La Transición E-Book

Carme Molinero

• Herausgeber: Siglo XXI España
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Serie: Hitos
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 553

Veröffentlichungsjahr: 2018

Beschreibung

"De ser el hito fundacional de la democracia española y modelo de cambio político exportable a otras latitudes, la transición ha pasado a ser culpable de la impunidad de los crímenes del franquismo y del olvido de las víctimas de la represión, juzgada, igualmente, por haber originado una democracia defectuosa, una especie de franquismo blanqueado. Ambas visiones antagónicas de la construcción de la democracia española esconden, sin embargo, una elevada funcionalidad política. En La transición. Historia y relatos, Carme Molinero y Pere Ysàs argumentan que tanto los enfoques descalificadores como las apologías más o menos laudatorias no constituyen sino meras instrumentalizaciones que subestiman la característica determinante del tránsito de la dictadura franquista a la democracia parlamentaria. Todos estos relatos olvidan, voluntaria o involuntariamente, que se trató de un proceso incierto en el que nada estaba escrito de antemano, en el que sus actores y protagonistas fueron definiéndose al hilo de los acontecimientos y al albur de la dinámica correlación de fuerzas. Un libro iluminador, necesario en estos tiempos de incertidumbre, sobre la realidad más cuestionada de nuestro pasado reciente."

Leseprobe

Siglo XXI / Colección Hitos

Carme Molinero y Pere Ysàs

La Transición

Historia y relatos

De ser el hito fundacional de la democracia española y modelo de cambio político exportable a otras latitudes, la transición ha pasado a ser culpable de la impunidad de los crímenes del franquismo y del olvido de las víctimas de la represión, juzgada, igualmente, por haber originado una democracia defectuosa, una especie de franquismo blanqueado. Ambas visiones antagónicas de la construcción de la democracia española esconden, sin embargo, una elevada funcionalidad política.

En La transición. Historia y relatos, Carme Molinero y Pere Ysàs argumentan que tanto los enfoques descalificadores como las apologías más o menos laudatorias no constituyen sino meras instrumentalizaciones que subestiman la característica determinante del tránsito de la dictadura franquista a la democracia parlamentaria. Todos estos relatos olvidan, voluntaria o involuntariamente, que se trató de un proceso incierto en el que nada estaba escrito de antemano, en el que sus actores y protagonistas fueron definiéndose al hilo de los acontecimientos y al albur de la dinámica correlación de fuerzas.

Un libro iluminador, necesario en estos tiempos de incertidumbre, sobre la realidad más cuestionada de nuestro pasado reciente.

«Cada vez que se anuncia un nuevo libro de Carme Molinero y Pere Ysàs anticipo un placer intelectual, algo bien escrito, bien pensado y basado en conocimientos profundos. Y siempre acierto. Esto es exactamente lo que recibe el lector con La transición. Historia y relatos, un libro ameno, original y totalmente de fiar.» Paul Preston

«Una excelente visión general del difícil camino desde la dictadura a la democracia, con un balance muy cuidado de las diversas y divergentes interpretaciones sobre esos años decisivos para nuestro pasado y presente. La complejidad de la historia frente a las preconcepciones ideológicas y las lecturas sesgadas, eso es lo que ofrecen Carme Molinero y Pere Ysàs. Y con el mismo rigor y erudición que en todos sus libros.» Julián Casanova

Carme Molinero y Pere Ysàs, catedráticos de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona, se han especializado en la historia social y política de la dictadura franquista y del proceso de transición a la democracia. Carme Molinero es autora de La captación de las masas. Política y propaganda en el régimen franquista (2005) y Pere Ysàs de Disidencia y subversión. La lucha del régimen franquista por su supervivencia (2004).) Han publicado en colaboración, entre otros libros, Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y conflictividad laboral en la España franquista (Siglo XXI de España, 1998); La anatomía del franquismo. De la supervivencia a la agonía, 1945-1977 (2008), Els anys del PSUC. El partit de l’antifranquisme, 1956-1981 (2010); La cuestión catalana. Cataluña en la transición española (2014); y De la hegemonía a la autodestrucción. El Partido Comunista de España, 1956-1982 (2017). Han participado, individualmente y también en colaboración, en más de un centenar de obras colectivas, algunas como directores o editores, la más reciente Las izquierdas en tiempos de transición (2016), y han publicado varias decenas de artículos en revistas especializadas.

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RAG

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La edición de este libro ha contado con el asesoramiento de Justo Serna.

© Carme Molinero Ruiz y Pere Ysàs Solanes, 2018

© Siglo XXI de España Editores, S. A., 2018

Sector Foresta, 1

28760 Tres Cantos

Madrid - España

Tel.: [phone]

Fax: [phone]

www.sigloxxieditores.com

ISBN: 978-84-323-1910-5

INTRODUCCIÓN

La transición de la dictadura franquista a la democracia parlamentaria configurada en la Constitución de 1978 ha sido objeto de una permanente atención desde el inicio de la década de los ochenta del siglo XX hasta la actualidad. Aplaudida y loada durante mucho tiempo, la transición ha sido también, en especial en los últimos años, denostada hasta el punto de presentarse como el origen de los males del pasado reciente y del presente de la sociedad española.

El capítulo de este libro titulado «Los relatos sobre la transición», el VI, está dedicado a someter a crítica los principales relatos que en la actualidad se confrontan en el debate público. Se trata de unas narraciones funcionales a los objetivos y a las conveniencias políticas de quienes las sostienen pero cuya fundamentación en el conocimiento histórico suele ser muy deficiente. En el relato de una exitosa transición conducida por la elite política instalada en las instituciones y que logró desmantelar la dictadura y establecer una democracia homologable internacionalmente, desaparecen del escenario muchos de los actores políticos, y especialmente sociales, que desempeñaron un papel determinante en el proceso, y se elimina la elevada conflictividad del mismo, remarcando el consenso, cierto en la construcción institucional de la democracia, pero silenciando las dificultades para alcanzarlo y los importantes disensos que se manifestaron. Por otra parte, en el relato de una transición que dio lugar a una democracia de ínfima calidad, casi fallida, se olvidan las características concretas del proceso de cambio político, los proyectos en presencia, las fortalezas y debilidades de los actores políticos y sociales que los impulsaron y los reales condicionamientos existentes. Las fórmulas acuñadas, la «Segunda Restauración» y el «Régimen del 78», establecen analogías insostenibles, con la Restauración de 1874, que dio lugar a un régimen liberal pero no democrático, o con un sistema político carente de legitimidad.

Pero, antes de centrar la atención en los relatos, el libro dedica atención a los hechos, desarrollando un análisis del proceso de transición a partir de lo aportado por la historiografía en los últimos veinticinco años. No se trata de una historia general de la transición, sino del examen de una serie de cuestiones decisivas para poder explicar satisfactoriamente el cambio político que vivió la sociedad española en la segunda mitad de los años setenta. La transición fue un proceso político cuyos inicios deben situarse en la crisis de la dictadura, aunque sin duda desempeñaron un papel relevante factores más lejanos en el tiempo, y cuyo final situamos a comienzos de los ochenta, con la consolidación del nuevo ordenamiento político, si bien ello no supuso ningún final de la historia. Un proceso esencialmente político, pero en el que influyeron factores económicos, sociales y culturales, así como un escenario internacional muy distinto al de la década de los treinta, cuando la democracia republicana española tuvo que coexistir con el ascenso de los fascismos en Europa.

