Justicia y libertad - Alison Bruey - E-Book

Justicia y libertad E-Book

Alison Bruey

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Beschreibung

Analiza la resistencia popular contra Pinochet en dos poblaciones emblemáticas: La Legua y Villa Francia. Su lucha por los DD.HH, fue más allá de la defensa de la vida en peligro, defendían su derecho al pan, el trabajo, la justicia y la libertad.

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La autora agradece al Departamento de Historia de la Facultad de Artes y Cienciasy a la Humanities and Arts Project Grant de la University of North Floridapor apoyar la traducción de este libro. © LOM Ediciones Primera edición, septiembre 2023 Impreso en 1000 ejemplares ISBN Impreso: 9789560017413 ISBN Digital: 9789560017741 RPI: 2023-a-9512 Traducido desde el inglés:Bread, Justice, and Liberty: Grassroots Activism and Human Rights in Pinochet’s Chile fotografía de portada: © Paulo Slachevsky<https://www.flickr.com/photos/pauloslachevsky> @pauloslachevsky Edición y maquetación LOM ediciones. Concha y Toro 23, Santiago Teléfono: (56-2) 2860 68 [email protected] | www.lom.cl Tipografía: Karmina Impreso en los talleres de gráfica LOM Miguel de Atero 2888, Quinta NormalSantiago de Chile

Índice

PrólogoAgradecimientosIntroducción Desafiar a la dictadura, exigir libertadCapítulo 1 La Legua, Villa Francia y el movimiento de pobladoresCapítulo 2 El golpe y el pasado que es presenteCapítulo 3 La economía del terror, 1973-1978Capítulo 4 Solidaridad y resistencia, 1973-1978Capítulo 5 Milagros, espejismos y movilización, 1978-1982Capítulo 6 Protesta nacional y posibilidad, 1983-1990Epílogo ¿Y la alegría?Bibliografía y fuentesLista de abreviaturas

Prólogo

Cuando comencé las investigaciones para este libro, el 30° aniversario del golpe se avecinaba. Mirando hacia atrás, ahora desde el 50° aniversario, son notables tanto los cambios como las continuidades relativos a las luchas populares por la justicia social y la democracia, y las luchas sobre la memoria y la historia durante los últimos veinte años.

La edición original de este libro salió en inglés en mayo del 2018, con el Mayo Feminista en plena marcha y poco más de un año antes del estallido social de 2019. Estos dos grandes hitos históricos no aparecen en el libro por la simple razón de que fue a la imprenta antes que sucedieran. Sin embargo, los sucesos de 2018 en adelante no están ajenos a los procesos retratados en este libro: están estrechamente relacionados.

Además de su importancia para la historia nacional, las luchas populares por la justicia social y la democracia en Chile han sido ejemplos a nivel internacional para las personas que luchan por la justicia y la libertad en distintas partes del mundo. El fuerte (re)surgimiento del movimiento feminista chileno en 2018, el despertar masivo de 2019 y el consiguiente proceso constituyente alentaron las esperanzas más allá de las fronteras chilenas.

Una estudiante sabia me dijo una vez que la democracia es a menudo ruidosa y desordenada. Pero no por eso deja de ser democracia, y no hay que tenerle miedo. Más peligroso es perderla.

Es bien conocido lo dañino que es negar y acallar, desconocer hechos comprobados y tergiversar deliberadamente la historia en aras de erosionar, o bien revertir, los avances de la justicia y la libertad. Negar y acallar la historia limita los prospectos de futuro y acorta los horizontes tanto para la sociedad actual como para las nuevas generaciones que vendrán. Desgraciadamente en la actualidad cunden intentos de negar la historia y coartar la justicia social y la democracia. Esto también forma parte de los procesos históricos y el futuro no está escrito. Lo que sucederá a continuación depende de todos nosotros.

Alison J. Bruey Santiago, 27 de agosto de 2023

Agradecimientos

Este trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo y las contribuciones de muchas personas.

Primero y antes que nada les agradezco a los pobladores de Villa Francia, La Legua y otras poblaciones de Santiago y sus aliados, quienes con generosidad y paciencia me hablaron de sus historias, respondieron a mis preguntas y compartieron sus opiniones y análisis. Una parte importante de la historia retratada en este libro no se encuentra en los archivos tradicionales: circula en la memoria y la historia popular, por lo que las conversaciones con los pobladores y sus aliados fueron esenciales.

A los bibliotecarios, archivistas y personal de apoyo de las bibliotecas, archivos y centros de documentación, cuyos acervos fueron indispensables para la realización de este trabajo.

A Cecilia Riveros, excelente ayudante de investigación, que transcribió grabaciones y revisó diez años enteros de El Mercurio en Santiago.

A Sandra A. Stratton y Anthony Rossodivito, magísteres en Historia y ayudantes de investigación de la University of North Florida.

A Rodrigo Olavarría, que tradujo el texto del inglés al español.

Este trabajo fue posible gracias al apoyo material de Yale University, al programa Fulbright-Hays y la University of North Florida. Les agradezco a la University of Wisconsin Press y a LOM ediciones por hacer posible su publicación en los Estados Unidos y en Chile.

Debo agradecer de modo particular a Mario Garcés, a Peter Winn y a Steve Stern por su apoyo intelectual, su generosidad al momento de compartir contactos y conocimientos, y sus enseñanzas sobre metodología y la historia de Chile.

A mis amigos y colegas en Chile, quienes me han brindado palabras de apoyo y aliento, techo y comida, contactos, libros y publicaciones, orientación, buena conversación, crítica constructiva, bondad y amistad, mis más sentidos agradecimientos.

Finalmente, gracias infinitas a mis abuelos, mis padres, mis hermanos y mi pareja Paul Carelli, quienes me han acompañado en las buenas y en las malas con acérrimo apoyo moral y amor incondicional.Introducción

IntroducciónDesafiar a la dictadura, exigir libertad

Manifestantes: ¡Pan, justicia, libertad!Oficial de Carabineros: ¡Fíjese cómo gritan contra el Gobierno! Monseñor Gustavo Ferraris: ¿Cómo? ¿Así que el gobierno no quiere pan, justicia y libertad?

Conversación, Iglesia Don Bosco, La Cisterna, 1 de mayo de 19781

Derechos humanosDerechos negadosHermosas palabrasCon soles de primaveraMentiras de siglosSueños truncadosEsperanzas fugadasAmargura en el almaDel hombre de manos encallecidas. . .

Juan Ávalos, «Odas al pueblo humillado»2

El mes del volantín

El martes 11 de septiembre de 1973, temprano en la mañana, el director de la escuela de Juan mandó a los estudiantes a sus casas antes que las clases comenzaran sin dar explicación. Juan volvió a su barrio, La Legua Emergencia, se puso ropa de calle y salió. Septiembre es el mes de los volantines y el techo de la fábrica textil Comandari era ideal para elevarlos. A pesar del frío, Juan subió al techo, donde él y otro niño pasaron la mañana haciendo trucos con sus volantines. Desde la altura vieron dos aviones sobrevolar el centro de Santiago. Luego, mientras los aviones se alejaban veloces, los niños vieron una columna de humo negro elevándose en el cielo invernal sobre el Palacio de La Moneda.3

Esa misma mañana, más temprano, las Fuerzas Armadas de Chile, con el apoyo de la derecha chilena, el Partido Demócrata Cristiano y el gobierno estadounidense de Richard Nixon, perpetraron un golpe de Estado contra el gobierno democráticamente elegido de la Unidad Popular (UP) y el presidente socialista Salvador Allende Gossens. El golpe puso un violento fin a la vía chilena al socialismo antes de cumplir tres años, del mandato de seis que tenía el gobierno de Allende. Ese día, mientras la Fuerza Aérea bombardeaba La Moneda, la casa de Allende y las antenas de las radios fieles a la Unidad Popular, soldados y carabineros hicieron redadas en toda la ciudad. Los principales blancos fueron fábricas, universidades y poblaciones famosas por su historia de acción colectiva. Cuando Juan vio los aviones bombardear La Moneda no sabía que eso marcaba el fin del gobierno de la Unidad Popular y de su oportunidad de salir de La Legua Emergencia, una de las poblaciones más pobres de Santiago, a través de la educación. Treinta años después, Juan reflexionaba: «Yo veía que [la UP] era algo que se estaba creando pa’ nuestro estrato, empezando había buena educación, la alimentación. . . no es como ahora [2003] que la educación es puro comercio». Después del golpe volvió a la escuela, pero todo había cambiado: el tamaño de los cursos creció, y tanto la comida como la pedagogía empeoraron. El cambio fue brutal y desconcertante. La experiencia de Juan ilustra cómo, aparentemente de un día para otro, se instaló un nuevo sistema en Chile: «Que se vivió todo lo lindo y que de la noche a la mañana así –pah– le bajan la cortina. Hasta ahí no más llegaste, de ahí no podís pasar p’allá si no tenís plata, si no tenís… como se dice, yuntas pa seguir más arriba. Porque lo que decía Allende que la educación y la salud eran algo que el Gobierno tenía que darles, que proveer a sus conciudadanos, y ahora usted si no tiene plata no estudia, si no tiene plata se muere».4

