La democratización de la comunicación E-Book

Cecilia Beatriz Díaz

• Herausgeber: Editorial Biblos
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Sprache: Spanisch
• Veröffentlichungsjahr: 2022

Seitenzahl: 419

Beschreibung

Los debates en torno a leyes regulatorias y nuevas políticas de comunicación atravesaron el inicio del siglo XXI en Latinoamérica. La ruptura con el modelo neoliberal implementado en la década de 1990 no estuvo exenta de conflictividad con los grandes conglomerados mediáticos hasta alcanzar una centralidad en el devenir político de los populismos de la región. En la Argentina, durante los dos mandatos presidenciales de Cristina Kirchner (2007-2015) se llevaron a cabo más de cincuenta iniciativas en políticas de comunicación, entre las que se suele destacar la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Este proceso de reformas recibió el nombre de "democratización de la comunicación", pero ¿qué significa? ¿Cuál es su alcance de acción? ¿Qué nos dice el Estado cuando enuncia que va a impulsar "la democratización" de cualquier bien? Este libro retoma las teorías del discurso y de los estudios sobre populismo para indagar sobre las tensiones entre palabra y acción en el proceso "democratizador de la comunicación" en la Argentina. Especialmente, cuando el enunciador es el Estado en un coro diverso de instituciones, prácticas y entramados. Asimismo, brinda claves para comprender el acelerado derrotero de vaciamiento, desguace y derogación de esas políticas durante el macrismo.

Leseprobe

LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN

Los debates en torno a leyes regulatorias y nuevas políticas de comunicación atravesaron el inicio del siglo XXI en Latinoamérica. La ruptura con el modelo neoliberal implementado en la década de 1990 no estuvo exenta de conflictividad con los grandes conglomerados mediáticos hasta alcanzar una centralidad en el devenir político de los populismos de la región.

En la Argentina, durante los dos mandatos presidenciales de Cristina Kirchner (2007-2015) se llevaron a cabo más de cincuenta iniciativas en políticas de comunicación, entre las que se suele destacar la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Este proceso de reformas recibió el nombre de “democratización de la comunicación”, pero ¿qué significa? ¿Cuál es su alcance de acción? ¿Qué nos dice el Estado cuando enuncia que va a impulsar “la democratización” de cualquier bien?

Este libro retoma las teorías del discurso y de los estudios sobre populismo para indagar sobre las tensiones entre palabra y acción en el proceso “democratizador de la comunicación” en la Argentina. Especialmente, cuando el enunciador es el Estado en un coro diverso de instituciones, prácticas y entramados. Asimismo, brinda claves para comprender el acelerado derrotero de vaciamiento, desguace y derogación de esas políticas durante el macrismo.

Cecilia Beatriz Díaz es doctora en Comunicación con posdoctorado en Comunicación, Medios y Cultura (UNLP). Es investigadora del Centro de Estudios de Medios y Comunicación del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales (UNM). Se especializa en la dimensión discursiva de las políticas públicas de comunicación en la Argentina en sus articulaciones entre gobiernos. Ante la pandemia de covid-19, reorientó sus trabajos hacia la indagación de la construcción de sentido de las políticas del cuidado del Estado argentino y su vínculo con los estudios sobre los populismos de siglo XXI. En su trayectoria como investigadora ha dirigido equipos de investigación interuniversitarios e integró proyectos transnacionales sobre identidades y políticas populistas, desde una perspectiva laclausiana. Se desempeña como docente en las universidades nacionales de Moreno y de Lanús.

CECILIA BEATRIZ DÍAZ

LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN

la construcción de sentido en la política pública de los gobiernos de Cristina Kirchner 2007-2015

Índice

CubiertaAcerca de este libroPortadaDedicatoriaAcrónimos y siglasIntroducciónAnexoCapítulo 1. Democratizar la comunicación como horizonte de la política pública: un campo de estudiosEl problema de la construcción de sentido políticoLas relaciones políticas discursivas de la sociedadDemocracia: orígenes, dislocaciones y proyeccionesLa democratización de la comunicaciónLa dimensión discursiva de la política públicaCapítulo 2. Los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015): la retórica populista en el conflicto con los conglomerados mediáticosEl populismo: una categoría polémicaEl kirchnerismo como experiencia populistaEl escenario comunicacional argentino2011-2015: ¿“cristinismo”?Las iniciativas en políticas públicas de comunicación (2007-2015)Capítulo 3. Políticas regulatorias de la comunicación: diseño, alcance y horizonte democratizadorLa regulación pensada: entre las obligaciones supranacionales y los posicionamientos coyunturalesParticipación y articulaciones: la arquitectura del ecosistemaLa regulación en acción: condiciones habilitantes y límitesLa democratización como imperativo benefactorHacia un horizonte colectivoCapítulo 4. Infraestructura de telecomunicaciones: entre los pisos tecnológicos y los techos políticosEl plan Argentina ConectadaTensiones y alianzas en el plan de telecomunicacionesAccesibilidad para el bien comúnBalances inconclusosCapítulo 5. El clivaje educación-comunicación: el caso Conectar IgualdadLa configuración del programa Conectar IgualdadLa ejecución en cursoAcceso a la alfabetización digitalUn proceso truncadoCapítulo 6. Nuevas pantallas públicasLa salida al aire, una cuestión de ley¿Cuál es el rol del Estado en las pantallas?Al aire: alianzas e interferenciasLos alcances del logro y del dañoLa democratización en múltiples dimensionesNuevas pantallas, viejos problemasCapítulo 7. La comunicación de la “batalla cultural”El diseño de una estructura de fomento culturalEl “ecosistema” públicoAspectos de la democratización de la culturaLímites a la desmonopolización de la producción culturalConclusionesDe populismos y de mediosLos sentidos construidosEl populismo kirchnerista en la comunicaciónLa potencia de la huella populistaLa democracia en disputaBibliografíaDocumentos vinculados a las políticas públicas de comunicación analizadasCréditos

A la educación pública argentina, por su sólido tejido que nos abrigó para volvernos más autónomos y animarnos a soñar con una comunicación socialmente justa y democrática.

A la política, por inspirar la acción, el deseo y la voluntad.

Y a Mónica, por su amorosa incondicionalidad.