En primer lugar, se explican los proyectos políticos existentes cuando, en 1975, a la crisis de la dictadura agravada desde el inicio de la década, se añadió la desaparición del dictador. Lejos de existir un pacto propiciado desde el poder político sobre cómo pasar de la dictadura a la democracia como a veces se sostiene, lo realmente existente era la preparación de las instituciones franquistas para asegurar la continuidad de la dictadura, del «franquismo sin Franco» mediante la «monarquía del 18 de Julio», una preparación que, en palabras del propio dictador, lo había dejado todo «atado y bien atado». Pero la crisis del régimen había llevado a una parte considerable de la clase política franquista a considerar que eran imprescindibles reformas precisamente para asegurar la continuidad, si bien las divergencias sobre el alcance de los cambios y sobre quienes debían conducirlos eran notables. Frente a ambas opciones –el estricto continuismo y el reformismo– estaba el proyecto impulsado por un antifranquismo en crecimiento, encabezado por el Partido Comunista, pero que tenía limitaciones importantes en cuanto a su capacidad para provocar el colapso del régimen. Su objetivo era la «ruptura democrática», es decir, la apertura inmediata de un proceso constituyente conducido por un gobierno provisional que estableciera una democracia homologable internacionalmente.

En segundo lugar, se estudia el proyecto y la actuación del primer Gobierno de la monarquía presidido por Carlos Arias Navarro, pero con Manuel Fraga Iribarne como principal artífice de una reforma que pretendía establecer una «democracia española» que conservara una parte del ordenamiento franquista introduciendo formas liberales, un híbrido que no convenció ni a los continuistas ni mucho menos a la oposición democrática, incluida la más moderada. Frente al reformismo gubernamental de corto alcance y al mantenimiento de las prácticas dictatoriales, en especial en la política de orden público, una parte no desdeñable de la sociedad respondió con una movilización que aunaba reivindicaciones sociales y demandas políticas conforme al programa rupturista de la oposición. Seis meses después de la formación del gabinete, el fracaso del Gobierno de Arias era evidente y ello había encendido las alarmas de la Jefatura del Estado puesto que dicho fracaso podía comprometer a la institución monárquica, necesitada además de una nueva legitimidad para consolidarse.

El capítulo III se ocupa del decisivo año transcurrido desde la formación del Gobierno presidido por Adolfo Suárez hasta la celebración de las elecciones del 15 de junio de 1977. El nuevo gabinete debía esforzarse en formular un proyecto reformista más ambicioso, desarrollarlo más rápidamente y, al mismo tiempo, ser capaz de neutralizar la presión rupturista mediante una política de gestos y concesiones. La Ley para la Reforma Política fue el instrumento principal del proyecto gubernamental, una ley que, pese a su nombre, no reformaba nada, sino que convocaba unas elecciones, pero sin asegurar que en ellas pudiera expresarse libremente la voluntad popular. La carta que jugó la oposición después del referéndum de diciembre de 1976 fue condicionar su participación electoral, imprescindible para dotar de legitimidad a los comicios, al cumplimiento por el Gobierno de un programa mínimo para asegurar la celebración de unas elecciones libres. La acción gubernamental en los primeros meses de 1977 estuvo directamente condicionada por los demandas de la oposición.

El resultado electoral, con la victoria corta de la Unión de Centro Democrático y la representación lograda por la izquierda, abrió un proceso constituyente que comportó finalmente la ruptura con la legalidad y con las instituciones franquistas. Pero lejos de explicaciones edulcoradas sobre el consenso o de su descalificación como conjunto de pactos vergonzantes, el capítulo IV explica el complejo proceso de elaboración de la Constitución, con los debates sobre los temas más controvertidos y la búsqueda de acuerdos de mínimos a partir de posiciones y propuestas distantes, imprescindibles para hacer posible el establecimiento de un nuevo marco político. El consenso fue necesidad, después presentada como virtud, pero se alcanzó muy laboriosamente, en un contexto en el que distintos actores presionaron de forma abierta u opaca en defensa de sus ideas, valores e intereses. Contrariamente a lo afirmado con frecuencia, todo estuvo en discusión, desde la concepción de la nación española, las nacionalidades, la forma de gobierno, la separación de la Iglesia y el Estado o la organización territorial de España.

La transición española tuvo lugar en el contexto internacional de crisis económica que ponía fin a una época, a los «treinta años gloriosos» de crecimiento de la economía y de desarrollo en el mundo occidental del Estado de bienestar, a la que con frecuencia se ha dedicado poca atención pese a su gran importancia también para explicar la España de la segunda mitad de la década de los setenta. El capítulo V dirige su atención a las consecuencias del cambio fundamental que comportó el impacto de la crisis y también a aspectos controvertidos como la supuesta desmovilización social inducida por la izquierda. Igualmente, se ocupa de las diversas violencias políticas en presencia y a sus efectos contradictorios sobre el proceso de cambio. El involucionismo y el golpismo militar constituyen otro objeto de atención dado su relevante papel hasta 1981.

La historiografía sobre la transición tiene todavía muchas carencias. No obstante, con limitaciones e insuficiencias, permite conocer un proceso real de cambio político notablemente alejado de los relatos más divulgados. La misión de los historiadores es analizar, comprender y explicar, huyendo de apriorismos, de simplificaciones, de maniqueísmos y de mitificaciones, para hacer imposible, o al menos dificultar, la instrumentalización de la historia para legitimar poderes, justificar trayectorias o fundamentar en falso proyectos políticos.

Este libro se inscribe en una línea de investigación de los autores, compartida con otros investigadores del Grup de Recerca sobre l’Época Franquista (GREF-CEDID), y se ha desarrollado en el marco del proyecto HAR2015-63657-P (MINECO/FEDER).

Diciembre de 2017

I. CONTINUISMO, REFORMISMO, RUPTURISMO

Cuando por ley natural mi Capitanía llegue a faltaros, lo que inexorablemente tiene que llegar, es aconsejable la decisión que hoy vamos a tomar, que contribuirá, en gran manera, a que todo quede atado y bien atado para el futuro.

Francisco Franco, julio de 1969[1]

Es […] necio […] pretender una homologación absoluta y completa de nuestro sistema político al de otros países cuya historia, cuya cultura, cuya sociología y cuya situación económica y social son bien distintas de la nuestra.

Fernando Herrero Tejedor[2], mayo de 1975

Es absolutamente imprescindible un acto de ruptura democrática de las leyes políticas de la dictadura, que abra simultáneamente a todas las clases y categorías sociales el proceso constituyente del Estado democrático.

Junta Democrática de España. Manifiesto de la Reconciliación, abril de 1975

En la madrugada del jueves 20 de noviembre de 1975, Francisco Franco, jefe del Estado, jefe Nacional del Movimiento, Generalísimo de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, y Caudillo de España, falleció en el Hospital La Paz de Madrid después de una prolongada agonía. Momento largamente esperado por una parte de la sociedad española, temido por otra, era la hora de la verdad para verificar las respuestas dadas a la pregunta formulada una década antes: «¿Después de Franco, qué?».

Pero, la muerte del dictador no significaba la simultánea muerte de la dictadura, como a veces se sostiene o como una cronología que da por finalizado el franquismo en 1975 da a entender. La legalidad y las instituciones franquistas permanecían intactas y el sucesor designado por el Caudillo «a título de rey», Juan Carlos de Borbón, en el acto de proclamación como jefe del Estado celebrado el día 22 –cuando todavía estaba abierta la capilla ardiente de Franco en el Palacio de Oriente, por la que desfilaron varios centenares de miles de personas– juró ante las Cortes «cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales del Reino y guardar lealtad a los Principios que informan el Movimiento Nacional».

Por determinante que hubiera sido el papel de un líder máximo en una dictadura contemporánea, no ha sido habitual que simplemente su desaparición comportara el final del régimen. Dos ejemplos bien distantes entre sí y bien distintos, entre muchos otros: en Portugal, la incapacidad y la posterior muerte de Antonio Oliveira Salazar no comportó el fin de la dictadura; tampoco la desaparición de Kim Il Sung puso fin al régimen norcoreano. Es decir, aunque una de las características de determinadas dictaduras sea la concentración de poder en un caudillo, es muy poco probable que desaparezca súbitamente si el régimen tiene una elevada capacidad de control de la sociedad y del Estado, dispone de sólidos apoyos sociales e institucionales, carece de una oposición interior relevante y no está amenazado desde el exterior.