Los recuerdos de Juan subrayan un tema persistente en entrevistas de historia oral con residentes de las poblaciones de Santiago a principios del siglo XXI: un énfasis en la continuidad, más que en la ruptura, entre la dictadura de Pinochet (1973-90) y los gobiernos de la Concertación (1990-2010).5 En el caso de Juan, la continuidad se refería a un régimen económico –neoliberalismo– y la violación sistemática de los derechos sociales. En otros casos la idea de continuidad enfatiza la represión y la violación de derechos políticos. Para otros, la violación de derechos políticos y sociales en dictadura y en democracia apunta a una relación de refuerzo mutuo entre la violación de los derechos humanos y el neoliberalismo. La interpretación de la continuidad varía según la generación. En conversaciones informales, los activistas sociales que vivieron la dictadura como adultos hacen claras distinciones entre intensidades y tipos de represión en la dictadura y bajo la Concertación, y opinan que los jóvenes más radicales tienden a exagerar las similitudes entre ambos períodos. Sin embargo, mientras los activistas mayores prefieren una visión más matizada, constantemente subrayan importantes continuidades: tortura, abuso de poder, asesinatos cometidos por el Estado, el retrato peyorativo de las poblaciones en los medios, una cultura de impunidad para los violadores de los derechos humanos y los estragos causados por las políticas neoliberales en materias sindicales, de educación, salud y seguridad social.6 Estas interpretaciones de base son muy distintas al discurso sobre derechos humanos esgrimido por la Concertación, enfocado en la reconciliación y el rechazo de la represión política de la dictadura. El poeta Juan Ávalos, de Villa Francia, ofrece una visión alternativa de la postdictadura en su poema del 2008 «Odas al pueblo humillado», donde enumera, entre otros problemas, «salarios del hambre», «leyes infames», políticos corruptos y groseras desigualdades sociales, el poema pregunta: «¿A todo esto le llaman / justicia democracia / derechos humanos?».7 Tras una década de la recuperada democracia en Chile, para varias generaciones de activistas poblacionales estaba claro que la élite política de la postdictadura continuó las prácticas represivas y no tenía interés en alterar el modelo económico neoliberal de la dictadura.8 Una mujer describe a la Concertación como una dictablanda más que una dictadura. Otra comenta, «Pagamos la cuota de sangre [en la lucha por la democracia] pero no para esto».9 ¿Qué pasado coexistía tan incongruentemente con el presente concertacionista en las poblaciones de Santiago?10 Este libro aborda ese pasado: la experiencia de vivir la dictadura y el activismo que se le enfrentó desde la perspectiva de luchadores contra el régimen y por la democracia en las poblaciones de Santiago, el centro del poder estatal y el epicentro de la resistencia.

Derechos humanos, pobladores y democracia

Los derechos humanos, escribe Micheline Ishay, son «el resultado de un proceso histórico acumulativo que cobra vida propia, sui generis, más allá de las reflexiones de pensadores progresistas, más allá de los documentos y hechos principales de una época particular… Si el espíritu de un período parece serpentear caprichosa y peligrosamente entre los cráteres volcánicos de las turbulencias sociales, esto es transmitido consciente e inconscientemente de una generación a la siguiente, junto a las cicatrices de un pasado tumultuoso».11 Es común que, en el lenguaje grandilocuente sobre derechos humanos e historia, se pierdan las personas que mueven los procesos históricos, que crean, expresan, preservan y transmiten ideas, así como el «espíritu de una época» y sus cicatrices, a las nuevas generaciones.12 También son las personas quienes llevan a la práctica, o fracasan llevando a la práctica, la idea de los derechos, humanos u otros. Los derechos humanos son invenciones de la mente humana y no existen en la experiencia de las personas sin una acción deliberada por llevarlas a la práctica de forma concreta. «La idea de los derechos humanos, conferida a nosotros en virtud de nuestra humanidad», escriben Steve Stern y Scott Straus, «es una ficción conveniente». Sí es, no obstante, una ficción poderosa que gente en todo el mundo ha intentado hacer realidad, con distintos grados de éxito.13

Chile es un caso fundacional en el movimiento moderno por los derechos humanos internacionales.14 Durante los setenta, el concepto y lenguaje de los derechos humanos era relativamente nuevo para Chile y la gente ahora reconocida como defensores de los derechos humanos no tenía una guía o precedente de discurso y defensa, tal como hoy los entendemos. Los defensores de los derechos humanos –desde las alturas de la jerarquía eclesiástica a los activistas en poblaciones– tuvieron que crear y adaptarse según las condiciones cambiaban. Luis Van Isschot afirma que «los derechos humanos son normas y prácticas contingentes que derivan de experiencias reales de autoritarismo, guerra, pobreza y exclusión», y este era ciertamente el caso chileno.15 Los pobladores de este estudio eran objeto de ataques de violencia social y política que constituían violaciones a los derechos humanos antes que «el lenguaje de los derechos humanos» (human rights talk) se estableciera en Chile y antes que los «derechos humanos» fueran un grito de guerra para la oposición a la dictadura. Su lucha por la justicia social era anterior al golpe y el desarrollo generalizado de «el discurso sobre los derechos humanos» a mediados de los setenta: fue este nuevo discurso sobre derechos humanos el que ofreció una herramienta para llevar adelante otras luchas por la justicia social y la democracia, y compensar el abuso. Durante la dictadura, los pobladores y sus aliados crearon comunidades que buscaban justicia social y democracia. La lucha iniciada por estos activistas fue un empeño profundamente humano en el sentido más noble y fundamental del término. Fue al mismo tiempo espectacular y mundano. Reunía tanto la esperanza como el horror, violencia y pacifismo, aislamiento y solidaridad, un idealismo utópico y un abyecto pragmatismo, valentía y terror. Dejó al desnudo las vicisitudes y complejidades de la verdad y el engaño, de la vida y la muerte, del amor y el odio.

Poner a las personas y sus comunidades al centro de este análisis permitirá acercarse a la lucha por la democracia y los derechos humanos en terreno, lejos de las grandes narrativas, diagramas y clichés sobre el período. También altera la periodización y el conocimiento aceptados sobre la experiencia de la dictadura en Chile.16 En las poblaciones, la represión política y la intimidación de obreros y militantes de izquierda comenzó antes del 11 de septiembre de 1973. No hubo «milagro económico» a fines de los setenta. El derrumbe financiero de 1981-1983 marcó una profundización, no el adviento, de la crisis económica. Las primeras jornadas de protesta nacional de 1983 representaron el aceleramiento y expansión de las protestas masivas, no su inicio. Las protestas nacionales en las poblaciones, ocurridas entre 1983 y 1987, fueron planeadas y organizadas; no fueron ni espontáneas ni irracionales. Las protestas fueron explícitamente realizadas tanto contra la dictadura como contra el modelo económico neoliberal que causó el mayor daño a las poblaciones. La transición a la democracia no fue pacífica y no fue solamente ganada, o principalmente ganada, a través de las elecciones. Esta experiencia histórica difiere de los discursos dominantes sobre la dictadura y la transición a la democracia, y se enfrenta directamente a los regímenes dominantes en Chile sobre historicidad e interpretaciones sobre derechos humanos.

