La oposición política E-Book

Elisa Servín

• Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Serie: Historia. Serie Herramientas para la Historia
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 240

Veröffentlichungsjahr: 2019

Beschreibung

Aborda un tema poco atendido por la historiografía: el de la oposición política y su papel en el desarrollo histórico del siglo XX. A partir de un análisis que articula los distintos movimientos opositores, la autora busca destacar la presencia de distintas expresiones políticas, así como la capacidad de convocatoria de diversos grupos sociales.

Leseprobe

LA OPOSICIÓN POLÍTICA

HERRAMIENTAS PARA LA HISTORIA

ELISA SERVÍN

LA OPOSICIÓN POLÍTICA

OTRA CARA DEL SIGLO XX MEXICANO

Coordinadora de la serie CLARA GARCÍA AYLUARDO

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

Primera edición, 2006 Primera edición electrónica, 2018

Coordinadora de la serie: Clara García Ayluardo Coordinadora administrativa: Paola Villers Barriga Asistente editorial: Lucía Ixtacuy Figueroa

Diseño de portada: Francisco Ibarra Diseño de interiores de la versión impresa: Teresa Guzmán Imagen de portada: viñeta de Alberto Beltrán, tomada del libro Las palabras perdidas de Mauricio Magdaleno (FCE, 1956)

D. R. © 2006, Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. Carretera México-Toluca núm. 3655, Col. Lomas de Santa Fe, C. P. 01210 Ciudad de Mé[email protected]

D. R. © 2006, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México

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ISBN 978-607-16-6074-9 (ePub)ISBN 978-968-16-7773-2 (impreso)

Hecho en México - Made in Mexico

ÍNDICE

Introducción

1. De la oposición pre-revolucionaria a la caída del gobierno de Francisco I. Madero

2. Institucionalidad, elecciones y oposición en los años veinte

3. Los opositores de la posrevolución

4. En los tiempos de “la oposición leal”

5. La insurgencia electoral

6. La oposición y el cambio político

Bibliografía

1. Textos generales o que abarcan varias décadas

2. De la oposición pre-revolucionaria a la caída del gobierno de Francisco I. Madero (1900-1913)

3. Institucionalidad, elecciones y oposición en los años veinte (1917-1928)

4. Los opositores de la posrevolución (1929-1946)

5. En los tiempos de la “oposición leal” (1947-1976)

6. La insurgencia electoral (1977-1988)

7. La oposición y el cambio político (1989-2000)

8. Memorias, testimonios y entrevistas publicadas

9. Estudios regionales

INTRODUCCIÓN

A raíz de los cambios ocurridos en México en las últimas décadas del siglo XX, la oposición política y el papel que ésta desempeñó en la historia del llamado “siglo de la Revolución mexicana” ha empezado a conformarse como objeto de investigación en el ámbito de los historiadores profesionales.1 Abandonado durante décadas por una historiografía concentrada en desmenuzar las características y los alcances del régimen político surgido de la revolución de 1910-1917, el tema de la oposición se centró en el estudio de los opositores de fines del porfiriato —magonistas, reyistas y en especial maderistas— sobre todo en su condición de “precursores” de la revolución, y en la mención más bien superficial y siempre en aras de entender con precisión los mecanismos de control del régimen, de grupos que rompieron con él y se lanzaron a la aventura oposicionista entre 1929 y 1940.2

El peso del “régimen de la revolución” opacó a los grupos opositores no sólo en el terreno de la política, sino también en el de su reconstrucción historiográfica. A ello habría que añadir que las tradicionales reticencias de los historiadores por adentrarse en el periodo posterior al cardenismo propiciaron que el estudio de la oposición, en especial a partir del medio siglo XX en adelante, haya sido casi siempre materia de análisis de otras disciplinas académicas (ciencia política, sociología, derecho, antropología), y de narrativas más cercanas al periodismo y la literatura que a la investigación histórica formal. Con las notables excepciones que siempre admite la regla, y que irán apareciendo en los apartados de este ensayo, los historiadores no han mostrado interés en estudiar la otra cara política del siglo XX, así como su riquísima historia electoral.