En las instituciones franquistas, desde mitad de los años sesenta se había preparado la sucesión de Franco al frente del «Régimen del 18 de Julio», y se había proclamado, en palabras del propio dictador, que todo estaba «atado y bien atado». La Ley Orgánica del Estado (LOE), promulgada en enero de 1967, que completaba el edificio institucional franquista, y la designación de Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco en julio de 1969, debían asegurar el estricto continuismo. Esa era la opción de todo el ultrafranquismo –el denominado «búnker»–, de una parte considerablemente amplia del personal político, de las denominadas «bases militantes» del régimen y de la inmensa mayoría de los mandos de las Fuerzas Armadas (FFAA); además contaba si no con la conformidad de la repetidamente invocada por la dictadura «mayoría silenciosa», sí con la aceptación pasiva de una parte no insignificante de la sociedad. Sin embargo, la opción continuista carecía de soluciones viables para superar la profunda crisis política que sufría el franquismo desde los primeros años de la década de los setenta.

En efecto, la muerte de Franco aconteció cuando el régimen estaba inmerso en una crisis que cuestionaba el proyecto de franquismo sin Franco tan laboriosamente preparado. Prescindir de la situación política española a mitad de los años setenta, o incluso describir una situación muy distante de la realidad, ha constituido un recurso utilizado con frecuencia para explicar la transición a la democracia como obra exclusiva, o casi exclusiva, de los líderes que estaban al frente de las instituciones franquistas.

Es lo que han hecho en sus memorias muchos de los reformistas del franquismo y, más matizadamente, una parte de la historiografía. Un buen ejemplo nos lo ofreció en 1988 Vicente Palacio Atard, quien en su discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia, afirmó que el franquismo era un «aparato institucional consolidado, dispuesto a sucederse a sí mismo pero al que fallaba la pieza principal, la Corona», que no se sentía acosado puesto que «las movilizaciones en la calle de las oposiciones […] no ocasionaban grandes quebraderos de cabeza a los gobernantes». Para el nuevo académico, los movimientos estudiantiles «fueron por entonces explosiones románticas idealistas», y la conflictividad obrera «no está nada claro» que produjera «en la “burguesía dominante” un reflejo capaz de transmitirse a las esferas de gobierno». Además, «la oposición apenas era hostigada con energía en los últimos gobiernos del franquismo[, …] salvo en la versión comunista». Incluso la economía española «había soportado mejor que la de otros países más industrializados el impacto de los precios del petróleo y de las materias primas». Y las relaciones internacionales del régimen «eran frías, pero correctas, especialmente con los Estados Unidos y los países del Mercado Común europeo»[3]. En resumen, el continuismo era una opción plenamente viable si hubiera sido otra la actitud del nuevo jefe del Estado.

Es difícil reconocer la situación sociopolítica y económica de España en 1975 en tal descripción, aunque, ciertamente, el denominado por Palacio Atard «orden constitucional», es decir, el orden franquista, «estaba garantizado por las Fuerzas Armadas» y, por el contrario, en la Iglesia posconciliar se había extendido la «desafección» al régimen[4]. Pero, por ejemplo, respecto a las relaciones exteriores y a la economía la situación no era ni mucho menos tan plácida. Las ejecuciones del 27 de septiembre desencadenaron una ola de condenas internacionales de la dictadura española que desconcertó a los gobernantes. Algunos meses después, el exministro de la Gobernación Tomás Garicano Goñi recordaba de forma muy contenida en el Consejo Nacional del Movimiento, respecto a las relaciones exteriores, la situación «poco cómoda» que habían experimentado «quienes hemos participado en funciones de Gobierno, sumamente agravada desde Septiembre último»[5]. Y sobre la situación económica, solo cabe decir que los gobernantes franquistas decidieron aplazar la toma de decisiones que pudieran incrementar el malestar y la conflictividad social a costa de aumentar los desequilibrios de la economía española hasta el punto de su insostenibilidad, como quedó de manifiesto en el verano de 1977.

La situación sociopolítica en 1975 tampoco era plácida y no se trataba de una realidad nueva. En enero de 1969, el Gobierno había decretado el «estado de excepción» en toda España en respuesta a la agitación estudiantil universitaria y a una conflictividad obrera en crecimiento. En diciembre de 1970 había tenido que recurrir nuevamente al «estado de excepción» para hacer frente a la protesta contra el Consejo de Guerra de Burgos[6]. Y es que, desde el inicio de la década de los sesenta, la conflictividad social y el disentimiento político se habían extendido en la sociedad hasta encender las alarmas de un régimen que identificaba la paz con la ausencia de conflictos sociales y que quería imposibilitar cualquier expresión de oposición o de disentimiento activo. Para una dictadura como la franquista, cualquier vulneración del orden establecido –que negaba los derechos y libertades fundamentales– era percibida como un desafío intolerable y una potencial amenaza a su estabilidad.

CONTRA LA DICTADURA

Pese al formidable aparato represivo establecido, desde 1962, las acciones colectivas obreras transgresoras de la legalidad dictatorial crecieron continuadamente, aunque con fluctuaciones. Los conflictos tenían habitualmente un origen estrictamente laboral, con reivindicaciones relativas a incrementos salariales y a mejoras en las condiciones de trabajo, pero la represión que desencadenaban comportaba inevitablemente la confrontación de los trabajadores no solamente con los empresarios, sino con el poder político. La represión, además, evidenciaba la negación de derechos fundamentales, como los de asociación, manifestación y huelga, lo que determinó que reivindicaciones políticas se incorporaran cada vez con más fuerza en las demandas obreras. Por todo ello, al margen de sus motivaciones iniciales, los conflictos laborales eran siempre conflictos políticos, puesto que transgredir la legalidad mediante la huelga, la disminución del rendimiento, la asamblea y la manifestación en espacios públicos implicaba un desafío al régimen. Ello era bien claro tanto para los activistas obreros y para las autoridades franquistas como para el conjunto de los trabajadores, que sabían perfectamente lo que significaba –y lo que arriesgaban– deteniendo la actividad laboral o manifestándose por las calles, aunque lo consideraran absolutamente legítimo[7].

La conflictividad obrera creció paralelamente al movimiento de las Comisiones Obreras (CCOO). Configuradas como movimiento sociopolítico, unitario, democrático e independiente, impulsadas por la oposición más activa encabezada por el Partido Comunista de España (PCE), reforzadas después de las elecciones sindicales de 1966 celebradas bajo el lema lanzado por la Organización Sindical Española (OSE) de «votar al mejor», las CCOO se convirtieron en motor no único pero sí fundamental de la movilización obrera y su crecimiento alimentó la extensión del movimiento[8]. Sus formas de organización y de actuación se revelaron particularmente adecuadas a las condiciones políticas existentes, en especial la combinación de legalidad e ilegalidad: en el ámbito organizativo, los activistas actuaban siempre que era posible abierta y públicamente, convocaban e intervenían en las asambleas obreras y muchos ocupaban cargos de elección directa de los trabajadores en el seno de la OSE –enlaces sindicales y vocales de los jurados de empresa–, pero a la vez crearon una red clandestina de coordinación; en cuanto a la acción, utilizaban todos los escasos recursos disponibles en la legalidad franquista, pero la transgredían cuando consideraban que disponían de las condiciones favorables para la realización de acciones más contundentes y efectivas.