La historia de revolución, dictadura y democratización chilena es parte de un legado mayor de luchas políticas y sociales en Latinoamérica. Los derechos humanos se convirtieron en una consigna durante los setenta y ochenta, mientras en Occidente los regímenes de seguridad nacional de la Guerra Fría hacían del crimen la base de su política estatal. Internacionalmente, Chile fue uno de los ejemplos, dada su historia de democracia institucional, sus poderosas organizaciones populares y el experimento nacional de socialismo democrático que acabó el 11 de septiembre de 1973. La dictadura resultante reprimió el disenso y la oposición potencial con impunidad mientras implementaba una de las primeras y más radicales transiciones al neoliberalismo. Estuvo diecisiete años en el poder (1973-90) y fue seguida de doce años adicionales en que el exdictador Augusto Pinochet y sus adeptos gozaron de considerable poder dentro de la nueva democracia. En este contexto, la élite política de postdictadura confinó la definición de derechos humanos y reparación a las violaciones brutales de los derechos humanos cometidas durante la dictadura, específicamente, muerte, desaparición, prisión política y tortura (esta última incluida recién en 2005). Mientras, la narrativa oficial triunfalista del retorno a la democracia subraya la derrota de la dictadura a través de un proceso político formal de la tradición liberal occidental –específicamente elecciones y negociaciones entre élites políticas–. Esta era, hasta cierto punto, una narrativa acertada, pero restaba importancia a las masivas protestas del sector popular que llevaron a la dictadura a negociar con sectores moderados de oposición y abrir la puerta a la transición. Posteriormente, la élite política caracterizó las protestas en poblaciones como explosiones violentas y espontáneas de irracionalidad y vandalismo gatilladas por la ira, estallidos divorciados de la correcta práctica política moderna y, por lo tanto, indignas de un lugar en la historia del retorno a la democracia o de espacio en la nueva democracia.

Este tratamiento de los pobladores hace eco de influyentes corrientes de pensamiento producidas en Chile durante los ochenta, cuando la participación de los pobladores en las protestas nacionales llamaron la atención sobre el potencial político de los pobladores.17 Bajo esta investigación subyace el sentido de urgencia con respecto al malestar social y político de mediados de los ochenta, el rol de los pobladores en ese malestar, qué podría significar para el proyecto del retorno a la democracia y el tipo de democracia resultante. Algunos pensaban que la alianza con partidos políticos de izquierda ofrecía el mejor prospecto para la transición democrática (no solo la transición a la democracia), otros veían con alarma la aparente desconexión entre las organizaciones de pobladores y los partidos políticos en general, y otros consideraban la disminuida influencia de los partidos políticos en organizaciones de base como un auspicioso desarrollo para la construcción de una democracia participativa basada en organizaciones sociales civiles no afiliadas a partidos políticos.

La actitud ante el protagonismo de los pobladores en las protestas nacionales iban del optimismo a la inquietud. Entre las preocupaciones predominantes estaba la idea de si los pobladores habían construido un movimiento social y, si lo habían hecho, de qué tipo. En Chile, los sociólogos afiliados a SUR Profesionales repetían paradigmas de los sesenta, discutiendo la integración o marginación de los pobladores en relación a la sociedad dominante, sus oportunidades económicas, e instituciones políticas formales.18 La corriente de pensamiento más influyente entre estos estudios sostenía que los pobladores no constituían un «actor social» y que su participación en las protestas nacionales era una manifestación de anomia y desintegración social.19 Uno de los más prolíficos autores en esta línea de pensamiento, Eugenio Tironi, definía negativamente a los pobladores: «aquella masa que, a falta de otra identidad, se le denomina ‘pobladores’».20 Las organizaciones de pobladores eran vistas como defensivas y reactivas; y los pobladores como individualistas, ignorantes, dependientes y adversos a la política. Los pobladores eran la desintegración social encarnada, un «monstruo», un «fantasma», que sembraba «terror» en los corazones de las clases media y alta. Los pobladores eran un protagonista «inarticulado y, por ello, incontrolable», una masa potencialmente antidemocrática que albergaba una «violencia latente» lista para ser manipulada políticamente.21 Como tales, los pobladores eran incompatibles con la «edificación de un orden democrático según una lógica concertacionista». Más aún, representaban una «peligrosa situación de masas ‘disponible’ para pasar de la apatía a una movilización de tipo milenarista, y viceversa».22

Según esta interpretación, los pobladores eran elementos patológicos que requerían control e intervención más que una silla en la mesa durante la toma de decisiones políticas. Estos y otros análisis reforzaron percepciones clasistas de la mayoría pobre del país como sospechosa, como un otro del cual la clase media y alta debía distanciarse y defenderse. La posición de los pobladores como poderosos actores contra la dictadura incomodaba y desmoronaba la idea de las élites de cómo debían conducirse la democratización, y el poder de los sectores populares en las protestas mostraba el potencial de amenazar la hegemonía de la élite en ese proceso. Aunque estos estudios sociológicos han sido fuertemente criticados por sus debilidades epistemológicas y metodológicas, en su momento fueron muy influyentes en términos educativos y de creación de políticas públicas.23 Y más importante, hallaron un público en la Concertación dándole una justificación intelectual a la marginalización de los pobladores en la democracia de los noventa.

Investigadores de Norteamérica y Chile han desafiado estas teorías argumentando que los pobladores habían formado un movimiento social y debatiendo qué tipo de movimiento social fue. Una corriente de pensamiento prioriza a «viejos» actores sociopolíticos, como el Partido Comunista y las organizaciones sindicales, y pone énfasis en grupos basados en identidad de clase, el peso histórico de la presencia de los sindicatos y la izquierda en los sectores populares, y su persistencia durante la dictadura. Otra corriente de pensamiento, ligada a la teoría del «nuevo movimiento social», enfatiza las organizaciones sociales nacidas en torno a constructos identitarios distintos a la clase socioeconómica, como mujeres y jóvenes. Estas «nuevas» identidades y procesos organizacionales generaron esperanza entre investigadores que pensaron la posible generación de formas de participación democrática más inclusivas y fundar nuevos sujetos políticos liberados de la burocracia jerárquica y la rigidez ideológica de los partidos.24

Aunque algunos políticos y académicos influyentes describieran las protestas de los pobladores como una reacción anómica contra la dictadura y la crisis económica de principios de los ochenta, para muchos activistas de base en las poblaciones, la protesta fue una lucha consciente por la democracia, por el respeto, por los derechos humanos entendidos como contenedores de derechos políticos y sociales. Y, para algunos, una renovación de la revolución socialista. Aquí es donde hallamos la primera desconexión entre la élite política y el discurso político e histórico predominante sobre la democracia del Chile postdictadura y la cultura política y las expectativas surgidas en las poblaciones durante los setenta y ochenta. La compresión restringida de los derechos que sostuvo la transición negociada limitó las definiciones y reparaciones de las violaciones a los derechos humanos, excluyendo los derechos sociales. Al hacerlo, el nuevo sistema político chocó contra la cultura política pluralista y participativa, la forma de entender los derechos y las esperanzas en el futuro forjadas en sectores de organización popular de oposición durante los setenta y ochenta. Esta cultura política y su memoria no desaparecieron con la dictadura a pesar del desgaste del movimiento. El movimiento de masas que pidió «pan, justicia y libertad» en los setenta surgió durante uno de los períodos más oscuros para la democracia, los derechos humanos y la izquierda en la Latinoamérica de la Guerra Fría; coincidió con el ascenso de la teología de la liberación; y estuvo vinculada de cerca con la transición de Chile al neoliberalismo. Hizo posible el regreso de la democracia, aunque no con los resultados que muchos habían esperado.

