La perenne desigualdad E-Book

Rolando Cordera Campos

• Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Serie: Economía
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 237

Veröffentlichungsjahr: 2017

Beschreibung

Esta obra está compuesta por una serie de ensayos, organizados en cinco capítulos, que estudian con una perspectiva principalmente histórica, uno de los problemas más preocupantes de México: la desigualdad. En las primeras secciones se define el objeto del libro, como un problema fundado esencialmente en lo político. Se hace una suma de las acciones de los gobiernos de aquel periodo que condicionaron la acentuación de la crisis, así como el surgimiento de nuevos conflictos (trabajo informal, migración, crimen organizado). Las últimas dos secciones ofrecen alternativas de solución al problema.

Leseprobe

Foto: © Nayatzin Garrido Franco

ROLANDO CORDERA CAMPOS es doctor honoris causa por la Universidad Autónoma Metropolitana. Se desempeña como profesor emérito de la Facultad de Economía de la UNAM y como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel III. Actualmente es coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED). Entre sus publicaciones más reconocidas están México: la disputa por la nación. Perspectivas y opciones del desarrollo, junto con Carlos Tello; Desarrollo y crisis de la economía mexicana. Ensayos de interpretación histórica (selecc.) y Más allá de la crisis.El reclamo del desarrollo (coord.).

SECCIÓN DE OBRAS DE ECONOMÍA

LA PERENNE DESIGUALDAD

ROLANDO CORDERA CAMPOS

La perennedesigualdad

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DEL DESARROLLO

Primera edición, 2017 Primera edición electrónica, 2017

Diseño de portada: Paola Álvarez Baldit Ilustración de portada: imágenes de iStock de Getty Images / alexstorn / koya79

D. R. © 2017, Universidad Nacional Autónoma de México Ciudad Universitaria; 04510 Ciudad de México Programa Universitario de Estudios del Desarrollowww.pued.unam.mx

D. R. © 2017, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México

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ISBN 978-607-16-5099-3 (ePub)

Hecho en México - Made in Mexico

Para mi hermano Fallo: ayer, hoy y siempre

Para Elena

Para Inti, Mari, Tami y Rock, mis hijos

Para las que ya llegaron y hay que cuidar,proteger y alentar: Doña Carmen y Doña Ana;Eugenia y Nuria

ÍNDICE

Reconocimientos y algo más

I. La desigualdad: hacia un panorama general

Introducción

Del ajuste al desbarajuste

II. La perenne desigualdad: nuestra marca histórica

A manera de introducción

Repaso memorioso

Mutaciones económicas, democratización y desigualdad

Paradojas democráticas

La desigualdad y sus enigmas

Entre el privilegio y la pluralidad. La desigualdad y la democracia. La vulnerabilidad y la seguridad

III. La mesa de tres patas: sobre la reforma social del Estado

De dónde partimos

Introducción

La globalización y el doble movimiento de la sociedad

La reforma que falta

Crisis de la forma de desarrollo, crisis de la política social

El reto de la equidad

El panorama de la reforma

IV. De la compensación social al desarrollo con equidad y democracia

Introducción

La política social en retrospectiva

Las políticas sociales en el marco de la reforma económica del Estado

La política social del PAN

Retos de la política social

Compromisos hacia adelante

V. Democracia y equidad: el eslabón perdido

Introducción

Tensiones democracia-igualdad

Relaciones veleidosas

Obstáculos contra la igualdad

Cambiar los términos de referencia

Reemprender el desarrollo

RECONOCIMIENTOS Y ALGO MÁS

Mi interés por la cuestión social viene de lejos; siendo aún estudiante de Economía tuve la suerte de trabajar algunos meses en la Meseta Tarasca para el Instituto Nacional Indigenista, encargado de organizar las asambleas en las que las comunidades que explotaban la resina proponían la asignación de los recursos. Fue un trabajo fantástico. El contacto con las comunidades purépechas me cambió: amplió mi perspectiva y aguzó mi sensibilidad respecto de la desigualdad, la pobreza y la discriminación. Lo adquirido en la familia y aprendido en la Facultad de Economía se tornó así, en la Meseta, en vivencia intensa de rechazo ante lo injusto.