Los dirigentes franquistas pronto percibieron la peligrosidad de las CCOO para la estabilidad de la dictadura. Un informe de febrero de 1967, titulado Comisiones Obreras y Partido Comunista, presentaba las CCOO como una creación del PCE, por lo que servían «consciente o inconscientemente al comunismo los grupos, personas, instituciones y medios informativos que patrocinan y fomentan, de modo directo o indirecto, la creación, actuación y desarrollo de las “Comisiones Obreras”». En las recién celebradas elecciones sindicales, habían movilizado a los trabajadores para lograr el máximo número de cargos representativos «para eliminar desde dentro a los Mandos políticos del Sindicalismo y democratizar los Sindicatos». El informe consideraba que había existido excesiva tolerancia gubernamental y abogaba por una decidida acción represiva así como por una actuación contundente contra medios de comunicación que «vienen publicando cuanto hace referencia a anomalías, conflictos y resalte de defectos, deficiencias e incumplimientos, mientras calla cuando encierra éxitos sindicales de la Administración Pública»[9].

En mayo de 1967, el gobernador civil de Oviedo, una de las provincias con mayor conflictividad, afirmaba en un largo informe al secretario general del Movimiento y delegado nacional de Sindicatos, José Solís Ruiz, que las CCOO, cuyo «matiz plenamente comunista» quería poner especialmente de relieve, «constituyen la base más amplia y peligrosa de la oposición al Régimen Español», y eran responsables de la conflictividad laboral y de las «alteraciones del orden público, producidas últimamente en provincias españolas». Su objetivo era «la huelga general política, como instrumento para derribar el Régimen vigente, impidiendo su propia evolución». Por ello, el gobernador José Manuel Mateu de Ros proponía una decidida actuación policial y judicial junto a una política de fortalecimiento de la OSE que evitase que «la Organización Sindical pueda convertirse […] en el bastión que legalmente se utilice, para derribar el sistema político español», por lo que «debía separarse la elección de representantes de los trabajadores en las empresas, donde dominaban las CCOO, de los cargos electivos de la OSE»[10].

La respuesta franquista no tardó en llegar; el Tribunal Supremo ratificó la ilegalidad de las CCOO, consideradas una «filial del Partido Comunista de España tendente a la violenta destrucción de la actual estructura del Estado español», y la Policía realizó numerosas detenciones que comportaron procesamientos y condenas del Tribunal de Orden Público (TOP), habitualmente por los «delitos» de asociación, reunión y propaganda ilegales. El estado de excepción decretado en enero de 1969 golpeó a CCOO, como a todo el antifranquismo, así como el declarado en diciembre de 1970. En junio de 1972, la Policía logró detener en Pozuelo de Alarcón, en el convento de los Padres Oblatos, a la mayoría de miembros de la Coordinadora General de las CCOO, encabezados por Marcelino Camacho, lo que daría lugar al proceso 1.001 del TOP. Sin embargo, la represión no solo no logró eliminar a las CCOO, sino que generó importantes acciones de denuncia de la dictadura y de solidaridad con los represaliados[11]. Un nuevo documento gubernamental sobre las CCOO daba cuenta de la preocupación que generaban e indicaba una serie de propuestas para «cuantos participen en la acción estatal contra ellas», entre las que destacaban «impedir la celebración de asambleas a toda costa y en caso de no ser posible hacerlas abortar por los procedimientos usuales», es decir, mediante la intervención policial, para privar a las CCOO de lo que constituía un instrumento esencial para la acción colectiva, o realizar «acciones de todo tipo para desunir y sembrar la confusión entre las distintas tendencias que dominan las Comisiones Obreras (comunistas, marxista-leninistas, socialistas, católicos progresistas) empleando infiltraciones, propaganda…»[12].

No obstante, la conflictividad obrera aumentó significativamente desde el comienzo de la década de los setenta. En 1973 y 1974 se alcanzaron máximos en el número de huelgas, huelguistas y de horas de trabajo perdidas. La dictadura recurrió una vez más a la represión que, ante la creciente magnitud de las protestas obreras, comportó una mayor violencia policial en los espacios públicos, lo que dio lugar a graves incidentes, con trabajadores heridos e incluso muertos por disparos de la Policía Armada. En julio de 1970, una actuación policial en Granada contra un millar de trabajadores de la construcción en huelga, concentrados pacíficamente ante la Delegación Provincial de Sindicatos, causó la muerte de tres trabajadores y numerosos heridos. En octubre del siguiente año, la entrada de la Policía Armada en la factoría Seat de Barcelona para desalojar a los obreros derivó en una batalla campal en la que resultaron heridos de bala numerosos trabajadores con una víctima mortal. Pocos meses después, en marzo de 1972, la violenta dispersión por la Policía de la manifestación de los trabajadores en huelga de la Empresa Nacional Bazán, que el día anterior habían sido desalojados de la factoría, causó otras dos víctimas mortales. En abril de 1973, la actuación policial para dispersar a los trabajadores en huelga de las empresas constructoras de una central térmica en Sant Adrià del Besós, en Barcelona, tuvo como resultado una nueva víctima mortal. Todos los acontecimientos anteriores dieron lugar a denuncias de las actuaciones policiales, críticas al Gobierno y acciones de protesta y solidaridad, algunas de especial relieve como la huelga general que paralizó El Ferrol o las huelgas generales en diversos municipios del cinturón industrial de Barcelona en respuesta a los hechos de Sant Adrià.

Al margen de las movilizaciones obreras y ciudadanas en respuesta a intervenciones policiales con resultado de víctimas mortales, el crecimiento de la conflictividad obrera y su radicalización se manifestó también en huelgas generales locales o comarcales, como las del Bajo Llobregat de julio y diciembre de 1974, la de Guipúzcoa y Vizcaya de diciembre del mismo año o la de Pamplona en enero de 1975.

En las elecciones sindicales celebradas en 1975, las candidaturas «unitarias y democráticas» promovidas por las CCOO, en algunos centros de trabajo en colaboración con otros grupos como la Unión Sindical Obrera (USO), lograron una clara victoria en muchas de las grandes empresas, y en numerosas de las medianas, en las principales concentraciones industriales y urbanas. Y a pesar de las maniobras de los organismos superiores de la OSE, muchos miembros de dichas candidaturas fueron elegidos vocales de las Uniones de Técnicos y Trabajadores a escala local, comarcal y provincial. Incluso en algunos lugares, aunque pocos, toda la estructura representativa quedó en manos de los electos de dichas candidaturas. Aunque la OSE intentó ocultar o minimizar lo que había pasado, muchas informaciones periodísticas dieron cuenta del descalabro verticalista[13]. Años después, el antiguo secretario general de la OSE, en 1975 gobernador civil de Barcelona, reconocería que puesto que «se observaba una presencia numerosa de militantes y simpatizantes de CCOO», y que «este movimiento era animado preferentemente por el PCE, pudo dictaminarse […] que se había poblado de comunistas la estructura sindical en sus niveles inferiores». Así pues, las elecciones fueron para la dictadura «un fracaso político en la medida que se generalizó la impresión de que las había ganado una oposición sindical cuyo núcleo era el PCE, que se oponía frontalmente a su estructura». Aunque para Rodolfo Martín Villa ello era una «verdad a medias», en «sus efectos más importantes operó como una verdad entera». Incluso en la cúpula sindical se extendió «una sensación de “cerco” que pudo dar lugar a la expresión, tal vez injusta pero que hizo fortuna, de “búnker” sindical»[14].

El panorama laboral y sindical en 1975 no era precisamente plácido para el franquismo, agravado además por el impacto de la crisis económica internacional iniciada bruscamente en 1973. Además, en muchos dirigentes empresariales se había instalado una creciente inquietud ante la confluencia de la crisis política y de la crisis económica, hasta el punto de sostener la organización patronal catalana Fomento del Trabajo Nacional que «mantener el nivel máximo de empleo aun a costa de hacer más irracional la economía de mercado […] es la única salida posible dentro del contexto institucional de nuestras estructuras laborales y políticas»[15]. Ante la intensa conflictividad laboral en julio de 1975, el Consejo Provincial de Empresarios de Barcelona reclamaba la implantación de unas reglas que fueran aceptadas por todas las partes y que dieran estabilidad al «sistema socioeconómico del país»[16]. Y en octubre de 1975, Fomento del Trabajo reclamaba un «pacto social» que sería «una especie de contrato por el cual las clases favorecidas hasta el presente, abdicaran conscientemente de algunos de sus privilegios y cedieran en sus posiciones de ventaja, para ser compartidos por las clases trabajadoras; estas a su vez considerarían el modelo neocapitalista como el campo de juego válido y aceptable, y se mantendrían prácticamente dentro de él»[17]. Además, para el Círculo de Economía, el pacto social solo sería posible en un marco de libertades[18].

