KINGCORP - JOSE MARIA OLMO - E-Book

KINGCORP E-Book

JOSE MARIA OLMO

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Beschreibung

En el imperio de Juan Carlos I, que abarca desde Panamá hasta Suiza pasando por los países árabes del golfo Pérsico, nunca se pone el sol ni, lo que es más importante, se acaba la liquidez.
King Corp. sigue los pasos del dinero, como mandan los cánones del periodismo de investigación, sin olvidarse de recrear la atmósfera corrupta de una época y un país. En este sentido, King Corp. es un bestiario de las élites españolas que se hicieron (aún más) ricas y poderosas a la sombra del rey; una crónica negra (con un inevitable fondo rosa) por donde desfilan narcos, abogados suizos y traficantes de armas (entre otros); y un manual de instrucciones para guiarse por el laberinto de escándalos financieros y procedimientos judiciales que amenazaron con sentar en el banquillo a un rey por primera vez en la historia de España.Es también el relato minucioso y vibrante de la connivencia social, judicial y política que permitió al jefe del Estado acumular centenares de millones de euros en paraísos fiscales, usar el patrimonio del Estado en beneficio propio y jugar con los servicios de inteligencia como si fuesen sus soldaditos de plomo.
Además de dotar de contexto y de textura narrativa a muchas informaciones publicadas de forma fragmentaria en los últimos años, José María Olmo y David Fernández revelan activos, colaboradores y episodios del inmenso conglomerado económico de Juan Carlos I que habían permanecido ocultos hasta ahora, tras acceder en exclusiva a documentos bancarios, correos electrónicos y fotografías, así como a testimonios de banqueros, empresarios, trabajadores de la Zarzuela, militares, miembros de los servicios secretos, amigos íntimos y examantes de Juan Carlos I.


SOBRE LOS AUTORESJosé María Olmo (Cartagena, 1981) dirige la sección de Investigación de El Confidencial. Ha participado en las investigaciones internacionales de los Papeles de Panamá y la Lista Falciani. Destapó el caso del Pequeño Nicolás; el espionaje a Isabel Díaz Ayuso; los negocios de Piqué y Rubiales, y los movimientos bancarios de Juan Carlos I en Suiza, entre otros escándalos. En 2014 recibió el Premio Periodista del Año que otorga la Asociación de la Prensa de MadridDavid Fernández (Madrid, 1975) es periodista desde el año 2000. Ha trabajado en los diarios 20 Minutos, El Confidencial e Infobae, y colaborado en Tiempo, Interviú, Mongolia, Vozpopuli y El Plural. Pertenece a la Asociación de Periodistas de Investigación (API) y ha escrito otros dos libros: Los de la ETA han asesinado a tu hijo (Libros del K.O., 2013) y Gürtel, la trama (Libros.com, 2015).

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Seitenzahl: 519

Veröffentlichungsjahr: 2023

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José María Olmo y David Fernández

king corp.

El imperio nunca contado de Juan Carlos I

primera edición: mayo de 2023

© José María Olmo y David Fernández, 2023

© Libros del K.O., S. L. L., 2023

Calle San Bernardo 97-99, entresuelo 8

28015. Madrid

isbn: 978-84-19119-31-5

depósito legal: M-10508-2023

código ibic: JPZ, BGR

diseño de cubierta: Artur Galocha

maquetación: A. S.

corrección: Zaida Gómez y Melina Grinberg

Para Sara, por hacer todo posible. Y para mis padres, Pedro e Isabel, que siempre creyeron.

José María Olmo

A Diana y Jimena, por su paciencia y comprensión.

David Fernández

«Aunque la verdad sea a menudo

desagradable, debe contarse».

john fante, soy un escritor veraz, 1936.

Índice Cronológico

Febrero de 2004: Corinna y Juan Carlos I se conocen en una cacería celebrada en la finca La Garganta, en Ciudad Real, el mayor coto de caza de España. Es propiedad de Hugh Richard Louis Grosvenor, duque de Westminster, el aristócrata más rico de Inglaterra.

9 de marzo de 2004: Joaquín Romero Maura, historiador, abre un depósito en el paraíso fiscal de la isla de Jersey, una especie de fideicomiso cuyo beneficiario es Juan Carlos I. Bautizado The JRM 2004 Trust, se fundó con 14.9 millones de euros.

13 de marzo de 2006: El rey presenta a la lobista iraní Shahpari Zanganeh como su «persona de confianza» en una carta dirigida al príncipe saudí Bin Abdulaziz.

8-10 de abril de 2006: Juan Carlos I realiza una visita oficial a Arabia Saudí acompañado de Corinna Larsen y Shahpari Zanganeh y varias empresas españolas.

Mayo de 2006: La relación entre el monarca y Corinna se consolida. La empresaria ayuda a organizar en Barcelona los Premios Laureus, los galardones más importantes del mundo del deporte.

8 de mayo de 2006: Casi tres años después de su constitución, la Fundación Zagatka modifica sus estatutos e incorpora como beneficiarios a Felipe VI y a sus hermanas Cristina y Elena de Borbón.

19 de junio de 2007: El fondo hispano-saudí es presentado en el Palacio de El Pardo por Juan Carlos I y el rey Abdalá durante la primera visita a España de un mandatario saudí desde 1980. Ese mismo mes el rey entregaría el Toisón de Oro al monarca árabe.

16-18 de julio de 2008: Madrid acoge una Conferencia Mundial para el Diálogo Interreligioso, un foro auspiciado por Arabia Saudí. Es una petición de la monarquía árabe que Juan Carlos I ayuda a gestionar para generar un clima de confianza y entendimiento mutuos que espantara el miedo provocado por el terrorismo de Al Qaeda en las naciones del primer mundo.

31 de julio de 2008: Arturo Fasana y Dante Canonica crean la Fundación Lucum en Panamá con el objetivo de ocultar el «regalo» económico que Arabia Saudí ha comunicado que quiere conceder a Juan Carlos I. Se crea en un despacho panameño especializado en entramados opacos.

1 de agosto de 2008: El BOE publica un nuevo Acuerdo General de Cooperación entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí con el objetivo de «fortalecer la relación existente» entre ambos países.

6 de agosto de 2008: Canonica y Fasana abren en el banco suizo Mirabaud la cuenta 505523 a nombre de la Fundación Lucum.

8 de agosto de 2008: El mismo día que comienzan los Juegos Olímpicos de Pekín, Arabia Saudí transfiere a la cuenta de Lucum 100 millones de dólares, 64.8 millones de euros al cambio de esa época.

12 de enero de 2009: Juan Carlos I,recién cumplidos los setenta y un años, realiza la primera retirada de dinero en efectivo de la cuenta de Lucum: 207 000 euros para «gastos personales».

Enero de 2009: Juan Carlos I pide matrimonio por primera vez a Corinna. Así lo asegura la examante del emérito en una entrevista que concedería años después a la BBC.

18 de febrero de 2009: Corinna compra un chalé de lujo en Villars-sur-Ollon, en los Alpes suizos. Entre mayo y octubre de ese año Juan Carlos I ordenó que se transfirieran 1.5 millones para ayudar a pagar la vivienda.

15 de mayo de 2009: El primo del rey, Álvaro de Orleans, empieza a pagar vuelos en jets privados al monarca, desplazamientos que serán pagados por la Fundación Zagatka, creada el 1 de octubre de 2003 en Liechtenstein. La Fiscalía suiza descubrió que Zagatka pagó más de 8 millones de euros en vuelos privados entre 2009 y 2018.

20 de mayo de 2009: La Policía Nacional detiene a Arturo Fasana en Madrid en el marco del caso Gürtel. En esos momentos el bróker suizo es gestor de la fortuna oculta de Juan Carlos I.

