El universo neoliberal E-Book

Alfredo Eric Calcagno

• Herausgeber: Ediciones Akal
• Kategorie: Fachliteratur
• Serie: Pensamiento crítico
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 615

Veröffentlichungsjahr: 2015

Beschreibung

En este magnífico libro, los autores aplican su amplia experiencia en la economía de América Latina a deconstruir los sofismas del capitalismo financiero global, sus dramáticas consecuencias para los pueblos, el ecosistema y la convivencia democrática. Una valiosa contribución al conocimiento de las especulaciones del actual capitalismo financiero en el conjunto de los países iberoamericanos –España y Portugal incluidos–, de la necesidad de evitarlas o de hacerles frente, de las respuestas que articulan los pueblos que no se resignan a sufrir sus efectos perversos. La gravedad de la crisis económica y financiera que afecta a varios países europeos obliga a revisar los fundamentos teóricos de unas políticas vigentes, las neoliberales, que nos han llevado a este punto. En este sentido, El universo neoliberal constituye una ejercicio excelente y saludable de deconstrucción.

Leseprobe

Akal / Pensamiento crítico / 36

Alfredo Eric Calcagno y Alfredo Fernando Calcagno

El universo neoliberal

Recuento de sus lugares comunes

Prefacio de Joan E. Garcés

Epílogo de Eric Calcagno

Las crisis económicas, el deterioro político y la regresión social han demostrado en todo el mundo, una y otra vez, la falsedad de una ideología dominante –el neoliberalismo– que sigue, pese a sus estruendosos descalabros, determinando la política económica de muchos gobiernos.

Cuando la aplicación de la doctrina neoliberal solo arruinaba a países pobres, ello se explicaba en los países desarrollados por el atraso secular que sufrían los primeros. Ahora, cuando los postulados neoliberales cosechan sonoros fracasos también en países desarrollados y el establishment económico y político –ignorando el fondo del problema– se limita a criticar aspectos secundarios, se vuelve más perentorio, si cabe, desentrañar los mecanismos de funcionamiento del neoliberalismo, demostrar sus falacias e incongruencias y denunciar sus resultados.

La realidad nos enseña, asimismo, que el resurgimiento producido a partir del siglo xxi en varios países de América Latina se ha basado en una política económica opuesta a la preconizada por los neoliberales –un hecho ocultado sistemáticamente por unos medios de comunicación que obedecen sin fisuras al establishment financiero–. Construir, pues, un modelo de desarrollo alternativo al neoliberal y aportar hechos e ideas que contribuyan a la discusión del tema, tales son las pretensiones de este libro.

«Una valiosa contribución al conocimiento de las especulaciones del capitalismo financiero en el conjunto de los países iberoamericanos –España y Portugal incluidos–, de la necesidad de evitarlas o de hacerles frente, y de las respuestas que articulan los pueblos que no se resignan a sufrir sus efectos perversos para la civilización, la sociedad y el ecosistema.»

Joan E. Garcés

Alfredo Eric Calcagno es doctor en Derecho y Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires) y graduado en el tercer ciclo en Ciencias Políticas (Universidad de París). Funcionario de la ONU durante dos décadas en la Cepal y en la Unctad, ha sido profesor de Política Económica y de Modelos Políticos en diversas universidades latinoamericanas. Ha publicado una veintena de libros, entre los que figuran El pensamiento económico latinoamericano: estructuralistas, liberales y socialistas (1989), El Estado en países desarrollados. La acción pública en Estados Unidos, Alemania, Francia y Japón (1993) y, en colaboración, Argentina. Derrumbe neoliberal y proyecto nacional (2003) y La deuda externa explicada a todos (1999 y 2006).

Alfredo Fernando Calcagno es doctor en Ciencias Económicas (Universidad de París). Profesor de la Universidad Nacional de La Plata, ha trabajado asimismo para la Cepal en Santiago de Chile. Es autor, entre otros títulos, de Politiques monétaristes et dynamiques financières, les expériences de l’Argentine et du Chili (1984), Ajuste estructural, costo social y modalidades de desarrollo en América Latina (2001), Una evaluación de las experiencias recientes de política cambiaria en Latinoamérica (2003) y, en colaboración, de En busca de otra modalidad de desarrollo (1992) y de La economía brasileña ante el Plan Real y su crisis (1998).

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Antonio Huelva Guerrero

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© Alfredo Eric Calcagno y Alfredo Fernando Calcagno, 2015

© del Prefacio, Joan E. Garcés, 2015

© del Epílogo, Eric Calcagno, 2015

© Ediciones Akal, S. A., 2015

Sector Foresta, 1

28760 Tres Cantos

Madrid - España

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ISBN: 978-84-460-4021-7

Prefacio

Joan E. Garcés

La deuda externa

En este libro, Alfredo Eric Calcagno y Alfredo Fernando Calcagno aplican su amplia experiencia en la economía de América Latina a deconstruir sofismas del capitalismo financiero, sus dramáticas consecuencias para los pueblos, el ecosistema y la convivencia democrática.

La economía reposa en hechos, circunstancias, opciones y decisiones cuyos fines, causas y medios no son neutros, son en beneficio o desmedro de intereses individuales, colectivos o nacionales. Así lo han considerado todas las doctrinas económicas antes y después de Adam Smith. Para este profesor de Filosofía Moral de la Universidad de Glasgow, el orden de prioridad de los deberes del Estado debiera ser el siguiente:

1) Proteger a la sociedad de la violencia e invasión de otras sociedades independientes; 2) proteger, tanto como sea posible, a cada miembro de la sociedad de la injusticia y la opresión de cualquier otro miembro; 3) establecer y mantener aquellas instituciones y trabajos públicos que, aunque puedan ser ventajosos en el mayor grado para una gran sociedad, son, sin embargo, de tal naturaleza que la ganancia nunca podrá pagar los gastos que efectúen individuos o pequeños grupos de individuos, y que por lo tanto no puede esperarse que estos puedan establecerlos o mantenerlos[1].

Un paradigma difícil de identificar con lo que en los últimos años se suele denominar «neoliberalismo»: restringir la prestación de servicios sociales básicos, concentrar la riqueza en el 1% de la población, subvertir o derrocar a los regímenes que discrepan de tal sistema y sostener en su lugar a dictaduras.

En el sistema económico global dentro del cual España y los Estados de América se han configurado desde el siglo xvi, el empréstito ha sido uno de los instrumentos financieros utilizados para intervenir, dividir o dominar a pueblos enteros. Un ejemplo paradigmático es el acuerdo secreto del 30 de agosto de 1898 entre el Reino Unido y Alemania para conceder un préstamo conjunto a Portugal y, anticipando que no podría reembolsarlo, repartirse en compensación los territorios portugueses de Angola, Mozambique y Timor[2].

Hay, sin embargo, ejemplos de resistencia a estos instrumentos. Así, tras el pánico financiero de 1837, los estados de Mississippi, Arkansas, Florida y Michigan repudiaron la deuda pública –en su mayor parte propiedad de inversores extranjeros– alegando que apenas había dejado beneficios[3]. En México, en 1860, el presidente liberal Benito Juárez repudió la deuda contraída bajo el régimen de facto del general Zuloaga (1857-1860). La ley de 18 de junio de 1883 hizo lo propio con la deuda contraída por los gobiernos «que pretendieron haber existido en México desde el 17 de diciembre de 1857 al 24 de diciembre de 1860 y desde el 1 de junio de 1863 al 21 de junio de 1867»[4] –lo que incluía la deuda contraída por el gobierno de Maximiliano de Austria quien, en 1864, se proclamó emperador con el apoyo de Francia y de los conservadores mexicanos y la resistencia de los liberales.

