La guerra cristera E-Book

Alicia Olivera

• Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Serie: Historia
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 417

Veröffentlichungsjahr: 2020

Beschreibung

La guerra cristera. Aspectos del conflicto religioso de 1926 a 1929, ofrece un panorama completo de los factores políticos, sociales y económicos que desencadenaron un conflicto armado entre la Iglesia y el Estado mexicanos. Con una gran labor documental, una redacción sencilla y recursos pictóricos, Alicia Olivera Sedano analiza uno de los enfrentamientos más icónicos y menos estudiados de la historia de nuestro país.

Leseprobe

ALICIA OLIVERA SEDANO (Toluca, 1933- Ciudad de México, 2012), licenciada en historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestra en historia de México por la misma institución e investigadora emérita del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), fue una reconocida profesora e investigadora pionera en los estudios sobre la guerra cristera. Precursora de la historia oral y fundadora de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, promovió el rescate del pasado a través de sus testimonios mediante el Programa de Historia Oral del INAH, el cual fundó en 1966, y el Archivo Sonoro. Es autora de numerosos volúmenes y artículos en revistas especializadas sobre la Revolución mexicana, los conflictos religiosos posteriores y la política del México contemporáneo.

SECCIÓN DE OBRAS DE HISTORIA

LA GUERRA CRISTERA

ALICIA OLIVERA SEDANO

La guerra cristera

ASPECTOS DEL CONFLICTO RELIGIOSODE 1926 A 1929

Prólogo CARLOS MARTÍNEZ ASSAD

Primera edición, INAH, 1966 Primera edición, SEP, 1987 Primera edición, FCE, 2019 [Primera edición en libro electrónico, 2020]

Diseño de portada: Neri Ugalde

D. R. © 2019, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México

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ISBN 978-607-16-6785-4 (ePub)ISBN 978-607-16-6601-7 (rústico)

Hecho en México - Made in Mexico

SUMARIO

Prólogo

Introducción

PRIMERA PARTE

I. Antecedentes lejanos del movimiento social y político de los católicos en México (1895-1914)II. Gestación de una rivalidad entre católicos y revolucionarios, principalmente carrancistas (1911-1914)III. Hostilidad incipiente de los directores del movimiento revolucionario frente a las actividades del clero y de las organizaciones católicas (1914-1918)IV. Organización decisiva de los católicos (1918-1924)V. Antecedentes inmediatos del conflicto religioso de 1926-1929

SEGUNDA PARTE

VI. El movimiento armado cristero de 1926 a 1929VII. Reanudación del movimiento cristero. Principios de 1927VIII. Situación general del movimiento armado cristero en 1927IX. Terminación del conflicto religioso de 1926 a 1929

Resumen

Conclusiones

Bibliografía general

PRÓLOGO

Una de las heridas más sangrantes de la historia de México es la del conflicto religioso de los años de gobierno del presidente Plutarco Elías Calles (1924-1928). Las relaciones entre la Iglesia y el Estado marcaron, sin embargo, un tiempo mayor y su definición fue fundamental en la consolidación del sistema político.

La Iglesia católica romana constituyó durante muchos años de la historia colonial e independiente un factor de poder, que se impuso en el país con todo el peso de una de las más antiguas instituciones, defensora de las buenas costumbres, lo mismo que transmisora de la herencia cultural. Paradójicamente, defendió a los indios y al mismo tiempo actuó con vehemencia en el funcionamiento del Santo Oficio. Como es sabido, su poderío no sólo se apoyó en el alma de sus comulgantes; aparte de sus intenciones espirituales, acumuló un poderío económico y una influencia definitiva en la política y sobre la sociedad.

En la segunda mitad del siglo XIX, con las Leyes de Reforma, la participación del clero en la vida civil disminuyó, cuando menos formalmente. La Iglesia no sólo fue desposeída de sus bienes, sino que el Estado la declaró incapacitada para impartir la enseñanza; le negó la posibilidad de dirigir los cementerios, y al instaurarse el matrimonio civil se le hizo a un lado para sancionar ese vínculo, con el objeto de restarle influencia sobre la familia. En ese entonces se redujeron las festividades religiosas, se censuró el encierro en los conventos y se estableció la libertad de prensa. Esas reformas llevaron a declarar formalmente la separación entre la Iglesia y el Estado el 12 de julio de 1859.

Todo eso transcurre en momentos de fuerte efervescencia ideológica y de continuas polémicas que van dando vida al liberalismo. El pensamiento político de los liberales los enfrenta al desafío de llevarlo a la práctica. Es la época de la Revolución de Ayutla y del antagonismo entre liberales y conservadores. Los principios de libertad e igualdad se anteponían a las ideas que propugnaban que todo siguiera igual. Los liberales vencen y luego resisten, antes de triunfar, a la Intervención Francesa, apoyados por un pueblo que busca la identidad a través de la nacionalidad. Así, el liberalismo se identifica con el federalismo; la nación adquiere un perfil más definido; la libertad y la igualdad consiguen un rango constitucional; la sociedad se seculariza, y el móvil de la democracia se hace presente para dar a la vida política un sentido más acorde con los tiempos nuevos.1

Sin manifestarse contrario a la política liberal, el general Porfirio Díaz asumirá una política de conciliación entre la Iglesia y el Estado, por la necesidad de unidad que, como vislumbra, se requiere para mantener la paz y evitar cualquier agresión externa. Sin mucha lógica con el pensamiento que cree reivindicar, Díaz reforzará los privilegios de unos cuantos, entre los que se cuentan los del alto clero, y permitirá la existencia de una oligarquía negada por los liberales. “El porfirismo, enjuiciado en su totalidad como fenómeno que dura 30 años, no es un descendiente legítimo del liberalismo. Si cronológicamente lo sucede, históricamente lo suplanta. Nuevos móviles económicos y un objetivo político distinto dan fisonomía bien diversa a ambas etapas históricas de México.”2