Jessica Stites Mor y otros proponen que la lucha por la democracia y los derechos humanos en Sudamérica no necesariamente descansó en activistas «buscando nociones universales de derechos y modelos de instituciones democráticas en el norte».25 Tal como ha hecho notar Jeffrey N. Wasserstrom con respecto a Asia, «hay problemas reales con presentar a los Estados Unidos (o a occidente en general) como maestros de valores humanitarios cuyos estudiantes asiáticos», o latinoamericanos en este caso, «han sido y siguen siendo lentos a la hora de entender –un tema común en las discusiones estadounidenses sobre derechos humanos».26 Ciertamente, las conversaciones sobre derechos humanos en las poblaciones de Santiago enfatizaban el aporte material e ideológico de Estados Unidos a la violación de derechos humanos, no su promoción. Aun así, los movimientos de base de oposición en las poblaciones de Chile no estaban divorciados intelectual o materialmente de los partidarios de los derechos y la democracia y/o los liberales occidentales del norte. Los Estados Unidos y los gobiernos de Europa Occidental, junto a Canadá, la Unión Soviética, países latinoamericanos y de Europa del Este, dieron refugio a exiliados políticos chilenos. Activistas de solidaridad internacional del Norte global trabajaron en Chile y el extranjero apoyando la lucha contra el régimen y por los derechos humanos.27 Los activistas de base en las poblaciones estaban conscientes de la influencia que los Estados Unidos y los gobiernos de Europa Occidental podían tener en la situación chilena. Sin embargo, en su búsqueda de inspiración y ejemplos, los activistas pobladores y sus aliados se inspiraron en un rango más amplio de experiencias históricas. Por ejemplo, en textos del Antiguo y Nuevo Testamento, en movimientos populares históricos chilenos, en el derrocamiento de la dictadura de Somoza por los Sandinistas en Nicaragua, en el arzobispo Óscar Romero y en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en Gandhi y en el movimiento anticolonial de la India, en Martin Luther King Jr. y la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, y en el movimiento obrero internacional. Los activistas de base se inspiraban en otros que, desde sus propias experiencias de opresión, lucharon contra entidades poderosas que les negaban su libertad y derechos. Raramente entre estos ejemplos se incluyó a instituciones predominantes en otras narrativas sobre derechos humanos durante la Guerra Fría: las Naciones Unidas, los gobiernos de los Estados Unidos y de Europa Occidental, disidentes de Europa del Este y organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales como Amnistía Internacional.

Al contrario de argumentos que enfatizan la importancia de ideales occidentales liberales y capitalistas en las luchas de la Guerra Fría por los derechos humanos y la democracia, el activismo más influyente y consistente a favor de los derechos humanos y la democracia en Chile vino de católicos políticamente progresistas y de la izquierda marxista.28 Los activistas de base de estos sectores construyeron puentes con otros campos ideológicos, usando en parte «el discurso sobre derechos humanos» (human rights talk) que intersectaba con ideas occidentales liberales sobre derechos humanos nacidas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (deudora en una gran parte de su contenido de principios humanistas católicos y socialistas latinoamericanos).29 Mientras la academia discute sobre los orígenes de los derechos humanos y la importancia de los orígenes multiculturales de la Declaración Universal, mientras legisladores y activistas debaten si acaso los derechos sociales deben ser incluidos en el panteón de los derechos humanos y cómo debieran serlo, lo que surge es una imagen de los derechos humanos como un grupo de ideas históricas y contextualmente contingentes en constante cambio sobre cómo las personas debieran tratarse unas a las otras, especialmente en el contexto de la relación entre un Estado y quienes viven bajo su jurisdicción.30

Durante los setenta, el pensamiento internacional sobre «derechos humanos» y la movilización del discurso sobre derechos humanos como desafío a regímenes represivos latinoamericanos de la Guerra Fría recién surgía, y en Chile el «discurso sobre los derechos humanos» recién estaba instalándose. La iglesia católica llevó el entrenamiento sobre derechos humanos a las poblaciones a mediados de los setenta, pero este discurso no llegó a una pizarra en blanco. Los pobladores tenían larga experiencia con la idea de sus derechos, una anclada en ideales tanto liberales como socialistas de libertad política, democracia y el derecho a una vida y a condiciones de trabajo dignas. El conflicto sociopolítico y la violencia estatal no eran algo nuevo para Chile y sus pobladores, pero la violencia desatada en la escala vivida durante la dictadura no tenía parangón en la memoria viva. En las poblaciones, durante los setenta, el término «derechos humanos» llegó a ser usado de forma consistente en relación a la forma brutal en que estos eran violados, a través de la tortura, ejecuciones políticas y desapariciones. Esto coincidió con la atención nacional e internacional a la urgencia de estas situaciones y a políticas de solidaridad. Sin embargo, los pobladores activistas también basaban sus reclamos por derechos sociales en su estatus humano, no en la necesidad individual o colectiva, el mérito, o su posición social y política.31 En este sentido, aunque el vocabulario específico sobre derechos humanos cambie, a menudo sin estar claramente delineado, la justificación de reclamarlos descansaba en una idea poderosa: se trataba de derechos inherentes a todos los seres humanos.32

Historias de continuidad y ruptura

Las implicancias mayores de este estudio descansan en varios argumentos interconectados. Primero, la tradición de sectores populares izquierdistas y católicos dieron forma a la oposición que los activistas construyeron en las poblaciones durante los setenta y ochenta. Este proceso de organización de bases incluyó a activistas de distintas generaciones y trasfondos políticos y religiosos. Supone la propagación y práctica, en el contexto posterior al golpe, de ideas sobre derechos basadas en las tradiciones católicas, liberales e izquierdistas con largas trayectorias históricas en la cultura política del sector popular. Apelar, educar y reclamar estos derechos, en parte a través de su práctica a pesar de estar suprimidos por las autoridades, dio forma a las bases para una causa común entre actores sociales aparentemente discrepantes. Esto condujo a la aparición de imaginarios sociales alternativos opuestos a la visión del régimen de un «Nuevo Chile» –un Chile despolitizado, desmovilizado, organizado en jerarquías «naturales» heredadas de la sociedad rural del siglo XIX, modernizadas para el siglo XX con la aplicación de teoría «científica» económica neoliberal–. Estos imaginarios alternativos surgidos en sectores populares incluían la promoción de derechos sociales y políticos como elementos mutuamente necesarios para la democracia; una visión positiva de los pobres urbanos, de la clase trabajadora y su lugar en la historia nacional; y educación sociopolítica democrática. Esto contribuyó no solo a la reconstrucción del tejido social; también construyó una cultura política que –aunque no fuera unitaria y fuera resistida en los círculos de la oposición– contradecía las normas económicas, sociales y políticas que el régimen buscaba promover y consolidar.

Segundo, los activistas y activismos de los ochenta estaban directamente vinculados a los de la década anterior y ambos tenían raíces en las tradiciones y culturas de organización previas al golpe de Estado.33 Cambiar el foco de instituciones y organizaciones a arenas culturales, personales y territoriales ofrece una mirada fresca a estas luchas colectivas.34 La alianza de izquierdistas y católicos políticamente progresistas creó un nexo en torno al cual las organizaciones de base de oposición se unieron en las poblaciones durante los setenta. La literatura existente trata por separado a católicos y a la izquierda marxista secular, a veces como antagonistas, y tiende a descansar en categorías organizacionales demasiado rígidas, como «Iglesia Católica», «partidos políticos» y «organizaciones sociales», como si estos fueran los actores históricos y no las personas que los integraban. Las distinciones entre estas categorías se quiebran a nivel local e individual, donde la organización de bases realmente ocurrió. Los individuos poseen afiliaciones e identidades sociales y políticas multifacéticas; en las poblaciones, estas intersecciones fueron claves para la capacidad de los residentes de crear solidaridad en un permanente clima de miedo, desconfianza y miseria económica. Durante los setenta, el quiebre entre católicos y la izquierda secular fue menos exagerado de lo generalmente asumido, y la relación solía ser más de cooperación que de antagonismo. Por consiguiente, la reaparición de los partidos políticos en los ochenta descansó en organizaciones barriales y redes de solidaridad en todo Santiago que, tanto católicos como izquierdistas, construyeron en los setenta. Este proceso de reaparición involucró interminables y tensamente negociados acuerdos dentro de organizaciones locales, especialmente entre católicos no marxistas, católicos marxistas y la izquierda atea; así como entre quienes promovían «todas las formas de lucha» y los que querían evitarlas. En las poblaciones, la colaboración entre la izquierda y la iglesia católica políticamente progresista tiene profundas raíces en la cultura política local.

