La crisis perpetua E-Book

Gonzalo

• Herausgeber: Universidad Antonio Ruiz de Montoya
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 538

Veröffentlichungsjahr: 2024

Beschreibung

La deliberación pública constituye una forma de discernimiento que sostiene la dirección de la vida en comunidad. En una sociedad democrática, el ciudadano, la militante partidaria y el funcionario público son agentes potenciales en esta materia. Ellos requieren una comprensión lúcida de los asuntos de interés común sobre los cuales debaten —la pertinencia de ciertas normas e instituciones, la toma de decisiones de carácter público, la solicitud de cuentas a nuestras autoridades, entre otros asuntos—. Tal entendimiento implica hacer explícita la conexión entre los valores públicos que se busca poner en ejercicio y las situaciones que suceden en los espacios públicos. A menudo, se afirma que la deliberación pública tiene como meta alcanzar consensos. Forjar acuerdos a través de la formulación y el contraste de argumentos constituye, ciertamente, la base de la toma de decisiones en materia política. No obstante, la expresión razonada de desacuerdos es también un objetivo democrático de gran valor. Emitir un juicio que disiente con el punto de vista de otros agentes —o que discrepa de la opinión mayoritaria— manifiesta una capacidad básica del ciudadano comprometido con el diálogo político, la cual entraña el derecho fundamental de expresar el pensamiento. En una democracia liberal, quien está en desacuerdo con la perspectiva mayoritaria es un compañero de ruta, un interlocutor válido en la conversación cívica, no un enemigo ni un hereje.

Leseprobe

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La crisis perpetua. Reflexiones sobre el bicentenario y la baja política

© Gonzalo Gamio Gehri, 2022

Corrección de estilo: Mitzli Barrientos

Diseño de portada: Marco Loo

Diagramación de interiores: Francisco Borjas

Imagen de portada: Marco Loo

Conversión a libro digital: Blanca Peirano

Derechos reservados

© 2022, Universidad Antonio Ruiz de Montoya

Avenida Paso de los Andes 970, Pueblo Libre, Lima 21

Telf.: [phone]

[email protected]

www.uarm.edu.pe

Primera edición: diciembre, 2022

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N.º 2024-00782

978-612-4102-76-9 [Edición impresa]

978-612-4102-82-0 [Edición en EPUB]

Gamio Gehri, Gonzalo, autor.

La crisis perpetua : reflexiones sobre el bicentenario y la baja política / Gonzalo Gamio Gehri.- Primera edición.- Lima : Universidad Antonio Ruiz de Montoya, 2022.

1 recurso en línea

Incluye bibliografía.

ISBN 9786124102769 (impreso).- ISBN 978-612-4102-82-0 (epub)

1. Realidad peruana 2. Política y gobierno 3. Democracia 4. Conflicto social 5. Ética política 6. Filosofía política 7. Historia 8. Perú 9. Ciencia política I. Universidad Antonio Ruiz de Montoya

320.985 G22

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y siguientes del Código Penal).

En la memoria de Ciro Alegría Varona,

Juan José Ccoyllo y

Gonzalo Portocarrero

Índice

INTRODUCCIÓN

El bicentenario y la ética cívica. Reflexiones sobre los alcances de nuestro sentido de comunidad

PRIMERA PARTE

Cuestiones de principio.

Democracia. Una aproximación filosófica;

¿Por qué debemos actuar políticamente? Ética cívica y compromiso público;

La cultura de la deliberación. Lo público y sus problemas en tiempos difíciles

La filosofía, el cautiverio de las ideologías y la actitud crítica en la vida pública

El enfoque de capacidades y las cuestiones de justicia social básica

Razón práctica y sabiduría trágica. Los cimientos filosóficos de una pedagogía ética basada en la deliberación

Ética, educación y deliberación

La violencia y la esfera pública

Dos izquierdas. Apuntes sobre el carácter del pensamiento progresista

¿Quién es el pueblo? Apuntes sobre el populismo

Ética y migración

Reflexiones sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje: la educación universitaria

SEGUNDA PARTE

La crisis y la baja política.

Ni olvido ni impunidad

Perdón, reconciliación y política democrática

El plan Cóndor y el Perú: las exigencias de la justicia y el paso del tiempo

Un polémico indulto. Consideraciones y principios

La reconciliación envilecida

¿Cómo transformar la política? Los retos de la ciudadanía democrática hoy

La ruta del salmón. Reflexiones sobre nuestra crisis

Invisibilizando la discriminación

Democracia en riesgo

La baja política

Una batalla por la memoria. Política, interpretación y democracia

La generación del bicentenario. Lecciones de una juventud comprometida con la democracia

Los conflictos de la memoria: un problema recurrente en la política peruana

El crudo invierno ético y político que vive el Perú

El deterioro de la política

El abismo por dentro. Acciones cívicas en tiempos de crisis política

La política degradada: estigmatización del otro y discurso antisistema

La agonía de la democracia. Reflexiones sobre un conflicto trágico y la paradoja democrática

TERCERA PARTE

El bicentenario y la promesa incumplida.Una defensa de la agencia política

Nuestros desafíos en el umbral del bicentenario. Una exploración filosófica

El dilema autoritario y el oscuro bicentenario que se avecina

La promesa republicana. Una meditación sobre nuestro bicentenario

La memoria, la historia y la construcción de una ética cívica

El juicio cívico: nuestro difícil bicentenario

Democracia y bicentenario

Idoneidad. Reflexiones sobre meritocracia, democracia y ética pública;

¿Hacia dónde mirar?

Bibliografía

INTRODUCCIÓN

El bicentenario y la ética cívica. Reflexiones sobre los alcances de nuestro sentido de comunidad1

El bicentenario y sus conflictos

No cabe duda de que el 2020 y el 2021 fueron años particularmente difíciles, y este 2022 no ha mejorado las expectativas que tenemos sobre el futuro de nuestro país. Por un lado, miles de peruanos han fallecido como víctimas de la pandemia. Por otro lado, a una compleja crisis económica se suma una grave crisis política, fruto de la irresponsabilidad y la falta de lucidez de nuestra autodenominada clase dirigente. El año pasado vivimos una dramática segunda vuelta electoral, en la cual los ciudadanos tuvimos que elegir entre dos candidaturas que representaban posturas extremas y aparentemente irreconciliables. Actualmente, enfrentamos las consecuencias de esta exacerbada polarización.

Estamos habituándonos a convivir bajo tal situación de permanente conflicto y resulta lamentable que esto suceda precisamente cuando el país celebra sus dos primeros siglos de vida independiente. La promesa republicana de la que hablaba Jorge Basadre —la edificación de una comunidad de ciudadanos libres e iguales— permanece incumplida. El Perú, durante sus primeros años, coexistió con la esclavitud y con el tributo indígena. Después, se fueron asentando prácticas que han perpetuado profundas desigualdades, las cuales han lesionado o truncado la vida de muchos compatriotas por razones de raza, cultura, clase social, sexo y género. Estas formas de exclusión y discriminación, propias de regímenes tiránicos y de sociedades jerárquicas, se mantienen operativas entre nosotros. Los años de estabilidad económica de las últimas dos décadas no implicaron una lucha frontal contra la desigualdad. Tuvimos un breve período de crecimiento, mas no un desarrollo real.

En el reciente proceso electoral, los peruanos decidimos que el combate contra las desigualdades debía entablarse desde el marco ético y legal de la democracia. Los ciudadanos no estamos dispuestos a negociar el equilibrio de poderes, la cultura de derechos humanos, ni las exigencias de transparencia en materia de gestión y rendición de cuentas a cambio de políticas de corte populista o partidario. En ese sentido, tanto el Gobierno como la oposición reunida en el Congreso defraudan las expectativas de la opinión pública. Estos dos grupos, que encontramos en ambas orillas del espectro político, comparten el desdén frente a la reforma universitaria y a la reforma política, así como la costumbre de designar funcionarios sin tomar en cuenta los principios de la meritocracia y la ética pública.