Con la Revolución de 1910, el asunto que durante 30 años permaneció en aparente concordia vuelve a tomar impulso en particular cuando el presidente Venustiano Carranza da a conocer su intención de reforzar las leyes anticlericales. Con la Constitución proclamada en 1917, el clero irrumpirá de nueva cuenta en la vida política, criticando principalmente los contenidos de los artículos 3 y 130. Con su discusión se afianzará la corriente jacobina, que insistía en la necesidad de abandonar la idea de neutralidad de la enseñanza, concebida por los constitucionalistas de 1857, para definirla de una manera más contundente en términos laicos, sin frontera con lo irreligioso. El laicismo de la educación se consideró insuficiente para hacerla acorde con los tiempos de cambio que se estaban gestando. “Si se deja la libertad de enseñanza absoluta —decía el diputado constituyente Francisco J. Múgica— para que tome participación en ella el clero con sus ideas rancias y retrospectivas no se formarían generaciones nuevas de hombres intelectuales y sensatos […]”3 La discusión de ese artículo desembocó finalmente en una propuesta que superó la moderación del proyecto sometido por Carranza, y se determinó que la educación sería laica, que ni las corporaciones ni los ministros de algún culto podrían formar o dirigir escuelas primarias, y que las particulares sólo se establecerían con la vigilancia oficial.4

Respecto al artículo 130, quedaría de hecho como estaba formulado en la Constitución de 1857 (artículo 129). En él se define el matrimonio como contrato civil; la ley no reconoce personalidad alguna a las iglesias; éstas sólo se crearían con la autorización y con la vigilancia del gobierno; se prohibía al clero participar en política; sólo los mexicanos por nacimiento podían dedicarse al culto; se impedía al clero asociarse para fines políticos, y se dejaba a las legislaturas estatales determinar el número máximo de ministros del culto.5

Por supuesto, la reacción del clero ante las decisiones del constituyente de Querétaro fue de desconocimiento y desacato, como la carta firmada por varios obispos en el destierro, y aprobada por el delegado apostólico y por el papa. Casi 10 años después, con la reedición de esa misma carta, “[…] el conflicto entre la Iglesia católica y el gobierno se desató”. El 27 de enero de 1926, El Universal publicó el documento donde el arzobispo de México, don José Mora y del Río, se pronunciaba apoyando la protesta del Episcopado del 24 de febrero de 1917, principalmente contra las cláusulas del artículo 130 constitucional.6

Los conflictos derivados de la decisión de Carranza surgieron en los años previos a la Constitución de 1917, cuando el Primer Jefe auspició se reglamentaran los cultos en el país. Alicia Olivera Sedano reseña en este libro los decretos que con ese efecto se dieron en el año de 1914 en Nuevo León, en el Estado de México, en Campeche y en otras entidades federativas. En 1918 se decretó en Coahuila que habría tres ministros del culto en cada población; en Jalisco se establecía uno por cada templo abierto o por cada 5 000 habitantes. En 1919, en Sonora el número se limitó a uno por cada 10 000 habitantes, y en Tabasco a uno por cada 30 000.

Las acciones del gobierno chocaron contra el muro que levantó el pueblo católico, anteponiendo principios opuestos resultantes de las distintas herencias del periodo de construcción de la nación mexicana. Al conflicto se le llamó cristero, con el apelativo con que fueron conocidos los combatientes que, al grito de “¡Viva Cristo Rey!”, incidieron en una de las crisis más profundas de los gobiernos posrevolucionarios. Los cristeros actuaron convencidos de hacerlo por una causa justa, defendiendo su fe amenazada y las creencias de sus antepasados. Fue una lucha secundada por sus hijos, sus mujeres, sus padres y sus abuelos; es decir, familias enteras coincidieron en un mismo propósito, no exento de paradoja: conservar su mundo espiritual en una lucha terrena.

La designación peyorativa no amedrentó a los cristeros: al contrario, les dio cohesión y unidad como grupo. Por ello, el libro de Alicia Olivera Sedano lleva como subtítulo Aspectos del conflicto religioso de 1926 a 1929, el más adecuado para describirlo en 1966 cuando se publicó. Tuvo que transcurrir el tiempo para que los actores de ese proceso encontraran el nombre que desde la academia reivindicara su movimiento: La Cristiada.7

Uno de los atributos del libro que se presenta es el de haber roto la conspiración del silencio que se le impuso a uno de los episodios más dramáticos de la historia reciente del país. Conspiración en la que se han enclaustrado los movimientos de los vencidos. Para su reconocimiento historiográfico tuvieron que pasar 40 años, quizá porque no se había captado que eludirlo dejaba un vacío en la interpretación de la herencia liberal del Estado mexicano y de su tránsito hacia la modernización.

Todo ello no indica que las vivencias de ese conflicto se hubieran olvidado por los participantes o por sus herederos ideológicos. Al contrario, las festividades y rituales recrearon una memoria colectiva que tuvo como epicentro el cerro del Cubilete en el estado de Guanajuato y como mejor medio difusor el púlpito, sin olvidar algunos periódicos parroquiales y revistas de alcance regional, y a veces nacional, empeñados en divulgar la tradición conservadora.

La aparente contradicción entre lo moderno y lo tradicional, por más que parezca esquemática, explica la fusión de las distintas tendencias históricas que incidieron en la construcción del México de nuestros días, porque finalmente tanto los vencidos como los vencedores tuvieron argumentos que permiten, si no justificarlos, cuando menos entenderlos.

La Iglesia defendió los espacios que la reglamentación de los preceptos constitucionales le arrebataba, por eso su desacuerdo con lo que se conoció como Ley Calles. Su bandera fue apoyada por un pueblo que había tenido en el cura de cada parroquia un guía para normar su vida y aprender de él sobre su conducta como católico y, por qué no, como ciudadano. El clero influía tanto en la educación informal como en la formal. A través de sus concepciones se explicaba al mundo y se conocían los aspectos más diversos de la cultura. En ese sentido, el sacerdote cumplió con las funciones del intelectual tradicional que teóricamente definió Antonio Gramsci. La relación entre la Iglesia y el pueblo fue tan arraigada que éste salió en su defensa cuando se creyó que su presencia en la tierra peligraba.

Por su parte, el Estado se empeñaba en transitar por el camino de la modernización, y la secularización de la vida social era indispensable para alcanzar el objetivo de orientar a la sociedad hacia su institucionalización. La construcción de un Estado poderoso que concentrara todas las decisiones requería, además de la unificación de los hombres fuertes dispersos por todo el país y la consolidación de un ejecutivo fuerte, la necesidad de desplazar al clero de las funciones políticas y de terminar con la influencia que mantenía sobre la sociedad. Pero, para terminar con la inestabilidad política y hacer a un lado los obstáculos para la reorganización de la economía, se debía poner coto a las aspiraciones de las distintas facciones que componían el ejército y a los sueños de poder de los caciques regionales, y concentrar el poder para evitar su fragmentación. En ese esquema, había que poner fin a todos los privilegios, incluidos los que el clero volvió a adquirir durante el Porfiriato, aunque nunca fueron tan vastos como ideológico fue su manejo. Junto a él, los latifundistas eran denunciados como opuestos al cambio que los tiempos nuevos requerían.

