Gramática social de la violencia E-Book

Roberto Briceño León

• Herausgeber: Editorial Alfa
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 512

Veröffentlichungsjahr: 2023

Beschreibung

¿Cómo es posible que Venezuela, uno de los países considerados durante años entre los más pacíficos de América Latina, haya terminado encabezando la lista de los más violentos en el presente siglo? Para Roberto Briceño-León, la explicación de este fenómeno se halla en la política: en el resquebrajamiento de la gramática social de la institucionalidad por acción y omisión de la revolución bolivariana. Así pues, el incremento de la violencia en el país tiene su origen en la destrucción de la institucionalidad que ha provocado el propio gobierno. Bajo la justificación discursiva de la revolución y la creación de un nuevo "sistema" con nuevos valores, nueva economía y un hombre nuevo, el gobierno bolivariano fue derrumbando las bases de la legitimidad del control y monopolio de la violencia por parte del Estado, lo que produjo un vacío normativo y de impunidad que luego ha sido sustituido por el ejercicio desnudo de la violencia sin ley. Si las sociedades políticas son principalmente instituciones en las cuales las normas constituyen el vínculo social principal; y si la gramática social de esas instituciones son las normas de convivencia y acuerdo social que permiten a los individuos, sin necesidad de hacer uso de la coacción física, dirimir conflictos y hacer predecible la vida en sociedad, el incremento exponencial de la violencia constituye el indicador más evidente del socavamiento del orden político en Venezuela.

Leseprobe

© LACSO, 2023

© Editorial Alfa, 2023

Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

Editorial Alfa

Apartado postal 50304. Caracas 1050, Venezuela

e-mail: [email protected]

www.editorial-alfa.com

C. Centre, 5. Gavà 08850. Barcelona, España

e-mail: [email protected]

www.alfadigital.es

ISBN

Edición impresa: 978-84-126576-5-4

Edición digital: 978-84-126576-6-1

Corrección de estilo

Magaly Pérez Campos

Maquetación

Editorial Alfa

Imagen de portada

Michelangelo Merisi Da Caravaggio

Salomé con la cabeza del Bautista (h. 1607). Óleo sobre lienzo, 116 x 140 cm.

Palacio Real de Madrid

Diseño de colección

Ulises Milla Lacurcia

La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de cada uno de sus autores y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea.

Gramática social de la violencia

Roberto Briceño-León

Editorial Alfa

141 | Colección Trópicos

Índice

Prólogo

La gramática social de la violencia

Referencias

PARTE I. Crimen organizado y gobernanza criminal

La gobernanza criminal y el gobierno en América Latina

El crimen organizado y la pérdida de soberanía nacional

Los colectivos de Caracas y la gramática de la gobernanza

PARTE II. La ciudad y la gramática social

Gramática social de la violencia y pobreza urbana

Caracas 1998-2008: de sucursal del cielo a infierno urbano

Retraimiento y huida como respuesta a la violencia

PARTE III. Gramática social e institucionalidad

Los pactos sociales informales en la gramática de contención de la violencia

La gramática social en la explicación de los homicidios en Brasil, Colombia y Venezuela

La desigualdad no causa violencia. La violencia crea desigualdad

Parte iv. El Estado y el monopolio de la violencia

La renuncia del Estado al monopolio de la violencia

Las dos funciones del Estado y el ejercicio desnudo de la violencia

Las violencias políticas de los años sesenta y el monopolio de la fuerza

Los cambios en la cultura del derecho a matar: 1997-2022

Violencia y política en la revolución bolivariana: subversión y represión

Referencias

Notas

F

A Virginia

Prólogo

Este libro es el resultado de un asombro. El asombro sobrevino al constatar que, en comunidades muy diversas y en distintos países, la vida cotidiana se regía más por las reglas impuestas por las bandas criminales que por las leyes del Estado. Y que los pobladores temían más las penas y cumplían con más diligencia los castigos impuestos por los criminales que los establecidos por los tribunales o las autoridades locales.

En una caminata por las veredas de un barrio de Caracas en el cual había trabajado cotidianamente cuarenta años atrás, nuestro acompañante local en el recorrido nos informó, con un dejo de vergüenza, que no podía continuar la escalinata hacia la otra zona, que ese era el territorio de la otra banda. En una favela de Fortaleza, Brasil, una señora nos contó con tristeza que en su barrio las fiestas de São João, unas de las más importantes y populares del nordeste, habían perdido su brillo y mermado la alegría, pues antes se podían reunir todos para celebrar las fiestas y los muchachos de una zona tenían competencias de fútbol con los jóvenes de las zonas vecinas, pero desde que las bandas llamadas facções se dividieron las calles:

—… los jóvenes de esta parte no pueden ir a la parte de allá.

—¿Y cómo saben dónde comienza el territorio de una banda y termina el del otro? —le pregunté.

—Muy fácil —me dijo, señalando vagamente hacia fuera de su casa—. Todo el mundo sabe quién pone las reglas en esta parte de la calle y quién manda en la otra.

Las investigaciones y los proyectos que a lo largo de varios años había realizado sobre violencia y criminalidad adquirieron con ese asombro una nueva dimensión. La teorización sobre la institucionalidad que había sostenido empezó a tomar otra forma con la incorporación de la institucionalidad informal y la presencia de una nueva gobernanza criminal. Las bandas juveniles y las pandillas de barrio sobre las cuales había trabajado fueron dando paso a organizaciones más grandes, complejas, con división del trabajo, jerarquías más fuertes y una racionalidad diferente en el uso de la violencia para alcanzar sus fines.

Mientras nos desplazábamos por la carretera que une Guasdualito con San Cristóbal, al occidente de Venezuela, pudimos observar a la vera del camino un joven que bajo el sol inclemente de mediodía y con un simple machete cortaba las hojas y ramas de los matorrales que habían crecido y ocupaban una parte del asfalto. No había avisos ni señales de tránsito que advirtieran a los vehículos de su presencia solitaria; tampoco él llevaba algún tipo de uniforme que lo identificara. Nos detuvimos para conversar con él y nos contó que estaba pagando una penalidad que le había impuesto la banda que controlaba la zona por haber peleado y hecho escándalo en el bar del pueblo. Relató, con una tranquila resignación, que le habían impuesto ese trabajo comunitario como castigo, y volvió a su faena.

Los cambios en la criminalidad y la violencia en América Latina, el creciente poder de las bandas criminales y el establecimiento de su gobernanza desplazando o coexistiendo con el Estado en amplios territorios amerita una interpretación diferente de la gramática del comportamiento que allí se vive y que he llamado la gramática social de la violencia.

Este libro está dividido en cuatro partes. En la primera se analizan los conflictos surgidos por el avance en el control territorial de las bandas criminales de América Latina y los procesos de gobernanza criminal que surgen al desplazar o cohabitar con el Estado. En la segunda se observa el fenómeno de la violencia en el espacio urbano, sus vínculos con la pobreza y las respuestas de los pobres. La tercera parte se refiere a la relación de los homicidios con la desigualdad social y el papel que cumple en su contención la institucionalidad formal o informal. La cuarta, y última parte, se refiere a las dificultades que en el monopolio de la fuerza enfrenta el Estado por su incapacidad fáctica de ejercerlo o por las decisiones de no hacerlo, y los impactos que eso ha tenido en la violencia. A las cuatro secciones anteriores las antecede una introducción teórica que procura definir y explicar la gramática social de la violencia.

Estas investigaciones las he desarrollado en un diálogo continuo y una cooperación intelectual con muchos colegas: Alberto Camardiel, Olga Ávila, Gloria Perdomo, Carlos Meléndez, Gustavo Páez, Jorge Govea, Raima Rujano, Iris Rosas, Iris Terán, Levy Farías, Teolinda Bolívar, Verónica Zubillaga, Andrés Antillano, Rogelio Pérez Perdomo, Rina Mazuera, Andrea Chacón, Luisa Pernalete, Oscar Olinto Camacho, Alexis Romero Salazar, de las universidades Central de Venezuela (UCV), Católica Andrés Bello (UCAB), del Zulia (LUZ), de Los Andes (ULA), de Carabobo (UC), Simón Bolívar (USB) y Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA).