El ciudadano suele ser muy crítico con las acciones de sus representantes. Esta actitud se justifica plenamente, pues, si se expresa con coraje y perspicacia en el debate público, se revela como un legítimo ejercicio de vigilancia gubernamental.2El deterioro de la política peruana constituye un fenómeno que se explica por la crisis de los partidos, la debilidad de las instituciones y la ausencia de un proyecto común que trascienda los intereses de facción. Sin embargo, no debemos suponer que únicamente en los políticos de oficio recae la responsabilidad de los males que nos aquejan. En tiempos en los que un candidato a la presidencia persigue judicialmente a la prensa o en los que un mandatario se rehúsa a dar razón de sus acciones ante la opinión pública, necesitamos ciudadanos alertas y dispuestos a desempeñar los deberes cívicos. Tenemos que admitir que la apatía con respecto a estos últimos agudiza la crisis. El cumplimiento de la promesa republicana solo será posible si los ciudadanos nos comprometemos con el destino de nuestra comunidad política. La libertad y la defensa de la igualdad se logran a través de la acción conjunta.

Las tareas de la justicia básica y la edificación de una cultura política democrático-liberal: dos requisitos para la forja de ciudadanía

Necesitamos recuperar el rol de los ciudadanos en nuestra sociedad, pues, de otro modo, jamás existirá un auténtico régimen democrático en ella. Esta es una aseveración verdadera pero, sin duda, problemática. Resulta controversial porque la posibilidad de forjar y ejercitar ciudadanía enfrenta dos férreas dificultades. Por un lado, las distintas formas de exclusión socioeconómica y política imperantes en el país impiden seriamente la construcción de una república fundada en la libertad y en la igualdad. Por otra parte, también conspira contra este proyecto la ausencia de una cultura política basada en una pedagogía cívica deliberativa. Las resoluciones de estos dos obstáculos constituyen acciones que se requieren mutuamente y se complementan para la construcción de la ciudadanía.

No podemos formar ciudadanos si nuestros compatriotas no adquieren y logran cultivar sus capacidades fundamentales, aquellas que son constitutivas de una vida plena. La pobreza y la exclusión destruyen vidas y conculcan derechos humanos fundamentales. Martha C. Nussbaum —siguiendo una línea de pensamiento abierta por Amartya K. Sen— elaboró una lista de capacidades esenciales para alcanzar una vida de calidad:vida; salud física; integridad física; sensibilidad, imaginación, pensamiento; afiliación; emociones; razón práctica / agencia; vínculo con las otras especies; ocio y juego; y control sobre el entorno.3 Un genuino Estado democrático tendría que ofrecer un marco legal y político adecuado para que las personas pudiesen desarrollar cada una de estas capacidades, así como plantear la construcción de espacios sociales para su libre ejercicio. Este enfoque pone énfasis tanto en la defensa de la igualdad de derechos y oportunidades como en el acceso universal a servicios de salud y educación. Se trata de exigencias de justicia básica desde cuya consideración es posible promover la formación de ciudadanía. En síntesis, solo atacando las desigualdades y el bloqueo de las capacidades, podemos erigirnos como una sociedad sensata y razonable.

Existe otra gran dificultad, de carácter político-cultural y de similar importancia. El orden constitucional, y el sistema de prácticas e instituciones que configuran la democracia liberal se sostienen en el compromiso de los ciudadanos, el cual se actualiza a través de la acción política y la deliberación pública. Si el ciudadano no se reconoce en él, no hay forma de preservar las reglas, procedimientos e instituciones democráticas ante el embate de políticas autoritarias.

Los compromisos se fundan tanto en sentimientos de adhesión a la comunidad política como en la suscripción a argumentos que cimientan el régimen constitucional. En Estados Unidos y Francia —las repúblicas que asentaron las bases de la cultura política liberal—, se edificó una suerte de religión cívica (categoría acuñada por Jean Jacques Rousseau), es decir, la valoración de un ethos político basado en un sentido fuerte de comunidad y en el cuidado de la libertad. Se trata de un conjunto de ideas y convicciones análogas a las que vertebran el discurso religioso, pero privadas de su trasfondo dogmático y sobrenatural. Estas invocan una lealtad rigurosa a los bienes públicos que no puede construirse sin una paideia cívica, que debería desarrollarse en la escuela y los espacios de educación superior.

Resulta lamentable que las instituciones educativas peruanas no constituyan, por lo regular, foros deliberativos. El aula, generalmente, es un recinto autoritario en el que la palabra del maestro se presenta como incuestionable y sus decisiones se toman como inapelables. En cuanto a los valores centrales, priman el orden y la disciplina antes que la búsqueda del conocimiento y el cuidado de la sensibilidad. El ejercicio de la argumentación, el desarrollo de la crítica y el manejo de las evidencias no suelen ser prácticas habituales en la escuela, que se concibe, más bien, como un centro de instrucción. Las universidades privadas, por su parte, han sido asimiladas al espíritu del mercado. Se han convertido en empresas que preparan a futuros profesionales para la competencia en el mundo laboral. En la mayoría de los casos, por tanto, no forman intelectuales ni ciudadanos comprometidos con el mundo de la praxis política. En ellas, se desconoce la idea misma de una religión cívica.

Repensar nuestras responsabilidades como ciudadanos

La extrema derecha y la extrema izquierda no son particularmente afines al cultivo de la condición ciudadana. La derecha, en su versión neoliberal, concibe a las personas como contribuyentes antes que como agentes políticos. Por otro lado, en su versión conservadora, considera a los sujetos como individuos gobernados o, incluso, como suscriptores de un credo. En el radicalismo de algunas izquierdas, por su parte, se percibe a los seres humanos únicamente como trabajadores, miembros de una clase o, de pronto, como componentes de esa cuestionable abstracción denominada Pueblo. Unos intentan hacer de los ciudadanos meros agentes económicos, religiosos o culturales. Los otros procuran convertir a la ciudadanía en el Pueblo. Se mutila así la multidimensionalidad de las identidades personales y se soslaya la faceta humana de ser un ciudadano. Se deja sin examinar, asimismo, la capacidad de interpelar las convicciones propias o ajenas, así como de resistir al yugo de una ideología opresiva y limitadora, cualquiera que sea su origen y signo político en particular. Ambas clases de operaciones resultan altamente criticables y deben ser desenmascaradas por la ética cívica y por la teoría política.

La ética cívica de la que hablamos se enfrenta abiertamente a los populismos (tanto los de izquierda como los de derecha), que buscan incumplir los principios democrático-liberales bajo el pretexto de servir al Pueblo, incurriendo, veladamente o no, en prácticas contrarias a la probidad pública y al control político ciudadano. En relación con lo anterior, en enero de este año, la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, señaló que resulta inconsistente para los servidores del Estado el invocar el bienestar popular y ejercer la función pública sin rendir cuentas de sus actos:

Basta ya de secretismos, de actos reservados bajo cuatro paredes. Cuando se ejerce la función pública se debe hacer de manera abierta y transparente. No hay forma de estar realmente con el Pueblo si se gobierna a espaldas o a escondidas de este.4

En la actualidad, tanto la derecha como la izquierda demuestran que no están a la altura del cumplimiento de las condiciones básicas en materia democrática (el respeto de la legalidad, la transparencia y los requisitos de excelencia en el acceso a los cargos públicos). Como se mencionó al inicio de esta introducción, ambos sectores del espectro político están esforzándose por desmantelar la reforma política y la ley universitaria. Asimismo, los políticos de ambos bandos han jugado con la erosión de los principios propios de la vida republicana planteando mociones de vacancia presidencial o de disolución del Parlamento. A lo anterior cabe añadir que, según datos escrupulosos de la red Vigilantes, el actual Gobierno peruano ha generado severas alarmas en las doce áreas de la “Proclama ciudadana” que se habían jurado cumplir apenas en mayo de 2021.5 La cultura autoritaria que ha acompañado el curso de la historia nacional se refuerza en casi todas las facciones que conforman nuestra cuestionable clase dirigente.

