Elogio de la Transición E-Book

Antonio Papell Cervera

• Herausgeber: Ediciones Akal
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Serie: Investigación
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 241

Veröffentlichungsjahr: 2016

Beschreibung

El cambio del sistema representativo en España, que se ha hecho visible con el surgimiento de los nuevos partidos y ha culminado en las elecciones del 20 de diciembre de 2015 que han supuesto el final del bipartidismo imperfecto, ha lanzado el debate sobre la calidad y los orígenes del régimen democrático, que fue fruto del proceso de transición que la sociedad española impulsó a la muerte del dictador y que desembocó en la Constitución de 1978. Fue, sin duda, un proceso complejo en el que confluyeron intereses y anhelos diversos. La vocación democrática de grupos que habían sido de oposición a la dictadura, el deseo de sectores más o menos neutros que se politizaron al atisbarse la llegada de las libertades, el instinto de supervivencia de elementos franquistas que vieron la posibilidad de adaptarse a la nueva realidad y de seguir medrando... se apiñaron en torno a una inercia ciudadana de convivencia pacífica, reconciliación y ambición de futuro que desembocó en un consenso fundacional que se plasmó en la Carta Magna. En todo esto, junto a algunas personalidades concretas, desempeñó un papel decisivo la potente presión social de fondo, sin la cual el surgimiento del nuevo régimen hubiera resultado mucho más difícil. Sobre aquellas bases, España ha recorrido un trayecto de casi cuatro décadas de importante desarrollo material e intelectual. Hoy, nuestra Constitución, que requiere cambios con urgencia para resolver evidentes anacronismos causados por el paso del tiempo, sigue siendo el fundamento de un régimen político y de un sistema de convivencia eficaces. Y aunque se invoque con razón la puesta al día del gran marco institucional, ello no significa que la ley fundamental haya perdido vigencia, prestancia o legitimidad. La Constitución admite críticas, faltaría más, pero no hay que dejarse engañar por descalificaciones a veces en exceso globales.

Leseprobe

Foca / Investigación / 149

Antonio Papell

Elogio de la transición

El cambio del sistema representativo en España, que se ha hecho visible con el surgimiento de los nuevos partidos y ha culminado en las elecciones del 20 de diciembre de 2015 que han supuesto el final del bipartidismo imperfecto, ha lanzado el debate sobre la calidad y los orígenes del régimen democrático, que fue fruto del proceso de transición que la sociedad española impulsó a la muerte del dictador y que desembocó en la Constitución de 1978.

Fue, sin duda, un proceso complejo en el que confluyeron intereses y anhelos diversos. La genuina vocación democrática de grupos que habían sido de oposición a la dictadura, el deseo vehemente de sectores más o menos neutros que se politizaron al atisbarse la llegada de las libertades, el instinto de supervivencia de elementos franquistas que vieron la posibilidad de adaptarse a la nueva realidad y de seguir medrando… se apiñaron en torno a una inercia ciudadana de fraternidad, convivencia pacífica, reconciliación y ambición de futuro que desembocó en un consenso fundacional que se plasmó en la Carta Magna. En todo esto, junto a algunas personalidades concretas, desempeñó un papel decisivo la potente presión social de fondo, sin la cual el surgimiento del nuevo régimen hubiera resultado mucho más difícil. Sobre aquellas bases, España ha recorrido un trayecto de casi cuatro décadas de importante desarrollo material e intelectual.

Hoy, nuestra Constitución, que requiere cambios con urgencia para resolver evidentes anacronismos causados por el paso del tiempo, sigue siendo el fundamento de un régimen político y de un sistema de convivencia eficaces. Y aunque se invoque con razón la puesta al día del gran marco institucional, ello no significa que la ley fundamental haya perdido vigencia, prestancia o legitimidad. La Constitución admite críticas, faltaría más, pero no hay que dejarse engañar por descalificaciones a veces en exceso globales.

