El proceso fallido E-Book

Claudio Fuentes

• Herausgeber: Editorial Catalonia
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 498

Veröffentlichungsjahr: 2023

Beschreibung

En este libro se estudia en detalle el fallido experimento chileno de reemplazar la Constitución. Son muy pocos los casos en el mundo donde una Convención Constituyente ha fallado en su propósito y de ahí la importancia de examinar las diversas dimensiones de este complejo proceso en su origen y desarrollo. El texto se aleja de explicaciones simplistas, buscando comprender tanto la dinámica ocurrida al interior de la Convención como lo sucedido en la opinión pública, las redes sociales, y en la esfera política. ¿Cómo se compara el caso de Chile respecto de otros procesos en el mundo? ¿Qué factores explican que el proceso haya fracasado? ¿Cómo fueron cambiando los estados de la opinión pública durante el proceso? ¿Cómo operó la desinformación en las redes sociales? ¿Qué podemos aprender de los mecanismos de participación ciudadana? ¿Cuál fue la influencia de los actores internacionales en el proceso? ¿Qué podemos inferir de los resultados electorales del plebiscito de salida? Sus contenidos se ven fortalecidos por la pluralidad de puntos de vista, basados en una robusta y novedosa evidencia que nos permite comprender la actual dinámica sociopolítica chilena.

Leseprobe

FUENTES, CLAUDIO (Editor)

El proceso fallidoLa dinámica constituyente en Chile 2020-2022Santiago, Chile: Catalonia, 2023316 p.; 15 x 23 cmISBN: 978-956-415-017-8ISBN Digital: 978-956-415-018-5

320 CIENCIA POLÍTICA

Diseño de portada: Amalia Ruiz JeriaCorrección de textos: Hugo Rojas MiñoDiagramación interior: Salgó Ltda.Impresión: Salesianos Impresores S.A.

Dirección editorial: Arturo Infante Reñasco

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Primera edición: abril, 2023ISBN: 978-956-415-017-8© Claudio Fuentes (Editor), 2023© Editorial Catalonia Ltda., 2023Santa Isabel 1235, ProvidenciaSantiago de Chile

www.catalonia.cl - @catalonialibros

Diagramación digital: ebooks [email protected]

ÍNDICE

Prólogo

La Convención Constitucional de Chile en perspectiva comparadaRodrigo Espinoza Troncoso

El proceso fallido. La dinámica constituyente a dos niveles Claudio Fuentes S.

Se nos rompió el amor: Cambios en la opinión pública durante el proceso constituyente Javier Sajuria y Emilia Saffirio Palma

El proceso constituyente desde la subjetividad Sergio España Ramírez y Claudio Fuentes S.

Desinformación y redes sociales en el proceso constituyente Patricio Durán y Tomás Lawrence Mujica

La representación de lo indígena en la Convención Constitucional. Actores clave y sus interacciones en Twitter Francisca Carril Cares, Rocío Yon

El proceso constituyente más participativo de la historia Paola Díaz

El rol de los actores internacionales en la discusión constitucional Carlos Quiñenao Godoy

La experiencia de Plataforma Contexto en el proceso constituyente Karen Gaona Ynsfran y Catalina Valdés Merino

Narrativas versus hechos: Verificando interpretaciones con los datos territoriales del resultado del plebiscito de 2022 Nicolás Valenzuela Levi

La historia continúa: La reacción de las élites a un proceso fallido Claudio Fuentes S.

Acerca de los autores(as)

Prólogo

Reemplazar una Constitución es un proceso excepcional, que ocurre con muy poca frecuencia. En Chile, desde 1833 a la fecha se han promulgado solo tres constituciones, lo que lo constituye en una excepcionalidad en el contexto latinoamericano. En todos los casos, la dinámica ha sido traumática. En 1833 comenzó a regir una Constitución luego de una guerra civil que dejó a los vencedores (el sector conservador) a cargo de definir las nuevas reglas del juego. La Constitución de 1925 es también fruto de un período turbulento en la política chilena. De hecho, esa Carta Fundamental recién pudo ponerse en práctica a partir de 1932. La Constitución de 1980 fue impuesta por una dictadura que, inmediatamente después del golpe de Estado, estableció una comisión especial para redefinir las reglas de la convivencia social y política del país.

El momento constituyente actual es el producto inmediato del estallido social que se desencadenó en octubre de 2019. El incremental ciclo de protestas sociales que se inició en 2005-2006 culminó en una aguda confrontación social que llevó a los actores políticos a buscar una respuesta institucional al descontento acumulado. Pero también es reflejo de una aguda crisis de representación del sistema político que fue desconectando a las élites y a la ciudadanía. Progresivamente los partidos políticos tradicionales perdieron la capacidad de canalizar demandas sociales. Aunque a nivel comparado Chile mostraba partidos fuertemente institucionalizados, la micropolítica territorial mostraba lógicas desinstitucionalizadoras.

Este volumen se ocupa de analizar lo ocurrido a nivel político y social durante el proceso constituyente. Nos interesó explorar este momento excepcional en la política chilena buscando explicar lo ocurrido en 2021 y 2022. Desde esta perspectiva, el presente estudio no se centra en el debate de contenidos constitucionales, sino más bien respecto de las dinámicas sociales, políticas e institucionales que rodearon a este proceso. Pensamos que es relevante reflexionar sobre el modo en que se ha desenvuelto la dinámica política, pues nos habla del actual estado de las cosas en la sociedad. El descrédito de los partidos, los altísimos niveles de fragmentación, el surgimiento de una política de “identidades”, la relevancia adquirida por las redes sociales, las dinámicas participativas son reflejo de una sociedad en evidente transformación. Se trata de un momento crítico y de ahí la importancia de realizar este escrutinio analítico.

En el primer capítulo, Rodrigo Espinoza ofrece un análisis del proceso constituyente chileno en perspectiva comparada. Sostiene que se trató de un proceso con características únicas e innovadoras en términos del sistema de elección de representantes como de las reglas internas de decisión. De hecho, ciertos aspectos de este proceso como la paridad y la representación de pueblos indígenas han sido destacados internacionalmente y ambas definiciones se proyectaron para el nuevo proceso constituyente que se inició inmediatamente después del triunfo del rechazo en septiembre de 2022.

Luego, Claudio Fuentes ofrece una explicación para el fracaso de intentar establecer una nueva Constitución en Chile. Sostiene que para explicar la dinámica constituyente debemos poner atención a dos arenas: la arena política constituyente donde se generó la propuesta de nueva Constitución y la arena social donde finalmente se rechazó el texto. En la arena política constituyente es importante tener en cuenta la excepcionalidad en la composición de la Convención Constitucional de Chile (en adelante CC) y en determinadas reglas que desincentivaron alcanzar compromisos que luego fuesen ratificados por toda la sociedad. En la arena social importa observar la secuencia de desconfianza social y distanciamiento político que terminó generando condiciones para el rechazo. El argumento central desarrollado acá es que ciertas condiciones políticas e institucionales hicieron que la Convención nublara su vista a las dinámicas políticas y sociales presentes en la sociedad y que imposibilitaron alcanzar un compromiso que se proyectara al conjunto de la sociedad.

A continuación, Javier Sajuria y Emilia Saffirio nos entregan un interesante estudio del modo en que las percepciones sociales fueron desplegándose durante el proceso constituyente. Los estudios de opinión pública realizados por Espacio Público e Ipsos nos muestran el modo en que la ciudadanía se fue desencantando del proceso hasta que se rompió el amor. Sugieren los autores que uno de los factores que explican este fenómeno es que, en la visión de la opinión pública, la Convención hizo precisamente lo contrario de la expectativa original de buscar acuerdos y producir un diálogo constructivo. En el capítulo siguiente, Sergio España y Claudio Fuentes analizan el modo en que las percepciones sociales evolucionaron a través del proceso, pero ahora utilizando un instrumento de grupos focales (focus groups) con hombres y mujeres que se reunieron cada dos o tres meses durante los dos años del proceso. Las conclusiones son muy similares a las obtenidas por Sajuria y Saffirio, dado que se evidencia un discurso que va desde la esperanza hasta la incertidumbre y la decepción. El ideal de un proceso constituyente que implicara el encuentro y acuerdo entre diferentes no se cumplió.