Hablo de un interés que me ha acompañado durante mucho tiempo y que a partir del año 2000 he podido desplegar teniendo como hábitat principal el Seminario Universitario de la Cuestión Social (SUCS), instituido por el rector Juan Ramón de la Fuente en el año 2001 y del cual he sido coordinador desde entonces.

Ahí nos hemos dado cita académicos y estudiosos de muchas escuelas, facultades e institutos de la UNAM y otras universidades y centros de educación e investigación superior, principalmente del área metropolitana de Ciudad de México, pero también de otras entidades universitarias de los estados de la República, en especial de la Universidad de Guadalajara y El Colegio de la Frontera Norte. En los intercambios y reflexiones han estado también funcionarios responsables de programas y políticas relacionadas o dirigidas a superar nuestra afrentosa cuestión social.

En sus reuniones mensuales, coloquios y foros he aprendido mucho de lo que ahora sé sobre la desigualdad y la pobreza, los nuevos retos surgidos de la evolución del país y sus contradicciones y abismales extremos, así como sobre políticas que aquí y en otras latitudes se han puesto en práctica para hacer del mundo un lugar más habitable o, al menos, no tan hostil. A todos los que han animado los trabajos del SUCS, mi reconocimiento agradecido.

Nunca como ahora se habían dedicado tantos esfuerzos intelectuales y metodológicos a comprender y medir el fenómeno de la pobreza y la desigualdad de larga, larga, data en nuestra historia. La geografía del hambre que sacudió las conciencias al mediar el siglo XX, hoy abarca al mundo global por entero.

La mundialización ha transformado los viejos problemas regionales o comunitarios de las sociedades nacionales en temas de orden universal. Ahora, la sociedad globalizada es, como decían los clásicos, un espacio desigual pero combinado, con zonas de deslumbrante avance y muchas franjas de mera sobrevivencia; estas desigualdades no son, empero, novedades, hunden sus raíces en la propia modernidad aunque, en los primeros años de este siglo XXI, podríamos decir que, en abuso de la ironía, la desigualdad se ha modernizado.

Sin tratar de ser exhaustivo y a riesgo de parecer injusto, pienso que debo singularizar la entrañable complicidad intelectual y amistosa que los proyectos y empresas del SUCS prohijó: con Mario Luis Fuentes y Fernando Cortés tejimos una conversación larga e intensa que se convirtió en una entrañable amistad cruzada por el desparpajo intelectual y la libertad de invención en estas y otras materias, todas ellas vinculadas con la gran aventura del desarrollo y la democracia aquí y ahora, del Bravo al Suchiate y hasta el fin de la tierra en la Patagonia argentina y chilena, para entrar en compleja sintonía con el bravo nuevo mundo que nos rodea y convoca a un pensamiento cada vez más universal y global.

Leonardo Lomelí me acompañó por varios años en la coordinación del Seminario, primero desde la Dirección de la Facultad de Economía y ahora desde la Secretaría General de la UNAM, y aunque enfrenta tareas más delicadas y demandantes, se las ha arreglado para acompañarnos en nuestros varios emprendimientos de diálogo e investigación en el SUCS, y más tarde en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED), donde se instala el SUCS, creado en 2011 por el rector José Narro.

Alicia Ziccardi, ahora al frente del Programa Universitario de Estudios de la Ciudad, y Paulette Dieterlen, desde el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, contribuyeron a darle a nuestro empeño un perfil cada día más singular y atractivo, gracias a su rigor y entusiasmo. Siguen y seguirán con nosotros.

Como ha ocurrido desde aquellos duros años sesenta, con Eduardo Pascual y Carlos Tello Macías he podido trazar una larga amistad, de enorme afecto mutuo y enriquecedor respeto intelectual y político. No será ésta la excepción y reitero mi agradecimiento por las muchas horas de intercambio, discusión sin tregua y estímulo intelectual y personal de las que me he beneficiado y pienso seguir haciéndolo. Éste es, como lo saben muy bien ambos, otro mínimo homenaje al inolvidable final de Casablanca. También debo mencionar a mis entrañables amigos y compañeros José Woldenberg, con quien he discutido y reflexionado sin pausa sobre estos acuciantes dilemas, y Adolfo Sánchez Rebolledo con quien compartí intensas y extensas jornadas de vida y disfruté de una íntima y gozosa amistad.