El ciudadano debe velar por el buen funcionamiento de las instituciones y asegurarse de que el ejercicio de la función pública pueda sostenerse desde las organizaciones políticas o desde los escenarios de la sociedad civil. Se trata de un desafío complejo, dadas las dificultades discutidas aquí. Un escollo fundamental lo encontramos en el desaliento que suscita en los agentes el aura de invulnerabilidad e impunidad que rodea a los políticos de oficio. Para algunas personas, la crítica y la movilización cívica son formas de actividad política que no producen resultados en el espacio público. Esta situación nutre unos fenómenos que Sen y Nussbaum denominan preferencias adaptativas. Estas pueden definirse como actitudes que tienen lugar cuando los individuos abandonan o recortan deseos y expectativas que identifican como justos, pero que consideran imposibles de cumplir con plenitud. Por ejemplo, como no parece viable construir una democracia y practicar la libertad política desde el espacio público, asumimos que deberíamos renunciar a estas acciones para sentirnos mejor creyendo que no las necesitamos para llevar una vida sensata. Desistimos de perseguir tales bienes públicos y capacidades esenciales porque los juzgamos inalcanzables. Sin embargo, abdicar de nuestra función como agentes políticos permite que autoridades inescrupulosas puedan ejercer el poder sin restricciones ni cuestionamientos. Esto lleva a mucha gente a dejar de actuar como ciudadanos para comportarse como súbditos. La apatía cívica debilita las prácticas y las instituciones de la democracia liberal, y conspira contra la justicia.

En resumen, resulta preciso romper con el círculo vicioso de la desazón y el sentido de impotencia. Las cuestiones de justicia básica y la construcción de una cultura política son complementarias y deben ser atendidas en simultáneo. De otro modo, caeremos en la trampa autoritaria, que se plantea posponer la lucha por la democracia y señalar como prioridad el atacar las cuestiones de carácter material. Así, los actores políticos se ocuparían de la justicia estructural y los ciudadanos tendríamos que tolerar prolongados episodios autocráticos. Esa trampa está presente tanto en la agenda de la extrema derecha como en el ideario de la extrema izquierda. Por ello, no debemos considerar la forja de la cultura cívica como un acto segundo. Solo podemos alcanzar el ethos democrático practicándolo, aun en condiciones de precariedad.6 La libertad se conquista a través de la acción cívica; no constituye un regalo que recibimos de camino a casa. Necesitamos intervenir en las prácticas públicas para asumir las riendas de nuestras vidas.

Perspectivas ante una (aparente) crisis perpetua

Este libro surgió como resultado de una reflexión crítica acerca de lo que vive nuestro país desde hace algunos años, concretamente desde el 2016, cuando un partido conservador —que había logrado una amplia mayoría en el Congreso de la República— se negó a aceptar su derrota en las urnas y se dedicó a conspirar para remover al Gobierno legítimamente constituido. Desde entonces, el sistema democrático se ha debilitado severamente. Cinco presidentes han pasado por Palacio de Gobierno, y sobre cinco exmandatarios pesan investigaciones, procesos judiciales o, incluso, condenas por corrupción.

Hace un tiempo, el periodista Diego Quesada publicó en el diario El País un reportaje titulado “Perú: el país de la crisis perpetua”, en el cual desentraña agudamente las vicisitudes del gobierno de Pedro Castillo.7 Su título resulta bastante revelador y su contenido plantea una serie de conflictos que reflejan el difícil predicamento de nuestro presente. Esa nota periodística inspiró el título de este libro. Sin embargo, mi investigación es de otra naturaleza, pues se posiciona entre la indagación filosófica y la reflexión testimonial. Asimismo, se ocupa del análisis de un periodo más amplio, a saber, los denominados años de precariedad política, los cuales comprenden desde los inicios de la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski hasta los primeros meses de la administración de Castillo. No obstante, el libro pone un especial énfasis en los sucesos que van entre la vacancia del gobierno de Martín Vizcarra y la llegada del bicentenario de nuestra república.

La expresión “crisis perpetua” entraña una paradoja o, incluso, un contrasentido. Se supone que el término krísis alude a un período de la vida de una persona o de una comunidad en el cual se presentan experiencias de conflicto, división o confusión. Estas generan crecimiento porque apelan a desarrollar o fortalecer nuestra capacidad de juzgar o de hacer distinciones (krinein) donde se las necesita para comprender un fenómeno complejo y tomar decisiones en torno a él. En la narrativa biográfica o histórica, los procesos de crisis pueden aparecer con relativa frecuencia, pero no pueden ser permanentes. Por definición, deberían tener un carácter episódico y concebirse como una oportunidad para madurar. Quizás así sea también en el caso del Perú, pero muchos ciudadanos tenemos la ineludible percepción de que, como he señalado, algunos de nuestros

problemas nos han acompañado desde la fundación de nuestra república. Justamente porque no se ha terminado de precisar ni de honrar la promesa republicana, no hemos logrado edificar una sociedad de ciudadanos genuinamente libres e iguales. Incluso el compromiso con la democracia como una forma de vida no queda claro para un grupo de actores sociales y políticos. Este libro constituye un intento de acercarse a tal paradoja tomando como hilo conductor los últimos años de nuestra historia común.

El libro tiene tres secciones en las cuales parte de los textos fueron escritos cuando los fenómenos referidos estaban desplegándose. La primera, “Cuestiones de principio. Elementos de un marco de conceptos y argumentos”, constituye una exploración filosófica en torno a las ideas y categorías que cimentarán mi análisis de lo que ocurre en el Perú. Los conflictos trágicos, tan discutidos en la literatura clásica griega, se han convertido en una herramienta básica para diseñar una aproximación rigurosa a las crisis políticas de democracias precarias como la nuestra. Por otro lado, el populismo, los procesos de deliberación, la violencia y el eclipse de lo público son fenómenos que requieren de un tratamiento detenido y riguroso que procure hacer justicia a su complejidad. Ellos adquieren, asimismo, tonalidades propias al presentarse en escenarios sociales diferentes. Por ello, he intentado examinar estos conceptos a partir de la discusión de sus fuentes originales sin desatender las peculiaridades de su encarnación en el terreno de la práctica.

La segunda sección, “La crisis y la baja política. Reflexiones desde la plaza pública”, está dedicada al debate acerca de distintos acontecimientos ocurridos entre el 2016 y el 2021 en la escena pública peruana. El empleo de la noción de baja política —usada originalmente por A. Sen— resultó adecuado para describir el cuestionable comportamiento de la clase dirigente en nuestro país cuando se trata de ejercer el gobierno, legislar o intervenir en los propios escenarios de la opinión pública.

Los acápites que componen esta segunda parte constituyen reflexiones de carácter fundamentalmente testimonial y poseen una estructura tanto narrativa como argumentativa. Fueron escritos desde la perspectiva del ciudadano y no de un observador epistémico. En general, nunca he intentado abandonar el punto de vista de la primera persona del singular; lo considero imposible e indeseable incluso en el ámbito de la vida del intelecto. Es preciso pensar desde el ágora, desde la plaza, donde podemos buscarnos entre los otros —como planteaba el poeta Vicente Aleixandre—, y no desde la lejana mirada de un espectador privilegiado que, siguiendo las pautas teóricas del positivismo, pretende pronunciarse sobre los problemas con objetividad científica y neutralidad valorativa. Algunos capítulos pondrán de manifiesto la perplejidad y la indignación del autor frente a las decisiones que toman los políticos de oficio o las autoridades de turno. Si bien resulta claro (y obvio) que en el debate político jamás debemos renunciar al uso riguroso de argumentos, el juicio cívico siempre debe ofrecer un lugar a la expresión de emociones de enorme relevancia ética y política, como la perplejidad y la indignación.