Acrónimos y siglas

ACUA Árbol de Contenidos Universales Argentino AFA Asociación del Fútbol Argentino AFSCA Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual AFTIC Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ANSES Administración Nacional de la Seguridad Social APT Automovilismo para Todos ARSAT SA Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AUH Asignación Universal por Hijo BACUA Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentinos CDA Contenidos Digitales Abiertos CEPA Centro de Producción Audiovisual CEPIA Centro de Promoción e Investigación Audiovisual CIC Centros Integradores Comunitarios CNC Comisión Nacional de Comunicaciones Conabip Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares Confer Comité Federal de Radiodifusión Conicet Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas DNU decreto de necesidad y urgencia EDT Estación Digital de Transmisión Foetra Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina Fomeca Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual Fomicro Fondo Nacional para la Creación y Consolidación de Microemprendimientos Fonsoft Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software FPT Fútbol para Todos FPV Frente para la Victoria INCAA Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales INVAP Investigación Aplicada ISDB-T Integrated System Digital Broadcasting Terrestrial IVA impuesto al valor agregado LSCA Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual MICA Mercado de Industrias Culturales Argentinas MinCyT Ministerio de Ciencia y Tecnología Minplan Ministerio de Planificación, Servicios y Obras Públicas de la Nación OEA Organización de Estados Americanos ONU Organización de las Naciones Unidas PAD Punto de Acceso Digital PASCAL Programa de Análisis Social de la Ciudadanía Audiovisual Latinoamericana PAT Polos Audiovisuales Tecnológicos PBI producto bruto interno PEN Poder Ejecutivo Nacional PENID Plan Nacional de Inclusión Digital Educativa PJ Partido Justicialista PPC políticas públicas de comunicación Refefo Red Federal de Fibra Óptica RTA SE Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado Satsaid Sindicato Argentino de Televisión Servicios Audiovisuales Interactivos y de Datos SATVD-T Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre Sifema Sistema Federal de Medición de Audiencias SMNP Sistema Nacional de Medios Públicos TDA Televisión Digital Abierta TDS Televisión Digital Satelital TDT Televisión Digital Terrestre TEC TV Tecnópolis Televisión TIC tecnologías de la información y la comunicación UCR Unión Cívica Radical Unesco Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Unicef Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia VEN TV Ventana Sur Televisión YPF Yacimientos Petrolíferos Fiscales

Introducción

El campo latinoamericano de la comunicación en el inicio del siglo XXI estuvo signado por debates, leyes regulatorias y nuevas políticas de comunicación que implicaron una ruptura con respecto al modelo neoliberal implementado en la década de 1990. Este proceso, que no estuvo exento de conflictividad con los grandes conglomerados mediáticos,1 fue central en el devenir político y configuró el escenario de disputa de los gobiernos populistas de la región. En efecto, la transformación no se reduce a marcos regulatorios sino a una mayor intervención como Estados “comunicadores” (Rincón, 2010) a partir del impulso de diversas iniciativas donde se enarbolaron los valores democráticos.

Al respecto, este libro –basado en mi tesis doctoral de Comunicación de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata– se circunscribe al caso argentino, donde a partir de la decisión de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se propugnó el debate y la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) en 2009,2 que dio lugar a otras políticas públicas en el sector durante sus dos períodos consecutivos de gobierno (2007-2011 y 2011-2015). El conjunto de esas medidas fue enunciado como “la democratización de la comunicación”3 –o “la democratización de la palabra”– en una señal de correspondencia con la demanda de los “21 puntos” (Coalición por una Radiodifusión Democrática, 2004), un petitorio producido por una agrupación de trabajadores de prensa, académicos, organizaciones sociales y dirigentes políticos a los fines de reclamar un marco regulatorio que reemplazara al decreto ley 22.285 de la última dictadura cívico-militar argentina y sus posteriores modificaciones, de acuerdo con los estándares internacionales de libertad de expresión. Dada la centralidad de ese enunciado en ambos mandatos, ¿qué significa “la democratización de la comunicación”? ¿Cuál es su alcance de acción? ¿Adquiere características propias de los contextos en los cuales se exige o se impulsa? ¿Qué nos dice el Estado cuando enuncia que va a impulsar “la democratización” de cualquier bien?

En estos primeros cuestionamientos de la investigación se puede distinguir una búsqueda sobre el lenguaje y la enunciación, por un lado, y la acción política, por el otro. Sin embargo, al partir de la definición de populismo de Ernesto Laclau (2005) se puede entender que en estos gobiernos democráticos ambos elementos constituyen dimensiones de una unidad: la retórica como fundamento de lo político (Laclau, 2014). De forma tal que, al pensar en el contexto en el que se enuncia “la democratización de la comunicación”, no se hace referencia solamente al lenguaje sino al discurso como modo de acción y práctica sociopolítica sobre las relaciones de poder (Fairclough, 1993).

En efecto, en las teorías del discurso esta noción de retroalimentación entre palabras y acción está presente; ahora bien, la dificultad aquí radica en que el enunciador es el Estado y sus voces son complejas y múltiples en cuanto su composición incluye una diversidad de instituciones, prácticas y entramados. Por ende, un modo de analizarlo podría ser la comunicación gubernamental, aquella que nos dice qué quiere decir de sí mismo el Estado, pero poco nos indica de la interrelación entre medidas de gobierno y discurso del Estado. Por eso, se considera que es la política pública la que evidencia la “toma de posición” estatal en un momento dado (Ozslak y O’Donnell, 1981). Entonces, ¿las políticas públicas pueden construir sentido político? Sí, primero porque todo discurso lo hace y, en el caso particular de las políticas públicas, estas exceden lo normativo al configurar horizontes de la demanda al institucionalizar sentidos como producto de la disputa política. El interés por la temática de la construcción de sentido político a partir de políticas públicas radica en concebirlas como discursos estructurados que encarnan una relación de significación social. Dado que el poder performativo de la palabra es el que incide en la construcción de los problemas, las políticas públicas de comunicación (PPC) son instancias de enunciación del Estado sobre la comunicación en cuanto valor simbólico y sobre sí mismo.

Ahora bien, ¿qué pueden decir las PPC de la democracia y la democratización? O, mejor dicho, ¿qué dice el Estado de la democratización en sus PPC? Aquí radica la segunda complejidad que aborda este libro: la democracia y, por ende, la democratización. Ambos términos no son unívocos y permanentes, sino que se resignifican en determinados contextos y en el reconocimiento de actores (Rinesi, 2013). En este punto, es el aspecto discursivo de lo social lo que configura el sentido de lo político. Ahora bien, no se puede sostener que este sentido o significación permanezca fijo, sino que es contingente al dislocarse en nuevas demandas.