Desde 2009, cuando parecía inevitable ser testigos y víctimas de una caída mayor del sistema internacional capitalista y hasta la fecha, cuando el mundo y nosotros con él merodeamos el horizonte de un largo estancamiento secular, he tenido el privilegio de participar y coordinar los trabajos del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo —auspiciado por el rector José Narro y ahora por el rector Enrique Graue—, hecho posible por la voluntad y generosidad de una veintena de mexicanos de pro, académicos, ex funcionarios públicos con responsabilidades en los más altos niveles, políticos valerosos, singulares y respetados, de cuyo concurso activo y desprendido han emanado varias y valiosas incursiones en el debate y la reflexión sobre la política económica y social que nuestro país requiere con urgencia para, desde ahí, empezar a construir un nuevo rumbo para nuestra evolución política como pueblo, nación y Estado.1

A lo largo de las últimas dos décadas me beneficié con creces de la amistad generosa de David Ibarra y de su compromiso intelectual y cívico, ético y patriota, con el desarrollo de México. A él y a los amigos de las comidas en que se urden teorías y se demuelen dogmas, mi mejor recuerdo.

Como en otras referencias de mi vida adulta, está y estarán siempre la Facultad de Economía y la Universidad Nacional Autónoma de México, bajo cuyos techos generosos me he formado. A ellas debo gran parte de lo que he podido ser como intelectual, académico y ciudadano. A ellas, mi profundo y agradecido reconocimiento.

Ana Galván logró, con su proverbial paciencia, que esta colección llegara a algún puerto, que espero sea también buen puerto. Nahely Ortiz, Eric Polín y Alejandro Gómez me prestaron invaluable ayuda en el armado final del volumen. Alejandro Mújica Montoya leyó estos y otros textos e hizo valiosas sugerencias de selección y orden. Asimismo, quiero agradecer la acuciosa y generosa revisión que hicieron Eugenia Huerta y Antonio Bolívar.

Como lo podrá apreciar cualquier lector agudo, ninguno de los mencionados es inocente; pero no puedo sino pedir que se les releve de toda culpa. De ella me hago cargo sin titubear. Como también de la certeza que me ha acompañado siempre de que no hay leyes ni mandatos que nos condenen a vivir con una economía mediocre y estancada y en una sociedad cruzada por la desigualdad y la injusticia.

Los textos que se incluyen en este volumen lejos están de pretender ser capítulos de un libro formal. Por el contrario, forman parte de una larga serie de intervenciones, comunicaciones, comentarios y propuestas sobre la cuestión social mexicana, hechos en los últimos 15 o 20 años en diversos foros universitarios y políticos. Quieren contribuir a la formulación de una proclama contra la desigualdad y la pobreza, por el desarrollo y la democracia.

Estoy convencido de que la (re)construcción política de México tendrá que convertirse en ruta política y legal, de instituciones y conducción económica, por medio de una pluralidad política que desde su diversidad esté a la vez dispuesta a experimentar, para volverse una democracia social que pueda sostener un Estado democrático de derecho, constitucional. Un Estado capaz de darle sentido a la globalización, nacionalizándola en favor de México y los mexicanos. A eso quiere contribuir este libro.

ROLANDO CORDERA CAMPOS

San Pedro Mártir, otoño de 2016

I. LA DESIGUALDAD: HACIA UN PANORAMA GENERAL

Allí donde existenGRANDES patrimonios, hay también una gran desigualdad. Por un individuo muy rico ha de haber quinientos pobres, y la opulencia de pocos supone la indigencia de muchos.

ADAM SMITH1

INTRODUCCIÓN

En 1988, hace poco más de un cuarto de siglo y del nacimiento de más de una generación de nuevos mexicanos, el país se reconoció de manera abrupta y para no pocos hasta traumática como una sociedad crecientemente urbana, concentrada en ciudades grandes y medianas, a la vez que dispersa en miles de pequeñas, minúsculas poblaciones; semiindustrializada y poseedora todavía entonces de una “nueva grandeza” petrolera enterrada en el subsuelo; capaz, como sociedad organizada en un Estado nacional, de afrontar la adversidad del draconiano ajuste para pagar la deuda externa, a la que fue sometida desde 1982, así como la que le impuso la tierra cruel con sus sismos en 1985; y al mismo tiempo, una comunidad secular y agudamente desigual, abrumada por la pobreza de masas extendida del campo, sus selvas y sus montañas, hacia las ciudades. Una sociedad carente de canales y mecanismos eficaces, de instituciones en su sentido más lato, para representarse en los poderes constituidos y enfrentar la cauda de poderes reales, de hecho, que hicieron avanzar su presencia e influencia al calor de la propia crisis política, financiera y económica, que arrancara casi una década antes de aquel año.