25 de mayo de 2009: La Fundación Zagatka recibe una transferencia por valor de 4 689 930 dólares (unos 3.3 millones de euros al cambio de la época), una comisión por unos supuestos trabajos de asesoramiento en una importante operación inmobiliaria en México. Ese proyecto se convirtió en un resort de lujo del Grupo OHL llamado Ciudad Mayakoba.

7 de abril de 2010: Juan Carlos I se presenta en Ginebra en casa de Arturo Fasana con una maleta con 1.9 millones de dólares en billetes regalados por el rey de Baréin. Juan Carlos I necesitaba que su asesor suizo ingresara los fondos en la cuenta de Lucum.

Noviembre de 2010: Corinna recibe 4.4 millones de euros procedentes del Gobierno kuwaití. Corinna declaró que el dinero correspondía a un pago por labores de asesoría «entre Kuwait y España».

10 de marzo de 2011: Canonica y Fasana formalizan en un acta quiénes son los verdaderos beneficiarios de la Fundación Lucum: «S. M. Juan Carlos I, rey de España (Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón), nacido el 5 de enero de 1938 en Roma, Italia». El segundo beneficiario de la cuenta sería Felipe VI.

Agosto de 2011: Juan Carlos I busca casa en Londres para estar junto a Corinna y da el visto bueno para comprar un dúplex de 6 millones de euros en el número 8 de Upper Belgrave Street. La compra finalmente no se materializa.

Octubre de 2011: Corinna compra su actual residencia en Eaton Square, en el lujoso barrio londinense de Belgravia. Pagó 5.8 millones de euros por la vivienda e invirtió otros 4.7 millones en reformarla. Juan Carlos le donó 1 595 000 libras (1.91 millones de euros entonces) «a título gratuito» y «sin posibilidad de retorno» para adquirir esta casa.

26 de octubre de 2011: Arabia Saudí adjudica a un consorcio español el mayor contrato en el extranjero nunca concedido a empresas nacionales: el AVE que uniría las ciudades santas de La Meca y Medina, bautizado como «el tren de los peregrinos». El contrato es de 6736 millones de euros.

17 de noviembre de 2011: Juan Carlos I decide donar dos millones de euros procedentes de su cuenta de Lucum a otra examante, Marta Gayá. Finalmente solo le llega un millón.

29 de diciembre de 2011: Iñaki Urdangarin es imputado en el marco del caso Nóos.

8-13 de abril de 2012: El rey viaja con Corinna a Botsuana a cazar elefantes. La noche del 12 al 13 el monarca se tropieza y cae al suelo rompiéndose la cadera. Juan Carlos I debe volar de inmediato a Madrid. Ya el día 13 es ingresado en la clínica San José de Madrid para ser examinado e intervenido. Se había roto la cadera en tres fragmentos.

22 de abril de 2012: Una semana después del accidente, Corinna recibe en su móvil un mensaje de texto de un número no identificado que le comunica que sus «amigos de Madrid» habían contratado una empresa de seguridad para protegerla.

5 de mayo de 2012: El general Sanz Roldán viaja a Londres para entrevistarse con Corinna; le recomienda que no se convirtiera en un dolor de cabeza para los intereses nacionales y le pide que le entregue cualquier prueba o documento relacionado con Juan Carlos I que esté en su poder.

5 de junio de 2012: Juan Carlos I decide transferir a Corinna todo el dinero que tiene en la Fundación Lucum en concepto de donación. El dinero que llega a manos de Corinna suma 52 749 390.84 euros, 3 778 983.89 francos suizos y 14 493 993.26 dólares.

10 de septiembre de 2012: Se disuelve la Fundación Lucum.

Agosto de 2013: Juan Carlos I y Corinna, que habían roto su relación oficialmente a finales de 2010, se encuentran en el condado inglés de Sussex. Él le pide matrimonio por segunda vez y plantea la posibilidad de que ella obtenga el título de su alteza real Corinna de Borbón.

Noviembre de 2013: El rey de Marruecos, Mohamed VI, regala a Corinna un terreno ubicado a las afueras de Marrakech valorado en 1.7 millones de euros. Un año después Corinna relata al comisario Villarejo que Juan Carlos I la había utilizado como pantalla para camuflar esa finca.

Mayo de 2014: Corinna asegura que el rey le volvió a pedir que se casara con él por tercera vez y que el emérito empieza a viajar a la capital inglesa con «más frecuencia» y a decir «falsamente» a amigos y conocidos que ambos habían retomado su relación y «que pronto vivirían juntos en Londres».

19 de junio de 2014: Juan Carlos I abdica y cede el trono a su hijo Felipe VI.

2 de julio de 2014: Omán compra, dos semanas después de que Juan Carlos I renunciara al trono, un ático en Londres para que el monarca se instale allí. Omán pagó por el ático 50 millones de libras, unos 62.7 millones de euros al cambio de la época.

Septiembre de 2014: La revista italiana Oggi publica que el emérito ya vivía con Corinna en Londres y que estaba esperando a firmar los papeles de divorcio con Sofía para anunciar públicamente el nombre de su nueva pareja.

16 de septiembre de 2014: Corinna se reúne en Londres con Juan Carlos I y el abogado Dante Canonica. El emérito le exige que la donación de 65 millones de euros que le hizo en 2012 debe ser devuelta o puesta a su disposición. Canonica le dice al monarca que la donación es irrevocable.

4 de noviembre de 2014: Corinna asegura que mantiene una fuerte discusión con Juan Carlos I cuando le deja claro de una vez por todas que nunca volverá con él.

Noviembre de 2014: A partir de ese mes, la Fundación Zagatka dispara el gasto de los vuelos privados del monarca. De los 7 929 118 euros que salieron del balance de Zagatka para costear los viajes de Juan Carlos I, 6 166 250 euros se corresponden con el periodo posterior a su salida del trono.

Noviembre de 2014: Pepe Fanjul, el magnate del sector azucarero íntimo amigo del rey, escribe a Corinna Larsen para contarle que el monarca ha encargado a Allen Sanginés-Krause la gestión de sus finanzas personales.

15 de junio de 2015: Corinna Larsen se reúne por primera vez en su casa de Londres con el comisario José Manuel Villarejo, que graba la conversación sin consentimiento de la empresaria.

7 de octubre de 2016: Segunda reunión entre Corinna y Villarejo. Para entonces, el CNI ya vigilaba al comisario.

Diciembre de 2016: Juan Carlos I es invitado a la boda entre el empresario de origen libanés y nacionalidad británica Mo el-Husseiny y la diseñadora inglesa Zoë Onions. El banquete se celebra en el Real Casino de Madrid. El rey regalaría a los novios el ático de Londres que le compró Omán. Luego la pareja vendería la vivienda sospechosamente por 20 millones menos a una empresa radicada en un paraíso fiscal.

17 de febrero de 2017: La justicia condena a Iñaki Urdangarin a más de seis años de prisión por el caso Nóos.

22 de julio de 2017: Juan Carlos I viaja junto a Marta Gayá a Clonmellon, un pequeño pueblo irlandés para visitar el castillo de su amigo Allen Sanginés-Krause. Allí es grabado por una vecina que sube el vídeo a YouTube. Durante ese viaje el rey le pide a su amigo mexicano que le invierta unos 20 millones de euros.

3 de noviembre de 2017: La Policía Nacional detiene al comisario Villarejo en su casa de Boadilla.

Mayo de 2018: La Fundación Zagatka paga el último vuelo a Juan Carlos I. El día 16 de ese mes el emérito partió de Torrejón hacia el aeropuerto internacional Bradley, en Windsor Locks, Connecticut, en la costa este de Estados Unidos.

11 de julio de 2018: Los diarios El Español y OkDiario publican las grabaciones del comisario Villarejo en las que Corinna Larsen acusa a Juan Carlos I de cobrar comisiones por el contrato del AVE a La Meca, revela que tiene cuentas en Suiza e identifica a Álvaro de Orleans como su fiduciario de cabecera. La Audiencia Nacional abre una pieza separada para investigar el contenido de los audios, pero las pesquisas se archivan en tiempo récord.