La investigación se focalizó en las iniciativas en políticas públicas de comunicación de los mandatos presidenciales de Cristina Kirchner (2007-2015), dado que el período concentra la ejecución de más de cincuenta medidas (ver anexo de este capítulo), entre las que se encuentra un nuevo marco regulatorio que las condiciona (Becerra, 2015). En efecto, fue el debate y la sanción de la LSCA lo que constituye un hito4 en la regulación de la comunicaciones desde la recuperación institucional en 1983, ya que si bien se sucedieron diversos intentos de reforma legislativa, no alcanzaron la institucionalización;5 al tiempo que, desde entonces, la vigencia del Consenso de Washington propugnó medidas tendientes a favorecer la concentración empresarial que se correspondió con la consolidación de los conglomerados mediáticos.6 De modo que este trabajo contribuye a contextualizar la LSCA con otras políticas públicas para entramarlas y, de ese modo, evitar la señalización de cada una de ellas como una excepcionalidad.7

Por otra parte –como ya se mencionó–, la LSCA retoma aspectos propuestos por organizaciones de la sociedad civil que demandaban una reforma para “una radiodifusión democrática”; mientras que desde el segundo gobierno kirchnerista8 cada iniciativa en PPC se enarboló bajo el enunciado de “la democratización de la comunicación”. Esta diferencia de términos puede ser leída como producto del juego entre lo político y la política donde se expresan posicionamientos respecto del modo de acción que el Estado debe asumir.9

De esta manera, el libro indaga sobre los sentidos políticos construidos en torno a “la democratización de la comunicación” en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner mediante las iniciativas en políticas públicas de la comunicación y sus relaciones entre sí, para observar instancias en las que se produzcan continuidades, rupturas y/o articulaciones entre ellos.

Considero que indagar acerca de la democratización de la comunicación implica pensar la ciudadanía y replantear qué es lo público y lo privado (Sierra, 2011), sin descartar el conflicto que supone entre las posturas de los sectores involucrados: Estado, industria cultural y “más mayorías que demandan confusamente una comunicación democrática” (Zallo, 2011: 18). A su vez, se corresponde con reconocer que “la jurisprudencia que va surgiendo constituye una prueba clara de este enfrentamiento de intereses, aviva la necesidad de seguir con la reflexión inconclusa del papel de activo del Estado en favor de procesos culturales y comunicativos más democráticos” (Crovi Druetta, 2011: 274). En consecuencia, sin obviar la insoslayable importancia de la iniciativa del Ejecutivo de impulsar una nueva ley de radiodifusión en 2009, es necesario ampliar el análisis del rol del Estado en esa construcción política.

A su vez, pensar en “lo público” que configuran las PPC es una problemática que no está fuera del pasado reciente de la Argentina, en cuanto si se tienen en cuenta los vaivenes de la percepción de la democracia y los derechos ampliados. Además, no se puede eludir que el espacio público fue transformado por las tecnologías y el solapamiento de los medios de comunicación como la arena política donde se dirime la res publica.

De ese modo, el presente trabajo se inscribe en la línea de desarrollo conceptual sobre la politización del consumo cultural como un problema de ciudadanía que exige “la necesaria redefinición de nociones al uso como la idea de interés público y, en general, de las formas y estrategias de defensa de las políticas democráticas de comunicación y las estrategias de oposición y lucha por el cambio social” (Sierra, 2011: 215). En esa línea de abordaje, son un aporte las discusiones sobre accesibilidad, participación y calidad de los bienes simbólicos puestos en circulación de las políticas culturales.

Para tal fin, resulta imprescindible problematizar cada iniciativa en PPC en vinculación con los contextos institucionales y sociohistóricos en los que se inscriben (Schlesinger, 2011) para indagar en la concepción de democratización y, por ende, de ciudadanía presente en cada una. En otras palabras, pretendo aportar a la problematización de las PPC el carácter performativo del lenguaje a los efectos de enriquecer al campo donde abunda tanto el determinismo económico como el institucionalismo liberal. De ese modo, entiendo las PPC como instancias nodales de una construcción de sentido por la “democratización de la comunicación”. En otras palabras, el cambio de paradigma sobre la comunicación –de neoliberal a social– que asumió el Estado es un proceso marcado por rupturas, continuidades y articulaciones, donde la contingencia supone posicionamientos equivalenciales o antagónicos (Laclau, 2005). Por eso, se trata de un conflicto político sobre la comunicación que se sirve de valores simbólicos para la construcción de sentido.

En esa línea, el trabajo sostiene como hipótesis que se construyeron tres sentidos en torno a “la democratización de la comunicación”. El primero, que entiende a ese significante como la lucha de lo público frente a la desmonopolización; el segundo, como una etapa del devenir histórico que impone la demanda de un ejercicio pleno del derecho a la comunicación en su dimensión social, y el tercero, como la universalización de los condiciones de acceso a la infraestructura, la tecnología y los servicios de la comunicación.

Estos sentidos guardan una relación de articulación entre sí, dado que se corresponden con las dimensiones históricas de la democratización de la comunicación. Sin embargo, su presencia no es proporcional sino que, durante la mayor parte del período en estudio, el sentido de disputa del Estado con las corporaciones mediáticas se volvió predominante en tanto ejercía una acción politizadora hacia los actores a los que se les reconocía sus derechos de expresión y recepción.

La estrategia metodológica propone el análisis discursivo de políticas públicas a partir de una redefinición del modelo protoverbal de Oscar Oszlak y Guillermo O’Donnell (1981) en términos de la concepción retórica de la política de Ernesto Laclau (2005) para abordar la complejidad de la toma de decisión del Estado en su dimensión simbólica. En esa instancia fueron estudiados la legislación correspondiente, los documentos recolectados y fuentes secundarias sobre las políticas públicas de comunicación. Si bien cualquier definición de política pública incluye las omisiones de medidas y/o acciones, se ha optado por aquellas iniciativas en políticas públicas. Esto no significa que sean inéditas en su contenido, sino que surgieron por decisión explícita del gobierno de turno.