Como el propio presidente Calles lo explicaba en su informe de gobierno correspondiente al año de 1926, las medidas que había tomado respecto al clero estaban destinadas a “[…] evitar la subversión del orden social y el desquiciamiento del Estado”.8 Sin embargo, todo proceso que se inaugura con una revolución es violento, como lo demuestra la historia, y México no podía sustraerse a ese principio.

El jacobinismo como fase violenta para la consolidación de un nuevo régimen ni siquiera se inició con Calles, aunque encontró en su periodo su máximo apogeo. Las acciones jacobinas previas son atribuidas a los gobiernos liberales y luego a Carranza, en cuyo seno tomó vida el movimiento obregonista que centrifugó a las otras tendencias de la Revolución. El jacobinismo buscó unir, pero antes tuvo que destruir. Por eso, el conflicto entre la Iglesia y el Estado no podía mantenerse exclusivamente en el nivel de las ideas, y se llegó a la lucha a través de las armas.

Los cristeros, como nos dice la autora de este libro, se unieron espontáneamente, aunque sus antecedentes podían encontrarse en distintas luchas similares del siglo XIX. Ese espontaneísmo los fue uniendo a lo ancho del país, levantándose primero en Zacatecas, en el sur de Coahuila, en Jalisco y en Guanajuato, así como en San Luis Potosí, respondiendo al plan promovido por René Capistrán Garza. Esperaron luego el apoyo de los católicos de otros países y de otros continentes, que nunca llegó; como tampoco fue notable la ayuda de la alta jerarquía eclesiástica, que se concretó a las declaraciones, al principio en México, después desde el exilio. Según uno de los participantes, “[…] el movimiento armado entre los católicos en ese momento brotó como brotan las plantas cuando hay sol y cuando hay lluvia”.9 Se revela en esa sola frase la extracción campesina de los actores principales de ese proceso.

Ese espontaneísmo sólo lo contradice la formación de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, en marzo de 1925, aunque sus antecedentes se remontan a 1912. En su definición de principios destaca el objetivo de “[…] conquistar la libertad religiosa y todas las libertades que se derivan de ella en el orden social o económico, por los medios adecuados que las circunstancias irán imponiendo”.10 La organización fue inmediatamente considerada por el gobierno como sediciosa, lo cual no impidió que la acción de Capistrán Garza encontrara receptividad en las distintas zonas del país donde se estatuyó. Más adelante se creó un comité especial para tratar los asuntos relacionados con la guerra.

Los pertrechos militares reunidos por la Liga no pudieron igualar a los del ejército federal, que había sido capaz de poner fin a las intenciones de los delahuertistas en 1923. Por una parte, el ejército de Amaro, de Cedillo, de Almazán y de Cárdenas pudo cubrir varios frentes, cuando en 1927 aumentó la ofensiva cristera; y por la otra, cuando se rebeló una fracción de los militares al lado de los generales Francisco Serrano y Arnulfo Gómez en una aventura cuyo fin sangriento se inició en Huitzilac.

Estos últimos acontecimientos coincidían con la campaña por la reelección que había iniciado el general Álvaro Obregón para, después de una reforma constitucional, acceder por segunda ocasión a la presidencia de la república, haciendo a un lado la premisa de no reelección que desencadenó el proceso revolucionario. Varios atentados contra el triunfador de Celaya, atribuidos a los católicos, propiciaron un mayor enardecimiento y más medidas anticlericales por parte del gobierno. Sin embargo, Obregón fue finalmente abatido por el arma de un fanático católico en julio de 1928, cuando la expresión armada del conflicto estaba en auge. Justamente al finalizar ese año, Enrique Gorostieta y Velarde, quien sería el estratega más profesional de los cristeros, fue nombrado jefe militar del Movimiento Libertador.

En lo político, el conflicto entre los obregonistas y los callistas se hizo evidente. Calles superó la crisis concertando alianzas y recurriendo a los mecanismos institucionales implantados durante su régimen, lo cual se demostró con la propuesta de nombrar a Emilio Portes Gil presidente interino, encargado de convocar a nuevas elecciones.11

Mientras tanto, la Liga Defensora de la Libertad Religiosa se reestructuraba, dando todo el mando y otras importantes facultades al jefe militar, llamado también general en jefe de la Guardia Nacional. Para entonces parecía ampliarse la distancia entre el brazo militar del movimiento cristero y la alta jerarquía eclesiástica, que, aunque inicialmente mostró su acuerdo, ahora dejaba solos a los combatientes de una guerra que no era sólo suya.

El Episcopado mexicano había comenzado a buscar algunos acercamientos con el gobierno para llegar a una solución negociada, por medio de la cual se toleraría su ministerio y les serían devueltos algunos templos y otros edificios que el culto requería. Sin embargo, unos cuantos obispos siguieron apoyando a los ligueros y se pronunciaban por continuar la guerra. El fracaso de la rebelión del general Escobar, en quien los cristeros veían un eventual aliado, y la muerte de Gorostieta en 1929 fueron elementos que, junto con las presiones del embajador norteamericano y la actitud conciliadora del gobierno de Portes Gil, llevaron a la negociación. Los “arreglos” entre la Iglesia y el Estado se firmaron el 21 de junio de 1929.

En este libro, la autora nos indica cómo a través de ese acuerdo se estableció un modus vivendi, pero también cómo fue difícil para los combatientes aceptarlo. No obstante, se vislumbró el fin de una “guerra santa” con excesos de uno y otro bando, que, como Alicia Olivera Sedano apunta, parecía que hubiera sido inútil, porque se llegó a la misma situación que prevalecía antes que estallara el conflicto armado, cuando menos del lado de la Iglesia y de feligresía.