6 de agosto de 2018: La Fiscalía suiza abre sus propias diligencias sobre las grabaciones de Corinna y, apenas dos meses después, ya tiene todos los movimientos bancarios de las dos principales fundaciones instrumentales que había usado Juan Carlos I para gestionar su fortuna: Lucum y Zagatka.

16 de septiembre de 2018: Juan Carlos I envía una carta manuscrita a su primo Álvaro de Orleans para comunicarle que a partir de ese momento no usaría más los fondos de Zagatka. El rey ya sabe que el fiscal Yves Bertossa ha abierto diligencias de investigación.

19 de diciembre de 2018: Corinna declara en la sede de la Fiscalía de Ginebra que el dinero que recibió del rey «fue una donación por gratitud, por amor, porque tenía esperanza de recuperarme, no para deshacerse del dinero».

Marzo de 2019: Varios bancos detectan que un coronel del Ejército del Aire jubilado que había servido como ayudante de campo de Juan Carlos I, Nicolás Murga Mendoza, llevaba tres años recibiendo grandes transferencias de dinero desde el extranjero que no se correspondían con ningún tipo de servicio ni operación financiera. Los investigadores descubren que el responsable de las transferencias que llegaban a los depósitos de Murga era el exdirectivo de Goldman Sachs y empresario mexicano Allen de Jesús Sanginés-Krause, íntimo amigo de Juan Carlos I, y que el militar estaba actuando como un simple testaferro. Solo entre 2016 y 2019, Sanginés-Krause pagó a Juan Carlos I y su familia gastos por importe de 1 083 644 euros.

5 de marzo de 2019: Los abogados de Corinna, del despacho estadounidense Kobre & Kim, envían una carta al jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín, para pedirle a Felipe VI que ponga fin a la campaña de acoso a la que, según ella, estaba sometiéndola su padre.

15 de marzo de 2019: Último encuentro de Juan Carlos I y Corinna. El emérito viaja a Londres para almorzar con su examante y convencerla de que no siga amenazando con desvelar detalles íntimos de su vida personal y de los negocios que han tenido juntos.

18 de marzo de 2019: Tras esa comida entre el emérito y Corinna, los abogados del despacho Kobre & Kim envían una segunda carta a la Zarzuela que dejaba constancia por escrito de esa reunión e insisten en la necesidad de abrir una vía de negociación con el visto bueno de Felipe VI.

2 de junio de 2019: Juan Carlos I se retira definitivamente de la vida pública.

15 de marzo de 2020: Felipe VI renuncia a la herencia de su padre.

Junio de 2020: Álvaro de Orleans corta todos los lazos societarios con el emérito. Modifica el reglamento de la Fundación Zagatka para retirar a Juan Carlos I su condición de tercer beneficiario. El nuevo texto estableció de manera «irrevocable» que Álvaro de Orleans era el primer beneficiario de los fondos, y su hijo Andrés, el único heredero.

3 de agosto de 2020: Juan Carlos I emite un comunicado para anunciar su marcha de España. Pasaron quince días hasta que la Casa Real confirmó que el antiguo jefe del Estado se había mudado a Abu Dabi.

Octubre de 2020: Una alerta del Servicio de Prevención contra el Blanqueo de Capitales (Sepblac) descubre el fideicomiso abierto en marzo de 2004 en la isla de Jersey. Aquel primer aviso ya apuntó «ciertos indicios de que el propietario último de los fondos podría ser Juan Carlos de Borbón».

Diciembre de 2020: Corinna presenta en Londres una demanda por acoso contra Juan Carlos I.

9 de diciembre de 2020: El emérito realiza una primera regularización ante la Agencia Tributaria. Paga 678 393 euros por los pagos que le hizo durante años su amigo el empresario Allen Sanginés-Krause para gastos personales.

25 de febrero de 2021: Segunda regularización de Juan Carlos I ante Hacienda. Abona 4 416 757.46 euros para evitar un posible delito fiscal por los gastos (principalmente vuelos) que le costeó Zagatka. El rey comenzó a disfrutar de los vuelos en 2009, pero el riesgo se ceñía a los ejercicios no prescritos, de 2014 a 2018.

Diciembre de 2021: La Fiscalía suiza cierra la investigación del fiscal que inició en 2018 con una simple multa al banco Mirabaud. Bertossa no pudo demostrar que los 65 millones de euros pagados por Arabia Saudí fueran algo distinto a una donación al rey Juan Carlos I.

2 de marzo de 2022: La Fiscalía General del Estado anuncia que archiva las tres investigaciones que mantenía abiertas desde hacía casi dos años sobre el patrimonio oculto de Juan Carlos I. La primera, por la famosa transferencia de 65 millones de euros, que se sospechaba podría ser una comisión por el AVE saudí. La segunda, por un dinero descubierto en el paraíso fiscal de Jersey, una pequeña isla en el canal de la Mancha. Y la tercera, por el uso de dinero opaco de Allen Sanginés-Krause para pagar gastos personales de la familia real casi al completo.

Mayo de 2022: Juan Carlos I regresa a España por primera vez desde que se marchó a Abu Dabi. Elige la localidad gallega de Sanxenxo.

1. La misión

Juan Carlos I se levantó ese sábado con la misión de salvar la monarquía. Su legado y el futuro de su hijo Felipe VI dependían de lo que ocurriera en las siguientes doce horas, aunque el antiguo jefe del Estado parecía comportarse desde hacía tiempo como si no le preocupara el destino de la institución que había liderado durante cuarenta años y restaba importancia a sus propios problemas con la justicia.

Aquel 15 de marzo de 2019 tuvo que despertarse temprano, recorrió los cuarenta y cuatro kilómetros que separan el Palacio de la Zarzuela del aeropuerto militar de Torrejón de Ardoz y se subió a un jet privado con el encargo de desactivar la mayor amenaza que se había cernido sobre la Corona en la era democrática. Su caída, desde cotas de popularidad con las que ni siquiera habría soñado cualquier otro mandatario, estaba siendo estrepitosa. Pero el derrumbe amenazaba con descontrolarse y degenerar en algo violento, capaz de arrastrar su herencia política y a sus descendientes.

A mediodía, Juan Carlos I ya había aterrizado en Londres. Soplaba el típico viento húmedo del oeste que anuncia la llegada de la primavera a la capital británica. En la Antigua Grecia llamaban a ese viento Céfiro y los oráculos lo interpretaban como un buen presagio para sus reyes, pero Juan Carlos I no vio en el cielo ninguna señal de optimismo. Sus escoltas lo ayudaron a descender del avión y lo introdujeron en un coche con los cristales tintados.

El emérito había viajado a Londres para reunirse con Corinna Larsen, la aristócrata y empresaria alemana de 1.80, cabello rubio, ojos azules y rostro afilado con la que había compartido casi dos décadas de su vida y estuvo a punto de casarse. El 5 de marzo de 2019, los abogados de Corinna, del despacho estadounidense Kobre & Kim, habían enviado una carta al jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín, para pedirle a Felipe VI que pusiera fin a la campaña de acoso a la que, según ella, estaba sometiéndola su padre1. En un tono protocolario pero contundente, los abogados de Corinna culparon a la Zarzuela de filtrar las noticias que la implicaron en el caso Nóos, la trama de corrupción por la que fue condenado Iñaki Urdangarin, así como en el cobro de comisiones ilegales por la adjudicación del contrato del AVE a La Meca a un consorcio de compañías españolas en 2011.

Según Corinna, esa supuesta campaña de difamación contra ella había comenzado en 2014 y estaba relacionada con el control de una cantidad millonaria. En 2008, Arabia Saudí había transferido 65 millones de euros a Juan Carlos I en una cuenta secreta del banco Mirabaud que el monarca administraba a través de la Fundación Lucum, una sociedad instrumental panameña.