La tercera sección, “El bicentenario y la promesa incumplida. Una defensa de la agencia política”, tiene como contenido una meditación sobre el bicentenario de la República del Perú, en particular sobre sus nudos éticos y políticos más sensibles. En esta parte del libro, se expone la tesis central de que la concreción del proyecto de una comunidad de ciudadanos libres e iguales nos sigue resultando esquiva. La desigualdad, la corrupción, la ausencia de meritocracia y la cultura autoritaria que aún se cierne sobre nosotros conspiran contra cualquier agenda democrática sensata y consistente. Solo será posible romper con esta difícil situación generando espacios compartidos para el ejercicio de la agencia política, tanto en los escenarios disponibles en el sistema político como en los foros de la sociedad civil organizada.

Si algo caracteriza al oscuro periodo de la historia reciente del Perú, es el ejercicio de lo que podría llamarse la baja política. Recurriendo a esta categoría, pretendo describir la actitud y la conducta de nuestros actores públicos en las últimas décadas. En síntesis, se ha abandonado abiertamente la política fundada en el diseño de instituciones, sistemas de ideas y programas de acción con el propósito de acceder a la conducción del Estado. Se han constituido agrupaciones políticas de corta duración, sin ideas ni proyectos de acción, para intervenir exclusivamente en el juego de fuerzas político, obtener prebendas y responder directamente a intereses de facción. La persecución del bien común ha desaparecido incluso como concepto; no ha dejado huella ni siquiera en el plano del discurso. El elemento ideológico se ha convertido en un ligero barniz. Ello explica por qué en el país las derechas y las izquierdas se dan la mano y colaboran con entusiasmo a la hora de desmantelar la reforma universitaria y del transporte. De igual manera, se unen para desarticular lo poco avanzado en la construcción de la carrera pública. Ambas tendencias se han dedicado, asimismo, a socavar los cambios en el ámbito político suspendiendo las elecciones primarias y vulnerando los procesos de rendición de cuentas. El compromiso de estos “partidos” se funda en la satisfacción de las demandas de grupos de interés vinculados a la esfera de la influencia política y el dinero, algunos de los cuales tienen un cuestionable origen.

Por desgracia, la crisis que describo no solo afecta a la clase dirigente; nos ha alcanzado también a nosotros, los ciudadanos, en la medida en que hemos colocado a aquellos políticos, visiblemente mediocres e inescrupulosos, en los cargos que hoy ostentan. Nosotros los hemos votado, a veces a sabiendas de los cuestionamientos que pesan sobre ellos. Es cierto que la oferta política que brindan los partidos resulta realmente pobre y, con frecuencia, involucra a personajes con un deplorable prontuario. No obstante, hemos sido condescendientes con la trayectoria sombría de buena parte de nuestros representantes. Hemos renunciado muchas veces al ejercicio de nuestros deberes como ciudadanos abandonando el espacio público, dejando de vigilar la conducta pública de las autoridades, y guardando silencio ante la comisión de injusticia y los actos de corrupción. En reiteradas ocasiones, hemos negociado nuestra agencia política a cambio de la promesa de eficacia y mano dura.

Resulta difícil recoger el guante que he lanzado y no reaccionar con desaliento. Sí, a menudo no hemos estado a la altura de los retos éticos y políticos que plantea la promesa republicana delineada por Basadre, pero este no es un momento para rendirse. Nuestra sociedad civil todavía puede convertirse en el locus de una ciudadanía activa que despierta y está dispuesta a luchar por la democracia como una forma de existir digna de ser elegida. En las páginas que siguen, el lector podrá encontrar relatos y razones para comprometerse con este proyecto de vida pública basado en el cultivo de la agencia política. El presente libro examina las ocasiones en las cuales, durante los últimos años, hemos fracasado en hacer frente a la cultura autoritaria que continúa presente en nuestra sociedad, pero también discute las veces en las que nuestra juventud se organizó para combatirla en las calles y consiguió derrotarla. Tales éxitos y fracasos constituyen nuestra hora actual y acaso sientan las bases de un futuro —todavía incierto— que se va dibujando poco a poco ante nuestros ojos.

Lima, abril de 2022

1 Un primer esbozo de los puntos iniciales de esta introducción fue publicado en el portal Pólemos como un breve ensayo. Sin embargo, el texto fue pensado desde su redacción como una reflexión preliminar para este libro. Consúltese Gonzalo Gamio, “El Bicentenario y la ética cívica: reflexiones sobre los alcances de nuestro sentido de comunidad”, Pólemos. Portal Jurídico Interdisciplinario, 18 de enero de 2022, https://polemos.pe/el-bicentenario-y-la-etica-civica-reflexiones-sobre-los-alcances-de-nuestro-sentido-de-comunidad/

2 Gonzalo Gamio, El experimento democrático. Reflexiones sobre teoría política y ética cívica (Lima: Universidad Antonio Ruiz de Montoya, 2021).

3 Martha C. Nussbaum, Crear capacidades (Barcelona: Paidós, 2012).

4 “Marianella Ledesma: ‘Basta ya de secretismos, de actos reservados bajo 4 paredes’”, La República, 6 de enero de 2022, https://larepublica.pe/politica/2022/01/05/marianella-ledesma-a-pedro-castillo-basta-ya-de-secretismos-de-actos-reservados-bajo-4-paredes-tribunal-constitucional-tc-video/

5 “12 compromisos esenciales para la democracia y el desarrollo”, Plataforma Vigilantes, consultado el 24 de octubre de 2022, https://vigilantes.pe/

6 Este es uno de los temas principales que discuto de manera más extensa en la última sección de mi libro La construcción de la ciudadanía. Véase Gonzalo Gamio, La construcción de la ciudadanía. Ensayos sobre filosofía política (Lima: Universidad Antonio Ruiz de Montoya; Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021).

7 Juan Diego Quesada, “Perú, el país de la crisis perpetua”, El País, 12 de febrero de 2022, https://elpais.com/internacional/2022-02-13/peru-la-crisis-perpetua.html

PRIMERA PARTE

Cuestiones de principio.

Elementos de un marco de conceptos y argumentos

Democracia. Una aproximación filosófica8

Consideraciones conceptuales

Precisar el significado de democracia es problemático. La definición literal generalmente en uso, “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, posee un carácter general e impreciso. Como consecuencia, resulta inevitable preguntarnos qué significa que el poder se ejercite desde el pueblo. La democracia requiere implementar procedimientos y normas para forjar consensos públicos y expresar disensos razonables, debe invocar principios que puedan ser admitidos por todos los involucrados, y ha de promover modos de acción colectiva en escenarios públicos. Por ello, la apelación al Pueblo —con mayúscula— no representa por sí misma una garantía democrática.

Con frecuencia, se asume que el Pueblo posee una (única) voz, la cual tendría que ser incuestionable e incluso infalible. “Vox populi, vox Dei” reza el conocido refrán latino. Tal presuposición lesiona gravemente —como idea y como forma de vida política— la democracia, pues esta debe sostenerse en la pluralidad de voces que se expresan en argumentos y concepciones de lo que es correcto y compatible con el bien común, voces que se encuentran y se contrastan en los espacios públicos. En ella, no es el Pueblo el protagonista, sino los ciudadanos, agentes que pueden exponer sus juicios en el espacio compartido, elegir autoridades y ser elegidos como tales, arribar a consensos políticos, o expresar disensos a través de los canales que señala la ley. Por estas razones, la democracia no se funda solamente en las decisiones de las mayorías, sino también en la observancia de los procedimientos públicos, el seguimiento de la Constitución y las normas legales, y el respeto de los derechos de las minorías.

