ser mortal para la CEDA, en la medida en que sus enemigos se excusaron en ella para impedirle formar gobierno a finales de 1935. Y esa ambigüedad impidió, entre otras cosas, que pudiera demostrar si en verdad estaba dispuesta a llegar a un entendimiento con el centro-derecha republicano para reformar la Constitución y hacer viable otro tipo de República menos escorado a la izquierda3.

Al lado de estos dos grandes partidos, el centro-izquierda y el centro-derecha republicanos no lograron organizar grupos fuertes y candidaturas electorales sólidas que no dependieran de los extremos. A decir verdad, un quinquenio de competencia democrática había sido poco tiempo para poner en marcha una clarificación del mapa de partidos republicanos, con el asombroso y catastrófico derrumbamiento del centro, los radicales, a comienzos de 1936. Tampoco el sistema electoral les había beneficiado, aunque lo habían diseñado ellos mismos —léase las izquierdas — y con no pocas esperanzas de que les ayudara a perpetuarse en el poder. Ideadas para facilitar la victoria de una coalición republicano-socialista en 1933, las normas electorales castigaban fuertemente a los partidos medianos que no lograran presentarse en una candidatura más amplia4.

Todo eso no hizo sino demostrar que los republicanos no habían sido capaces de organizar partidos nacionales fuertes, preparados para competir y movilizar al electorado sin pagar el precio que imponía la colaboración con la izquierda revolucionaria o la derecha no republicana. Quienes se habían hartado de repetir que la República acabaría con el caciquismo y traería la democracia y la modernización de las costumbres políticas de los españoles, ni siquiera consiguieron superar sus propios vicios, tales como la división interna, la profunda desconfianza entre sus líderes o la incapacidad para organizar partidos de masas. A decir verdad, la fabulosa movilización republicana que acabó con la Monarquía de Alfonso XIII no había sido tal. La unidad de acción de los republicanos lograda en 1930, la misma a la que se suele atribuir la movilización del electorado contra la Corona, había sido frágil y meramente táctica. No hubo un debate medianamente serio sobre el futuro modelo de democracia republicana. Por eso, entre otras razones, una vez materializado el sueño de la República y llegada la hora de competir en las urnas, las dificultades para delimitar y consolidar dos centros republicanos fuertes, que pivotaran sobre un mismo concepto de democracia en torno al que diseñar la nueva Constitución, fueron casi insuperables. Pero sin ellos difícilmente se podía cimentar y asegurar la estabilidad del nuevo régimen, siendo entonces un tiempo en el que la democracia tenía que hacerse sitio a codazos entre quienes preferían la revolución social y quienes sólo confiaban ya en la contrarrevolución. Se ha idealizado demasiado la unidad republicana anterior a la caída de la Monarquía. Sin embargo, es más cierto lo contrario. Como vamos a explicar, la debilidad de la estrategia de los centros republicanos y la intransigencia que caracterizó a la izquierda republicana e impidió la elaboración de una Constitución integradora venían de lejos.

Cómo traer a nuestro lado gente nueva

Los últimos años de la Monarquía constitucional no habían sido especialmente fructíferos para el republicanismo español. En el sector más importante, el ocupado por los Radicales, Lerroux había protagonizado una evolución imprecisa hacia posiciones más conservadoras, pero ni con ésas había logrado que su grupo se implantara como un gran partido republicano nacional. En Valencia, los blasquistas habían obtenido grandes triunfos en el ámbito local, controlando importantes ayuntamientos y montando una importante estructura de partido; pero habían quedado paralizados por las limitaciones de su estrategia, esperando que mientras hacían «la revolución de Valencia» llegara la revolución a toda España5. En cuanto a los reformistas de Melquíades Álvarez, el accidentalismo que propugnaban habían sido inicialmente atractivo para un importante núcleo de los intelectuales, pero no les había dado muy buenos resultados. Así, en plena crisis de la Restauración, ni los republicanos ni los reformistas habían logrado impulsar una movilización con la que disputar el poder a los partidos del sistema y contribuir a que la competencia fuera haciendo de las elecciones el árbitro de la política española. En realidad, su fracaso no había sido tanto el resultado del caciquismo como de su propia ineptitud.