En 2012, tras el accidente en el safari de Botsuana, Mirabaud pidió al rey que se marchara cuanto antes a otra entidad por temor a que el episodio terminara aflorando la existencia del depósito. La cuenta incumplía toda la normativa suiza contra la prevención del blanqueo de capitales y Mirabaud se arriesgaba a una sanción millonaria, además de al evidente coste reputacional.

Ante el escaso margen que tenía para reaccionar a la solicitud del banco y la ausencia de alternativas de garantías, el monarca pactó con Corinna la entrega de los 65 millones de euros de la Fundación Lucum, una compañía en la que, además de Juan Carlos I, también figuraba como beneficiario el propio Felipe VI y la siguiente heredera del trono, la infanta Leonor.

El objetivo de Juan Carlos I era que su antigua pareja actuara como su fiduciaria durante unos meses, igual que habían hecho otras personas de su confianza en el pasado. Al menos, hasta que encontrara un lugar seguro en el que alojar definitivamente esa inmensa fortuna.

Corinna aceptó guardar el dinero, pero no de manera provisional. Exigió que la entrega quedara perfectamente protocolarizada como una donación para que nadie pudiera acusarla de blanqueo de capitales o fraude a Hacienda. Juan Carlos I nunca se había caracterizado por su generosidad, pero el accidente de Botsuana había debilitado su posición y atravesaba en esas semanas su primera gran crisis de imagen. El riesgo de que trascendiera la existencia de los fondos era real y podía ensanchar el cataclismo que había provocado el episodio del safari.

El emérito nunca tuvo la más mínima intención de desprenderse para siempre de esos fondos. Aquellos 65 millones de euros le garantizaban una jubilación placentera y estaban destinados también a convertirse en una bolsa de seguridad para Felipe VI y la infanta Leonor, en el caso de que la supervivencia de la monarquía se viera aún más comprometida. Entre la posibilidad de que la sociedad española descubriera la fortuna suiza y el riesgo de perder para siempre los fondos con una donación a Corinna, Juan Carlos I acabó decantándose por esta última opción. No halló ninguna salida mejor que transferirle los 65 millones a su examante en las condiciones que ella misma decidió.

La relación sentimental de Juan Carlos I y Corinna había terminado en 2010, pero las verdaderas diferencias entre ellos surgieron efectivamente cuatro años después por la gestión de esos fondos. Tras su abdicación, el ya exjefe del Estado empezó a tener más dificultades para acceder al resto del dinero opaco que seguía conservando en el extranjero y que tradicionalmente había usado para sufragar sus vuelos privados, el mantenimiento de sus barcos de competición y sus vacaciones en destinos tropicales, entre otras partidas. Además, el mundo empresarial había empezado a darle la espalda y ya no estaba dispuesto a poner a su disposición tanta liquidez como durante su reinado.

En esa tesitura, Juan Carlos I empezó a pedirle a Corinna, a partir del verano de 2014, que pagara en secreto sus gastos personales con los 65 millones de euros que le había donado dos años antes. Era una forma de recuperar poco a poco el patrimonio que había tenido que dejar en manos de su expareja. El jefe de Seguridad del monarca, Vicente García-Mochales, enviaba las facturas del rey a la empresaria para que esta las sufragara.

Al principio, Corinna transigió. Pagó varios de esos gastos por pura cortesía con la persona que le había regalado un depósito millonario. Pero pasado un tiempo, Corinna decidió poner fin a esa operativa. Por un lado, comenzó a temer que las autoridades británicas o españolas descubrieran esos reintegros y la acusaran de estar actuando como cualquier otro testaferro del soberano. Por otro lado, el monarca le había donado los 65 millones de euros de Lucum de forma definitiva y a todos los efectos legales. No había ningún motivo por el que tuviera que seguir costeando sus vuelos o vacaciones.

En la carta remitida por el despacho Kobre & Kim a Zarzuela, Corinna afirmaba que su negativa a seguir pagando los gastos de Juan Carlos I había desatado, a juicio de la empresaria, una campaña de espionaje y hostigamiento que atribuía el rey emérito y al entonces director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, y que incluía episodios como seguimientos ilegales en la capital inglesa, la ciudad en la que vivía desde hacía años, y el registro de una segunda casa en Mónaco para sustraerle documentación relacionada con el monarca.

La misiva del bufete de Corinna desató el pánico en palacio. En marzo de 2019, la opinión pública aún no había oído hablar de Lucum, ni sabía que el rey había usado esa sociedad para controlar 65 millones de euros ni, menos aún, que Felipe VI y la infanta Leonor aparecían en los estatutos de la mercantil como futuros perceptores de los fondos. Habían trascendido las grabaciones del comisario José Manuel Villarejo a Corinna y se conocían algunos detalles del entramado que usaba el rey emérito como pantalla, pero ni siquiera había podido demostrarse que, detrás de los nombres y sociedades que ella mencionaba en esos audios, se escondiera realmente el monarca ni que esa estructura camuflara una fortuna acumulada durante todo su reinado. El daño sería irreversible si Corinna hacía pública la carta de sus abogados o compartía su contenido con otras personas.

La Zarzuela y el CNI acordaron que Juan Carlos I se desplazara inmediatamente a Londres para convencer a Corinna de que no aireara esa información ni ninguna otra a la que hubiera accedido durante sus años de convivencia. El rey tenía que persuadirla de que cualquier filtración también sería perjudicial para ella. Después de todo, por sus cuentas había circulado dinero del monarca. Si un juez abría una investigación por esos hechos en España, Corinna sería una de las primeras imputadas por blanqueo de capitales o cohecho. A cambio, cesarían los seguimientos y vigilancias a los que estaba sometiéndola el CNI. Parecía una buena oferta. Nadie volvería a molestarla ni tampoco le reclamaría de nuevo los 65 millones de euros.

La carta de Kobre & Kim parecía la constatación de que el Estado estaba siendo sometido a un chantaje. Semanas antes de que el documento llegara a palacio, un emisario de Corinna ya había contactado con el entonces embajador de España en Londres, Carlos Bastarreche, y con el secretario de Estado de Comunicación del Gobierno de Pedro Sánchez en esa época, Miguel Ángel Oliver, para intentar establecer un primer canal de comunicación. El objetivo de la examante del rey era el mismo: denunciar el acoso del CNI y buscar una fórmula para desactivar cualquier tipo de investigación penal que pudiera afectarle, especialmente, en lo referente al contrato del AVE a La Meca.

La Zarzuela había sido avisada de esos dos primeros movimientos, pero la misiva que recibió Jaime Alfonsín el 5 de marzo de 2019, con la mención expresa a la donación de los fondos de Lucum y las referencias a Felipe VI y la infanta Leonor, se leyó como la declaración de guerra definitiva. Corinna parecía dispuesta a desvelar la trama financiera de la familia real si no obtenía algún tipo de pago o compensación, aunque los abogados de la aristócrata insistieran en su voluntad de llegar a un acuerdo de no agresión cuanto antes y siempre «de buena fe».

Los servicios de inteligencia concluyeron que Juan Carlos tenía que reunirse con Corinna de manera urgente para tratar de obtener una prueba incuestionable de que su antigua amante solo buscaba una enorme suma de dinero por mantener la boca cerrada. Sanz Roldán estaba convencido de que esa prueba sería el final de los problemas de la monarquía y del conjunto del Estado. A partir de ese momento, cualquier noticia que Corinna o un tercero filtraran sobre las cuentas del rey en Suiza, sus testaferros o sus viajes en aviones privados, podría ser desacreditada mediante la simple difusión de un corte de audio en el que se oyera a la empresaria exigiendo dinero al monarca a cambio de su silencio.