Los dos capítulos siguientes ponen atención en la importancia de las redes sociales como parte del proceso. Patricio Durán y Tomás Lawrence ofrecen un fundamentado análisis del modo en que se desplegaron las campañas de desinformación durante todo el proceso constituyente, incluyendo las técnicas y estrategias para la difusión de noticias falsas. Sostienen los autores que esta dinámica acompañó el proceso desde antes del plebiscito de entrada y que se mantuvo hasta su final. Aunque la desinformación no puede atribuirse como la única causante del rechazo, los autores nos advierten que un aprendizaje importante de este caso se refiere a la necesidad de desarrollar herramientas para que la ciudadanía pueda distinguir entre información fidedigna y desinformación, así como proteger su entorno comunicativo para que pueda tomar una decisión con información veraz e idealmente con las desinformaciones y manipulaciones reducidas a un mínimo. La masividad que adquirieron las campañas de desinformación nos advierte que estas últimas constituyen un fenómeno que se mantendrá en la escena política, y respecto de las cuales, por otro lado, la democracia deberá desarrollar estrategias para protegerse, incluyendo la educación ciudadana en este campo.

Por su parte, Francisca Carril y Rocío Yon analizan el modo en que se discutió y utilizó la plataforma de Twitter en lo concerniente al debate sobre los pueblos indígenas y su reconocimiento en la Constitución. Concluyen las autoras que lo que se advierte en esa red social es una tendencia a la polarización de definiciones políticas, que parecieran tensionar y reproducir las asimetrías de poder entre el Estado y los pueblos indígenas. La relevancia de las redes sociales en el proceso político no puede desconocerse y se hizo muy evidente en esta ocasión para poner temas en la discusión pública, para fomentar determinados posicionamientos e incluso para generar presiones hacia los constituyentes en determinados momentos críticos del debate constituyente. Twitter, en este sentido, funcionó como una cámara eco de los intereses que querían ser proyectados en la esfera pública.

Paola Díaz nos brinda un detallado análisis de los mecanismos de participación ciudadana que se generaron durante el proceso constituyente. Por cierto se trata de la experiencia de participación ciudadana más significativa de la historia constitucional de Chile, toda vez que es primera vez que se ensayan mecanismos tan intensos de participación. No obstante, los tensionamientos iniciales con el gobierno de turno, los problemas burocrático-administrativos iniciales, la amplitud de mecanismos y el corto tiempo para ejecutarlos afectaron en algunos casos las posibilidades de una mayor intensidad en la participación ciudadana. Con todo, algunas experiencias como la iniciativa popular de norma y las audiencias públicas ciudadanas fueron esfuerzos que, de hecho, serán replicados en el proceso constituyente que se realizará en 2023.

Una dimensión muy poco explorada en este tipo de procesos es la incidencia de los actores internacionales en un proceso que tiene un acento nacional. Carlos Quiñenao nos ofrece en su capítulo una sistematización de la influencia directa e indirecta de actores internacionales. El caso de Chile fue visto por distintos protagonistas de la esfera internacional, tales como embajadas, instituciones internacionales, fundaciones e individuos que participaron activamente de los debates que se daban en Chile. La dinámica global/local respondería a redes de conocimiento preestablecidas que posibilitaron la colaboración y apoyo para el desenvolvimiento del proceso.

Luego, Karen Gaona y Catalina Valdés nos explican la experiencia de la Plataforma Contexto durante el proceso constituyente. Plataforma Contexto fue un esfuerzo interinstitucional liderado por la Universidad Diego Portales, el que buscó generar insumos para un proceso constituyente informado y ciudadano. En su artículo se sistematiza el modo en que el equipo de Plataforma Contexto fue diseñando una estrategia de incidencia, los inconvenientes que debió sortear y las lecciones que se desprenden de tal experiencia.

En el siguiente capítulo, Nicolás Valenzuela nos entrega un revelador artículo que evalúa los resultados electorales del plebiscito, cuestionando una serie de hipótesis que se han hecho a partir de tales resultados. Valenzuela confirma la ventaja del rechazo a nivel de regiones, comunas agrícolas y rurales, mujeres y donde se realizaron más retiros de las AFP. Al mismo tiempo, descarta por ejemplo la pérdida de votos de Boric de segunda vuelta, que los sectores acomodados tendieron a votar apruebo, y que el apruebo no pudo concitar apoyos entre los grupos de menores ingresos. Sostiene, además, que el supuesto de que a mayor población indígena mayor apoyo al rechazo es equívoco, pues fue todo lo contrario. Además, indica que en las periferias metropolitanas tendió a irle mejor al apruebo; lo mismo con las personas mayores y los sectores de clase media.

En el artículo final, Claudio Fuentes analiza las principales orientaciones del nuevo proceso constituyente. Advierte el autor que el proceso que recién finalizó careció de un vínculo más fuerte entre la arena política constituyente y los incumbentes, mientras que el que se inicia está dominado por los incumbentes, por lo que el desafío principal para ellos será conectar (o reconectar) con una ciudadanía que desconfía de las instituciones, de los partidos y de las élites en general.

El editor de este volumen agradece a todos los y las autoras que se comprometieron con este volumen y que aportan innovadoras miradas sobre el proceso político chileno. Agradecemos también el apoyo de diversas instituciones para poder materializar este trabajo. En primer lugar a la Universidad Diego Portales, que ha brindado apoyo al trabajo del Laboratorio Constitucional durante ya casi diez años. El editor de este volumen pudo concretar este libro gracias a la beca “Federico Gil” como profesor visitante otorgada por el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Carolina del Norte (Chapel Hill). El editor agradece especialmente a Evelyne Huber, Jonathan Hartlyn y Lars Schoultz por su apoyo y comentarios a parte de este trabajo. Además, agradece al Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR). Parte de esta obra se realizó en el marco del proyecto Fondecyt 1210058, por lo que se agradece su apoyo. La sistematización de información durante el proceso constituyente se pudo realizar gracias al aporte de la Fundación Ford y del Women’s Equality Center.

Finalmente, agradecemos también el encomiable trabajo de edición de Catalonia. Esperamos que este volumen sea un aporte a las intensas discusiones que rodean los intentos por definir las reglas que nos permitirán convivir pacífica y democráticamente.

Claudio Fuentes S.Chapel Hill, North CarolinaFebrero, 2023

La Convención Constitucional de Chile en perspectiva comparada

Rodrigo Espinoza Troncoso

Introducción

El proceso constituyente de Chile —pese a que culminó con el rechazo a la propuesta de nueva Constitución— no solo tuvo características únicas dentro de su propia historia nacional, sino que también enmarcó otros hitos a nivel global que lo sitúan como uno de los procesos más democráticos y pluralistas a nivel internacional, a pesar de su resultado. Por ejemplo, por primera vez en la historia la ciudadanía tuvo la posibilidad de escoger en un plebiscito de entrada el órgano encargado de la redacción de la propuesta de nueva Constitución1. Asimismo, la Convención Constitucional —órgano escogido para la redacción de la nueva Constitución— contó con representación paritaria asegurada en su resultado,2 integración de los pueblos originarios, cuotas para personas con discapacidad y representantes independientes que pudieron competir en listas o de forma individual. Las reglas de selección de los 155 representantes siguieron el criterio de proporcionalidad, cuyo resultado impactó en una nomenclatura de sectores políticos bastante diversa, al punto de que ningún grupo tuvo por sí mismo la fuerza suficiente para aprobar propuestas de contenidos, ni la fuerza para vetar. Si a esto último se suma que el umbral de aprobación de normas fue de dos tercios, todos los grupos no tuvieron mayores opciones que negociar, tanto para aprobar propuestas como para rechazarlas.