Antonio Papell, nacido en Palma de Mallorca de familia ampurdanesa, es ingeniero de Caminos, Canales y Puer­tos, y periodista. Fue editorialista de Diario 16 (con Pedro J. Ramírez) y de La Vanguardia (con Horacio Sáenz Guerrero), director adjunto de Ya tras la adquisición del rotativo por el Grupo Correo (ahora Vocento), y es desde los años ochenta editorialista y articulista político de este grupo de comunicación. En él, fue también director adjunto de la desaparecida revista de pensamiento El Noticiero de las Ideas.

Mantiene una columna diaria en Colpisa desde hace décadas, fue colaborador de El Economista y ha publicado artículos en muchos periódicos –de El País al extinto Diario de Barcelona–, habiendo recibido diversos premios profesionales. Es director de la Revista de Obras Públicas, presidente del consejo editorial de Web Financial Group Media y director de Analytiks.

Participa o ha participado en tertulias políticas en CNN+, Cuatro, Telecinco, TVE24H, La Sexta, TV Autonómica de Cas­tilla-La Mancha, ABC o Punto Radio.

Entre sus últimos libros cabe mencionar Zapatero 2004-2008. La legislatura de la crispación (2008) y El futuro de la socialdemocracia (2012), ambos publicados en Foca, además de varias novelas, como El sol sobre la nieve (VIII Premio de Novela Corta de la Diputación de Córdoba).

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RAG

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© Antonio Papel, 2016

© Ediciones Akal, S. A., 2016

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ISBN: 978-84-16842-04-9

CAPÍTULO I

La epopeya de la Transición

La Transición española es la única empresa colectiva que ha unido de forma racional y consciente a un sector abrumadoramente mayoritario de españoles en los últimos siglos. No se ha tratado de una gesta épica, de esas que jalonan el curso de la historia con raptos de heroísmo, sino de un afán patriótico racionalista –en el sentido que da Jürgen Habermas al patriotismo constitucional– que nos ha prestado la capacidad de superar las consecuencias de una cruenta confrontación civil, desenlace de una larga patología política que arranca a comienzos del xix, mediante un esfuerzo de razón y de voluntad basado en la reconciliación consciente entre facciones de españoles y en la edificación de un régimen democrático, capaz de acoger a todos y de conducirnos a un estadio convivencial avanzado y moderno, semejante a los que habían sido nuestros modelos en la oscura etapa autoritaria.

El relato de la Transición –no el desarrollo cronológico de sus hitos sino la descripción del espíritu subyacente que movía los hilos– permite una narración directa e ingenua: las distintas generaciones confluyentes en la muerte del dictador, conscientes del riesgo de que el fin del franquismo diera lugar a un cruento desquite de la Guerra Civil, pactaron la reconciliación y la paz, con la condición de erigir un régimen inclusivo que diera a todos en lo sucesivo las mismas oportunidades y que entregara a las generaciones siguientes el marco democrático que les permitiera crecer y desarrollarse sin sobresaltos en un Estado pluralista homologable con los de la Europa que siempre habíamos deseado emular.

Dicho relato narra un proceso que discurre gracias a la buena fe de los actores convocados a la ceremonia, aunque a nadie se le escapa que la realidad ha sido sin duda mucho más compleja. Los pactos políticos no pueden fiarse al imperativo ético, sino que este debe acomodarse en la medida de lo posible a los intereses en presencia. Resultaría absurdo negar que los partidos que llegaban del exilio con la intención de instalarse en el nuevo Estado aspiraban al poder, de la misma manera que no habría entendido nada de la Transición quien no advirtiese que el sector menos recalcitrante del régimen franquista deseaba también redimirse con su ejercicio de tolerancia para conseguir un acomodo en el sistema emanado de los tiempos nuevos. Pero tampoco resultaría justo negar que aquellas gentes que convergían en el afán de construir una España inclusiva y decente, democrática y acogedora, participaban de un afán sincero que colmaba unas inclinaciones éticas vinculadas a la dignidad de los actores, al deseo de extender unos valores solidarios de orígenes híbridos –la tradición laica se vinculaba a la religiosidad de los sectores más modernos de la Iglesia– y a una cierta magnanimidad de espíritu que, en determinados contextos culturales, interviene decisivamente en el progreso de los pueblos.

