La transición española E-Book

Eduardo Valencia Hernán

• Herausgeber: Tregolam
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Sprache: Spanisch

Veröffentlichungsjahr: 2021

Beschreibung

Sinopsis de La Transición Española 2. Una visión desde Cataluña Esta segunda parte esta dedicada en exclusiva al periodo que conocemos como La Transición Española. Con ello intento dar respuesta al por qué de las causas que nos han llevado a las puertas de un conflicto social no deseado por nadie. Un trance que continua sin ligazón entre dos formas de entender el futuro de Cataluña y de España. Quizás una de esas decisiones equivocadas pudo ser esta: "Convoqué una reunión con los socialistas del PSOE. El salón, repleto de militantes, rezumaba espíritu patriótico de Partido. Todos protestaban porque consideraban que se relegaba a los socialistas de la Federación, en beneficio del grupo de "intelectuales" cercanos a las tesis nacionalistas que ellos no compartían. Tuve que tragarme el corazón y con un discurso que no lograba dominar por completo intenté mostrarles la importancia que para la conexión de los ciudadanos de Cataluña y el socialismo tenía el presentarnos ante el pueblo como un sólo grupo socialista. Fue una intervención capciosa, pues yo mismo no estaba convencido plenamente de lo que decía. Se votó, y aceptaron mis argumentos. Muchos expresaron que lo hacían porque los defendía yo, no porque creyeran en ellos. Me sentí mal. Tenía la angustiosa sensación de estar equivocándolos, de engañarlos. Mucho tiempo después, y a tenor de la evolución de los hechos, un sabor salado me sube a los labios: es el gusto de la incertidumbre acerca de mis actos. ¿Debí negarme a un acuerdo que efectivamente ha ido de forma paulatina imponiendo unas tesis que la Federación Socialista del PSOE no aceptaba? Estas son las marcas que deja la responsabilidad. Tomar decisiones no es tan difícil; salvar tu conciencia de los efectos morales de las decisiones es un pago inevitable." Alfonso Guerra.

Leseprobe

La transición española.Una visión desde Cataluña. Tomo II

Eduardo Valencia Hernán

© La transición española.Una visión desde Cataluña. Tomo II

© Eduardo Valencia Hernán

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Editado por Tregolam (España)

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Diseño de portada: © Tregolam

1ª edición: 2021

Este libro está basado casi en su totalidad en un resumen escueto de mí Tesis Doctoral La Asamblea de Cataluña (1970-1978) realizada entre el año 2000 y el 2011.

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LA TRANSICIÓN. EL CAMBIO DEMOCRÁTICO

Con la desaparición del general Franco comienza una etapa histórica para nuestro país conocida como la Transición Española. Mucho se ha escrito sobre ese periodo tan corto en lo temporal como intenso en acontecimientos políticos y sociales; sin embargo, tal como va transcurriendo el tiempo, van surgiendo del anonimato nuevos documentos y testimonios sobre aquellos hechos que nos permiten amoldar con coherencia las diferentes interpretaciones que los historiadores han publicado a lo largo de los últimos treinta años.

El historiador Rubén Vega, en su artículo titulado: “Demócratas sobrevenidos y razón de Estado. La Transición desde el poder”,nos presenta una de estas versiones poniendo en cuestión a aquellos que afirman que la realización de las reformas que condujeron al cambio desde el régimen dictatorial a la democracia, partieron exclusivamente desde el poder, sin tener en cuenta, por un lado la madurez del pueblo español y, por otro, la presión ejercida desde abajo por las intensas movilizaciones sociales, sin poder olvidar otros factores como los de carácter internacional, pues España era la última dictadura en la Europa occidental después de la caída de los regimenes autoritarios de Grecia y Portugal.

Otros historiadores, sin embargo, han resuelto el tema mediante el protagonismo ejercido por los cuatro artífices de la Transición: el rey Juan Carlos I, Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Torcuato Fernández Miranda,1 dando la sensación que los directores de la reforma desde el franquismo a la democracia fueran en el fondo unos demócratas convencidos que encontraron su oportunidad de romper con lo que ellos mismos habían apoyado durante décadas. Sea como sea, aunque esta hipótesis fuera factible, resulta poco creíble, aunque ocurriera el caso de que ellos mismos se hubieran autocalificado como demócratas.

En realidad, este cambio reformista fue un cúmulo de acciones, unas preparadas y otras forzadas, donde la presión ejercida por la oposición, aunque algunos opinen que se produjo en un ambiente de desmovilización de la sociedad civil, actuó como catalizador de estos actos.

Sin duda alguna, el recuerdo de la guerra civil y el miedo a la represión franquista todavía continuaban en lo más profundo de la sociedad, sobre todo, los que lo vivieron o padecieron una dura posguerra; sin embargo, los más jóvenes comenzaban a percibír el franquismo como un sistema caduco y no como un régimen dictatorial y policial, por lo que la actitud de esta nueva generación de españoles sería la encargada de llevar adelante el grueso del trabajo de oposición democrática diferenciada preferentemente entre el movimiento obrero y el estudiantil.2

Tras la muerte del presidente Carrero Blanco en 1973, se produjo un nuevo impulso organizativo de la oposición democrática, siendo la Asamblea la que llevó la mayor representatividad antifranquista en Cataluña, junto a la Junta Democrática que, a partir de 1974, llevó la iniciativa en el resto del Estado español. De esta forma todo parecía ir encaminado en la búsqueda del gran salto desde la dictadura a la democracia, sumándose a ello la gran conflictividad laboral provocada en parte desde dentro de las estructuras sindicales, donde las candidaturas ganadas por CC.OO en las elecciones sindicales de 1975 comenzaban a dar sus frutos.