La comprensión del Populus en términos de unanimidad conduce a la disolución de la diversidad constitutiva de lo político (y de lo humano), lo cual tiene como obvio riesgo la tendencia al totalitarismo. El joven Hegel cuestionó acertadamente la idea de Rousseau de la “voluntad general” y su conexión con el surgimiento del Terror jacobino,9 pues no hay nada más lejano al espíritu democrático que el rechazo de las “voluntades particulares” y la persecución de quienes piensan de otro modo. Se debe añadir que la apelación al Pueblo no ha sido extraña al proceder de numerosos tiranos y dictadores: todos ellos se han considerado portavoces de las mayorías. Si la voz del Pueblo es la voz de Dios, entonces ellos son —pretenden ser— sus intérpretes y sumos sacerdotes. Todos ellos han dicho alguna vez: “El Pueblo soy yo”.

Una definición más compleja de la democracia debe transitar otras vías, de modo que recupere la pluralidad de voces y prácticas provenientes de los ciudadanos. Se trata de una forma de distribuir y de ejercitar el poder político, concebido como un bien intensamente valorado, cuyo uso tiene efectos sobre la vida de quienes participan en la sociedad. Asimismo, se opone a cualquier régimen político que cosifique el poder y lo concentre en pocas manos. Dado lo anterior, es necesario preguntarnos cómo la democracia distribuye el poder. La historia de la formación de la cultura política democrática pone de manifiesto dos herencias, dos modelos complementarios que formulan principios distributivos diferentes: uno liberal y uno clásico.

La herencia liberal. La dimensión procedimental de la democracia

En la tradición del liberalismo político, el criterio básico para distribuir el poder reside en el sistema de los derechos individuales. En la perspectiva de pensadores como John Locke, la fuente del poder constituido es el respeto de las libertades y los derechos de las personas que integran la sociedad. Las teorías contractualistas plantean que los individuos son las partes de un pacto que establece los cimientos del orden social, sus instituciones y normas constitutivas. La edificación del cuerpo legal y político resulta del consentimiento de seres humanos libres e iguales, quienes eligen principios de justicia en condiciones de imparcialidad (en un “estado natural” o “posición original”, según su versión contemporánea).

La imagen del cuerpo legal y político es fruto de esta concepción contractualista de la sociedad. La edificación de las líneas del gobierno, la dinámica propia de la elección de la ley y el diseño de las instituciones pasan por el cuidado de procedimientos que ponen de manifiesto la vocación por la imparcialidad, que es propia de la perspectiva liberal en materia de justicia pública. Esta concepción de la justicia concentra su atención en la fundamentación del sistema de derechos. La observancia de estos últimos constituye el núcleo mismo de la convivencia social en un espacio habitado por diversas nociones del mundo y la vida. Los mecanismos de representación y elección de autoridades se derivan, a su vez, de la idea de un gobierno limitado, dedicado fundamentalmente a garantizar derechos y libertades de los ciudadanos, incluido el acceso al bienestar. En términos de John Rawls, el marco de la justicia liberal es el de un pluralismo razonable, un mundo social en el que las diferentes concepciones morales y religiosas reconocen la necesidad de coexistir con las demás.

El sistema de derechos universales protege al individuo en lo relativo a su vida, su integridad física, la libertad de conciencia en el terreno de las ideas y los valores, la disposición de los recursos y bienes materiales que haya adquirido legítimamente, y el diseño libre de su proyecto vital. Se trata de los primeros derechos civiles: el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad. La protección de estos constituye una condición indispensable para la coexistencia pacífica en la sociedad. El Estado es la instancia que ha de hacer respetar este sistema ejerciendo legítimamente la violencia contra quienes violan la ley.

En el mundo contemporáneo, en torno a la idea de las garantías individuales, se ha construido un importante sistema legal internacional, que hace posible —con toda justicia— que una persona pueda denunciar a su propio Estado si este recorta ilegítimamente sus derechos básicos. El sistema de derechos ya no es solo universal en un sentido normativo —en los términos de las exigencias de la hipótesis del contrato—, sino también en la clave de la idea moral y legal de una sociedad cosmopolita.

Derechos, capacidades y desarrollo humano

El referido catálogo de derechos se incrementó luego con los llamados derechos sociales y culturales, los cuales, en principio, se derivan de los consignados por el enfoque contractualista. El derecho a la libertad se asocia estrechamente con ellos. Este implica el derecho al desarrollo de la propia identidad y del proyecto de vida, y, en tal medida, el cuidado de los contextos sociales y culturales en los cuales esa identidad puede formarse y desplegarse, en tanto estas formas de protección no recorten ilegítimamente otros derechos básicos. Un área de discusión crucial en este punto es la de la invocación al derecho a la vida y sus consecuencias en relación con las condiciones de la pobreza. Nuestras cartas constitucionales no hacen explícito el derecho a no morirse de hambre, o a no verse desprovisto de atención médica eficaz y oportuna.10 No se plantean las cosas así, aunque los especialistas discuten la conexión entre el derecho a la vida como derecho fundamental y esta clase de especificaciones formulada en el lenguaje de los derechos.

Efectivamente, la pobreza no solo se revela como la ausencia de recursos para preservar la vida y para satisfacer las necesidades esenciales, sino que también se manifiesta como una privación (efectiva) de derechos y, en definitiva, como ausencia de libertades. Hace unas décadas, el economista indio Amartya K. Sen y la filósofa estadounidense Martha C. Nussbaum elaboraron un enfoque de desarrollo humano basado no en recursos y bienes económicos, sino en el cuidado de las capacidades que un ser humano habría de poder desplegar para llevar una vida de calidad. De esta manera, se examinan el desarrollo y la pobreza en una perspectiva no reductiva, en contraste con aquella centrada en la medición del PBI per cápita. Las capacidades son componentes básicos del funcionamiento humano.11 Aluden a las actividades que las personas pueden ejecutar con los bienes de los cuales disponen, así como a los modos de vida que pueden elegir llevar en el curso de su existencia.

En la versión de este enfoque planteada por Nussbaum —en abierta controversia con Sen—, se propone una lista de capacidades centrales, producto de largas discusiones interdisciplinarias e interculturales a lo largo de los años. De acuerdo con esta autora, se trata de diez capacidades que entrañan libertades sustanciales para el florecimiento humano: vida; salud física; integridad física; sensibilidad, imaginación, pensamiento; afiliación; emociones; razón práctica / agencia; vínculo con las otras especies; ocio y juego; y control sobre el entorno (económico y político).12 A juicio de la autora, esta lista le brinda al enfoque una perspectiva crítica operativa al servicio de una teoría de la justicia. Tomándola en cuenta, resulta posible evaluar el diseño y la ejecución de políticas públicas a partir del cuidado y la promoción de las capacidades y de las condiciones externas que requieren su adquisición y práctica.

Se debe precisar que las disposiciones de la lista son capacidades y no funcionamientos. En otras palabras, no refieren la concreción —o la actualización— de las capacidades a través de su ejercicio. Las capacidades constituyen potencialidades para la práctica. Es el agente quien decide libremente cómo y con quién las lleva a cabo. En ese sentido, esta lectura del desarrollo humano hunde sus raíces en la tradición liberal. Incluso, resulta convergente con el enfoque de derechos, en la medida en que se puede argumentar —como hemos sugerido líneas arriba— que los derechos deben estar conectados con las capacidades centrales: si X es una capacidad humana vital, entonces toda persona debería tener derecho a desplegar X sin impedimentos externos. Este planteamiento representa un problema importante a considerar en la reflexión ética y legal.