De ahí que, a diferencia de otros títulos que integran esta colección y que aportan nuevos elementos a viejos debates historiográficos, lo que este texto ofrece en primera instancia es una historia articulada de la oposición política en el siglo XX, centrada en su expresión electoral, que busca unir los fragmentos deshilvanados de una historiografía más o menos desigual que se ha construido desde diversos enfoques y disciplinas. Puesto que no existe un trabajo historiográfico previo de interpretación de conjunto, ésta es una versión en más de un sentido preliminar, que habrá de enriquecerse con estudios posteriores.3 En esa misma línea, este trabajo se propone también destacar los vacíos que han contribuido a distorsionar la comprensión histórica del siglo XX mexicano, y convocar en forma implícita al desarrollo de nuevas investigaciones.

Articular una historia que tiene como eje a la oposición política supone una precisión conceptual y metodológica: ¿Qué es esta oposición y cómo se expresa en distintos momentos de la historia del siglo XX? La precisión es necesaria dada la condición sui generis del orden político mexicano, mismo que ha sido objeto de amplios debates en torno a las características que lo definen.4 Hablar de oposición en un régimen político que no tiene claramente definidas sus fronteras y en el que la formalidad institucional y jurídica no corresponde a las prácticas de la realpolitik, implica de entrada una dificultad metodológica. A ella se añade el hecho de que, durante varias décadas, la oposición más aguerrida y amenazante surgió de movimientos disidentes al interior del propio grupo en el poder. Asimismo, hasta muy avanzado el siglo XX, y pese a la formalidad de los procesos electorales, éstos carecieron de las condiciones de competencia y representatividad que exigiría cualquier aproximación desde la perspectiva de la democracia representativa. Y sin embargo, a lo largo del siglo la oposición y las elecciones existen y no sólo eso: desde 1911, quienes llegan al poder incluso por la vía de las armas, habrán de recurrir a un proceso electoral para legalizar y legitimar su condición de gobernantes, enfrentándose de manera casi invariable con candidatos de oposición.5

Por todo ello, es necesario precisar que para los propósitos de este ensayo la oposición es aquella expresión política organizada, casi siempre pero no sólo con propósitos electorales, crecientemente institucionalizada en la forma de partido político, que compite, cuestiona y se enfrenta al poder constituido desde la acción política, no armada, y cuya trayectoria oposicionista es variable. A lo largo de la primera mitad del siglo XX se trata mayoritariamente de una oposición que carece de una propuesta que la separe en forma tajante del abanico ideológico que legitima al régimen surgido de la revolución de 1910. Por otra parte, se trata de una expresión que difiere en objetivos y en mecanismos de acción de los movimientos sociales, por lo que éstos no son considerados en este trabajo. Tampoco lo son las expresiones armadas de proyectos que tuvieron una fase inicial de oposición política.6 Esto no significa, sin embargo, que la movilización social o la lucha armada carezcan de un contenido político. Por el contrario, se trata de formas de participación y lucha política que justamente desbordan los márgenes de una formalidad democrática al considerar que ésta sólo encubre un ejercicio autoritario del poder. Como se argumentará en el ensayo, uno de los debates constantes de la oposición en el siglo XX tiene que ver, precisamente, con el dilema que supone optar por la participación en los reducidos espacios de la formalidad democrática, o dar la batalla mediante la movilización social o por la vía de las armas.