Los Estados Unidos de América obligaron a repudiar la deuda que los rebeldes estados confederados habían contraído, entre 1861 y 1865, con Francia y el Reino Unido, y también les hicieron aprobar la Enmienda n.o 14 a la Constitución Federal, una salvaguardia preventivo-disuasoria de sediciones e insurrecciones:

Ni los Estados Unidos ni ningún estado asumirá o pagará alguna deuda u obligación incurrida en ayuda a una insurrección o rebelión contra los Estados Unidos […], todas esas deudas, obligaciones y reclamos deben ser tenidos como ilegales y nulos[5].

Después de 1877, los estados de Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Luisiana, Carolina de Norte, Carolina del Sur y Tennessee repudiaron, a su vez, la deuda pública contraída entre 1865 y 1877 alegando que, aunque suscrita en nombre del Estado por dirigentes elegidos, estos no habían representado debidamente a sus pueblos, sino que habían actuado en beneficio propio, de manera corrupta[6].

Los Estados Unidos aplicaron una variante de esta doctrina en Cuba, en 1899, al pedir que España asumiera la deuda contraída por los cubanos alzados contra la Corona. El argumento de EEUU era, entre otros, que

desde el punto de vista moral, la propuesta de imponerla a Cuba es igualmente insostenible. Si, como se afirma a veces, las luchas por la independencia cubana hubieran sido apoyadas por una minoría de la isla, el imponer sobre el conjunto de los habitantes el costo de la represión de las insurrecciones sería castigar a muchos por los hechos de pocos. Si, por otra parte, esas luchas, como lo afirman los Comisionados Americanos, han representado las esperanzas y las aspiraciones del conjunto del pueblo cubano, sería aún más injusto oprimir a los habitantes con una carga creada por España en el esfuerzo para oponerse a su independencia[7].

En el laudo arbitral entre el Reino Unido y Costa Rica de 1923, el entonces presidente de la Corte Suprema de EEUU, el muy conservador William Howard Taft, falló en favor del repudio de la deuda que el gobierno de Federico Tinoco (1917-1919) contrajo con el Royal Bank of Canada. El argumento de Taft fue que, a pesar de que Tinoco convino en nombre de Costa Rica el préstamo, este no había sido destinado a un uso legítimo del gobierno[8].

Estos y otros precedentes fueron teorizados en 1927 por el emigrado ruso Alexander Nahum Sack, a la sazón profesor de l’École Libre des Sciences Politiques de París[9], según unas reglas que proponía que debían ser enjuiciadas por un tribunal internacional[10] a fin de evitar arbitrariedades y abusos:

Si un poder despótico contrata una deuda no para favorecer los intereses del Estado sino para fortalecer su régimen despótico, para reprimir a la población que lo combate, esa deuda es odiosa para la población del Estado entero: es una deuda del régimen, deuda personal del poder que la ha contratado, en consecuencia decae con el derrumbe de ese poder […]. Las deudas «odiosas», contratadas y utilizadas para fines que, a sabiendas de los acreedores, son contrarias a los intereses de la nación, no obligan a esta última –en el caso de que llegue a desembarazarse del gobierno que las había contratado– salvo en el límite de las ventajas reales que hubiera podido obtener de esas deudas. Los acreedores han cometido un acto hostil con respecto al pueblo; no pueden entonces esperar que la nación liberada de un poder despótico asuma las deudas «odiosas», que son deudas personales de ese poder.

Aun si un poder despótico fuera destituido por otro, no menos despótico, y que tampoco responda a la voluntad del pueblo, las deudas «odiosas» del poder caído no dejan de ser sus deudas personales de este y no son obligatorias para el nuevo poder.

Se podrían igualmente incluir en esta categoría de deudas los empréstitos contratados con propósitos manifiestamente interesados y personales de los miembros del gobierno o de personas y grupos ligados al gobierno, propósitos que no tienen ninguna relación con los intereses del Estado […].

Cuando el gobierno contrae deudas con el fin de avasallar a la población de una parte de su territorio o de colonizarla con ciudadanos de la nacionalidad dominante, etc., esas deudas son odiosas para la población indígena de esa parte del territorio del Estado deudor[11].

A lo largo de los siglos xix y xx, tan plagados de sediciones internas financiadas y sostenidas por potencias intervencionistas, las Constituciones iberoamericanas no han adoptado una previsión semejante a la de la Enmienda n.o 14 de la Constitución de EEUU.

La hegemonía del capital financiero sobre el Estado

Desde las elecciones de 1977 –las primeras pluralistas celebradas desde febrero de 1936–, los partidos españoles con representación parlamentaria se financian con subvenciones de los presupuestos públicos, con préstamos de entidades financieras privadas cuyos intereses cautelan y con donaciones en gran medida opacas (las cuotas de los afiliados representan un porcentaje irrelevante de su presupuesto). En el año 2006, los principales partidos recibieron 193,1 millones de euros en subvenciones públicas y reconocían acumular, con entidades bancarias, deudas por un total de 155,8 millones[12].

El monto real del endeudamiento de los actuales partidos políticos con bancos que colaboraron con la dictadura es la incógnita indescifrable que denuncian reiteradamente el Tribunal de Cuentas español y el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), organismo del Consejo de Europa que el 15 de mayo de 2009 comunicaba a España «su preocupación en cuanto a la situación de endeudamiento de los partidos políticos y a la posibilidad de que esta situación los haga más vulnerables o dependientes de las instituciones de crédito». Sin embargo, el 1 de abril de 2011 el GRECO constataba que ninguno de los remedios que propuso había sido puesto en práctica[13], al tiempo que los escándalos de corrupción en la financiación de los principales partidos se han sucedido unos a otros (entre ellos, los casos Filesa y Gürtel, protagonizados por el PSOE y el Partido Popular, respectivamente).

Los favores gubernamentales a las entidades financieras exteriorizan la continuada dependencia de los principales grupos políticos. En paralelo, mientras los partidos mayoritarios han bloqueado en el Congreso de Diputados legislar que las formaciones políticas no puedan aceptar o recibir, directa o indirectamente, donaciones de empresas privadas o fundaciones que presten servicios o contraten con las administraciones públicas[14], los bancos condonaban de manera opaca y sin explicación conocida préstamos a los partidos[15] después de que los gobiernos de Felipe González (PSOE) y José María Aznar (Partido Popular) privatizaran la totalidad de la banca de propiedad pública, desguazando también al Estado de este neurálgico instrumento de defensa del interés colectivo. En mayo de 2012 el gobierno de turno imponía a los ciudadanos pechar con 23.500 millones de euros para cubrir la quiebra de la entidad privada Bankia, y un mes después con los 100.000 millones que pedía a la UE para sostener a otros bancos privados. Sin explicar las causas de la quiebra ni quién se beneficiaba de ella, el gobierno se oponía a investigar y exigir responsabilidades a los gestores –nombrados por políticos feudatarios de las entidades financieras– y ningún dirigente sugería alternativa efectiva alguna a la mera socialización de las mayores pérdidas de la historia de la banca privada española.

El sistema establecido a partir de 1977 en España ha adoptado políticas propias del capitalismo financiero: privar al Estado de medios de producción y cambio en áreas estratégicas, y de excedentes que le aporten recursos para sostener inversiones productivas y redistributivas; desindustrialización y deslocalización industrial, explotación del «ejército laboral de reserva» local y planetario, debilitamiento de los sindicatos y de los partidos obreros; reducción de impuestos a las mayores empresas y fortunas individuales, con la consiguiente reducción de ingresos del Estado compensada con endeudamiento; desregulación del movimiento de capitales; incremento de la concentración de los principales medios de producción, financieros e información en empresas privadas que desestabilizan las estructuras políticas y/o socioeconómicas que no controlan.

