La historia política del Nunca Más E-Book

Emilio Crenzel

• Herausgeber: Siglo XXI Editores
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Serie: Pasados que Insisten
• Sprache: Spanisch
• Veröffentlichungsjahr: 2024

Seitenzahl: 433

Beschreibung

En la noche del 20 de septiembre de 1984, a menos de un año del retorno de la democracia en la Argentina, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) entregó al presidente Alfonsín el informe de su investigación. Su título era "Nunca Más". En la Plaza de Mayo, setenta mil personas participaban del acto. Este libro reconstruye la historia del emblemático informe y muestra las luchas libradas en torno a la memoria de un pasado conflictivo y las pugnas entre distintos actores por establecer una interpretación. En un relato claro y apasionante, Emilio Crenzel cuenta cómo fue la elaboración del informe, su circulación y sus usos en la esfera pública, y explica por qué la frase "Nunca Más" sintetiza en el presente un sentido sobre este pasado, pero a la vez sobre el futuro. Basándose en entrevistas a los integrantes de la Conadep, dirigentes políticos, miembros de los organismos de derechos humanos e intelectuales, muestra cómo la investigación logró constituir un nuevo conocimiento y una nueva verdad pública sobre las desapariciones y sus responsables. Examina, además, la utilización del texto en el Juicio a las Juntas Militares y en numerosas producciones culturales sobre el tema. A cuarenta años del Nunca Más, cuando vemos crecer las voces que niegan, justifican y/o reivindican la persecución política organizada por la dictadura, esta nueva edición actualizada del libro de Emilio Crenzel se vuelve fundamental para repensar la memoria del pasado reciente, que no es lineal sino materia de disputa y controversia.

Leseprobe

Índice

Cubierta

Índice

Portada

Copyright

Dedicatoria

Prefacio a esta edición

Introducción

1. Desaparición, memoria y conocimiento

Desapariciones y violencia política en la Argentina

Las desapariciones y la memoria

Desapariciones, conocimiento y denuncia

2. Investigar el pasado. La Conadep y la elaboración del Nunca Más

El fin del silencio

Dos demonios y dos comisiones

¿Por dónde empezar?

Los testimonios

Explorar y descubrir el horror

Nunca Más. La investigación de la Conadep en la televisión

Las justicias

La escritura

Entre la plaza y el libro

3. El informe Nunca Más

Una nueva lectura del pasado

La exposición de la verdad

Las responsabilidades jurídicas

Una nueva memoria emblemática

4. Usos y resignificaciones del Nunca Más

Los primeros lectores

El Nunca Más y el Juicio a las Juntas Militares

El símbolo escindido

Una bandera de los organismos de derechos humanos

La transmisión de la memoria

El infierno resignificado

A veinte años del golpe

El Nunca Más en las aulas

Los perpetradores contra el Nunca Más

Itinerarios recientes. El gobierno de Kirchner y el nuevo prólogo del Nunca Más

Los nuevos lectores

Conclusiones

Bibliografía

Agradecimientos

Anexo 1. Portadas de las ediciones del Nunca Más publicadas en la Argentina

Anexo 2. Portadas de las ediciones del Nunca Más publicadas en el exterior

Anexo 3. Portadas de la edición del Nunca Más publicada en fascículos por Página/12

Anexo 4. Portadas de los libros del Fores y de Miguel Etchecolatz

Emilio Crenzel

La historia política del Nunca Más

La memoria de las desapariciones en la Argentina

Crenzel, Emilio

La historia política del Nunca Más / Emilio Crenzel.- 1ª ed.- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2024.

Libro digital, EPUB.- (Pasados que Insisten)

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-801-312-1

1. Historia Política. 2. Relaciones Sociales. 3. Historia. I. Título.

CDD 306.0982

© 2008, Siglo Veintiuno Editores Argentina S.A.

<www.sigloxxieditores.com.ar>

Primera edición impresa: 2008

Primera edición impresa: 2014

Primera edición impresa: 2024

Diseño de colección y de cubierta: Emmanuel Prado / manuprado.com

Foto de cubierta: Alejandro Cherep

Digitalización: Departamento de Producción Editorial de Siglo XXI Editores Argentina

Primera edición en formato digital: febrero de 2024

Hecho el depósito que marca la ley 11.723

ISBN edición digital (ePub): 978-987-801-312-1

Para Tomás, con amor, siempre

Prefacio a esta edición

En la noche del 20 de septiembre de 1984, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) entregó, en la Casa Rosada, el informe de su investigación al presidente Raúl Alfonsín. Se titulaba Nunca Más.[1] En la Plaza de Mayo, 70.000 personas participaban del acto. Vista desde hoy, esa Argentina parece otro país. Los autores de los crímenes de la dictadura más sangrienta de su historia todavía integraban las Fuerzas Armadas y medio siglo de intervencionismo militar en la vida política hacía temer por la democracia. El mundo y la región también eran otros. En los Estados Unidos, los neoconservadores redoblaban la apuesta, en el contexto de la Guerra Fría, por derrotar al comunismo, guerras civiles desangraban Centroamérica, y dictaduras de seguridad nacional gobernaban Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

“Después de la verdad, ahora la justicia” era la consigna del acto. Un día antes, el jefe del Estado Mayor del Ejército desmintió que hubiera inquietud en los cuarteles, aunque reconoció que, “como toda la ciudadanía”, estaban expectantes del informe y, tras ello, reivindicó la “lucha antisubversiva”. Mientras tanto, los servicios de inteligencia, cuyos agentes habían actuado durante la dictadura, alertaban al presidente sobre posibles disturbios.

Tras el acto, un nutrido grupo de manifestantes junto a las Madres de Plaza de Mayo, que no habían participado de la entrega del informe, marcharon hacia el Palacio de Tribunales para reclamar que la justicia civil actuase en las causas por violaciones a los derechos humanos. Nadie imaginaba, entonces, que el informe Nunca Más se convertiría en la pieza acusatoria clave en el Juicio a las Juntas Militares y en la memoria canónica sobre las desapariciones en la Argentina.

Cuarenta años después, este informe revela una vigencia notable. Es de consulta obligada en los juicios por crímenes de lesa humanidad, para la búsqueda de restos de desaparecidos, de los menores apropiados por las fuerzas represivas y para decidir los ascensos en las Fuerzas Armadas. También juega un papel clave en la transmisión de la memoria. Hasta 2022, lleva vendidos 631.330 ejemplares y se reedita periódicamente; testimonios incluidos en sus páginas guían a los visitantes en los sitios de memoria, integran los manuales de historia en la escuela media y su título es una consigna que encabeza muchos de los actos por los derechos humanos. En el plano político, la interpretación de su prólogo sobre el pasado de violencia ocupa un lugar central en los debates sobre los años setenta y su título se erige como consigna para enfrentar los discursos que niegan, relativizan o justifican los crímenes de lesa humanidad. Pero además su valoración ha trascendido las fronteras nacionales. El Nunca Más se convirtió en un antecedente insoslayable para las decenas de “comisiones de la verdad” creadas a escala global, en contextos de transición de la dictadura a la democracia y de la guerra a la paz, para exponer en sus informes las violaciones masivas de los derechos humanos negadas o relativizadas por sus perpetradores.

