La casta E-Book

Luis Gasulla

• Herausgeber: Libros del Zorzal
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 226

Veröffentlichungsjahr: 2021

Beschreibung

El peronismo se erigió en una casta de gobernantes y gremialistas millonarios, auténticos señores feudales que se eternizan en el poder. La versión K logró perfeccionar los métodos y conforma hoy la nueva oligarquía. Crea las leyes, pero no se considera obligada a respetarlas. Jura luchar contra un fantasmagórico poder hegemónico mientras acumula más poder que ningún otro gobierno democrático reciente, destruyendo las instituciones y minando los contrapoderes. Escudada en discursos progresistas, no hace más que enriquecerse y jugar con lo que es de todos como si le perteneciera. Utiliza la Secretaría de Derechos Humanos, el Instituto contra la Discriminación y el Ministerio de la Mujer en forma selectiva, para ofenderse con los opositores y defender a los suyos. Asegura estar reconstruyendo la patria mientras todo se cae a pedazos, el pbi se derrumba y los que pueden emigran. Organiza fiestas en momentos en que nos encierra y nos funde. En La casta, Luis Gasulla describe los mecanismos que utiliza el peronismo kirchnerista para perpetuarse en el poder y lograr impunidad. Una investigación basada en hechos comprobables que deja al descubierto el cinismo y la impostura de los que han vuelto a gobernarnos.

Leseprobe

Luis Gasulla

La casta

La patria somos nosotros

Gasulla, Luis

La casta : la patria somos nosotros / Luis Gasulla. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Libros del Zorzal, 2021.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-599-759-2

1. Análisis de Políticas. I. Título.

CDD 324.09

Diseño de tapa: Osvaldo Gallese

© 2021. Libros del Zorzal

Buenos Aires, Argentina

<www.delzorzal.com>

Comentarios y sugerencias: [email protected]

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio o procedimiento, sin la autorización previa de la editorial o de los titulares de los derechos.

Impreso en Argentina / Printed in Argentina

Hecho el depósito que marca la ley 11723

Índice

Prólogo

La Argentina de los vivos | 6

Capítulo 1

El monopolio de los derechos humanos | 13

Capítulo 2

El monopolio del dolor | 42

Capítulo 3

Los dueños | 54

Capítulo 4

Los súbditos | 71

Capítulo 5

Los guardaespaldas de la casta | 85

Capítulo 6

Ese monstruo llamado impunidad | 105

Capítulo 7

Las zigzagueantes convicciones de la casta | 120

Capítulo 8

Al enemigo, ni justicia | 138

Capítulo 9

¿Para qué sirve la casta? | 159

Referencias y bibliografía | 185

Agradecimientos | 187

A los que pelean por la verdadA los que luchan por la justiciaA los que no temen

Al querido colega Federico Teijeiro,por los datos y su fresca memoria

Prólogo

La Argentina de los vivos

La Argentina de los vivos, que se zarpan, que pasan sobre los “bobos”, se terminó.

Alberto Fernández, 25 de marzo de 2020

Los bobos y los vivos

Al cierre de esta edición, la jueza federal María Eugenia Capuchetti utilizaba el término “inmoral” para nombrar a los “vacunados vip” del poder K. Sin embargo, tras medio año de una débil pesquisa judicial, la única magistrada nombrada durante el macrismo en Comodoro Py entendía que no existía delito por parte de los desvergonzados que se saltearon la fila. De los setenta acomodados en el Ministerio de Salud de Ginés González García y en el militante Hospital Posadas, solo cinco debían seguir dando explicaciones. Casualmente, la jueza utilizaba el mismo argumento que el presidente Alberto Fernández, para quien saltearse la fila no era ningún delito. ¿Acaso no se trataba de un abuso de autoridad? ¿Conflicto de intereses? ¿Tráfico de influencias?

De manera inexplicable, la jueza Capuchetti terminaba dándole la razón a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, para quien los vip eran solo cuatro o cinco personas. No obstante, entre los nombres encontrados por el fiscal Sergio Rodríguez, de la Procuración de Investigaciones Administrativas (pia), aparecían el jardinero Ramón Ángel Díaz Días y su esposa María Zazo Gómez, empleada desde hace muchos años de Cristina Kirchner. Los dos empleados de la ex presidenta se inocularon antes que nadie en El Calafate. La diputada opositora Graciela Ocaña había encontrado un lote de vacunas Sputnik V enviado al samic del “lugar en el mundo” de la actual vicepresidenta. El 30 de enero pasado, sin registrarse como personal de Salud, los dos empleados de la señora lograron darse la primera dosis de la vacuna rusa. Tenían más de 60 años, pero en Santa Cruz la vacunación oficial para ese rango etario se inició recién en abril. Noventa días antes de lo establecido, ya estaban vacunados.