Las singularidades del proceso chileno ameritan un examen en comparación con otras experiencias internacionales, sobre todo pensando en el posicionamiento de la Convención Constitucional de Chile a la luz de las distintas experiencias a nivel regional y mundial. El objetivo del presente capítulo consistirá en evaluar de forma comparada el posicionamiento de la CC en contraste con otras experiencias comparadas en base a sus reglas a partir de seis dimensiones: (i) sistema de selección de representantes, (ii) existencia (o no) de representación plural, (iii) umbral para la aprobación de normas, (iv) existencia o no de representación paritaria, (v) integración de grupos étnicos mediante asientos reservados y (vi) participación ciudadana. Los casos seleccionados para el presente estudio (además de Chile) serán Colombia, Bolivia, Venezuela, Islandia y Sudáfrica. Posiblemente el caso de Islandia sea el más controversial, debido a que fue un proceso que no culminó con la aprobación de una nueva Constitución (al igual que Chile). Sin embargo, el proceso de Islandia sentó las bases para un modelo ampliamente participativo que ha servido como imagen a seguir para procesos posteriores, incluyendo el de Chile, tal y como se explicará en páginas posteriores.

El argumento central del capítulo consiste en que el formato de composición y reglas de la Convención Constitucional de Chile es un paso adelante para los procesos constituyentes en materia de representación y participación, pudiendo ser un modelo exportable para futuros casos, especialmente en países democráticos.

El capítulo se compone de cuatro secciones, incluida la introducción. La segunda sección abordará la discusión y dimensiones a evaluar. La tercera abordará la comparación entre casos de estudio y la cuarta sección corresponderá a un balance de la experiencia comparada.

Discusión teórica

Los procesos constituyentes ocurren bajo circunstancias bastante particulares, como transiciones a la democracia o bajo autoritarismo; como parte del cierre de un proceso de independencia, la superación de una guerra civil, cambios en la balanza de poder, o como respuesta a una crisis política, social, cultural o económica (Elkins et al., 2009). Bajo dichas condiciones, es posible señalar que los procesos constituyentes difícilmente reúnen las características asociadas a la definición que los considera como momentos históricos democráticos, inclusivos, reflexivos y altamente participativos (Ackerman, 1991). Por lo tanto, los procesos constituyentes ocurren bajo condiciones que atentan contra el buen diseño de una nueva Constitución (Elster, 1995). Sin embargo, existen casos en los que es posible reunir dichas características, incluso bajo una crisis profunda, en la que un órgano redactor no solo tiene la posibilidad de recoger a distintos representantes que reflejen la voluntad popular para otorgarle al país un nuevo conjunto de reglas, sino que también incorporar a actores sustantivos, como grupos postergados de la sociedad, y a la propia ciudadanía.

Dentro de los distintos órganos redactores de una nueva Constitución se ubican las asambleas constituyentes,3 cuya principal característica consiste en ser un cuerpo cuya principal misión es la redacción de una nueva Carta Fundamental (PNUD, 2015; Elster et al., 2018). De un total de 405 constituciones estudiadas a nivel global a partir 1789, el 25% de estas incluyó el formato de Asamblea Constituyente (AC) (Ginsburg et al., 2009), por lo que podría catalogarse como un mecanismo inusual, principalmente si la experiencia se acota a procesos constituyentes en democracia (Negretto, 2018). Por otro lado, no todas las experiencias bajo este mecanismo son homogéneas, sino que todo lo contrario, ya que existe variación importante en cuanto a los modelos que dicho formato ofrece, sobre todo dentro de la experiencia latinoamericana, región del mundo caracterizada por ser la que ha utilizado con mayor frecuencia este mecanismo. Asimismo, la variación puede trasladarse a otras instancias, como a las propias legislaturas, pudiendo estas concentrar funciones legislativas y también el poder constituyente, tal y como ocurrió en los casos de Brasil para la redacción de su actual Constitución (1988) y también en Sudáfrica (1996).

Dentro del contexto de las asambleas constituyentes, este modelo no ha estado exento de controversias en ciertas oportunidades al entrar en conflicto con la legislatura, intentando traspasar su mandato legal e incluso han interferido en las funciones legislativas o judiciales, principalmente en lo que se refiere a la experiencia latinoamericana. En el marco de dichas prácticas, se pueden encontrar los procesos que llevaron a las actuales constituciones de Colombia (1991), Venezuela (1999), Ecuador (2008) y Bolivia (2009) (Negretto, 2018). El caso más llamativo es el de Venezuela, proceso que no solo estuvo controlado por un único partido, sino que además la Asamblea Constituyente cerró la legislatura, concentrando poderes constituyentes y legislativos (Bejarano y Segura, 2020). Este contraste conduce inherentemente a la noción de la existencia de al menos dos tipos o modelos de asambleas constituyentes: aquellas que solo concentran poderes constituyentes versus un segundo modelo donde se añade la concentración de atribuciones legislativas.

No obstante lo anterior, los órganos constituyentes, sean asambleas o legislaturas que concentren dicha función, también se pueden evaluar en torno a otras dimensiones, como el grado de pluralismo en su composición, la inclusión de grupos históricamente excluidos como las minorías étnicas, la incorporación de las mujeres, instancias de participación ciudadana y las reglas de decisión dentro del órgano. La evaluación en torno a estos elementos podría considerarse como algo importante, sobre todo dentro de procesos constituyentes en democracia, pensando principalmente en la necesidad de legitimar el proceso. Por otro lado, la literatura ha sido enfática en señalar la inclusividad de un proceso constituyente como una de las principales variables de contexto, no solo para la durabilidad de las constituciones, sino que también para una implementación exitosa pensando en su desempeño como variable de resultado (Elkins et al., 2009; Ginsburg y Huq, 2016). De forma complementaria, el consenso entre las élites y la participación ciudadana han mostrado ser variables relevantes a la hora de determinar factores explicativos que inciden positivamente sobre la democratización futura una vez que se implementa la nueva Constitución (Eisenstadt et al., 2017; Negretto, 2020; Negretto y Sánchez-Talanquer, 2021).

En sociedades no occidentales étnicamente fragmentadas, los procesos constituyentes mediante órganos electos por la ciudadanía han servido como plataforma para canalizar institucionalmente conflictos históricos de carácter racial y cultural; mientras que en sociedades occidentales aspectos como el reconocimiento de la religión y el idioma oficial juegan un rol clave, generando peligros potenciales, llevando incluso al fracaso del proceso si es que no son debidamente tratados (Lerner, 2011 y 2016; Bysarya, 2016; Murray, 2020). En América Latina, desde la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI, con la llegada de la democratización, comenzó una fuerte movilización social en aras del reconocimiento de derechos humanos, culturales, medioambientales, de participación y de igualdad, los que dieron vida a lo que se conoce hoy como el nuevo constitucionalismo latinoamericano, tendencia que sustentó sus rasgos más distintivos a partir de la Constitución colombiana de 1991 (Nolte y Schilling-Vacaflor, 2012), cuyo modelo definió una oleada de cambios constitucionales por medio de asambleas constituyentes, tal y como ocurrió en los casos de Venezuela, Ecuador y Bolivia, aunque estas experiencias contaron con resultados disímiles en cuanto al impacto del proceso sobre la democratización posterior, principalmente en el caso venezolano (Escudero, 2021).