Sin embargo, el Estado había demostrado su capacidad para concertar alianzas y también lo efectivo de su máquina represora para someter a eventuales enemigos. Había mantenido unidos a los grupos y a las personalidades más poderosas de la familia revolucionaria, incluso pudo convocarlos para dar un paso más en firme por el camino de la institucionalización al crearse el Partido Nacional Revolucionario en marzo de 1929. El Estado había trascendido, además, las situaciones más críticas por las que tuvo que pasar después de la Revolución, y el jacobinismo del gobierno de Calles difícilmente podría entenderse si no se relaciona con la modernidad que el Estado alcanzó a partir de entonces.

Es cierto que los ánimos no podían calmarse de un día para otro, y el país todavía sería escenario de enfrentamientos entre la Iglesia y el Estado, en particular cuando los excesos anticlericales de algunos gobiernos locales pusieron en entredicho los acuerdos que supuestamente auguraban una convivencia tranquila. Pero el anticlericalismo, con mayor sesgo ideológico, se convirtió en otra bandera revolucionaria, junto al reparto agrario y a las reivindicaciones obreristas.

De hecho, fue hasta que el general Lázaro Cárdenas se afianzó en el poder que pudo poner fin a los continuos enfrentamientos entre católicos y jacobinos exacerbados. El culto católico se restableció lentamente en el país; incluso, en algunos estados del sureste de México, los templos se abrieron hasta casi diez años después de firmados los “arreglos”.

Ese es el episodio que con acierto, y por primera vez con el uso de los documentos producidos por los actores, estudia Alicia Olivera Sedano en un esfuerzo por rescatar del olvido parte de nuestra historia.

Carlos Martínez Assad

INTRODUCCIÓN

Muy abundante es el material que existe para el estudio del conflicto religioso en México durante los años de 1926 a 1929; sin embargo, pocas son las obras que pueden dar una idea más o menos exacta de lo que realmente fue ese movimiento social: de las razones que indujeron —tanto al gobierno como a los grupos católicos— a asumir actitudes tan radicales; de las características del movimiento cristero y de las consecuencias —tanto internas como externas— que el conflicto religioso trajo a nuestro país.

Dentro de este material contamos con obras de índole histórico y biográfico, con novelas, con folletos y hojas de propaganda de un bando o de otro, pero casi todo es notablemente partidista y por tanto sólo puede proporcionarnos datos parciales, además de que, por diferentes razones, alcanzó a veces poca difusión y, de cualquier forma, casi no se ha conservado.

Para este trabajo he procurado tomar en cuenta debidamente todas esas fuentes y he hecho lo posible por apreciarlas en su verdadero valor; no obstante, he tenido además la oportunidad de poder consultar un archivo que es de importancia decisiva para el estudio del conflicto religioso a que nos referimos y que por distintas razones no había sido conocido. Me refiero al Archivo de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, que por primera vez se está estudiando en su totalidad y el cual me encargó seleccionar el profesor Wigberto Jiménez Moreno, jefe del Departamento de Investigaciones Históricas del Instituto Nacional de Antropología e Historia para que pudiera ser microfilmado.1

Al realizar este trabajo pasaron por mis manos documentos originales valiosísimos y la mayor parte de ellos desconocidos. Naturalmente, en el estudio que ahora presento no he podido aprovechar toda esta colección de documentos, que es muy abundante, ni he tomado en cuenta todos los datos que ella puede proporcionar, pero sí he procurado basarme principalmente en ellos y aprovecharlos debidamente.

Voy a analizar los acontecimientos que ahora me propongo estudiar, no con el criterio de las personas que los vivieron, sino como miembro de la generación a la que pertenezco y de acuerdo también con las variaciones naturales que la evaluación de dichos acontecimientos han sufrido de generación a generación y con la plena conciencia de quien vive sus consecuencias.

PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROBLEMA

El conflicto religioso de 1926-1929 surgió al tratar de ponerse en práctica ciertas disposiciones de la Constitución de 1917. Por lo tanto, es necesario no sólo conocer cuáles eran estas disposiciones tocantes al culto y otros aspectos ligados al problema religioso, sino que es preciso conocer las fuentes ideológicas de donde procedían y los motivos que habían generado las diferentes actitudes que fueron asumidas al desencadenarse el conflicto.

Al encontrarse frente a frente los grupos contendientes de revolucionarios y cristeros, no sólo chocaban sus ideologías, sino que los hombres que pugnaban por ellas habían entrado en conflicto previamente, desde muchos años atrás, y, de modo particular, el grupo revolucionario no podía olvidar que entre los dirigentes del movimiento cristero existían varios a quienes se había considerado como colaboradores del régimen de Huerta durante los años de 1913 y 1914. Por esta causa, para entender lo que ocurrió de 1926 a 1929 debemos conocer también lo que sucedió en los primeros años de la Revolución mexicana.

Durante los gobiernos de Madero y Huerta, muchos católicos habían asumido una actitud militante en la política, pues el movimiento desencadenado el 20 de noviembre de 1910 ofrecía amplias garantías a todos para luchar por la libertad y la justicia social y muchos grupos de católicos que estimaban que sus libertades habían quedado coartadas con las Leyes de Reforma y las disposiciones derivadas de ellas, consideraron que había llegado el momento oportuno de luchar por lo que entendían como sus libertades esenciales. Ahora bien, como desde la caída del Imperio de Maximiliano los católicos no habían tenido la posibilidad de organizarse políticamente, en virtud de que se les imputaba que muchos de ellos y de sus pastores habían luchado contra la república, era natural que al aparecer desde 1911 en el horizonte político un partido católico, éste fuera visto con recelo por los liberales y los revolucionarios, quienes temieron que se resucitara el espectro del partido conservador.

En realidad, las cosas que ocurrían desde esta última fecha no eran simplemente un nuevo encuentro de conservadores católicos y liberales jacobinos, puesto que durante la larga administración del presidente Díaz nuevas corrientes de pensamiento social habían influido entre los que habrían de enfrentarse como revolucionarios o cristeros. Aquellos habían venido recibiendo una fuerte influencia del pensamiento socialista (que aún no desembocaba en el marxismo al promulgarse la Constitución de 1917, por lo que a México se refiere) y los últimos habían sido saturados de las ideas emanadas de la famosa encíclica Rerum novarum del papa León XIII que, si bien fue expedida en 1891, no parece haber dejado sentir su influencia en nuestro medio sino desde 1895 aproximadamente. Asimismo, la actitud ideológica socialista, antirreeleccionista y anticlerical que habían de asumir muchos revolucionarios, existía ya en germen entre algunos personajes que jugaron un papel decisivo desde 1892, como fueron los hermanos Flores Magón.