¿Cuáles son los espacios de la oposición política, en los que actúa y ejerce su influencia, en los que cuestiona o lucha por el poder? En primera instancia, el terreno de los procesos electorales y la formación de organizaciones y partidos políticos, que en determinadas coyunturas redunda en la movilización de vastos grupos sociales que encuentran en la lucha electoral un espacio para presionar por reivindicaciones de diversa índole. Estrechamente relacionada, aunque en otro nivel, se encuentra la participación en el ámbito legislativo, en el Congreso. Por último, está el espacio de la opinión pública, la prensa, y en su momento los medios electrónicos de comunicación, a través de los cuales la oposición busca organizarse, educar y crear conciencia política, influir y ganar adeptos. A lo largo del siglo XX, la oposición se mueve en estos terrenos y desde ellos participa, o busca la posibilidad de participar, en la vida política. Sus estudiosos, sin embargo, la han acotado sobre todo al estrecho marco de la competencia electoral. Por ende, si las elecciones no son competidas o carecen de credibilidad, la oposición política no tiene importancia. Esta perspectiva ha producido una historiografía que suele analizar a la oposición desde la óptica del sistema político, y no desde la oposición misma. Es necesario, entonces, abundar en una historiografía que rescate la versión de los opositores y la diversidad de sus mecanismos de acción política, lo que contribuirá seguramente a redefinir la importancia que tiene la oposición en la historia política del siglo XX.

Habrá de ser hasta mediados de los años setenta y a lo largo de los ochenta cuando el estallido de lo que se ha dado en llamar la “insurgencia electoral” coloque a las elecciones y a los partidos de oposición en el centro del debate público y el análisis académico.7 En un entorno caracterizado por la revisión de interpretaciones previas sobre el desarrollo socioeconómico y político del país, y que en el campo de la historiografía del siglo XX tiene a la revolución de 1910 como referencia fundamental, las elecciones y el papel que juega la oposición política se integran cada vez más a la discusión académica. Inmerso en la discusión revisionista en torno a los orígenes y las consecuencias de la revolución de 1910, a fines de los ochenta se publica el libro de François-Xavier Guerra, México: del Antiguo Régimen a la Revolución (texto fundante en México de lo que se ha dado en llamar la “nueva historia política”), que causa un fuerte impacto en la historiografía de la revolución y en la noción tradicional que se tiene del porfiriato y el maderismo.8 El concepto de “ficción democrática” con el que Guerra explica el mecanismo de elecciones controladas por el régimen que contribuye a la permanencia de Porfirio Díaz en el poder, y la importancia de la reivindicación democrática de los opositores de la década de 1900 como expresión de lo que él llama “la política moderna”, le dan un nuevo aliento a la historia política del siglo XX.9 Diez años después se publica el libro coordinado por Antonio Annino, Historia de las elecciones en Iberoamérica, sigloXIX: de la formación del espacio político nacional, que cuestiona la “leyenda negra” que ha rodeado a los procesos electorales en la América Latina decimonónica, al considerar que “la representación política moderna fue fundamentalmente un fracaso”. Por el contrario, Annino destaca la relevancia que en el imaginario político mexicano adquieren los mecanismos de representación liberal desde 1812, sólo que adaptados por los “pueblos-ayuntamiento” en función de mantener su autonomía.10

El debate que recorre la década de los noventa y en gran medida se concentra en el propio siglo XIX incorpora conceptos como representación, opinión pública, partido político y ciudadanía, que se insertan en una discusión de más largo aliento que tiene que ver con la formación de la nación y el desarrollo (o no) de la modernidad política y su expresión en una formalidad democrática.11 Como ya se ha mencionado, en el caso del siglo XX este debate se da inmerso en el espacio de análisis de la revolución de 1910, y sus consecuencias políticas y sociales. Si bien existe un consenso en torno al predominio y el triunfo de las batallas por la obtención de derechos sociales, que relegan los derechos políticos de representación democrática en aras de un corporativismo que regula y gestiona lo social, es posible también argumentar que la exigencia recurrente de derechos políticos habrá de perdurar como una constante en las luchas opositoras que recorren el siglo XX, y que dejan ver espacios crecientes en la sociedad mexicana en los que el ideal democrático es una aspiración real opuesta cotidianamente al autoritarismo del régimen surgido de la revolución.