Días antes del viaje a Londres, varios testigos presenciaron una conversación del emérito con Sanz Roldán en la que este consideró imprescindible que la reunión con Corinna quedara grabada. Esas mismas fuentes aseguran que el monarca se mostró de acuerdo.

La fortuna del antiguo monarca seguiría existiendo pero, en la lógica de Sanz Roldán, los medios de comunicación no hablarían de ella para no ser cómplices de un ataque al exjefe del Estado y, por extensión, a España.

Sobre ese mecanismo de autocensura se había edificado el mito de Juan Carlos I. A finales de los setenta, en una democracia tan frágil como la española, caló fácilmente la idea de que investigar al monarca o cuestionar los comportamientos de su esfera privada ponía en riesgo la estabilidad de todo el sistema y abría la puerta a los fantasmas del pasado. Parecía que España solo era viable si se respaldaba enfáticamente al jefe del Estado. Había que tapar los escándalos o, en el mejor de los casos, mirar para otro lado.

Había otra espiral de silencio dando vueltas alrededor de Juan Carlos I sin ese componente patriótico pero igual de efectiva. Los estamentos de la sociedad más próximos a la Corona y, por tanto, con mayor acceso a información comprometedora eran, al mismo tiempo, los más interesados en cultivar la figura del rey y tapar sus secretos.

El prestigio de estadista transformó rápidamente al monarca en un exitoso intermediario. Moverse por sus inmediaciones permitía, tarde o temprano, obtener algún tipo de beneficio económico. A veces, en forma de chivatazo sobre una privatización o una oportunidad de inversión en el extranjero. En otras ocasiones, involucrando al propio rey en las operaciones para garantizar su éxito. Cuanto más cerca estaba alguien del jefe del Estado, más beneficiosa podía resultar su influencia y más motivos encontraba ese individuo para protegerlo.

El dinero se convirtió en el pegamento de una vasta red de intereses recíprocos que proporcionó al monarca el respaldo de las capas más altas de la sociedad. Estas se aseguraron luego de irradiar hacia abajo su aura de demiurgo para que esa visión también se extendiera entre las clases populares. Los ciudadanos de a pie desempeñaban un papel pasivo. Nunca tuvieron un conocimiento directo de quién era o qué hacía el rey de España. No podían mirarlo a la cara ni estrecharle la mano. Lo contemplaban desde la distancia, a través de los ojos de unos pocos privilegiados con acceso ilimitado a la Corona que decidían lo que podía contarse y cuándo.

Los servicios de inteligencia y la Zarzuela conocían los resortes de ese sistema. Los usaron, por ejemplo, con el escándalo de Bárbara Rey a mediados de los ochenta. La élite económica y social de todo el país sabía que el monarca había tenido una relación con la vedette. El CNI llegó a pagarle 500 millones de pesetas de los fondos reservados para que nunca difundiera vídeos de sus encuentros sexuales ni aireara el noviazgo.

En julio de 1997, la propia Bárbara Rey estuvo a punto de contarlo en directo en el programa pionero del corazón en España, Tómbola, un espacio que se emitía los viernes por la noche en Canal 9, la televisión pública valenciana. El espacio llegó a anunciar la presencia de la artista pero, en el último instante, se canceló su aparición. La dirección de la cadena recibió una llamada de Madrid con la orden de que se suspendiera su intervención.

El periodista Francesc Arabí cuenta en su libro Ciudadano Zaplana2 que el CNI y el Gobierno de José María Aznar maniobraron posteriormente para conseguir que Bárbara Rey presentara un programa de cocina diario en el mismo canal entre 2000 y 2005, a pesar de que no tenía ni idea de cocinar, no tenía ninguna relación con esa comunidad autónoma ni hablaba valenciano. La artista rentabilizó su silencio. En esos cinco años, se embolsó unos cinco millones de euros por presentar el espacio de cocina. El director del CNI entre 2004 y 2009, Alberto Saiz, confirmó en noviembre de 2021 que el organismo se movilizó para colocar a Bárbara Rey en Canal 9 y tenerla contenta para que no revelara el affaire.

El episodio nunca llegó al gran público. Ningún medio se atrevió a contarlo por temor a que la Zarzuela o el CNI lo consideraran cómplice de una extorsión a la Corona o la imagen del rey comenzara a resquebrajarse.

Algo similar ocurrió con el caso KIO en los primeros noventa, la trama de corrupción que se apropió de más de 600 millones de euros invertidos por Kuwait en un conglomerado empresarial español llamado Grupo Torras. Las conexiones del monarca con los financieros Javier de la Rosa y Manuel Prado y Colón de Carvajal, encargados de gestionar los intereses del emirato en España, eran conocidas en los despachos nobles de Madrid, y se hicieron aún más populares cuando los dos industriales cayeron en desgracia. Pero airear los negocios que Juan Carlos I había hecho con ellos o deslizar la sospecha de que el dinero kuwaití había terminado realmente en las cuentas del rey suponía alinearse con las tesis de dos perdedores y poner de nuevo en riesgo la magia del monarca. Nadie quiso colocarse en el bando equivocado.

La última vez que esa estrategia de ocultación funcionó fue con la trama del comisario Villarejo. El CNI logró convencer a decenas de medios, jueces y fiscales de que centraran sus pesquisas en el funcionario jubilado y no en la información que este había acumulado durante las tres décadas en que había ejercido como agente encubierto de la Policía Nacional. Difundir las grabaciones efectuadas por Villarejo a políticos, empresarios e incluso a Corinna equivalía a formar parte de su organización criminal, aunque su archivo guardara casos de corrupción que afectaban a medio IBEX 35 y al hombre que se sentaba en la cúspide del Estado.

Juan Carlos I había usado en otras ocasiones métodos más expeditivos para estrangular la libertad de información. El Confidencial comenzó a desvelar en 2012 la relación del rey con Corinna y la participación de esta en operaciones empresariales. Aquellas noticias no sentaron bien al monarca y este recurrió a las mayores compañías del país para tratar de asfixiar al medio que le molestaba.

Para ello utilizó como palanca el Consejo Empresarial para la Competitividad, un foro creado en 2010 por BBVA, Santander, Mercadona, El Corte Inglés, Iberdrola, Caixabank, Ferrovial y Telefónica, entre otros gigantes de la economía nacional, con el fin de promover la imagen de España en el extranjero y pactar las líneas maestras de la inversión publicitaria en los principales medios de comunicación del país. El objetivo último del grupo era asegurarse la difusión de los mensajes que más interesaban a sus miembros. En la práctica, actuaba como un potente cártel publicitario que podía dejar sin ingresos a medios díscolos.

En septiembre de 2013, los directores de comunicación y relaciones institucionales de las compañías del Consejo Empresarial se reunieron en las oficinas de Telefónica, como era costumbre, para discutir una petición cursada por uno de sus antiguos colegas, Javier Ayuso, que había sido director de Comunicación del BBVA hasta 2012 y, desde ese año, ejercía como jefe de Relaciones con los Medios de la Casa Real.

Siguiendo órdenes del rey, Ayuso había solicitado a las corporaciones del Consejo Empresarial que vetaran la inversión publicitaria en El Confidencial porque se había convertido en un actor mediático descontrolado. El director de Comunicación del BBVA advirtió a sus colegas de que, igual que había publicado noticias contrarias al discurso oficial de la Casa Real, en el futuro podía atreverse a cuestionar la gestión de cualquier consejo de administración del IBEX.

La propuesta de Ayuso concitó un amplio respaldo entre sus colegas y tuvo efectos en la facturación publicitaria de El Confidencial, poniendo en peligro su independencia económica. Sin embargo, algunas empresas acabaron descolgándose de ese acuerdo porque antepusieron sus propios intereses informativos y publicitarios a las vicisitudes que pudiera estar atravesando Juan Carlos I como consecuencia de su comportamiento individual. Esa grieta se hizo cada vez más amplia y los planes de Zarzuela acabaron fracasando. El grueso de los miembros del Consejo Empresarial para la Competitividad volvió a normalizar sus relaciones con El Confidencial y el foro se disolvió finalmente en 2017.