Muy en particular ha sido la cooperación con Alberto Camardiel, Olga Ávila y Gloria Perdomo durante más de tres décadas en la actividad del Instituto de Investigaciones Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO). Con Alberto Camardiel ha sido un diálogo permanente por valorizar la pertinencia e importancia de la estadística en el análisis sociológico y con él elaboré algunos de los trabajos aquí reformulados. Con Olga Ávila y Gloria Perdomo he podido mostrar la relevancia de los métodos cualitativos y la importancia de la dimensión humana y ética del vínculo con víctimas y victimarios.

En años recientes he contado con el intercambio fructífero de los colegas Cesar Barreira, Jania Aquino y Luiz Fabio Paiva del Laboratorio de Estudos da Violencia de la Universidade Federal do Ceará (UFC), Brasil, con quienes he compartido análisis y trabajo de campo. Y también con Ludmila Ribeiro y Braulio da Silva de la Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) y de Joachim Michel, de la Universidad de Bielefeld, Alemania.

También me he podido beneficiar del cordial intercambio y diálogo sostenido durante años con los colegas Michel Misse, Jose Vicente Tavares dos Santos, José Miguel Cruz, Arturo Alvarado, Ignacio Cano, Markus Gottsbacher, Benjamin Lessing, Desmond Arias, Fernando Carrión, Sonia Alda, Eric Olson, Cynthia Arsons y Ana Jaramillo.

De igual modo, fue de gran interés para este trabajo el diálogo y análisis de experiencias prácticas de los coroneles de la Policía Militar de Brasil Messias Mendes (Fortaleza) y Eduardo Lucas (Belo Horizonte) y de Miguel Dao en Venezuela.

Nada de este trabajo habría sido posible sin la apertura que de sus casas y vivencias nos hicieron cientos de jóvenes, familias y funcionarios policiales y militares, quienes a lo largo de estos años nos permitieron conocer sus experiencias como víctimas, testigos o agentes activos de la violencia y el delito. A todos ellos mi agradecimiento.

Las investigaciones en las cuales se funda este libro fueron realizadas a lo largo de varios años y contaron con el apoyo financiero del programa de cooperación en defensa de los derechos humanos de la Unión Europea en Venezuela; del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC-CRDI) de Canadá; de la oficina de Cooperación para el Desarrollo Internacional (UKaid) del Reino Unido, y de CALAS, el Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales, con apoyo del Ministerio de Educación e Investigación (BMBF) de Alemania. Las interpretaciones de los resultados de esos estudios y las opiniones aquí expresadas no los comprometen de ninguna manera, pues son de mi absoluta responsabilidad.

La gramática social de la violencia

I

La gramática social son las normas y reglas que permiten a las personas orientar su acción en un determinado contexto histórico y crear una sintaxis individual de su desempeño al escoger entre lo que es permitido hacer, lo que es obligatorio realizar y lo que está prohibido ejecutar; y, al hacerlo, anticipar las consecuencias que tendría dejar de hacer lo obligado o intentar lo prohibido.

Las normas y reglas son sociales pues son conocidas, compartidas y aceptadas (aunque no siempre voluntariamente) y redundan en beneficio de quien las cumple y de la colectividad donde se encuentra esa persona. Los beneficios que pueden aportar pueden ser facilitar el logro de metas de felicidad y placer o evitar los sufrimientos y costos.

Los principios ordenadores de la gramática social son las normas y las reglas. Las normas indican lo que se puede, se debe y no se debe hacer. Las reglas se fundan en las mismas pautas normativas, pero establecen sanciones para quienes incumplan con lo que se debe hacer o infrinjan la prohibición de no hacer. Las normas son sociales, pues requieren el consenso del grupo social para establecer la ambición de lo que se debe hacer, y su efecto es individual y privado, ya que no hay intervención de terceros. Las reglas son formales y colectivas y se caracterizan por definir y explicitar las sanciones que deben aplicarse ante el no cumplimiento de lo que se debe hacer o al hacer lo prohibido. En la vigilancia de su acatamiento o para castigar a los infractores, intervienen terceros actores que pueden ser tanto los vecinos de la comunidad como la policía del Estado o los grupos criminales.

Las normas tienden a ser informales y no escritas. Y las reglas tienden a ser formalizadas y escritas. Pero ambas pueden ser formales o informales y pueden estar escritas o no. Las normas y reglas establecen una “estructura” que crea unas restricciones al comportamiento y al mismo tiempo habilitan e inducen a las personas para la acción (Giddens, 1984). Las normas se vinculan con la moral de la sociedad; las reglas, con el sistema punitivo vigente en ese contexto.

La gramática social busca comprender lo que la gente hace y por qué lo hace (Burke, 1969), comprender las motivaciones y razones que hay detrás de las sintaxis que cada individuo se construye en el ejercicio de su libertad regulada.

II

Lo común es que la gente piense que la acción criminal es siempre de naturaleza anómica y desordenada. Es la imagen perversa y patológica del delincuente marginal, del enfermo sexual o del asesino psicótico que desvaría y agrede a las víctimas aleatorias en las noches oscuras.

Sin embargo, la mayoría de los delincuentes no son perturbados mentales ni vagabundos drogadictos. Esa es la escoria del crimen, que usa la violencia expresivamente y sin control. El resto del crimen es racional y moral, se rige por normas, utiliza procedimientos y castigos, establece límites en su accionar y administra de manera calculada la violencia como un medio eficiente para alcanzar sus fines de lucro y poder. Y esa racionalidad y normatividad en el uso de la violencia se aplica hasta en los casos de las venganzas o matanzas más crueles; son unos símbolos de comunicación que conforman un lenguaje y tienen unas sintaxis particulares que constituyen la gramática social de la violencia.

Decimos que representan un lenguaje y sintaxis particulares pues usan la violencia y se cometen delitos, pero, como mecanismo social, funcionan de una manera muy similar a los procedimientos que utiliza el resto de la sociedad. Quizá, una de las limitaciones que han existido en la comprensión de la acción desviada es considerarla carente de sentido y ajena al resto del comportamiento social (Luhmann, 2013).

La gramática social de la violencia copia lo que hace la sociedad y, de manera imperfecta, busca aplicarlo para los fines del crimen. Mantiene el significado de la acción y su funcionalidad social, pero muda el significante formal-legal y lo sustituye por el informal-ilegal, y así logra crear una ley y una moral del crimen que permiten y regulan los regímenes de gobernanza criminal que dominan amplios territorios de América Latina (Lessing, 2021; Arias, 2018).

III

La gramática social del crimen se aplica, en primer lugar, a los miembros de los grupos criminales para su autorregulación y eficiencia, pero luego se extiende su aplicación al resto de la sociedad, donde ejercen su monopolio de la fuerza a fin de poder ejercer y consolidar su dominio.

Se crean entonces dos registros normativos distintos en la sociedad, pues usan mecanismos reguladores del comportamiento social similares, pero cuyos contenidos son diferentes, con una significación social distinta. En las favelas de Brasil, dominadas por los grupos criminales llamados facções, se hizo famosa la frase escrita en las paredes que advertía “Prohibido robar”. En la frontera colombo-venezolana, la guerrilla prohíbe el robo de bancos y el abigeato, y un ganadero nos confesaba que desde que les pagaba nunca más se le había perdido una ternera. La defensa de la propiedad existe, pero no la impone la ley de la república, sino los grupos criminales: las mismas facções o grupos guerrilleros que roban camiones en las carreteras o trafican con droga. Ante la comisión de un robo, la ley de la república le ordena al ciudadano que llame a la policía para presentar su denuncia y conseguir su protección; la banda criminal le ordena al mismo ciudadano que no llame a la policía, que eso le sería contraproducente, sino que presente la denuncia ante ellos, quienes se encargarán de su investigación y debida sanción.