Por otra parte, la creciente relevancia de las elecciones en el escenario político de las últimas décadas del siglo XX incide en la producción de una copiosa literatura cada vez más especializada en asuntos electorales que, desafortunadamente, en la mayoría de los casos carece de perspectiva histórica. En muchos de estos trabajos predomina la idea de una vocación democrática que surge en las últimas décadas del siglo XX, sobre todo como resultado de procesos de modernización económica, y desconoce la existencia de vastas movilizaciones políticas previas que reivindican no sólo la democracia electoral, sino también la independencia sindical, o mayores espacios de autonomía municipal, por mencionar algunos elementos. A su vez, la historiografía del siglo XX poco ha contribuido a zanjar la brecha que articularía los procesos estudiados para el siglo XIX con el desarrollo político de las últimas décadas del recién siglo pasado. Abundar en el estudio de la oposición puede ser una veta de análisis que redunde en la formulación de interpretaciones de más largo alcance en torno a la conformación de la ciudadanía como proceso histórico, y las formas de expresión y participación política de la sociedad mexicana.

Aunque este ensayo concentra la mirada en quienes cuestionan y luchan por el poder, no en quienes lo ejercen, es claro que la historia de la oposición en el México del siglo XX, sus características, y el lugar que ocupa en el espacio público, están estrechamente ligados a la historia de la formación del Estado y el régimen político que surgen de la revolución de 1910. En el transcurso de los años veinte a los cuarenta, en que el régimen va definiendo e institucionalizando sus características autoritarias, los espacios de la oposición política se verán gradualmente reducidos, en particular en el terreno legislativo. Si entre 1912 y 1921 se discute ampliamente en el Congreso la posibilidad de adoptar un régimen parlamentario ante el peso de las fuerzas políticas conformadas como bloques en el ámbito legislativo, a partir de la formación en 1929 del Partido Nacional Revolucionario (PNR) y su creciente hegemonía sobre el Congreso de la Unión, el espacio parlamentario estrechará sus límites.12 A ello se añade el gradual sometimiento de los legisladores ante la figura presidencial que se desarrolla a partir de los años cuarenta, y que terminará por hacer del Poder Legislativo una comparsa del Ejecutivo desde los años cincuenta hasta bien entrados los ochenta.13

Por su parte, la reforma político-electoral de 1946 redefine formalmente los espacios concedidos a la oposición pues los ayuntamientos y las organizaciones partidarias pierden el control que la Ley Electoral de 1918 les confiere en la organización de las elecciones.14 Con la legitimidad que supone el discurso de la modernización política, y no sin que los partidos ofrezcan resistencias, éstos habrán de sujetarse a un creciente centralismo y al control gubernamental de los procesos electorales bajo el mando de la Secretaría de Gobernación.15 En 1949 y 1951, como parte del proceso que Luis Medina ha llamado “la modernización del autoritarismo”, se llevan a cabo dos nuevas reformas que, además de avanzar en la profesionalización de los organismos electorales, redefinen sus ámbitos de competencia. Entre otras cosas, en 1949 se establece que la Procuraduría General de la República sustituya a la Suprema Corte de Justicia como instancia encargada de dirimir los conflictos poselectorales, en respuesta a la relativa independencia con que la Corte resuelve las disputas que generan las elecciones de 1946.16 Las elecciones presidenciales de 1952 ponen a prueba la eficiencia del nuevo aparato electoral, y dejan en claro que la modernización institucional no supone la modernización democrática de la política. Por el contrario, pese a que todas las fuerzas que integran la oposición política participan activamente en el proceso electoral de acuerdo con los nuevos parámetros de la formalidad democrática, el discurso modernizador del gobierno alemanista disimula la consolidación de añejas prácticas autoritarias que, lejos de reconocer los triunfos locales y legislativos de la oposición, imponen la lógica del “carro completo” que retrasa por varias décadas el desarrollo político del país.17

Pese a los avances en la organización electoral, las sucesivas derrotas opositoras en prácticamente todas las elecciones federales, estatales y municipales desde 1929 en que se funda el PNR abonan el descrédito en las elecciones como opción de participación política, mismo que llegará a su cúspide entre los años cincuenta y mediados de los setenta.18 Si entre 1929 y 1952 el descontento con el ejercicio gubernamental se expresa en intensas movilizaciones electorales encabezadas por candidatos de oposición, a partir de los años cincuenta se inicia el periodo en el que los partidos entran al juego de la “oposición leal”, cuya función es más la legitimación de un régimen formalmente democrático, que la competencia real por el poder.19 La creciente inclinación hacia el abstencionismo que se manifiesta en este periodo se amortigua con la reforma de 1963, que ofrece como concesión las diputaciones de partido o de representación proporcional en aras de ampliar el espacio de la oposición en el Congreso, pero controlado y no por la vía del reconocimiento de los votos opositores.20