Este enfoque de capacidades tiene importantes consecuencias para el trabajo y las exigencias de la justicia. La idea es que una sociedad que pretendiera concebirse a sí misma como justa y desarrollada debería ser aquella que contase con una estructura legal y una institucionalidad política que brindasen los contextos —las leyes y los escenarios públicos— propicios para la adquisición y el cultivo de tales capacidades, las cuales, como se ha señalado, constituyen la expresión de libertades sustanciales.

Instituciones autónomas

La democracia liberal requiere instituciones libres, es decir, que promuevan y desarrollen prácticas sociales y bienes diversos a partir de la observancia y discusión de sus reglas internas. Esto implica la separación de esferas sociales.13Se trata de un proceso histórico que se ha gestado en la cultura moderna a partir de construcciones sociales que podemos reconocer en una perspectiva tanto empírica como teórica.

La división entre el Estado y las Iglesias obedece a la necesidad de garantizar la libertad religiosa y de conciencia, de modo que cada persona tenga el derecho de suscribirse a una confesión espiritual o de abandonarla sin que ello implique la intervención de la instancia política como poder tutelar en esta materia. El problema de la salvación y la condenación del ser humano se concibe como un asunto que le atañe exclusivamente al individuo, y acaso a las comunidades religiosas en cuya vida institucional el creyente accede a participar. Estas comunidades se comprenden como asociaciones voluntarias. Al Estado le corresponde estrictamente la tarea de garantizar la vigencia de los derechos y las libertades individuales en la sociedad. La entidad política debe guardar una condición de neutralidad en cuestiones de religión y concepción del mundo.

El Estado, asimismo, debe velar por el desarrollo de un mercado libre. La dinámica propia de la producción, el intercambio y el consumo de bienes económicos requiere de una clara autonomía frente al poder de los gobiernos, pero también de un marco normativo adecuado. El Estado democrático tiene como prioridad asegurar el cultivo de los derechos, las libertades y el acceso al bienestar de los ciudadanos, lo cual presenta implicaciones en la actividad económica. El funcionamiento del mercado está basado en la competencia entre agentes privados —que ponen a prueba su ingenio, su laboriosidad y sus esfuerzos—, pero la libre competencia necesita de un contexto de igualdad de oportunidades que precisa de la acción gubernamental. De otro modo, la competencia se revelaría como no libre, pues se pondrían en juego no el mérito y el talento, sino los privilegios y la fortuna de cada uno de los actores. Sin un régimen de igualdad de oportunidades —incluidos el acceso debido a la salud y a la educación—, la competencia queda viciada en tanto tal.

El Estado y la esfera privada constituyen escenarios claramente delimitados. Esta última es el espacio de la asignación del afecto (del cuidado de los vínculos de la amistad, el amor, etc.). El Gobierno no puede promover —menos imponer— una única forma de entregar afecto o desarrollar relaciones basadas en el amor. Tampoco puede hacerlo ninguna comunidad o asociación voluntaria al interior de una sociedad democrática. El trato igualitario que el Estado liberal le debe a cada ciudadano implica que no avale ni rechace por sí mismo ningún estilo de vida en particular, siempre y cuando tal modo de vivir no lesione la ley o vulnere los derechos de alguna otra persona. Actuar en contra de este principio supondría discriminar a un grupo de individuos.

La Universidad es, del mismo modo, una institución que ha de conquistar su autonomía. Al tener como propósitos la producción de conocimiento científico, y la expresión de sentidos de naturaleza ética y estética, debe convertirse en un espacio libre de la tutela ideológica de los gobiernos y de las organizaciones religiosas. Se trata de defender la libertad académica y de pensamiento. Si bien existen importantes universidades estatales o promovidas por comunidades religiosas, la clave de su excelencia reside en la ausencia de control ideológico sobre el trabajo intelectual y artístico. La investigación y la creación de sentidos requieren de libertad intelectual.

La democracia liberal ofrece espacios autónomos para el logro y la distribución de bienes sociales diversos. El poder político, la fe, la prosperidad económica, el amor y la amistad, y el saber y la expresión se producen, intercambian y comparten a través de prácticas sociales y deliberaciones internas de las instituciones mencionadas. Se trata de bienes heterogéneos que no pueden reducirse a los esquemas de prácticas e instituciones externas. Asimismo, el liberalismo combate las pretensiones de cualquier organización que quiera convertirse en una tiránica esfera de distribución única.

Los ciudadanos de las democracias liberales transitamos por diferentes instituciones autónomas cultivando bienes inconmensurables que constituyen dimensiones importantes de nuestras vidas e identidades. Por ello, se puede afirmar que la autonomía de estas instituciones es un elemento básico del trasfondo social y político del desarrollo de nuestros proyectos vitales.

La herencia clásica. Participación cívica y espacios públicos

Los procedimientos y principios que sostienen el régimen democrático requieren de ciudadanos que los reconozcan como elementos básicos de la vida en común y estén dispuestos a defenderlos en circunstancias adversas. El sistema de derechos no se sustenta sin la acción política. La herencia clásica —centrada en la praxis cívica— constituye un complemento fundamental del legado liberal.

Esta línea de pensamiento recoge la antigua definición aristotélica del ciudadano, según la cual este es aquel agente que “gobierna y a la vez es gobernado”.14 Por un lado, es gobernado porque cumple con aquello que deciden las autoridades elegidas, así como con los acuerdos celebrados en el ágora. Por otro lado, participa del gobierno en la medida en que interviene en los procesos de elección de los representantes y en los debates que se desarrollan en el ágora. Puede convertirse, en este sentido, en coautor de la ley o en un potencial examinador del funcionamiento de las instituciones. Del mismo modo, el polites exige a las autoridades que rindan cuentas de su comportamiento en el ejercicio de la función pública. La acción de los ciudadanos sostiene, en más de un sentido, la vida de la comunidad política.

El argumento anterior se pone a prueba en virtud del repliegue del poder cívico, un fenómeno que fue estudiado con agudeza desde Alexis de Tocqueville hasta Hannah Arendt, pasando por los escritos de John Dewey sobre el ejercicio de la opinión pública. La tesis es que los mecanismos propios de la democracia representativa y la protección de los derechos del individuo pueden coexistir con formas de autoritarismo político y de concentración del poder.

El individualismo en la política moderna según Tocqueville

En la primera mitad del siglo XIX, Tocqueville viajó a los Estados Unidos para examinar la realidad penitenciaria, legal y política de esa joven república. La democracia en América —publicado tiempo después— resultó ser un agudo estudio de política comparada en el tiempo que recogió los resultados de aquella investigación. En este libro, el autor contrastó la experiencia subyacente al modelo de los regímenes políticos de la Antigüedad y la democracia norteamericana.15

Un elemento crucial para comprender el contraste expuesto por Tocqueville reside en la presencia del individualismo en la política moderna. En las nuevas democracias, existe una tendencia en las personas a privilegiar el espacio privado —conformado por los escenarios reservados para el trabajo, la producción, el consumo, y el cultivo de los lazos de la familia y la amistad—, el cual consideran un locus de libertad y realización humana. Con ello, queda opacado el vínculo específico con la vida pública, aquel que hace explícitos los deberes del ciudadano con respecto a la comunidad política y el logro del bien común. Los ciudadanos tienden a retirarse a los espacios de sus círculos más íntimos y a desentenderse de las tareas cívicas.

Tal actitud y desplazamiento del interés del individuo no deja las cosas como estaban en la esfera del poder. Tocqueville indica que esta concentración en el ámbito privado promueve una suerte de acuerdo silencioso entre quienes ejercen el gobierno y quienes son gobernados. Los primeros se proponen garantizar la seguridad física y económica de los individuos. Los segundos, por su parte, abandonan sus tareas cotidianas como ciudadanos en materia de participación y fiscalización de la conducta pública de los funcionarios. Renuncian así a ejercer el poder que les corresponde como agentes políticos16y reducen su actividad política a la elección periódica de las autoridades. Dejan intactos los mecanismos democráticos de representación, pero ya no participan activamente en los espacios de la vida pública. En consecuencia, ese poder no invocado ni ejercido queda de facto en manos de los representantes elegidos y de los políticos en actividad.