El jardinero Díaz Días ya había aparecido involucrado en Los Sauces, una de las causas de corrupción que aguarda su juicio oral y público. Allí, Cristina Kirchner y sus hijos deberán sentarse en el banquillo de los acusados. Los Sauces provocaría la envidia de las mentes más brillantes de Wall Street: en pocos años, facturó millones de pesos sin tener domicilio registrado ni presentar balances. El vacunado vip Díaz Días era su único empleado oficial. Antes de morir, el juez Claudio Bonadio llegó a escuchar al jardinero fiel decir: “Solo corto el pasto y arreglo el jardín”.

Hay más. Las vacunas encontradas por Ocaña forman parte del lote número 486081120R,que llegó a El Calafate de forma inusual. El 23 de enero de 2021, un vuelo de Aerolíneas Argentinas tuvo que retrasar su despegue por una orden política, un llamado que llegó al aeropuerto de Ezeiza desde el Ministerio de Salud. Pero para la Justicia argentina había “inexistencia de delito”.

Días después del escándalo, la ministra de Salud protegió a la vicepresidenta: en un comunicado de prensa, admitió que el Ministerio de Salud había realizado la operación Sputnik V en El Calafate, pero negó cualquier maniobra ilegal.

Para Capuchetti, se trataba de una inmoralidad.

Nada más.

En nuestro país, se castiga a los argentinos por vacunarse en Miami. Se los escracha. Son antipatrias. Los que hablamos del tema somos “militantes del exilio”, como nos calificó el jefe de Gabinete Santiago Cafiero. En cambio, los que se saltearon la cola para vacunarse están protegidos.

En la Argentina de los Fernández, si te reunís con tu familia, vas preso.

Si formás parte del Frente de Todos y te robás la vacuna, no pasa nada.

Esa es la meritocracia de los dueños de la verdad.

La casta que cree que tiene todo permitido.

El velo que corrió la carta de Nicolini

¡Nosotros respondimos siempre haciendo todo lo posible para que Sputnik V sea el mayor éxito, pero ustedes nos están dejando con muy pocas opciones para continuar peleando por ustedes y este proyecto!

Cecilia Nicolini, asesora de Alberto Fernández, en una carta enviada al Fondo Ruso de Inversión Directa, 7 de julio de 2021

La casta peronista es una realidad tangible. El tema del que todo el mundo habla. Cada vez más gente lo nota. Una nueva oligarquía se ha formado en la Argentina, que crea las leyes pero no se cree obligada a respetarlas. Que jura luchar contra un fantasmagórico poder hegemónico mientras acumula más poder que ningún otro gobierno democrático reciente, destruyendo las instituciones y minando los contrapoderes al mejor estilo chavista. Que escudada en sus discursitos sobre justicia social y solidaridad no hace más que enriquecerse y jugar con lo que es de todos como si le perteneciera. Que utiliza la Secretaría de Derechos Humanos, el Instituto contra la Discriminación y el Ministerio de la Mujer en forma selectiva, para ofenderse con los opositores y defender a los suyos. Que se llena la panza mientras el resto pasa cada vez más hambre. Que se aumenta los sueldos y contrata más y más militantes mientras las empresas huyen o cierran y crece el desempleo. Que espera que le rindamos pleitesía y no discutamos sus órdenes, que suelen ser incompetentes, destructoras y contraproducentes. Que en la pandemia privilegió alegremente sus negociados y su vetusto odio a Estados Unidos por sobre el bienestar e incluso la supervivencia de su población.

A fin de julio de 2021, el periodista Carlos Pagni reveló un correo interno enviado por la asesora presidencial Cecilia Nicolini a Anatoly Braverman, mano derecha de Kirill Dmitriev, ceo del Fondo Ruso de Inversión Directa, productor de la vacuna Sputnik V. La misiva dejaba en claro las prioridades del gobierno nacional: un uso político y electoral de la vacunación, la sumisión ante el gobierno ruso, las falsas promesas anunciadas al pueblo argentino y la geopolítica e ideología como criterios válidos para inclinarse por una vacuna u otra.