Lo anterior debía llevar a un reconocimiento obligado por parte de la sociedad y del Estado, si lo que se quería era revisar el rumbo seguido para trazar otra ruta que le permitiera al país en su conjunto reencontrar el crecimiento económico extraviado, asumir y encauzar el cambio político y mental emanado de sus transformaciones en el carácter y la estructura social, y abocarse a la difícil pero viable y necesaria tarea de redistribuir ingresos y riqueza. Desde este proceso redistributivo inscrito en un contexto de cambio social y cultural mayor que, pese a toda la adversidad que se vivía, estaba en curso, podía aspirarse a darle al desarrollo otra impronta, impuesta por las propias mudanzas del cuerpo social y por el clamoroso reclamo democrático, humano y político, que se había dejado oír con fuerza en las urnas, las calles, las aulas y los campus.

México tenía ante sí lo que debía haberse entendido como un inevitable cruce de caminos que hacía poco aconsejable los rodeos y las posposiciones tan habituales en las costumbres del poder y la política tradicional. Asumir tal descubrimiento podría habernos llevado por direcciones más promisorias y sin duda a nuevas y más complejas encrucijadas. Asimismo, con la ayuda de más robustas capacidades para el diseño y la acción colectivos, mediante la democracia de los ciudadanos, con renovadas organizaciones sociales de trabajadores urbanos y productores rurales, y de las nuevas capas citadinas que exigían otras formas de justicia social mediante la producción y distribución de bienes públicos de consumo colectivo, como la tierra y la casa, a acometer proyectos de igualdad social y creatividad cultural y económica.

No ocurrió así, pero hay que reconocer que no se trató de un ejercicio de sublimación y olvido tajantes de la realidad circundante. De hecho, desde antes, en diciembre de 1976, en ocasión de su toma de posesión como presidente de la República, el licenciado José López Portillo había asumido como compromiso fundamental de su gobierno la superación de la marginalidad y la vulnerabilidad sociales que su solitaria campaña electoral le había llevado a descubrir. A esto siguieron importantes decisiones y acciones en el campo de la intervención social del Estado: asignaciones presupuestarias significativas para apoyar a los grupos y regiones marginadas y vulnerables; fortalecimiento de la producción agrícola básica y mejoramiento de la alimentación de los mexicanos, además de una notable producción de conocimiento sobre la sociedad con fines de acción e intervención públicas.2 Todo ello sostenido en un auge económico singular emanado de la riqueza petrolera que abrió fuentes de empleo, ingresos y ganancias, y que parecía no tener fin.

En septiembre de 1982, en su último Informe de Gobierno, el presidente López Portillo tuvo que admitir que sus proyectos de redención social habían fallado o quedarían inconclusos, mientras empezaba a aplicarse un ajuste a las finanzas y la actividad económica que no podía sino revertir, cuando no desvanecer, los avances logrados en el frente social y productivo. Así sobrevino la llamada “década perdida”, que en algunos de los aspectos esenciales del desempeño económico y social del país se ha extendido hasta el presente trazando una trayectoria histórica del desarrollo nacional muy por debajo, en su dinámica, de la que México había cursado a partir de los años treinta del siglo XX. Y, lo más grave, por debajo de las tasas de crecimiento socialmente necesarias.

Por su parte, de cara a seis años de retracción económica y empobrecimiento de masas, el presidente Salinas de Gortari reconocería en 1988 las magnitudes oprobiosas de una cuestión social acrecida y profundizada por la pobreza y la agudización de la concentración del ingreso y los accesos a la protección de los derechos sociales. “El propósito medular de la Revolución mexicana —advirtió Salinas al tomar posesión como presidente de la República—, que es el de la justicia social, no ha sido alcanzado.”