En cualquier caso, y pese a la improvisación con que hubo que hacer frente a los retos, existió indiscutible conciencia de que se estaba forjando una epopeya que habría de dar como resultado un régimen habitable, acogedor, generoso, capaz de ponernos al paso europeo, del que nos habíamos descolgado mucho tiempo atrás (era bien conocido que las ideologías que nutrían el franquismo habían sido derrotadas en la Segunda Guerra Mundial).

En un país como España, con una historia convulsa y cargada de anacronismos –la falta de una verdadera revolución burguesa a la manera de la británica o de la francesa nos ha otorgado una personalidad singular y nos ha desencajado de todas las sincronías europeas–, esta epopeya ha tenido un cierto carácter fundacional, como lo tuvo, por ejemplo, para nuestros vecinos galos la Revolución francesa o para los norteamericanos la tarea de la Convención de Filadelfia que dio a luz la Constitución de los Estados Unidos. En nuestro caso, con dos siglos de retraso.

La idea positiva que vinculó la Transición a la idea de una epopeya vinculante que nos abarcaba a todos bajo el paraguas constitucional ha durado, sin un gran aparato crítico que la cuestionase, hasta el arranque de la gran crisis económica que acabamos de padecer desde 2008 hasta 2014. A partir de esta grave contrariedad, surge potente un nuevo discurso que pone en cuestión los verdaderos móviles y la teleología de las generaciones que forjaron el consenso originario. Y que cuestiona la calidad misma del régimen emanado de aquella confluencia.

Esta corriente de pensamiento contemporáneo estructurada durante la crisis económica, combinada con la eclosión de los grandes escándalos de corrupción y vinculada al rescate de la memoria histórica, sostiene que el pacto democrático suscrito tras la muerte de Franco fue, ante todo, una traición a los republicanos derrotados de la Guerra Civil, que debieron ser vindicados por los demócratas una vez concluida la dictadura. En cambio, ni se reivindicó a las víctimas, ni mucho menos se depuraron las responsabilidades derivadas de la rebelión militar que originó dicho conflicto, ni los abusos y crímenes de la dictadura posterior; aquel deber, para algunos inexorable, fue sustituido por unas amnistías que hacían borrón y cuenta nueva y, en cierto modo, equiparaban injustamente todos los crímenes.

Semejante visión se completaba con la tesis de que aquella fórmula, que dio lugar a la Constitución de 1978, fue en realidad la hábil estratagema que permitió a los jerifaltes del antiguo régimen, con el rey a la cabeza, sobrevivir a la gran mudanza y mantener su hegemonía en el nuevo. «A la vez –ha escrito Javier Moreno Luzón sobre el particular– se construía un mito alternativo, que idealiza la Segunda República y transforma a los combatientes del bando republicano en la Guerra Civil –también a los más aguerridos anarquistas y estalinistas– en demócratas sin tacha»[1].

En definitiva, los críticos que han irrumpido en el panorama político e ideológico español al socaire de la crisis y de la corrupción han elaborado el relato de que el régimen actual es en realidad un artificio malogrado e ilegítimo que hay que derruir para dar paso a un nuevo aliento republicano que entroncaría con el que dejó de existir ¡hace 77 años!