Para esa fecha, habían muerto más de cien mil argentinos, pero Nicolini estaba preocupada por que el Día de la Independencia Alberto Fernández tuviese un motivo para festejar con la llegada del demorado segundo componente de la Sputnik. Más de 6 millones de argentinos esperaban aplicársela después de tres meses de espera. Doce semanas era el plazo recomendado por los expertos para darse esa segunda dosis, pero Santiago Cafiero, el jefe de Gabinete, decía que la eficacia de una sola dosis era similar a la de la vacuna estadounidense que se había dado Mauricio Macri en el país del norte. Para el funcionario camporista Nicolás Kreplak, la vacuna de Macri en el exterior era una muestra de la ostentación de “privilegios de manera descarnada”. Lo dijo de Macri, que se pagó su pasaje al exterior, pero no de los protagonistas del vacunatorio vip, de la vacuna militante, de los integrantes del call center que, con 18 años, se vacunaron antes que sus abuelos. Tampoco dijo nada cuando el comentarista de las transmisiones deportivas del canal público viajó a Miami a darse la Pfizer. O cuando hizo lo mismo uno de los conductores televisivos estrellas del kirchnerismo. Así funciona la casta: los privilegios propios son derechos; los derechos ajenos son privilegios.

Pero Nicolini sabía que la segunda dosis no llegaba. Por eso le ofreció información preferencial a los rusos para moverles el corazón. Esos párrafos mal escritos en inglés por la politóloga de 37 años confirmaban que la ideologización berreta también mata. Un día después, en el Congreso de la nación, Máximo Kirchner blanqueó por qué no querían las vacunas estadounidenses. Los caprichos de Vladímir Putin se podían aceptar, pero no los de los yanquis. Geopolítica for dummies, para gente que piensa que Putin es de izquierda.

Rápidamente, la preocupación del periodismo militante pasó a ser cómo se había filtrado la carta. Incluso, algunos osados llegaron a decir que el mismísimo gobierno lo había hecho para “marcarles la cancha” a los rusos. Esa noche, el pobre Putin no debe haber podido conciliar el sueño. Recordemos que en diciembre de 2020, cuando al presidente ruso le preguntaron por el intento de asesinato de su opositor, Alexei Navalny, negó su responsabilidad con esta inquietante frase: “Si hubieran querido eso, habrían terminado su trabajo”.

Atrás había quedado el retuit de Alberto Fernández a la caricatura suya poniéndole una gasita en la cola a un gorila mientras Putin preparaba su enorme vacuna para el paciente. La picardía presidencial no era señalada como un mensaje “machista” por los chiques ni por el funcionario Lucas “les pibis” Grimson, hijo del intelectual preferido de Alberto.

Cecilia Nicolini se tomaba fotos en Moscú, abrazada con Carla Vizzotti, emponchadas y sonrientes, con el Kremlin de fondo, imaginándose que el comunismo todavía andaba rondando por ahí.

Todo era alegría en la casta. No era para menos: el país había vuelto a pertenecerles, sus puestitos y suelditos estaban altos y firmes, y creían que esta vez no habría vuelta atrás. Los sociólogos y comunicólogos enrolados inventaban nuevas palabras inclusivas para referirse al viejo modelo peronista de camelo y prepotencia, apenas aggiornado. Además, la mentirosa gesta del manejo de la pandemia le había dado a Alberto Fernández una imagen positiva del 67,8% y, last but not least, el poder de hacer lo que quisiera con la encerrada vida de sus gobernados.

¿Qué podía salir mal?

Capítulo 1

El monopolio de los derechos humanos

Néstor nos devolvió la patria que florece todos los días en viviendas.

Hebe de Bonafini, 24 de marzo de 2011

El 24 de marzo de 2004, Néstor Carlos Kirchner llevaba menos de un año al frente del gobierno nacional. Se cumplía el 28º aniversario del golpe de Estado que había derrocado a María Estela Martínez de Perón. Ese día, Kirchner presidió el acto recordatorio en el Colegio Militar junto a su ministro de Defensa, el duhaldista José Pampuro. Saludó a los estudiantes, subió las escaleras y, en el primer piso del edificio histórico, le ordenó al jefe del Ejército, Roberto Bendini, que bajase los cuadros de los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Benito Antonio Bignone.