A partir de septiembre de 1923, durante los primeros años de la dictadura de Miguel Primo de Rivera la situación del republicanismo, lejos de clarificarse, se había oscurecido. Influyó en esto la relativa tranquilidad con que la sociedad española parecía haber aceptado el pronunciamiento militar y la curiosa colaboración que una parte del mundo obrero, el de los socialistas, iba a proporcionar a la dictadura para que impusiera un nuevo modelo de corporativismo en las relaciones laborales y acabara con la influencia del anarquismo. Hubo que esperar al ecuador de la dictadura, momento en el que surgieron señales de agotamiento en las expectativas levantadas por el cirujano de hierro y su capacidad regeneradora, para que algo empezara a moverse dentro de las filas republicanas. El 11 de febrero de 1926, cumplidos ya más de cincuenta años de la única experiencia republicana en la España contemporánea, la de 1873, los diferentes grupos que competían por representar a la opinión republicana lograron un acuerdo de mínimos. Se formó entonces la Alianza Republicana. No era un nuevo partido y no iba a resolver el problema de la división histórica del campo republicano, pero al menos indicaba una cierta voluntad de unir las pocas fuerzas disponibles. El manifiesto fundacional de la Alianza lo firmaron los principales representantes del republicanismo: por los más antiguos estaba Alejandro Lerroux de los Radicales; por los más jóvenes aparecía Manuel Azaña y el Grupo de Acción Republicana; les acompañaban Marcelino Domingo por el Partido Republicano Catalán, Hilario Ayuso, por los Federales, Roberto Castrovido, personaje representativo de la prensa republicana, y otros tantos nombres de catedráticos, escritores y políticos, entre los que destacaban Vicente Blasco Ibáñez, Leopoldo Alas, Luis Bello, Luis Jiménez de Asúa, José Nakens, Juan Negrín, Ramón Pérez de Ayala, Eduardo Ortega y Gasset, Miguel Unamuno...

A pesar de la buena voluntad de los firmantes y del empeño puesto en lograr la unidad de acción contra la dictadura, ni los republicanos parecían contar con la fuerza de que presumían en el manifiesto ni su aproximación pasaba de ser puramente táctica. No tardaron en brotar importantes contradicciones entre el contenido de ese texto y la actuación de los diferentes sectores de la Alianza. Esas contradicciones revelan algo más que una simple divergencia en los procedimientos. Ponen de manifiesto algo que ha pasado muy desapercibido entre los historiadores, esto es, una significativa división ideológica que habría de estar en la base, años después, de la diferente manera en que unos y otros pensarían la democracia republicana. No es un aspecto de importancia menor, sino todo lo contrario: es esa división la que nos va a ayudar a desentrañar las causas que impidieron la conciliación entre los moderados en los primeros compases de la República y pusieron en manos de las izquierdas el diseño de las nuevas reglas del juego.

El manifiesto fundacional de la Alianza sorprende por lo que tiene de transaccional en un discurso como el republicano, siempre impregnado de un regeneracionismo inmisericorde para con la experiencia liberal española. Hay en él una renuncia expresa a aspectos claves del programa máximo del republicanismo. De hecho, no se dice nada de la futura relación entre la Iglesia y el Estado, omisión que en ningún caso era fortuita. Hay, además, un empeño evidente en atraer hacia el ideal republicano a lo que se considera como una opinión de clases medias hastiadas con la dictadura. La exigencia primera y central es la convocatoria de unas Cortes constituyentes. Aunque acompañada de otras demandas sobre la organización «federativa» del Estado, la construcción de escuelas públicas o la reforma de la propiedad agraria, los firmantes declaran ser conscientes de los límites «que la realidad nos impone». En una decidida apuesta por el gradualismo, aseguran que no desean prometer más de lo que puedan realizar y que se contentarán con realizar «lo que, dado el espíritu público, consideremos posible». Pues hoy, advierten, todavía puede entenderse que una acción «más fundamentalmente revolucionaria será aquella que más claramente señale y garantice dónde puede detenerse». Gradualismo, por tanto, y empeño en desligar la nueva ilusión republicana de los vicios pasados: «No venimos a perturbar el país», añaden. «No somos promotores del desorden, sino sacerdotes del orden, de un orden que se estatuye en la ley y no en la fuerza; en la colaboración de todos y no en el dominio de unos sobre otros; de un orden que, siendo garantía de todos los intereses legítimos, consienta a éstos desenvolverse confiadamente»6.