Por otra parte, debemos anotar que entre los hombres que participaron en el movimiento armado cristero, especialmente entre los campesinos y pequeños propietarios, existía una inconformidad originada por la defectuosa o nula solución que hasta ese momento la Revolución había dado a sus problemas.

Por lo tanto, estimamos preciso examinar algunos antecedentes que se remontan a los inicios del siglo XX, y a investigar cómo se fueron formando las dos actitudes ideológicas que habrían de enfrentarse fatalmente al surgir el conflicto religioso en 1926.

PRIMERA PARTE

I. ANTECEDENTES LEJANOS DEL MOVIMIENTO SOCIAL Y POLÍTICO DE LOS CATÓLICOS EN MÉXICO (1895-1914)

1. REPERCUSIÓN DE LA ENCÍCLICARERUMNOVARUMY LOS CONGRESOS CATÓLICOS

Puede afirmarse que las actividades cívicas y políticas de los católicos en México hasta el año de 1911, o sea, cuando se declaró fundado el Partido Católico Nacional, casi no existían.

Durante la dictadura del general Porfirio Díaz, el grupo católico se concretó a trabajar por medio de la Asociación Social Católica. Se organizaron grupos, sociedades mutualistas y diversos círculos de obreros con fines y procedimientos muy moderados en comparación con los grupos de obreros también, pero de cariz socialista, que existían al mismo tiempo.1

El profesor Moisés González Navarro2 distingue en las actividades de la Iglesia católica mexicana, frente al problema obrero, dos momentos separados por la publicación, en 1891, de la encíclica Rerum novarum: el primero, entre 1877 y 1891, en que los católicos mexicanos defendieron la vieja doctrina de la caridad; y el segundo, de 1891 hasta la caída del régimen de Porfirio Díaz en 1910, en que se acogieron a los principios del catolicismo social (así llamado por ellos), cimentado en la doctrina que el papa León XIII dio a conocer en la encíclica Rerum novarum, punto de partida de un nuevo movimiento católico-social.

La obra social católica del papa León XIII puede dividirse en dos partes: la primera abarca el periodo comprendido desde 1878 —o sea, desde su elevación al trono pontificio— hasta el 15 de mayo de 1891, en el cual formuló sus primeras encíclicas;3 la segunda se encuentra contenida exclusivamente en la publicación, el 15 de mayo de 1891, de la encíclica Rerum novarum que trata la cuestión obrera. En ella expuso una nueva corriente en el campo católico-social, que ya se había perfilado en los trabajos del primer doctor en este campo, Guillermo Emmanuel Ketteler, obispo de Maguncia, quien fue en Alemania el verdadero fundador de la escuela católico-social y a quien León XIII llamó su “ilustre predecesor”.

Efectivamente, entre la Rerum novarum y las enseñanzas sociales de Ketteler contenidas en un programa que desarrolló en 1879 ante una asamblea de obreros, existe gran similitud.4 A la muerte de Ketteler, León XIII tomó la bandera de las nuevas teorías por las que propugnaban los miembros de la Iglesia y las llevó a la culminación en la Unión de Friburgo, en la cual se reunieron, para tratar esos temas, los más célebres sociólogos católicos de toda Europa. De los trabajos y tesis expuestos allí nació la Rerum novarum elaborada por el pontífice, y ésa fue la base de la doctrina social católica.

El documento pontificio causó gran impacto en la sociedad de entonces, pero principalmente sobre los socialistas, quienes protestaron contra la noción de propiedad privada admitida por el papa, aunque comprendían que la Iglesia, al atacar al socialismo ateo que tendía a abolirla, era lógica consigo misma. Entre los liberales se combatió también el documento desde sus bases, alegando que la Iglesia debía circunscribirse al culto y el papa no debía apartar los ojos del cielo, dejando al Estado la misión de intervenir en los conflictos de la producción y el trabajo para defender la justicia. Sin embargo, la evolución natural había marcado ya un nuevo paso en el campo de la doctrina católica —el social— desde el cual empezaron a trabajar los católicos de toda Europa.

Curiosamente, en México no encontramos bases para afirmar que la influencia del documento pontificio en las cuestiones sociales hubiera sido inmediata. Aunque aquí se imprimió su texto desde 1891, quizá no fue sino hasta 1895 cuando los católicos empezaron a comentar el contenido de la encíclica.

El primero, aparentemente, que aludió a ella con cierta amplitud fue el orador y periodista Trinidad Sánchez Santos, quien en un discurso pronunciado el 7 de marzo de 1895 hizo un análisis del documento en un estilo literario que podríamos calificar de declamatorio, usual entre los oradores de aquel tiempo. Consideró la encíclica como la única salvación del género humano al afirmar que:

En medio de tan universal ausencia de energías y de resistencias, de tan universal trastorno de proyectos, cuando ante el cataclismo y el terror social el Estado bambolea, la ley se acobarda y la ciencia se rinde, he aquí, señores, que aparece una columna invulnerable y luminosa, cual la que guió la peregrinación mosaica a través del desierto. Todas las miradas de las naciones se vuelven a ella, todas las esperanzas, cual palomas perseguidas, vuelan a posarse en su cumbre eminente; todas las manos crispadas por la pavura se tienden a ella, a la vez que un grito unánime del género humano resuena en todos los ámbitos del globo, diciendo como un eco de terror de Genesaret: “¡Salva, salvanos quia perimus!, ¡es León XIII!”

Siete años después exclamaba:

León XIII ha salido al frente con energía de Santidad, con asombrosa independencia de criterio, con valor y, hasta alguno dijera, con temeridad de sabiduría dio un golpe de muerte al sancionar la democracia francesa, y declarar que toda forma política de gobierno, con tal que sea moral yque no ataque los derechos de la Iglesia, cabe dentro de la esfera del Evangelio… y esa gran obra de León XIII marcará señores, una nueva época en el sendero político, y por lo tanto, social de los pueblos.5

Fue también en aquel año de 1895 cuando en una publicación conocida con el nombre de Colección de Documentos Eclesiásticos de Guadalajara,6 se dio a conocer una carta del papa León XIII al arzobispo de Tarragona, Tomás Costa y Fornaguera, en la cual se recomendaba, entre otras muchas cosas “[…] que se trabaje con denuedo en provecho de la religión”. Y se añadía:

[…] alabamos, por lo tanto, en gran manera, e inculcamos que se celebren frecuentes congresos; que se publiquen periódicos en todo conformes a las reglas prescritas por la Sede Apostólica y que dejen a salvo el respeto que se debe a los que ejercen autoridad; que se fomenten las asociaciones de trabajadores y otras obras semejantes. Pero con muchísimo más encarecimiento exhortamos a los católicos a unirse cada vez más estrechamente al Pontífice Romano, que en la tierra tiene las veces de Cristo Nuestro Señor.