A fines de los años sesenta y principios de los setenta las expresiones sociales de descontento que no encuentran un canal de expresión en el espacio electoral amenazan con desbordar los límites del régimen. En ese contexto, la reforma electoral de 1977 amplía los espacios electorales a la oposición política y, como queda más claro en los años siguientes, ofrece el marco institucional que permite que las elecciones resurjan como el canal por excelencia de participación política para quienes insisten en mantenerse en el terreno opositor. El ascenso evidente de la oposición en la elección presidencial de 1982, en la que participan siete candidatos, es apenas el preludio de una creciente competencia electoral, como la que se expresa en 1988, cuando la oposición cosecha los frutos de la insurgencia electoral que estalla en la primera mitad de los años ochenta. En 1989 Carlos Salinas de Gortari busca atenuar la crisis de legitimidad con la que inicia su gobierno y reconoce el primer triunfo de la oposición en una elección estatal. Será este el inicio de un intenso periodo de elecciones competidas, cambios políticos y reformas electorales que primero abren de nueva cuenta el espacio legislativo a una fortalecida presencia opositora, y once años más tarde habrán de culminar con el triunfo de la oposición en la elección presidencial del año 2000.

Abarcar en toda su complejidad la diversidad de partidos y movimientos que conforman la historia de la oposición política, en particular durante la primera mitad del siglo, resulta prácticamente imposible en el marco de este trabajo.21 En aras de un esfuerzo de síntesis, el ensayo se concentra en aquellos momentos en que la oposición se manifiesta mejor articulada y con mayor fuerza política, esto es, en procesos electorales para la renovación de la presidencia de la república. Por esa misma razón, la abrumadora diversidad regional que se resiste a ser encajonada en un análisis de índole general tendrá que ser objeto de otro estudio. No obstante, se incorporan en el texto los casos en que la fuerza de los procesos regionales incide en el ámbito nacional.

No me resta sino agradecer a Clara García Ayluardo la invitación a colaborar en esta colección, y tanto a ella como a Paola Villers su amable paciencia ante los ires y venires del proceso editorial. Agradezco también los comentarios de Alberto Arnaut, Gabriela Cano, Víctor Díaz Arciniega, Javier Garciadiego, Georgette José Valenzuela, Pablo Serrano Álvarez, Rafael Torres y Pablo Yankelevich, quienes me ayudaron a precisar algunas ideas contenidas en este trabajo. Por último, le expreso mi agradecimiento a Ixchel C. Ruiz, de la Biblioteca Manuel Orozco y Berra del INAH, por su constante buen ánimo y su generosa e imprescindible colaboración, a Víctor Cruz Lazcano por su profesionalismo y a Ismael Carvallo Robledo por los materiales y las estimulantes discusiones en torno a la historia política mexicana. Sin su contribución este libro simplemente no hubiera existido.

CAPÍTULO 1

DE LA OPOSICIÓN PRE-REVOLUCIONARIA A LA CAÍDA DEL GOBIERNO DE FRANCISCO I. MADERO

Desde el inicio del siglo XX la presencia opositora al gobierno de Porfirio Díaz es definitiva. La notable respuesta a la convocatoria que a fines de 1900 realiza Camilo Arriaga para una convención nacional de clubes liberales en San Luis Potosí en febrero de 1901, denota la existencia de un vasto contingente de grupos en distintos puntos del país, dispuestos a involucrarse en la reivindicación política de principios liberales que el gobierno de Díaz parece haber olvidado.1 Muchos de ellos forman parte de una amplia red que se extiende en la última década del siglo XIX, integrada por círculos obreros socialistas y anarcosindicalistas, espiritistas y católicos, logias masónicas, asociaciones mutualistas y sociedades protestantes, que influyen en el “cambio de mentalidad”, o si se quiere, en el desarrollo de un pensamiento político “moderno”, que permea al interior de una nueva clase obrera y de sectores medios en expansión.2