Con esas palabras presentes, resulta sorprendente, sin embargo, la facilidad con que algunos promotores de la Alianza se lanzaron de inmediato a lo que seguían considerando como la mejor vía para terminar con la dictadura: el uso de la violencia. ¿No habían concluido que el nuevo republicanismo no llegaba para promover el desorden? Para ellos, sin embargo, la idea de cambiar el rumbo de la política española con el concurso de los militares no era incompatible con el manifiesto. Había una larga tradición en el progresismo español, heredada por los republicanos, que concebía la llegada de la democracia como resultado de la acción conjunta del Ejército y el pueblo. Así, de todas las conspiraciones de aquellos años casi ninguna se realizó sin que faltara una representación republicana, por pequeña que fuera. Y el primero de todos, Lerroux, quien, sin embargo, podía sentirse satisfecho con el gradualismo y la madurez que dejaba entrever el manifiesto citado. Por el momento, el antiguo Emperador del Paralelo no veía incoherencia alguna entre lo dicho en el texto y las negociaciones destinadas a apoyar un golpe de fuerza encabezado por monárquicos y militares deseosos de derribar al dictador.

El gubernamentalismo del manifiesto recuerda al prodigado por el centro republicano francés tras la experiencia de la Comuna de París en 1871, una opción que había sido clave para lograr la llamada convergencia de centros entre aquéllos y los monárquicos orleanistas, convergencia que permitió salir adelante a la III República francesa7. Como en el país vecino, también en el caso español una cierta autocrítica con relación a la tradición republicana, parecía estar cobrando forma. El texto hecho público en 1926 reflejaba el resultado de una tímida revisión del pasado propio. Es verdad que no renegaba de la tradición progresista, al dejar abierta la posibilidad de luchar por procedimientos no pacíficos a favor de la República, pero se afirmaba con rotundidad que republicanismo no era igual a desorden y que no se trataba de imponer un modelo de Estado que impidiera la expresión política de «intereses legítimos», lo cual podía ser entendido como una rectificación histórica importante. El camino así emprendido lo era hacia un republicanismo más gubernamental que revolucionario, que se había propuesto, como quedaba reflejado en el texto, atraer al campo republicano tanto a sectores de la izquierda obrera como a buena parte de la derecha opuesta a la dictadura. El afán en mantener una visión del cambio como algo gradual y sujeto a las posibilidades de la realidad, apuntaba en un mismo sentido.

Sin embargo, pronto habría de comprobarse que ese fondo posibilista y gubernamental del manifiesto no era algo compartido por todos los firmantes. Pese a su compromiso con la actividad conspirativa, era Lerroux el que parecía más decidido a imponer esa senda. Frente a él pronto habrían de empezar a manifestar su plena disconformidad los futuros fundadores del Partido Republicano Radical-Socialista, nacido a finales de 1929. A decir verdad, tras la representación de la unidad se escondían divergencias que el tiempo no habría de mitigar, sino todo lo contrario. Se estaban perfilando dos posiciones que iban a terminar enfrentadas en el bienio 1931-32 y que anticipaban una división básica para la estabilidad de la futura República.

Lerroux, como hemos recordado más arriba, había empezado a recorrer un camino que le conducía a posturas más moderadas y relativamente escépticas acerca de la profundidad del cambio revolucionario que debería suponer el ideal republicano8. Esa estrategia no varió tras el acuerdo que ponía en pie la Alianza Republicana. De hecho, Lerroux fue bastante preciso en una polémica carta publicada en abril de 1929 en El Diario Español de Buenos Aires y titulada, significativamente, «Revolución o colaboración». Allí insistió en presentar el nuevo Partido Radical como una opción empeñada en «traer a nuestro lado gente nueva», para lo que era necesario antes que nada evitar asustarla. Consecuente con ese propósito, se atrevió a proponer un proceso constituyente que no partiera de la caída previa de la Monarquía. Dio por buena la formación de un «gobierno nacional» con republicanos y monárquicos, con «todos» los sectores de la opinión, cuya misión fuese mantener el orden y garantizar la libertad para la reunión de unas Constituyentes en las que no estuviera prejuzgada la forma de gobierno9.