Mientras realizaba el doctorado en la Universidad de Buenos Aires, comprendí la importancia del Nunca Más para examinar la memoria que se forjó en la Argentina sobre las desapariciones y los desaparecidos y sus cambios y continuidades desde 1983. Por eso, investigué su historia. El trabajo se inscribió en un contexto en el cual el pasado reciente y la memoria cobraron legitimidad académica como objetos de estudio y renovada presencia pública tras la reanudación de los juicios por violaciones a los derechos humanos, la activación del recuerdo de la militancia de los años setenta y la multiplicación de políticas públicas, como la creación de sitios y fechas alusivas, para transmitir la memoria.

Desde la primera edición de este libro, en 2008, el Nunca Más fue objeto de nuevas disputas. En primer lugar, en el ámbito jurídico. En el marco de la reanudación de los juicios penales por crímenes de lesa humanidad como resultado de la lucha del movimiento de derechos humanos, se ampliaron las investigaciones a crímenes perpetrados en democracia como la Masacre de Capilla del Rosario o durante el Operativo Independencia, sucedidos en 1974 y 1975 y, en paralelo, se examinaron las responsabilidades en las desapariciones de gerentes y empresarios, como en la “causa Ford”. De este modo, estos juicios desestimaron la periodización del informe de la Conadep que restringía a la dictadura y a las Fuerzas Armadas la responsabilidad en las desapariciones y otros crímenes de lesa humanidad.

En segundo lugar, estos enfrentamientos estuvieron vinculados a las políticas de la memoria desplegadas por sucesivas conducciones del Estado. Como se analiza en este libro, en 2006, bajo el gobierno de Néstor Kirchner, con motivo del trigésimo aniversario del golpe, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación incluyó un nuevo prólogo que confrontó con la interpretación del período de violencia propuesta por el prólogo original del informe de la Conadep. En 2012, esa edición fue reeditada y exintegrantes de la Conadep volvieron a rechazar el prólogo añadido y, a la vez, denunciaron la supresión de la firma de Ernesto Sabato, presidente de la Comisión, al pie del prólogo original. Sustracción y adición, entendían, reflejaban la política de “apropiación de la memoria” por parte de los gobiernos kirchneristas. Pese a que la Editorial Universitaria de Buenos Aires (Eudeba) recordó que el prólogo nunca llevó firma, se inició una campaña para que próximas ediciones incluyesen la del escritor. En 2016, al asumir la presidencia Mauricio Macri, el informe volvió a editarse sin el prólogo añadido en 2006 y mantuvo, como en la versión original, ese primer prólogo sin firma.

En ese contexto, se redoblaron las luchas por ampliar o restringir las fronteras de la categoría de “víctima”. Los defensores de la “lucha antisubversiva” denunciaron la inclusión, en el anexo de la edición de 2006 que contenía la lista de víctimas, de combatientes armados muertos o desaparecidos durante gobiernos constitucionales entre 1973 y 1976, objetaron las reparaciones que recibieron sus familiares y renovaron su reclamo para que se repare a las víctimas de la guerrilla y se juzgue a sus responsables. En el mismo período, comunidades originarias y el colectivo LGBT demandaron la inclusión de víctimas que no habrían sido contempladas en el informe de la Conadep en el marco de reclamos por derechos del presente. Estas disputas pusieron en evidencia la legitimidad alcanzada por la figura de la víctima, fenómeno por cierto global, consagrado en la Argentina por el Nunca Más. En este marco, el reconocimiento jurídico y político de esta condición trágica se convirtió, paradójicamente, en un objetivo codiciado y, por ello, fue motivo de enfrentamientos para que contemple o excluya a diversos grupos.

Las controversias en torno al Nunca Más y las políticas estatales de la memoria dieron un giro bajo el mandato de Mauricio Macri (2015-2019). El presidente condenó en términos genéricos la violencia política, diluyendo la especificidad de los crímenes de lesa humanidad; calificó a los derechos humanos como un “curro”. Funcionarios de su gobierno vincularon la estimación, por parte del movimiento de derechos humanos, de la cifra de desaparecidos, con la intención de beneficiarse de reparaciones económicas. También negaron la existencia de un plan sistemático de desaparición forzada de personas, y, de forma coincidente, la Corte Suprema dispuso la ley del “2x1”, cuya aplicación, impedida por una inmediata y masiva movilización popular, hubiese dejado en libertad a buena parte de los condenados.

Por último, bajo el gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) comenzó a gestarse el desafío más agudo al Nunca Más cuando, en el marco de la pandemia del covid-19 que potenció la aguda desigualdad social, proliferaron expresiones negacionistas, relativizadoras y/o reivindicadoras de los crímenes de la dictadura. En ese contexto, una fuerza política novedosa, La Libertad Avanza (LLA), retomó el discurso castrense que calificaba las violaciones sistemáticas de los derechos humanos como “excesos de la guerra antisubversiva”, a la vez que incluyó, en su programa de gobierno, la enajenación de los bienes públicos, la supresión de derechos y la represión de la protesta social.

Así, durante la campaña electoral de 2023, “Nunca Más” se constituyó en una de las consignas privilegiadas para enfrentar el avance de esta fuerza política, cuya victoria, saludada por líderes mundiales con orientaciones xenófobas que reivindican dictaduras y regímenes totalitarios, evidencia que las luchas por la memoria no asumen un sentido lineal y progresivo, sino que dependen de contextos políticos variables en función de las relaciones de fuerzas.

Las intervenciones reseñadas evidencian la erosión del régimen de memoria propuesto por el Nunca Más. Desde distintos ángulos, discuten su periodización del proceso de violencia en función de la dicotomía entre democracia y dictadura, las fronteras que estableció respecto del universo de víctimas, su focalización exclusiva de la responsabilidad en las Fuerzas Armadas, y la distinción que estableció entre los crímenes de Estado y la violencia guerrillera.

El más grave y radical de estos cuestionamientos lo constituye hoy la negación, relativización y/o justificación de los crímenes de lesa humanidad en boca de la conducción del Estado. Ese peligro se ve acentuado por la creciente distancia temporal de los hechos, lo que promueve la indiferencia –sobre todo entre las nuevas generaciones–, las urgencias de un presente signado por la pérdida de la capacidad de ejercicio efectivo de los derechos y en el que se erigen voces que, con apoyo popular, cuestionan la propia condición de sujeto de derecho.