Cuando el sentido común de la política contemporánea divide la sociedad entre gobernantes y gobernados, la opción de la ciudadanía tiende a eclipsarse. Tocqueville afirmó que los efectos corrosivos de este fenómeno solo pueden revertirse fortaleciendo espacios para el ejercicio de la libertad política. Aseveró, asimismo, que se debe propiciar la formación o el fortalecimiento de “instituciones intermedias” —aquellas situadas entre los individuos y el Estado—, a través de las cuales los agentes puedan deliberar y actuar en conjunto para forjarse un destino común. Pensó primero en los municipios, pero luego sus discípulos —en esta tradición de humanismo cívico— apuntaron a las organizaciones de la sociedad civil.

La acción ciudadana y la sociedad civil

El mundo moderno ha producido sociedades más extensas y complejas, las cuales dificultan el ejercicio de la política en el preciso sentido en el que lo comprendían los antiguos atenienses y los romanos de la vieja República. El trabajo se ha convertido decisivamente en una actividad que rivaliza con la política como práctica constitutiva de una vida lograda. Asimismo, el mercado convoca a las personas tanto como el espacio público. Para quienes encuentran en el quehacer político el trasfondo de una peculiar vocación, la participación cívica exige intervenir en calidad de funcionario público o como militante de un partido político. Tomando estos factores en consideración, cabe preguntarse qué alternativas tiene el ciudadano independiente si se propone actuar como un agente político en el citado registro clásico. El dilema que los agentes deben afrontar consiste en encontrar otros espacios de acción cívica o renunciar a ejercitar el poder, más allá del acto de votar cada cierto tiempo.

La sociedad civil reúne un conjunto de espacios abiertos a la deliberación de los ciudadanos en torno a temas de interés público. Se trata de instituciones intermedias que se constituyen como lugares para la construcción de opinión pública, y la vigilancia del uso del poder gubernamental y parlamentario. Desde sus fueros, se discute la pertinencia de determinadas leyes e instituciones, y se evalúa la posibilidad de incorporar en la agenda política ciertos temas que preocupan a los miembros de la comunidad entera. Las universidades, los colegios profesionales, las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos, las asociaciones religiosas y otros organismos forman parte de la sociedad civil. Se trata de foros desde los que pueden pensarse la sociedad y sus problemas, así como discernirse caminos posibles para la acción común. Causas relevantes para la vida social —como la defensa de los derechos humanos, el cuidado del ecosistema o la promoción de una pedagogía intercultural en la sociedad— han sido discutidas y cultivadas desde este tipo de instituciones.

El sistema democrático requiere —para gozar de una buena salud— contar con partidos políticos sólidos, pero también con el concurso de una sociedad civil organizada. Los agentes no actúan desde las instituciones sociales en calidad de representantes, sino como ciudadanos comprometidos con bienes comunes y con el cuidado de las libertades básicas. Ellos participan directamente en la discusión de asuntos de interés colectivo y se movilizan para hacer llegar sus propuestas e iniciativas a las instancias del Estado, o pedir cuentas a las autoridades elegidas en materia de su labor y responsabilidad públicas. Los ciudadanos que actúan de esta forma no precisan de otra fuente de legitimidad que el estricto ejercicio de sus derechos.

Resulta evidente que los organismos de la sociedad civil corren el riesgo de enfrentar procesos de crisis y degradarse. Toda institución está expuesta a esa clase de peligros. Pensemos en algunos ejemplos. Las universidades pueden organizarse invocando una estructura meramente empresarial, anteponer la búsqueda del lucro a la formación científica y renunciar, de esa manera, a sus propósitos internos. Las comunidades religiosas pueden prohibir a sus miembros el examen crítico de sus tradiciones e incitar a sus adeptos a asumir una perspectiva integrista. Los sindicatos y los colegios profesionales pueden corromperse y ser controlados por una cúpula inescrupulosa y violenta.  En todos esos casos, las organizaciones pierden su condición como foros de discernimiento colectivo. No obstante, podrían prevenir estos males alentando las prácticas deliberativas como elemento básico de su funcionamiento, promoviendo la crítica y proyectando sus acciones hacia la comunidad política. La sociedad civil constituye un escenario privilegiado para el control democrático del poder. El autogobierno se convierte en una meta razonable de la vida pública en la medida en que se logre potenciar estos espacios intermedios como escenarios para la acción común.

Pluralidad de formas de vida y cultura política democrática

La democracia es un modo de experimentar lo público. Las sociedades modernas —integradas por una diversidad tanto de concepciones del bien como de estilos de vida— precisan de ciudadanos capaces de compartir una cultura política común. Esta última debe basarse en el cuidado del sistema de derechos, así como en la disposición a actuar en coordinación en el espacio público. Una cultura ciudadana de este tipo subyace a cualquier programa de acción cívica específica y habría de estar en la base de cualquier proyecto constitucional.

Por supuesto, no debe menospreciarse el valor de las tradiciones locales y de las visiones generales del mundo en la formación de la identidad de los agentes. La pertenencia a comunidades culturales, y la suscripción a sistemas de convicciones y valores contribuyen a configurar la imagen que tenemos de nosotros mismos como sujetos prácticos. No obstante, estas formas de percibir la vida no cuentan con la adhesión de todos los ciudadanos. En una situación de pluralismo razonable, cada sistema local de valores reconoce la necesidad de coexistir con los demás y de respetar el derecho de cada uno a vivir y desarrollarse al interior de la sociedad en el marco de la observancia de las leyes.

Una democracia liberal se propone educar al ciudadano en la capacidad de considerar reflexivamente sus visiones de la vida y del cosmos. Si bien las tradiciones locales pueden ofrecernos un repertorio de prácticas y vocabularios que permiten orientar y comprender el curso de nuestra existencia, no pueden tener la última palabra como guías de la acción ni en el espacio privado ni en el ámbito público. El ejercicio de la razón práctica exige ponerlas a prueba indagando si están sostenidas por buenas razones o si se trata de meras presuposiciones asumidas como meros dogmas. Es preciso emprender el camino de lo que en la Atenas clásica Sócrates denominaba —según la Apología platónica— una vida examinada.17

El que determinadas costumbres sean la concreción de tradiciones heredadas no constituye un argumento para seguir practicándolas. Necesitamos buenas razones para llevarlas a cabo e incorporarlas a nuestra vida. Contar con una buena justificación implica hacer explícitos los motivos por los cuales tales acciones o modos de ser le otorgan un significado a la existencia entera. Por supuesto, existen formas de ethos para las cuales la reflexión crítica representa un vehículo de bienes internos. No obstante, las tradiciones también pueden convertirse en fuentes de dogmatismo moral. Un régimen democrático debe garantizar el derecho de sus ciudadanos a someter a crítica sus visiones de la vida y del mundo. Los ciudadanos tienen la prerrogativa de ingresar o de abandonar las instituciones de carácter cultural o religioso conforme a los dictámenes de su razón práctica. La libertad de conciencia es un valor político fundamental en una sociedad democrática.

Las tradiciones locales y las religiones son horizontes de pensamiento y de acción que abarcan la totalidad de la existencia, pero también constituyen fuentes de intelección y percepción de la justicia y la injusticia, asuntos que resultan de riguroso interés para la cultura política democrática. Las religiones y las tradiciones comunitarias han aportado relatos y meditaciones sobre el tipo de justicia que se despliega en las acciones de gobierno y en los tribunales; han discutido los principios que los individuos habrían de considerar a la hora de distribuir honores, seguridad y riquezas al interior de tribus y ciudades; y se han pronunciado sobre los efectos perniciosos de la crueldad y la indolencia frente al sufrimiento de las víctimas. Aunque estos discursos se dirijan estrictamente a sus fieles y a sus intérpretes, su legado y mensaje podrían ser recibidos y debatidos —en determinadas circunstancias y como matriz para la deliberación pública— por el resto de los ciudadanos, en la medida en que conciernan a problemas que puedan afectar a todos los miembros de la sociedad.