Se adivinaba así la evolución de un Lerroux que parecía dispuesto a situar al viejo radicalismo en una posición más moderada y gubernamental, desde la que convertirse en portavoz de los sectores sociales desencantados con la marcha de la Monarquía y contrarrestar la imagen del republicanismo como sinónimo de desorden social y exclusivismo. Su evolución, como él mismo señalaba en privado, no era «absurda» sino el resultado de un propósito evidente: hacer del Partido Radical una garantía para una transición no traumática desde la dictadura a un futuro régimen democrático. Por eso afirmaría, ante una multitud entregada, reunida en la plaza de toros de las Ventas a finales de septiembre de 1930, que ellos, los radicales, querían «una República democrática» y que por tal entendían «una República no para un partido ni para un hombre, sino para España»10.

Es verdad que luego, entre el verano de 1930 y la primavera de 1931, esa bandera de la revolución republicana de orden y sin violencia habría de quedar en manos de un nuevo grupo republicano conservador, el liderado por el ex ministro Alcalá-Zamora. No obstante, antes de la entrada en escena de los antiguos monárquicos liberales, se había perfilado ya una división relevante en el nuevo mapa de poder republicano. Los viejos radicales parecían caminar en un sentido progubernamental, mientras que a su izquierda surgían voces críticas. No es extraño que la Alianza se rompiera pronto. Poco tiempo después de que Lerroux se mostrara dispuesto a «colaborar» con el cambio desde dentro, el sector situado más a la izquierda se desligaba de la unidad de acción y fundaba, con la ayuda de antiguos radicales y bajo la presidencia de Albornoz y Domingo, un nuevo Partido Radical-Socialista11.

Según contaría Ángel Galarza, la gestación del Partido Radical-Socialista se inició en la cárcel, en conversaciones entre Albornoz, Domingo, Benito Artigas y él mismo. La razón principal habría que buscarla en la negativa a apoyar a Lerroux en el camino del entendimiento con los monárquicos críticos de la dictadura. En todo caso, el nuevo partido nacía para cubrir un hueco que los radicales lerrouxistas dejaban en su particular viaje hacia el centro. Era un espacio ideológico por el que también competía el grupo de Azaña y José Giral, pero que en su expresión radical-socialista se iba a caracterizar por una mayor sinceridad en cuanto a la radicalidad que debería caracterizar a la futura revolución republicana. De hecho, el manifiesto fundacional del Partido Radical-Socialista, fechado en diciembre de 1929 y publicado a comienzos del año siguiente, expresaba una firme voluntad de actuar «sin vacilaciones ni veleidades girondinas». Es decir, lejos de recorrer un camino parecido al que ahora interesaba a Lerroux, los seguidores de Domingo y Albornoz se manifestaban orgullosos de ser radicales en el sentido literal de la palabra, es decir, que no pensaban transigir con pactos que supusieran alguna forma de mixtificación del ideal republicano más puro. Su enfoque de la acción política republicana no partía de los presupuestos gradualistas expresados en el manifiesto de la Alianza Republicana sino de una decidida voluntad de ser intransigentes y de no permitir que la República fuera conservadora. Antes «monárquico de una Monarquía democrática y liberal», explicaba Albornoz semanas más tarde, que «republicano de una república clerical y plutocrática»12.

El nacimiento del Partido Radical-Socialista fue un hecho, sin duda, decisivo para la futura República. Sin esa escisión dentro de la familia republicana, quizá se hubiera configurado finalmente un parlamento menos fragmentado, con un centro-izquierda republicano más cohesionado y decidido a contribuir, junto a los lerrouxistas, a un republicanismo gubernamental que dotara al sistema de estabilidad frente al socialismo revolucionario y el conservadurismo tradicionalista. Pero el hecho cierto es que desde comienzos de 1930 había un nuevo grupo político, los radical-socialistas, con un programa netamente revolucionario, un discurso anticlerical que iba más allá de la simple separación de la Iglesia y el Estado, y un propósito claro de disputarle la clientela a los socialistas. Sus fundadores estaban seguros de que España necesitaba de forma urgente «un fuerte partido Jacobino, es decir, un partido de la clase media revolucionaria que apoyándose en la masa obrera y campesina diese valientemente la gran batalla histórica, con las armas en la mano al viejo conglomerado opresor de la Aristocracia, la Iglesia y El Ejército»13. Por eso, no es extraño que la presencia simultánea de los nuevos republicanos conservadores —con Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura a la cabeza— y los nuevos republicanos radical-socialistas en el Pacto de San Sebastián, el gran acuerdo a favor de la República firmado en agosto de 1930, se convirtiera en un motivo de importante disputa ideológica en torno al cómo y al por qué de la revolución republicana14.