En resumen, resulta evidente que la conflictividad obrera, a diferencia de lo sostenido por Vicente Palacio Atard, sí que ocasionaba quebraderos de cabeza tanto a los empresarios como a los dirigentes franquistas. De igual modo, y más allá del romanticismo al que aludía el académico de la Historia, la conflictividad estudiantil había supuesto la ruptura del orden franquista en las universidades y, con frecuencia, del orden público en las ciudades con centros de enseñanza superior.

Un informe confidencial del Ministerio de Educación de abril de 1974 describía a una mayoría, que cifraba en el 90 por 100 de los universitarios, que se movía «a remolque de las minorías interesadas o comprometidas en el desmontaje del sistema vigente», es decir, de un 10 por 100 de universitarios activos contra la dictadura[19]. El informe ministerial se refiere a una cuestión de particular relevancia: la movilización estudiantil fue impulsada y al mismo tiempo alimentó un activismo antifranquista que si bien constituía una minoría sintonizaba, si no con el 90 por 100 de los estudiantes sí con sectores notablemente amplios, dejando aparte las actitudes y acciones de los grupos muy radicalizados. Una encuesta del Instituto de Opinión Pública (IOP) de diciembre de 1975 realizada en Madrid, Barcelona y Sevilla confirmaba el elevado grado de desafección al régimen de los universitarios indicando que el 64 por 100 de los estudiantes era partidario de un cambio político «que pusiera en marcha inmediatamente un sistema democrático como el de los países de Europa», frente a un 2 por 100 partidario de que nada cambiase y un 28 por 100 que se inclinaba por una opción gradual de «evolución hacia estructuras más democráticas»[20].

La «pérdida» de la universidad por el régimen había empezado mucho antes y a mitad de los años setenta parecía absolutamente irreversible. En 1962, Rodolfo Martín Villa, recién nombrado jefe nacional del SEU, constataba en un informe para el Consejo Nacional del Movimiento el fracaso del adoctrinamiento político de los universitarios y de los jóvenes en general, concluyendo literalmente que «la juventud se nos ha ido»[21], algo que, expresado con menor crudeza, ya se había observado desde las filas del régimen en 1956[22]. Un informe de junio de 1957 sobre la situación universitaria afirmaba que en las universidades de Madrid y Barcelona, «las que van en vanguardia y tienen más influencia», existían núcleos «integrados por los estudiantes más inquietos y vivaces en los que se observa una crisis grave: sus símbolos no son los del Movimiento Nacional, y su orientación es más bien hacia el tremendismo y el existencialismo, hasta caer muchas veces en una franca heterodoxia, o en una activa declaración de fe marxista». Más allá del riesgo de nuevas protestas estudiantiles, lo más grave era que la juventud universitaria se apartaba del régimen, dejando «a la política del Estado y del Gobierno en el puro vacío, sin el calor de la solidaridad popular»[23]. La amenaza para el futuro del franquismo estaba pues perfectamente identificada.

Los preocupantes presagios de 1956 y 1957 y la dura descripción de la realidad del jefe nacional del SEU en 1962 se verían confirmados por el presidente de la ponencia del Consejo Nacional del Movimiento titulada «La juventud española y sus inquietudes. Fórmulas de incorporación a las tareas colectivas». El exministro de Educación Joaquín Ruiz Giménez sostuvo, durante el debate de un primer documento sobre la cuestión, que «cualquiera que esté en contacto con los medios juveniles sabe que en el seno de la universidad, y no digamos en el seno de la clase obrera, hoy la ideología socialista tiene una enorme fuerza», por tanto, un sector de la juventud estaba abiertamente «en ruptura con nosotros, con nuestros principios». Ruiz Giménez, próximo ya a su propia ruptura con el régimen, afirmó que «es muy fácil decir que la ideología democrática está muerta, pero la verdad es que goza de tremenda salud en muchísimos pueblos y entre las gentes jóvenes, la democracia entendida como una participación del pueblo en la tarea del Gobierno, y como una posibilidad de fiscalización de la obra de Gobierno del pueblo, no solamente no está muerta sino más viva que nunca, y la gente joven así lo piensa». Pero, además de esos jóvenes en actitudes de «ruptura», había otra juventud, «la más próxima a nosotros, es decir la de nuestros hijos concretamente», que estaba «en actitud díscola, y posiblemente cada uno de nosotros tenemos el riesgo de que alguno de nuestros hijos un día se enfrente con lo que nosotros representamos»[24].

No puede decirse, por tanto, que a los dirigentes franquistas les cogiera por sorpresa la creciente conflictividad universitaria, a la que debieron prestar una permanente atención y a la que incluso, en determinados momentos, el Consejo de Ministros dedicó reuniones casi monográficas. A partir de la mitad de la década de los sesenta, las universidades de Madrid y Barcelona en primer lugar, y rápidamente las demás, entraron en una situación de conflicto permanente, quebrando irreparablemente el orden franquista. La creación de Sindicatos Democráticos de Estudiantes supuso la confrontación abierta y radical de buena parte de los universitarios con la dictadura, y esta respondió al desafío con tentativas de «integración» por una parte, y con la represión por otra, siendo esta última opción la que prevaleció ante el fracaso de la primera.

Los documentos fundacionales del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona, aprobados por los delegados reunidos en el convento de los padres Capuchinos de Sarriá en marzo de 1966, con el apoyo de destacados intelectuales, reclamaban una universidad democrática, accesible a todas las clases sociales, promotora de la investigación científica y técnica, al servicio del bienestar de la sociedad y comprometida con la lucha por la libertad[25]. Cercado el convento por la Policía en cuanto tuvo noticia de la reunión, el Consejo de Ministros se ocupó de la situación y el propio Franco dio la orden de que fuese desalojado aun violando el Concordato[26].

En los meses siguientes se formaron Sindicatos Democráticos de Estudiantes en todas las universidades paralelamente al crecimiento de la agitación estudiantil[27]. El 12 de enero de 1968, el Gobierno examinó de nuevo la situación de las universidades donde, según el entonces ministro de Información, Manuel Fraga, «de momento hay “paz armada”, o sea, ocupación policial»[28]. Sobre qué debía hacerse surgieron discrepancias en el Consejo de Ministros; el titular de Educación, Manuel Lora Tamayo, era partidario de una política moderada y conciliadora en tanto que el de Gobernación, Camilo Alonso Vega, «quería mantener medidas enérgicas para mantener el orden en el campus de la Complutense»[29]. En las semanas siguientes, la universidad siguió entre las principales preocupaciones del Gobierno. El 22 de enero, Franco manifestó a su primo y ayudante, el teniente general Francisco Franco Salgado-Araujo, que deberían tomarse medidas excepcionales «si se quiere que esta situación anárquica termine y no sea un mal ejemplo para otros elementos del país»[30], y en la reunión del Consejo de Ministros del día 26, la situación universitaria fue, según Fraga, «el tema principal de preocupación», llegándose a estudiar la adopción de una especie de «estado de excepción» en los recintos universitarios, propuesta que no prosperó por ineficaz, aunque el Gobierno anunció su decisión de restablecer el orden y advirtió solemnemente que «aquellas personas que atenten contra el orden académico se enfrentarán con la ley y con las sanciones» establecidas en la legislación[31].