Las personas que viven bajo el territorio del crimen organizado se enfrentan a una doble gramática social: la que es dominante en la sociedad y que ha impuesto el monopolio de la fuerza del Estado como Rechtsstaat (Weber, 1964) y la de la gramática social del crimen. Esa dualidad puede llevar a una sustitución de las reglas de manera completa, como, por ejemplo, no llamar a la policía. O una sustitución parcial, y esquizoide, que establece una regla de aplicación restringida a un territorio, como que está prohibido robar a los habitantes de ese barrio, pero no en el barrio vecino, donde los ladrones pueden salir a robar con impunidad.La aplicación de la regla está condicionada a un territorio determinado, pero fuera de este pierde vigencia (como las leyes de una república fuera de ese país), por lo cual robar es moralmente reprochable solo en aquel territorio, no en general. Hay implícita una postura ambigua, esquizoide, sobre el respeto a la propiedad, pues se defiende en un territorio y no en el otro; sin embargo, aun entre ladrones, la propiedad como valor social general se mantiene. No creen en la desaparición de la propiedad privada.

IV

El vínculo entre la búsqueda de satisfacción de los deseos y ambiciones individuales, el acatamiento o no de las reglas y las consecuencias que de allí derivan no es evidente en la vida social. La relación entre la comisión de un delito y un castigo recibido no es similar, escribía Durkheim (1996, pp. 60-61), al que se encuentra cuando uno come algo y al poco tiempo se siente indigestado o presenta una alergia. La conexión entre la acción individual y el castigo requiere la construcción de un liensynthétique, un nexo que los integre, haga comprensible y comunicable su vínculo causal e inserte ambos en una gramática común que pueda dar cuenta de la ligazón existente entre esa diversidad de factores.

Para comprender la gramática de los motivos de la acción humana, Burke (1969) especifica cinco dimensiones: el acto, la escena, el agente, la agencia y el propósito: a) el acto expresa lo que ocurrió, el evento identificado como suceso propiamente dicho; b) la escena, que es el contexto en el cual ocurrió tal evento; c) el agente, que obliga a una caracterización del actor que ejecutó la acción; d) la agencia, que son los instrumentos o medios que fueron utilizados en el acto; y, para concluir, e) el propósito, que refiere a la intencionalidad o deseo que impulsaba la acción.

De una forma más detallada y pensada para la ciencia política, Crawford y Orstrom (1995) formulan un modelo para la construcción de las sintaxis que incluye cinco componentes: 1) los atributos, que se refieren a las características de la persona a la cual se aplica la norma (sexo, edad…); 2) el nivel deóntico, que se refiere al contenido de la norma, a lo que es aceptable, debido o prohibido; 3) las acciones o los resultados que se obtienen con esas acciones; 4) las condiciones en las cuales se aplica la norma, en qué lugar, en cuál momento y cómo esas condiciones afectan el nivel deóntico de lo permitido, obligatorio o prohibido de hacer; 5) las consecuencias, que llaman “or else”, para significar lo que sucedería si se trasgreden las leyes.

En la expresión social de “si un hombre joven no pelea cuando lo han insultado, pierde respeto”, encontramos que hay unos atributos (1), pues se refiere a un hombre joven, no incluye sino excluye a las mujeres y a los hombres no jóvenes. Hay un comportamiento que se expresa como una obligación (2), el joven no es libre de pelear o no pelear, ni tampoco le está prohibido hacerlo, el joven debe responder a la ofensa. La acción (3) establecida es la pelea que debe emprender y a la cual está socialmente obligado. Las condiciones (4) son que el joven haya sido objeto, con antelación, de una ofensa verbal, lo cual convierte la acción en una respuesta obligatoria; si el joven no hubiese recibido la ofensa no tendría razón para pelear, ni tampoco estaría justificado que lo hiciera sin provocación. Y finalmente (5) no cumplir con la norma social de pelear en respuesta a un insulto tiene consecuencias y va a sufrir como castigo la pérdida de un intangible que tiene gran peso en la cultura varonil y juvenil, como es el respeto.

En algunos territorios, las bandas encargadas del tráfico de drogas establecen una norma que dice: “Prohibido vender o consumir droga delante de los niños o cerca de las escuelas”. El sujeto (1) de la norma es tácito, no se especifica quién es ni lo caracteriza, pero de manera tácita se refiere a quienes venden drogas, los jíbaros de Colombia o los encargados de las “plazas” en Venezuela o de las bocas de fumo en Brasil. El nivel deóntico (2) se refiere a una norma muy similar a la que establecen las leyes de esas sociedades que prohíben la venta de drogas, pero hay una condición (4) que la modera y circunscribe su ámbito de aplicación a una acción (3) que tiene lugar en un espacio —cerca de la escuela— y a unas circunstancias específicas —la presencia de niños en las inmediaciones—. Las consecuencias no son detalladas, pues dependen de muchas circunstancias locales, pero pueden ir desde el castigo físico hasta la clausura forzada de esa venta minorista.

V

La sociología ha abordado la normatividad de los comportamientos en las sociedades bajo una modalidad dual que ha denominado lo prescrito y lo proscrito. Lo prescrito son aquellas acciones que están permitidas y que, por lo tanto, forman parte de lo que sería un actuar correcto. Lo proscrito sería lo contrario, aquello que se considera incorrecto y que, por lo tanto, está prohibido. Esta distinción de la sociología no incluye la categoría de lo permitido, pues puede suponerse que todo lo prescrito es permitido. Ahora bien, si esa definición es correcta, quedaría por fuera el comportamiento que no solo está permitido, sino que es de obligatorio cumplimiento.

En la gramática social, la distinción entre lo permitido y lo obligado es relevante, pues los comportamientos permitidos no son conducentes a una consecuencia o sanción, ya que son lo que en la filosofía deóntica clásica se llamó actos facultativos o indiferentes, es decir, que pueden aceptar cualquier forma de respuesta, sea de acción o de omisión. No ocurre lo mismo con los comportamientos obligatorios, en los cuales la omisión sí se considera una falta y, por lo tanto, tiene consecuencias negativas para la persona. No pagar los impuestos al gobierno o las “vacunas” a las bandas criminales es la falta a una obligación.

Desde la perspectiva de las consecuencias, no hacer una acción obligatoria es similar a ejecutar una acción que está prohibida. Y ambas se diferencian de los actos que simplemente son admitidos, pues estos no demandan ningún tipo de respuesta por parte de la sociedad o de quienes están encargados de vigilar el cumplimiento de las normas.

Desde ese punto de vista, los actos permitidos se ubican en el mundo de las normas, mientras que las acciones en las que se exige o se prohíbe su cumplimiento forman parte de la esfera de las reglas, debido a que contemplan la existencia de unas sanciones y la intervención de terceros que deben aplicarlas.

En las favelas de Brasil que controla la banda criminal Comando Vermelho (Comando Rojo) es posible usar prendas de vestir de cualquier color; usar las camisas rojas podría ser un símbolo de identificación con el grupo, pero no es obligatorio hacerlo. En los barrios vecinos, que están controlados por las bandas rivales, como el Primeiro Comando da Capital (PCC) o Guardiões do Estado (GDE) sucede lo contrario: está prohibido usar ropas de color rojo, pues se considera una afrenta y una propaganda del enemigo y su uso amerita una sanción. Esta regla es tan estricta que incluso a las mujeres jóvenes, muy dadas a teñirse el cabello de colores estrambóticos, les está prohibido pintárselo con el color rojo y las sanciones pueden ir desde raparles la cabeza hasta expulsarlas de la zona.

VI

El patrón dominante de comportamiento en una sociedad es lo que esa comunidad considera como correcto y bueno para su bienestar en ese contexto natural y social. Por eso sostenía Durkheim (2009) que, si algo era contemplado como delito, no lo era porque así lo establecieran las leyes, sino que esas leyes lo habían instituido como tal porque ya antes la sociedad lo había reconocido como incorrecto en sus costumbres.