Las fuentes documentales junto con las entrevistas en profundidad, semiestructuradas, a los informantes clave permitieron indagar acerca de las orientaciones de la política en comunicación desde el proceso de toma de decisiones: origen, postura del Estado, actores y “cristalizaciones institucionales” (Tasat, 2014). La selección de entrevistados se definió a partir de los cargos de responsabilidad pública máxima sobre las PPC, de forma tal que se trata de exsecretarios y exministros de Estado. Dado que el objetivo es analizar los sentidos políticos en torno a “la democratización de la comunicación” se pensó en un cuestionario que propugne una mirada reflexiva sobre la concepción de la democracia, comunicación, actores, impacto en la democratización de la comunicación, su relación con otras PPC y los contextos de toma de decisión. En esa dirección, constituyó una condición ventajosa que la mayoría de las entrevistas se realizaran por fuera del ejercicio de los cargos, lo que brindó la oportunidad de obtener un discurso relativamente despojado de la gestión en curso e integrado en la interpretación de un período ya transcurrido.

En cuanto a la selección de los entrevistados, busqué lograr representatividad de los distintos sectores, en función de la disponibilidad de agenda y de la saturación en las respuestas por las que consideré circunscribir el trabajo de campo en línea con los plazos establecidos por el plan de estudio del Doctorado en Comunicación (UNLP) y la beca Conicet para la financiación de la investigación.

Por otra parte, el kirchnerismo10 ha consignado diversas interpretaciones en cuanto a su particularidad de ejercer el poder, sus alianzas y sus políticas de Estado. En esa multiplicidad, la investigación doctoral concibió al período como una instancia de reconfiguración del Estado hacia lo social, inscripto en la tradición populista de los movimientos nacionales y populares de la Argentina.

Bajo esa determinación teórica, suscribo que “el lenguaje de un discurso populista –sea de izquierda o de derecha– siempre va a ser impreciso y fluctuante: no por una falla cognitiva, sino porque intenta operar performativamente dentro de una realidad social que es en gran medida heterogénea” (Laclau, 2005: 151). En consecuencia, esa construcción es política.

El libro se estructura en siete capítulos. En el primero expongo el marco teórico sobre categorías fundamentales en esta investigación. A partir de los aportes del giro lingüístico en las ciencias sociales, explico la centralidad del discurso social como la arena de disputa política por los significantes. En este caso, uno de esos significantes clave es la democracia que, como término, no tiene un sentido único, sino que es producto de asociación con otros conceptos –tales como libertad, igualdad, participación e institucionalidad, en correspondencia a su consolidación como sistema representativo dominante en Occidente–, de acuerdo con el contexto histórico. Esto evidencia que la democracia es un significante en disputa que puede adquirir sentidos particulares en un momento dado. Luego, abordo el concepto de “democratización de la comunicación” como interpelación al Estado y en las dimensiones que construí para su análisis. Y, como último apartado, desarrollo la perspectiva discursiva para el análisis de las PPC en estudio.

En el capítulo 2 contextualizo los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner no solo a partir de una serie de procesos sociohistóricos, políticos, económicos y comunicacionales, sino también de una discusión sobre la categorización de la lógicas de representación e institucionalidad de un modelo democrático. Es decir, no solo se intenta responder a la identificación del peronismo/kirchnerismo sino a la del populismo en términos laclausianos. Allí se describen las iniciativas en PPC del período.

En el capítulo 3 expongo el análisis de políticas que conformaron la renovación del marco regulatorio sobre comunicación, entre las que se encuentran la LSCA y Argentina Digital. Se trata del despliegue de las interpretaciones producto de la perspectiva discursiva de las políticas públicas en estudio, basada en documentos y en las entrevistas a los exfuncionarios públicos a los efectos de dar cuenta de las cristalizaciones institucionales sobre la comunicación, su democratización, las demandas, la noción de conflicto y los actores en juego.

El capítulo 4 está dedicado a un área clave de la intervención del Estado para la democratización de la comunicación como lo fue la infraestructura en telecomunicaciones, sobre todo aquellas iniciativas ejecutadas en el plan estratégico de Argentina Conectada. En el capítulo 5 expongo los resultados de las políticas que articularon la relación comunicación/educación como fue el caso del programa Conectar Igualdad. En el capítulo 6 me dedico a analizar las iniciativas en medios de comunicación de gestión estatal como nuevas pantallas que oscilan entre dispositivos de lo público y lo oficial. En el último capítulo se presentan los procesos y sentidos de las políticas culturales.

Finalmente, en las conclusiones se repasan los principales hallazgos sobre el período y se postula una lectura crítica sobre el derrotero de esas políticas tras la asunción de Mauricio Macri al gobierno en 2015.

Anexo

Existen antecedentes en investigación sobre aspectos parciales de las iniciativas en políticas públicas del período de estudio. Principalmente, la LSCA como nuevo marco regulatorio fue entendida como un cambio de paradigma de la concepción del Estado respecto de la comunicación: desde bien comercial hacia el reconocimiento de su valor como bien simbólico y social (Saintout, 2013; López, G., 2014; Nicolosi, 2014). Incluso, su proceso de discusión pública en foros es objeto de estudio desde que se expusieron las posiciones sectoriales (Tosoni, 2010; Busso y Jaimes, 2011; Guzmán, 2011; Segura, 2011b; Aulet, Gatti y Baccaro, 2012; Muniz, 2013). También la judicialización sobre la LSCA es retomada desde una perspectiva del derecho (Corbière y Güida, 2012; Gullco, 2013; Loreti y Lozano, 2014), mientras que otros trabajos focalizan en las acciones del ente para avanzar en el ejercicio pleno del texto legal marcando retrasos en detrimento del tercer sector (Becerra y Mastrini, 2011; Vinelli, 2011; Marino, 2014; Becerra, 2015). Otras iniciativas, como la creación de señales públicas temáticas –Pakapaka, DeporTV y Tecnópolis TV (TEC TV)– bajo la órbita de los ministerios de Educación y Deportes, y de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, respectivamente, conformaron “una nueva pantalla” (Smerling, 2015) de impronta educativa y cultural en la televisión pública. Por un lado, Pakapaka combina entretenimiento con educación y está dirigido al público infantil (Misiak, 2012), con la finalidad de brindar una opción en la grilla alternativa al sujeto niño-consumidor (Díaz, 2014) y con una producción de espectáculos en el espacio público como ferias y musicales (Fiorito, 2014). Asimismo, la señal TEC TV se dirige a la divulgación científica y al “despertar de vocaciones científicas” a través de diversos formatos de ficción y entrevistas (López, V. S., 2014).

A su vez, estos canales de exhibición se multiplican en plataformas digitales (Murolo, 2009; Roel, 2010; Fuenzalida, 2013) privadas, como YouTube, o públicos, como CDA y Conectate (Murolo, 2014; Maglieri, 2014; Caraballo, 2014). Otra de las señales de radiodifusión por cable y Televisión Digital Abierta (TDA) es INCAA TV. Esta última, con una propuesta de programación de cine latinoamericano, nacional y de autor, se basa en “la convivencia generacional, política, cultural y estético comunicacional de obras de nuestro país” (Gómez y Aon, 2014).