Tal teoría tropieza con la realidad que se vivía en España a mediados de los setenta del pasado siglo. Por aquel entonces, existía una masiva y constatable presión popular a favor de la normalización del país, del término de la excepcionalidad pintoresca de aquella dictadura insostenible tanto en la práctica como en el terreno de la especulación intelectual. Pero todo ello se planteaba sobre el yermo de una colosal despolitización, sembrada por el régimen franquista durante casi cuarenta años. La Segunda República era, para la mayoría más joven de los españoles de entonces, un pretérito tan remoto como la Reconquista, y los únicos vectores significativos capaces de movilizar conciencias eran la propia democracia, entendida –o, mejor, intuida– como un régimen acogedor y participativo, y la reconciliación, concebida como superación del aterrador conflicto que garantizase su cancelación definitiva, a salvo de cualquier posibilidad de desquite. Para los ciudadanos más conscientes de aquella etapa, la democracia era un ideal que se materializaba, siguiendo a Georges Vedel, como un «sistema de diálogos». «La idea de diálogo –explicó el politólogo francés– expresa la filosofía profunda de la democracia.» Y aclara: «La filosofía democrática rechaza la creencia de que existe una armonía espontánea y automática entre los diversos interlocutores del mundo político. Pero esta filosofía no cree tampoco que las oposiciones sean de tal naturaleza que impidan encontrar una con­ciliación»[2].

Aquellas convicciones de la mayoría social que generaban ansias de fraternidad y consenso eran, por supuesto, incompatibles con la idea de una ruptura traumática de la legalidad para imponer drásticamente otra distinta; la revolución no hubiera encontrado adeptos, de ahí que los personajes que hubiesen podido invocarla –Santiago Carrillo, por ejemplo–, se guardaron mucho de ello. Salvo, claro está, los grupúsculos violentos, como el GRAPO, que crearon movimientos terroristas en la clandestinidad, sobre ideologías utópicas muy excéntricas y sin apoyo social alguno. ETA, por su parte, mantenía su propia guerra con la más inexplicable fiereza, sin dar importancia al hecho evidente de que su actuación dificultaba la democratización del sistema político español ya que daba alas a los partidarios de la línea dura, contrarios a cualquier apertura.

En aquel marco de exigencias inconexas, los autores materiales de la Transición –el rey, Adolfo Suárez, sus introductores y colaboradores– tuvieron el mérito de adaptar sus estrategias al pulso del país, que no hubiera aceptado ni más precipitación ni más audacia, ni siquiera una discontinuidad flagrante y peligrosa en la progresión entre el viejo régimen, por el que bien pocas lágrimas se derramaron, y el nuevo, que dio lugar a una generalizada ilusión, aunque tampoco adhesiones enfervorecidas ni entusiásticas. El de 1975 no era un país de héroes, y quienes realizaron la Transición se acomodaron al anhelo de las ya abundantes clases medias, ilusionadas sin duda pero con un alto grado de cautela y buenas dosis de pusilanimidad en las conciencias.

La crítica actual a la Transición tiene además otro elemento, suscitado por el conflicto catalán: los nacionalistas consideran inservible el orden constitucional vigente, que habría que abolir para permitir que las naciones sin Estado puedan autodeterminarse. A su juicio, el camino de la reforma ya se ha explorado sin éxito, por lo que no queda más remedio que la ruptura del statu quo.

Todas estas críticas, las que ponen en duda los valores éticos y políticos del proceso y la que niega que el sistema de organización territorial resuelva adecuadamente la demanda de diversidad de la periferia, son excéntricas y escapan al consenso intelectual predominante, que establece una gradación valorativa, desde la tibieza al entusiasmo, en la ponderación del proceso, pero que en todo caso arroja un juicio casi unánimemente positivo.

Ello no obstante, hay que reconocer que la crisis económica ha acentuado un fenómeno de marginalización de grandes capas de población, que han sido expulsadas del núcleo central de esta sociedad y que, como es lógico, no sienten adhesión alguna hacia el sistema establecido. Hoy, al término de la crisis, España ha alcanzado un grado insólito e insostenible de desigualdad interna. Así, el informe «Una economía al servicio del 1%», hecho público a mediados de enero de 2016 por la ONG Oxfam Intermon, informa de que

la pobreza y la exclusión en España han aumentado «de manera alarmante» en los últimos años, con 13,4 millones de personas en riesgo de exclusión en el año 2014, esto es, el 29,2% de la población española. […] España es el segundo país de la Unión Europea en el que más ha crecido la distancia entre rentas altas y bajas, sólo por detrás de Estonia, y entre 2007 y 2014 el salario medio español se desplomó un 22,2%. [...] Además, según los datos de la OCDE, los hogares más desfavorecidos son los que han sufrido una mayor caída de los ingresos durante la crisis, y el salario de los más ricos es 18 veces superior al del 10% más pobres[3].