Tercero, el trabajo de hormiga de resistencia en las poblaciones entre 1973 y 1983 fue clave para la movilización y protesta de los ochenta. La devastadora crisis económica y el derrumbe del modelo económico neoliberal radical fue un catalizador para la protesta. Sin embargo, desde mediados de los setenta tanto la acción directa como la protesta pública estaban al alza en las poblaciones, mucho antes que estallase la protesta nacional en 1983. Durante esta época, activistas de distintos orígenes se unieron en la organización de bases en las poblaciones ante la atomización social, la crisis económica y la represión política. Para 1978, los activistas habían reconstruido redes políticas y sociales tan poderosas en las poblaciones que la oposición al régimen podía montar protestas cada vez más frecuentes e importantes. Fue en este mismo período que hombres y mujeres jóvenes que crecieron dentro de organizaciones barriales y comunidades cristianas formadas por izquierdistas y adeptos a la teología de la liberación se convirtieron en actores políticos. Contenidos por la represión y totalmente conscientes de estar excluidos del supuesto milagro económico chileno, la juventud llevó el activismo comunitario aún más lejos en las calles y hacia la izquierda en su lucha por la democracia y la revolución. Su creciente radicalización y la decisión de muchos de afiliarse a organizaciones políticas que proponían «todas las formas de lucha» dividía a sus mayores y dio forma a la era de las protestas masivas que llegarían a su cénit en las jornadas de protesta nacional de los ochenta.

Durante las protestas nacionales, los pobladores se manifestaron por el fin de la dictadura y el modelo económico neoliberal y a favor de la democracia y un sistema económico más igualitario. Las protestas nacionales fueron más intensas y prolongadas en las poblaciones que en cualquier otro sector social, allí las protestas eran territoriales por naturaleza: empezaban temprano y duraban hasta pasada la medianoche, con el objetivo de expresar disenso y «liberando» temporalmente a los barrios de la policía y las incursiones militares. En su punto más alto, entre 1983 y 1984, las protestas en las poblaciones ocurrían fuera de las fechas oficiales de protesta y del control de quienes coordinaban las protestas nacionales. Su repertorio táctico era amplio, iba del ausentismo y el boicot a las marchas, las barricadas y la violencia política. La historia dominante sobre las protestas nacionales, entonces y ahora, ha enfatizado la importancia de los sindicatos y las élites políticas han retratado a las poblaciones «combativas» como feudos de extremistas políticos y lumpen enfurecido. Aunque los líderes sindicales fueron quienes convocaron a las primeras protestas, ellos eran solo los voceros de un movimiento cuya fuerza estaba en las poblaciones, no en las fábricas.

Investigar la rebelión

Este libro se enfoca en la organización del sector popular y la movilización de la protesta a nivel barrial e individual para explorar el funcionamiento de los procesos organizativos y la razón de las decisiones tomadas por las personas. Las poblaciones La Legua y Villa Francia estaban ubicadas en las zonas más activas de las protestas nacionales de la capital y son conocidas por sus robustas culturas de protesta. La Legua data de los años veinte (La Legua Vieja) y de un subsector conocido como Nueva La Legua nacido en 1947, tras una de las primeras tomas de terreno exitosas de Santiago, conseguida con la participación del Partido Comunista. Un tercer sector de La Legua, La Legua Emergencia, se estableció en 1951. Villa Francia se estableció en 1969 a través del programa de vivienda Operación Sitio implementado por el gobierno democratacristiano de Eduardo Frei Montalva (1964-70). Como tal, no pertenece a la constelación de poblaciones emblemáticas que surgieron a través de tomas de terreno y cuyos residentes son percibidos como más hostiles a la dictadura que los de barrios nacidos a través de programas de vivienda pública. A pesar de sus diferencias, tanto La Legua como Villa Francia son hasta el día de hoy poblaciones políticamente combativas con grandes reputaciones de lucha.

La investigación para poder escribir este libro incluyó cuatro años de trabajo de campo en Chile (durante los años 2000, 2001, 2003-6, 2007, 2008, 2013). La investigación de períodos caracterizados por la dictadura, la censura y la actividad clandestina presenta desafíos como la inaccesibilidad y destrucción de documentos, como hábitos de precaución política, y la naturaleza dispersa del material de archivo. En este caso, la búsqueda de material de archivo en muchos lugares poco prometedores tuvo muy positivos resultados, los pobladores aparecen en documentos y registros durante la dictadura mucho más de lo que esperaba.

La historia oral es un componente necesario en la investigación de períodos donde un peligroso ambiente político impide a los activistas antirégimen conservar registros escritos. Las entrevistas de historia oral en este libro van del año 2000 al 2006. Incluye entrevistas que conduje en persona entre el 2003 y el 2006 y otras realizadas el 2004 junto a colegas del ahora difunto Colectivo de Memoria Histórica José Domingo Cañas. El historiador Mario Garcés gentilmente compartió una significativa cantidad de transcripciones de historia oral de los años 2000 al 2002 de sus archivos de investigación personal. En general, este estudio se alimenta de noventa entrevistas de historia oral semiestructuradas, cada una junto a dos a veinte participantes, pobladores activistas y sus aliados, de Villa Francia, La Legua y otras poblaciones de la ciudad, incluyendo las Aníbal Pinto, La Pincoya, Angela Davis (oficialmente «Héroes de la Concepción»), La Bandera, José María Caro, Santa Adriana, Madeco, San Ricardo (antes Oscar Balboa), Nueva Lo Espejo, Nuevo Amanecer (antes Nueva La Habana), Lo Hermida, La Faena, Población Pudahuel Sector 18 (conocida como Villa René Schneider), Yungay (antes Santiago Pino), 14 de Enero, y el Campamento Juan Francisco Fresno.

Las entrevistas abarcan tres generaciones de activistas, las de 1948, 1968 y 1980. La generación de 1948 incluye a los que vivieron el período de represión anticomunista entre 1948 y 1952, bajo la vigencia de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia o Ley Maldita. La generación de 1968 llegó a la madurez política en los sesenta –un período de agitación global revolucionaria y movimientos juveniles– y vivió la Unidad Popular y el golpe de Estado como jóvenes adultos. La generación de 1980 incluye a la juventud de las protestas nacionales, hijos de las generaciones de 1948 y 1968, que salieron a las calles de Chile para derrocar la dictadura.

Las conversaciones incluyeron a hombres y mujeres activos en redes de oposición en las poblaciones. Entre ellos hay sacerdotes, monjas, personas laicas consagradas, trabajadores sociales y miembros de organizaciones de derechos humanos, ONG chilenas, miembros de comunidades cristianas y organizaciones sociales de sectores populares. Dentro de las comunidades cristianas hay marxistas y católicos no marxistas, agnósticos y ateos, y personas que se retiraron de actividades públicas tras el golpe de Estado pero que se unieron a organizaciones de base según la oposición se movilizaba. Estos grupos incluyen a pobladores y sus aliados, miembros de colectivos políticos disidentes, incluyendo el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), la Izquierda Cristiana (IC), el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y el Movimiento Juvenil Lautaro (MJL). La coyuntura histórica del aniversario número treinta del golpe de Estado, la renovada movilización de pobladores y una mayor erosión del poder de Pinochet ofrecieron la oportunidad de conducir esta combinación de investigación de archivo e historia oral.

Memorias soterradas

Las interpretaciones de continuidad y ruptura, a principios del siglo XXI, estaban íntimamente ligadas a asuntos de memoria histórica. El año 2003 fue un punto de inflexión por derecho propio, mientras las actividades que conmemoraban el trigésimo aniversario del golpe de Estado gatillaban la reflexión pública sobre la Unidad Popular y el golpe mismo. Los canales de televisión nacional pasaron documentales con material de archivo y entrevistas a participantes. Las actividades de aniversario incluyeron eventos masivos en lugares simbólicos como la Plaza de la Constitución, el Estadio Nacional, y el edificio de la ex-UNCTAD (ahora Centro Cultural Gabriela Mistral), a los que asistieron representantes de la izquierda latinoamericana.35 Eventos como la reapertura de la puerta de Morandé 80, por la cual los restos de Salvador Allende salieron del Palacio de La Moneda, fueron ampliamente publicitados. Estas y otras actividades sirvieron para rehabilitar la imagen de Allende y a sacar a la Unidad Popular, a la izquierda y al golpe de Estado del ámbito del tabú y a la discusión pública. La investigación de una comisión oficial por la verdad sobre la prisión política y la tortura en dictadura, cuyos resultados fueron entregados el año 2005, trajo un aumento de la conciencia pero también críticas por sus metodologías y omisiones.36 Mientras, algunos círculos de derechos humanos expandieron su foco tradicional de la represión y la ausencia, a enfatizar las vidas, aportes sociales y compromisos políticos de quienes desaparecieron o fueron ejecutados, para fortalecer las luchas contemporáneas por la democracia y la justicia.