Un ejemplo de deliberada desfinanciación pública lo ilustran los datos de la administración tributaria: en España, el tipo máximo para el tramo de renta más elevado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) descendió del 65,51% en 1977 al 56% en 1998, y al 43% en 2010; el tipo impositivo efectivo para las rentas superiores a 180.000 euros ha descendido desde el 49,37% en 1993 al 30,8% en 2008 (al 27,4% para las rentas por encima de los 600.000 euros); el impuesto sobre los beneficios de las sociedades, desde el 19,5% en 1995 al 9,9% en 2010. Y el Real Decreto de 30 de marzo de 2012 amnistió incluso a quienes defraudaron a la Hacienda Pública esos porcentajes decrecientes.

Entre 1987 y 2007, el conjunto de los Estados de la OCDE ha mantenido prácticamente constantes los ingresos por impuestos –han pasado de un promedio del 36,3% al 38% del PIB– y se han financiado endeudando al Estado: la deuda pública ha pasado en los mismos años de una media del 55% al 100% del PIB[16].

Si bien en el Tratado de Maastricht (1992) los Estados de la Unión Europea (UE) habían fijado en el 60% del PNB el límite de la deuda pública y en el 3% del PIB el del déficit presupuestario anual que, si se sobrepasaba, desencadenaría la recomendación del Consejo Europeo de reducirlo so pena de sanciones; si bien este límite fue reafirmado en 1997 en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) de coordinación de las políticas fiscales dentro de la Unión Económica y Monetaria (UEM), sin embargo, entre 2000 y 2010, fue sobrepasado 14 veces por Alemania y Francia –contra cuatro veces por España, cuyos dirigentes se abstuvieron de pedir a la UE aplicar a Alemania y Francia las medidas previstas para evitar/contener los desequilibrios fiscales y presupuestarios en el origen del sobreendeudamiento. España lo hubiera podido solicitar entonces sin pérdidas de soberanía a cambio, a diferencia de lo que le ha ocurrido a partir de julio de 2010, durante la recesión económica impuesta desde Alemania después de que –entre 2007 y 2010– la UE y Estados Unidos respondieran a la mayor crisis del sistema capitalista desde 1929 con incrementos notables del endeudamiento público, mientras mantenían los privilegios fiscales del gran capital, con el consiguiente debilitamiento económico del Estado.

Tras la crisis financiera que se desarrolla a partir de 2007 en EEUU y la quiebra del banco Lehman Brothers, un estudio de la Brookings Institution de julio de 2011 mostraba que la deuda neta agregada de las economías capitalistas más desarrolladas[17] se había incrementado desde 18,1 billones de dólares en 2007 (46% del PIB) a 29,5 billones en 2011 (70% del PIB), y calculaba que llegaría a 41,3 billones de dólares en 2016 (80% del PIB). En contraste, la deuda correlativa de las economías «emergentes»[18] para esos mismos años pasaba, en billones de dólares, de 3,8 a 4,9 y 6,7, equivalentes al 28%, 26% y 21% del PIB respectivamente. La disminución en Argentina fue del 67,7% al 40,7% y 31,4% del PIB, y en China del 19,6% al 16,5% y 9,7%, respectivamente.

Mientras, en paralelo, el proceso de creciente concentración de la riqueza ha llevado a que, en EEUU, los 400 individuos más ricos acumulen en 2011 más riqueza que 154 millones de sus conciudadanos (el 50% de la población) y el 1% de la población el 35,6% del total de la riqueza nacional, más que lo que suma el 90% de la población[19]. En 17 de los 22 Estados de la OCDE, la desigualdad económica se ha incrementado entre mediados de la década de 1980 y 2008; en México, EEUU, Grecia, Francia a ritmo mayor que en los restantes, siendo Chile el primero en la escala de desigualdad más extrema[20].

Este proceso ha facilitado que el capital financiero controle tanto a los Estados de la Unión Europea como a EEUU[21], y que especule con la deuda que han acumulado con los bancos que participaron en su endeudamiento. Según el Bank for International Settlements (Banco de Pagos Internacionales), en marzo de 2011 la exposición total de los bancos extranjeros a la deuda de España, Grecia, Irlanda y Portugal era de unos 2,5 billones de dólares, de los que correspondían a Alemania 569.000 millones de dólares; al Reino Unido, 431.000 millones; a Francia, 380.000 millones de dólares. El FMI estimaba, en agosto de 2011, que la banca europea soportaba 200.000 millones de euros (287.000 millones de dólares) de pérdidas latentes en bonos soberanos de Irlanda, Grecia, Portugal, España, Bélgica e Italia[22].

En este proceso, el capital financiero se ha beneficiado, primero, de los réditos del endeudamiento de los Estados y cuando, a partir de 2007, ha emergido el riesgo de impagos, ha exigido que lo asuman los ciudadanos, a lo que han accedido los gobernantes de Estados Unidos y la UE inyectando enormes masas de liquidez de capital público en la banca privada en forma de créditos privilegiados y otras medidas que han aumentado, a su vez, el déficit de los Estados de manera muy considerable.

En 2007-2012 los principales partidos políticos del posfranquismo han aceptado que el Estado asuma las consecuencias de las especulaciones de la banca privada (incluida la inmobiliaria). Lo que ha disminuido los ingresos del Estado –que han pasado desde casi un 3% del PIB de superávit en 2007 a un 8,5% de déficit en 2011–, ha aumentado la tasa de desempleo desde el 8% de 2007 al 27,16% (56,14% entre los jóvenes de 16 a 25 años) del segundo trimestre de 2013, y la deuda de las administraciones públicas (Estado, comunidades autónomas, municipios) desde el 47,9% del PIB en 2007 al 115,32% del PIB, según el Banco de España. Lo que el capital financiero ha aprovechado, a su vez, para especular ampliando el diferencial de la prima de riesgo de la deuda pública española con la del bono alemán, en desmedro de España –debe pagar mayor interés para obtener nuevos préstamos– y provecho de Alemania. La crisis de la periferia de Europa entre 2010 y 2014 ha aportado a Alemania más de 40.000 millones de euros al permitirle pagar un interés menor por su deuda que el presupuestado[23].

Los referidos partidos políticos lo han aceptado sin reservas, dando la espalda a las enseñanzas de la historia, incluso a la premonición del presidente Franklin D. Roosevelt sobre posibles consecuencias de la concentración del poder económico, en su mensaje al Congreso de EEUU de 29 de abril de 1938:

Sucesos infelices en el exterior nos han enseñado dos verdades simples acerca de la libertad de un pueblo democrático. La primera verdad es que la libertad en una democracia no está asegurada si el pueblo tolera el crecimiento del poder privado hasta un punto en que sea más fuerte que el estado democrático mismo. Esto, en esencia, es fascismo –dominio del gobierno por un individuo, grupo u otro poder privado controlante–. La segunda verdad es que la libertad en una democracia no está asegurada si su sistema de negocios no ofrece empleo ni produce y distribuye bienes de manera que sostenga un nivel de vida aceptable.