La tesis de la desviación que ha trabajado la sociología funcionalista se traza sobre el comportamiento de una minoría que se separa, se desvía de lo permitido y obligado. Hacer lo prohibido es la desviación. Al contrario, las personas que hacen lo prescrito, que es la mayoría, lo hacen porque consideran que es lo moralmente adecuado y porque esperan, con sus actos, recibir satisfacciones y premios.

La instauración de una norma obligatoria busca fomentar un determinado tipo de comportamiento que se estima como positivo para el bienestar de esa sociedad. Las normas en pro de la fertilidad que establecían que las familias debían tener tantos hijos como fuese posible tenían una justificación en los contextos de muy alta mortalidad infantil. En concomitancia, esas mismas sociedades han prohibido el control de la natalidad y condenado el aborto (Inglehart, 2018).

Una desviación es tal porque es un comportamiento subordinado y minoritario, pues si en los cambios de las costumbres se generaliza y se convierte en dominante deja de ser desviación para esa sociedad, tal como ha ocurrido con la amplísima utilización de los métodos anticonceptivos en la población católica, a pesar de que las reglas de su religión continúan considerándolos prohibidos. Cuando la mayoría de las mujeres católicas empezaron a usar métodos anticonceptivos, tomar la píldora dejó entonces de ser una desviación, aunque siguiera siendo pecado.

Cuando unas pautas de comportamiento se extienden y generalizan entre la población, su ejecución se normaliza y se institucionaliza, pues, en tanto que acción regularmente repetida, las demás personas “esperan que ocurran”. En un principio son situaciones diversas, pero implican un principio normativo implícito, no escrito ni verbalizado de manera expresa o gráfica, pero existente, y que es institución en tanto que concepto que expresa la existencia de “muchas situaciones que tienen rasgos en común, en términos de principios de abstracción u orden, y en las cuales, en las mismas condiciones, los actores realizan una acción igual o muy parecida” (Parsons y Shils, 2001, p. 40).

Esta aproximación es muy similar a lo que en la teoría del derecho se considera de los actos consuetudinarios, como las costumbres, que son normas por el “efecto de su repetida observancia informal, normativamente reconocida por fuentes formales como dotada de eficacia normativa y que no se halle en contraste con ninguna fuente formal válida”. De esas costumbres, aunque no son un precepto, es posible “inducir la existencia de un precepto” (Ferrajoli, 2011, pp. 868-869).

Por lo tanto, esos actos recurrentes que tienen eficacia normativa pueden ser considerados como instituciones, así no tengan ninguna formalidad expresa ni escrita, ni hayan sido aprobados por un órgano de poder estatal. Son “las prescripciones que utilizan los seres humanos para organizar todas las formas de interacciones repetitivas y estructuradas, incluidas las que se producen en el seno de las familias, los vecindarios, los mercados, las empresas, las ligas deportivas, las iglesias, las asociaciones privadas y los gobiernos a todas las escalas” (Ostrom, 2005, p. 3).

Esas prescripciones se transforman en las reglas del juego que como “restricciones ideadas por el ser humano para moldear la interacción humana” (North, 1991, p. 4), definen lo permitido, lo obligado y lo prohibido. Son los patrones de interacción que gobiernan y restringen las relaciones entre los individuos y que incluyen normas que pueden estar escritas como leyes formales o ser normas informales de comportamiento, creencias compartidas acerca del mundo y medios para hacer cumplir las reglas del juego (North, Wallis, Weingart, 2009, p. 15).

Las instituciones (March y Olsen, 2006) definen el contenido de la gramática social que permite y constriñe a los individuos a tomar decisiones sobre sus cursos de acción y aceptar las consecuencias que les puedan acarrear.

VII

La mayoría de las personas se atienen a las instituciones vigentes en su comunidad y no escogen la desviación o la violencia por la existencia de controles internos y controles externos. Los controles internos que se forman en el proceso de socialización de las normas de la sociedad y que las personas aprenden a respetar —sea por la satisfacción interna de cumplir con un deber moral, sea para satisfacer las expectativas de las otras personas significativas o sea por el miedo a las consecuencias que podría acarrearles su incumplimiento— son el mecanismo básico de la reproducción social (Bourdieu y Passeron, 1970). Los controles externos los impone la sociedad y tienen la forma de la vigilancia y el castigo que pueden ejercer los padres, la escuela, la religión, el Estado y también las organizaciones criminales. En la gramática social de la violencia, la posibilidad del pasaje al acto violento está marcada por el acatamiento o desacato individual de los controles internos y externos.

Los controles internos mantienen las normas con las recompensas y satisfacciones que ofrece su acatamiento, y con el temor al autocastigo que pudiera derivar del incumplimiento de sus obligaciones y de las emociones que pueden producirse al separar lo esperado socialmente de lo ejecutado individualmente, y el sentimiento de culpa que de allí se deriva. Como en los controles internos no intervienen terceros, su fuerza es privada y depende del nivel de internalización de los valores y de la moral que se haya dado en cada persona.

Los controles externos buscan dar soporte a las normas a partir de la aplicación efectiva de las penas y castigos establecidos en las reglas vigentes y que pueden provenir de la propia comunidad, como sería un reproche de los vecinos o amigos que produciría vergüenza o un castigo físico de quienes están encargados de trasmitir el mensaje de rechazo y hacer cumplir las consecuencias derivadas.

Los controles internos le dan sustento moral a la dimensión penal de las reglas; y, a la inversa, las sanciones aplicadas en cumplimiento de las reglas refuerzan la vigencia moral y la eficacia fáctica de las normas.

En una tarde de farra y aguardiente, un grupete de amigos campesinos decidió hacer una parrillada y se robaron una ternera de una finca cercana. En esas sabanas interminables, donde la mirada se pierde en el horizonte de la planicie, apenas perturbado por algunas palmeras, pensaron que la soledad los amparaba para la fiesta y las osadas ideas. Unas semanas después, el capataz de la finca denunció la pérdida de la vaquilla al grupo guerrillero que controlaba la zona; tres meses después, tres campesinos aparecieron muertos a la vera de un río. Nadie y todos en la zona sabían lo que les había pasado.

VIII

El pasaje al acto violento ocurre cuando los controles internos se reducen, pues hay una renuncia temporal al deber moral, ya que, si bien el individuo no pierde su noción de lo permitido-prohibido, lo deja en suspenso, lo obvia temporalmente para su acción. Esa temporalidad puede ser prolongada, pero el principio deóntico se mantiene en el delincuente violento; solo en los casos de una evidente enfermedad mental desaparece, y ocurre por pérdida del sentido de la realidad que implica la locura misma. En el resto de los delincuentes, al mantenerse el principio deóntico de la gramática social, es factible que tienda a reproducirse como mecanismo de funcionamiento social, pues se mantiene la desirabilité, como la llamó Durkheim (1996), pero con un contenido diferente y criminal. La gramática social de la violencia utiliza y simula los mismos procesos y emplea los mismos significantes, pero sustituyéndoles el significado para originar un signo distinto.

Cuando en la favela controlada por la banda criminal un poblador o un miembro de la banda se ve incurso en una falta que amerite un castigo severo y existen dudas sobre las causas o las circunstancias del evento, se debe crear un tribunal para realizar el juicio y escuchar a las partes. Lo llaman el “debate”. Si el caso es sencillo y el castigo no implica la muerte, el debate se puede realizar en la comunidad y los responsables locales de la banda designan a quienes deben moderar el debate y los convocan por mensajes de texto para participar en el juicio. Si implica la muerte del acusado, se debe pasar a una instancia superior, y entonces es el Conselho de Finais, Consejo de los Finales, compuesto en su mayoría por los líderes que están en prisión, el que asume el juicio y da el veredicto final. Son los tribunales del crimen (Feltran, 2010, 2018; Biondi, 2018; Lopes, 2022).