Esa fue la imagen fundante del relato K como defensores de los derechos humanos y abanderados de los “buenos” de la sociedad.En realidad, fue poco más que una pantomima vacía. Para ese entonces, los militares eran un blanco fácil. En los tiempos de Alfonsín, en medio de alzamientos y asonadas, con el poder de los militares casi intacto y el recuerdo de medio siglo de golpes aún fresco, hizo falta mucho valor para realizar el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (conadep, que el peronismo no integró) y el Juicio a las Juntas (que fue la opción contraria a la que había propuesto el peronismo cuya solución al problema de las violaciones a los derechos humanos de la dictadura era ratificar la autoamnistía dictada por el gobierno militar saliente). Luego, Menem se ocuparía de quitarle el poder restante a la casta militar, aprovechando para eso el caso Carrasco.1 Para 2004, los militares carecían de toda fuerza real y de cualquier tipo de prestigio en la sociedad. Eran el enemigo ideal.

Los Kirchner, peronistas que se habían enriquecido con la dictadura, se presentaron así como los defensores de la patria contra un peligro ya inexistente. A la vez, negaron cínicamente todo lo logrado en materia de derechos humanos en los años ochenta, cuando oponerse al poder militar todavía era un riesgo. Así, empezaron a aglutinar a su alrededor un nuevo modelo de casta gobernante: la casta nacional y popular, capaz de cometer todos los abusos y apropiarse de todos los privilegios, fingiendo a la vez luchar contra un misterioso o ya moribundo “poder real”. Una nueva oligarquía que disfruta de las mieles del poder mientras dice representar a (o “ser dueña de”) los pobres y los derechos humanos. Una oligarquía o, más bien, una aristocracia, ya que en el caso de los hijos de desaparecidos la condición de “buenos a prueba de toda crítica” se transmite por la sangre y el nacimiento. Es esa reescritura mítica y mentirosa de la historia lo que le permitió al jefe de Gabinete Santiago Cafiero afirmar, ante las flagrantes violaciones a los derechos humanos en Formosa durante la cuarentena: “A nosotros no nos tienen que venir a decir qué tenemos que hacer con los derechos humanos”.

Con los dueños, no se discute.

Detrás del cuadro

En Página/12, Nora Veiras —que cinco años después se convertiría en columnista de 678— describió ese momento “histórico” y “de sumisión” en el que Bendini hizo malabares ridículos para no caerse del banquito al que el presidente de la nación, con cara de pocos amigos, le ordenó que se subiera, señalándole los despreciables cuadros que debían bajarse.

Esa imagen sería repetida una y otra vez por todos los medios de comunicación. Aquel día, la política de derechos humanos quedó cristalizada en los cuadros de Videla y Bignone en el piso. Los Kirchner izarían esa bandera como propia. Dejaría de ser de todos los argentinos para convertirse en la del partido del poder. Aquel que osara cuestionar al gobierno sería considerado cómplice de los genocidas, antipatria, represor u odiador. Un gorila enemigo del pueblo argentino, encarnado, por supuesto, por el matrimonio santacruceño.

El truco funcionó: a comienzos de 2004, pocas voces se le animaban a Néstor Kirchner. Rápidamente, el progresismo argentino compró el relato y dejó de interesarse por las cuestiones éticas y morales, que pasaron a ser banderas de “la derecha”. El mismo sector social, político y cultural que en los años noventa había denunciado la corrupción menemista hizo la “vista gorda” ante los desaguisados y el saqueo de las arcas públicas perpetuadas por diversos ex menemistas durante “la década ganada”. La excusa perfecta fue la bandera de los derechos humanos del kirchnerismo, pero no faltaron, por supuesto, alicientes económicos y cuotas de poder para recompensar a los conversos.

A su vez, esa reinvención del pasado —propio y del país entero— le sirvió al partido gobernante para que gran parte de la población lo respaldase acríticamente. Según las principales encuestadoras, en 2004 gozaba de una imagen positiva superior al 75%. Realzar la lucha militante de los setenta e impulsar los juicios de lesa humanidad contra los represores sirvió para tapar los gritos de otra parte de la sociedad que pedía justicia, seguridad, empleo digno, respuestas a los problemas económicos y, en definitiva, que no se manejase el Estado como si fuera la Cosa Nostra.