Así pues, debilitada la Alianza Republicana poco antes de que cayera Primo de Rivera, con una unidad de acción huérfana de principios comunes básicos que no fueran los de la oposición a la Monarquía, el principal problema a que se enfrentaban los grupos republicanos a comienzos de la etapa Berenguer, en los primeros compases del año treinta, no era la falta de coordinación, que llegaría poco después con el pacto de San Sebastián, sino la ausencia de un debate ordenado y serio sobre el contenido constitucional de la futura República. A lo largo de ese año los acontecimientos se precipitaron, pero los republicanos no superaron sus divisiones salvo para coordinar sus esfuerzos en la conspiración contra la Monarquía. Peor aún, la falta de acuerdos precisos en la reunión de San Sebastián, representaba, hasta cierto punto, un paso atrás con relación a lo consignado en el manifiesto fundacional de la Alianza Republicana.

En aquellos meses de «dictablanda» se formó un nuevo republicanismo conservador que ocupaba, en ciertos aspectos, el espacio ideológico de los antiguos reformistas. Fue tomando forma ese nuevo republicanismo de izquierdas definido por un marcado radicalismo y una sensibilidad novedosa para con el pensamiento marxista. Entre ambos quedó el Partido Radical, sumergido en un incierto viaje al centro. Todos ellos estuvieron unidos en el pacto logrado en San Sebastián en el mes de agosto de 1930, del que salió un comité revolucionario y el acuerdo de combinar la actividad de propaganda contra el sistema vigente con otra de organización de una acción violenta que, apoyada en la huelga obrera y el pronunciamiento militar, acabara con la Monarquía. La sublevación, ocurrida finalmente en diciembre de 1930, fue un fracaso. Una cosa era llenar plazas de toros para celebrar mítines multitudinarios, y otra bien distinta conseguir el concurso de los militares para derribar la Monarquía y movilizar a su vez a las masas en la calle para forzar la renuncia del gobierno.

Sin vacilaciones ni veleidades girondinas

Esos meses previos a la llegada de la República, los que transcurrieron desde la reunión de San Sebastián a la celebración de las elecciones municipales en abril de 1931, muestran un panorama dentro del republicanismo caracterizado por una paradójica combinación de unidad y división. Aparte de lo que pudiera aportar la movilización obrera impulsada por la UGT y con la que necesariamente habían de contar las fuerzas republicanas, éstas se presentaban a finales de 1930 estructuradas en tres grandes bloques que, a primera vista, cubrían todo el posible espacio ideológico que iba a estar en juego cuando la Monarquía se derrumbara: se había formado una derecha republicana católica y empeñada en construir una República que no resultara desagradable para la opinión conservadora; se había reordenado el viejo Partido Radical en octubre de 1929, tras la primera gran crisis de la Alianza Republicana; y por la izquierda del nuevo republicanismo se estaban consolidando dos grandes grupos nacionales, la Acción Republicana de Azaña y el partido formado por los escindidos de la Alianza, el nuevo grupo Radical-Socialista.

La situación puede equipararse, hasta cierto punto, con la resultante en una parte del republicanismo francés durante el período 1869-1872, tras la transición experimentada a raíz de la experiencia del sufragio en la etapa del llamado Imperio liberal, la derrota ante Alemania y el episodio de la Comuna. Sin embargo, un análisis más profundo muestra diferencias muy notables entre ambos casos, algunas de las cuales permiten, además, entender por qué, una vez proclamada la República en España, el proceso de configuración de un nuevo orden constitucional se alejó tanto de lo ocurrido en los orígenes de la III República francesa, tan querida de los republicanos españoles pero tan mal entendida por su flanco izquierdo.