El acto violento también ocurre cuando se pierde el miedo al castigo o la sanción, pues las condiciones en las cuales se vive son tan amenazantes, o más, que la sanción; o porque la culpa que al inicio producía remordimiento se atenúa o desaparece y la desviación se asume como una realidad que produce una nueva identidad que da satisfacciones por el reconocimiento o el respeto que puede conllevar (Becker, 1991; Antillano y Sepúlveda, 2022). Es el momento en el cual al delincuente y asesino ya no le importa que se difunda su imagen y se lo etiquete acusándolo de actos horribles, sino que, al contrario, le puede producir un cierto orgullo aparecer en la sección de sucesos de la prensa y ser reconocido como alguien importante en las páginas sociales del crimen, aunque por malo y peligroso.

IX

Los controles externos se pierden porque la vigilancia del cumplimiento de las normas no existe o porque los castigos no representan una amenaza creíble, es decir, pierden su fuerza punitiva. La vigilancia en la vida social funciona en todos los niveles y desde temprana edad; los padres son los responsables de la vigilancia del cumplimiento de las normas de sus hijos y de su corrección, no solo de su enseñanza (Foucault, 2004). La vigilancia actúa como un disuasor de la falencia en cumplir las normas obligatorias o de la trasgresión de las prohibiciones y puede ser realizada por las personas cercanas, por personas pagadas para que realicen ese trabajo, como los policías o vigilantes privados, y de una manera difusa, pero no menos eficiente, por el resto de la sociedad (Felson y Cohen, 1984).

La vigilancia también la pueden ejercer los designados por las bandas criminales. En Venezuela esa función de vigilancia la cumplen los llamados “gariteros” o “luceros”, quienes actúan como una suerte de policía de cercanía o de punto, pues están ubicados en lugares claves de las comunidades y se encargan de controlar la entrada o la salida de personas de ese territorio y de actuar y responder a la situación o reportar a sus superiores cualquier irregularidad. En las zonas controladas por colectivos, se le añade la existencia de una alcabala visible en la entrada donde, durante la noche, se exige la identificación de las personas y se mantiene, además, un circuito cerrado de televisión con cámaras de observación en los puntos claves del acceso o de la vida social comunitaria. En México, la función de los “gariteros” la realizan los denominados “punteros”, quienes se encargan del “halconeo” para detectar vehículos sospechosos y potenciales amenazas. En Brasil son la “torre” o la “disciplina” quienes tienen funciones de control social en la vida comunitaria y garantizan que se cumpla la regla según la cual para ingresar a la zona es obligatorio para cualquier vehículo bajar los vidrios de las ventanas, incluso para los taxis que cruzan sus calles; que los motorizados deben quitarse los cascos y, que durante la noche, todos los vehículos deben apagar las luces externas y encender las luces internas (Briceño-León, Barreira y Aquino, 2022).

Por distintas circunstancias, puede ocurrir que el Estado pierda su capacidad de forzar el cumplimiento de la ley o de aplicar las sanciones previstas en esta y se debilite la “fuerza de la ley”, pues la severidad del castigo es despreciable o muy baja o, lo que es más común, que la probabilidad de que el castigo sea efectivamente impuesto es muy reducida, lo que hace que la infracción de las reglas no tenga las consecuencias previstas por la ley, con lo que la función disuasiva de la pena formal desaparece. Por el contrario, en el crimen organizado sus “leyes” funcionan con más rigor, las penas suelen ser muy severas y la posibilidad de su aplicación es muy superior. Se crea entonces una representación en la población por la cual las leyes penales de la república tienen unas penas moderadas y una baja probabilidad de aplicación, mientras que los castigos aplicados por los grupos delincuenciales tienen penas severas y alta probabilidad de aplicación (Dias, 2009). En la gramática social de la violencia las reglas tienen una fuerza que no muestra la ley formal, así que se podría afirmar, pensando en Derrida (1992), que en la república hay una ley sin fuerza, y en el crimen una fuerza sin ley (formal), pero con sus propias reglas.

Al joven marrullero ya le habían hecho varias advertencias los encargados de la disciplina. Quizá más de las debidas, pero era el hijo descarriado de una señora querida en la comunidad, así que se sentían en la obligación de intentar corregirlo primero. Él hacía algunos trabajitos, pero de resto pedía dinero a los transeúntes y hasta cometía pequeños hurtos con sigilo; aunque lo realmente molestoso era que, cuando estaba drogado, se alteraba y lo que antes podía haber sido una perturbación, se convertía en ofensivo y hasta peligroso para los pobladores de la zona. La banda criminal que había intentado corregirlo lo condenó a recibir como castigo la misma palmatoria que se aplicaba en las escuelas en el pasado: recibió en sus manos y hasta sangrar varias decenas de golpes con una especie de regla de madera. Algunos vecinos pensaron que habían sido muy severos en el castigo, otros que era lo adecuado, pero todos coincidían en que era necesario.

X

Las personas que viven en zonas con importante presencia de los grupos criminales se ven expuestas a una doble gramática social: la de la ley de la república y la del crimen. Están obligadas a entender ambos registros normativos y procedimentales, y a definir los cursos de su acción dependiendo del tipo de eventos y de las circunstancias, es decir, de las condiciones en las cuales se aplicarían, en cada caso, los principios deónticos de lo permitido, obligado y prohibido, y de las secuelas de utilizar una gramática social o la otra.

Verse forzado a definir las acciones entre varias gramáticas es una circunstancia que se repite en las sociedades y en distintas partes del mundo (Pérez Perdomo y Friedman, 2003). Las gramáticas que se presentan en la institucionalidad informal pueden ser complementarias de la gramática formal y legal, o pueden ser opuestas, lo cual sucede cuando esas reglas del juego no son solo informales, sino además ilegales, es decir, son un desacato, una desviación de la exigencia deóntica de la gramática formal.

Las gramáticas complementarias ocurren en áreas que no han sido judicializadas y que forman parte de la vida privada de la pareja, la familia o el vecindario. O de un área específica de los negocios, que se basa en los acuerdos verbales entre partes y que establece sus reglas de manera privada y con aplicación restringida a sus miembros. Por lo regular, se asume que esas gramáticas privadas están subordinadas a las leyes formales de la república, y siempre se puede recurrir en un segundo momento a ese sistema normativo. Pero las gramáticas alternativas no siempre son así: las reglas que regulan la defensa del honor de la familia, en América Latina o en los países de Europa oriental o el sudeste asiático, no coinciden con la ley. Los castigos físicos establecidos en algunas comunidades indígenas de América Central o del altiplano andino son contrarios a las regulaciones legales vigentes en esos países.

La gramática social de la violencia se encuentra en esa categoría de contraria a la legalidad y ofreciendo una ruta de acción distinta y subversiva de la gramática social formal. Por tal motivo, la escogencia de los actores implica una sintaxis comportamental diferente y una visión anticipada de las consecuencias disímil. Las decisiones al momento de la elección de la acción se vinculan no solo con los actos presentes y performativos, sino con las amenazas futuras, y las decisiones se toman por lo regular pensando más en el valor de las consecuencias que en los actos propiamente dichos. El futuro anticipado, imaginado funciona como determinante del presente.

Cuando el grupo guerrillero acudió con sus fusiles en bandolera a solicitarle permiso al dueño de las tierras para construir allí una pista de aterrizaje, el propietario entendió con claridad que se movía entre dos aguas difíciles de navegar. Si aceptaba la solicitud, estaría incurso en el delito de narcotráfico y podría ir a la cárcel si era descubierto, pues tenía certeza de que el aeropuerto sería utilizado por los aviones encargados del traslado de cocaína hacia el Caribe; y, si se negaba, podía perder su finca o su vida. En su pensamiento, anticipaba los futuros posibles; en su decisión, se enfrentaba a su moral y a la facticidad de las consecuencias.