Consecuencias para los españoles y europeos

El Tribunal Constitucional alemán había recordado en 2009 que la Unión Europea es una estrecha asociación permanente de Estados que permanecen soberanos, y que una federación europea no es posible mientras no la aprueben en referéndum los ciudadanos, quienes siguen siendo los sujetos de la legitimación democrática. Ha reafirmado la inalienabilidad de la soberanía y el «poder constituyente» del pueblo –es decir, su derecho de autodeterminación–, que forma parte integral de la salvaguardia de los principios democráticos y de la identidad constitucional que reconoce a cada ciudadano el derecho a la democracia y soberanía, a pedir el amparo del Tribunal si considera que una resolución de la UE pone en peligro el Estado o los principios de justicia social y bienestar; que la soberanía nacional comprende, como mínimo, las decisiones presupuestarias fundamentales sobre ingresos y gastos públicos, incluidas las relativas a empréstitos[24]. Sin embargo, en 2010-2013 Alemania y Francia han aportado una nueva prueba de que, sin los costos de una intervención militar, la instrumentación del capital financiero pone de rodillas a las instituciones que en el Estado español tienen la misión de salvaguardar la supremacía de la ley, el autogobierno democrático y los instrumentos de desarrollo económico, bienestar y cohesión social de los ciudadanos.

El euro como moneda y el eurosistema no reposan en un poder político federal ni confederal. Las estructuras de la Unión Europea carecen de instrumentos jurídicos y políticos que protejan a sus gobiernos, empresas y ciudadanos de la especulación de redes financieras que desplazan electrónicamente de un país a otro, sin barrera ni restricción alguna, masas de capitales superiores a las que disponen los Estados, ni de la interceptación –masiva, sistemática e indiscriminada– de sus comunicaciones electrónicas por servicios secretos que usan información así obtenida para beneficiar a determinadas empresas[25].

En 2010-2012, bancos privados tenedores de deuda soberana de Grecia, Portugal, España, Italia e Irlanda pidieron que un ente público –el Banco Central Europeo (BCE)– la comprara y asumiera el riesgo de su eventual impago. Entre mayo de 2010 y el 30 de diciembre de 2011, el BCE había adquirido deuda por más de 218.000 millones de euros[26] en contrapartida de «la pérdida de alguna soberanía económica hasta que el equilibrio correcto sea logrado»[27], según expuso el 29 de junio de 2011 el presidente del BCE ante el Parlamento Europeo. El siguiente 1 de septiembre, era el presidente del Bundesbank quien proponía privar de soberanía fiscal a los Estados que tuvieran un déficit presupuestario superior al límite establecido en el Tratado de Maastricht y el PEC[28] –no lo había pedido cuando este era el caso de Francia y Alemania en 2003-2004.

El BCE es una institución de la UE, pero sus decisiones no responden ante ningún organismo representativo de los pueblos europeos, de sus parlamentos o gobiernos. En los hechos, en cada ocasión, ha actuado según interesaba a los principales organismos financieros privados, en desmedro de los ciudadanos y de los recursos públicos. Desde el 9 de diciembre de 2011, el BCE ha estado ofreciendo préstamos en cuantía ilimitada (1,3 billones de euros hasta abril de 2012) al 1% de interés durante tres años a bancos privados, que los prestaban al Reino de España, Italia y otros Estados a un interés hasta un 700% más alto.

Sin embargo, la compra por el BCE a la banca privada de deuda soberana sobrepasa sus competencias legales, según declaraba el presidente federal de Alemania[29] dos semanas después de que el BCE se permitiera enviar instrucciones secretas a los primeros ministros de Italia (Berlusconi, conservador) y España (Rodríguez Zapatero, del PSOE). La filtración el 8 de agosto[30] de la carta dirigida tres días antes al de Italia provocó una tormenta política en los partidos de oposición:

[…] Si no es un programa de gobierno, le falta poco […]. El acuerdo entre las partes era no hacerlo público, pero cuanto más emergen los detalles del mismo, más claro está que hay un límite al secreto que se puede mantener sobre un programa de gobierno. […] Allí están las medida a tomar, está el calendario según el cual se aplicarán, y tampoco faltan los instrumentos legislativos que el BCE pide que adopte el gobierno: los más rápidos y los más eficaces […]. Sobre las desregulaciones en toda la estructura de la economía italiana, se descubre así que la Eurotorre sugiere a Berlusconi que proceda por decreto, para acelerar […]. Parecida urgencia emerge de la carta de Draghi y Trichet sobre el tema de las privatizaciones: se habla de cesiones también por parte de sociedades públicas locales y se pide avanzar lo más rápidamente posible. […] El punto más delicado se refiere al mercado de trabajo, un sector que históricamente ha permanecido fuera de las competencias europeas. Pero esta vez Trichet entra en el tema y lo hace en detalle: menos rigidez en la norma sobre despidos en los contratos por tiempo indefinido, intervención sobre el empleo público, superación del modelo actual basado en la extrema flexibilidad de los jóvenes y precarios y en la total protección de los otros […]. Si Italia no atiende a esta carta, puede olvidarse de la intervención del BCE para sostener los títulos de deuda del Tesoro […].

Esas instrucciones del BCE llegaban al gobierno de Roma[31] cuando la deuda soberana de Italia (el 17% del total de la UE) tenía vencimientos del orden de los 69.000 millones de euros en agosto-septiembre de 2011, de 175.000 millones entre julio y diciembre de 2011, y a fines de 2013 necesitaba refinanciar 500.000 millones de euros.

En España, los sucesivos gobiernos del PSOE y del Partido Popular no han desvelado el contenido de la instrucción del BCE; el PSOE incluso ha mentido el 26 de agosto de 2011 ante el Parlamento negando su existencia. Trascendió, sin embargo, que el BCE, con el acuerdo de los gobiernos conservadores de Francia y Alemania, compraría a los bancos privados deuda pública de España en la medida en que el gobierno y Parlamento españoles aprobaran lo que les pedían el capital financiero internacional y empresarios españoles, a saber: desregular los contratos de trabajo, aumentar los periodos de los contratos de empleo precario, salarios por debajo del mínimo legal, sustituir los convenios colectivos sectoriales por convenios a nivel de empresa, desvincular los salarios de la inflación[32]. Al tiempo que el 23 de agosto el presidente del gobierno (PSOE) ordenaba, sin previo conocimiento del Consejo de Ministros ni de los órganos representativos de su partido, establecer en el artículo 135 de la Constitución la «prioridad absoluta» del pago de la deuda pública por delante de cualquier otro gasto –¿cabe preterición mayor de los restantes deberes del Estado?– y desposeer al Parlamento de la facultad de aprobar un presupuesto con déficit superior al 0,4%, lo que sus parlamentarios cumplieron el siguiente 2 de septiembre con la adhesión entusiasta de los del Partido Popular[33].

Con independencia de su dudosa eficacia económica y de sus negativos efectos sociales, la forma en que se ha llevado a cabo esta primera enmienda de la Constitución de 1978 es un reflejo más de la profundidad de la intervención de la soberanía nacional y popular, y de algunos de sus vectores.

Cuando las principales reservas financieras susceptibles de acudir a la puja de bienes y servicios públicos se encuentran en Asia y la entrada masiva en los países europeos de esos capitales, en gran parte de propiedad estatal, puede entrañar una variación geoestratégica significativa, la España intervenida da la espalda a quienes tratan de aumentar la autonomía de Iberoamérica (sus reservas bordeaban en 2011 los 700.000 millones de dólares). Mientras, Alemania actualiza seculares estrategias hacia Eurasia (en Rusia encuentra las energías fósiles más próximas[34]; en 2011, la mitad de lo que importa China de la UE viene de Alemania, contra el 39% en 2000), Gran Bretaña mantiene su vinculación preferente con EEUU y su desconfianza hacia la posible entente euroasiática en torno a Alemania y Rusia, cuyo estereotipo resumía el editorialista del conservador Daily Telegraph el 7 de julio de 2011:

Es importante detenerse a considerar las consecuencias de la unión fiscal europea. Primero, significará la destrucción económica de la mayoría de los países del sur de Europa. Realmente, este proceso ya ha avanzado mucho. Gracias a su pertenencia a la Eurozona, países periféricos como Grecia y Portugal –y en magnitud creciente España e Italia– han sufrido un proceso de desindustrialización forzada. Su soberanía económica ha sido borrada; enfrentan un futuro de Estados vasallos, cuyo rol se reduce al disfrutado por las colonias de Europa en el siglo xix y principios del siglo xx. Proveerán de mano de obra barata, materias primas, productos agrícolas y un mercado preparado para recibir los bienes manufacturados y servicios de los mucho más productivos y eficientes europeos del Norte. Sus líderes políticos, como el infortunado Yorgos Papandreu de Grecia, perderán toda legitimidad política, convirtiéndose en representantes locales de poderes distantes, que están obligados a instrumentar programas económicos de otras partes, a cambio de subvenciones financieras masivas[35].