Otro informe publicado por la UGT a primeros de febrero daba a conocer que 5,9 millones de trabajadores, el 35% de los asalariados, percibe una renta mensual inferior al salario mínimo, de 655,20 euros; existe, por lo tanto, en este país una pobreza estructural también en la población empleada.

Es muy comprensible que estos ciudadanos expulsados por el sistema a la inclemente periferia social salgan del consenso político e ideológico, abominen del statu quo, rechacen la «vieja política» y se desentiendan absolutamente del régimen que ha prescindido de ellos de manera brutal. La reconquista de niveles aceptables de igualdad es el gran reto que hoy tiene este país y al que deben dedicarse con el mayor énfasis los viejos y los nuevos partidos.

Este descentrado consciente de grandes sectores de población desintegrados por razones socioeconómicas no supone, sin embargo, un rechazo de la naturaleza del régimen político sino, más bien, de sus gestores, incapaces y corruptos, que han permitido su decadencia y que han ignorado sus valores esenciales. El 15M no fue una censura a las estructuras normativas del statu quo sino a la pasividad del establishment ante la desnaturalización y el deterioro progresivos del sistema. Los manifestantes exigían una democracia más participativa –«Democracia real, ¡ya!» era el grito de guerra y el nombre de uno de los movimientos espontáneos–, así como las reformas necesarias para salir del impasse que había quedado de manifiesto con la crisis, y sus secuelas de desempleo y proletarización. Se ha dicho con razón, desde los propios círculos de la movilización, que el 15M constituyó un proceso de politización o de repolitización de la sociedad, y así fue en efecto; pero en modo alguno fue un proceso prerrevolucionario, porque, salvo en grupos muy concretos, no hubo propuestas de cambio de modelo. La «nueva Transición» de que ha hablado Pablo Iglesias en un resonante artículo[4] no es más que un proceso reformista, como lo prueba la contraportada de su último libro, una compilación que incluye el artículo mencionado:

Esperaban parapetados en sus palacios el asalto de los bárbaros. Imaginaban a salvajes escoceses capitaneados por William Wallace cargando desordenadamente hacia ellos. Sin embargo, para cuando quisieron darse cuenta, los bárbaros ya habían entrado en los palacios. Y no tenían un aspecto tan aguerrido, eran apenas ciudadanos armados de escobas y fregonas (se trataba de limpiar, al fin y al cabo) que habían entrado por las puertas de las instituciones empujados por otros ciudadanos […] Cuando un país ha cambiado, los asaltos son un paseo de la gente[5].

Sería, sin embargo, irracional no admitir que estas tesis críticas con el naufragio político y socioeconómico del país a partir de 2009 –en muy poco tiempo, el paro se ha hecho insoportable, el Estado de bienestar se ha desmoronado y los grandes derechos sociales se han relativizado– son síntomas elocuentes de cierta obsolescencia del modelo, que requiere renovadores aportes de flexibilidad e inteligencia para producir una actualización que salve los anacronismos, resuelva las disfunciones –el modelo territorial, en primer lugar– y devuelva a la Carta Magna el sentido de anticipación y la lozanía perdidos.

Por el contrario, argumenta Moreno Luzón en el artículo antecitado, aquellas críticas y protestas

han obtenido, por parte del Partido Popular, fuera y dentro del Gobierno, una sola respuesta: considerar la Transición un icono sagrado y la Constitución un texto intocable. La vía intermedia de los socialistas, que trataron de hacer compatible la reivindicación de aquellos logros con el reconocimiento a las víctimas de la violencia franquista, fue repelida como una quiebra del pacto constituyente y una apertura de heridas ya cicatrizadas. Al tiempo, cualquier propuesta seria de reforma constitucional se veía, y aún se ve, como una cesión ante los enemigos de la democracia. En todo caso, la salida de este atolladero ha de pasar por la reconstrucción de los puentes en torno a soluciones distintas, que conllevarán sin duda otros relatos pero precisarán también de valores propios de la agrietada Transición. Como el propósito de negociar y de llegar a acuerdos entre contrarios, tan poco practicado por quienes la idolatran.