Las expresiones políticas de la oposición que se agrupa originalmente en San Luis se articulan en un inicio en torno a la crítica por la “conciliación” que Díaz ofrece a la jerarquía católica, así como la displicencia de su gobierno hacia los intereses económicos extranjeros. A lo largo de la década de 1900 habrán de conjugar la reivindicación ideológica de los principios liberales plasmados en la Constitución de 1857, con el rechazo explícito a la permanencia de Díaz en el poder.

Acuden al llamado de Arriaga diversos representantes de una nueva generación crítica, entre la que destacan los jóvenes estudiantes de jurisprudencia Antonio Díaz Soto y Gama, y Ricardo Flores Magón, quien junto con sus hermanos Jesús y Enrique publica en la ciudad de México el semanario Regeneración desde agosto de 1900. En las discusiones que se llevan a cabo en San Luis Potosí, y que se reproducen en los clubes liberales que se fundan en muchos puntos del país, se debaten las razones que justifican la oposición al gobierno de Díaz, a la vez que se reivindican principios democráticos básicos: libertad de opinión y de prensa, impartición de justicia, representación electoral. Destaca entre ellas el llamado que hace Soto y Gama a la participación en las elecciones municipales, las únicas que permiten el voto directo como espacio para “el ejercicio práctico de los derechos políticos”, que habrá de redundar en una nueva cultura ciudadana y democrática, y permitir

reemplazar la creencia en el gobierno-providencia y en el pueblo-juguete, por la creencia en el gobierno-servidor y en el pueblo-amo; substituir la costumbre de ver la cosa pública como cosa ajena, por la virtud de ver la cosa pública como cosa propia, el bien de todos como un deber de cada uno.3

La reivindicación de Soto y Gama refleja en el terreno discursivo la consistencia de lo que algunos historiadores llaman el liberalismo popular, que se expresa en la creciente defensa de autonomías municipales mediante el ejercicio del voto.4

Por su parte, el compromiso político que los Flores Magón establecen con el grupo liberal de San Luis se trasluce en las páginas de Regeneración, que reproduce las propuestas del grupo encabezado por Arriaga. En pocos años el semanario habrá de convertirse en lectura obligada de artesanos, comerciantes, campesinos y maestros, muchos de ellos futuros dirigentes revolucionarios, y de una extendida red de clubes políticos y círculos obreros, algunos de ellos militantes socialistas y anarcosindicalistas, quienes atestiguan la creciente radicalización de sus editores conforme se incrementa la represión en su contra.5

Obligados entre 1903 y 1904 a salir del país por el hostigamiento del régimen, Arriaga, Soto y Gama, los Flores Magón, los hermanos Juan y Manuel Sarabia, entre otros, continúan sus actividades políticas desde territorio estadunidense y se preparan para la organización de un partido político que habrá de conducir la insurrección revolucionaria, única posibilidad de acabar con la dictadura.6 No obstante, el exilio, el hostigamiento y la acelerada radicalización política del grupo más cercano a Ricardo Flores Magón inciden en un enfrentamiento cada vez mayor con Camilo Arriaga y quienes cierran filas a su alrededor.7 Dedicados a construir redes de solidaridad y trabajo político, los magonistas entran en contacto con representantes del anarquismo que operan en Estados Unidos, mientras son ferozmente perseguidos por los agentes policiacos mexicanos y estadunidenses que trabajan para el vicepresidente Ramón Corral. Las profundas diferencias en torno a lo que Arriaga y Flores Magón entienden por revolución, aunadas a la disputa por la conducción del partido y el movimiento, aceleran la ruptura que se da en el transcurso de 1905.