Desde 1895, el Reino Unido se ha apoyado en EEUU frente al sistema europeo que ha tratado de construir el II Imperio alemán entre 1871 y 1918 y el III Imperio a partir de 1933 –épocas en que las potencias occidentales tenían intervenida la mayor parte de Asia y los Estados Unidos no estaban hiperendeudados, a diferencia de hoy–. Después de que la República Federal Alemana ha obtenido en la Unión Europea ventajas económicas y políticas que les han facilitado absorber a la República Democrática Alemana, abrir nuevos mercados, aumentar el superávit de sus exportaciones y el déficit de las de otros Estados, que Alemania asuma la «estabilización» de Europa y su articulación con Eurasia es más congruente con las concepciones geoestratégicas de Karl Haushoffer que con las que dieron origen a la OTAN.

El trazo de ciertas líneas es evidente. En la reunión bilateral del 16 de agosto de 2011, la canciller alemana Merkel y el presidente francés Sarkozy, por sí y ante sí, al margen de las instancias de la UE, se constituyeron en directorio de facto y proclamaron que España debería ceder lo que le restaba de soberanía presupuestaria y fiscal antes de que la UE aceptara su ruego de ayuda del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y del BCE[36]. En otras palabras, a diferencia de lo que durante el Zollverein hizo Prusia –asumir los costos necesarios durante décadas, hasta lograr que la unión aduanera se transformara en unidad política bajo su autoridad–, en 2011 Alemania mantenía para sí los beneficios de la UE al tiempo que desplazaba sobre otros Estados el costo de asegurar mercados abiertos, la continuidad del flujo de capitales, un prestamista de último recurso, la estabilidad de tipos de cambio y la coordinación de las funciones macroeconómicas.

El siguiente 28 de octubre de 2011, el primer ministro Yorgos Papandreu, líder del partido socialdemócrata PASOK, pedía al parlamento griego un voto de confianza al tiempo que anunciaba un inminente referéndum sobre las condiciones del plan de ajuste que le había impuesto la víspera la Unión Europea; el 29 de octubre, en medio de rumores de golpe de Estado, reemplazaba a la cúpula militar; el 1 de noviembre, el Consejo de Ministros respaldaba por unanimidad convocar el referéndum y tres días después el Parlamento le confirmaba su confianza. Sin embargo, tras el ultimátum de 2 de noviembre de la canciller de Alemania, del presidente Sarkozy y de la presidencia de la Unión Europea de no entregar a Grecia el préstamo de 8.000 millones de euros comprometido en septiembre de 2011 para evitar la suspensión de pagos, el 6 de noviembre el proyecto de referéndum había sido abandonado, Papandreu había dimitido, su partido aprobaba ejecutar el «plan de ajuste» de la UE e integrarse en un gobierno de coalición con el partido conservador y la extrema derecha presidido por Lucas Papademos, miembro de la Comisión Trilateral y exvicepresidente del BCE. El siguiente 12 de noviembre también era forzado a dimitir el primer ministro conservador de Italia, y el presidente italiano designaba senador vitalicio a Mario Monti (expresidente de la Comisión Trilateral para Europa y consejero de Goldman Sachs y Coca-Cola), para, sin convocar elecciones, confiarle encabezar un gobierno de «técnicos» apoyado por Alemania, Francia y EEUU[37].

A diferencia de la pequeña Islandia, la UE ha mostrado carecer de instrumentos operativos frente a diktats y políticas poco compatibles con democracia representativa y eficacia económica. El euro ha adquirido así una cara nueva; ha emergido, por un lado, como un elemento de crisis creciente –si no de ruina– para pueblos que en el siglo xx estuvieron sometidos mediante dictaduras fascistas como Italia, España, Portugal o Grecia; de pérdida de fortaleza democrática y poder adquisitivo, de restricciones y deflación sin límite previsible (algo económicamente irracional con una moneda sobrevaluada y más del 56% de los jóvenes en paro en España); de empobrecimiento social y cultural para la mayoría de la población (mayor cuanta más soberanía ceden sus dirigentes); y, por otro lado, como un lastre para Alemania –cuando está recuperando su soberanía y considera que la fiscal le es tan inalienable como para Francia la suya sobre la force de frappe atómica; ¿cabe acaso que los ciudadanos alemanes acepten ceder la primera antes que Francia la segunda?

Los centros del capital financiero han hecho su lectura de este proceso y sus especulaciones medran anticipando la explosión del sistema en torno del euro y la quiebra de algunos Estados. Han creado una dinámica que en Alemania algunos piensan que abre la oportunidad de modificar los tratados en orden a institucionalizar mayor subordinación de los pueblos, en los términos propuestos el 14 de noviembre de 2011 por la canciller Merkel al congreso de su partido democristiano: una «nueva Europa» donde los Estados transferirían competencias presupuestarias y fiscales a la Zona Euro, un presidente permanente sería elegido por sufragio universal y en cuyo Banco Central el voto, hasta hora igual, sería reemplazado por otro ponderado según el volumen de la economía de cada Estado[38]. Es decir, una UE que bajo la hegemonía del país con más población y recursos económicos[39] bloquea la libertad de los ciudadanos de cambiar su sistema socioeconómico y/o político. Una variante de este proceso ha sido explicitada en el documento de trabajo del gobierno alemán publicado el 21 de noviembre de 2011 en el Daily Telegraph[40], concretada en la carta del 7 de diciembre de 2011 de la canciller alemana y el presidente francés al de la Unión Europea[41], y en la propuesta alemana al Consejo Europeo en enero de 2012 de nombrar un «comisario» para controlar el presupuesto nacional griego y asignar sus ingresos fiscales a reembolsar la deuda externa con prioridad […][42].

Nadie en el establishment posfranquista se ha opuesto a que el Reino de España sea absorbido en esa «nueva Europa» y desposeído, también, de la decisión última en materia presupuestaria, fiscal y financiera. El propio presidente del gobierno el 6 de junio de 2012 ofrecía por escrito a los presidentes de la Unión Europea y del Consejo Europeo:

[…] mayor cesión de soberanía, en particular en los ámbitos fiscal y económico; crear una autoridad fiscal en Europa que oriente la política fiscal en la Zona Euro, armonice las políticas fiscales de los Estados miembros, permita un control de las finanzas centralizado, ser gestora de su deuda; la supervisión comunitaria del sistema bancario y de un fondo de garantía de depósitos común; una «Unión fiscal y bancaria»[43].

Ello a pesar de las previsibles consecuencias socioeconómicas negativas de enajenar los instrumentos financieros, fiscales y presupuestarios a organismos sobre los que no existe control democrático, aumentando el desguace de los instrumentos del Estado y la consiguiente legitimación de su desintegración territorial.