Con algunas excepciones, las experiencias de los pobladores estuvieron ausentes de las imágenes históricas y análisis que los medios, la academia y oficiales públicos proyectaron a la esfera pública en este período.37 Tampoco los reportes de comisiones por la verdad oficial arrojaron luz sobre la materia. El régimen militar explícitamente hizo de los pobladores un sector social a ser reprimido, y contenido a través de políticas públicas y propaganda política, pero los reportes de las comisiones por la verdad no cuantifican sistemáticamente ni dan cuenta de la represión a los pobladores como individuos o sector social. Esto refleja cierta indiferencia por las experiencias de los pobladores como blanco de la represión política sistemática y enfatiza la dificultad de investigar períodos marcados por la represión, la censura, la desinformación y la actividad clandestina.

Las intersecciones de pasado y presente, trauma y resiliencia, sumados a los desafíos propios de la investigación de este período quedaron al descubierto en una intensa pero no anómala entrevista de historia oral comunitaria en que participé el 2004. Durante esta conversación, que abarcó una amplia variedad de temas, los pobladores discutían la dificultad de revelar ciertos detalles de su experiencia en dictadura. Una mujer explicó que ella y otros tres vieron a «ellos» (un eufemismo común para referirse a agentes represivos) matar a un hombre: «Vi a través de la ventana de la cocina de donde vivo, que nosotros vimos cómo sacaron de un vehículo a un hombre (…) y lo sacaron en muy mal estado, y lo golpearon al hombre pa acá y pararon; o sea lo mataron ahí y lo tiraron». Señaló además que incluso hoy, «no se puede entregar más detalle, entiende, el día de hoy, es terrible (...) Esa persona que yo vi por la ventana, no está por lo menos en la lista del memorial, nadie hizo denuncia». Ella continúa: «Él pagó con su vida la seguridad de su familia ya, y hoy día el hijo del hijo también puede… es terrible». Otro participante de la conversación agregó: «hay cosas que no se pueden contar que todavía están en secretos y no hay que contarlas y decirlas». Otra mujer explicó que «También es por algo de cuidado, de solidaridad, porque sabemos que se vivió tantos años con ese temor, con esa angustia de que, a mí me pasaba que podían llegar en cualquier momento a buscar a mi hijo, ¿me entiende? Y saber que de alguna manera hay algunas personas a las que todavía les puede pasar, nos puede pasar ¿entiende? Ponerse en el lugar del otro». Otros estaban en desacuerdo. Una mujer, cuyo marido fue desaparecido, intervino: «En el caso mío, es todo lo contrario a lo que dicen … Fíjate que yo quedé con tres chicos y siempre a ellos les dije la verdad. Les digo ‘esto pasó’ y les dije la verdad».38 En esta instancia no importaba que los participantes no revelaran ciertos detalles. Lo que importa es que décadas después hay quienes todavía sienten la necesidad de guardar secretos pensando que divulgarlos podría atraer a la represión. Las verdades que pueden ser contadas y los riesgos asociados a contarlos fueron motivos de discordia en las poblaciones a principios del siglo XXI. No hubo ninguna comisión por la verdad para los pobladores. Sus experiencias de brutal represión comunitaria nunca han sido buscadas por la oficialidad ni investigadas por el Estado. Y el Estado, para muchos de ellos, no es más que un amigo por conveniencia.39

En las poblaciones, las narrativas que enfatizan la continuidad entre la dictadura y la Concertación nacen del trauma colectivo vivido entre los setenta y los ochenta, pero también del período posterior a la dictadura. El año 2001 la policía empezó a ocupar varias poblaciones, incluidas La Legua y partes de sector Caro-Ochagavía al sur de Santiago, con la excusa de imponer medidas antitráfico de drogas y el políticamente manipulable concepto de seguridad ciudadana. En este contexto, los pobladores trazaron paralelos con la represión masiva vivida en dictadura, cuando la policía y el ejército allanaban las poblaciones. Plantearon que las ocupaciones y las redadas actuales no consiguen reducir el tráfico y que hacen visibles intimidantes fantasmas de tiempos que se creían superados. Otras poblaciones, como Villa Francia, son periódicamente atacadas por la policía antidisturbios y son el escenario de peleas entre manifestantes y la policía en fechas significativas para la izquierda, como el 11 de septiembre y el 29 de marzo, el Día del Joven Combatiente. La llegada de la policía con armaduras antidisturbios, armas y vehículos blindados recuerdan la represión vivida en dictadura. Mientras tanto, los medios oficiales muestran a las poblaciones como reductos de extremistas violentos y criminales, haciendo eco de la prensa de los setenta y ochenta. Los canales de televisión hacen un espectáculo del problema de la droga en La Legua en programas con títulos peyorativos como «El ghetto de la muerte».40 En los días tradicionalmente dedicados a la protesta los medios se llenan de imágenes de barricadas, manifestantes enmascarados y vandalismo. Los pobladores se manifiestan asqueados ante la atención de los medios oficiales al vandalismo, la violencia y las drogas, y cómo se ignora totalmente la protesta pacífica y los eventos positivos que ocurren en las poblaciones. Con toda razón se preocupan ante el reforzamiento de una imagen negativa con profundas raíces en la cultura clasista de discriminación que los pobladores viven afuera (de la población) y que disminuyó muy poco con la llegada de la democracia.

Fue en este contexto que, tres décadas después del golpe, los pobladores abordaron la represión masiva y la lucha contra el régimen en sus barrios. En algunas poblaciones hubo debates llenos de polémica sobre «regímenes de historicidad» y la legitimidad histórica y contemporánea de la acción directa, incluyendo todas las formas de lucha.41 Estos conflictos se manifestaron en diversos espacios. En un barrio, jóvenes encapuchados se apropiaron del micrófono durante un evento comunitario y fueron reprendidos por una monja que luchó contra la dictadura y era muy crítica de la Concertación. En otra instancia, el desacuerdo sobre el aspecto político detrás de un memorial a las víctimas locales de la represión política llevó a la omisión de algunos nombres. Estas disputas sugieren desacuerdos políticos entre activistas de distintas generaciones con respecto a qué constituye una expresión política apropiada y quiénes pueden legítimamente interpretar las condiciones sociopolíticas y los procesos, pasados y futuros, para beneficio de las nuevas generaciones. Estos conflictos locales también subrayan el desarrollo gradual continuo de las «luchas por la memoria» y la formación de memorias soterradas colectivas surgidas bajo del radar del discurso oficial y la atención mediática debido a los lugares y momentos en que surgen –percibidas como asincrónicas respecto a la tendencia político-cultural dominante– y la naturaleza de sus temas (por ejemplo, la izquierda armada, un tema relativamente tabú en la sociedad convencional).42 Sin embargo, a pesar de las tensiones persistentes, la apertura nacional que rodeó el trigésimo aniversario del golpe de Estado significó la desaparición parcial del estigma, el miedo a abordar esos treinta años y haber estado afiliado a esa izquierda, lo que creó espacios para conversar y discutir sobre la represión y el activismo en las poblaciones durante la dictadura.

Pan, justicia y libertad

Aunque los pobladores se llevaron la peor parte de la crisis económica y la represión en dictadura, estuvieron lejos de ser víctimas pasivas sin preparación para enfrentarse a la «modernidad» neoliberal autoritaria o involucrarse en negociaciones y tomas de decisión sociopolíticas. Se movilizaron en defensa de sus derechos e intereses individuales y colectivos en condiciones extremadamente adversas. Los pobladores activistas y sus aliados, gente común y corriente con preocupaciones cotidianas, se enfrentaron al desempleo, el hambre, la atomización social, la represión y, por último, a una dictadura homicida que gozaba del apoyo de los sectores más poderosos de la sociedad chilena, y los Estados Unidos. Desde el principio de la dictadura, inspirándose en largas tradiciones de corrientes católicas, de izquierda y liberales profundamente enraizadas en la cultura política del sector popular, los pobladores se organizaron por la defensa de un amplio rango de derechos que incluían el derecho a la integridad física, derechos políticos y derechos sociales (especialmente acceso a la alimentación, a la vivienda, a la educación y a la salud). Se organizaron en torno a los derechos violados por la dictadura y su modelo económico, de los cuales se hicieron conscientes poco después del golpe, al estar entre los primeros en ser golpeados por el ajuste estructural neoliberal y la represión masiva.