La alarma sobre la situación universitaria llevó a un grupo de procuradores en Cortes a solicitar la formación de una comisión de encuesta y a consejeros nacionales del Movimiento a pedir la celebración de una sesión secreta y extraordinaria del Consejo Nacional ante la situación de «desorden, subversión, crisis de autoridad […], atentado permanente contra el orden público y ofensa constante a los principios fundamentales del orden constitucional y de injurias a las más altas magistraturas del Estado, a que se ha llegado en la Universidad española»[32].

A lo largo de 1968, el Gobierno continuó muy pendiente de la agitación estudiantil y reforzó las medidas de carácter represivo. En noviembre se creó una comisión gubernamental para ocuparse de los problemas de orden público vinculados a la conflictividad estudiantil y, además, una unidad militar empezó a colaborar en el Ministerio de Educación en la actuación contra la «subversión»; ese fue el origen del denominado «Servicio Especial», transformado en marzo de 1972 en el Servicio Central de Documentación de la Presidencia del Gobierno (SECED), a las órdenes directas del vicepresidente Carrero Blanco[33]. El coronel José Ignacio San Martín, desde su experiencia en la dirección de dicho «Servicio Especial» ha explicado la extensión de la protesta universitaria en 1967 y 1968 a partir de la creación de Sindicatos Democráticos y de las reuniones de coordinación, lo que se tradujo en «los desórdenes de todo tipo […] que desembocaron en el estado de excepción decretado por el Gobierno en enero de 1969»[34].

Durante los tres meses que estuvo en vigor el estado de excepción aprobado por el Gobierno el 24 de enero fueron detenidos 315 estudiantes, lo que suponía el 42 por 100 del total de las 735 detenciones efectuadas por la Policía. Pero si la represión pudo destruir los Sindicatos Democráticos de Estudiantes no logró ni revertir la extensión del disentimiento ni evitar que las universidades se convirtieran en lo que la oposición a la dictadura y particularmente el PCE denominó «zonas de libertad», es decir, espacios donde se vulneraba constantemente la legalidad franquista mediante la celebración de asambleas estudiantiles para debatir sobre cuestiones académicas y políticas, la organización de manifestaciones y otras acciones de protesta, la pegada de carteles murales con propaganda antifranquista, la distribución de publicaciones ilegales, acciones de solidaridad, en especial con trabajadores huelguistas o víctimas de la represión, actos culturales realizados sin autorización, etc. En marzo de 1972, Carrero Blanco afirmó ante el Consejo Nacional del Movimiento que «para que la actividad universitaria sea lo que España necesita», era «absolutamente indispensable que salgan para siempre de la Universidad los profesores y los alumnos que llevan a cabo en ella la subversión»[35]. Era una afirmación tan contundente como reveladora del fracaso de la política gubernamental en la universidad en los años anteriores.

Desde el inicio de la década de los setenta, la conflictividad universitaria no fue solo estudiantil y la estudiantil no fue solamente universitaria. Por una parte, el crecimiento del número de estudiantes universitarios, fruto tanto de las necesidades del sistema productivo como de la presión social para acceder a la enseñanza superior, comportó la contratación de profesores precarios y mal pagados –los profesores no numerarios (PNN)–, muchos de ellos con experiencia militante en el movimiento estudiantil, que progresivamente se organizaron e impulsaron acciones reivindicativas con las inevitables connotaciones políticas. Por otra parte, apareció un movimiento estudiantil en los institutos de bachillerato que, como en otros ámbitos, fue impulsado por las organizaciones juveniles de los partidos antifranquistas que, a su vez, se extendieron a partir del crecimiento del movimiento.

La socialización antifranquista en la universidad de la década de los sesenta y los primeros años de la de los setenta tuvo importantes consecuencias. Más allá de los PNN antes citados, muchos jóvenes profesionales, con actitudes de disentimiento político adoptadas en los años estudiantiles, incorporarían sus experiencias a sus nuevos ámbitos de actividad, lo que constituiría un notable impulso a la extensión del antifranquismo. Por otra parte, jóvenes y no tan jóvenes profesionales desempeñaron un papel muy relevante en el movimiento obrero y en el movimiento vecinal; en el primero, particularmente los abogados laboralistas, cuyos despachos fueron con frecuencia espacios esenciales de organización y de coordinación de las acciones obreras[36]; en el segundo, también abogados, arquitectos, urbanistas y periodistas, que aportaron recursos técnicos y legales para combatir decisiones de las autoridades locales, asesoramiento a las reivindicaciones vecinales e incluso capacidad de elaboración de propuestas alternativas a las política locales franquistas.

Precisamente las protestas y reivindicaciones de los habitantes de las periferias de las ciudades en rápido crecimiento al calor de las profundas transformaciones económicas y sociales abrieron un nuevo ámbito de conflicto para la dictadura, para las autoridades locales en primera instancia. Dicho crecimiento, sin apenas políticas de planificación urbanística y de servicios básicos, empujó a los vecinos a organizarse, mediante muy diversas fórmulas en función de las posibilidades de cada momento y lugar, en centros sociales parroquiales, asociaciones de cabezas de familia y asociaciones creadas al amparo de la Ley de Asociaciones de 1964; dichos núcleos de activistas conformaron las bases de un movimiento que tendría su principal expresión en las asociaciones de vecinos[37], y que daría lugar a que Manuel Castells calificara la movilización social de los barrios de muchas ciudades españolas como la más amplia y significativa de las existentes en Europa desde 1945[38]. A mitad de la década de los años setenta, dirigentes franquistas y servicios policiales observaban con creciente preocupación esa nueva conflictividad, impulsada igualmente por el activismo político antifranquista, que podía aprovechar la experiencia de las CCOO, combinando igualmente legalidad e ilegalidad en las formas de organización y de actuación, y con demandas tan básicas y legítimas que resultaba muy difícil desacreditarlas con el habitual recurso franquista de la denuncia de la «subversión». Un documento policial de enero de 1975 afirmaba que «la subversión en los barrios» era una de las «dos principales palancas» –junto a la desarrollada en «el ámbito laboral»– que empleaban los «grupos de oposición para derrocar al Régimen»[39].

Y siendo cierto el papel determinante de los militantes de los grupos antifranquistas y de activistas católicos en proceso de radicalización, las acciones vecinales no eran fruto de la agitación política, sino de los gravísimos déficits de los barrios periféricos, desde los más básicos, como el alcantarillado, el suministro de agua, la iluminacióno el asfaltado, a otros no menos importantes como el transporte público, las escuelas o los centros sanitarios. Además, la connivencia entre los beneficiarios de la especulación urbanística y la administración local propició proyectos que se encontraron con el rechazo frontal de unos vecinos movilizados y, como se ha apuntado anteriormente, con capacidad de elaborar alternativas que respondieran al bien público y a los intereses colectivos.

Con todo, la movilización rupturista tuvo importantes límites, minimizados cuando, frente a quienes la han ignorado, se ha descrito un escenario en el cual el derrocamiento del régimen era un objetivo a punto de alcanzarse, de manera que solo renuncias inexplicables, o la incapacidad o la traición de los dirigentes de la oposición no lo hizo posible. Ciertamente, la movilización antifranquista contribuyó decisivamente a la crisis de la dictadura, pero nunca alcanzó la extensión y la intensidad para abocarla al colapso. En primer lugar, porque el aparato represivo estuvo plenamente operativo hasta el fin del régimen, lo que contribuyó al mantenimiento en la sociedad de un miedo extenso, alimentado además por la memoria de la extrema violencia del primer franquismo. En segundo lugar, por la notable extensión de la pasividad en sectores diversos de la población, en unos casos con el miedo como factor determinante, pero también por las expectativas de mejora de las condiciones de vida en un contexto de intenso crecimiento económico y de cambios sociales, sin olvidar la apatía política o la simple aceptación del orden establecido por convicción o por interés. Por último, a pesar de la progresiva extensión de la conflictividad antifranquista, sus expresiones más intensas se encontraron con muchas dificultades para manifestarse fuera de las principales concentraciones industriales y urbanas del país.