De forma complementaria, nuevas y crecientes demandas ciudadanas han puesto a prueba la capacidad de respuesta de los sistemas democráticos ante las exigencias de su entorno. Parte de estas demandas están centradas en la participación ciudadana en la toma de decisiones y en la igualdad política entre hombres y mujeres en la esfera pública y privada. Estas demandas se han cristalizado en procesos constituyentes recientes, aunque con distinto resultado. El primero de ellos podría considerarse el de Islandia, que nace a raíz del estallido social conocido como la revolución de las cacerolas, a causa de la mala evaluación por parte de la opinión pública a la forma como los partidos políticos manejaron la crisis económica desatada el año 2008. Aquella Asamblea Constituyente estuvo conformada por 25 integrantes, en su gran mayoría independientes. Como innovación en materia de participación, se realizó un gran cabildo con 950 ciudadanos electos al azar previo a las sesiones de la Asamblea Constituyente para deliberar sobre la Constitución. En paralelo, el proceso de Islandia aprovechó al máximo las nuevas tecnologías de la información, utilizando el sitio web de la asamblea y sus correspondientes redes sociales para recibir iniciativas provenientes de la ciudadanía. Sin embargo, tras un plebiscito consultivo no vinculante, el Parlamento hasta el día de hoy no ha aprobado la propuesta de nueva Constitución (Landermore, 2015; Gylfason, 2018).

En Chile, el giro participativo/deliberativo ocurrió para el fallido proceso constituyente de Michelle Bachelet que transcurrió entre los años 2015 y 2018. En dicho proceso se celebraron consultas individuales, encuentros locales autoconvocados, cabildos provinciales y regionales (Soto y Welp, 2017). Sin embargo, a causa del estallido social de 2019 y el crecimiento sostenido del movimiento feminista, Chile se sumergió en un nuevo proceso, cuyo mecanismo escogido por la ciudadanía fue una Convención Constitucional, que en concreto cumple las mismas funciones de una Asamblea Constituyente (Espinoza y Flores, 2022). Dentro de las novedades, la Convención Constitucional fue el primer órgano constituyente con representación paritaria en el mundo. En materia de participación, la CC recibió iniciativas populares de norma. La Convención debió debatir obligatoriamente estas iniciativas, siempre y cuando contaran con un umbral mínimo de firmas, tema que será abordado con posterioridad.

Tal y como se puede observar, las asambleas constituyentes tienen como principal finalidad la redacción de una nueva Constitución. A pesar de ser un mecanismo no muy frecuente y que es más propio de los cambios constitucionales en América Latina, estas pueden variar en cuanto a sus atribuciones (cerrar o no la legislatura), ser útiles para canalizar institucionalmente conflictos históricos en sociedades fragmentadas y también para responder a las nuevas demandas ciudadanas por más participación y representación para grupos marginados como minorías étnicas o para impulsar la igualdad política entre hombres y mujeres. Del mismo modo, la era de la información ha abierto una ventana de oportunidades para la incorporación de nuevas tecnologías de información como espacio de participación ciudadana, aspecto que sin duda marca un punto trascendente respecto a cómo abordar el desafío de la participación en las democracias modernas en procesos tan importantes como los cambios constitucionales.

En base a los elementos señalados y a la luz de la reciente experiencia constituyente en Chile, se abre una ventana de oportunidad para poder evaluar el proceso en comparación con otras experiencias internacionales. La evaluación se realizará en base a 6 dimensiones tal y como aparece explicado en la Tabla 1: (i) sistema de selección de representantes, (ii) existencia (o no) de representación plural, (iii) umbral para aprobación de normas, (iv) existencia o no de representación paritaria, (v) integración de grupos étnicos mediante asientos reservados y (vi) participación ciudadana. Los casos de estudio suman un total de seis: Chile, Colombia, Bolivia, Venezuela, Islandia y Sudáfrica. La selección de estos casos no solo se justifica porque todos ellos, excepto Sudáfrica,4 se realizaron mediante el sistema de Asamblea o Convención Constituyente, sino que además porque permite extender el análisis comparativo fuera de América Latina, incorporando experiencias tanto en Europa como en África, aportando a un análisis no solamente regional, sino que también entre distintas regiones del mundo.

Tabla 1. Dimensiones a evaluar y casos de estudio

Dimensión

Explicación

Casos de estudio

Sistema de selección de representantes

Número de representantes y sistema electoral (mayoritario o proporcional)

Chile, Colombia, Bolivia, Venezuela, Islandia y Sudáfrica

Pluralismo

Si el proceso estuvo controlado o no por un único partido o coalición

Umbral para aprobación de normas

Umbral de aprobación de normas en el Pleno (votación final)

Representación paritaria

Igual representación entre hombres y mujeres

Integración de grupos étnicos

Implementación de escaños reservados para pueblos originarios

Participación ciudadana

Si el proceso contó (o no) con mecanismos para la participación de la ciudadanía

Fuente: Elaboración propia.

La selección del caso de Islandia tal vez sea la decisión más controversial al no ser un proceso que culminó con una nueva Constitución (al igual que Chile). Sin embargo, el presente capítulo evalúa el trabajo de los órganos constituyentes, lo que no hace exigible como regla de selección de casos una nueva Constitución. En ese sentido, Islandia sí cumple con el requisito, sumado a que contribuye a la discusión como una experiencia reciente en Europa, junto con las novedades que trajo para su época el proceso.

Adicionalmente, el argumento del presente capítulo tiene relación con que la experiencia chilena es una de las más pluralistas, representativas y participativas, dado que la Convención Constitucional contó con condiciones de pluralismo, umbrales de votación supramayoritarios, representación en igual cantidad de hombres y mujeres, la asignación de un porcentaje importante de escaños reservados (donde también aplicó la regla de paridad), junto con importantes innovaciones en materia de participación ciudadana, tal y como se verá en la próxima sección. Por tanto, la experiencia constituyente de Chile podría considerarse como un producto exportable en múltiples aspectos para futuros procesos en otros países.

Evaluación de las experiencias constituyentes

Sistema de selección de representantes

En primera instancia, la Convención Constitucional de Chile escogió a 155 integrantes a lo largo del país mediante un sistema de representación proporcional D’Hondt con listas abiertas. El país electoralmente se dividió en 28 distritos de diverso tamaño, oscilando entre 3 y 8 representantes dependiendo de la zona.5 En el caso de Colombia, la Asamblea Constituyente contó con un total de 74 representantes, cuyas candidaturas compitieron bajo el sistema de distrito único nacional mediante reglas de selección en base al principio de proporcionalidad. Del total, 70 fueron elegidos mediante votaciones populares, mientras que los cuatro restantes fueron miembros designados sin derecho a voto, pero con derecho a voz (Bejarano y Segura, 2020).

En Bolivia, la Asamblea Constituyente encargada de la redacción de la Constitución de 2009 integró un total de 255 representantes, mediante un sistema proporcional distribuyendo sus asientos en múltiples distritos.6 En Venezuela se implementó un sistema electoral de mayoría relativa con diversos distritos para la selección de los 131 representantes encargados de la redacción de la Constitución de 1999 (Bejarano y Segura, 2020; PNUD, 2015).

En lo relativo a las experiencias fuera de América Latina, Islandia contó en primera instancia con 25 representantes electos democráticamente bajo el sistema de voto único transferido. No obstante, la elección del año 2011 fue anulada por orden de las cortes al existir diversos vicios de procedimiento durante el día de la elección. Pese a esto, un acuerdo parlamentario permitió que dichos representantes electos fueran designados por el Poder Legislativo (Gylfason, 2018). En Sudáfrica, los 492 representantes distribuidos en las dos cámaras fueron electos mediante sistema de representación proporcional bajo lista cerrada en un distrito único nacional (Hudson, 2021).

Pluralismo y umbral para la aprobación de normas

Parte importante de todo proceso constituyente tiene como línea de base la existencia de representación plural con el afán de asegurar un consenso mínimo acerca de la discusión y aprobación de normas conducentes a una propuesta de nueva Constitución. En ese sentido, los casos de estudio presentan algo de variación que no deja de ser interesante. Asimismo, parte del consenso está determinado por los umbrales de aprobación o, mejor dicho, por las mayorías requeridas para la aprobación de normas.