Este libro da cuenta de estas controversias desde un enfoque que aporta a los desafíos planteados por el estudio de la historia reciente y la memoria en la Argentina, y privilegia, para ello, el análisis de una de sus expresiones sustanciales. Parte del presupuesto de que la memoria social es resultado de luchas políticas y que existen sentidos que determinados grupos logran tornar hegemónicos en la escena pública. En función de esto, examina las iniciativas de actores estatales y de la sociedad civil que intervinieron en la elaboración, circulación y resignificación del informe, colocando para ello en correspondencia procesos políticos de escala trasnacional, regional y local. Basado en diferentes fuentes documentales y testimoniales, estas páginas eluden sacralizar tanto el papel escrito como las voces de los testigos, a partir de una reconstrucción crítica que contrasta evidencia empírica de origen diverso. Por estas razones, pese a que esta reedición no analiza las disputas más recientes que tuvieron por centro al Nunca Más, contribuye a esclarecer estos procesos. Entrego, entonces, nuevamente este libro al lector. Lo hago con la emoción de ver aquí la historia que comenzaba a concitar mi atención cuando caminé hacia la Plaza de Mayo, tras la bandera del centro de estudiantes de Sociología, en esa noche, cada vez más lejana, del 20 de septiembre de 1984.

Emilio Crenzel

Buenos Aires, noviembre de 2023

[1] Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Buenos Aires, Eudeba, 1984.

Introducción

En 2004, al cumplirse en la Argentina un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, un profesor de Educación Física intentó alcanzar la cumbre más alta de América, el cerro Aconcagua. El hecho no habría trascendido el carácter de una prueba deportiva si no hubiera tenido por meta colocar allí una placa con una sentencia en defensa de la dignidad humana y la memoria colectiva rubricada con la leyenda Nunca Más, junto con una réplica de la tapa del informe de la Conadep y una bandera argentina. Unos meses después, en septiembre de 2004, al cumplir cien años el barrio de Agronomía de la Ciudad de Buenos Aires, sus vecinos decidieron guardar en una cápsula, para ser abierta cincuenta años después, un ejemplar del Nunca Más.[2]

Ambas iniciativas ilustran el valor que este informe ha adquirido en vastos sectores de la sociedad argentina para evocar la última dictadura militar, la desaparición de personas y la violencia política sucedidas en el país en los años setenta, al punto de ser imaginado, a la vez, como un legado para las futuras generaciones. Precisamente, la meta de la investigación que aquí se presenta radicó en entender, por medio del estudio de la elaboración, la circulación pública y las resignificaciones del Nunca Más, los procesos políticos a través de los cuales este libro alcanzó esta condición.

El informe Nunca Más fue elaborado por la Conadep, integrada por personalidades de la sociedad civil y representantes de la Cámara de Diputados de la Nación. Creada por el presidente constitucional Raúl Alfonsín el 15 de diciembre de 1983 tras el retorno de la democracia a la Argentina, la Conadep tuvo por objetivos recibir denuncias y pruebas sobre las desapariciones y remitirlas a la justicia, investigar el destino de las personas desaparecidas y la ubicación de niños sustraídos, denunciar a la justicia todo intento de ocultar o destruir pruebas vinculadas a estos hechos y emitir un informe final.[3]

El Nunca Más expuso la responsabilidad del Estado en la estructuración y el funcionamiento del sistema de desaparición y las características y dimensiones de este. De inmediato, este informe se convirtió en un éxito editorial sin precedentes. Según la Editorial Universitaria de Buenos Aires (Eudeba), responsable de su publicación, desde su lanzamiento en noviembre de 1984 hasta 2022 alcanzó los 631.330 ejemplares vendidos, 45.000 de los cuales corresponden a traducciones en diferentes idiomas y publicadas en el exterior. La importancia pública del Nunca Más se potenció cuando la investigación de la cual fue resultado, con su estilo narrativo y expositivo, vertebró en 1985 la estrategia de la acusación de la fiscalía en el Juicio a las Juntas Militares, y el tribunal legitimó su condición de verdad al aceptar su calidad probatoria.

Asimismo, el tratamiento original del pasado de violencia política en la Argentina convocó la atención de los actores que impulsaban el proceso de democratización en la región. En este contexto, la Conadep y el Nunca Más fueron analizados por los Estados y diversas organizaciones de derechos humanos como vehículos para tramitar y exponer la violencia política que atravesaron las sociedades del continente en las décadas del setenta y del noventa. A partir de ello, las comisiones de la verdad se constituyeron en la región en el principal modo de producir un saber y una verdad sobre estos procesos y, más allá de que estas investigaciones estuvieran o no asociadas a procesos judiciales o que sus informes propusieran otras estrategias narrativas y explicativas, el Nunca Más argentino fue un modelo insoslayable para todas.[4]

Desde mediados de los años noventa, el Nunca Más ingresó en la Argentina en un nuevo ciclo de difusión masiva al ser postulado como un medio para transmitir a las nuevas generaciones un sentido del pasado de violencia política y dictadura. Entonces, fue incorporado al currículo educativo, editado por entregas en periódicos de alcance nacional e incluido en películas sobre el período. Su título fue inscripto en innumerables placas, usado como consigna política y postulado como nombre para diversos museos de la memoria proyectados para preservar y transmitir lo ocurrido. Con estos usos, el Nunca Más conservó su lugar de privilegio para interpretar lo ocurrido en los tiempos de violencia, pero, a la vez, sus sentidos fueron objeto de múltiples resignificaciones.

Precisamente, el carácter cambiante en las maneras de evocar el pasado fue una de las claves interpretativas centrales desde el surgimiento de los estudios sobre memoria colectiva. En 1925, Maurice Halbwachs revolucionó la manera de pensar la memoria al proponer que los individuos no recuerdan de manera aislada, sino en grupos espacial y temporalmente situados que, mediante marcos específicos, otorgan sentido a sus experiencias. Sostuvo también que el pasado no podía ser recordado a voluntad y en su totalidad, ya que su evocación implicaba procesos de selección a partir de los intereses y valores del presente. Así, la memoria comenzó a pensarse en clave plural, dada la multiplicidad de grupos sociales, y el sentido del pasado abandonó su condición de “cosa” inmutable, susceptible a la aprehensión literal de la voluntad privada, para entenderse como fruto de la dinámica política y cultural y, por ende, de las luchas por dotarlo de significado.[5]

Estas proposiciones guían, hasta hoy, las investigaciones en este campo de estudios. En los años ochenta, esta línea de investigación cobró un renovado impulso, por un lado, al calor de la crisis de los Estados nacionales y de los grandes relatos que explicaban el pasado y el presente y proponían horizontes de futuro; por otro, debido a la aceleración del tiempo social producto de las inéditas transformaciones tecnológicas, de la expansión de la cultura de la memoria en la vida pública y privada, y de la revitalización del debate y la evocación pública del genocidio nazi. Curiosamente, el impacto de las experiencias límites y violencias extremas en la memoria no había sido estudiado por Halbwachs, pese a haber escrito en los años signados por el influjo en la conciencia europea de la Primera Guerra Mundial. Paradójicamente, Halbwachs fue asesinado en 1945 en Buchenwald, uno de los campos de concentración nazi.