En realidad, poco después de publicarse el texto que antecede, la urgencia de llevar a cabo una reforma constitucional se extendía y generalizaba. Y a las elecciones del 20 de diciembre de 2015, el PSOE y los dos grandes partidos emergentes, Podemos y Ciudadanos, presentaron sendas propuestas de reforma constitucional, diferentes entre sí pero en absoluto incompatibles y todas ellas basadas en el reconocimiento de que el texto constitucional mantiene su valor, su vigor y su vigencia, aunque requiere una puesta al día que fortalezca su legitimidad y resuelva algunos problemas derivados de su insuficiencia o de su obsolescencia. Más adelante se abordará esta cuestión.

El modelo teórico de la Transición española. La periodificación del fenómeno. Las interpretaciones académicas

Para entender mejor de qué estamos hablando cuando nos referimos a la Transición, y aun cuando el concepto es fácil de identificar, parece oportuno fijar algunas de sus características estructurales a la luz de la ciencia política.

Charles Powell, uno de los estudiosos más acreditados en el tema, piensa que el proceso democratizador vivido en España constituye un caso paradigmático de «transición vía transacción», que se caracteriza por los siguientes aspectos: «el uso (paradójico) de las instituciones y los procedimientos constitucionales del régimen anterior a la hora de poner en marcha el proceso democratizador; las negociaciones ente los “blandos” del régimen autoritario saliente y los representantes de los principales grupos de la oposición; la inclusión de representantes de las principales fuerzas políticas en el proceso de toma de decisiones, y las negociaciones celebradas a puerta cerrada durante las fases decisivas del proceso, con la aparición de un número relativamente escaso de actores»[6]. Powell subraya dos «anomalías» del proceso español: de un lado, frente a quienes afirman que las «transiciones vía transacciones» se caracterizan por un grado relativamente modesto de movilización popular, la Transición española registró una fuerte presión ejercida «desde abajo»; de otro, frente a quienes afirman que tales transiciones sólo pueden culminarse con éxito cuando no existe violencia política, el proceso español registró, entre 1975 y 1980, 460 muertes por esta causa. Bien es verdad que la violencia terrorista en nuestro país fue debida especialmente a ETA, una organización que no perseguía expresamente la involución (aunque la auspiciase indirectamente) sino la independencia de un territorio, pero en todo caso su efecto fue también paradójico, ya que tal violencia –ETA, Grapo, Frap, extrema derecha– estimuló a los actores políticos a conseguir acuerdos que condujesen a un régimen de consenso y democrático capaz de combatir con eficacia el terrorismo.

Javier Gomá ha señalado que las tres figuras arquetípicas de la modernidad –el burgués que crea una empresa con obreros y capital; el sujeto moralmente autónomo que elige su estilo de vida con arreglo a sus preferencias, y el ciudadano libre y con derechos, que confía en la deliberación racional de los asuntos relacionados con el bien común– no aparecen en España

hasta justamente la Transición, que supone la definitiva mayoría de edad de España como país ilustrado y moderno y el protagonismo histórico, tardío pero esta vez feliz, de esas tres figuras arquetípicas. Formalmente, se produjo una Transición «de la ley a la ley». Pero, atendiendo a su contenido, el paso de la dictadura a la democracia en España se parece, más que a una transición, a una fundación, porque funda un nuevo demos político, como cuando Rómulo tomó el arado y cavó el foso circular (pomerium) estableciendo los límites de la naciente Roma. Son nuestros años carismáticos por excelencia, aquellos en los que energías auráticas, vitales, emocionales y míticas súbitamente liberadas –en la descripción weberiana del carisma– se organizan en poder transformador, revolucionario. De un solo golpe se llevan a cabo simultáneamente todas las revoluciones pendientes en España, si bien no una revolución fratricida, como las europeas, de una parte de la sociedad en lucha sanguinaria con otra, sino una fraternal, de toda la sociedad conciliada consigo misma y en lucha con un pasado imperfecto, defectivo[7].