Ya en otra carta del mismo papa, dirigida a los arzobispos y obispos de los Estados Unidos de la América del Norte, fechada el 6 de enero de 1895 y publicada en la misma colección,7 se mencionaba la encíclica y se asentaba, como punto importante para la conservación de la fe:

[…] que los católicos deben asociarse preferentemente con los católicos, a menos que les sea preciso obrar de otra manera. A la cabeza de su asociación así formada, pónganse sacerdotes o seglares de autoridad y buenas costumbres, y bajo la dirección y consejo de ellos, esfuércense en realizar pacíficamente lo que parece útil a sus intereses, al tenor principalmente de las reglas que consignamos en nuestra encíclica Rerum novarum.

También Moisés González Navarro, en su trabajo anteriormente citado, señala que los primeros esfuerzos en el campo católico-social mexicano, influidos por la doctrina de León XIII, aparecieron desde el año de 1895: “A partir de la aparición de la Rerum novarum —dice—, algunos católicos empezaron a aplicar el pensamiento de León XIII a la realidad mexicana”; entre otros señala a:

J. de Jesús Cuevas, que pedía que los latifundistas no consideraran a sus peones como cosas accesorias a sus ganados, y que los industriales no pagaran a los obreros su salario con hambre y tuberculosis; como Ramón Ibarra González, obispo de Chilapa, Gro., que pidió en 1895 que los ricos, reviviendo el apostolado seglar, ayudaran a las misiones indígenas.8

Como Atenógenes Silva, obispo de Colima, que pedía se crearan talleres cristianos y asociaciones obreras para conseguir “no la absurda igualdad aritmética de todos los hombres, sino la geométrica o proporcional factible y verdadera”, en el sermón que pronunció el 20 de febrero de 1897 en la Catedral de Guadalajara con motivo de la tercera sesión solemne del Concilio Provincial de la misma ciudad.9

Los congresos católicos

La idea de instituir congresos católicos en México existió desde 1885, cuando se proyectó celebrar uno el 8 de diciembre en la Ciudad de México con representantes de todos los estados de la república; sin embargo, este congreso tenía más bien el fin de renovar el juramento del Patronato Guadalupano en México y no el de fomentar la obra católico-social.10 Fue hasta 1903 en que, inspirados en la célebre encíclica, tuvieron lugar varios congresos católico-sociales.

El de Puebla fue el primero y se llevó al cabo del 20 de febrero al 1º de marzo de ese año.11 En éste, el licenciado Miguel Palomar y Vizcarra, delegado de Jalisco, propuso por primera vez la creación en México de las Cajas Raiffeisen. Se trató también sobre la creación de círculos de obreros que tendrían como fines principales, además de los de índole religiosa, el de difusión de los conocimientos técnicos necesarios para procurar el mejoramiento económico de aquéllos, así como el problema indígena y el del establecimiento de escuelas de artes y oficios.

El Segundo Congreso Católico-social fue celebrado en Morelia del 4 al 12 de octubre de 1904. Sus fines fueron esencial y primariamente religiosos, pero se trató también la cuestión obrera, llegándose a los siguientes acuerdos: impartir la instrucción primaria a la clase obrera; establecer escuelas agrícolas, de artes y oficios y de talleres; fundar círculos de obreros, patronatos y gremios, así como emprender una campaña contra los contratos de enganche, que tan grande estrago hacían entre los campesinos de la república.12

El Tercer Congreso Católico y Primero Eucarístico se efectuó en Guadalajara del 19 al 28 de octubre de 1908. En él se adoptaron medidas en relación con el problema obrero, y después de confirmar las resoluciones de los congresos anteriores, se dieron las siguientes conclusiones: obligación del patrono de tratar al obrero como hombre igual que él; obligación del patrono de respetar en el obrero su dignidad personal, atendiendo a su sexo y edad; obligación de concederle el descanso dominical; obligación de crear escuelas para la instrucción de los obreros y sus hijos; obligación de los patronos de pagar a los obreros su salario íntegro y en dinero en efectivo. Además se proclamó que, según las enseñanzas del pontífice León XIII:

[…] el justo salario individual nunca debía descender del salario mínimo y debía ser suficiente para el sostenimiento de un obrero honrado y sobrio; que el justo salario familiar tampoco debía bajar del mínimo bastante para que la familia de un obrero honrado y sobrio pudiera conservarse; que, por último, estos salarios debía encontrarlos el hombre y, con suma justicia, pedirlos a su patrono, en cambio de su trabajo.13

En 1909 se celebró el Cuarto Congreso Católico, en Oaxaca, los días 19 a 22 de enero, organizado por el arzobispo Eulogio Gillow.14 Este Congreso de Oaxaca trató como tema principal el problema indígena. Las conclusiones a que se llegaron en esta ocasión no se dieron a conocer en una memoria especial, como se había hecho en los congresos anteriores, porque al poco tiempo los sucesos de la Revolución de 1910 impidieron que se editara; sin embargo, aquéllas fueron publicadas más tarde en el libro Reminiscencias de monseñor Gillow.15