Al hacer de la política de derechos humanos una cuestión partidaria, la sociedad se dividió. Así nació “la grieta”.

Verbitsky: el perro que dejó de ladrarle al poder

Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa; el resto es propaganda.

Horacio Verbitsky durante los años noventa

Verbitsky fue una pieza clave para que el kirchnerismo lograra su pretendido monopolio de los derechos humanos. Él y Kirchner unieron fuerzas para escribir un nuevo relato.

En su libro Doble agente. La biografía inesperada de Horacio Verbitsky,2 el periodista Gabriel Levinas investigó el pasado del influyente “ministro sin cartera” de los Kirchner. Perteneciente al Servicio de Inteligencia de Montoneros, Verbitsky viajó en 1974 a Perú para sincronizar el envío de dinero proveniente del secuestro de los hermanos Born, empresarios de la firma Bunge y Born —el mayor imperio argentino de exportación de granos e industrias químicas y textiles—. Calificado por el diario español El País como el secuestro más caro de la historia, el dinero del rescate sirvió para financiar a la organización guerrillera en la que operaba Verbitsky. Durante los nueve meses que los Born estuvieron en cautiverio, su padre recibía videos de sus hijos barriendo las “cárceles del pueblo” en calzoncillos.

Al regresar a la Argentina a fines de 1975, Verbitsky dirigió el atentado contra el edificio Libertador —sede del Comando en Jefe del Ejército— en el momento en el que debía ingresar Jorge Rafael Videla. El dictador resultó ileso, pero la explosión le terminó costando la vida al chofer de un camión que pasaba por allí: Blas García. Acusado de traidor por el líder montonero Roberto Perdía, y señalado por Levinas como protegido de la Fuerza Aérea Argentina a comienzos de la dictadura, Verbitsky siempre apeló a evasivas para responder a las preguntas sobre su pasado.

En 1998, el Perro se incorporó al Centro de Estudios Legales y Sociales (cels), una organización que se dedica a la defensa de los derechos humanos. Fundada por Emilio Mignone y Augusto Conte Mac Donell, entre otros familiares de muertos o desaparecidos por la dictadura, la ong consolidó su financiamiento por parte de la Fundación Ford y los Estados Unidos a través de la influencia del ex montonero.

Pero volvamos a 2003: ante un llamado del consultor Artemio López, Horacio Verbitsky aceptó reunirse en Casa Rosada con el flamante presidente de la nación, Néstor Kirchner. En ese encuentro se sentaron las bases del pacto, y así el presidente que había asumido con el 22,25% de los votos se comprometió a trabajar por la reapertura de los juicios contra los militares —y solo los militares— por lo ocurrido durante los años setenta.

Pero Néstor Kirchner no fue la primera elección de Verbitsky. El doble agente —tal como lo califica Levinas en su libro— le presentó antes un proyecto similar a Adolfo Rodríguez Saá, pero el puntano duró apenas una semana en el poder. Carente de un proyecto ideológico, Kirchner necesitaba seducir al periodismo, al progresismo, a los artistas y “los buenos” de la sociedad con la bandera de los derechos humanos. Ya había demostrado su escaso respeto por la división de poderes en 1995 cuando, siendo gobernador de Santa Cruz, desplazó al procurador general de la provincia Eduardo Sosa y se resistió a reponerlo en su puesto, incluso cuando lo dictaminó la Justicia.

Por medio de ese pacto, el presidente se garantizó el respaldo mediático, a través del poderoso Página/12 y sus medios satélites. El “periodismo de investigación” del diario fundado por Jorge Lanata no indagaría jamás en el pasado con uniforme del presidente de la nación.

Pasado con uniforme

La única verdad es la realidad.

Aristóteles y, miles de años después, Juan Domingo Perón

Ahora bien, ¿quiénes eran realmente los Kirchner antes de colarse entre los luchadores por los derechos humanos, crear la nueva casta y convertirse a la vez en sus protectores y protegidos? La respuesta es de público conocimiento, pero el relato y el temor al escarnio público la han mantenido como un secreto a voces en la escena política argentina.