Ramón Cotarelo es el autor de un depurado modelo interpretativo de las transiciones[8] que aquí sólo se abordará someramente. El «modelo de los tres consensos», obtenido inductivamente del caso español y de otras transiciones del centro y del este de Europa, se divide en seis etapas:

1. La existencia de un elemento desencadenante que configura una crisis de régimen (en España, el factor endógeno esencial de la crisis fue obviamente la muerte del general Franco).

2. El cambio del paradigma de legitimidad y de sus complejas relaciones con la legalidad (la restauración de la monarquía supuso un cambio de legitimidad).

3. La eliminación del personal político anterior y de su simbología legitimatoria (el desmantelamiento del Movimiento y los sindicatos).

4. El primer consenso: acuerdo acerca del pasado (la amnistía).

5. El segundo consenso: establecimiento de normas provisionales para debatir en libertad la última etapa (la Ley para la Reforma Política).

6. El tercer consenso: determinación definitiva de las reglas de juego del nuevo régimen (el proceso constituyente y la Constitución).

Una cuestión relevante de cualquier análisis de la Transición es, como recoge también Cotarelo en su artículo mencionado, la periodificación del fenómeno, esto es, la determinación del periodo de tiempo abarcado por el proceso que se analiza. Mario Caciagli, profesor de la Universidad de Florencia y estudioso del tema, distingue en el proceso español dos transiciones, cada cual con su cronología propia: la transición institucional, que va desde el 30 de noviembre de 1975 (fecha de la proclamación de Juan Carlos I) hasta el 29 de diciembre de 1978 (entrada en vigor de la Constitución), y la transición política, que abarca desde el 3 de julio de 1976 (fecha del nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno) hasta el 28 de octubre de 1982 (fecha del primer triunfo electoral de los socialistas)[9]. Cotarelo, por su parte, prefiere considerar que la transición dura desde el 30 de noviembre de 1976 hasta el 29 de diciembre de 1978, en tanto el periodo posterior sería el de la consolidación, en línea con la tesis esgrimida, entre otros, por Julián Santamaría. En el libro que el lector tiene entre manos, la Transición abarca desde la muerte del dictador hasta que se produce la primera gran alternancia democrática con la victoria socialista de 1982.

La etiología del fenómeno, el porqué del desarrollo del proceso singular de tránsito pacífico e incruento desde un régimen auto­ritario a otro democrático, es un asunto debatido y complejo que ha recibido multitud de respuestas. Cotarelo recoge algunas, como éstas: Luis García San Miguel prevé ya en 1974 una transición pacífica por el carácter moderado de los españoles, en el que ya no tiene relevancia la fase revolucionaria[10]. Elías Díaz, por su parte, atribuye la Transición, de un lado, al agotamiento del régimen de Franco y, de otro, al avance del socialismo democrático (Cotarelo corrige, probablemente con razón, esta apreciación, y extiende ese avance a toda la oposición democrática: en 1977, cuando el PCE ostentaba todavía el monopolio de la oposición a la dictadura, era en realidad poco previsible que el socialismo democrático terminase dominando abrumadoramente en su hemisferio ideológico)[11].

Raúl Morodo, por su parte, atribuye la transición pacífica al miedo existente en la sociedad española tras la muerte de Franco, a la sensación de inseguridad e incertidumbre que embarga a los españoles, temerosos de que se reproduzcan los excesos de la Guerra Civil. También influiría en el proceso –añade Cotarelo– la conciencia generalizada de que, en aquella coyuntura, ninguna corriente política tenía fuerza suficiente por sí sola para imponer sus criterios, por lo que sería indispensable una solución de compromiso.