El programa consta de cuatro capítulos y cada capítulo de varias partes. Se trataron, principalmente, temas sobre la educación de los indígenas, especialmente desde el punto de vista religioso, político, de la propagación del idioma castellano como medio indispensable para su educación integral, así como sobre la multiplicación de escuelas rurales. En lo que respecta a higiene, se trataron diversos temas sobre la mejor forma de combatir el alcoholismo, la mejora de la alimentación, del vestido y de la habitación de los peones del campo. Relativo a la elevación del nivel moral, se trataron especialmente puntos sobre el respeto que se debe a la propiedad ajena, medios para combatir el concubinato y el adulterio, así como los medios para difundir la vida cristiana entre la gente del campo, contrarrestando en esta forma la propaganda “impía”. En lo relativo a la agricultura, se propuso un plan para la enseñanza práctica agrícola, llamando la atención dentro de esta parte a la importancia que dan al estudio de los medios para evitar la erosión de las tierras. También se propuso el establecimiento de tiendas en las fincas rurales. Se formularon planes para el mejoramiento y la elevación del nivel cultural de los trabajadores indígenas de las minas y, por último, sobre el mejoramiento de los que trabajan en las diferentes industrias, destacándose en este capítulo lo relativo a la forma de evitar huelgas doctrinales y el que las ideas socialistas y comunistas se propagaran entre los obreros, así como los medios prácticos para hacer cesar las dificultades entre el capital y el trabajo; también se discutió sobre la fundación de círculos de obreros y el mutualismo.16

Este Congreso, realizado en la ciudad de Oaxaca, tuvo especial importancia, ya que por primera vez en el México independiente se trató con amplitud dentro de una asamblea el grave problema de “nuestra raza indígena” y se propusieron medios y soluciones que, se pensaba, eran los más adecuados para resolverlo.17

Junto a los congresos católicos-sociales se celebraron los congresos agrícolas. De éstos se efectuaron dos en Tulancingo, Hidalgo: el primero, promovido por el doctor José Mora y del Río, obispo de la diócesis y más tarde arzobispo de México, celebró sus sesiones del 9 al 12 de septiembre de 1904, teniendo como fin exclusivo, según la convocatoria, “deliberar sobre los medios prácticos de procurar el mejoramiento moral y material de los trabajadores del campo”. Los temas que se trataron fueron: medios de combatir la embriaguez, medios de proteger la existencia de la verdadera familia entre los trabajadores del campo; protección de la niñez campesina; medios de aminorar la miseria de los trabajadores del campo y algunos asuntos propiamente económicos relacionados con los campesinos.18 El Segundo Congreso Agrícola se llevó a efecto también en Tulancingo, del 4 al 8 de septiembre de 1905, y en él se continuó la discusión de los temas presentados en el congreso anterior. En Zamora se celebró el tercero en 1906. En estos congresos se trataron especialmente cuestiones relacionadas con la suerte de los trabajadores del campo, incluyendo la elevación del jornal, la campaña contra la embriaguez, la protección a la infancia y los medios para remediar la miseria de los peones.

También fueron famosas las semanas sociales. La primera se celebró en Puebla en 1908; la segunda en León en 1909; la tercera en la Ciudad de México en 1910, y la cuarta en Zacatecas en 1912. En éstas se trataron temas sobre el mejoramiento de la clase indígena, la desvinculación de los bienes agrícolas de la usura entre los agricultores, del reparto de tierras y del “bien de familia”.19

Resultado de estos eventos y del movimiento provocado por ellos fue el establecimiento definitivo de los Círculos de Obreros Católicos en muchas poblaciones de la república, en cuyo seno se iniciaron algunas obras sociales. Lo llamamos “definitivo” porque, según informes verbales, ya existía desde años antes un movimiento en este sentido, como lo prueban los trabajos del padre Troncoso en la Ciudad de México y los del padre Antonio Correa en Guadalajara. Como ejemplo de los círculos de obreros tenemos, en primer lugar, el Círculo de Obreros de Oaxaca, establecido y fomentado por el canónigo de aquella diócesis, José Othón Núñez. En él estableció la división por oficios como primera tendencia hacia la organización profesional. Este círculo contaba en 1908 con 1 335 socios divididos por profesiones. Cuando el canónigo Núñez pasó después a la diócesis de Zamora como obispo, trabajó también por la organización de los obreros y campesinos de la región. En enero de 1911 había más de 25 círculos de obreros en otros tantos pueblos, con un total de 8 380 socios.20

Por esta misma época, el 18 de diciembre de 1911, se constituyó también la Confederación de Obreros Católicos de la República mexicana y más tarde, en 1913, se fundó en México el Círculo de Estudios Sociales León XIII, que tenía como director al padre Alfredo Méndez Medina, S. J. Miembros de este círculo emprendieron entonces la publicación de un importante periódico de carácter social destinado al pueblo con el nombre de La Unión Popular, que fue suspendido después de algunos meses de vida.

Según informes verbales del propio padre Méndez Medina, más o menos en el mismo año de 1911 nació la idea de organizar reuniones de esos círculos de obreros para tratar con ellos temas que tuvieran como fin el mejoramiento social, económico y moral de todos sus miembros. En este sentido se efectuó una primera reunión —de la cual no ha podido saberse la fecha exacta en que se realizó— y que, según nos manifestó Miguel Palomar y Vizcarra, se llevó a cabo en el mismo año, siendo de carácter absolutamente privado y con propósitos preparatorios para la siguiente reunión general.

Fue así que, en enero de 1913, se celebró en Zamora la segunda reunión de la Gran Dieta de la Confederación de Círculos de Obreros Católicos. En ella se trataron temas tan importantes como las ventajas que proporcionan a los obreros las cajas de ahorros; cómo lograr dicho ahorro por medio de los seguros de vida, accidentes, matrimonio y familia, y la orientación que debía dárseles a través de la acción social católica. El padre Méndez Medina dio lectura en esta reunión a un interesante informe que concluía con la exposición de un programa en el que se daban a conocer los puntos sobresalientes: el primero proponía, entre otras reivindicaciones, “facilitar la organización y protección de la clase media a través de asociaciones independientes de empleados, particulares y del Estado, de pequeños industriales, de pequeños comerciantes”, etcétera; el segundo consistía en pedir a los poderes públicos:

[…] que reconocieran la personalidad jurídica de los sindicatos profesionales, con derecho de propiedad mueble tan amplio como los necesitasen; derecho de jurisdicción profesional sobre sus miembros, esto es, jurisdicción en asuntos estrictamente profesionales, en los cuales nadie mejor que los del oficio podían juzgar competentemente, y derecho de representación cerca de los poderes públicos… Que reconozcan además a los sindicatos, cámaras sindicales y asociaciones privadas semejantes, el derecho de fijar tarifa de salarios sobre la base de un salario equitativo en sí mismo y socialmente conveniente.21