La realidad es que, durante la última dictadura militar, antes de ingresar en la arena política, Cristina Kirchner y su difunto esposo amasaron una envidiable fortuna en Santa Cruz. Según ellos, allí nació su lucha por la defensa de los derechos humanos tras sufrir la persecución política de la dictadura, que habría incluido la arbitraria detención del joven matrimonio.

A pesar de que no exista una sola prueba que lo acredite, Cristina Fernández mantuvo vigente ese relato durante su presidencia para compararse con las verdaderas víctimas de la dictadura militar. Ya fuera del poder, conservó ese fantasioso relato para asimilar la supuesta persecución judicial por parte de Mauricio Macri y de jueces como Claudio Bonadio con lo vivido durante los años de plomo. No en vano la victimización es una de las herramientas clave del psicopático juego político de la casta peronista.

Ese relato fue también la excusa perfecta para no dar explicaciones sobre cómo multiplicaron su patrimonio personal antes de ejercer un cargo público. Según la historia oficial, hicieron su fortuna como “abogados exitosos”. En su libro autobiográfico, Cristina Kirchner dice: “Cuando llegamos a Santa Cruz, luego de que Néstor se recibiera de abogado en 1976, no teníamos dónde vivir ni qué comer. Nada. Vivíamos en la casa de mis suegros y el padre de Néstor le compraba hasta los diarios y los cigarrillos. Pero durante el ’77 abrimos nuestro propio estudio jurídico, que se convirtió al poco tiempo en el más importante de la provincia”.3

Obviamente, la actual vicepresidenta niega que el éxito de su estudio haya tenido relación con la circular 1050 emitida por el Banco Central en 1980, cuando Martínez de Hoz era ministro de Economía durante el gobierno de Videla. La tristemente célebre normativa elevó la tasa de interés de los créditos hipotecarios, lo que provocó que muchas personas no pudieran pagar los préstamos a los que habían accedido y terminasen perdiendo sus casas en remates judiciales. “Dijeron que nuestras propiedades eran producto de los remates producidos por la crisis de la 1050. ¡Increíble!”, afirma Cristina en su libro. “Para los medios de comunicación o éramos pobres, o éramos millonarios usureros. Ninguna de las dos cosas. Por una razón muy sencilla: cuando se compra una propiedad en un remate el nombre del que compra, en ese remate, debe figurar en la escritura. No hay ninguna posibilidad de que eso sea así en nuestro caso. Nosotros comprábamos directamente a propietarios en operaciones de compraventa absolutamente normales y regulares”.4

El ex diputado nacional por Santa Cruz Rafael Flores conoce como nadie la génesis de la fortuna de los Kirchner, pues compartió esos años con Néstor. Eran tiempos en que comenzaba su carrera profesional como abogado y al futuro presidente ya le picaba el bichito de la política. La verdad está alejada del cuentito infantil que nos vendió la ex presidenta devenida en escritora. Los Kirchner asesoraron a una financiera y se aprovecharon de la desesperación de los propietarios que no podían pagar sus deudas en Río Gallegos.

Tampoco fueron activos militantes de los derechos humanos, como se cansaron de repetir. Más aún, las fotografías de la época inmortalizaron a Néstor Kirchner escoltando al general del Proceso Oscar Guerrero durante la guerra de Malvinas. Formaba parte de las “fuerzas vivas” que adherían al proyecto político de los uniformados. Mientras Flores presentaba hábeas corpus por sus compañeros detenidos-desaparecidos, Kirchner ascendía socialmente con su estudio jurídico que se dedicaba “con exclusividad a las cobranzas y los remates judiciales”. Ni Néstor ni Cristina visitaron nunca a los presos políticos. En lugar de condenar las aberraciones cometidas por la dictadura y las violaciones a los derechos humanos ya evidentes en 1982, los Kirchner apoyaron la fórmula peronista encabezada por Ítalo Luder, que proponía regresar a la vida democrática con la “autoamnistía” firmada por el presidente de facto Reynaldo Bignone.

Cuarenta años después, la ex presidenta banalizó el concepto de “preso político” para referirse a los funcionarios de su gobierno encarcelados por causas de corrupción durante la gestión de Mauricio Macri. Cristina nunca los visitó, tal como nunca se ocupó de los verdaderos presos políticos en los años setenta.