Once días después de que Kobre & Kim enviara la carta a Jaime Alfonsín, el coche de don Juan Carlos se detuvo frente a la casa de Corinna, una planta baja de casi 300 metros cuadrados en Eaton Square, una gigantesca plaza alargada en el lujoso barrio de Belgravia, el más caro del Reino Unido y el mismo que escogieron Margaret Thatcher, Mick Jagger y Sean Connery para fijar su residencia. Corinna compró la casa en 2011 por 5.8 millones de euros e invirtió otros 4.7 millones en reformarla.

Un agente del CNI lo acompañó aquel día hasta el interior del inmueble, donde Juan Carlos I había estado decenas de veces. Corinna ordenó que el escolta se quedara en la cocina, junto a dos miembros de su equipo de seguridad, antiguos agentes del Mosad que llevaban tiempo trabajando para ella. En la casa también estaba su hijo Alexander, de diecisiete años.

Tras los primeros saludos de cortesía, el rey, Corinna y Alexander pasaron al comedor. Se sentaron en la mesa principal, con tamaño para ocho comensales: el rey en un extremo, Alexander en el otro y Corinna en un lateral. La empresaria había cocinado pasta, sirvió caviar y descorchó uno de los vinos preferidos por el monarca, un Vega Sicilia Reserva Especial Único, a 460 euros la botella.

En otro contexto, aquella comida se habría desarrollado entre risas y probablemente habría terminado ya entrada la noche, pero Juan Carlos I tenía una misión que cumplir. Reprochó a su expareja el contenido de la carta que habían enviado sus abogados a Jaime Alfonsín y también sus intentos de acercarse al embajador de España en Londres y al secretario de Estado de Comunicación. Le advirtió de que esa estrategia era suicida y que, si acabara filtrándose a la prensa el más mínimo detalle de esa disputa, las consecuencias serían catastróficas. Juan Carlos I le propuso firmar un acuerdo: nadie volvería a molestarla, pero debía ser discreta y olvidar todo lo que sabía sobre sus finanzas.

Corinna se negó a aceptar esa solución. Reprochó al monarca que no hubiera hecho nada para detener el acoso al que estaba sometiéndola el CNI desde hacía años; los perjuicios que habían sufrido sus empresas por las informaciones que la implicaban en el caso Nóos y en el cobro de las comisiones del AVE a La Meca, y que incluso hubiera contado a varios de sus familiares que era una ladrona que le había robado 65 millones de euros.

La empresaria contó en octubre de 2020 a OkDiario que le llamó la atención el pin que llevaba el rey en la solapa aquel día. Su tamaño era mayor de lo habitual, no parecía solo decorativo. «Era como una bandera de España —recordó—. Se comportaba de forma muy rara. No hacía más que echarse hacia delante y preguntarme que qué era lo que quería».

El rey reclamó una y otra vez a Corinna que dijera qué quería exactamente. Le pidió que aclarara qué estaba buscando. Pero la lobbista respondió repetidamente que su único objetivo era que concluyeran los ataques que estaba sufriendo y que dejaran de filtrarse a la prensa noticias negativas sobre ella porque podían provocar que sus problemas legales, que habían comenzado meses antes con una investigación de la Fiscalía de Suiza, se extendieran también a España.

Aquellas palabras no comprometían a la empresaria. Juan Carlos I necesitaba alguna frase que dejara claro que estaba siendo víctima de una extorsión. El emérito negó que hubiera dado órdenes a los servicios de inteligencia para hostigarla, exigió a Corinna que dejara a Felipe VI al margen del conflicto y le preguntó de nuevo por qué estaba provocando tanto daño a la monarquía.

Alexander se incorporó en ese momento a la conversación para apoyar a su madre. El joven al que Juan Carlos I regaló un quad cuando solo tenía cuatro años, con el que había pasado casi una decena de navidades, con el que había hecho barbacoas en la casa de La Angorrilla de El Pardo y con el que también había compartido una semana de caza en el delta del Okavango en 2012, elevó la voz y empezó a señalarlo con el dedo índice para reprocharle que su progenitora estuviera pasando por un calvario de insultos, seguimientos y amenazas.

La comida terminó sin pacto ni grabación. Corinna no dijo ninguna palabra que pudiera interpretarse, ni siquiera ligeramente, como un precio para su silencio. Tampoco pronunció ninguna frase que evidenciara la existencia de intereses espurios ni la participación de terceras personas o Estados en ese conflicto. Si el CNI quería convertir aquello en una extorsión, tendría que inventárselo.

El emérito se despidió y se subió de nuevo a su coche para emprender el camino de vuelta a España. Incluso para alguien que llevaba tantos años mostrándose tan alejado del pulso de los acontecimientos como el monarca, era innegable que el resultado de aquella misión había sido un auténtico desastre.

Aquel sábado por la tarde se manifestaron en Madrid más de medio centenar de organizaciones independentistas catalanas para protestar contra el inicio del juicio del Tribunal Supremo contra los líderes del 1-O y reivindicar el derecho a la autodeterminación de Cataluña. El resto de partidos políticos celebraron actos de campaña para las elecciones generales que iban a celebrarse el 28 de abril. El Atlético de Madrid perdió 2-0 en el campo del Athletic de Bilbao y el Real Madrid venció 2-0 al Celta de Vigo en el Bernabéu. El Barça jugaba al día siguiente. España desconocía lo que acababa de ocurrir en Londres y puede que Juan Carlos I también tardara en darse cuenta de la verdadera dimensión de este episodio.

Solo dos días después, el 18 de marzo de 2019, los abogados del despacho Kobre & Kim enviaron una segunda carta a Zarzuela que dejaba constancia por escrito de la reunión con Juan Carlos I. Corinna seguía insistiendo en la necesidad de abrir una vía de negociación que contara con el visto bueno de Felipe VI.

Cuatro meses después, terminó el mandato de Sanz Roldán al frente del CNI. Durante diez años había sido el mayor escudero del monarca, el guardián de su lado más oscuro. El peligro había escalado y el rey emérito se estaba quedando solo.

1José María Olmo, «El bufete de Corinna envió la carta que desató el fin de Juan Carlos I e implica a Felipe VI», El Confidencial, 16 de marzo de 2020.

2Francesc Arabí, Ciudadano Zaplana: La construcción de un régimen corrupto, Madrid, Foca, 2019.

2. La estafa

Juan Carlos I cedió el trono a su hijo Felipe VI el 19 de junio de 2014, pero no descubrió que había dejado de ser el jefe del Estado hasta cuatro años después, cuando se agolparon las malas noticias. Si su hundimiento comenzó con la cacería de Botsuana en abril de 2012, en 2018 se sumergió definitivamente en un laberinto de escándalos financieros y procedimientos judiciales que amenazaban con sentar a un rey en el banquillo por primera vez en la historia de España.

Hasta que comenzaron sus encontronazos con la justicia, el monarca disfrutó de un retiro soberbio. El segundo monarca español más longevo —el primero, Juan II de Castilla, solo le superó por nueve años (1406-1454)— había perdido el cetro antes de que lo enterraran en el Panteón de los Reyes del monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Aquella jubilación anticipada había sido humillante y su antiguo poder omnímodo para mover los hilos del sistema se había diluido, pero también se habían esfumado las obligaciones de su agenda y ya no tenía a tanta gente escrutando lo que hacía.

Quizá aquella cadena de escándalos del final de su reinado había sido, además de la constatación de su alejamiento de la realidad, una forma inconsciente de pedir un relevo. Tras la abdicación, solo tuvo que seguir cumpliendo algunos compromisos. Por lo demás, podía exprimir la fortuna que había acumulado durante décadas ejerciendo como el mayor y mejor comisionista de su propio reino.