Como había sucedido 12 años antes con el presidente López Portillo, a esa admisión siguió el despliegue de programas, acciones y proyectos; asignaciones presupuestales y discursos articulados por la reivindicación de la solidaridad, como valor republicano y actual. En el programa que llevaba precisamente ese nombre, el gobierno buscó introducir nuevas formas de relación entre el presidente y los grupos marginados y sustentar su acción contra la pobreza en la participación activa de comunidades organizadas, cuyas demandas deberían orientar la composición del Pronasol, sus articulaciones políticas y sus modificaciones programáticas.

La movilización de estas bases llegó incluso a verse como el inicio no sólo de una reforma del Estado en sus flancos de acción y políticas sociales, sino como parte de una reforma política mayor que habría de implicar al partido del gobierno y al sistema político en su conjunto, envuelto ya en una ola de modificaciones sustanciales. Sin embargo, como sabemos, en 1994 todo empezó a cambiar trágica y tempestuosamente: la economía, que poco a poco se había acercado a la recuperación de su dinámica histórica, sufrió en 1995 los embates de una nueva y feroz crisis financiera interna y externa; la sociedad junto con las estructuras productivas con que contaba el país hubieron de afrontar otro ajuste drástico en las finanzas del Estado, que trajo consigo el impacto inclemente de una recesión aguda que puso a flote un magno desajuste laboral bajo la forma de desempleo abierto y masivo, la explosión de la informalidad, que en poco tiempo se apoderaría del escenario social y humano del México finisecular y la afirmación de la desigualdad social y económica como una forma de ser, como una cultura que generaba o reeditaba valores que, como el individualismo, pugnaban por ubicarse en el centro de la imaginación y los sentimientos nacionales.

Los “reconocimientos iniciáticos” de la cuestión social del México moderno a que hemos aludido, pusieron en entredicho doctrinas y convicciones todavía muy arraigadas sobre la naturaleza siempre innovadora del Estado heredado de la Revolución mexicana. Al mismo tiempo, buscaban renovar los enfoques y sus derivadas programáticas, pero sin reconocer la irrupción de la informalidad ni el creciente peso que había adquirido la desigualdad como eje articulador del conjunto de la cuestión social, ni el que adquirían la competencia y el triunfo individual en el imaginario social y político de México.

Al mismo tiempo, los dirigentes del Estado no parecían muy dispuestos a admitir que sus dificultades, ineficacia y fracasos en el enfrentamiento y eventual superación de dicha cuestión, provenían en gran medida de una matriz estatal oxidada por las inercias burocráticas y las formas convencionales de ejercer y transmitir el poder, y corroída por la corrupción, cuya profilaxis exigía dosis mayores de participación popular, concierto social y económico-productivo y drásticas revisiones de prácticas y esquemas administrativos, en todos los órdenes de gobierno. Es decir, una reforma profunda del Estado que pusiera en el centro el ejercicio del poder.

Lo que entonces se imponía —de hecho ahora se sigue imponiendo— es reconocer que el Estado reclamaba una revisión no sólo en sus mecanismos de representatividad, conformación y transmisión del poder, sino en sus tejidos intelectuales y morales para, así, abrir espacios a transformaciones y ampliaciones del conjunto estatal mexicano que sirvieran, a su vez, de base para una cirugía mayor en los formatos de la economía mixta que había resultado de la era desarrollista autoritaria que cubrió prácticamente toda la segunda posguerra.

Se estaba frente al espejo enterrado de un régimen cuya voluntad de cambio permanente se había estrellado años atrás con la cerrazón y reciedumbre de los intereses creados de la propiedad, la riqueza y la “alta finanza”. Una suerte de coalición “en automático” de intereses y poderes de hecho, emergentes o revividos por las crisis, articulados por una también permanente voluntad de impedir todo cambio dirigido a modificar los criterios y términos de la distribución social y económica.

La nueva era de la lucha de clases de la que hablara Carranza al final de la guerra civil revolucionaria, parecía llamar a la puerta del México modernizante en pos de la globalidad bajo la forma de una puja distributiva soterrada, pero no menos transparente, a flor de tierra, que empezó a expresarse sinuosamente por los meandros de la informalidad, la criminalidad, la anomia juvenil masiva. Una inhibición defensiva de las bases populares de la sociedad y de debilitamiento extenso e intenso de la organización proletaria y agraria, de los campesinos y los productores rurales.