EL CRECIMIENTO DEL DISENTIMIENTO

No obstante los límites señalados, la conflictividad social antifranquista también empujó el disentimiento en otros ámbitos, lo que se tradujo en otras expresiones críticas que contribuyeron de manera relevante a condicionar el futuro de la dictadura. En los años setenta, las actitudes antifranquistas en el mundo cultural y entre sectores amplios de profesionales no pararon de crecer, aunque las acciones más comprometidas siguieran siendo minoritarias. Tampoco este era un fenómeno nuevo; desde la década anterior, las manifestaciones críticas con el régimen y sus políticas, especialmente las de carácter represivo, habían contado con el apoyo de muchas de las figuras más relevantes de la cultura española, especialmente mediante cartas dirigidas a las autoridades, que si bien con frecuencia eran silenciadas en los medios de comunicación ello no evitaba que tuvieran una notable difusión y una repercusión en el exterior que resultaba particularmente negativa para el franquismo. El Ministerio de Información registró entre 1962 y 1969 más de treinta escritos con ilustres firmas del mundo de las letras, de las artes y de la universidad, como las de José Bergamín, Gabriel Celaya, Miguel Delibes, Gonzalo Torrente Ballester, Antonio Buero Vallejo, Juan, José Agustín y Luis Goytisolo, Carmen Martín Gaite, Juan García Hortelano, Jaime Gil de Biedma, Ana María Matute, Salvador Espriu, Antoni Tàpies, Juan Genovés, Antonio Saura, Juan Antonio Bardem, Víctor Erice, Vicente Aranda, Jaime Camino, José Luis Borau, Fernando Fernán Gómez, Francisco Rabal, Antonio Gades, José Manuel Blecua, José Antonio Maravall, Julián Marías, José Luis L. Aranguren, Pedro Lain Entralgo, Agustín García Calvo, Enrique Tierno Galván, Manuel Giménez Fernández, Dionisio Ridruejo y un muy largo etcétera[40].

Sin duda, la dictadura no se sentía literalmente amenazada por el disenso de intelectuales, artistas y académicos, pero ello no implicaba que sus dirigentes no fueran conscientes de los efectos deslegitimadores de sus actitudes y del daño que ocasionaban a su imagen, tanto en el interior como en el exterior. Por otra parte, pese a los intentos efectuados, el régimen carecía de opciones efectivas para captar apoyos en ese mundo e incluso para neutralizar dichas actitudes, más allá de la represión que cada vez más tenía efectos muy contraproducentes. Como destacaba un consejero nacional del Movimiento en 1973, la imagen del régimen y su futuro dependían en gran medida de «los hombres de pensamiento», y consideraba que no se les podía recuperar «con decretos ni con medidas represivas», aunque las propuestas que formulaba eran de muy corto recorrido, como «la corrección de los defectos del sistema» o el estudio de «mecanismos a través de los que se podría incorporar a la vida pública activa dentro de los cauces legales a los marginales que por sus actividades humanas encierren mayores elementos aprovechables y se muestren dispuestos a aceptar la le­galidad»[41]. La soledad del régimen en el mundo cultural era abrumadora. Sin duda, hubo numerosas actitudes de silencio y de ausencia de apoyo a iniciativas críticas, pero en los años setenta resultaba casi imposible encontrar nombres relevantes del mundo cultural que apoyaran abiertamente al franquismo.

En estos años, una parte notable de la actividad cultural fue adquiriendo un carácter de crítica social y política que comportó constantes forcejeos con la censura y, en general, con las autoridades políticas. Representaciones teatrales, sesiones de cine club, conferencias y exposiciones sirvieron para, explícita o implícitamente, denunciar la dictadura. Las frecuentes sanciones impuestas no hacían más que justificar la denuncia efectuada. Un fenómeno especialmente destacable por no tener el carácter minoritario que limitaba la influencia de muchas actividades culturales, como algunas de las anteriormente citadas, fue el de la «canción de protesta», en Cataluña la «nova cançó», en sintonía con un movimiento presente en todo el mundo occidental pero que en España cobraba una particular dimensión dada la naturaleza del régimen político establecido. Los recitales de cantautores como Raimon, Lluis Llach, Joan Manuel Serrat, Paco Ibáñez, José Antonio Labordeta, Jaime Pastor o Elisa Serna se convirtieron con frecuencia en actos de carácter antifranquista, en los que los numerosos asistentes podían constatar que quienes querían acabar con la dictadura no eran la exigua «minoría subversiva» que denunciaba el régimen, sino sectores muy amplios de la sociedad española; en todo caso, como confirmaba la encuesta del IOP de diciembre de 1975 citada anteriormente, la parte más joven, culta, informada y activa. Las autoridades franquistas se encontraron sistemáticamente ante el dilema de prohibir, lo que agudizaba la imagen represiva del régimen, o permitir, lo que, de una forma u otra, acababa convirtiéndose en un acto de crítica, lo que alentaba las acciones transgresoras ante las que finalmente debían utilizar la vía de la sanción para reafirmar su autoridad. Oscilando entre cierta tolerancia y la prohibición, en función del momento y del lugar, los gobernantes intentaron gestionar una situación siempre adversa y fuente de erosión permanente.

En el ámbito profesional, algunos colegios ocasionaron también crecientes quebraderos de cabeza a los dirigentes del régimen, en especial los colegios de abogados, de doctores y licenciados y de arquitectos, con no pocos de sus miembros vinculados a los movimientos sociales antifranquistas. El Colegio de Abogados de Madrid fue motivo de particular preocupación, en especial con ocasión de iniciativas como las aprobadas en enero de 1969 por una junta general extraordinaria solicitando al Gobierno la abolición de las jurisdicciones especiales y reclamando un régimen penitenciario especial para los presos políticos[42]. Un año y medio después, en junio de 1970, el Congreso de la Abogacía celebrado en León se pronunció a favor de una amnistía general, la supresión de las jurisdicciones especiales, la derogación de la Ley de Rebelión Militar, Bandidaje y Terrorismo y de la abolición de la pena de muerte, a pesar de la movilización por el Gobierno de los congresistas adictos para impedirlo[43].

Aunque no sea posible medir los efectos de los pronunciamientos denunciando actuaciones represivas y demandando respeto a los derechos humanos, o directamente el establecimiento de instituciones democráticas, no cabe duda que fortalecían las bases del rechazo a la dictadura, alentaban a los activistas en los distintos ámbitos, socavaban las convicciones de los adictos más tibios y hacían crecer las dudas entre quienes aceptaban sin entusiasmo el orden establecido.

Un muy notable impacto sobre la dictadura tuvo la extensión del disentimiento en el mundo católico, incluido una parte del clero que, desde comienzo de la década de los años setenta, se manifestó incluso en una parte de la jerarquía eclesiástica. Las primeras actitudes críticas con la realidad social y con el régimen político aparecieron en organizaciones como las Hermandades Obreras de Acción Católica (HOAC) o la Juventud Obrera Católica (JOC) ya en la década de los años cincuenta, y en los sesenta fue creciente la participación de activistas católicos en la conflictividad social emergente y en los movimientos antifranquistas, particularmente en las CCOO y en el movimiento vecinal, además incorporándose muchos a la militancia política[44]. Por otra parte, y también en forma creciente, miembros del clero regular y secular apoyaron a dichos movimientos y participaron directamente en su articulación, en acciones reivindicativas y algunos, incluso, en la militancia política[45]. Espacios eclesiásticos, formalmente protegidos por el Concordato, acogieron numerosas reuniones clandestinas, asambleas de trabajadores en huelga y otras acciones de protesta. No es un dato menor que fuera precisamente en un recinto religioso donde se constituyó el Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona en marzo de 1966, donde se reunieron más de 300 intelectuales, artistas y profesionales catalanes para protestar contra el Consejo de Guerra de Burgos en diciembre de 1970, o donde fueron detenidos los miembros de la Coordinadora General de CCOO en junio de 1972, por poner solo tres ejemplos particularmente relevantes. Por otra parte, fue cada vez más frecuente la crítica al régimen en celebraciones religiosas, especialmente la denuncia de la violación de los derechos humanos. Todo ello dio lugar a que la dictadura creara en 1968 una prisión especial para clérigos ubicada en Zamora.