En lo relativo a la experiencia chilena, ningún grupo o lista contó con la mayoría suficiente de dos tercios en el Pleno para poder aprobar por sí misma cualquier iniciativa de norma.7

Tabla 2. Conformación Convención Constitucional de Chile

Listas

Tendencia

Escaños

Porcentaje

Independientes

-

48

31

Apruebo Dignidad

Izquierda

28

18

Lista del Apruebo

Centroizquierda

25

16

Vamos por Chile

Derecha

37

24

Pueblos Originarios

-

17

11

Total

155

100

Fuente: Elaboración propia en base a servel.cl y decidechile.cl.

La Tabla 2 ilustra la distribución de asientos dentro de la Convención Constitucional. Como se puede apreciar, ningún grupo alcanzó por sí solo el poder para aprobar normas. Por otro lado, ningún grupo tuvo la cantidad de asientos suficientes para vetar iniciativas de norma en el Pleno. En el caso de los independientes, este grupo alcanzó el 31%; sin embargo, su nomenclatura fue diversa como lo fueron los casos de la denominada Lista del Pueblo (izquierda) y los Independientes No Neutrales (centro).

En las experiencias de Colombia, Bolivia, Islandia y Sudáfrica existió pluralismo, pero con matices. En lo relativo a Colombia, la aprobación de normas fue por medio de la regla de mayoría absoluta en el primer Pleno y de un umbral de dos tercios en la segunda votación plenaria. Bajo dicha premisa, el grupo mayoritario fue el Partido Liberal,8 alcanzando el 35,7% de los asientos, seguido por AD/M-19,9 grupo que alcanzó el 27,1% de las plazas. Otros actores importantes como el Movimiento de Salvación Nacional y el Partido Social Conservador obtuvieron el 15,7% y 12,9% de los escaños, respectivamente (Bejarano y Segura, 2020). Pese a que la composición en su mayoría era de una orientación más de derecha, ningún partido alcanzó el umbral de los dos tercios ni la mayoría absoluta, por lo que puede considerarse como una experiencia pluralista.

En el caso del proceso constituyente de Bolivia existió un nivel de pluralismo más acotado, pues el Movimiento al Socialismo (en adelante MAS), partido del en ese entonces presidente Evo Morales, logró el 62% de los asientos, mientras que el umbral de votación para aprobación de normas en el Pleno era de dos tercios. A pesar de que el MAS tuvo que negociar con sus opositores en la Asamblea Constituyente, el proceso no estuvo exento de conflictos que incluso pusieron en riesgo la continuidad del proceso constituyente, tal como lo fue la tensión causada por la aprobación de normas sin la concurrencia de la oposición (Gamboa, 2009).

En Islandia la dinámica fue un tanto distinta, no solo porque su Asamblea Constituyente terminó siendo un cuerpo designado por el Parlamento debido a los vicios de procedimiento en las elecciones de 2011. Otro de los aspectos a considerar es que prácticamente la totalidad de sus integrantes fueron independientes, por lo que no podría atribuírsele militancia a alguno de los principales partidos políticos, especialmente el Partido Socialdemócrata y el Partido de la Independencia (Landermore, 2015; Gylfason, 2018). Por otra parte, además del evidente pluralismo al ser sus integrantes representantes sin trayectorias políticas afiliadas a partidos, las reglas de aprobación de normas fueron un tanto atípicas, debido a que para las comisiones la aprobación era por medio del consenso de sus integrantes, mientras que el texto final debía ser aprobado por el Pleno por decisión unánime (PNUD, 2015).

La experiencia sudafricana en su composición podría considerarse como muy similar a la de Bolivia, donde el principal partido, el Congreso Nacional Africano (ANC, por su sigla en inglés), logró el 63,7% de los asientos, siendo seguido muy de lejos por el Partido Nacional, ocupando el 20,2% de los escaños totales, siendo el umbral para aprobar normas el de dos tercios, por lo que podría catalogarse como un caso de pluralismo acotado, pero en el que sin duda primó el consenso entre los dos principales partidos a la hora de escribir la Constitución de 1996 en un plazo de dos años (Hudson, 2021; PNUD, 2015).

El proceso que llevó a la redacción de la Constitución de 1999 en Venezuela puede considerarse como el único caso entre los estudiados en el que no primó el pluralismo. En primera instancia, la implementación de un plebiscito de entrada contó con una segunda papeleta cuyo propósito fue consultar a la ciudadanía la aprobación de las reglas electorales diseñadas por el gobierno de Hugo Chávez. Dichas reglas establecieron un sistema electoral de mayoría relativa en múltiples distritos que benefició al oficialismo, al encontrarse la oposición dividida en diversas listas. El resultado de las elecciones colocó a la lista del Polo Patriótico (chavismo) al frente, ocupando el 95% de los asientos pese a que la oposición obtuvo el 65,8% de los votos (Bejarano y Segura, 2020; PNUD, 2015; Escudero, 2021). Por ende, ante tal dominio por parte del régimen, cualquier supermayoría exigida se volvería en un instrumento ineficaz, más todavía si las normas fueron aprobadas por regla de mayoría absoluta en el Pleno.

Representación paritaria e integración de pueblos originarios

En estas dimensiones las experiencias seleccionadas tienen importante variación. No obstante, la mayoría de ellas otorgaron escaños para pueblos originarios o buscaron alguna forma de representación para las mujeres, aunque el único caso que alcanzó la paridad en el resultado fue la Convención Constitucional de Chile.

Tal y como se señaló al principio de este capítulo, la CC incorporó la paridad de género no solo en la conformación de las listas en los distritos, sino que también en el resultado final entre los 155 representantes. El sexo sobrerrepresentado no podía superar en más de un asiento al sexo subrepresentado. Por lo tanto, esta es la primera experiencia constituyente a nivel global en donde la redacción del texto fue por igual cantidad de hombres y de mujeres, experiencia que sin duda marca un sello distintivo para el resto del mundo, lo que podría ser considerado para futuras experiencias constituyentes, sobre todo para procesos en países democráticos.

Tabla 3.Distribución de asientos reservados en la Convención Constitucional de Chile

Pueblo

N° Asientos

Mapuche

7

Aimara

2

Rapa Nui

1

Quechua

1

Atacameño

1

Diaguita

1

Colla

1

Kawashkar

1

Yagán

1

Chango

1

Total

17

Fuente: Elaboración propia en base a Ley 21.298.

En lo relativo a la asignación de escaños para pueblos indígenas, la Convención Constitucional contempló la entrega de 17 escaños reservados para ellos. Estos asientos se encontraban dentro de los 155 establecidos por ley, por lo que no fueron supernumerarios. Pese a esto, el nivel de representación fue muy superior al de asientos asignados en Colombia o en Venezuela, tal y como se verá más adelante. Por otro lado, como se observa en la Tabla 3, la distribución de escaños especiales reconoció a 10 pueblos originarios, pero con una representación importante del pueblo mapuche (7 asientos), donde el resto de los pueblos obtuvo en su mayoría tan solo un asiento, salvo los aimaras, que obtuvieron 2. Además, la regla de paridad también aplicó para este tipo de asientos. La lógica de establecer 17 escaños era que, por un lado, los 10 pueblos reconocidos en Chile obtendrían una representación y esos escaños significarían el 11% de la CC, lo que se asemejaba al 12,8% de la representación poblacional de los indígenas en el territorio nacional.