Por otra parte, la estatización de los derechos de televisación de los espectáculos deportivos denominados Fútbol para Todos (FPT) y Automovilismo para Todos (APT) llevó al debate social la cuestión del interés general, los límites acerca de lo público y lo comercial (Díez García, 2012) y el aspecto cultural (Rosboch y Cáneva, 2014).

En cuanto a la producción de contenidos, las señales ACUA Federal y ACUA Mayor concentran las ficciones sostenidas por el Fondo de Fomento Concursable para medios de Comunicación Audiovisual (Fomeca) y producidas en polos audiovisuales y/o centros de producción audiovisual (CEPA) (Gómez, 2012; Carboni y Labate, 2012). Estas iniciativas pueden ser analizadas en cuanto al impacto en puestos laborales que desconcentra la producción de los grandes centros urbanos (Nicolosi, 2014; Cáceres y Rodríguez, 2014) y genera nuevos contenidos, en cuanto temas y territorios (Borello y González, 2012; González, 2013, 2014).

Estas señales y producciones son vehiculizadas a través del plan de infraestructura en telecomunicaciones Argentina Conectada que contiene el programa de TDA en clave a los preceptos de la sociedad de la información (Rodríguez Miranda, 2011) y ante los desafíos del apagón analógico (Nemirovsci, 2011; Albornoz y García Leiva, 2012; González y Caraballo, 2014). Si bien su alcance técnico es poco cuestionado, existe una tensión entre la asequibilidad y su utilización (Rossi, 2014; Becerra, 2015). Por otro lado, el proceso de implementación de la TDT tiene sus antecedentes en otros países con particularidades locales como puntos en común: España (Califano, Carboni y Labate, 2012; Román Portas, 2012), México (Sosa Plata, 2011) y Brasil, que cuenta con la misma norma digital adoptada en la Argentina (Baccaro, Maglieri y Manchini, 2012), tal como se mencionó anteriormente. Al respecto, es necesario destacar que esta planificación es llevada a cabo por los desarrollos de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT SA) –de capitales públicos– que alcanzó diversos usos vinculados a la soberanía en telecomunicaciones (Naser, 2015).

También bajo el plan Argentina Conectada se encuentra el plan Conectar Igualdad dirigido tanto a la distribución de notebooks a docentes y estudiantes de colegios públicos como a la conectividad digital en los establecimientos educativos, entendida como una ampliación de derechos sociales (Fontdevila, 2012, 2015). Al respecto, es vasto el corpus de investigación en prácticas, innovaciones y narrativas en torno a lo educativo (Lago Martínez, Marotias y Amado, 2012; Vacchieri y Castagnino, 2012; Pini et al., 2012; Maggio, 2012). Sin embargo, a los efectos de los objetivos de este estudio, configuran aportes la contextualización de la inclusión digital en la región (Lugo, Kelly y Schurmann, 2012) y con respecto a las políticas educativas como canal Encuentro (Marés Serra et al., 2012) y evaluaciones de los programas en conjunto a las universidades (Kisilevsky, 2011).

Por otro lado, el período en estudio coincide con las discusiones en torno a la regulación de la convergencia digital a nivel mundial. En el plano local, el intento de regulación fue la Ley Argentina Digital, cuya reglamentación no establece límites claros sobre los servicios y la acción del Estado (Chaparro, 2014). Este punto, junto a un debate reducido sobre el alcance de la norma, es objeto de cuestionamientos por su contradicción con los valores de la gestación de la LSCA (Becerra, 2015) en medio de las tensiones jurisdiccionales de internet y las telecomunicaciones (Aguerre y Galperín, 2015).

1. Otros trabajos abordan las regulaciones estatales en clave de confrontación entre los medios y los actores políticos de suma influencia en la opinión pública (Koschützke y Gerber, 2011; Gómez Barragán, 2012) con origen en la Revolución Bolivariana (Sel, 2009, 2010) como construcción de un nuevo paradigma regional (Badillo, Mastrini, y Marenghi, 2012) con antecedentes europeos (Baranchuk, 2011), pero sin ser un proceso homogéneo (Barros, 2014, 2016). En este recorrido, se observa el protagonismo de los sistemas nacionales de medios públicos (SMNP) de la región, que presentan asimetrías por calidad de contenidos, financiación, audiencia y finalidad (Fuenzalida, 2013; Santamaría, García Castillejo, Becerra y Arroyo, 2013) y desde los modelos de gestión en pugna (Instituto de Estudios sobre Comunicación RTA, 2013). En suma, se observa la necesidad de un nuevo modelo que deje atrás las audiencias consumidoras en pos del ejercicio ciudadano (Rincón, 2005).

2. La sanción de la LSCA estuvo contextualizada por la puja política entre los conglomerados mediáticos y el gobierno (UNLP, 2009; Marino, Mastrini y Becerra, 2012; Biglieri y Perelló, 2013; Becerra, 2015), por lo que el público masivo recibía un contradiscurso constante y homogéneo, advirtiendo sobre los “peligros” del control de la prensa (Fair, 2010; Di Paolo, 2011; Merino, 2011).

3. Incluso en el libro compilatorio del Instituto Patria (2016: 114) sobre las políticas públicas del kirchnerismo 2003-2015 este enunciado persiste para la designación de “la nueva política para la democratización de la palabra en la Argentina”.

4. Los trabajos sobre el proceso democratizador de la comunicación en América Latina coinciden en identificar la primera década del siglo XXI como el momento de grandes avances en esa línea. Pero no indagan sobre el carácter polisémico de la democratización, desde el reconocimiento de la LSCA como “un paso sustancial hacia la democratización de las comunicaciones” (Baranchuk y Rodríguez Usé, 2011) hasta antecedentes que encuadran a todas las políticas locales, pos-LSCA, en una misma concepción a la que reducen a la desmonopolización (Sel, 2013).

5. Sobre las demandas de la academia, los trabajadores de prensa y las organizaciones sociales para la distribución de licencias de radiodifusión que democraticen la palabra, a través del reemplazo del decreto ley de radiodifusión y sus sucesivas reformas desde 1983, se recomiendan los trabajos de Segura (2011a, 2011b).