En esta convención de los Círculos de Obreros Católicos de la república estuvieron representadas 50 agrupaciones, con un total de 15 539 socios, de los cuales 1 225 pertenecían al Distrito Federal y 13 284 a los foráneos.22

Se había trabajado también por la formación de una agrupación de estudios sociales católicos, que en ocasión del Congreso Católico-social celebrado en Oaxaca en 1909 al fin logró José Refugio Galindo, cuyos socios se distribuyeron en toda la república. Se llamaron operarios guadalupanos, habiendo figurado entre sus filas varios prelados y sacerdotes seglares interesados en estudiar las cuestiones sociales de nuestro país. Esta sociedad celebró varias reuniones anuales de mucha importancia desde el punto de vista de la elaboración de ideas y trabajó también en el terreno religioso, social y cívico, preparando la organización, más tarde, del Partido Católico Nacional, que pretendía plasmar en leyes las proposiciones que se habían dado en los congresos católicos, considerando que, si su grupo no tenía representación en el gobierno, resultaban absolutamente inútiles todos sus esfuerzos, ya que trabajaban en un medio político contrario a ellos, como era el del liberalismo dominante.23

Vale la pena hacer notar que de esta forma el grupo católico entraba abiertamente a la lucha política y que de manera paralela a la adopción de ciertos postulados de justicia social con la Revolución de 1910, defendían, a su modo, esas reivindicaciones, coincidiendo en ese punto y parcialmente con las aspiraciones de los socialistas de la Casa del Obrero Mundial, instaurada en 1912, y con el ideario de la revolución zapatista, plasmado en los planes y proclamas que este movimiento lanzó en 1911. Como se ve, aunque desde posiciones discrepantes, los más diversos sectores coincidían en sus anhelos de reforma social que por una u otra causa tendían a acabar con las injusticias del antiguo régimen. Se había creado, pues, un clima propicio a cambios profundos en la estructura social.

Cooperativismo

Consecuentemente con lo anterior, en los congresos católico-sociales también se propusieron temas como el de la introducción del Sistema de Cajas Rurales Raiffeisen, que, debido a su importancia, creemos que merecen mención especial. Dicha iniciativa fue propuesta por el licenciado Miguel Palomar y Vizcarra, de quien se ha dicho que realizó “[…] uno de los esfuerzos más notables y trascendentales que se han hecho en materia de cooperativas de crédito agrícola, y a quien justamente se le llamó en su tiempo apóstol del cooperativismo de crédito Raiffeisen”.24 Palomar y Vizcarra, abogado católico tapatío, que más tarde jugó un importantísimo papel dentro de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, formuló sus conclusiones desde 1902 y las dio a conocer ante el Congreso Católico de Puebla celebrado en 1903, donde presentó una interesante ponencia en la que proponía que se aprobase su idea de crear cajas rurales de crédito para liberar al campesino de las garras del usurero. Dicha proposición fue aprobada más tarde en el Congreso de Guadalajara y ratificada después en los congresos agrícolas de Tulancingo y Zamora a los que hemos hecho referencia, hasta que en 1910 se procedió a la fundación de algunas cooperativas foráneas, siendo la primera la de Tapalpa, Jalisco, el 6 de abril; la segunda, la de Arandas, también en Jalisco, el 19 de julio, y una tercera, la de Atitalaquia, en Hidalgo, el 1º de agosto. Sabemos que estas cooperativas progresaron, pero la revolución carrancista interrumpió sus trabajos y no pudieron saberse los resultados. Sin embargo, la idea quedó latente y es interesante advertir que justamente en la época de mayor conflicto entre el gobierno y los católicos —o sea, bajo la administración del general Calles— se hizo una publicación oficial acerca de las Cajas Raiffeisen.25

Podemos anotar como otra de las realizaciones de este movimiento católico el establecimiento del Secretariado Social —institución sostenida por las Congregaciones Marianas—, las Conferencias de San Vicente de Paúl y algunas otras obras de asistencia social fomentadas por diversas asociaciones católicas. Años más tarde se estableció también la Confederación Católica del Trabajo que agrupó numerosos sindicatos católicos de la república.

Otro logro de este grupo durante el Porfiriato fue la publicación de una cantidad considerable de libros, folletos, revistas y periódicos, los cuales abordaron temas sociales e informaron sobre las labores desarrolladas por las diferentes asociaciones de católicos. De todas esas publicaciones podemos anotar, entre otras, las revistas La Democracia Cristiana, de Tulancingo; Restauración Social y Archivo Social, de Guadalajara; La Paz Social y Acción y Fe, de México.26 Fue muy importante la obra de defensa católica iniciada y sostenida en la prensa: La Voz de México (1870-1909), fundada por el licenciado Rafael Gómez, y que tuvo como colaboradores a los abogados Aguilar y Marocho, José de Jesús Cuevas, Miguel Martínez y Tirso R. Córdoba; El Amigo de la Verdad (1870-1914), que fue diario desde 1900; El Pensamiento Católico (1871-1878) y El Derecho Cristiano (1888-1889), fundados y redactados por el licenciado Benigno Ugarte, entre cuyos colaboradores estuvo el licenciado Francisco Elgueros; El Tiempo (1883-1912), de Victoriano Agüeros y El País (1899-1914), de Trinidad Sánchez Santos; La Linterna de Diógenes (1887-1908), fundado por el licenciado Bruno Romero y dirigido por el profesor Atilano Zavala, así como El Regional (1904-1914), primer diario católico de Guadalajara, debido al presbítero Luis G. Romo y a otros católicos jalisciences.27

2. ORGANIZACIÓN DE LOS CATÓLICOS EN UN PARTIDO POLÍTICO. SU ACTUACIÓN (1911-1914)

Los católicos en México durante el régimen de Porfirio Díaz, como ya se ha visto, pudieron trabajar en el terreno social y cívico, mas no en el político. En realidad, durante los 30 años de gobierno de Díaz no hubo una persecución organizada contra ellos; es más, puede decirse, como lo asegura Banegas Galván, escritor católico, que esos años de paz permitieron la multiplicación de:

[…] los obispos, los sacerdotes, los religiosos y las monjas […] y vino como consecuencia esa amplitud de trabajo y de acción que no puede negarse: el culto fue grandioso, muchas las asociaciones piadosas, innumerables las misiones, frecuentes las romerías y frecuentísima para muchos la recepción de los Santos Sacramentos.28