En el caso de Colombia no aplicó la regla de paridad y se asignaron solamente 2 escaños reservados para minorías étnicas, aunque la población indígena en dicho país no superaba el 3,5%. En Bolivia no se aplicó la regla de paridad. No obstante, se reservó un asiento por distrito para representantes mujeres, por lo que al menos cada distrito estuvo representado como mínimo por una asambleísta. En Venezuela no aplicó ninguna norma de paridad, mientras que tan solo se asignaron 3 escaños reservados para etnias. En Islandia tampoco hubo asientos reservados para etnias dentro de los 25 representantes. Pese a esto, en términos de paridad, si bien no hubo una regla que apuntara a la paridad perfecta, lo que se aplicó fue que ningún sexo podría tener representación más allá del 60% (Flores, 2021). En Sudáfrica no aplicó ni la regla de paridad ni tampoco la asignación de asientos reservados para pueblos originarios.

Como se puede apreciar, la experiencia chilena sin duda fue un paso más adelante en términos de representación de pueblos indígenas y de mujeres. Al otorgar 17 asientos de 155, se aseguró que al menos el 11% de los representantes fueran de pueblos originarios, por lo que es una medida que va más allá de los estándares convencionales. Misma situación para la representación de mujeres, lo que sin duda puede considerarse como un enorme avance a nivel global, siendo la primera experiencia internacional de tales características, marcando una revolución en términos de diseño institucional para la creación de normas más allá del resultado final del proceso.

Participación ciudadana

Los procesos constituyentes generalmente buscan integrar alguna forma de participación ciudadana como medio para su legitimación. La participación se puede dar mediante jornadas de deliberación cuyos resultados pueden ser entregados al órgano encargado de la redacción; mediante la existencia de un plebiscito de entrada para dar inicio al proceso y/o a través de un plebiscito ratificatorio o de salida. Asimismo, también se puede garantizar la participación mediante la recepción de iniciativas ciudadanas, las que pueden ser o no de carácter vinculante de acuerdo con las reglas del proceso. Como se apreciará, la experiencia chilena se caracterizó por manejar múltiples instancias de participación.

En Chile, la participación estuvo garantizada en primera instancia mediante la implementación de un plebiscito de entrada y otro de salida, cuyo fin fue el de dejar en manos de la ciudadanía la primera y la última palabra. En cuanto al plebiscito de entrada, el proceso fue único en el mundo. Por una parte, mediante la implementación de un sistema de inscripción automática y voto voluntario, la ciudadanía debió sufragar en torno a dos grandes temas. En la primera papeleta se debía decidir si se daba inicio al proceso destinado a reemplazar la Constitución de 1980, mientras que en la segunda papeleta se consultó sobre la posibilidad de escoger el órgano destinado a redactar la propuesta de nueva Constitución. Entre las alternativas se encontraban la Convención Constitucional y la Convención Mixta, instancias explicadas al inicio del presente capítulo. La segunda papeleta implicó una importante innovación a nivel global, puesto que este ha sido el primer proceso constituyente en el mundo en el que el electorado tuvo la posibilidad de seleccionar mediante regla de mayoría el órgano encargado de la redacción de la propuesta de nueva Constitución.

El plebiscito de entrada fue celebrado el 25 de octubre de 2020, triunfando en la primera papeleta la opción “Apruebo”, con el 78,27% (equivalente al “Sí” en la mayoría de los plebiscitos alrededor del mundo); mientras que en la segunda papeleta se impuso la Convención Constitucional, con el 78,99% de los votos válidamente emitidos. La participación en dicho plebiscito fue de 50,98%.10 Sin embargo, en el plebiscito de salida se siguió implementando la inscripción automática, pero esta vez el voto fue de carácter obligatorio. En el plebiscito de salida celebrado el 4 de septiembre de 2022 triunfó la opción “rechazo”, con el 61,89% de los votos y una participación de 85,86%.11

Otras formas de participación fueron mediante las denominadas iniciativas populares de norma. En ellas, la ciudadanía tuvo la posibilidad de presentar iniciativas para la discusión en la Convención Constitucional. Por otro lado, aprovechando las nuevas tecnologías, las iniciativas fueron presentadas de forma digital en el sitio web de la CC. Para que cada propuesta pudiese ingresar a la discusión, debía superar el umbral de 15 mil firmas.12

El proceso destinado a la recolección de iniciativas populares contó con múltiples etapas. La primera ocurrió durante el transcurso del mes de noviembre de 2021, etapa correspondiente a la promoción del mecanismo. La segunda fase transcurrió entre los días 22 de noviembre de 2021 al 6 de enero de 2022. En dicha ventana ingresaron las propuestas a la plataforma digital de la Convención Constitucional, siendo admitidas las que superasen las 15 mil firmas, las que debían ser votadas en el Pleno independientemente de su resultado. Pese a esto, también existieron limitaciones, ya que solo se podía presentar hasta 7 iniciativas y el apoyo mediante firmas no podía exceder a dicho número. Dentro de las 15 mil firmas, estas debían contar con el apoyo desde al menos 4 regiones distintas.13

El proceso resguardó además la participación para los pueblos originarios a través de la iniciativa constituyente indígena. Los pueblos (específicamente el mapuche, aimara y diaguita) debieron contar con un patrocinio mínimo de 3 comunidades o 5 asociaciones indígenas registradas en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). Otra alternativa fue la del respaldo por medio de un cacicazgo tradicional o de 3 asociaciones no registradas o, en su defecto, 120 personas que hubieran acreditado su calidad de indígena. En el caso de los otros pueblos, tan solo fue necesario el patrocinio de una comunidad, asociación u organización no registrada. Otra alternativa fue mediante 60 firmas de personas que hubieran acreditado su calidad de indígena.14

La participación también se realizó mediante encuentros autoconvocados, cabildos comunales y jornadas nacionales de deliberación. Sin embargo, estas instancias contaron con menor visibilidad, donde no todos los municipios suscribieron dichas actividades. Por ende, podría considerarse que la dimensión deliberativa fue la más débil, sobre todo si se compara con la organización realizada durante el fallido proceso constituyente de Michelle Bachelet, realizándose jornadas de deliberación mediante consultas individuales, encuentros locales autoconvocados, cabildos comunales, provinciales y regionales, con sistematización de resultados y con espacios provistos para la deliberación por el propio Estado (Espinoza y Flores, 2022).

En cuanto a los resultados de la participación mediante iniciativa popular, se presentó un total de 2.496. De ellas, 78 superaron las 15 mil firmas, sumado a que en total participaron 980.332 personas en lo que se refirió al patrocinio mediante firmas.15 Por otro lado, el 49% de las iniciativas quedaron parcialmente en la propuesta de nueva Constitución, mientras que 23 ingresaron completamente a la propuesta. De los apoyos recibidos, el 31,5% provino de la Región Metropolitana, mientras que el 68,5% procedió del resto de las regiones.16

También se implementaron audiencias públicas abiertas a personas, expertos y organizaciones para presentar ante las distintas comisiones de la Convención y así aportar al debate dentro de la instancia. Para poder participar, las personas interesadas debían llenar un formulario en formato electrónico vinculado a cada una de las comisiones temáticas.17 De acuerdo al informe realizado por la secretaría de Participación Popular de la CC, se realizó un total de 1.711 audiencias públicas, realizándose 648 en la primera etapa del proceso, mientras que durante la segunda se hizo un total de 1.063.

En comparación con las experiencias internacionales contenidas en este capítulo, la experiencia chilena podría considerarse como intensiva en términos de participación. En Colombia, la participación se dio mediante la vía del plebiscito de entrada, consultas a través de mesas regionales, recolectando a lo largo y ancho de dicho país propuestas individuales y colectivas, recopilándose un total 230.000. En Bolivia se realizó un plebiscito de salida, audiencias públicas y en materia de deliberación se implementaron encuentros territoriales en todo el país, siendo recopiladas más de 3.000 propuestas. En Venezuela, a pesar de la falta de pluralismo, existió un plebiscito de entrada y uno de salida, la celebración de asambleas públicas durante el funcionamiento de la Asamblea Constituyente, junto con encuentros territoriales a lo largo del país (Flores, 2021; PNUD, 2015; Hudson, 2021).