El surgimiento de esta área de estudios en la Argentina coincidió con los procesos mencionados anteriormente en el mundo occidental. A mediados de los noventa, la memoria comenzó a constituirse en objeto de investigaciones académicas, centradas sobre todo en la violencia política y la última dictadura.

Con relación al Nunca Más, han existido investigaciones que lo tomaron como objeto de estudio desde diferentes perspectivas. Un primer grupo se ocupó del informe y la Conadep, e intentó comprender el tratamiento de las violaciones a los derechos humanos desde una perspectiva comparativa, enfocando las similitudes y diferencias de las diversas comisiones de la verdad instituidas tras guerras civiles y regímenes dictatoriales a escala internacional y latinoamericana, y las interpretaciones que sus informes propusieron sobre estos hechos.[6]

Un segundo grupo se abocó a entender las continuidades que presentó y los cambios que introdujo el Nunca Más en las representaciones e ideas sobre las violaciones a los derechos humanos y, por otro lado, las repercusiones de su perspectiva en el proceso político. Dentro de este conjunto, la investigación de Hugo Vezzetti estuvo guiada por una mirada comprensiva que, aunque no se centra en el Nunca Más, ofrece una interpretación global sobre su papel en la conformación de la memoria en relación con la dictadura y los desaparecidos, sus lazos con la justicia y con las variaciones recientes de la memoria social sobre estos hechos.[7]

De este modo, los antecedentes de investigación muestran la importancia medular del Nunca Más en el surgimiento de una nueva verdad pública sobre las desapariciones, su relevancia jurídica, su impacto en el proceso político local, su trascendencia en el plano de las representaciones e ideas sobre este pasado, su constitución como un vehículo legítimo para transmitirlas y un modelo para exponer otros procesos de violencia política a escala internacional. Pese a ello y al acuerdo existente en el campo de estudios de la historia reciente en la Argentina sobre el carácter canónico del informe, hasta aquí no se había abordado su historia política; esto es, los procesos que signaron su elaboración, su circulación, usos y resignificaciones, como un objeto específico de investigación.

El análisis de la historia del Nunca Más se diferencia de los otros estudios sobre la trayectoria de libros o lemas de trascendencia universal, elaborados hace más tiempo, que atravesaron cambios políticos drásticos y fueron utilizados en distintos contextos nacionales, y, por ello, se convirtieron en objetos de mayores y más profundas reinterpretaciones.[8] El breve derrotero de este informe, en términos históricos, exige recaudos metodológicos específicos propios del trabajo sobre la historia reciente. Si bien toda intervención académica es pasible de ser objeto del debate público y de usos diversos, la vigencia política y judicial en la Argentina de la historia en la que se inscribe el Nunca Más somete especialmente este tipo de investigaciones a la interpelación del sentido común y establece límites en la palabra de los entrevistados y en el acceso a las fuentes. Esta última dificultad se potencia por la condición aún inaccesible de los archivos en poder de los perpetradores de las desapariciones, pero también por la ausencia en el país de marcos legales para la consulta de los documentos públicos sobre el pasado reciente.

Asimismo, las marcas subjetivas que dejaron estos hechos requieren del investigador un cuidado especial por la sensibilidad del entrevistado, pero, a la vez, que pueda trascender la empatía con quien atravesó una experiencia límite para no reproducir, respecto de la palabra del testigo, la fetichización positivista de los documentos escritos.

En función de ello, esta investigación ha combinado diversas aproximaciones metodológicas propias del análisis cualitativo y ha examinado un amplio corpus de fuentes. Se analizaron la prensa nacional y la provincial, revistas y semanarios políticos y de actualidad, la prensa partidaria, periódicos de los organismos de derechos humanos y la prensa partidaria, y documentos oficiales entre 1983 y 2007.

Asimismo, se examinaron diversos acervos, entre ellos parte del archivo de la Conadep, el de Eudeba y el de Memoria Abierta, asociación esta última que reúne los acervos de la mayoría de los organismos de derechos humanos, fondos audiovisuales y estudios de opinión pública. Se efectuaron cuarenta y siete entrevistas parcialmente estructuradas a integrantes y personal de la Conadep, dirigentes políticos y de los organismos de derechos humanos, responsables, diseñadores y traductores de las ediciones locales y extranjeras del informe, y otras sesenta, a modo de aproximación exploratoria, para comprender el “mundo de los lectores”, inmediatos y recientes, del Nunca Más. Por último, se llevaron a cabo observaciones de campo de diversos actos públicos en los que se evocó a la Conadep y al Nunca Más. Así, sin dejar de considerar las reglas específicas que regulan el uso de cada fuente, se procuró aprovechar y articular sus potencialidades y asegurar una validación múltiple de las proposiciones efectuadas.

Este libro se compone de cuatro capítulos. En ellos se analiza el proceso de elaboración del Nunca Más, su contenido y la historia de las prácticas que explican sus usos y resignificaciones. El primer capítulo presenta un panorama de la historia política argentina del siglo XX y precisa los rasgos que distinguieron a las desapariciones en esa intensa historia de violencia política. Expone, luego, el carácter heterogéneo del conocimiento y el reconocimiento de los atributos y la naturaleza de las desapariciones entre sus denunciantes y, por otro lado, la configuración paralela entre ellos de un discurso homogéneo, basado en una narrativa humanitaria, para denunciarlas. El capítulo contribuye a pensar los obstáculos específicos que instalaron las desapariciones en el plano del conocimiento, y la evocación y la adopción, por parte de diversos actores, de un estilo de relato sobre la violencia de Estado que se propone como antecedente del que adoptó el informe Nunca Más.

En el segundo capítulo se estudia el proceso político que enmarcó la investigación de la Conadep. Se analiza cómo esta Comisión constituyó un nuevo conocimiento sobre la dimensión del sistema de desaparición y un corpus probatorio inédito para juzgar a sus responsables, a partir de la articulación de la voluntad de la conducción del Estado y la mayoría del movimiento de derechos humanos. En este sentido, el capítulo postula una nueva interpretación sobre la naturaleza de la Conadep y de su investigación, que en los estudios sobre la historia reciente argentina y en la literatura internacional sobre justicia transicional es vista solo como una comisión de “personalidades” o “notables” a través de la cual el Estado se pronunció acerca de las violaciones a los derechos humanos.