XI

La gramática social de la violencia cumple una función moralizadora del crimen; busca ordenar ese mundo al hacerlo previsible, al establecer reglas del juego que permitan construir expectativas estables sobre los comportamientos de sus propios miembros y de lo que el resto de la sociedad puede esperar de su actuación. La institucionalidad del crimen cumple las mismas funciones sociales de la institucionalidad formal al hacer previsible la interacción social.

La gramática social del crimen permite establecer los cursos de acción, los contenidos deónticos y las sintaxis posibles en tres escenarios: entre los propios bandidos, entre ese grupo criminal y el resto de la sociedad, y entre las personas de esas comunidades.

La gramática social de los bandidos implica unas reglas y establece unos recorridos, unas sintaxis posibles que se fundan en una moral de lo que es correcto, de estar en lo certo en el mundo del crimen. Los asaltantes de bancos tienen reglas muy claras sobre cómo será la participación en el reparto del botín dependiendo de la jerarquía y de la función que cumplan en el asalto y sobre el comportamiento “profesional” que se debe tener durante la operación, el no consumo de drogas previo a la acción y la capacidad de controlar los nervios y administrar el uso de la violencia para evitar víctimas innecesarias.

Los espectaculares asaltos de bancos que han tenido lugar en Brasil —donde participan varias decenas de hombres fuertemente armados que superan en número y poder de fuego a las fuerzas policiales locales, toman por asalto una ciudad pequeña y durante pocas horas de una noche roban tres o cuatro instituciones bancarias usando explosivos, creando caos en la ciudad, bloqueando calles, incendiando vehículos e intimidando a la población— muestran una organización y preparación muy fuerte y unas reglas de comportamiento muy detalladas que deben ser cumplidas por los asaltantes (Aquino y Sá, 2014).

La gramática de la relación de los bandidos con el resto de la sociedad procura regular las interacciones entre victimarios, víctimas y espectadores. Una de las reglas más relevantes durante los robos y secuestros es la prohibición de los abusos sexuales con las víctimas; esos actos son considerados faltas graves, pues la moral del crimen considera que ellos son ladrones profesionales y no estupradores de mujeres. En la regla de no vender ni consumir droga delante de los niños o cerca de las escuelas se busca mejorar las relaciones con la comunidad al presentarse como actores morales al controlar los desafueros que pueden ocasionar algunos drogadictos y evitar ser considerados como inducidores al consumo, pues alegan que ellos responden a una demanda, no la crean.

También busca regular las relaciones sociales en la comunidad, y una de las intervenciones más fuertes ocurre en el control de la violencia doméstica y, en particular, en la agresión de los hombres contra sus parejas. En las áreas controladas por las bandas criminales, la violencia de género es motivo de una intervención rápida del grupo criminal en favor de las mujeres; primero, con sermones y advertencias a los hombres, y luego pueden llegar a castigos físicos o incluso a la expulsión de la casa o del barrio. La intervención de la banda en ese conflicto doméstico no requiere una denuncia; el solo hecho de haber sido un evento notorio y de conocimiento público ya puede convocar a su intervención moralizadora.

XII

La gramática social de la violencia procura, además del control moral del crimen, poner un orden en los mercados ilegales y crear una institucionalidad en la gestión del delito, de modo tal de garantizar un acceso ordenado a las rentas y evitar los free riders. Una de las causas más comunes de la violencia entre los grupos criminales deriva de la incapacidad de resolver conflictos comerciales por los medios formales, como serían los tribunales, pues ningún ladrón de bancos puede ir ante un juez a reclamar que no le dieron completa su parte del botín o un traficante entablar un juicio para reclamar el impago de un cargamento de droga que le adeudaban. La normatividad del crimen procura establecer una institucionalidad con las reglas del juego de los bandidos y para ello se requieren acuerdos entre las partes criminales o que uno de los bandidos detente suficiente poder para imponer las reglas a los demás. Para las comunidades es preferible la presencia de un bandido que de varios, pues un solo bandido, sea una banda criminal o el Estado, ofrece reglas claras y hace previsible la interacción y predecible el futuro (Olson, 1993).

La existencia de un solo bandido facilita la estabilización de las expectativas de las personas bajo ese dominio, sea que lo represente un Estado que ha logrado monopolizar la fuerza e imponer sus leyes, sea un grupo criminal que imponga sus reglas y garantice su eficacia práctica y su capacidad de forzar su acatamiento. Las expectativas del ciudadano común sobre lo que espera la banda criminal de su actuación le permiten actuar de manera confiada, saber qué se espera que él o ella haga o no haga, y saber a qué atenerse si decepciona la expectativa del otro. Se producen, entonces, unas coexpectativas que facilitan y obligan su acción en esa gramática social (Luhmann, 2013).

En la cadena montañosa que une y separa a Colombia y Venezuela, hacían vida tres grupos armados no estatales: dos ejércitos guerrilleros y uno de paramilitares que los enfrentaba. Para la población campesina, agricultores y propietarios, aquello era una tragedia, pues nunca sabían a qué atenerse. Una semana llegaba un grupo guerrillero y les pedía apoyo, dinero, comida y también información. A la semana siguiente llegaba la otra guerrilla, los acusaba de haber colaborado con el grupo rival y les exigía más colaboraciones e informaciones. Y la tercera semana llegaban los paramilitares y los castigaban y saqueaban por cooperar con las guerrillas. Ocasionalmente aparecían los batallones del ejército, quienes combatían a los tres grupos armados no estatales y lograban contenerlos con moderado éxito; los soldados les recriminaban a los pobladores locales por su cooperación con la subversión, pero no les ofrecían protección. Con el tiempo, los paramilitares desaparecieron de la zona, uno de los grupos guerrilleros entró en conversaciones de paz y el Ejército venezolano, por razones extrañas y desconocidas, se retiró de la zona o dejó de combatir. La población quedó bajo el control de un grupo guerrillero que tenía el camino despejado para imponer su dominio y extorsionar a los comerciantes y los ganaderos. Los productores y empresarios sintieron un alivio: “Antes teníamos que pagarles a los tres grupos y no sabíamos a qué atenernos; ahora estamos seguros y pagamos un monto fijo”, nos dijeron.

XIII

En las escogencias que deben hacerse en la gramática social, la orientación de los comportamientos se ve afectada por dos principios generales adversos que concurren en la vida cotidiana: todo lo que no está prohibido está permitido y todo lo que no está permitido está prohibido (Bobbio, 2017).

En la sociedad democrática, la vida privada se rige por el principio de “todo lo que no está prohibido está permitido”. Ese principio deja sin control o regulación muchos aspectos de la vida social y les ofrece una mayor libertad y margen de maniobra a las personas. De igual modo les permite a los grupos de control concentrarse en la vigilancia o castigo de lo expresamente prohibido.

En las zonas controladas por la gobernanza criminal, se aplica el principio contrario: todo lo que no está permitido está prohibido. Esto es así porque las regulaciones establecidas son pocas, pero el miedo en la población es grande por expectativa de sanciones severas; entonces, como en cualquier régimen totalitario, las personas restringen su campo de acción, se abstienen en caso de dudas o deben consultar y solicitar autorizaciones de forma continua.

Bobbio (2017) sostiene que en la esfera pública de la democracia, a diferencia de la vida privada, los funcionarios del Estado actúan bajo el principio de que “todo lo que no está permitido está prohibido”. La actuación de la policía está pautada por lo que le está permitido, las garantías de las personas obligan a esa restricción del poder del Estado y por eso sus actuaciones se deben realizar en consonancia con lo establecido en la ley, como procedimiento y como autorización para el uso legítimo de la fuerza y la violencia. Lo que no está explícitamente autorizado allí está prohibido; por eso el funcionario debe justificar sus actos violentos con los preceptos establecidos en las leyes y reglamentos relativos al uso proporcional de la fuerza. Esta restricción de lo permitido impulsa la actuación impersonal de los encargados de la vigilancia y el castigo, pues solo determinados actos, y en determinadas circunstancias, autorizan el uso de la violencia. La capacidad de hacer cumplir las reglas de una manera impersonal es considerada como una condición relevante para la pacificación y el control de la violencia (North, Wallis y Weingart, 2012, p. 16).