Tampoco se conoce de responsable alguno que en España haya propuesto alianzas –dentro y fuera de la UE– en defensa de intereses específicos de los ciudadanos no subordinados necesariamente a los de Alemania y/o EEUU. Tras el pronunciamiento militar contra la I República española en 1874, las políticas internas, la integridad territorial de la monarquía restaurada quedaron en parte en manos de Alemania[44]; también las de la dictadura fascista y la monarquía instauradas tras la intervención alemana contra la II República[45]. La envergadura de la desconfianza en la capacidad de las estructuras político-económicas y sus dirigentes parecía llevar a la mayoría de españoles a aceptar, en diciembre de 2011, que su economía fuera directamente dirigida desde fuera de España[46], sin advertir que este era uno de los fines del gobierno alemán publicitado un mes antes, ni tampoco las consecuencias que de ello derivan.

Estos hechos reafirman la precariedad de los valores democráticos si no cuentan con voluntad y medios de defensa frente a quienes los consideran prescindibles. Desde 2007, la crisis del capitalismo financiero está aplicando en España y otros Estados europeos recetas experimentadas antes en América Latina que analizan Alfredo Eric Calcagno y Alfredo Fernando Calcagno: los bancos procuran extraer la mayor ganancia posible de países a cuyo endeudamiento han contribuido; «capitalizar» la deuda cuando no pueden pagarla, es decir, que el capital recupere parte de sus créditos quedándose con empresas y otros bienes que previamente han depreciado. Pero se niegan a aceptar este criterio «de mercado» cuando son los Estados quienes compran sus propias deudas depreciadas. La meta no es mantener o lograr mayor igualdad social, industrialización o autonomía para decidir el presente y futuro de los ciudadanos, sino aplicar directrices del capital especulativo sobre el equilibrio fiscal –excepto cuando los bancos privados piden financiarse con el déficit fiscal– como medio para privatizar empresas de servicios básicos, disminuir la participación de los asalariados y ciudadanos en la renta nacional, reducir a su mínima expresión la capacidad del Estado para intervenir en el sistema económico y, en consecuencia, su capacidad de defender los intereses generales de su población.

Los pueblos iberoamericanos de uno y otro hemisferio ni se han resignado en otras coyunturas ni se resignarán a sufrir las perversas consecuencias del juego de las potencias y del capital especulativo. En España pondrán en cuestión los pilares de las estructuras socioeconómicas, políticas y concepciones geoestratégicas que se suceden sin solución desde 1939 hasta hoy, construirán otras en las que participen de forma activa los ciudadanos y los trabajadores, con mayor igualdad social, vigencia efectiva de los valores democráticos y ecológicos, inversiones productivas en innovación y formación, articuladas con la realidad internacional que se aleja de los supuestos de la Guerra Fría sobre los que se construyeron, a partir de 1947, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), la Organización de Estados Americanos (OEA), la OTAN y la Unión Europea. Que no aceptarán, en suma, las seculares concepciones estratégicas teorizadas por Halford Mackinder que, en 1997, Brzezinski actualizaba así:

En pocas palabras, la geoestrategia euroasiática de los Estados Unidos debe incluir un control resuelto de los Estados dinámicos desde el punto de vista geoestratégico […] Para usar una terminología propia de la era más brutal de los antiguos imperios, los tres grandes imperativos de la geoestrategia imperial son los de impedir confabulaciones entre los vasallos y mantener su dependencia en términos de seguridad, mantener a los tributarios obedientes y protegidos e impedir la unión de los bárbaros[47].

Esos denominados «bárbaros» incluyen a Rusia, India y China[48], y, en el altar de la preservación de tales imperativos, los actuales discípulos de Mackinder sacrifican los intereses y derechos de «vasallos» y «tributarios» –entre los que sitúan a los iberoamericanos y a las instituciones democráticas que les son disfuncionales–. Constatar las manifestaciones de este proceso en la Europa de hoy día, como hace Habermas[49], no basta. Concebir y crear medios legítimos de autodefensa requiere tomar conciencia de las causas de las interacciones, de sus medios, fines y consecuencias, humanas y ecológicas.

En ese sentido, el documentado estudio de Alfredo Eric Calcagno y Alfredo Fernando Calcagno es una valiosa contribución al conocimiento de las especulaciones del capitalismo financiero en el conjunto de los países iberoamericanos –España y Portugal incluidos–, de la necesidad de evitarlas o de hacerles frente, y de las respuestas que articulan los pueblos que no se resignan a sufrir sus efectos perversos para la civilización, la sociedad y el ecosistema.

[1] A. Smith, An Inquire into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1776, Libro V, cap. I, partes I a III: «Of the Revenues of the Sovereign or Commonwealth».

[2] El 18 de junio de 1898, el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania informaba a su embajador en Francia sobre «medios de presión, comercial u otros, que permitan poner las finanzas de Portugal bajo control internacional». El siguiente 8 de junio, el ministro alemán enumeraba a su embajador en Londres los territorios que Alemania quería para sí en África occidental y oriental, Asia y el Pacífico, entre ellos los de España en Filipinas, las islas Carolinas y una base naval en Canarias. El 8 de agosto siguiente, el embajador en el Reino Unido escribía al gobierno alemán que «en las presentes circunstancias, no es imposible que Francia haga un intento –muy poco apreciado aquí– de establecer un acuerdo con España, similar al que estamos intentando con Portugal, respecto de Ceuta y la costa mora». Fuente: German Diplomatic Documents, 1871-1914, edición de E. T. S. Dugdale, vol. III, The Growing Antagonism, 1898-1910, Nueva York, Harper & Brothers, 1930, pp. 27-41.

[3] W. B. English, «Understanding the Costs of Sovereign Default: American State Debts in the 1840s»,The American Economic Review 86 (1996), pp. 259-275.

[4] B. Moore, International Arbitrations, vol. III, p. 2918.

[5] Al interpretar esta enmienda, la Corte Suprema consideró inválidas las deudas que ayudaron a la rebelión y mantuvo las destinadas a mantener funciones civiles y pacíficas de la administración (74 US 700, 725 [1868]; 97 US 454 [1878]).

[6] B. U. Ratchford, American State Debts, Durham, Duke University Press, 1941. La Corte Suprema de EEUU anuló algunas de estas repudiaciones.

[7]A Treaty of Peace Between the United States and Spain, S. Treaty Doc. n.o 62, 1899, p. 50 (Annex to Protocol n.o 5).

[8] «Arbitration between Great Britain and Costa Rica», American Journal of International Law, vol. 18, n.o 1 (enero de 1924), p. 168.

[9] Escuela nacionalizada en 1945 bajo el nombre de Fondation Nationale des Sciences Politiques (Sciences-Po).

[10] En 2003, Joseph Stiglitz proponía que los contenciosos sobre deuda ilegítima fueran resueltos por un tribunal internacional según criterios jurídicos establecidos por la ONU, en «Odious Rulers, Odious Debts»,The Atlantic Monthly, noviembre de 2003.

[11] A. N. Sack, Les effets des transformations des États sur leurs dettes publiques et autres obligations financières: traité juridique et financier, París, Recueil Sirey, 1927, pp. 157-158.

[12] Fuente: Tribunal de Cuentas, Informe de fiscalización de los estados contables del ejercicio 2007 de los Partidos Políticos con representación parlamentaria en las Cortes Generales o en las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, Madrid, 2012. La deuda en millones de euros con entidades financieras era, en el caso del PSOE + PSC, 70,2; del Partido Popular, 59,3; de Convergència i Unió (CDC + UDC), 30,7; de Izquierda Unida + ICV, 25,6; del Partido Nacionalista Vasco, 17,1.

[13] Consejo de Europa: Grupo de Estados contra la corrupción (GRECO), Informe sobre «la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos», de 1 de abril de 2011 (GRECO RC-III [2011] 5F, puntos 53 a 63).