Entre 1903 y 1906 Ricardo Flores Magón, Antonio I. Villarreal y Juan Sarabia conforman la Junta Organizadora de lo que habrá de conformarse como Partido Liberal Mexicano a fines de 1905. Pese a la radicalización del movimiento, a principios de ese año todavía mantienen contactos con otros incipientes opositores, entre los que destaca el empresario algodonero de Coahuila, Francisco I. Madero.8

Como argumentan desde distintas perspectivas historiográficas John Mason Hart, François-Xavier Guerra y Jean-Pierre Bastian, el PLM se abastece de diversos grupos organizados en distintos puntos del país, producto de una renovada militancia obrera, laica o protestante, liberal y nacionalista, poseedora de una creciente conciencia de clase.9 A su vez, el trabajo político que encabezan los magonistas incide en la creciente politización de muchos de estos grupos entre la clase obrera y los sectores medios, que conforman la expresión inicial de una oposición que se extiende a nivel nacional y de la cual el PLM es un resultado. Así, el PLM es el primer partido político de alcance nacional que se plantea como opositor frontal al gobierno de Porfirio Díaz.10

Mientras tanto, en 1904 la clase política se divide al calor de una nueva sucesión presidencial y la “querella entre las élites” desemboca en el enfrentamiento y la polarización entre los dos grupos que se asumen como herederos del poder: de un lado, los “científicos”, articulados en torno a José Yves Limantour. Del otro, representantes de élites regionales agrupados en torno al general Bernardo Reyes. Ante la presión de los “científicos” que insisten en encontrar una salida política a su ausencia previsible, el general Díaz concede una graciosa vicepresidencia, que sólo habrá de postergar cuatro años más la disputa. No obstante, las sucesiones presidenciales de 1904 y 1908-1910 aceleran las actividades de los grupos que conforman un creciente abanico de organizaciones políticas de oposición.

Como ha destacado la historiografía, en 1908 el propio Díaz da la señal de arranque de un nuevo proceso sucesorio cuando, entrevistado por el periodista James Creelman, afirma que habrá de separarse del poder al expirar su periodo y no volverá a ejercer la presidencia. No sólo eso: Díaz asegura que verá “como una bendición y no como un mal” el surgimiento de un partido de oposición, prueba irrefutable de un avance hacia la democracia. Entre las distintas organizaciones partidarias que brotan al calor de la anuencia presidencial destaca el Partido Democrático, que promueve la candidatura del general Bernardo Reyes a la vicepresidencia pues, pese a lo dicho a Creelman, la reelección de Díaz es indisputada.

Tal como sucederá en otros momentos del siglo XX, el reyismo crece y se extiende como movimiento opositor más allá de la estrechez de miras y el conformismo de su candidato. Entre 1908 y 1909 se fundan clubes reyistas en múltiples localidades del país, y lo que empieza como un movimiento de reivindicación política de intelectuales, élites regionales y burócratas se convertirá en un movimiento popular de reclamos democráticos.11 Cuando en 1909 el general Reyes acata la orden presidencial que lo obliga a contener sus aspiraciones y lo manda fuera del país, los numerosos clubes reyistas quedan a la intemperie. El vacío será cubierto en poco tiempo por su conocido adversario en la lucha política estatal, Francisco I. Madero.12

Alentado por las palabras de Díaz a Creelman, a fines de 1908 Madero publica La sucesión presidencial de 1910, en el que desde un tono de crítica moderada a Díaz revisa la historia política del país, insiste en la necesidad de resolver democráticamente el problema de la sucesión para impedir un nuevo estallido revolucionario, y finalmente convoca a la formación del Partido Nacional Democrático (meses después Partido Antirreeleccionista) como el espacio en el que habrá de postularse un candidato independiente a la presidencia. Al inicio de 1909, Madero emprende una cruzada por la renovación democrática del régimen y convoca a la participación en una lucha electoral articulada en torno a la reivindicación antirreeleccionista en las elecciones presidenciales de 1910. El naciente maderismo está listo para abrevar en los dos esfuerzos organizativos que apenas lo anteceden, el magonista y el reyista, pues el pragmatismo reformista de Madero resulta en extremo atractivo para diversos grupos sociales que, habiendo recogido la bandera democrática del reyismo, se quedan sin candidato, y para aquellos que perciben en el PLM una peligrosa radicalización revolucionaria.