Antes, en la década de los años setenta, la movilización social se había desplegado en el campo y las ciudades y había sido articulada por una importante y valiente insurgencia obrera encabezada por los electricistas democráticos de Rafael Galván: un escenario que no se ha repetido hasta la fecha.

Tal epifanía, porque de eso se trataba, no tuvo lugar en el tiempo ni en las formas requeridas para darle a sus consecuencias políticas reformadoras una impronta pausada y constructiva. Sin duda, se intentaron cambios institucionales y se prometió y echó a andar una transfiguración de visiones y modos de hacer las cosas tanto en el Estado como en la economía y la sociedad. Pero en prácticamente todos los casos, estas iniciativas y promociones de cambio fueron activadas casi siempre desde arriba y con el supuesto, que habría de probarse heroico, de que la participación de aquellos miles se daría por añadidura.

Con cargo a la época, dominada por la visión neoliberal, se llegó a creer que la reforma estatal y el surgimiento de nuevas formas de gobierno más apegadas al reclamo democrático y social originado en los lustros de movilización social que siguieron a 1968, emanarían de la mera apertura de los espacios políticos y de la competencia entre los actores que surgían en la escena del poder gracias a la transición democrática. Pero esta vana imposición economicista sobre las complejidades de la evolución política no ha resultado, ya entrado el nuevo milenio, en mejores índices de credibilidad y aceptación de los mecanismos de representación y representatividad plurales que son propios de los regímenes democráticos.

Así, se abrió la puerta a otra temporada de años duros; de expectativas ascendentes seguidas de frustraciones deprimentes, como ocurrió tanto con la alternancia como con la prolongación del receso económico con que se inauguró el siglo XXI. Esta incongruente combinación de apertura política con un estancamiento histórico “relativo”, ha marcado la primera década y media del nuevo milenio y amenaza imponerse como “historia larga”, forma de vida y cultura al calor de la primera gran crisis de la globalización y de su difícil, esquiva y en extremo lenta superación.

DEL AJUSTE AL DESBARAJUSTE

Los ajustes económicos y financieros que tuvieron lugar durante los años ochenta del siglo XX fueron directa y abiertamente recesivos, afectaron de manera negativa el ritmo de crecimiento a mediano plazo de la economía y del empleo y desembocaron en un empeoramiento de la distribución del ingreso. En esa década adquiere carta de naturalización la pobreza extensa y extrema, como resultado del retraimiento productivo y la caída del ritmo en la generación de empleos, así como de las devaluaciones y el agravamiento de la inflación. Este hostil y estrecho cuadro macroeconómico, a la vez que social e intelectual, determinó el contexto del que surgió el proyecto de cambios estructurales que pretendía la erección de una economía abierta y de mercado para apurar la globalización de México. Pronto, sin mayor deliberación en los órganos colegiados representativos del Estado cuyo formato cambiaba con celeridad, este proyecto encontró apoyo activo en un complejo simbólico que delimitó los términos de los debates y justificó las prisas que caracterizaron la mencionada mudanza.

Prácticamente inconsulta, si se atiende a los criterios del código democrático, y apresurada y sin una secuencia clara y rigurosa, si se atiende a la dificultad intrínseca de toda reconfiguración estructural y a la necesidad sentida y reconocida de que el Estado debiera buscar no sólo apurar el cambio sino modularlo, la “gran transformación” mexicana inauguró el nuevo milenio sumida en una recesión prolongada y acarreando un abultado inventario de grupos y sectores sociales, regiones y ramas productivas muy dañados por el cambio estructural y sin haber contado con la atención oportuna y adecuada del Estado.

El “subsuelo”, tan temido por Querido Moheno, reapareció en el campo y las ciudades pero no con cananas y adelitas, sino encarnado en una informalidad laboral mayúscula, subempleo, falta de ocupación y una emigración a los Estados Unidos que rebasaba día con día cálculos y expectativas. Desde fines del siglo XX y a lo largo de la primera década del nuevo, los jóvenes irrumpieron en la escena social pero también se volvieron los protagonistas cada vez más centrales de esta marcha al Norte que despobló pueblos y se llevó a muchos talentos en ciernes, debido a que la juventud empezó a ocupar cuotas crecientes de la salida, con el agravante de que cada vez eran más jóvenes urbanos y con grados de escolaridad superiores a la media quienes se arriesgaban a cruzar la frontera.