El capítulo propone, en cambio, que el éxito de su investigación y el propio informe Nunca Más expresó la síntesis del esfuerzo compartido de los dos actores mencionados. Si, como señala Raoul Girardet, “la historia de cualquier símbolo empieza en general con un enigma, el del misterio de sus orígenes”, este capítulo contribuye a develar cómo se constituyó esta narración e interpretación del pasado reciente que se volvió su representación emblemática.[9]

El tercer capítulo analiza la interpretación que propone el Nunca Más sobre la violencia política, examina el estilo narrativo mediante el cual expone el sistema de desaparición forzada de personas y plantea la responsabilidad de sus perpetradores. Siguiendo la conceptualización de Steve Stern, el capítulo concluye que el Nunca Más propuso en la escena pública una nueva “memoria emblemática”; esto es, una lectura fundacional sobre la violencia política y las desapariciones, que integró la narrativa humanitaria forjada durante la dictadura para denunciar estos crímenes con los postulados sobre este pasado que instauró el gobierno de Alfonsín, al recuperarse la democracia política en 1983.[10]

En el cuarto y último capítulo, se examinan los usos y resignificaciones del Nunca Más desde su publicación, en 1984, hasta la actualidad. Este análisis muestra cómo la “memoria emblemática” que el Nunca Más configuró sobre la violencia política y las desapariciones se fue tornando hegemónica, durante la presidencia de Alfonsín (1983-1989), mediante la reproducción de sus claves narrativas e interpretativas en los estrados judiciales, en el discurso público, en el debate político y en las principales producciones culturales sobre este tema, mientras su sentido era interpretado, y objeto de disputas públicas, en función de las metas que, en el terreno judicial, dividían a este gobierno, a las Fuerzas Armadas y a los organismos de derechos humanos. Asimismo, se analiza cómo, durante los gobiernos de Carlos Menem (1989-1995 y 1995-1999), tras unos años de eclipse editorial, el Nunca Más fue adquiriendo la condición de vehículo para transmitir el pasado reciente. En ese proceso, distintos grupos de la sociedad civil y luego una nueva conducción del Estado, el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), lo utilizó para exponer sus propias lecturas sobre la violencia política, las desapariciones y la dictadura. Por último, se propone que estas intervenciones contribuyeron a la reproducción ampliada del carácter canónico del Nunca Más y, a la vez, resignificaron su sentido al introducir nuevas interpretaciones que cuestionaron ciertas premisas del régimen de memoria configuradas por el informe al recuperarse la democracia política en la Argentina.

Precisamente, la tesis de esta investigación es que el Nunca Más conformó un nuevo régimen de memoria sobre la violencia política y las desapariciones en el país, que integró ciertos principios generales de la democracia política, los postulados del gobierno de Alfonsín para juzgar la violencia política y la narrativa humanitaria forjada durante la dictadura para denunciar sus crímenes. Propongo el concepto de “régimen de memoria” para retratar a aquellas “memorias emblemáticas” que se tornan hegemónicas en la escena pública al instaurar, a través de prácticas y discursos diversos, los marcos de selección de lo memorable y las claves interpretativas y los estilos narrativos para evocarlo, pensarlo y transmitirlo. Los regímenes de memoria son resultado de relaciones de poder y a la vez contribuyen a su reproducción. Sin embargo, sería erróneo pensarlos desde una perspectiva mecanicista de la memoria y del poder, ya que, si bien su configuración y expansión en la esfera pública es producto de la relación de fuerzas políticas, obedece también a la integración de sentidos sobre el pasado producidos por actores que, al calor de sus luchas contra las ideas dominantes, elaboran y logran imponer sus propios marcos interpretativos o se apropian y resignifican otros instituidos por los grupos hegemónicos.

La sucesión de regímenes de memoria no es lineal. Por un lado, porque siempre es posible detectar la continuidad de vestigios de regímenes previos en sus sucesores, ya que su trayectoria es resultado de ciertas premisas instituidas por el régimen precedente que el nuevo reorganiza a otro nivel y constituye, a la vez, en las condiciones para la formación del siguiente. Por otro, porque como resultado de un cambio político o cultural profundo los patrones y claves de un régimen de memoria pueden ser desechados y substituidos por nuevos. Así, los regímenes de memoria comparten el carácter reversible de todo proceso social.

La perdurabilidad de un régimen de memoria depende, como la suerte de otro tipo de constelaciones ideológicas, de que sus núcleos interpretativos y narrativos sean reproducidos por diversos actores a lo largo del tiempo y que logren trascender los cambios culturales y políticos en la escena pública. La conformación de los regímenes de memoria es compleja, ya que supone la adopción, por parte de diferentes actores, de núcleos propositivos comunes para evocar el pasado. Sin embargo, un régimen de memoria nunca logra uniformizar la evocación del pasado o evitar que circulen interpretaciones distintas u opuestas a sus postulados. Estos conflictos no invalidan, sino que incluso, cuando no rebasan ciertos marcos, contribuyen a su reproducción en el tiempo. Justamente, la propiedad distintiva de un régimen de memoria radica en que sus proposiciones organizan el debate público, se convierten en objeto privilegiado de las luchas por dotar de sentido el pasado, y moldean, e incluso delimitan, las interpretaciones divergentes.[11]

Esta investigación contribuye a comprender los procesos políticos y culturales que hicieron del Nunca Más el relato que estructuró, desde el retorno de la democracia en 1983, la forma de evocar y pensar la dictadura, las desapariciones y la violencia política en la Argentina, y también conocer cómo su sentido está siendo modificado por nuevos modos de rememorar e interpretar estos procesos. Dado el carácter canónico del Nunca Más, se considera que este análisis alumbrará, a la vez, los cambios y continuidades más sustantivos en la memoria social sobre este pasado en el país. La historia de este informe, cuyo título convoca al recuerdo y conjuga una esperanza colectiva, es la que se relatará a continuación.

[2] “La consigna Nunca Más subió al Aconcagua”, Diario Uno, 12 de marzo de 2004; “Durante un acto por los cien años del barrio de Agronomía, recordaron a estudiantes desaparecidos. La cápsula del tiempo y un homenaje al pasado y al futuro”, Clarín, 28 de septiembre de 2004, p. 36.

[3] Decreto 187 del PEN del 15 de diciembre de 1983, en Boletín Oficial de la República Argentina (BORA), 19 de diciembre de 1983, p. 2.

[4] Arquidiócesis de San Pablo, Brasil: Nunca Mais, Petrópolis, Vozes, 1985; Serpaj Uruguay, Nunca Más. Informe sobre la violación a los Derechos Humanos (1972-1985), Montevideo, Serpaj, 1989; Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, Paraguay Nunca Más, Asunción, Cipae, 1990; Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Santiago de Chile, LOM, 1991; Comisión de la Verdad para El Salvador, De la locura a la esperanza. La guerra de 12 años en el 96, El Salvador, Naciones Unidas, 1993; Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Guatemala: Memoria del silencio, Guatemala; Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica, Guatemala: “Nunca Más”,Guatemala, Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, 1996; Proyecto Nunca Más, Colombia “Nunca Más”. Crímenes de lesa humanidad,Bogotá, Proyecto Colombia Nunca Más, 2000; Comisión de la Verdad y Reconciliación, Informe Final, Lima, CVR, 2003.