6. Se destacan los estudios sobre el proceso de concentración de la propiedad de los medios tradicionales en la década de 1990 a partir del capital extranjero y la convergencia tecnológica (Blanco y Germano, 2004) que provocó la mayor concentración en cuotas de mercado de audiencia y publicidad por empresas multinacionales (Becerra y Mastrini, 2009). En el marco de categorías de análisis sobre los medios, en un contexto de globalización, para influir en políticas públicas locales en forma de negocios bilaterales, directivas regionales y conductas comerciales multilaterales, ver Oszlak y O’Donnell (1981), Freedman (2006), Mastrini, de Charras y Fariña (2010).

7. Es el caso de las medidas de integración regional que incluyen la señal Telesur, en cuanto proyecto de comunicación contrahegemónico (Bisbal, 2006; Moya Padilla y Brito Delgado, 2006; Carballal Cano, 2009; Díaz, 2012) y la adopción de la norma japonesa-brasileña ISDB-T de la televisión digital terrestre (TDT), como un posicionamiento geopolítico y apuesta tecnológica (Monje, 2011; Castro y Belo Angeluci, 2012).

8. Es necesario distinguir la relación del gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) con los grupos mediáticos. Al respecto, algunos trabajos observan signos para entender la ruptura de ese paradigma político (Califano, 2007, 2012; Zunino, 2011; Marino, 2012), ya que se plantea que, a pesar del tono progresista de la administración, se tomaron medidas tendientes a favorecer la concentración de los, ya existentes, multimedios para lograr mayor legitimidad de la opinión pública frente al porcentaje electoral del 22%. De ese modo, se concibe una relación de complicidad entre el Estado y las corporaciones mediáticas, donde las decisiones son bilaterales, secretas y excluyentes de actores sin capacidad económica. Sin embargo, en ese mandato se impulsaron el canal Encuentro integrado a las políticas educativas (Díaz, 2013) y la participación argentina en la señal regional Telesur (Califano, 2007, 2012; Zunino, 2011; Marino, 2012; Díaz, 2012).

9. Respecto de esta diferencia de términos, Rubinich (1992) explica que la democratización significa que el Estado “baja la cultura al pueblo”: promueve el acceso de la ciudadanía a todos los bienes de la producción cultural, el arte y el conocimiento científico mediante la creación de nuevos públicos, canales y circuitos de difusión masivos. La hipótesis fundamental de una política de democratización cultural es que la mejor distribución reducirá las desigualdades entre las clases sociales en acceder a la cultura. Por otra parte, la política de democracia cultural consiste en “tomar la cultura del pueblo” (ibid.) con el fomento de la participación ciudadana en la producción cultural y, en especial, de sus formas autónomas y autogestivas. Por otra parte, el carácter polisémico de conceptos como democracia y democratización fue proclive a las oscilaciones de los organismos internacionales y los cambios en el consumo de bienes simbólicos en la sociedad civil global (Wortman, 2014).

10. Es la denominación que recibe el populismo construido en la sucesión de gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011 y 2011-2015), que configuraron una nueva identidad nacional y popular que retoma elementos emancipatorios del peronismo, del radicalismo (1983-1989) y de las demandas representativas de las asambleas populares de 2001.

CAPÍTULO 1 Democratizar la comunicación como horizonte de la política pública: un campo de estudios

La construcción de sentido se vincula a la dimensión performativa del lenguaje que distingue la acción de nombrar de la noción de un fundamento unívoco de cada concepto. En otras palabras, “los discursos no como conjunto de signos, sino como prácticas que forman sistemáticamente los objetos de que hablan” (Foucault, 1996: 81). En efecto, la palabra incide en la construcción de los problemas de los que son objeto en las políticas públicas al configurar al sujeto de derecho (Palma, 2014).

De modo que si esas iniciativas gubernamentales se designan como parte de “la democratización de la comunicación” se conforma un enunciado que se vuelve un hecho histórico al surgir de conflictos sociales que se imprimen en el discurso social (Angenot, 2010). Desde este punto de vista, se niega la existencia de una esencia en los conceptos al enfatizar la situación de enunciación como instancia clave para la formulación de interpretaciones válidas. Estos postulados devienen de los aportes de la lingüística, la filosofía del lenguaje, el psicoanálisis y las ciencias políticas insertas en las teorías del posfundamento, dado que el llamado giro lingüístico de las ciencias sociales concibe los discursos como una relación de significación social y disputa política.

En este capítulo me dedicaré a exponer el modo en el que la construcción de sentido ocupa la centralidad de la democracia no solo para la resolución de los problemas públicos sino para su propia concepción de lo democrático. Desde ese punto de partida, explico el modo en el que “la democracia” como significante fue transformándose hasta su radicalización como teoría y praxis política. Al respecto, la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos ha elaborado nociones respecto de la democratización de la comunicación como una interpelación a los Estados, a la que deben atender a partir de sus políticas públicas. Este apartado propone un recorrido por estas nociones conceptuales a los fines de configurar un constructo teórico para abordar la dimensión discursiva de la política pública para la democratización.

El problema de la construcción de sentido político

Desde los inicios de los debates occidentales en torno a la democracia como sistema de gobierno esta se encuentra intrínsecamente unida al ejercicio de la palabra y, en su análisis, a la formalidad del lenguaje como vehículo al conocimiento verdadero. El modelo topográfico platónico escindió al conocimiento en dos planos: lo sensible y lo esencial, donde este último implicó lo inmutable, puro y verdadero, es decir, el fundamento de las cosas. De forma tal que el proceso de conocimiento consistiría en descubrir la esencia de los conceptos y representar lo real. En consecuencia, se cuestionó la doxa como una opinión basada en el mundo de las apariencias y, así, se preservó la interpretación de lo verdadero.

Por ende, para alcanzar la definición de los conceptos, en cuanto ideas inmutables, el lenguaje configuraría su accesibilidad. Este modo de concebir al conocimiento fue dominante en el pensamiento occidental hasta la irrupción del psicoanálisis y los nuevos enfoques tanto en la lingüística como la filosofía del lenguaje, en los inicios del siglo XX. Las principales rupturas estuvieron dadas por la negación de la pureza del signo lingüístico –puesto que su valor proviene de la relación diferencial con otros en contextos determinados– (Saussure, 1981); la conceptualización del inconsciente que presenta la relación arbitraria entre los textos del contenido latente/contenido manifiesto (Freud, 2013) y el efecto de sobredeterminación del signo para explicar los cambios históricos (Althusser, 1968). Si no hay verdad, en el lenguaje hay interpretación.