¿Cómo sería esto posible? Aunque las experiencias de injusticia pueden ser reconocidas por casi todos los individuos con especial claridad, las tradiciones culturales y religiosas han desarrollado narraciones y alegatos para dar cuenta de aquellas que han calado incluso en contextos no confesionales, en un público que no es ni ha sido usuario de este tipo de comunidades de memoria. Los textos proféticos y el propio Evangelio —por poner un ejemplo— han ofrecido modelos de argumentación y de crítica social que han sido discutidos y hasta invocados en espacios deliberativos específicamente seculares, incluidos la academia y los círculos políticos.

Es posible que ciertas consideraciones sobre la justicia —en relación, por ejemplo, con la defensa de la dignidad de las personas en circunstancias adversas— se hayan nutrido de vivencias y referentes culturales o religiosos, y se hayan proyectado luego hacia el discurso legal y político. John Rawls ha definido este proceso como estipulación, el cual refiere la traducción de motivos religiosos o culturales sobre el trato justo al lenguaje de los derechos,18base de la cultura política democrática tanto en materia de la defensa del régimen constitucional como en el cultivo de la acción ciudadana en los espacios públicos.

Para ejemplificar lo anterior, piénsese en el poderoso discurso pronunciado en agosto de 1963 por Martin Luther King en el Lincoln Memorial, aquel de las conmovedoras palabras en torno al sueño de la edificación de una genuina comunidad igualitaria en los Estados Unidos. Como se sabe, King era un inspirado pastor bautista y vivía comprometido con la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos. Su persuasivo discurso está lleno de referencias a los textos bíblicos, pero también contiene numerosas alusiones a la gesta decimonónica en pro de la abolición de la esclavitud y se remite al espíritu de la declaración de la independencia de 1776. La promesa del Reino de Dios —presente en los textos proféticos y en el Evangelio—, descrito como una comunidad de hijos de Dios libres e iguales, se conecta con el imperativo de la construcción de una república de ciudadanos iguales ante la ley en un registro liberal.

El mensaje del discurso profético de King es claro y persuasivo. Muchos de los ciudadanos que lo escucharon no compartían las creencias espirituales propias de la Iglesia bautista ni pertenecían a la comunidad afroamericana. Sin embargo, pudieron identificarse con el esfuerzo por cimentar una comunidad política que reconociera a todos sus miembros como agentes autónomos y titulares de derechos universales sin establecer distinción alguna por razones de raza, origen geográfico, cultura, género, estatus socioeconómico, ideas religiosas o políticas, etc. En la medida en que un mensaje espiritual puede asumir —sin experimentar una pérdida significativa en el nivel del contenido práctico del mismo— el vocabulario específico de los derechos, puede convocar a ciudadanos de diversos orígenes y membresías. Lo que los reúne es la legitimidad pública de sus reivindicaciones, más allá de sus raíces espirituales particulares.

En una sociedad democrática, encontramos diferentes comunidades e instituciones cuyos miembros enarbolan y contrastan múltiples discursos y programas de acción que tienen impacto en el espacio público, donde los ciudadanos se encuentran y deliberan con respecto a cuestiones de justicia básica y libertades cívicas. Estos juicios y expresiones de sentido poseen diversas fuentes culturales, religiosas o de otra clase. Adquieren relevancia pública solo cuando encarnan preocupaciones de índole específicamente ética y política, y que son plenamente convergentes con el horizonte de problemas y perspectivas que constituyen el lenguaje público de los derechos.

Algunas consideraciones finales. La democracia como una herramienta práctica

Nuestro punto de partida para comprender conceptualmente la democracia implicó describirla como una forma de vida pública basada en la distribución del poder político. Luego, en el desarrollo de este capítulo, se añadieron características a esa definición. Se estableció que la democracia constituye una forma de organizar la sociedad y sus instituciones; un régimen político que se propone asignar igualitariamente libertades y derechos entre los ciudadanos; y una forma de vida pública que promueve la elección, el escrutinio y la fiscalización de quienes ejercen la función pública en el nombre de los ciudadanos. Asimismo, la democracia se funda tanto en el autogobierno ciudadano como en el cultivo de los principios que vertebran el sistema de derechos. Como hemos aseverado supra, la acción cívica requiere de espacios abiertos a la deliberación de los agentes acerca de asuntos de interés común, que podemos encontrar en el sistema político y en la sociedad civil.

Hace algunas décadas se hizo célebre —particularmente en los círculos del marxismo ortodoxo— una crítica que sostenía que los principios y procedimientos liberales (el énfasis puesto en el sistema de derechos y libertades individuales, y en el cuidado de la autonomía de las instituciones) correspondían a la denominada democracia formal. Esta era definida como una presunta constelación de abstracciones visiblemente alejada de los modos de asociación y movilización concretas de los sujetos, asumidos como dimensiones de una supuesta democracia real. Este cuestionamiento no toma en cuenta la relación de complementariedad que guardan la herencia liberal y la herencia clásica en la configuración de la forma de vida democrática. Quien haya seguido hasta aquí estas reflexiones, considerará que los principios y procedimientos liberales distan de ser meramente abstractos; se trata de reglas que permiten delimitar preceptos específicos y espacios sociales para el cuidado de la pluralidad y de la elección del proyecto de vida. Estas normas y escenarios constituyen el horizonte desde el cual la praxis política se despliega como tal. La forma y el contenido conforman las dos caras del ethos democrático.

El régimen democrático se propone regular aquellas decisiones que tienen impacto entre los ciudadanos y en las instituciones. Es un complejo instrumento social y político para lidiar con nuestras vidas, ineludiblemente frágiles y marcadas por un destino incierto. Nuestras prácticas, hábitos y deseos —expresiones de nuestra inteligencia y elecciones— pretenden ser herramientas para llevar una vida razonable que involucre libertad y bienestar al interior de los grupos que conforman la sociedad. Los conceptos, metáforas, creencias, reglas e instituciones son herramientas de una clase similar que desarrollamos para lograr el mismo fin. La democracia constituye una forma de vida en común al servicio del reto de coexistir razonablemente en un sistema de instituciones.

Como todo experimento ético-político, el esfuerzo por la democracia puede concretarse o fracasar. Winston Churchill solía decir que la democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre, con excepción de todos los demás. A su juicio, no conocemos otra forma política superior a esta en lo relativo al cumplimiento de nuestras expectativas de libertad y florecimiento humano.

Como en el caso de cualquier práctica social o forma de vida, solo es posible fortalecer la democracia ejercitándola. Resulta preciso cultivar un sentido de lealtad a las configuraciones del Estado de derecho, las cuales conforman el trasfondo normativo del desarrollo de las libertades sustanciales. Del mismo modo, el cuidado de la democracia implica fortalecer el compromiso del ciudadano con la formación del juicio público. El agente forma su juicio examinando la validez y las consecuencias de las normas o de las decisiones potenciales en materia de asuntos comunes. El trabajo de la deliberación pública exige ingresar en la dinámica de ofrecer y ponderar argumentos en compañía de conciudadanos en los espacios públicos presentes en el sistema político y en la sociedad civil. Esta disposición de los agentes políticos a encontrarse en público para discutir sobre el curso de la vida colectiva —un antiguo motivo griego que Aristóteles describía como homónoia (a veces traducida como concordia)— consiste en desear y lograr reunirse para argumentar juntos y arribar a consensos (o expresar disensos cuyo entendimiento y expresión sean provechosos para los ciudadanos) en lo relativo al bien público. Aristóteles asevera que la homónoia