Atrás quedaban las recepciones soporíferas en la Zarzuela, los largos viajes de Estado y los aburridos actos militares. Ya no era necesario que saludara a los mandatarios extranjeros de visita en España. Desde su abdicación hasta el 2 de junio de 2019, cuando se retiró definitivamente de la vida pública, solo participó en 119 actos oficiales1, incluyendo eventos deportivos, reuniones de patronatos y asistencias a corridas de toros benéficas. Apenas una aparición cada dos semanas, una media ridícula en comparación con los más de setenta actos que tuvo que presidir en 2012, por ejemplo.

Juan Carlos I había crecido siendo una pieza clave en la partida que disputaron su padre don Juan de Borbón y el general Franco para perfilar el futuro de España. Después, fue él quien tuvo que asumir el mando para tratar de consolidar la democracia. La monarquía parlamentaria no empezó a fluir hasta después del golpe del 23F y, para entonces, tenía cuarenta y tres años, que había pasado haciendo equilibrios entre ideologías y grupos de poder, buscando la aceptación de la comunidad internacional, obedeciendo el estricto protocolo de la jefatura del Estado y escuchando las recomendaciones de sus consejeros y asesores.

No empezó a sentirse liberado hasta mediados de los ochenta. Las escapadas para participar en monterías y acudir a los restaurantes más exclusivos se hicieron cada vez más frecuentes. Ya no le interesaba la aristocracia sobre la que había pivotado el tardofranquismo. La máxima autoridad de la pujante democracia española se echó en los brazos de una nueva élite económica que cambió el diario Arriba por el Financial Times y convirtió a los yuppies de Wall Street y la City en sus únicos referentes.

El rey se rodeó de los prohombres del pelotazo y se empapó de sus aspiraciones. Mario Conde, Javier de la Rosa, Juan Miguel Villar Mir, Alberto Cortina, Alberto Alcocer, Enrique Sarasola Lerchundi, Javier Monzón, Miguel Corsini, Jaime Castellanos y Juan Abelló, entre otros, pasaron a ocupar su tiempo libre. Sabían cómo ganar dinero y lo gastaban sin contemplaciones. Querían comerse el mundo y no tenían líneas rojas.

Juan Carlos I se entregó a la ola de desinhibición que fascinaba a los barrios ricos de la capital. Pasó a intimar con otras mujeres, a veces, compulsivamente. Bárbara Rey, Marta Gayá, Queca Campillo, Sol Bacharach… Algunos amores duraban años, otros solo una noche. Las relaciones se superponían. Eran tantas y tan habituales que nuevos rumores recorrían continuamente Madrid.

La revista Hola publicó en 1987 una portada con un retrato de una grande de España, una duquesa y una condesa. Las tres eran nobles, pero se habían convertido en iconos de la mujer poderosa y liberal, y formaban parte de la vibrante beautiful people. La portada parecía una reivindicación de la modernidad, pero también se interpretó como un guiño de Hola al monarca porque, en ese momento, se le vinculaba simultáneamente con las tres protagonistas de la portada. El tiempo demostraría luego que aquellas informaciones no iban tan desencaminadas.

Juan Carlos I descubrió pronto dos cosas. La primera era que no tenía que preocuparse por lo que hacía porque nadie se atrevería a contarlo. El mito en torno a su figura seguía creciendo y le protegía prácticamente de cualquier escándalo. Lo que empezaron siendo pequeñas licencias o incursiones por el lado distraído de la alta sociedad acabó convirtiéndose en una forma de vida que ocupaba más tiempo en su agenda que las funciones propias de la jefatura del Estado. Ese reparto de las horas sería cada vez más acusado con el paso de los años.

Lo segundo que averiguó es que le fascinaba el dinero y no había ningún motivo por el que tuviera que ser más pobre que las personas con las que empezaba a codearse, teniendo en cuenta además que, gracias a sus mediaciones ante otros mandatarios, hacía ganar auténticas fortunas a los principales empresarios de España. Juan Carlos I tenía a su disposición a centenares de funcionarios y un inmenso patrimonio, pero ni con los tapices que colgaban de sus palacios ni con los uniformes de la Guardia Real podía pagar un viaje en avión privado, ni comprarse un Lamborghini, ni alojarse en un hotel de cinco estrellas. Cuanto más tiempo pasaba con Mario Conde o Juan Abelló, más le atormentaban sus estrecheces económicas.

Al inicio de los ochenta, su liquidez se limitaba a la asignación de los Presupuestos Generales del Estado, que rondaba los 10 millones de pesetas, unos 60 000 euros al cambio, y al dinero que había heredado de su progenitor.

Don Juan de Borbón vendió en 1972 al Ayuntamiento de San Sebastián el palacio de Miramar, una finca heredada de Alfonso XIII con una de las mejores vistas a la playa de la Concha, por 102 500 000 pesetas (616 037 euros)2. En 1977 se deshizo de otro palacio, el de La Magdalena, traspasándoselo al Ayuntamiento de Santander por otros 150 millones de pesetas (901 518 euros).

Al año siguiente, el conde de Barcelona vendió por 60 millones de pesetas a una inmobiliaria la isla de Cortegada, cincuenta y cuatro hectáreas de terreno frente al municipio de Vilagarcía de Arousa. Y en 1988, se desprendió de la que había sido la residencia familiar desde 1948, villa Giralda, el palacete que ocupaba el número 367 de la calle de Inglaterra en Estoril. Se la quedó por 85 millones de escudos, unos 70 millones de pesetas al cambio (420 700 euros), el empresario Klaus Saalfeld, un judío alemán que había llegado a Portugal en 1940 refugiándose de la Segunda Guerra Mundial.

Los 382.5 millones de pesetas (2.3 millones de euros) de esas cuatro operaciones no duraron mucho tiempo en las cuentas de don Juan. En 1987, utilizó parte de los fondos para comprar la vivienda en la que se instalaría tras su vuelta a España, una mansión de dos plantas y 4229 metros cuadrados de parcela en el número 25 de la calle de Guisando de Madrid, dentro de la exclusiva urbanización de Puerta de Hierro. Allí vivió el padre de Juan Carlos I hasta su muerte el 1 de abril de 1993.

Solo una porción de esa herencia llegó al rey emérito, aunque es imposible saber cuánto. El monarca y sus hermanas, las infantas Pilar y Margarita, vendieron el chalé familiar a una inmobiliaria en 2002 por 2.7 millones de euros, pero los hijos de las infantas se llevaron una comisión adicional de 1.2 millones de euros3, casi la mitad del precio de la casa. Don Juan también conservó hasta su fallecimiento unas oficinas en Gran Vía y un apartamento en Estoril que fueron igualmente traspasados en 2002 por sus descendientes.

A ese dinero procedente de la venta de inmuebles hay que sumar otros 375 millones de pesetas (2.2 millones) que Juan Carlos I heredó en Suiza4, el país en el que vivió la familia antes de mudarse a Portugal en los años cuarenta. Don Juan guardó los fondos durante toda su vida en territorio helvético como un depósito de supervivencia, por si la situación de España volvía a torcerse y la familia tenía que afrontar un nuevo destierro. Tras su muerte, su hijo recepcionó los fondos en la cuenta de otro banco suizo.

La suma era importante, en torno a unos 4 millones de euros, pero no suficiente para Juan Carlos I. Solo en 1993, Mario Conde ingresó rentas de Banesto por importe de 154 millones de pesetas (925 000 euros). La riqueza del banquero se tasó en ese momento en hasta 100 000 millones de pesetas5 (600 millones de euros), equivalente a 666 palacios de La Magdalena. El monarca no solo aspiraba a ese nivel de vida, sino que estaba convencido de que, para un rey de España, era una obligación alcanzarlo.