[5] Maurice Halbwachs, Los marcos sociales de la memoria,Barcelona, Anthropos, 2004 (1925).

[6] Priscilla Hayner, Unspeakable Truths. Confronting State Terror and Atrocity, Nueva York, Routledge, 2001.

[7] Hugo Vezzetti, Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002; sobre los testimonios del informe, Teresa Basile, “Aproximaciones al ‘testimonio sobre la desaparición de personas’ durante la dictadura militar y la democracia argentinas”, Cuadernos Angers, 2(2), 1989, pp. 45-63; sobre elimpacto del Nunca Más en la opinión pública, Inés González Bombal, “Nunca Más. El juicio más allá de los estrados”, en Carlos Acuña y otros (eds.), Juicio, castigos y memorias. Derechos humanos y justicia en la política Argentina, Buenos Aires, Nueva Visión, 1995.

[8] Mona Ozouf, “Liberty, Equality, Fraternity”, en Pierre Nora, Realms of Memory. Rethinking the French Past, 8ª ed., Nueva York, Columbia University Press, 1998, pp. 77-116; Eric Hobsbawm, “The Communist Manifesto”, en Karl Marx y Friedrich Engels, The Communist Manifesto, Londres, Verso, 1998, pp. 1-30 [ed. cast.: Manifiesto Comunista, Buenos Aires, Siglo XXI, 2017].

[9] Raoul Girardet, “The Three Colors neither White not Red”, en Pierre Nora (ed.), Realms of Memory, ob. cit., p. 5.

[10] Steve Stern, “De la memoria suelta a la memoria emblemática. Hacia el recordar y el olvidar como proceso histórico (Chile, 1973-1998)”, en Julio Pinto y otros (eds.), Memoria para un nuevo siglo. Chile, miradas a la segunda mitad del siglo XX, Santiago de Chile, LOM, 2000, pp. 11-33.

[11] Michel Foucault, La verdad y las formas jurídicas, México, Gedisa, 1986; Rolando García y Jean Piaget, Psicogénesis e historia de la ciencia,México, Siglo XXI, 2004.

1. Desaparición, memoria y conocimiento

Desapariciones y violencia política en la Argentina

El 24 de marzo de 1976, una Junta Militar perpetró un golpe de Estado en la Argentina. Los golpes militares y la violencia política no eran nuevos en el país; por el contrario, tenían una larga e intensa historia desde 1930, cuando fue derrocado el gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen. Sin embargo, la dictadura militar de 1976 inauguró una nueva era: introdujo dos cambios sustantivos respecto de los grados y las formas que asumió la intensa historia de violencia política que atravesó la Argentina durante el siglo XX. En primer lugar, a diferencia de la represión estatal contra militantes políticos o sindicales, la nueva dictadura instituyó de manera sistemática una forma inédita de crimen político, la desaparición forzada de personas, que condensaba una decisión estatal de exterminio. En segundo lugar, las desapariciones implicaron el ejercicio de una forma novedosa de la muerte por causas políticas, su práctica clandestina. Esta particularidad distinguió además a la dictadura argentina del resto de las que, en los años setenta, se establecieron en la región. En Chile, las desapariciones representan un tercio de las 3200 personas asesinadas tras el golpe de Estado de 1973; en Brasil y Bolivia, los desaparecidos alcanzaron un centenar de casos, mientras que en Uruguay predominó la prisión política prolongada.

Las desapariciones consistían en la detención o en el secuestro de personas, efectuado por personal militar, policial o de las fuerzas de seguridad, uniformados o vestidos de civil. Las personas secuestradas eran conducidas a lugares ilegales de cautiverio, los centros clandestinos de detención, localizados mayoritariamente en dependencias militares o policiales, donde eran torturadas y, en su mayoría, asesinadas. Sus cuerpos eran enterrados en tumbas anónimas, incinerados o arrojados al mar, y sus bienes, saqueados. El Estado negaba toda responsabilidad en estos hechos, ante los reclamos por los desaparecidos que enarbolaban las organizaciones de derechos humanos que existían antes del golpe (esto es, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre –LADH–, el Servicio de Paz y Justicia –Serpaj–, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos –APDH– y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos –MEDH–), así como las que se crearon luego (Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas –FDDRP–, Abuelas de Plaza de Mayo y el Centro de Estudios Legales y Sociales –CELS–).[12] A diferencia de los crímenes ontológicos, en que las víctimas son destruidas por su condición biológica, los desaparecidos podían ser “recuperados” si abdicaban de sus ideas revolucionarias y asumían los valores de sus captores. Por ello, también, los hijos de desaparecidos no eran asesinados, sino apropiados por los militares para criarlos en los valores del orden establecido.

La Conadep, organismo creado en 1983 por el presidente Raúl Alfonsín para investigar el destino de los desaparecidos, registró oficialmente 8960 casos de desaparición forzada, 90% de los cuales ocurrieron tras el golpe de Estado de 1976. Por su parte, las organizaciones de derechos humanos postulan la existencia de 30.000 desaparecidos, ya que, alegan, muchos casos no fueron denunciados, y estiman en 500 los bebés y niños de padres desaparecidos que fueron apropiados por las fuerzas represivas. Hasta 2015, última cifra disponible, el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (Ruvte) había contabilizado 7018 casos de desaparición forzada. Como sostiene Brisk, la cifra de desaparecidos está condicionada por la propia naturaleza clandestina del crimen, la negativa de los perpetradores a dar a conocer los registros obrantes en su poder, el rol que ciertos actores juegan enarbolando sus propios números en la esfera pública y los contextos políticos que enmarcan las disputas por este dato.[13]

Pese a la envergadura que asumió el exterminio y la persecución implementadas por la dictadura, pensar el horror argentino en términos de un “derrumbe civilizatorio”, como postula Vezzetti a partir de las tesis de Norbert Elias, resulta inadecuado, ya que esta idea eclipsa las características que asumió la vida institucional y política argentina. Desde 1930, en el marco de una tradición política que se remonta al siglo XIX, el intervencionismo militar en la escena institucional fue normalizado por parte de amplios sectores de la sociedad civil y política, y, junto con la influencia de las ideas del integrismo católico y las corrientes nacionalistas y conservadoras, conformaron una cultura signada por el desprecio a la ley y la alteridad. El empleo de la tortura contra los presos políticos se constituyó en una práctica regular y normalizada, y el recurso a la violencia para resolver conflictos adquirió un estatus privilegiado en el imaginario político.[14]