Los activistas pobladores construyeron una cultura política que incorporó ideas sobre derechos relacionada a la crítica de los sistemas económico y político del régimen. La cultura política pluralista cultivada en círculos de activistas en las poblaciones durante los setenta, las ideas y valores sobre derechos humanos y las expectativas democráticas ahí desarrolladas, sentaron las bases para las amplias coaliciones políticas surgidas en torno a las protestas y que, finalmente, usaron el sistema político formal para volver al gobierno civil a fines de los ochenta. En Santiago, los residentes de las comunas populares llevaron a la oposición a la victoria en el plebiscito de 1988 que marcó el principio formal del fin del gobierno de Pinochet.43 El plebiscito y la subsecuente elección presidencial de 1989, con la victoria del democratacristiano Patricio Aylwin, marcaron una victoria para los opositores a la dictadura. Sin embargo, dio origen a la Concertación, una coalición de socialistas renovados y democratacristianos renovados, precisamente los sectores de oposición con menos presencia en las poblaciones durante los setenta y ochenta, lo que tendría consecuencias de larga duración.

La naturaleza restringida de la nueva democracia chilena, la continuidad del modelo neoliberal y la estrecha definición de derechos humanos que afianzaron la transición negociada, chocó con las ideas sobre derechos y visiones de la sociedad construidos en círculos de oposición de base en los setenta y ochenta. Con la transición a la democracia, que cambió la administración política pero conservó la constitución de 1980 y el modelo económico neoliberal, los activistas pobladores que lucharon por el regreso a la democracia y la defensa de los derechos humanos vivieron una mezcla disonante de cambio y continuidad que no llegó a ser reconocida en el discurso y la práctica políticos de la élite, que ligaba el concepto de democracia a la economía neoliberal y buscaba deslegitimar la protesta contra ese modelo.44 Uno de los mitos que rodean la transición chilena a la democracia (que las protestas de los pobladores eran interrupciones espontáneas, convulsas y cada vez más violentas, en el camino a una transición política apropiadamente administrada) es solo eso: un mito fundacional elaborado para beneficio de la élite política y económica. Desde entonces, la desconexión entre estas formas de comprender los derechos humanos y la democracia, una nacida entre las bases durante la dictadura y la otra propuesta por la élite política del Estado post-dictatorial, sigue generando ciclos de descontento y protesta.

1 Las entrevistas de historia oral citadas en las notas del libro aparecen con iniciales (algunos seudónimos) o indicador de grupo, y la fecha. Las entrevistas tomaron lugar en Santiago, Chile. Entre los años 2003 y 2006, hice entrevistas de manera independiente y también como participante del ex-Colectivo Memoria Histórica José Domingo Cañas. Mario Garcés generosamente compartió transcripciones de entrevistas de sus archivos personales (PAMG), de proyectos que desarrolló en población La Legua con el apoyo de ECO, la Red de Organizaciones Sociales de La Legua, la Fundación Ford, y la Vicerrectoría de Investigación, Publicaciones y Extensión de la Universidad ARCIS. Citas de esas transcripciones son incorporadas con su permiso. Extractos de entrevistas publicadas en otras fuentes son citados como tales en las notas.

BSI, «Lo que vimos y oímos (apuntes): 1° de Mayo: El pueblo sale a las calles», No Podemos Callar, no. 30 (mayo 1978): 3–5. En respuesta a una recomendación de Rafael Maroto, José Aldunate y otros sacerdotes crearon los boletines clandestinos No Podemos Callar (1975–81) y Policarpo (1981–84). José Aldunate Lyon, SJ, Un peregrino cuenta su historia (Santiago: Ediciones Ignacianas, [2002?]), 124–25.

2 Juan Ávalos, «Odas al pueblo humillado», en Poesía de Villa Francia: Andarás en el bosque de los aves que somos, porGrupo Amistad por un Mundo Mejor (Santiago: Grupo Amistad por un Mundo Mejor, 2008), 29.

3 Peter Winn, «The Other 9/11: My Coup Diary», ReVista: Harvard Review of Latin America (Spring 2004), https://revista.drclas.harvard.edu/book/other-911; Fuerzas Armadas y Carabineros: Septiembre de 1973: Los cien combates de una batalla (Santiago: Editorial Gabriela Mistral, [s.f.]), 14; J.S, Ene. 15, 2003, PAMG.

4 J.S., Ene. 15, 2003, PAMG.

5 Para más sobre la Concertación véase por ejemplo Steve J. Stern, Reckoning with Pinochet: The Memory Question in Democratic Chile, 1989–2006 (Durham, NC: Duke University Press, 2010); Julia Paley, Marketing Democracy: Power and Social Movements in Post-Dictatorship Chile (Berkeley: University of California Press, 2001); Brian Loveman y Elizabeth Lira, Las ardientes cenizas del olvido: Vía chilena de reconciliación política, 1932–1994 (Santiago: LOM, 2000); y Edgardo Boeninger, Democracia en Chile: Lecciones para la gobernabilidad (Santiago: Andrés Bello, 1997).

6 El número de personas asesinadas por el Estado durante el período concertacionista entre 1990 y 2010 va desde 60 hasta más de 70, más por lo menos un detenido-desaparecido. Por lo menos 30 eran jóvenes con menos de 30 años de edad, y muchos fueron de izquierda, Mapuche, y/o pobladores. Felipe Ramírez Sánchez, «Chile: Muertos en ‘Transición a la Democracia,’» El Ciudadano, no. 83, http://www.elciudadano.cl/2010/08/02/25053/chile-muertos-en-transicion-a-la-democracia/; Felipe Gutiérrez Ríos, «La lista de asesinados por la ‘democracia’ Chilena», Jun. 16, 2011, reproduced by http://mapuche-montreal.blogspot.com/2011/06/la-lista-de-asesinados-por-la.html; y Ana Vergara Toledo, «Los Otros Muertos», Clinic, oct. 18, 2010, http://www.theclinic.cl/2010/10/18/los-otros-muertos/.

7 Ávalos, «Odas al pueblo humillado», 29–31.

8 El modelo neoliberal radical de los años 70 experimentó un cambio a mediados de los 80 cuando, después de la crisis económica, economistas y tecnócratas neoliberales «pragmáticos» ganaron influencia en los círculos oficialistas, generando así un segundo «milagro económico». Peter Winn, «The Pinochet Era», en Victims of the Chilean Miracle: Workers and Neoliberalism in the Pinochet Era, 1973–2002, ed. Peter Winn (Durham, NC: Duke University Press, 2004), 42.

9 Conversaciones con H.M.D. (2008) y L.T. (2004).

10 Estas narrativas de continuidad disuelven la distancia temporal entre el pasado y el presente. Reflejan las experiencias que no cuadran con lo que Berber Bevernage y Koen Aerts llaman «el régimen dominante de historicidad»: «la manera específica en que una cultura se relaciona con el tiempo y las dimensiones temporales del pasado, presente, y futuro». Más bien estas narrativas expresan la experiencia de «un pasado irrevocable»: una experiencia del pasado como «un acervo persistente, duradero, y masivo que es vitalmente presente». Lo «irrevocable» no niega la «inalterbilidad del pasado, pero… rechaza la noción de una ‘distancia’ que separa el pasado del presente». Berber Bevernage y Koen Aerts, «Haunting Pasts: Time and Historicity as Constructed by the Argentine Madres de Plaza de Mayo and Radical Flemish Nationalists», Social History 34, no. 4 (2009): 393–94. Para algunas personas, el pasado no ha pasado a formar parte de un tiempo anterior. Representantes de la cultura dominante –los medios, los oficiales de gobierno, los comentaristas políticos– con frecuencia intentan deslegitimar, como anacrónicas y hasta patológicas, las acciones de personas que viven una experiencia de pasado irrevocable, marginando las acciones e interpretaciones nacidas de esta experiencia como si fuesen manifestaciones de enfermedad sicológica, sed de venganza, o una nostalgia equivocada que les prohíben a los afectados «dar vuelta a la hoja» y seguir adelante.

11Micheline R. Ishay, The History of Human Rights: From Ancient Times to the Globalization Era (Berkeley: University of California Press, 2008), 2.

12Ishay, History of Human Rights, 2.