El caso de Islandia podría considerarse para ese entonces como una de las experiencias más innovadoras, donde para el año 2010 se realizó un gran foro nacional con 950 personas escogidas al azar, instancia donde se discutió acerca de los elementos centrales con los que debía contar la propuesta de nueva Constitución (Landermore, 2015). Una de las principales innovaciones en materia de participación fue el aprovechamiento de las nuevas tecnologías a la hora de recoger propuestas, utilizando el propio sitio de web de la Asamblea Constituyente, junto con el canal de Youtube y las cuentas de Facebook y Twitter de la instancia. También se admitió el envío de propuestas por formato telefónico y vía carta. Es importante consignar que la política de la Asamblea fue la de no admitir propuestas provenientes de grupos de interés, especialmente las empresas privadas (Landermore, 2015; Suteu, 2015). Complementariamente, se realizó un plebiscito de carácter consultivo (o no vinculante) el mes de octubre del año 2012, donde el respaldo a la propuesta de nueva Constitución contó con el 66,9% de los votos, aunque con una participación de la mitad del padrón electoral (Elster, 2016; Gylfason, 2018). Como ya es sabido, al día de hoy la propuesta de nueva Constitución no ha sido ratificada por el Parlamento.

En Sudáfrica la participación no fue un tema central dentro del proceso constituyente. Pese a esto, se hicieron esfuerzos por incorporar mecanismos participativos. En concreto, se estableció un sistema de envío de propuestas por medio de cartas previo al inicio del proceso de redacción de la propuesta de Constitución. También se implementaron consultas territoriales y entrevistas cara a cara, realizándose un total de 3.801 entrevistas. Dentro de las innovaciones tecnológicas, durante el proceso se abrió una cuenta de correo electrónico para la recepción de peticiones (Hudson, 2021).

Como se aprecia, el proceso chileno tuvo múltiples mecanismos de participación y también de deliberación. La experiencia chilena podría considerarse como un salto adelante en esta dimensión, resguardando la participación de la ciudadanía de forma vinculante al inicio, al cierre y durante el proceso constituyente, mediante plebiscitos, iniciativas ciudadanas de norma, audiencias y cabildos.

Balance general del proceso constituyente frente a la experiencia comparada

Tras analizar la experiencia chilena en comparación con otras experiencias internacionales de procesos constituyentes, el siguiente paso consiste en realizar un balance en base a los elementos analizados en la sección anterior.

Tabla 4.Comparación entre procesos constituyentes

País

Número y sistema de selección de representantes

Pluralismo

Umbral para aprobación de normas

Paridad

Asientos para grupos étnicos

Formas de participación

Chile

155. Representación proporcional en múltiples distritos.

Sí

2/3

Sí

Sí (17 escaños)

Plebiscito de entrada y de salida; iniciativa ciudadana de norma; audiencias públicas.

Colombia

74. 70 electos y 4 designados con derecho a voz. Representación proporcional. Distrito nacional.

Sí

Mayoría absoluta y 2/3 en segundo Pleno.

No

Sí

(2 escaños)

Plebiscito de entrada; consultas a través de mesas regionales de trabajo.

Bolivia

255. Múltiples distritos (departamentos y territorios).

Sí

2/3

No: asientos reservados para mujeres por distrito (al menos 1 asiento).

Sí

(3 escaños)

Plebiscito de salida; audiencias públicas; encuentros territoriales.

Islandia

25. Órgano designado. Sistema de voto único transferido en elección anulada.

Sí

Unanimidad para texto final.

No: límite de 60% al sexo sobrerrepresentado.

No

Foro nacional; consultas online; plebiscito consultivo no vinculante; audiencias públicas.

Sudáfrica

492. Representación proporcional. Distrito nacional.

Sí

2/3

No

No

Recepción de propuestas e ideas para el proceso de redacción; consultas públicas territoriales.

Vene­zuela

131. Mayoría relativa. Múltiples distritos.

No

Mayoría absoluta.

No

Sí

(3 escaños)

Plebiscito de entrada y de salida; mesas de participación y asambleas regionales.

Fuente: Elaboración propia en base a múltiples fuentes.

La Tabla 4 sintetiza los principales elementos estudiados. En base a ellos, se puede establecer que la experiencia chilena es una de las más innovadoras, inclusivas, plurales y participativas, más allá del rechazo a la propuesta de nueva Constitución. Como se observa, se escogieron representantes bajo reglas de proporcionalidad, eligiéndose 155 convencionales incluida la representación de minorías étnicas, asignando un total de 17 asientos, cifra muy por encima en comparación con los procesos de Colombia, Bolivia y Venezuela. En su resultado, la Convención Constitucional aseguró condiciones de pluralismo, donde ningún grupo tuvo mayoría para aprobar normas por sí solo ni poder suficiente para vetar. Además, el umbral de aprobación de dos tercios en el Pleno garantizó que todos los grupos tuvieran que negociar, tanto para aprobar como para vetar normas. Esto se contrapone principalmente a la experiencia venezolana, cuya Asamblea Constituyente estuvo compuesta casi en su totalidad (95%) por representantes leales al chavismo, bajo reglas electorales a la medida del régimen.

En materia de paridad de género, el proceso constituyente marcó un precedente único en el mundo, siendo la primera experiencia a nivel global en la que se garantizó igual número de hombres y mujeres en la conformación del órgano redactor de la propuesta de nueva Constitución. Indudablemente esto marca un salto adelante, no solo pensando en la búsqueda de alternativas para la reducción de brechas políticas entre hombres y mujeres, sino que además se encuentra muy por delante de experiencias innovadoras como la de Islandia, donde se puso un techo de 60% para el sexo sobrerrepresentado. Asimismo, va muy por delante de los otros casos de estudio, donde se garantizó tan solo un asiento por distrito para mujeres (Bolivia) o lisa y llanamente no se asignaron asientos especiales para estos casos (Colombia, Sudáfrica y Venezuela).

La participación fue un pilar importante dentro de la experiencia chilena, incorporando múltiples mecanismos en las diversas etapas del proceso. En primera instancia hubo un plebiscito de entrada en el que la ciudadanía no solo tuvo la posibilidad de aprobar o rechazar el inicio de un proceso constituyente, sino que además se incorporó una segunda papeleta, siendo un hecho inédito a nivel global la consulta acerca del tipo de órgano encargado de la redacción de la propuesta de nueva Constitución. También hubo participación al cierre del proceso mediante un plebiscito de salida vinculante, el que culminó con el rechazo a la propuesta redactada por la Convención Constitucional. Durante el periodo de redacción también existieron múltiples etapas de participación, principalmente por medio de las iniciativas populares de norma, la inscripción para participar en las distintas audiencias públicas organizadas en las distintas comisiones temáticas, junto con la organización de cabildos y encuentros territoriales. En esta dimensión, el proceso chileno fue intensivo, garantizando la inclusión de la ciudadanía en las múltiples etapas del proceso constituyente, estando por delante del resto de experiencias estudiadas.

En experiencias similares con alta participación como la de Islandia no se contó con un plebiscito de salida vinculante, ni con iniciativas ciudadanas de norma. Otra experiencia con alta participación como la de Colombia no contó con plebiscito de salida ni iniciativas de norma. Asimismo, procesos como el de Bolivia, Sudáfrica y Venezuela no contaron con instancias tales como iniciativas ciudadanas de norma. La experiencia sudafricana incluso no contó con plebiscito ni de entrada ni de salida.

En síntesis, se puede señalar que el reciente proceso constituyente chileno, más allá de su resultado final, es un paso adelante en cada una de las seis dimensiones estudiadas, tanto por los mecanismos de selección de representantes, pluralismo, integración de hombres y mujeres, umbrales de aprobación, incorporación de grupos étnicos y también por el establecimiento de múltiples mecanismos participativos en tan solo un año de trabajo. Por lo tanto, esta experiencia puede ser implementada para posteriores procesos constituyentes dentro de países democráticos.