[14] «La financiación de los partidos políticos. El control de las donaciones, bloqueado en el Congreso», El País, 25 de abril de 2011.

[15] Ll. Pérez Francesch, «La financiación de los partidos políticos en España. Consideraciones a partir de los informes del Tribunal de Cuentas y de la nueva Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio»,Papers, Revista de Sociologia 92 (2009), pp. 249-271.

[16] Fuente: OCDE, según datos recogidos el 24 de agosto de 2011.

[17] El estudio, elaborado a partir de datos y estimaciones del Fondo Monetario Internacional, la Organización Internacional del Trabajo y de tipos de cambio constantes (según su promedio entre el 14 de abril y el 12 de mayo de 2011), agrupa los datos de Australia, Austria, Bélgica, Canadá, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea del Sur, Países Bajos, Nueva Zelanda, Portugal, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y los Estados Unidos.

[18] Este estudio considera «emergentes» las economías de Argentina, Brasil, Bulgaria, Chile, China, Colombia, Hungría, India, Indonesia, Jordania, Kazajistán, Kenia, Letonia, Lituania, Malasia, México, Marruecos, Nigeria, Pakistán, Perú, Filipinas, Polonia, Rumanía, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Tailandia, Turquía y Ucrania. Se olvida a menudo que, durante los milenios que preceden a la segunda mitad del siglo xviii, China era la economía más importante del mundo.

[19] Datos elaborados por el Working Group on Extreme Inequality; fuente: Th. Piketty y E. Saez, «Income Inequality in the United States, 1913-1998», Quarterly Journal of Economics 118, 1 (2003), actualizado en 2008 en http://emlab.berkeley.edu/users/saez.

[20]Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising, estudio publicado por la OCDE en diciembre de 2011, http://www.oecd.org/document/51/0,3746, en_21571361_44315115_49147827_1_1_1_1,00.html.

[21] En el ámbito mundial, la Unión Europea y EEUU sumaban en 2010, respectivamente, el 17% y 12% del comercio, el 50% y 20% de la ayuda al exterior (según las bases de datos del Banco Mundial), y el 21% y 43% del gasto militar (según el SIPRI Yearbook de 2011).

[22] «IMF and eurozone clash over estimates», Financial Times, 31 de agosto de 2011.

[23] Respuesta del Ministerio de Hacienda alemán a una pregunta en el Bundestag, que cifraba en 599 millones de euros el costo para Alemania de la crisis del euro, Der Spiegel, 19 de agosto de 2013.

[24]Bundesverfassungsgericht, Caso 2 BvE 2/08 et al., Sentencia de 30 de junio de 2009 del Tribunal Constitucional de Alemania sobre la interpretación y aplicación del Tratado de Lisboa de la Unión Europea de 2007, §§. 178 y ss., 181 y ss., 229, 249, 252, 256-260.

[25] «U.S. Agencies Said to Swap Data With Thousands of Firms», por M. Riley, publicado el 15 de junio de 2013 en Bloomberg.com; What’s Wrong With Fusion Centers?, publicado en diciembre de 2007 por M. German, Policy Counsel for National Security, ACLU Washington Legislative Office, y J. Stanley, Public Education Director, ACLU Technology and Liberty Program; «Corporate America Fights Back Against (Chinese) Hackers», por R. Newman, publicado en The Exchange el 17 de junio de 2013.

[26] Un estudio de Barclays Bank estimaba el 6 de enero de 2012 que de esta suma corresponde a deuda de Italia el 43%, de España el 22%, de Grecia el 17%, de Portugal el 10%, de Irlanda el 9%; en «Barclays Estimates ECB Losses on Bond Purchases at €30 Billion, or Nearly Half of Eurosystem Capital».

[27] Véase el artículo de B. Maguire, «Trichet Advocates A New European Confederation», accesible en http://www.europeanbusinessexpress.com/EBX2/News/2011/06/Trichet_Brussels_30062011.html.

[28]«German bank chief wants “real fiscal eurozone union”»,AFP, 1 de septiembre de 2011.

[29] Exposición de Christian Wulff (democristiano) el 24 de agosto de 2011 ante un grupo de premios Nobel de economía, El País, 25 de agosto de 2011.

[30] F. Fubini: «Ecco la lettera di Trichet e Draghi Cessioni, liberalizzazioni e lavoro. Le condizioni di Francoforte per l’intervento sui titoli italiani»,Il Corriere della Sera, 11 de agosto de 2011.

[31] El texto íntegro de la carta del 5 de agosto de 2011 del presidente y vicepresidente del BCE al primer ministro Silvio Berlusconi ha sido desvelado el 29-09-2011 por Il Corriere della Sera.

[32] E. Ekaizer, «La carta robada. El apoyo del BCE a España no es gratis», Público, 25 de agosto de 2011; «Carta boca arriba. Rajoy aplica la hoja de ruta de la misiva de Trichet a Zapatero»,Público, 2 de diciembre 2011; Indecentes. Crónica de un atraco perfecto, Madrid, Espasa, 2012, pp. 125-131.

[33] Votaron en contra los parlamentarios de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds (2 diputados), Unión Progreso y Democracia (1), los nacionalistas catalanes –Convergència i Unió (10), Esquerra Republicana de Catalunya (3)–; Partido Nacionalista Vasco (6), Nafarroa Bai (1), Bloque Nacionalista Galego (2) y Coalición Canaria (2). No votaron 4 de los 258 parlamentarios del PSOE.

[34] El 25 de noviembre de 2010, el primer ministro ruso escribía en el Süddeutsche Zeitung que Rusia podría un día convenir con la UE «una zona de libre cambio o incluso formas más avanzadas de integración […] un mercado continental unificado […] que impulsara una nueva ola industrializadora en el continente europeo».

[35] «The euro crisis will give Germany the empire it’s always dreamed of», por Peter Oborne, editorialista principal del conservador Daily Telegraph, 21 de julio de 2011.

[36] Entre agosto y el 4 de noviembre de 2011, el BCE había adquirido en el mercado secundario bonos soberanos por 183.000 millones de euros.

[37] B. Obama: «I cambiamenti nei governi greco e italiano sono positivi. I nuovi governi in Italia e in Grecia attueranno le riforme necessarie», declaración del 12 de noviembre de 2011 reproducida en Il Corriere della Sera el mismo día.

[38]Financial Times de 14 de noviembre de 2011: «Merkel urges stronger union to back euro».

[39] Según Der Spiegel de 18 de noviembre de 2011, a principios de 2011 «el ministro de Hacienda alemán Wolfgang Schäuble hizo un aparte con la canciller y le explicó que la crisis del euro no podía ser resuelta con políticas improvisadas. Le dijo a la canciller que estaba a favor de usar la crisis para avanzar la unidad política de Europa», en «German Referendum on Europe? Merkel Eyes Constitution Revamp to Boost EU Powers».

[40]Zur Zukunft der EU: Erforderliche integrationspolitische Fortschritte zur Schaffung einer Stabilitätsunion («El futuro de la UE: medidas necesarias de integración para progresar en establecer una unión estable»).

[41] «La Lettre de Sarkozy et Merkel à Van Rompuy»,Le Monde, 7 de diciembre de 2011.

[42] «Germany’s Power “Is Causing Fear” in Europe»,Der Spiegel, 2 de febrero de 2012.

[43] Mariano Rajoy hizo pública esta carta en la sesión del Congreso de los Diputados de 13 de junio de 2012.