Al respecto, Michel Foucault (1966, 1969, 1996) deconstruye el poder institucionalizador de la palabra y, por ende, de la legitimidad del conocimiento social. En esa labor explica que en el siglo XVI la pregunta reposaba en el modo de reconocimiento en que un signo designa lo que significa, mientras que a partir del siglo XVII se focalizará en la ligazón entre ambos. Esto generará dos tipos de respuesta de análisis: sobre la representación, en la época clásica; y sobre el sentido y la significación, en la modernidad.

En ese proceso, el lenguaje se vuelve un conocimiento y como tal un discurso, con la particularidad de que es el que ordena las representaciones del mundo. Esto es, que no se puede conocer por fuera de él. Entonces, ¿quién tiene la potestad de la designación, es decir, del nombrar? Por un lado, convivimos y reproducimos enunciados que conforman lo que Marc Angenot (2010) denomina discurso social: la totalidad de la producción social de sentido y de representación del mundo que establece los límites acerca de lo que se puede decir y pensar que, a su vez, configura los modos de interpretación de la realidad y de las relaciones sociales. En esa consolidación se sedimentan sentidos construidos, producto de los conflictos sociales de determinados períodos históricos que poseen ciertas condiciones de verdad y aceptabilidad (Foucault, 1996).

Este aspecto elude cualquier posibilidad de un contenido inédito y particular dado que cada uno de los sujetos reproduce intrínsecamente el discurso social. Pero existen actores de mayor peso en la construcción de sentido para alcanzar la hegemonía.

La conciencia de que los propios intereses corporativos, en su desarrollo actual y futuro, superan los límites de la corporación, de un grupo puramente económico y pueden y deben convertirse en los intereses de otros grupos subordinados. Esta es la fase más estrictamente política, que señala el neto pasaje de la estructura a la esfera de las superestructuras complejas, […] determinando además los fines económicos y políticos, la unidad intelectual y moral, planteando todas las cuestiones en torno a las cuales hierve la lucha, no sobre un plano corporativo sino sobre un plano “universal” y creando así la hegemonía de un grupo social fundamental sobre una serie de grupos subordinados. (Gramsci, 1970: 414)

Además, lo que aporta Gramsci es la noción de que la producción de discursos implica el ingreso a una disputa compleja sobre la hegemonía. Y si bien puede admitir rupturas, estas solo pueden resultar significativas, es decir, contrahegemónicas, cuando comprometen a un número significativo de enunciadores (Angenot, 2010).

Desde una perspectiva posmarxista, Ernesto Laclau y Chantal Mouffe propusieron una radicalización de la conceptualización de la hegemonía que consistió en un desplazamiento hacia lo discursivo, de forma tal que las prácticas hegemónicas articulen elementos en disputa por fuerzas antagónicas de fronteras inestables. Esto implica que no hay discurso ni posiciones objetivas en sí mismas –ni noción de contradicción–, sino que la lucha por el sentido consiste en establecer regularidades en la dispersión.

Hegemonía es, simplemente, un tipo de relación política; una forma, si se quiere, de la política; pero no una localización precisable en el campo de una topografía de lo social. En una formación social determinada puede haber una variedad de puntos nodales hegemónicos. Evidentemente, algunos de ellos pueden estar altamente sobredeterminados; pueden constituir puntos de condensación de una variedad de relaciones sociales y, en tal medida, ser el centro de irradiación de una multiplicidad de efectos totalizantes; pero, en la medida en que lo social es una infinitud irreductible a ningún principio unitario subyacente, la mera idea de un centro de lo social carece de sentido. (Laclau y Mouffe, 1985: 183)

Se puede afirmar que los límites del pensar y de enunciar son construidos por los contextos históricos en términos de verdad legítima, pero que no puede ser determinada individualmente sino que es el principal instrumento de poder de la hegemonía discursiva que puede ser detentada de manera contingente por fuerzas antagónicas. Esto implica una mayor problematización al momento de deconstruir enunciados.

En términos sencillos, se denomina enunciación al acto de decir o producir un discurso. Pero al considerar la situación comunicativa en la que acontece –quien lo produce, quien lo recibe, el referente y hasta el género discursivo– se configura un acto de enunciación. Entre ambos conceptos, la diferencia radica en la intención comunicativa con sentido pleno, por lo que ningún enunciado se puede pensar escindido, autónomo, singular o independiente de otros, sino que constituye un modo de intercambio social en el que los enunciados se entrelazan, refutan y/o debaten entre sí. Por esta característica, Mijaíl Bajtín (1982) entiende al discurso como una representación esquemática del mundo.

Asimismo, en su interior el enunciado cuenta con dos niveles: lo enuncivo, esto es la información contenida, y lo enunciativo, también denominado como enunciación, donde se despliega una escena enunciativa. Es decir que en el discurso se proyecta la imagen del mundo o de un objeto referencial, como también del enunciador y del enunciatario11 que no coinciden con los sujetos empíricos.

En suma, el análisis del discurso se vale de los elementos contextuales como la situación de comunicación, los enunciadores, para referenciar el enunciado y de ese modo construir una interpretación de su sentido. Esto implica una relativización del alcance de los significantes que una y otra vez se ponen en práctica.

En este sentido, es relevante destacar que la noción de discurso de Michel Foucault distingue elementos extradiscursivos, es decir, “un afuera del discurso”. Para Jacques Derrida (1994) no existe tal distinción. Incluso, ningún contexto agota al signo, de modo que una reiteración siempre implica una alteridad, una diferencia dada por la imposibilidad de la plena presencia del sentido. En la cita o iterabilidad, en términos del filósofo francés, la ausencia es constitutiva. Allí radica la restitución del sentido que acontece en la práctica.12

En suma, se ha observado el modo en que el discurso, como uso del lenguaje, se ha vuelto relevante en las ciencias sociales como instancia de producción de sentido, pero cuyo develamiento implica la problematización de la enunciación, del contexto y de los signos asociados, que ocluye la noción de la esencia inmutable de los conceptos.

Las relaciones políticas discursivas de la sociedad

La teoría del discurso en la ciencia política postulada por Laclau y Mouffe (1985) en Hegemonía y estrategia socialista implicó una ruptura con la topología marxista por una concepción en la que lo social/lo político es una estructura abierta al juego de las diferencias entre los significantes que constituyen a la sociedad. En otras palabras, las relaciones sociales no se fundamentan solamente en las relaciones de producción sino que son discursivas.