El sociólogo José María Maravall, que fue ministro de Educación y Ciencia con Felipe González entre 1982 y 1988, publicó en 1981 una magna obra de análisis de la Transición española, ampliada y reeditada en 1984 para recoger todo el periodo histórico que concluyó en 1982 con la llegada de los socialistas al poder. En ella, desecha las interpretaciones funcionalistas, que vincularían el desarrollo democrático a la superación de ciertos umbrales económicos y sociales, y opta por un examen «desde un punto de vista genético, que atienda a la propia política de actores colectivos, a su estrategias y a sus concepciones»[12].

Dicho examen exige analizar las estrategias de reforma «desde arriba» y las estrategias de presión y reivindicación «desde abajo», así como la traducción de tales estrategias en políticas de partido. Ambas acciones se relacionan –explica Maravall– con dos etapas del modelo general de transición hacia la democracia elaborado por Rustow: la «fase preparatoria» –lucha política prolongada a cargo de un movimiento de masas de clases subordinadas– y la «fase de decisión» –de compromiso pluralista y democrático de una fracción decisiva de los dirigentes políticos, con el objetivo de salir del impasse y evitar un enfrentamiento civil.

De cualquier modo, a los efectos de desentrañar el verdadero valor de la Transición –su cotización ética, ligada a valores políticos positivos de tolerancia, respeto, etc.–, nos interesa también la atribución de intenciones, esto es, ¿qué pretendían realmente quienes hicieron la Transición? La tesis que aquí se defiende es que, en términos generales, el impulso tuvo un abanico complejo de móviles pero no faltaron ni la filantropía ni la magnanimidad, ni el ímpetu derivado de la conciencia de que había una misión histórica que cumplir.

Quienes sientan curiosidad intelectual por los procesos recientes de transición a la democracia harán bien en leer el libro Transiciones democráticas: enseñanzas de líderes políticos, auspiciado por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), en el que se recogen el testimonio y las experiencias de trece expresidentes y primeros ministros de nueve países –dos de África, dos de Asia, dos de Europa y tres de América Latina– que contribuyeron al recorrido entre regímenes auto­ritarios y modelos democráticos. Felipe González interviene representando la Transición española[13].

[1] Javier Moreno Luzón, «La transición, epopeya agrietada», El País, 10 de agosto de 2015.

[2] M. Jiménez de Parga, Los regímenes políticos contemporáneos, Madrid, Tecnos, 1971 [1960], p. 135.

[3] Informe de Oxfam Intermón, «España es el país de la OCDE donde más avanzó la desigualdad durante la crisis», Expansión,18 de enero de 2016 [http://www.expansion.com/sociedad/2016/01/18/569c939246163f280a8b45bf.html].

[4] Pablo Iglesias, «Una nueva Transición», El País, 19 de julio de 2015.

[5] Pablo Iglesias, Una nueva Transición. Materiales del año del cambio, Madrid, Akal, 2015.

[6] Sergio Bitar y Abraham F. Lowenthal (eds.), Transiciones democráticas: enseñanzas de líderes políticos, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2016, p. 282. El Capítulo 9 se refiere a España e incluye un texto, «Transición por transacción», de Charles T. Powell.

[7] Javier Gomá, «Libre y con compromiso», El País, 22 de febrero de 2016.

[8] Ramón Cotarelo, «La transición democrática española», en Ramón Cotarelo (comp.), Transición política y consolidación democrática. España (1975-1986), Madrid, CIS, 1992, pp. 8ss.

[9] Mario Caciagli, Elecciones y partidos en la transición española, Madrid, CIS, 1986, pp. 7ss.

[10] Luis García San Miguel, Teoría de la transición. Un análisis del modelo español, Madrid, Editora Nacional, 1981. Incluye análisis publicados en 1974 y 1975.

[11] Elías Díaz, La transición a la democracia, Madrid, Eudema, 1987.

[12] José María Maravall, La política de la transición, Madrid, Taurus, 1981 (2.ª ed., 1984), p. 19.

[13] Bitar y Lowenthal (eds.),