En estas circunstancias, el cambio y sus promesas de modernidad y bienestar acentuaron sus perfiles esquivos y las perspectivas económicas se volvieron todavía más inciertas y desconcertantes para el ciudadano común y la opinión pública, pero también para significativas capas del mundo de la política y la cultura organizadas y formalizadas.

Fue en ese contexto, que se extiende desde mediados de los años ochenta del siglo XX hasta el presente, donde tuvo lugar una drástica revisión del papel del Estado en la economía, así como del “paquete básico” de compromisos sociales que el proceso revolucionario había logrado plasmar en la Constitución y que el desarrollismo había buscado extender para afirmar y prolongar la fase del reformismo institucional iniciada en los años cuarenta. Al desarrollo social se le separó de la idea de cambio social —en su sentido más general— y la dimensión de bienestar quedó fuera de la redistribución de riqueza e ingreso. Se comenzó a ver y a tratar al desarrollo social como un problema sectorial; y, en la misma lógica, a la pobreza se le vio como un problema de seguridad interior, algo que tenía que ser administrado de la manera más “eficiente” posible.

Tal búsqueda de la eficiencia, proveniente de una traducción grosera y elemental de la racionalidad instrumental que acompaña a la modernidad, ha llevado a que la economía política dominante, separada militantemente de las enseñanzas primordiales de Adam Smith,3 admita que un país con el tamaño económico y demográfico del nuestro, con la riqueza generada y acumulada por décadas, registre las magnitudes de pobreza y las cuotas de desigualdad que hoy lo marcan y dividen.

Son esas ideas, codificadas por el canon neoliberal y su versión especial del individualismo posesivo imperante, las que al fundirse han hecho de la desigualdad una cultura inamovible. A ésta ha correspondido una suerte de “desamparo aprendido” que refuerza la conformidad y la pasividad ante la ausencia de un discurso social redistributivo. Tal pasividad se vio subvertida por la migración masiva al Norte y por la migración ominosa de muchos jóvenes a la peor de las informalidades: la de la criminalidad organizada.

Hoy, como sabemos, la fuga al otro lado se ha vuelto difícil y muy peligrosa, incierta, en tanto que la referida “otra informalidad” se convierte con los días en la fuente de un baño de sangre y crueldad que parece no tener fin, pero tampoco ser capaz de mantener sus expectativas de goce inmediato, aunque efímero.

Un México desigual y subrepresentado, poblado de pobres urbanos y rurales y, al mismo tiempo, un México que ha hecho del reclamo democrático la lingua franca de su movilización y acción política; así se acerca la sociedad mexicana a la asignatura por excelencia de las sociedades modernas que podemos resumir en igualdad ante las leyes y el Estado, pero también en la sociedad, la economía, las formas de vida. Y, debajo y más allá de esta igualdad desagregada, protección colectiva densa y extensa, entendida como la expresión sumaria de los derechos humanos, base y fin de una ciudadanía moderna y democrática.

Estos derechos han sido enriquecidos por la evolución democrática mundial y la entrada, codificada en leyes y decretos, de la “era de los derechos” como la llamara Bobbio, hasta aterrizar en democracias constitucionales comprometidas con los derechos fundamentales. Aunque así lo establece la Constitución a partir de su reforma de 2011, el sistema político se ha negado a reconocerlos para volverlos leyes, reglamentos, organizaciones responsables del Estado.4

Dijimos antes que descubrir la desigualdad y la pobreza como elementos constitutivos de la sociedad que llegaba al nuevo milenio no fue un acto de fe ni una iluminación inesperada. Después de 1968 y su secuela de represión y violencia, se pasó de la conciencia de la crisis a una angustiosa crisis de conciencia, como lo dijera alguna vez el presidente López Portillo.

Como ya se apuntó, en 1976, al tomar posesión como presidente de la República, López Portillo advirtió a la nación sobre la magnitud de la pobreza y la marginación y se comprometió a afrontar tales lacras, cuya existencia masiva constituía un argumento poderoso, prima facie decían muchos ya en esa época, contra la tradición y la legitimidad revolucionarias. Y al concluir su mandato, bajo la tormenta que devendría de inmediato en la llamada crisis de la deuda externa, el presidente pidió perdón a quienes no había podido sacar de ese ignominioso hoyo de la República.

Vale la pena rescatar partes del discurso de López Portillo5