En esa línea, en La razón populista Laclau (2005) entiende las demandas populares como los signos que entran en asociación por medio de dos lógicas: equivalencia y diferencia. Así se establecen cadenas de significantes que nunca se cierran en sí mismas, sino que tienden a identificar (por lógica diferencial) al radical excluyente que es el antagonista. Esta figura no se corresponde con la contradicción sino con una otredad que impide ser una identidad en plenitud. En ese sentido, no es en sí misma una relación objetiva sino que muestra los límites de toda objetividad.

El límite de lo social debe darse en el interior mismo de lo social como algo que lo subvierte, es decir, como algo que destruye su aspiración a constituir una presencia plena. La sociedad no llega a ser totalmente sociedad porque todo en ella está penetrado por sus límites, que le impiden constituirse como realidad objetiva. (Laclau y Mouffe, 1985: 170)

En el modelo laclausiano, la existencia del antagonista es constitutivo de lo social y revela la dislocación originaria del orden. Es decir, es un factor que hace posible la unificación del sistema de manera paradojal en cuanto es el antagonista la condición de posibilidad y, a su vez, la imposibilidad del sistema (a esto Laclau lo llama la sociedad imposible). Es decir, cada uno de los elementos del sistema adquiere su identidad (o lo que en Saussure se denomina valor) de acuerdo a su vinculación con el resto; mientras que sostiene una equivalencia ante el elemento excluido o antagonista.

De ese modo, las demandas entran en interacción en el ámbito de lo social y lo que Mouffe (1999) denomina lo político,13 donde se dirime la correlación de fuerzas para disputar significantes. Por esta razón, la teoría de Laclau y Mouffe recibe la calificación de modelo retórico.

[E]xiste un desplazamiento retórico siempre que un término literal es sustituido por otro figurativo […] Imaginemos, no obstante, que esta carencia no es empírica sino que está vinculada con un bloqueo constitutivo del lenguaje que requiere nombrar algo que es esencialmente innombrable como condición de su propio funcionamiento […] Cualquier distorsión del sentido procede, en su raíz, de la necesidad de expresar algo que el término literal simplemente no transmitiría. En ese sentido, la catacresis es algo más que una figura particular: es el denominador común de la retoricidad como tal. (Laclau, 2005)

Ahora bien, en los términos siempre existe un sentido sedimentado dado por la hegemonía discursiva, que como ya se ha explicado no se puede escindir de lo político. Pero Laclau y Mouffe (1985) postulan que las cadenas de significantes son precarias. Estas adquieren representación cuando uno de los elementos se sobredetermina al asumir la universalidad que permite alcanzar la totalidad de la cadena. Esa pérdida de particularidad, que le otorga un carácter de opacidad, es el significante vacío.

En ese plano, “la política es posible porque la imposibilidad constitutiva de la sociedad solo puede representarse a sí misma a través de la producción de significantes vacíos” (Laclau, 1996: 84).

El significante vacío constituye un acto de poder en cuanto lo político se cristaliza en una articulación hegemónica que, ante la imposibilidad de la totalidad, excluye. No surge de cualquier posición, sino de aquellas que sobredeterminan las lógicas de diferencia y equivalencia. De esa manera, Laclau (1996) define la hegemonía como la institución de un orden social, producto de una voluntad de poder, que articula elementos heterogéneos de un sistema semicerrado y así asume una totalidad precaria.

En suma, la disputa política es discursiva al establecer asociaciones entre grupos sociales y demandas, en el forjamiento de una identidad dada por el nosotros/ellos. Al respecto, Derrida (1994) explica que si todo concepto de lo político está dado por la differance,14 es porque no es, sino que es un sentido que “está por venir”. Esto es, el funcionamiento de promesa para sostener la movilización de la sociedad.

En la iterabilidad del signo se ejerce una ruptura con su referente, que absorbe la diferencia y se expresa como marca. En consecuencia, no hay discurso que agote al signo, dado que es su fracaso constitutivo pero, a la vez, es la condición de posibilidad de la disputa política en cuanto búsqueda de la sutura del sentido, es decir, de la hegemonía.

En este libro, el eje de la disputa política recae sobre la democratización, porque se parte de que “ningún contenido tiene inscripto, en su especificidad, su significado en el seno de una formación discursiva, todo depende del sistema de articulaciones diferenciales y equivalenciales dentro del cual está situado” (Laclau, 2005). En esa línea, retomando a Derrida, si se trata de una disputa sobre un significante de lo político que se proyecta como horizonte, cuando se enuncia “democracia” ello implica “la democracia por venir”, en cuanto imposibilidad de alcanzar una sutura completa.

Democracia: orígenes, dislocaciones y proyecciones

Abordar el estudio del significante “democracia” implica enfrentar una polémica histórica y presente. Es que si bien el término nace en la Grecia antigua, su contenido es variable según las experiencias históricas, las múltiples interpretaciones sobre la voluntad popular, la participación, la representación y sobre todo en torno a la delimitación del “pueblo”. Dado que en su raíz etimológica demokratía deviene de demos (pueblo) y kratos (gobierno), la noción de que es el pueblo el que gobierna intenta diferenciarse de la aristocracia y la monarquía.15

En efecto, es vasta la bibliografía que discute conceptualizaciones y experiencias históricas, por lo que se configuran múltiples categorizaciones y clasificaciones de los enfoques de análisis. En ese plano pueden distinguirse las corrientes tradicionales en las teorías de la democracia: liberal, participativa, deliberativa o consensual y radical. Tal como lo indican investigadores de la temática (O’Donnell, 2000; Saavedra y Cabrera, 2005; Held, 2006; Nun, 2015; Rancière, 2012), la necesidad de adjetivar presupone aportarle claridad al sustantivo que tampoco es unívoco, ni esencialmente inmutable.

En cuanto a la democracia moderna liberal, su noción condensa instituciones cuyos orígenes se remontan a la Grecia antigua, al republicanismo clásico europeo, al liberalismo y a la construcción del gobierno representativo del siglo XVIII (Dahl, 1993). Si bien hay discusiones sobre sus fundamentos, en términos generales esta corriente defiende la liberación de la política respecto del control religioso y de la sociedad civil de la intervención del Estado –siempre entendido como republicano y constitucional– en pos de proteger la propiedad privada y la economía de mercado como mecanismos reguladores de los individuos.

Desde esta perspectiva se sostiene el vínculo entre la democracia y la libertad de expresión a partir de la participación directa en la polis ateniense del siglo V