[44] I. Schulze, «Bismarck […] pretende fortalecer la monarquía española con el fin de prestar apoyo al principio dinástico […] y, al mismo tiempo, favorecer su política de alianzas europeas. […] El interés de Bismarck por España ha estado siempre marcado por dos causas, por un lado la defensa de la monarquía como forma de Estado […] y, por otro, como apoyo contra Francia», en «La diplomacia personal de Alfonso XII: una proyectada alianza con el Imperio alemán», Boletín de la Real Academia de la Historia CLXXXII (sept.-dic. de 1985), pp. 486, 501; J. Salom Costa, España en la Europa de Bismarck. La política exterior de Cánovas (1871-1888), Madrid, CSIC, 1967.

[45] R. H. Whealey, Hitler and Spain: the Nazi role in the Spanish Civil War, 1936-1939, Lexington, University Press of Kentucky, 1989.

[46] Según la encuesta que publicaba El País el 18 de diciembre de 2011, hasta el 74% de los españoles respalda una «cesión de soberanía a Europa para salir de la crisis».

[47] Z. Brzezinski, The Grand Chessboard, Basic Books, 1997, p. 40 [ed. cast.: El gran tablero mundial, Barcelona, Paidós, 1998, p. 48].

[48] Según el «Defense Strategic Guidance Briefing from the Pentagon» del secretario de Defensa de 5 de enero de 2012, el ejército de EEUU va a «concentrar su presencia, su poder de proyección y disuasión en Asia-Pacífico».

[49] J. Habermas, Zur Verfassung Europas, Berlín, Suhrkamp, 2011 [ed. cast.: La constitución de Europa, Madrid, Trotta, 2012], un ensayo sobre la destrucción de la democracia en la Unión Europea por las políticas del gobierno democristiano-liberal de la canciller Merkel.

Nota Preliminar

Por qué escribimos este libro

La gravedad de la crisis económica y financiera que afecta a varios países europeos obliga a revisar los fundamentos teóricos de las políticas que se proyectan y adoptan. Cuando solo arruinaban a los países subdesarrollados, era una situación que en los países desarrollados se explicaba por el atraso «todoterreno» que sufrían, y no hacían falta justificaciones doctrinarias; era, por ejemplo, la barbarie latinoamericana frente a la civilización. Pero ahora las dificultades afectan a países desarrollados, en los que fracasa la aplicación de la doctrina neoliberal; entonces el establishment económico y político critica aspectos secundarios y sigue ignorando el fondo del problema; o carga la responsabilidad en agentes económicos que no la tienen, y al mismo tiempo esconden a los verdaderos culpables. Es necesario entonces averiguar las causas que provocan esos efectos desastrosos.

Ya es un lugar común la frase que afirma que «nada hay más práctico que una buena teoría»[1], que podría completarse con la afirmación recíproca de que nada hay más devastador que una mala teoría que quiera llevarse a la práctica. Para comprobarlo, basta con observar –y mejor aún, cuantificar– los efectos que tuvieron las políticas impuestas a los países deudores durante el imperio del Consenso de Washington, sobre todo por la acción del Fondo Monetario Internacional (FMI). Lo corrobora la penosa –y a veces trágica– historia de varios países latinoamericanos durante el periodo neoliberal que comenzó a mediados de la década de 1970.

La necesidad de plantear un esquema alternativo al «pensamiento único» dominante nos impulsó a publicar en Buenos Aires, en 1995, un libro de refutación de las tesis neoliberales, con el título de El universo neoliberal. Recuento de sus lugares comunes, reeditado en 2006. En él describimos y refutamos –a nuestro juicio con éxito– 19 eslóganes neoliberales. En la consideración de cada uno intentamos tratar el fondo del tema con el mayor rigor técnico posible; y, al mismo tiempo, en el relato procuramos darle un ritmo entretenido (en literatura, nada es peor que un libro aburrido).

Hasta el decenio de 1970, los liberales latinoamericanos se contentaban con gobernar cada vez que podían y no pretendían tener razón, ni representar a todos, ni ser una avanzada del futuro. En varios países, la situación se agravó con los gobiernos militares, que imponían los análisis y consignas neoliberales mediante la represión a los contestatarios. Además, esas tesis eran repetidas de modo constante por los medios masivos de comunicación, las cátedras universitarias y los estudios académicos; se seguían así, con comodidad, las consignas del liberalismo predominante a escala internacional, que era liderado por los gobiernos de la señora Thatcher y el señor Reagan. Se presentaban como «serios» únicamente los estudios y conclusiones neoliberales, sobre todo los que venían envueltos en formulaciones matemáticas (aunque no se examinaran los supuestos); con ese enfoque, los planteos disidentes aparecían como expresiones políticas desprovistas de rigor científico. De tal modo, se invertía la tendencia hacia un mayor crecimiento económico con justicia social, que había predominado en las mejores épocas del pensamiento económico y social latinoamericano.

Esta situación obligaba a examinar de nuevo ciertas creencias que se presentaban como indiscutibles y que fundamentaban la existencia de naciones dependientes y ordenamientos sociales injustos. Si solamente se tratara de una discusión teórica, no sería tan preocupante que se exhibiera al pensamiento neoliberal como el «moderno» y «realista»; y a sus propuestas, como inevitables, ya sea porque se crea en ellas o porque se las exhiba como las únicas viables. Pero ahora lo que está en juego es la orientación política y económica fundamental, de la que resultará el tipo de países que tendremos en los decenios que vendrán.

Los eslóganes neoliberales

Cuando en 1995 publicamos la refutación de 19 eslóganes neoliberales, nuestra opinión era aplastantemente minoritaria. Éramos muy pocos los que opinábamos así. En general, en la Argentina, tanto los gobiernos de la época como los partidos políticos y los medios de comunicación dominantes apoyaban con entusiasmo al modelo neoliberal. Se nos acusaba de ser poco serios, de estar en el pasado, de infundir política donde ellos ponían economía. Así aplicaron ese esquema desde 1976.

En América Latina –y en particular en la Argentina–, comenzaron con una brutal represión que cometió crímenes de lesa humanidad, que torturó e hizo desaparecer a decenas de miles de personas; de tal modo, fue posible la implantación de una versión salvaje del Consenso de Washington. Así, se enajenaron las empresas públicas, se desindustrializó a los países (era más barato importar que producir), se generó desocupación y, durante todo el ciclo, se llevó la deuda externa a niveles exorbitantes; por ejemplo, en la Argentina la relación entre la deuda externa y el Producto Interior Bruto (PIB) era del 3,7% en 1975 y del 166% en 2002.

Claro que ahora, después de la catástrofe, resulta que nadie estaba de acuerdo con la política económica neoliberal: ni los economistas del establishment, ni las calificadoras de riesgos, ni el FMI (cuyo máximo organismo de dirección que es la Junta de Gobernadores, en su reunión de 1998, presentó a la Argentina como el modelo a seguir), ni los medios de comunicación. No hubo una sola autocrítica, y los neoliberales siguen opinando como si no hubiera pasado nada, o ellos fueran ajenos, o no se hubieran enterado. Por suerte, en la mayoría de los países latinoamericanos ya no tienen el gobierno, aunque conserven gran parte del poder económico y dominen los medios de comunicación.

En esta edición española de El universo neoliberal tratamos de refutar los principios teóricos que fundamentaron el neoliberalismo salvaje que sufrió América Latina –y en especial la Argentina– durante el decenio de 1990; y agregamos una introducción que describe la crisis actual y un epílogo que muestra la forma en que la Argentina superó la crisis. Alfredo Eric Calcagno y Alfredo Fernando Calcagno asumimos la autoría del libro. El doctor Joan E. Garcés nos hizo el honor de redactar el prefacio a la edición española; y Eric Calcagno escribió el epílogo, que relata cómo salió la Argentina de la crisis.