Conclusiones

El presente capítulo ha tenido como objetivo comparar el pasado proceso constituyente chileno versus otras cinco experiencias con énfasis en sus reglas en base a seis dimensiones. A modo general, la experiencia chilena, más allá de su resultado final, puede considerarse como una de las más innovadoras en términos de participación e inclusión. Sin lugar a dudas el principal elemento exportable del proceso es la regla de paridad, la que aseguró la igual representación entre hombres y mujeres en la conformación de la Convención Constitucional. Por otro lado, las reglas de representación proporcional, la existencia de escaños reservados para minorías étnicas e interesantes innovaciones en materia de participación convierten al proceso en un salto adelante en cuanto al funcionamiento de las asambleas constituyentes.

A pesar de los elementos descritos previamente, sin duda alguna es fundamental realizar un análisis más profundo acerca de las causas del fracaso del proceso. Por lo mismo, se hace oportuno y necesario para posteriores análisis centrar la mirada en el comportamiento de los actores bajo dichas reglas. Como, por ejemplo, la conexión de los integrantes de la Convención Constitucional con sus territorios, la estrategia de comunicación política del organismo, el papel que jugaron las noticias falsas, o fake news, la popularidad del presidente Gabriel Boric a la hora de convocar al plebiscito de salida, la forma como operó la utilización de los mecanismos participativos y también tomar en consideración el grado de integración de los grupos de derecha a la discusión dentro de la Convención. Todos estos elementos pudieron tener algún grado de incidencia en el abrumador triunfo del rechazo. Sin embargo, los esfuerzos al día de hoy se encuentran concentrados en respetar la voluntad popular expresada en el plebiscito de entrada, por lo que será cuestión de tiempo el saber si Chile tendrá o no un nuevo proceso constituyente, cuáles serán sus reglas y si existirán límites temáticos para la discusión. Lo concreto es que, de existir un nuevo proceso, este será bajo reglas más favorables para los partidos políticos, sin tanto énfasis en la participación, con menor volumen en contenidos y con menor o nula representación de pueblos originarios. Pese a esto, lo más probable es que la paridad en el resultado se siga manteniendo.

Bibliografía

Ackerman, B. (1991). We the People: Foundations. Estados Unidos: Belknap Press.

Bejarano, A. M. y Segura, R. (2020). “The Difference Power Diffusion Makes: Explaining Divergent Outcomes in Colombia (1990-1991) and Venezuela (1998-1999)”. En G. Negretto (Ed.). Redrafting Constitutions in Democratic Regimes: Theoretical and Comparative Perspectives (pp. 131-154). Reino Unido: Cambridge University Press.

Bysarya, S. (2016). “Performance of constitutions: Transitional Provisions”. En T. Ginsburg y A. Huq (Eds.). Assessing Constitutional Performance (pp. 203-232). New York: Cambridge University Press.

Eisenstadt, T. (2017). Constituents Before Assembly. Participation, Deliberation and Re­presentation in the Crafting of New Constitutions. Reino Unido: Cambridge University Press.

Elkins, Z. (2009). The Endurance of National Constitutions. New York: Cambridge University Press.

Elster, J. (1995). “Forces and Mechanisms in the Constitution Making Process”. Duke Law Journal, 45, 364-396.

——— (2016). “Icelandic constitution-making in comparative perspective”. En V. Ingimundarson, P. Urfalino e I. Erlingsdóttir (Eds.). Iceland’s Financial Crisis. The politics of blame, protest and reconstruction (pp. 187-202). Reino Unido: Routledge.

Elster, J. (2018). “Introduction”. En J. Elster, R. Gargarella, V. Naresh y B. E. Rasch (Eds.). Constituent Assemblies (pp. 1-12). Reino Unido: Cambridge University Press.

Escudero, M. C. (2021). Asambleas Constituyentes en América Latina. Aspiraciones de igualdad, participación y libertad. Santiago de Chile: LOM Ediciones.

Espinoza, R. y Flores, F. (2022). “Chile bajo la Constitución de 1980: De la transición pactada al proceso constituyente de 2021”. Política 60(1), 173-203.

Flores, F. (2021). Participación ciudadana en Asambleas Constituyentes. Documento disponible en https://plataformacontexto.cl/cms/wp-content/uploads/2021/02/Participacion-Ciudadana.pdf.

Gamboa, F. (2009). “La Asamblea Constituyente en Bolivia: Una evaluación de su dinámica”. Fronesis 16(3), 487-512.

Ginsburg, T. (2009). “Does the Process of Constitution-Making Matter?” Annual Review of Law and Social Sciences 5(5), 201-223.

Ginsburg, T. y Huq, A. (2016). “Assessing Constitutional Performance”. En T. Ginsburg y A. Huq (Eds.). Assessing Constitutional Performance (pp. 3-35). New York: Cambridge University Press.

Gylfason, T. (2018). “Chain of Legitimacy: Constitution Making in Iceland”. En J. Elster, R. Gargarella, V. Naresh y B. E. Rasch (Eds.). Constituent Assemblies (pp. 161-185). New York: Cambridge University Press.

Hudson, A. (2021). The Veil of Participation. Citizens and Political Parties in Constitution-Making Processes. Reino Unido: Cambridge University Press.

Landermore, H. (2015). “Inclusive Constitution-Making: The Icelandic-Experiment”. The Journal of Political Philosophy, 23(2), 166-191.

Lerner, H. (2011). Making Constitutions in Deeply Divided Societies. Cambridge: Cambridge University Press.

——— (2016). “Constituent Assemblies and Political Continuity in Divided Socie­ties”. En J. Elster, R. Gargarella, V. Naresh y B. E. Rasch (Eds.). Constituent Assemblies (pp. 57-78). Reino Unido: Cambridge University Press.

Murray, C. (2020). “Political Elites and the People: Kenya’s Decade - Long Constitution Making Process”. En G. Negretto (Ed.). Redrafting Constitutions in Democratic Regimes: Theoretical and Comparative Perspectives (pp. 190-216). Reino Unido: Cambridge University Press.

Negretto, G. (2018). “Constituent Assemblies in Democratic Regimes: The Problem of a Legally Limited Convention”. En J. Elster, R. Gargarella, V. Naresh y B. E. Rasch (Eds.). Constituent Assemblies (pp. 31-56). Reino Unido: Cambridge University Press.

——— (2020). “Replacing Constitutions in Democratic Regimes: Elite Cooperation and Citizen Participation”. En G. Negretto (Ed.). Redrafting Constitutions in Democratic Regimes: Theoretical and Comparative Perspectives (pp. 101-127). Reino Unido: Cambridge University Press.

Negretto, G. y Sánchez-Talanquer, M. (2021). “Constitutional Origins and Liberal Democracy: A Global Analysis 1900-2015”. American Political Science Review 11(2), 522-536.

Nolte, D. y Schilling-Vacaflor, A. (2012). “The Times they are a Changin’: Constitutional Transformations in Latin America since the 1990s”. En D. Nolte y A. Schilling-Vacaflor (Eds.). New Constitutionalism in Latin America. Promises and Practices (pp. 3-30). New York: Routledge.

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2015). Mecanismos de Cambio Constitucional en el Mundo. Disponible en https://www.cl.undp.org/content/chile/es/home/library/democratic_governance/mecanismos-de-cambio-constitucional-en-el-mundo.html.

Soto, F. y Welp, J. (2017). Los “diálogos ciudadanos”. Chile ante el giro deliberativo. Santiago de Chile: LOM Ediciones.

Suteu, S. (2015). “Constitutional Conventions in the Digital Era: Lessons from Iceland and Ireland”. Boston Coller International and Comparative Law Review, (251-276).

El proceso fallido. La dinámica constituyente a dos niveles

Claudio Fuentes S.