La evolución del catolicismo español fue propiciada por el cambio generacional en el clero, por la penetración de corrientes renovadoras especialmente de procedencia francesa, por el pontificado de Juan XXII y, finalmente, por el Concilio Vaticano Segundo, y tuvo como consecuencia el alejamiento de la dictadura de sectores cada vez más extensos del mundo seglar católico y del clero, seguido de la crítica abierta, lo que acabó dando lugar a una creciente deslegitimación del franquismo por parte de unos de sus apoyos esenciales, lo que lo erosionó profundamente. Sorpresa, preocupación e irritación recorrieron las instituciones franquistas a medida que se extendían las críticas procedentes de la Iglesia, en particular cuando eran formuladas por miembros de la propia jerarquía eclesiástica que, hasta pocos años antes, había sido muy mayoritariamente adicta[46]. Al mismo tiempo, las quejas del Gobierno a la Santa Sede eran cada vez más desoídas, y no favorecía las buenas relaciones con el Vaticano la negativa de Franco a renunciar al «derecho de presentación» tal como le pidió Pablo VI[47].

Algunos acontecimientos determinaron la configuración de un insólito conflicto con la Iglesia del estado confesional católico creado por el franquismo. El Consejo de Guerra de Burgos en diciembre de 1970, en el que la acusación solicitó la pena de muerte para 6 de los 16 acusados de formar parte de ETA, entre ellos 2 sacerdotes, dio lugar a una tensa situación a raíz de la carta pastoral del obispo de San Sebastián y del administrador apostólico de Bilbao que, además de contribuir a dar a conocer el proceso, solicitaba que el juicio se celebrara ante la jurisdicción ordinaria y no ante la militar, afirmando que la primera permitía una más plena defensa de los inculpados y, además, se anticipaba a solicitar la conmutación de la pena de muerte si alguna fuera sentenciada, concluyendo con un rechazo «toda clase de violencias, las estructurales, las subversivas y las represivas»[48]. El Gobierno reaccionó de inmediato considerando inaceptable y especialmente grave equiparar «la violencia delictiva, penada por la Ley, con esta misma pena que la Ley impone a quien comete un delito previamente tipificado por el ordenamiento jurídico», y afirmando que «el pensamiento de condenar lo que ellos llaman violencia subversiva y la represiva es equivocado»[49]. Hechas públicas las sentencias de muerte, Pablo VI pidió personalmente su conmutación, como había hecho en anteriores ocasiones y como haría ante condenas futuras.

En septiembre de 1971, una mayoría de participantes en la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes votó a favor de un documento, aunque sin alcanzar los dos tercios necesarios para su aprobación, que pedía perdón por el papel de la Iglesia durante la guerra civil, «porque nosotros no supimos a su tiempo ser verdaderos ministros de la reconciliación en el seno de nuestro pueblo, dividido por una guerra entre hermanos»[50], frase que pulverizaba la caracterización de la guerra como «cruzada» y que, en consecuencia, causó indignación en las filas franquistas[51] y permitió que los dirigentes de la dictadura apreciaran el grado que alcanzaba la desafección en el clero, incluida una parte creciente de la jerarquía. La XVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, celebrada en marzo de 1972, que eligió al cardenal Vicente Enrique y Tarancón como presidente, confirmó lo lejos que se situaba la Iglesia respecto a un régimen que había apoyado sin reservas durante tres décadas. Diez meses después, el episcopado hizo público el documento titulado La Iglesia y la Comunidad Política que constituía una defensa del pluralismo político afirmando que «una efectiva pluralidad de opciones es parte integrante del bien común, el cual es norma de la acción de los hombres en el servicio a la sociedad y la razón de ser y el criterio de delimitación del ejercicio de la autoridad política». El documento proclamaba el compromiso de la Iglesia con la promoción de «la justicia social y el efectivo reconocimiento de los derechos humanos», y defendía la obligación del magisterio jerárquico de «pronunciarse sobre los principios sociopolíticos en cuanto afectan a la dignidad y a los derechos de la persona…»[52].

Pero el episodio de mayor tensión tuvo lugar a comienzos de 1974, recién formado el Gobierno presidido por Carlos Arias Navarro, el denominado «caso Añoveros». El 24 de febrero, en las iglesias de la diócesis de Bilbao fue leída una homilía, titulada «El cristianismo, mensaje de salvación para los pueblos», que defendía el derecho del pueblo vasco, «lo mismo que los demás pueblos del Estado español», de «conservar su propia identidad», uno de cuyos componentes era su lengua milenaria, «cultivando y desarrollando su patrimonio espiritual», lo que, sin embargo, tropezaba con «serios obstáculos», en especial por las restricciones en el uso de la lengua vasca, por lo que la Iglesia pedía los cambios necesarios[53]. Tales aseveraciones fueron consideradas por el Gobierno un gravísimo ataque a la unidad nacional, decidiendo el arresto domiciliario del obispo de la diócesis, Antonio Añoveros, y posteriormente, fracasada su tentativa de que abandonara voluntariamente el país, su expulsión de España. El prelado se negó a acatar la orden y advirtió que solo abandonaría su diócesis por la fuerza, amenazando con sanciones canónigas a los responsables de tal acción. La mayoría de la jerarquía católica, con Tarancón a la cabeza, apoyó al obispo de Bilbao y amenazó al Gobierno con la excomunión, algo que rebasaba todo lo imaginable en una España cuyos máximos dirigentes seguían instalados en el marco referencial del nacional-catolicismo. Al final, las conversaciones entre miembros del Gobierno y de la Conferencia Episcopal dieron lugar a la anulación de la orden de expulsión del obispo a cambio de una declaración de Añoveros relativa a la unidad de España, que evidentemente nunca había cuestionado[54].

LA ARTICULACIÓN DE LA OPOSICIÓN POLÍTICA

En la conformación de este escenario de creciente desafección, de su más abierta expresión y de conflictividad social en ascenso continuado, la oposición política desempeñó un papel capital. Porque fueron principalmente los militantes del PCE y los de los grupos a su izquierda[55] los que impulsaron los movimientos sociales antifranquistas y, en buena medida, su activismo empujó la adopción de actitudes más activas contra la dictadura en sectores ideológicamente más moderados y que hasta muy tardíamente se habían movido entre la espera de tiempos más propicios y el testimonialismo puntual.

El PCE había desarrollado una acción política que tenía como objetivo primero y fundamental el establecimiento de un régimen democrático homologable a los de la Europa occidental próxima. Obviamente tenía objetivos más allá de una democracia representativa, considerada el primer paso hacia lo que denominaba una «democracia política y social» concebida como el camino hacia el «socialismo en libertad», es decir, hacia un modelo de socialismo muy alejado del socialismo soviético[56]. La movilización social y la articulación de la más amplia unidad antifranquista eran los instrumentos que el PCE consideraba esenciales para lograr el final de la dictadura. Pero, situados en la primera mitad de los años setenta, si en la movilización el éxito había sido notable, considerando las condiciones existentes, en la unidad antifranquista los resultados habían sido muy escasos. Los militantes comunistas actuaban en CCOO, en el movimiento estudiantil o en el vecinal en colaboración con activistas católicos y con militantes de otros partidos y en el ámbito cultural y profesional coincidían igualmente con quienes impulsaban la denuncia de la dictadura. Pero las relaciones directas entre grupos políticos eran prácticamente nulas.