Años después, para explicar su ausentismo a la hora de denunciar los crímenes de la dictadura, Cristina Kirchner declaró que en Santa Cruz no había habido desaparecidos. Sin embargo, los organismos de derechos humanos cuentan al menos trece, con nombre y apellido. Los referentes de los organismos de derechos humanos nunca dijeron nada ante este “olvido” de Cristina.

Pero el prontuario de los Kirchner durante la dictadura es aún más complejo. Según el relato de Rafael Flores, a comienzos de los años ochenta el estudio jurídico de Néstor tomó la defensa del segundo jefe de la Policía Federal en Santa Cruz, Gómez Ruocco, conocido como “el sátiro del pasamontañas”. Ruocco estaba acusado de violar a varias mujeres en Río Gallegos y tenía vínculos con la represión ilegal. Terminó condenado, pues los jueces no hicieron lugar al planteo de la defensa, que argumentó que “el sexo oral no podía calificarse como violación”.

De niña, Mariana Zuvic, diputada nacional del espacio de Elisa Carrió nacida en Santa Cruz, frecuentaba la casa de la familia Kirchner en la capital provincial. Vivía a la vuelta de la residencia del futuro intendente de la ciudad, en el cruce de La Manchuria y Monte Aymond. Zuvic asegura que el estudio jurídico de los Kirchner, en la calle 25 de Mayo 166, esconde la primera y la más grande de sus mentiras: el origen de su fortuna. Recordemos que la propia Cristina Kirchner afirma en Sinceramente que en 1976 no tenían “dónde vivir ni qué comer”. Más aún, solían cenar en la casa de la familia de los padres de Zuvic. Los Kirchner manejaban un Renault 12, pero mientras millones de argentinos sufrían el miedo y la crisis el matrimonio ascendía social y económicamente. Como Jesús con los panes y los peces, Néstor comenzaba a multiplicar sus casas. Claro que no se trataba de magia ni de milagro divino. Mariana Zuvic es terminante: “Eran testaferros de los militares”.5

En el estudio de los Kirchner, hacía sus primeras armas como chofer un joven chileno llamado Rudy Ulloa Igor. Se trata de un personaje clave que conoce como pocos los secretos mejor guardados de la familia antes de llegar a la función pública. En sus primeros tiempos como empleado del matrimonio, Rudy fue el encargado de enviar las cartas documento a los deudores hipotecarios intimados por el estudio jurídico de sus patrones. El estudio no solo se dedicaba al remate de viviendas, sino que además trabajaba para bancos, como el Cabildo y el Patagónico, o financieras, como Finsud sa y sicsa de Bahía Blanca. Gracias a la Finsud, según Zuvic, la familia Kirchner comenzó a lavar plata de la dictadura. La relación se daba a través de Pablo Sancho, intendente de Río Gallegos durante el Proceso y amigo íntimo de Luis “el Gordo” Faltracco, dueño de la financiera. Su hijo, Carlos Sancho, sería luego gobernador de la provincia durante la presidencia de Néstor Kirchner. Actualmente, está involucrado en la causa Los Sauces por asociación ilícita.

Más tarde, cuando Kirchner era ya gobernador de Santa Cruz, recibió a los referentes nacionales más relevantes de las organizaciones de derechos humanos y no esbozó ningún comentario elogioso sobre la lucha de Estela de Carlotto ni de las Madres de Plaza de Mayo de Hebe de Bonafini. Tampoco atendió los reclamos de referentes locales como Milagros Pierini o Ana Redona, integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Tal vez porque se trataba de “cosa de zurdos”, como relata Mariana Zuvic en su libro El origen. La participación de la familia Kirchner en actos por la memoria y la justicia por los crímenes cometidos durante la dictadura fue nula.

Ni siquiera sacaron una solicitada.

Ni una palabra.

Nada.

Estaban más cómodos con los uniformados y con las llamadas “fuerzas vivas”.

Indultos para todos

La impostura y la reinvención del pasado kirchneristas no terminan con los años de plomo: no hace falta indagar mucho para saber que los futuros propietarios de los derechos humanos fueron durante gran parte de la década de 1990 perfectos socios del neoliberalismo que apoyaron sin problemas los indultos a los genocidas. Ya en el gobierno, el kirchnerismo empezó a funcionar como un refugio para ex políticos menemistas que buscaban escapar del “Que se vayan todos” tras la debacle de 2001.