En 1946, el surgimiento del peronismo colocó a los trabajadores en el centro de la escena política. Al compás de un proceso de sustitución de importaciones y de ampliación del mercado interno, en el marco de un proyecto populista autoritario, este movimiento lideró un proceso de movilidad social ascendente y de ampliación de los derechos de los trabajadores y las mujeres. Con el derrocamiento de Juan Domingo Perón en 1955, organizado por una alianza de sectores del Ejército, de la Iglesia católica y de la oposición, la polarización y la violencia política se profundizaron. La autodenominada “Revolución Libertadora” proscribió el peronismo, prohibió el uso de su simbología y hasta la propia mención a Perón. Por Decreto-ley 479 del 7 de octubre de 1955, este gobierno creó la Comisión Nacional Investigadora para investigar el enriquecimiento ilícito de Perón y la formación de un “Estado totalitario” bajo su gobierno. En línea con la política aliada de desnazificar Alemania, este organismo tenía por meta “desperonizar” la sociedad argentina, pues el peronismo era visto como la versión local del nazismo. En agosto de 1956, la Comisión publicó los resultados de su investigación en cinco tomos y una versión de divulgación masiva, El Libro Negro de la Segunda Tiranía. El título evocaba y a la vez rechazaba una genealogía histórica, al proponer al peronismo como continuación del gobierno de Juan Manuel de Rosas que, durante la primera mitad del siglo XIX, había impuesto un régimen antiliberal basado en el terror.[15]

A partir del derrocamiento del peronismo, se abrió un ciclo de inestabilidad institucional, agitación social y creciente radicalización política. En paralelo, en el marco de la Guerra Fría contra el comunismo y la victoria de la Revolución Cubana –cuya influencia se reflejó en las ideas de la nueva izquierda marxista y peronista–, las Fuerzas Armadas argentinas consideraron que tenían como misión institucional el combate contra la subversión. Comenzaron entonces a estudiar las experiencias francesas de guerra en Argelia e Indochina, que incluían la tortura como clave de la inteligencia militar, y consideraban que la guerra era total y que el enemigo podía hallarse en cualquier ámbito de la sociedad. La influencia francesa se extendió en las filas castrenses al orden espiritual con la revitalización del integrismo católico, que combinaba el anticomunismo y el antiliberalismo, mediante la creación en 1957 de las primeras vicarias militares. Por su parte, también adoptaron la Doctrina de Seguridad Nacional, de origen estadounidense, que considera todo conflicto como una afectación a la seguridad y como parte de la estrategia subversiva, y atribuye el monopolio del interés nacional a las Fuerzas Armadas. De hecho, según datos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, entre 1950 y 1975, 3676 militares argentinos recibieron instrucción en academias militares de ese país.[16]

En 1962, bajo este nuevo paradigma y tras el derrocamiento del gobierno constitucional de Arturo Frondizi, desaparece Felipe Vallese, un delegado sindical y militante de la juventud peronista de 22 años, aunque su caso, como otros anteriores, constituyó una desaparición aislada, producto de la muerte durante la tortura, y no una meta premeditada. Más allá de esto, el hecho se inscribía en un contexto signado por la creciente represión contra los sindicatos, así como por la imposibilidad del antiperonismo de edificar un sistema político estable, debido a la resistencia del peronismo proscripto. Así, gobiernos civiles débiles como el del radical Arturo Illia, quien asumió la presidencia en 1963, gozarían de una legitimidad acotada. En ese marco, las Fuerzas Armadas se fortalecieron y se comprometieron institucionalmente con la lucha antisubversiva.

Los cambios mencionados en la doctrina castrense se reflejaron plenamente en el discurso que dio el general Juan Carlos Onganía en la academia militar de West Point, en 1964, donde expresó que la lucha contra el enemigo interno era la principal amenaza que enfrentaban las Fuerzas Armadas.

Menos de dos años después, este general encabezaría el golpe de Estado que se autodenominó como “Revolución Argentina” y que derrocó al gobierno de Illia. Con Onganía, ascendieron las fuerzas más reaccionarias, vinculadas con el integralismo católico. La Universidad de Buenos Aires (UBA) fue intervenida, sus profesores fueron destituidos, y se fortalecieron las censuras y las cruzadas moralistas contra las nuevas costumbres juveniles. En 1969, en un contexto de radicalización política y de luchas estudiantiles que recorrieron París, Berkeley, Praga y México DF, entre otras ciudades, la efervescencia estudiantil y obrera asumió nuevas connotaciones en nuestro país. En mayo de ese año, se produjo el Cordobazo, durante el cual obreros y estudiantes tomaron las calles principales de la ciudad de Córdoba, en reclamo de demandas sectoriales y por la restitución de las libertades públicas. Este episodio abrió un ciclo de protesta social que evidenció el surgimiento de un movimiento popular y antidictatorial de masas.[17] El Cordobazo tuvo múltiples consecuencias. Onganía renunció a la presidencia; en el movimiento obrero, se fortalecieron las corrientes sindicales clasistas, y en la izquierda, las corrientes insurreccionales; emergieron organizaciones guerrilleras, que vieron en esta acción de masas un indicador de la viabilidad de la revolución y de la legitimidad de la violencia popular para enfrentar la “violencia del sistema” y producir el cambio social. Un año después del Cordobazo, el guevarista Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y los Montoneros, de origen peronista, comenzaron a cuestionar el monopolio estatal de la fuerza.

En este contexto, la política represiva de la dictadura de Onganía y de sus sucesores, los generales Marcelo Levingston y Alejandro Lanusse, fue denunciada, entre otras organizaciones formadas para reclamar la libertad de los presos políticos, por la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos (Cofade), de origen peronista. En agosto de 1969, la Cofade editó el folleto Libro Negro de la Casa Rosada, cuyo título resignificaba el del informe elaborado por la Comisión investigadora que había creado la “Revolución Libertadora”, tras derrocar al peronismo en 1955. Dedicado a los militantes, el libro explicaba la represión por “la imposibilidad en la que se encuentra el sistema capitalista de subsistir sin llevar una política inhumana y de ejercer el terror contra la clase trabajadora urbana y campesina”.[18]

Esta posición se reproducía en la denuncia más exhaustiva de la represión de la “Revolución Argentina”, la que realizó en 1973 el Foro de Buenos Aires por la vigencia de los derechos humanos. Constituido en 1971, el Foro estaba integrado por abogados de presos políticos (Raúl Aragón, Mario Amaya, Vicente Zito Lema, Rodolfo Mattarollo y Mario Hernández), artistas e intelectuales (León Ferrari, Tununa Mercado, Noé Jitrik y Gilou García Reinoso), y dirigentes obreros combativos (como Agustín Tosco y Raimundo Ongaro). Su informe Proceso a la explotación y a la represión en Argentina, del cual se editaron 3000 ejemplares, denunciaba las leyes represivas, la actuación de la Cámara Federal en lo Penal Especial que juzgaba a los guerrilleros, la tortura a los presos políticos y las condiciones de vida de las mayorías populares, e incluía declaraciones de presos políticos, desaparecidos liberados y familiares de secuestrados cuyos testimonios se constituyeron, así, por primera vez y de forma sistemática, en un elemento central de denuncia.