La gramática social de la violencia procura moverse en la misma dirección, aunque de manera muy irregular e imperfecta y, por supuesto, con significados diferentes, pues la justificación se encontraría en las mismas reglas del crimen. La premisa de que todo lo no prohibido está permitido no es siempre evidente que pueden ejercerla los ciudadanos en las zonas controladas por el crimen, pues la amenaza del uso de la fuerza sin ley está siempre presente y la ausencia de un régimen de garantías inhibe a las personas de actuar libremente en estos territorios, igual como acontece con quienes viven bajo regímenes políticos dictatoriales. La regla de que todo lo no permitido está prohibido sí se aplica dentro de las bandas delincuenciales y forma parte del control y la disciplina que quiere imponer el crimen al organizarse. De igual modo, el crimen organizado procura que su uso de la violencia sea impersonal, como medio eficiente para alcanzar metas, pues pretende superar la violencia expresiva e inútil de las pandillas juveniles o de los delincuentes escoria y sustituirla por un ejercicio impersonal de la fuerza y una utilización limitada de la violencia por las reglas de la gramática social (Briceño-León, 2017).

El grupo criminal le había encomendado a un miembro de la disciplina que castigara a un ladronzuelo que llevaba tiempo cometiendo robos y hurtos en esa comunidad. Los montos eran pequeños, pero la molestia era grande, pues se rompía con la seguridad que la facção pregonaba haber alcanzado en ese territorio. El castigo consistía en impactarle un disparo en la palma de una mano, se consideraba que era un escarmiento importante y limitado. El responsable de su aplicación, en lugar de dispararle en la mano, lo hizo sobre sus costillas y el ladrón falleció. Se llamó a un debate, pues no se había decretado la pena de muerte, se había evitado expresamente y eso no se cumplió. El encargado de la disciplina alegaba que el joven había intentado huir y que se había visto forzado a dispararle, pero en el debate salieron a la luz los conflictos que ambos habían tenido en el pasado y que la ocasión había sido aprovechada por la “disciplina” para cobrarse ofensas y deudas personales. La facção decretó la pena de muerte del miembro de la banda.

En las cárceles que permiten las visitas íntimas no hay mucha privacidad al momento de tener relaciones sexuales; las cárceles no fueron diseñadas para esas circunstancias. Entre los prisioneros está prohibido mirar mientras otro de los presos copula con su pareja. Cuando eso sucede, el agraviado no puede reaccionar con violencia contra el mirón, como pudiera esperarse en ese medio, sino que debe denunciarlo ante el pran para que le sea aplicado por la banda un castigo impersonal y así evitar una cascada de violencia.

XIV

La gramática social orienta la acción de las personas a fin de que puedan realizar sus deseos y alcanzar sus metas en un contexto regulado y normado. Esas aspiraciones y propósitos pueden ser compartidos por quienes adoptan la gramática formal y quienes usan la gramática criminal, por lo que metas y deseos pueden ser comunes. La diferencia radica en los medios que se utilizan para alcanzar esas metas, pues, en la gramática social de la violencia, unos medios que se consideran prohibidos en la gramática legal pasan a ser considerados aceptables y hasta obligatorios en el crimen. El enriquecimiento, la riqueza puede ser una meta social compartida por trabajadores y empresarios honestos y por estafadores tramposos y traficantes de drogas; la escogencia que cada uno de ellos ha hecho de los medios empleados para alcanzar ese objetivo es lo que los diferencia.

En un artículo de 1938, Merton formuló un aspecto esencial para comprender la relación entre medios y fines en la gramática social de la violencia y el crimen. Sostiene que la sociedad les propone a los individuos unos objetivos, unas metas de logros materiales y de prestigio que todos deberían buscar y alcanzar; y, al mismo tiempo, regula y define los medios socialmente aceptables para alcanzar los objetivos propuestos. Se asume que los medios permitidos y obligantes deberían habilitar el logro de las metas. El problema se presenta cuando los medios prescritos para lograr las metas no permiten alcanzarlas y ocurre un progresivo énfasis en conseguir las metas por cualquier medio. La disyunción entre las normas aceptadas para alcanzar las metas y la posibilidad real de lograrlas con esos medios prescritos produce una tendencia a la desviación que Merton considera un comportamiento “aberrante”, pues desde el punto de vista sociológico se trata de una “disociación entre las aspiraciones culturalmente prescritas y las vías socialmente estructuradas para realizar esas aspiraciones” (Merton, 1965, p. 188).

La gramática social del crimen permite normalizar y ordenar ese comportamiento “aberrante’’, pues crea una normatividad que elimina la disociación, dado que admite los mismos fines y transforma la valoración deóntica de los medios permitidos y prohibidos. Crea un nuevo registro en el cual son alteradas y reformuladas las regulaciones instrumentales para crear un nuevo universo moral y unas reglas que le permiten adquirir no solo riqueza, sino integridad moral y reputación si se actúa de acuerdo con las leyes del crimen.

La gramática social de la violencia es una reformulación del orden social para uso de un subgrupo de personas que luego extiende sus efectos al resto de la población. Por eso no es posible pensar que en esos contextos existe necesariamente lo que Durkheim denominó anomia, y que Merton retoma y postula como una consecuencia de la desviación (Merton, 1965, p. 231). En efecto, en el mundo del crimen no hay una aplicación de la legalidad vigente, no hay Estado de derecho, pero tampoco hay vacío normativo, ya que la organización criminal no permite que eso ocurra y crea una normatividad alternativa con el propósito de llenar ese vacío y provocar un orden diferente que llamamos la gramática social de la violencia.

La gramática social de la violencia pretende poner orden en el comportamiento desviante, de modo tal de evitar los conflictos y costos que pudiera provocar el crimen desorganizado y la anomia. Y de ese modo moralizar el crimen y normar el uso de los medios ilegales para obtener los fines de la riqueza y el poder.

XV

¿Por cuál razón el ser humano escogería los medios prohibidos? La respuesta más básica sería porque es libre. La sociedad establece lo que considera bueno y malo, lo prescrito y lo proscrito, de acuerdo con las necesidades de adaptación cultural de su lugar y tiempo, y acorde con sus miedos, fantasmas y dioses. Por más que las sociedades intentan socializar a los niños y controlar a los adultos en el cumplimiento estricto de esos parámetros y límites, nunca lo logran a plenitud. Ni siquiera los regímenes totalitarios más extremos logran esa homogeneización cultural ambicionada por dictadores y fabulada por escritores utopistas. El ser humano siempre puede escoger la desviación pues es libre, y esa libertad puede conducir al mal o a importantes innovaciones sociales.

Como ya muy pocos creen en el destino y la predeterminación, los partidarios de la teoría de la necesidad afirman que es la pobreza, la carencia de las oportunidades o las maldades sufridas con antelación lo que conduce al delito, el robo y el homicidio. Ciertamente, esas condiciones sociales pueden incidir a nivel singular en un robo por hambre o un asesinato por retaliación y venganza; o pueden ser consideradas como causas de causas (Wikstrom, 2010), pero lo que puede ser aplicado a un caso individual no es verdad en lo plural. La mayoría de los pobres no son ladrones y la mayoría de las víctimas no se transforman en victimarias.

Algunos de quienes optan por los medios proscritos no lo hacen por necesidad, sino porque estiman que los beneficios que pueden obtener de escoger la alternativa del crimen, en términos de facilidad, rapidez o magnitud de las satisfacciones, son superiores a si escogieran no hacerlo. Y porque los beneficios potenciales son muy superiores a los costos que puedan anticiparse por escoger y ejecutar lo prohibido (Becker, 1991). Otros rechazan hacer lo prohibido, porque su moral se lo impide y sus frenos internos tienen suficiente fuerza como para permitirles ejercer un autocontrol (Gottfredson y Hirshi, 1990) que los frene y les impida pecar y puedan seguir siendo honestos incluso estando solos frente al cofre abierto.