Sobre esas premisas, comenzó a desplegar a mediados de los ochenta un entramado financiero en el que participaban decenas de empresarios, sociedades offshore, bufetes especializados en servicios fiduciarios y cuentas opacas en las principales plazas bancarias. El monarca fue engrasando ese conglomerado con el paso de los años hasta convertirlo en una corporación en la sombra que le garantizaba un suministro inagotable de efectivo, procedente en su mayoría del blanqueo de las comisiones ilegales que cobraba bajo cuerda por sus intermediaciones para distintas compañías nacionales, desde el Banco Zaragozano al Grupo Torras, pasando por la constructora OHL.

El conglomerado era gigantesco, pero, al contrario de lo que ocurre en una gran compañía, donde todas las divisiones convergen en la cúspide, la red del monarca estaba dividida en compartimentos estancos para asegurarse de que cada uno de ellos funcionaba de forma autónoma, sin compartir información con las otras patas del sistema. Si una de las líneas de negocio se veía afectada por una investigación judicial, la identificación de un testaferro o cualquier otro contratiempo, nunca quedaba expuesto el conjunto de la estructura.

En ese sentido, la corporación privada de Juan Carlos I tenía un funcionamiento parecido al de las células yihadistas, en las que círculos reducidos de individuos efectúan la totalidad de las operaciones terroristas, desde el diseño hasta la propia ejecución del ataque, sin interactuar en ningún momento con otros miembros del grupo. Si una de las células cae, el resto puede seguir actuando como si nada.

La abundante documentación descubierta en Suiza sobre la fortuna privada de Juan Carlos I prueba que, entre 2008 y 2017, llegó a emplear de manera simultánea hasta cuatro vías distintas para nutrirse de fondos de origen opaco, y cada una de ellas funcionaba como si no existieran las otras. Si alguno de esos negocios era descubierto, el monarca solo tenía que dejar caer a los implicados en esa parte del engranaje. Eso hizo con su testaferro Manolo Prado y Colón de Carvajal, por ejemplo, cuando la justicia comenzó a acorralarlo en los años noventa por su implicación en el caso KIO.

A ese esquema de captación y ocultación de comisiones hay que sumar lo difícil que habría sido, durante los primeros cuarenta años de la democracia, que un medio de comunicación se hubiera enfrentado abiertamente a Juan Carlos I desvelando sus negocios personales. Pero, aun en el caso de que alguien hubiera roto ese tabú, el monarca contaba con la ayuda y protección del aparato del Estado y, en especial, de los servicios de inteligencia. Alrededor de dos mil profesionales de la seguridad velaban permanentemente por sus intereses, más de los que soñaría tener en nómina cualquier multinacional estadounidense.

El accidente de Botsuana en abril de 2012 erosionó el mito, pero los partidarios de la Corona siguieron siendo mayoría. Tras el incidente, y pese a la crisis de legitimidad que sufría el conjunto del sistema político en ese momento, el 53 % de los españoles se declaraba partidario de la institución, frente al 37 % que prefería la república, según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)6. Y en los años siguientes empezaron a vislumbrarse algunos signos de que la coronación de Felipe VI estaba actuando como revulsivo. En enero de 2014, la Casa Real disfrutaba de un apoyo popular del 49.9 %, según un sondeo del diario El Mundo. En junio de ese mismo año, dos meses después del relevo al frente de la jefatura del Estado, el respaldo social a la institución que expresaba el mismo barómetro había subido al 55.7 %7.

Incluso después de la abdicación, Juan Carlos I continuó disfrutando de importantes privilegios. Su despacho en la Zarzuela había sido ocupado por Felipe VI, pero pasó a utilizar otro de las mismas dimensiones en el que seguía recibiendo visitas. Era un despacho rectangular de estilo clásico, con biblioteca y muebles de madera de tonos roble. Tenía una mesa de reuniones nada más entrar. Su mesa de trabajo, del mismo color marrón claro que el resto del mobiliario, aunque con remates dorados, estaba al fondo a la derecha, con las banderas de España y la Unión Europea en un costado y un gran lienzo de Joan Miró de tonos azules presidiendo la estancia. Completaban la decoración una fotografía con su amigo Torcuato Fernández-Miranda, estratega de la transición y consejero de cámara, que falleció en 1980, cuando Juan Carlos I tenía cuarenta y dos años; un retrato de su hijo Felipe VI y, al lado, un grupo de fotografías de todos sus nietos.

No había ningún ordenador en el nuevo despacho, pero Juan Carlos I tampoco había usado uno nunca. Lo más parecido era su móvil, que siempre guardaba en el bolsillo de su camisa para notar la vibración cuando alguien lo llamaba.

Seguía disponiendo de mayordomos y asesores, un equipo de escolta permanente y la flota de vehículos del Parque Móvil del Estado. Incluso podía seguir volando en los aviones Falcon del Ejército del Aire. Tenía decenas de millones de euros escondidos en el extranjero, la estructura de un país a su servicio y pocos compromisos. Ya solo era un rey emérito, pero vivía mejor de lo que la mayoría de los reyes hubiera imaginado nunca.

En julio de 2017, Juan Carlos I tenía tanto tiempo libre que decidió viajar a Irlanda para pasar unos días en la mansión de un amigo. El industrial mexicano Allen Sanginés-Krause lo invitó a su castillo, emplazado en Clonmellon, un pueblo de 600 habitantes a 75 kilómetros al oeste de Dublín, en plena campiña, rodeado de laderas verdes, rebaños de ovejas y antiguos linderos de piedra medio derruidos, que parecía la antítesis del verano en el puerto deportivo de Palma de Mallorca.

El monarca había conocido a Sanginés-Krause cuando este era responsable del banco estadounidense Goldman Sachs en España, aunque no establecieron un vínculo de confianza hasta después de la abdicación. Corinna ya había hecho negocios en el pasado con el banquero. Juan Carlos I y Sanginés-Krause pertenecían a esferas distintas, pero el rey emérito consideró que el financiero podía resultarle útil después de la abdicación.

Sanginés-Krause nació en México en 1959. Tras cursar sus estudios universitarios en el Instituto Tecnológico Autónomo de Ciudad de México, ingresó en la Universidad de Harvard, donde se doctoró en Economía en 1987. Después, empezó una larga carrera en el mundo de la banca de inversión que le llevó a codearse con magnates de casi todos los continentes y a sentarse en los consejos de administración de fondos soberanos y compañías de telecomunicaciones.

Sanginés-Krause también tenía otras inquietudes. Ocupaba un asiento en el organismo que gestiona los principales castillos del Reino Unido, entre ellos, la Torre de Londres y Kensington Palace; formaba parte del consejo de antiguos alumnos de Harvard; era miembro fundador de la Fundación Europea para la Cetrería y hablaba seis idiomas, entre ellos, ruso y alemán. Aunque Sanginés-Krause había ganado mucho dinero en la banca, su riqueza era muy inferior a las de Juan Abelló, Juan Miguel Villar, las hermanas Koplowitz o la familia Botín, algunos de los empresarios que formaron parte hasta 2014 del selecto círculo de confianza de la Zarzuela. Pero el mexicano conocía bien el funcionamiento del sistema bancario y ese aspecto despertó el interés de Juan Carlos I.

Tras la renuncia al trono, el rey emérito tomó la decisión de fijar su nueva residencia en Londres y rodearse de una nueva corte. Quería empezar de cero y tejer otra red de contactos, una que nadie pudiera controlar desde Madrid. Para montarla, necesitaba un gestor financiero. Sanginés-Krause emergió como el mejor de los que tenía a su alcance, la persona idónea para actuar de puente entre su pasado y su futuro. En 2014, el rey Juan Carlos tenía fundaciones y testaferros con millones de euros en diferentes bancos y países. El banquero mexicano sabría gestionarlos.