El informe relataba los secuestros seguidos de desaparición y presentaba su cronología. Las denuncias de los familiares de desaparecidos compartían la narrativa de la militancia revolucionaria del período. Como Nora Martins, esposa de Néstor Martins, desaparecido en 1970, manifestaban su rechazo ante la negativa oficial de toda responsabilidad. Acusaban por ello, como lo hacía Susana Pujals, esposa de Luis Pujals –desaparecido en 1971–, al propio presidente, el general Lanusse, a quien le reclamaban respetar la Convención de Ginebra para los prisioneros de guerra. Por su parte, los testimonios de los presos políticos, algunos de ellos miembros de la guerrilla, vinculaban la tortura sufrida en cárceles legales e ilegales con la defensa del orden social, y explicaban su resistencia a los tormentos con el compromiso que asumían por transformarlo. Los autores del informe compartían el tono de los testimonios. Entendían que la represión se articulaba al proyecto económico de la “Revolución Argentina”, favorable a los monopolios, pero que era inherente al orden capitalista. Asimismo, igualaban la violación de los derechos civiles y políticos con la violación de los derechos económicos y sociales, al señalar que

entre el niño que muere por falta material de asistencia o el obrero que perece por carencia de normas de seguridad en el trabajo y el secuestrado o asesinado, como Pujals, los Verd, Monti, Belloni o Jáuregui, que es eliminado oscuramente de la faz de la tierra, no hay más que una diferencia de grado.

También saludaban la libertad “de quienes, en una u otra forma, lucharon contra el régimen”, alusión con la cual incluían entre ellos a los combatientes de la guerrilla. Por último, sostenían su esperanza de que “nadie olvidara lo ocurrido para que no sucediera nunca más” en la victoria electoral del peronismo en marzo de 1973, que, consideraban, traducía una nueva conciencia sobre los derechos humanos, pero además reclamaban cambiar las condiciones que –según entendían– habían permitido los crímenes: la conciencia social y “la estructura del sistema”.[19]

Así, el marco interpretativo del informe prolongaba la mirada de la militancia radicalizada, que legitimaba la violencia política, pero que a la vez cifraba expectativas en el regreso del peronismo al poder y en su calidad de vehículo del cambio social. El gobierno peronista de Héctor Cámpora, quien asumió el 25 de mayo de 1973, dispuso una amnistía para los presos políticos. Sin embargo, las contradicciones políticas se tensaron y las luchas sindicales se profundizaron, al punto de poner en jaque los acuerdos establecidos entre la Confederación General del Trabajo (CGT) y el gobierno en el marco del Pacto Social. Algo similar ocurrió con el sector empresario, que presionó con desabastecimiento y aumento de precios. Por su parte, la guerrilla del ERP siguió actuando, y se agudizó el enfrentamiento en el interior del peronismo con la matanza perpetrada por la derecha contra la izquierda de ese partido el 20 de junio de 1973, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, cuando fueron a recibir a Perón en su regreso tras el exilio.

Tras la asunción de Perón el 12 de octubre de 1973, se quebraron varias ilusiones generadas en torno a su figura. Tanto Montoneros como la izquierda peronista veían en él al conductor del proceso revolucionario en curso, y amplios sectores peronistas y no peronistas lo veían como la persona que pondría fin a la violencia política. Sin embargo, dispuso una serie de leyes y decretos represivos contra la guerrilla, que desafió su poder y culminó en el asesinato por parte de Montoneros de José Rucci, líder de la Central Obrera, o en el ataque de cuarteles militares por parte del ERP. En un acto público en Plaza de Mayo, Perón se pronunció contra Montoneros y amparó la destitución de los gobernadores afines a ellos en varias provincias. En paralelo, bajo su gobierno se creó la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), organización parapolicial que amenazaba y/o asesinaba a opositores políticos, intelectuales, sindicalistas y artistas vinculados a la izquierda peronista o marxista. En ese contexto, como señala Marina Franco, los partidos comunista y socialista y la Unión Cívica Radical, con Raúl Alfonsín a la cabeza, comenzaron a condenar el “terrorismo de cualquier signo”, en referencia a la violencia guerrillera y la paraestatal.

Perón murió el 1º de julio de 1974. La presidencia quedó en manos de su mujer, María Estela Martínez de Perón, quien, ante las dificultades de resolver las internas partidarias, había integrado la fórmula presidencial. Bajo el mandato de su débil figura, claramente alineada con los sectores de derecha del peronismo, se incrementó la violencia política. El 5 de febrero de 1975, por Decreto 265 del PEN, se inició el Operativo Independencia, que autorizaba a “ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”, donde el ERP había establecido un foco guerrillero. En sus memorias, el general a cargo del operativo, Acdel Vilas, admitiría haber aplicado las enseñanzas de los oficiales franceses que participaron de las guerras coloniales en Argelia e Indochina: el secuestro, la tortura y el asesinato de los sospechosos de colaborar con el enemigo, y un férreo control social sobre el resto de la población.[20] Durante este operativo, se estableció el primer centro clandestino de detención del país y se regularizó la práctica de la desaparición forzada de personas. Pese a la amplia difusión oral de estos crímenes, las denuncias públicas por desaparición fueron ínfimas. Años después se sabría que en Tucumán el 25% de quienes siguen desaparecidos fueron secuestrados durante este operativo. El entonces gobernador constitucional de la provincia, el peronista Amado Juri, siempre negó haber conocido la existencia de desapariciones, pese a haber sido interpelado en varias ocasiones por familiares de las víctimas para que pusiera fin a estos crímenes.[21]

En octubre de 1975, pese a ello, el aval del gobierno peronista y de la oposición a la intervención militar en la “lucha antisubversiva” se extendió a todo el país, mediante el Decreto 2772 dictado por el presidente provisional Ítalo Luder. En paralelo, el generalato decidió que el exterminio de la subversión se ejecutaría de manera clandestina.[22] La idea de un país en guerra ya no era patrimonio exclusivo de las Fuerzas Armadas y las organizaciones guerrilleras, y parecía traducirse en la diversidad de acontecimientos de la violencia política. Entre 1973 y 1976, se produjeron 8509 acciones armadas, 1543 asesinatos por motivos políticos, 900 personas desaparecieron y 5148 revestían como presos políticos; las experiencias de la guerra revolucionaria y contrarrevolucionaria guiaban la práctica de la violencia insurgente, estatal y paramilitar.[23]