En otros individuos la tentación se impone, y la suma de beneficios o la falta de controles los llevan a la transgresión y lo prohibido. Kant (1981) sostenía que en el ser humano había una propensión hacia el bien y una tendencia hacia la maldad, Hang züm Bösen, y que en el ejercicio de su libre albedrío, de su libertad, podía escoger el mal y los medios proscritos y optar por la gramática social de la violencia.

Referencias

Antillano, A. y Sepúlveda, C. (2021). “El orden moral del acto de matar”. Dilemas. Rev. Estud. Conflito Controle Soc. Río de Janeiro, vol. 14 (3), pp. 617-639.

Aquino, J. y Sá, L. (2014). “‘Consideração’ e ‘competência’ entre assaltantes: etnografias da sociabilidade armada”. Violência, ilegalismos e lugares morais. Campinas, Pontes.

Arias, E. (2018). Criminal Enterprises and Governance in Latin America and the Caribbean. Nueva York, Cambridge University Press.

Becker, G. (1968). “Crime and punishment: An economic approach”. Journal of Political Economy, vol. 76 (2), pp. 169-217.

Becker, H. (1991). Outsiders. Studies in the Sociology od Deviance. Nueva York, The Free Press.

Biondi, K. (2018). Proibido Roubar na quebrada: território, hierarquia e lei no PCC. São Paulo, Terceiro Nome.

Boudon, R. (1994). ‘‘La logique des sentiments moraux’’. L'Année sociologique, vol. 44, pp. 19-51.

Bourdieu, P. y Passeron, J. (1970). La réproduction, éléments pour une théorie du système d'enseignement. París, Les Editions de Minuit.

Briceño-León, R. (2017). “Entre pandillas y mafias. El análisis organizacional del delito en Venezuela”. Analogías del Comportamiento, vol. 14, pp. 34-49.

Briceño-León, R; Barreira, C., Aquino, J. (2022). “‘Facções’ de Fortaleza y colectivos de Caracas: dos modelos de gobernanza criminal”. Dilemas, Rev. Estud. Conflito Controle Soc., Edição Especial n. 4, Río de Janeiro, pp. 21-49.

Crawford, S. y E. Ostrom (1995). ‘‘A Grammar of Institutions”. American Political Science Review, vol. 89 (3), pp. 582-600.

Derrida, J. (1992). “Force of Law: The Mystical Foundations of Authority”. Deconstruction and the Possibility of Justice. London, Routledge, pp. 3-67.

Dias, C. (2009) “Ocupando as brechas do direito formal: O PCC como instância alternativa de resolução de conflitos”. Dilemas-Revista de Estudos de Conflito e Controle Social, vol. 2 (4), pp. 83-105.

Durkheim, É. (1996). Sociologie et philosophie. París, Quadrige, Press Universitaires de France.

Durkheim, É. (2009). Les règles de la méthode sociologique. París, Payot.

Elias, N. (1987). El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas. México, Fondo de Cultura Económica.

Feltran, G. (2010). “Crime e castigo na cidade: Os repertórios da justiça e a questão do homicídio nas periferias de São Paulo”. Caderno CRH, vol. 23 (58), pp. 59-73.

Feltran, G. (2018). Irmãos: uma história do PCC. São Paulo, Companhia das Letras.

Ferrajoli, L. (2011). Principia iuris. Teoría del derecho y de la democracia. Teoría del derecho (tomo I). Madrid, Editorial Trotta.

Foucault, M. (2004). Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France (1977-1978). París, Gallimard Seuil.

Gottfredson, M. y Hirschi, T. (1990). A General Theory of Crime. Stanford, Stanford University Press.

Kant, I. (1981). La religión dentro de los límites de la mera razón. Madrid, Alianza Editorial.

Lesssing, B. (2021). “Conceptualizing Criminal Governance”, Perspectives on Politics, vol. 19 (3), pp. 854-873. Disponible en: DOI: https://doi.org/10.1017/S1537592720001243

Lopes, T. (2022). Da Fragmentação ao Bonde: As transformações sociais das dinâmicas criminais em um bairro da Grande São Luís. MA. Dissertação (Mestrado), Universidade Federal do Ceará.

Luhmann, N. (2019). “Las normas desde una perspectiva sociológica”. La moral de la sociedad. Madrid, Editorial Trotta, pp. 29-56.

Manso, B.; Dias, C. (2017). “PCC, sistema prisional e gestão do novo mundo do crime no Brasil”. Revista brasileira de segurança pública, vol. 11 (2).

March, J. y Olsen, J. (1989). Rediscovering Institutions. Nueva York, Free Press.

Merton, R. (1938). “Social Structure and Anomie”. American Sociological Review, vol. 3 ( 5), pp. 672-682.

Merton, R. (1965). Teoría y estructura social. México, Fondo de Cultura Económica.

Misse, M. (2012). “A categoria ‘bandido’ como identidade para o extermínio. Algumas notas sobre a sujeição criminal a partir do caso do Rio de Janeiro”. Violencia e Dilemas Civilizatorios. As praticas de punição e extermínio. Campinas, Pontes Editores, pp. 31-58.

North, D. (1991). “Institutions”. The Journal Economic Perspectives, vol. 5 (1), pp. 97-112.

North, D.; Wallis, J. y Weingast, B. (2009). Violence and Social Order. A conceptual Framework for interpreting Recorded Human History. Cambridge, Cambridge University Press.

Olson, M. (1993). “Dictatorship, Democracy, and Development”. The American Political Science Review, vol. 87 (3), pp. 567-576.

Ostrom, E. (2005). Understanding Institutional Diversity. Princeton, Princeton University Press.

Parsons, T. y Shils, E. (2001). Toward a General Theory of action. Theoretical Foundations for the Social Sciences. New Brunswick, Transaction Publisher.

Pérez Perdomo, R. y Friedman, L. (2003). “Legal Culture in the Age of Globalization”. Legal Culture in the Age of Globalization. Latin America and Latin Europe. Stanford, Stanford University Press, pp. 1-19.

Rawls, A. (2013). “Social Order as Moral Order”. Handbook of the Sociology of Morality. Nueva York, Springer, pp. 95-121.

Weber, M. (1964). Economía y sociedad. México, Fondo de Cultura Económica.

Wikström, P. (2010). Explaining Crime as moral actions. Handbook of Sociology of Morality. S. Hitlin & S.Varsey (eds). Londres, Springer.

F

PARTE I. Crimen organizado y gobernanza criminal

La gobernanza criminal y el gobierno en América Latina

El 17 de octubre de 2020, el primer ministro en funciones de Haití, Ariel Henry, se dirigía a colocar su ofrenda floral en Pont-Rouge. Henry había heredado el poder después del asesinato en su casa del anterior presidente de la República y aquella mañana se dirigía a realizar su homenaje de Estado, pues se trataba de una celebración especial, ya que, si bien el motivo era una muerte —y otro asesinato—, se trataba del homenaje que cada año se rinde al líder de la revuelta de los esclavos quien, en 1804, derrotó a las tropas francesas y obtuvo la independencia de Haití. Luego de que Jean-Jacques Dessalines hubiera expulsado a las tropas francesas, se proclamó emperador de Haití y lo fue hasta dos años después, cuando fue asesinado por sus colaboradores en el lugar donde se le construyó un monumento recordatorio.

Esa mañana, en el trayecto hacia ese monumento, los vehículos de traslado y seguridad de la comitiva oficial del primer ministro fueron fuertemente atacados con disparos, lo que los obligó a protegerse y retirarse del lugar (Ives, 2021).

Poco después, el líder de la banda local denominada G9, un expolicía apodado Barbecue