13Steve J. Stern y Scott Straus, «Embracing Paradox: Human Rights in the Global Age», en The Human Rights Paradox: Universality and Its Discontents, ed. Steve Stern y Scott Straus (Madison: University of Wisconsin Press, 2014), 3.

14 El activismo internacional contra las violaciones de derechos humanos perpetradas por la dictadura en Brasil partió antes del golpe de estado en Chile. James N. Green, We Cannot Remain Silent: Opposition to the Brazilian Military Dictatorship in the United States (Durham, NC: Duke University Press, 2010).

15Luis Van Isschot, The Social Origins of Human Rights: Protesting Political Violence in Colombia’s Oil Capital, 1919–2010 (Madison: University of Wisconsin Press, 2015), 14.

16 Varios estudios examinan los temas de memoria histórica y las descrepancias entre las interpretaciones dominantes de la historia de Chile y las de grupos de personas y comunidades cuyas experiencias no son representadas por narrativas dominantes que eluden la centralidad del ejercicio de la violencia y la marginación de los procesos de construcción de nación y Estado. Ejemplos desde la academia norteamericana incluyen Florencia Mallon, Courage Tastes of Blood: The Mapuche Community of Nicolás Ailío and the Chilean State, 1906–2001 (Durham, NC: Duke University Press, 2005); Lessie Jo Frazier, Salt in the Sand: Memory, Violence, and the Nation-State in Chile, 1890 to the Present (Durham, NC: Duke University Press, 2007); y Thomas Miller Klubock, «Ránquil: Violence and Peasant Politics on Chile’s Southern Frontier», en A Century of Revolution: Insurgent and Counterinsurgent Violence during Latin America’s Long Cold War, ed. Greg Grandin y Gilbert M. Joseph (Durham, NC: Duke University Press, 2010), 121–59.

17 Con algunas excepciones, el estudio de las experiencias de los pobladores y sus actividades políticas durante la dictadura se centra en los años 80 y ha sido dominado por la sociología y la ciencia política. Las experiencias de pobladores bajo dictadura ha sido tratado en algunos sinopsis de la historia nacional, por ejemplo Gabriel Salazar y Julio Pinto, Historia contemporánea de Chile, vols. 1–5 (Santiago: LOM, 1999–2002). Los historiadores que prioritizan las experiencias de pobladores bajo dictadura ponen énfasis en la memoria del golpe, la represión, el neoliberalismo, las políticas de vivienda social y las tomas de terreno, y el activismo de base. Véase por ejemplo Mario Garcés y Sebastián Leiva, El golpe en La Legua: Caminos de la historia y la memoria (Santiago: LOM, 2005); Alison J. Bruey, «Neoliberalism and Repression in Poblaciones of Santiago de Chile», Stockholm Review of Latin American Studies, no. 5 (Sep. 2009): 17–27; Alison J. Bruey, «Limitless Land and the Redefinition of Rights: Popular Mobilisation and the Limits of Neoliberalism in Chile, 1973–1985», JLAS 44, no. 3 (2012): 523–52; Alison J. Bruey, «Transnational Concepts, Local Contexts: Solidarity at the Grassroots in Pinochet’s Chile», en Human Rights and Transnational Solidarity in Cold War Latin America, ed. Jessica Stites Mor (Madison: University of Wisconsin Press, 2013), 120–42; y Edward Murphy, For a Proper Home: Housing Rights in the Margins of Urban Chile, 1960–2010 (Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press, 2015); y Mónica Iglesias Vázquez, Rompiendo el cerco: El movimiento de pobladores contra la dictadura (Santiago: Radio Universidad de Chile, 2011).

18 Véase Vicente Espinoza, Para una historia de los pobres de la ciudad (Santiago: SUR, 1988); y Eugenio Tironi, ed., «Marginalidad, Movimientos Sociales y Democracia», Proposiciones 14 (August 1987).

19 Eugenio Tironi, «El fantasma de los pobladores», Estudios Sociológicos 4, no. 12 (1986): 392. Mónica Iglesias Vázquez argumenta, en Rompiendo el cerco, que estas ideas llegaron a su punto de mayor desarrollo en Tironi, «Marginalidad, Movimientos Sociales y Democracia». Varias de las ideas que sustenta esta publicación de 1987 aparecieron en artículos anteriores. Véase Eugenio Tironi, «La revuelta de los pobladores: Integración social y democracia», Nueva Sociedad 83 (mayo–junio 1986): 24–32; y Tironi, «El fantasma de los pobladores». Iglesias Vázquez disputa el argumento de Tironi de que los pobladores no formaron un movimiento social.

20 Tironi, «La revuelta de los pobladores», 25.

21 Tironi, «La revuelta de los pobladores», 24, 25, 28–29; Tironi, «El fantasma de los pobladores», 391, 396–97.

22 Tironi, «La revuelta de los pobladores», 33.

23 Véase Iglesias Vázquez, Rompiendo el cerco. En el año 1990, después de que los pobladores llevaron la oposición política al triunfo en el plebiscito de 1988, Tironi desarrolló un argumento más matizado en Autoritarismo, modernización y marginalidad. Encontró que, con la excepción de los pobladores «educados, jóvenes, estudiantes o desocupados», los pobladores no manifestaban «una predisposición positiva hacia la violencia». Concluyó que los pobladores por lo general no eran «indiferentes a la democracia», pero «arrastr[aban] una intensa frustración» que llevaba al conformismo, la resignación, y el individualismo, y que percibían el Estado como un antagonista que vulneraba, y dejaba vulnerer, los derechos. Eugenio Tironi, Autoritarismo, modernización y marginalidad: El caso de Chile, 1973–1989 (Santiago: SUR, 1990), 184–204, 225–26.

24 Véase Cathy Lisa Schneider, Shantytown Protest in Pinochet’s Chile (Philadelphia, PA: Temple University Press, 1995), para un enfoque de «viejo movimiento social» y Philip D. Oxhorn, Organizing Civil Society: The Popular Sectors and the Struggle for Democracy in Chile (University Park: Penn State University Press, 1995); Mario Garcés, Tomando su sitio: El movimiento de pobladores de Santiago, 1957–1970 (Santiago: LOM, 2002); Teresa Valdés, Venid, benditas de mi padre: Las pobladoras, sus rutinas y sus sueños (Santiago: FLACSO, 1988), y Teresa Valdés and Marisa Weinstein, Mujeres que sueñan: Las organizaciones de pobladoras en Chile: 1973–1989 (Santiago: FLACSO, 1993), para enfoques de «nuevo movimiento social». Para un análisis crítico de la teoría de los nuevos movimientos sociales véase Timothy P. Wickham-Crowley and Susan Eckstein, «The Persisting Relevance of Political Economy and Political Sociology in Latin American Social Movement Studies», LARR 50, no. 4 (2015): 3–25.

25Jessica Stites Mor, «Situating Transnational Solidarity within Critical Human Rights Studies of Cold War Latin America», en Stites Mor, Human Rights and Transnational Solidarity, 5.

26Jeffrey N. Wasserstrom, «The Chinese Revolution and Contemporary Paradoxes», en Human Rights and Revolutions, 2a ed., ed. Jeffrey N. Wasserstrom, Greg Grandin, Lynn Hunt, y Marilyn B. Young (New York: Rowman and Littlefield, 2007), 41.

27Para el movimiento de solidaridad con Chile en los EEUU véase Margaret Power, «The U.S. Movement in Solidarity with Chile in the 1970s», Latin American Perspectives 36, no. 6 (2009): 46–66.

28 En Latinoamérica, la Izquierda fue un actor fundamental para la democratización de la sociedad durante el siglo XX. Greg Grandin, The Last Colonial Massacre: Latin America in the Cold War (Chicago: University of Chicago Press, 2011), 4–6.

29Greg Grandin, «Human Rights and Empire’s Embrace», en Wasserstrom et al., Human Rights and Revolutions, 198.

30 Samuel Moyn argumenta que el concepto de los derechos humanos no entró con fuerza en el escenario internacional hasta los años 70, cuando activistas comenzaron a movilizarse y reclamar, sistemáticamente, en el nombre de los derechos humanos de los disidentes de Europa del Este y las víctimas de la represión política en Latinoamérica. Moyn tiende a minimizar los orígenes multiculturales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, caracterizando a sus creadores como una «élite diplomática global» y cristiana, «con frecuencia educada en lugares Occidentales». Samuel Moyn, The Last Utopia: Human Rights in History