Ambos procesos pueden equipararse en la medida en que en el caso español, al igual que en el francés, en vísperas de la caída de la Monarquía, el republicanismo se había dividido en dos grandes bloques: de un lado, los partidarios de vincular por igual la República con la libertad y con el orden; de otro, los que habían hecho de la política republicana una bandera de transformación radical de la sociedad española, sin importarles demasiado el precio. Si para los primeros el nuevo régimen sería un marco jurídico y político nuevo que garantizaría la libertad y el pluralismo sin por ello poner en peligro el orden social, para los segundos la República había de ser una nueva marca de identidad de la sociedad española, no un conjunto de reglas del juego que hiciera posible la competencia libre sino una nueva relación entre ciudadanos y Estado que hiciera de este último el instrumento de un profundo cambio de la sociedad. Si para los primeros era fundamental que el nuevo régimen inaugurara otra forma distinta de hacer política en la que, eliminado el obstáculo monárquico para la democratización, se pudieran integrar el mayor número de españoles; para los segundos, que también compartían la primera parte de ese postulado, lo relevante no era la integración de los que habían respaldado la Monarquía sino su plena identificación con un nuevo sistema que habría de permitir que el Estado, libre de las cargas de las clases que durante décadas lo habían parasitado, fuera el instigador de una nueva cultura política y una nueva realidad social.

Como en la Francia de 1869, en la España de 1930 había un nuevo republicanismo empeñado en evitar que la República no reprodujera experiencias erróneas del pasado. Era un republicanismo moderado, convencido de que la revolución no podía ser una forma permanente de hacer política, deseoso de que el nuevo régimen fuera percibido por las clases medias de las grandes ciudades y por los pequeños y medianos propietarios del campo, como una oportunidad y no como una amenaza. Aliado con él, pero enfrentados en ideas que serían decisivas a medio y largo plazo, coexistía un republicanismo cuya seña de identidad era el radicalismo entendido en su literalidad, es decir, que hacía de la intransigencia doctrinal una virtud y que, por tanto, aspiraba a impedir que el pragmatismo y la flexibilidad sirvieran para suavizar la ruptura que supondría el cambio republicano. Su objetivo no era conciliar la futura República con las clases conservadoras que habían apoyado a la Monarquía sino impedir que éstas pudieran hacer fracasar el fervor del pueblo republicano y su anhelo de una nueva sociedad y un nuevo concepto de ciudadanía. Había que «llegar a la raíz» del problema político español, diría Domingo. No cabía, advertiría Azaña poco antes de las elecciones del 14 de abril de 1931, más que el camino de una revolución política que no podía conformarse con variar la forma de gobierno. Aunque eso «sería ya mucho», «no [era] bastante para estimar consumada una revolución». Ésta debía empezar por «cierto número de ‘destrucciones’ que no [pudieran] repararse jamás», previo paso a la convocatoria de las Constituyentes15.

Como en la Francia del Imperio liberal, una parte del republicanismo de la España de 1930 había entendido que el éxito de la República iba a depender de la cantidad de fuerzas que se sumaran al cambio y que pudieran ser canalizadas a favor de las candidaturas republicanas en los comicios. También sabía que para ensanchar la base del nuevo régimen era necesario que la idea de República no se contaminara con lo peor de una tradición en la que el postulado de la libertad había desembocado en la afirmación de la dictadura republicana. Es decir, había comprendido que la República no podía estar inspirada por un impulso jacobino que condujera como mínimo al exclusivismo y como máximo a la violencia. Pero a diferencia del panorama que se percibía en el republicanismo francés de finales de los sesenta, en la España de Berenguer el republicanismo moderado ni era mayoritario, ni tenía una amplia fuerza en provincias, ni se derivaba de una profunda revisión de la tradición republicana española. Estaba protagonizado por gentes de una nueva derecha republicana, pero que habían sido monárquicas hasta bien avanzada la década de los años veinte y que no habían contado casi nada en las pugnas ideológicas de la dispersa familia republicana. Es verdad que a su izquierda, muy cerca, en el centro del universo republicano, quería colocarse el histórico Partido Radical, con un Lerroux que aunque no había participado de un debate intelectual de calado sobre la tradición progresista, parecía empeñado en abanderar un oportunismo gubernamentalista que recordaba al del país vecino en algunos aspectos.