Las fuerzas entre los dos bandos estaban preparadas para dirimir su lucha final, aunque la cuestión era el cómo se iba a realizar, ¿mediante la ruptura o la reforma?

La frase atribuida a Carlos Arias Navarro de que: “o hacemos el cambio nosotros o nos lo hacen”3 me parece de lo más acertado, aunque otros, hábilmente, utilicen ese lenguaje con el propósito de justificar su pasado en aras del objetivo cumplido, como así afirmaba el antiguo jefe nacional del SEU y posterior ministro de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa: “La izquierda es la que enarbola la bandera de la democracia. Nosotros nos limitamos a traerla. Nada menos”.4

Lo cierto fue que los testimonios que brindan los protagonistas principales de la Transición, tal como dice Rubén Vega, a parte de ser textos filtrados y desvirtuados por el tiempo, en el fondo retratan a unos gobernantes obsesionados por los peligros de la conflictividad obrera y las manifestaciones populares, forzados a ceder más que a ser impulsores de las libertades, ciegos e insensibles ante los abusos del régimen al que pertenecían y aceptando los consejos de guerra con resultado de muerte como algo normal y no excepcional a la democracia que pretendían protagonizar. Más bien este cambio de actitud fue debido a la presión ejercida por las fuerzas de oposición y por la presión social que logran domar pero no neutralizar.5

El historiador José Mª Marín es aún más atrevido en sus conclusiones, afirmando que la Transición democrática supuso en realidad una ruptura con el régimen franquista, una especie de ruptura pactada o reforma pactada con efectos reales de ruptura, tal como señala también Javier Tusell.6 De todos modos, la balanza entre la reforma y la ruptura se estaba dirimiendo en las fábricas, universidades y en la calle, causando incontables contratiempos a los reformistas que veían esta presión como un estorbo ante el avance democrático. El propio Salvador Sanchez Terán, siguiendo esta línea, intenta en lo posible desactivar esta presión popular que inunda Barcelona y su entorno, llegando incluso a manipular el sentido de las protestas como algo negativo para la evolución democrática. En los próximos capítulos veremos como se desenvuelve esta situación. Efectivamente, tras la muerte del Caudillo, el presidente Arias tuvo de nuevo la oportunidad con el apoyo del rey de presentar y tomar la iniciativa y llevar a cabo una nueva política aperturista al recibir el encargo de presidir el primer gobierno de la Monarquía; no obstante, fue incapaz de asumir siquiera un programa de gobierno propio teniendo que aceptar el propuesto por Manuel Fraga. Asi que, en el fondo lo único que hizo bien en su corto mandato fue lo que siempre supo hacer: librar al régimen del peligro de sus adversarios. Eso fue lo esencial de su política.

Lo sorprendente del caso fue que el último presidente del franquismo no perteneciera a ninguna familia del régimen ni que tampoco fuera falangista aunque eso no le valiera para entenderse ni con Franco ni con el rey; y que, contra todo pronóstico Juan Carlos I decidiera mantenerlo en el cargo presionado seguramente por distintos sectores del bunker pues incluso el propio falangista Girón, que había sido rechazado a formar parte del anterior gabinete por el propio presidente, apoyó al rey en este asunto ya que, después de todo, era la solución menos mala. Asi, pues, Carlos Arias no dimitió ante el rey en la creencia de que todavia estaba a la mitad del mandato ejercido por Franco, sin saber que, en realidad, el rey deseaba lo contrario.

Sin duda alguna, el primer gobierno de la Monarquía estuvo abocado al fracaso desde su inicio entre otras cosas al ser un gabinete impuesto; sin embargo, en los siete meses que duró pudieron apreciarse algunos rasgos positivos comparados con el anterior ejecutivo, como la incorporación de dos nuevos reformistas: José Mª de Areilza y Joaquín Garrigues en Asuntos exteriores y Justicia, y la incorporación de dos nuevos valores, Alfonso Ossorio y Adolfo Suárez, este último propiciado por el nuevo presidente de las Cortes y asiduo consejero del rey, Torcuato Fernández Miranda.

Las reflexiones del conde de Motrico, uno de los ministros que formaban parte de este gabinete, criticando al nuevo gobierno por su falta de unidad, coherencia y propósito en sus objetivos, sumado al discurso pronunciado por el presidente Arias en las Cortes en enero de 1976, puso en evidencia definitivamente la incapacidad de éste de romper las pautas ideológicas con el franquismo. La propuesta de dos cámaras legislativas con atribuciones sin concretar, la reforma del asociacionismo y el derecho de manifestación pero, sobre todo, sus posteriores manifestaciones contrarias a las pequeñas concesiones que ofrecía, delataban su fijación por el pasado.

La creación en ese mismo mes de una comisión mixta formada por representantes del gobierno y del Consejo Nacional para negociar la reforma constitucional basada esencialmente en el texto que presentó su ministro de la Gobernación titulado “La reforma constitucional, justificación y líneas generales”, resultó de nuevo un fracaso pues carecía de ideas, se queria reformar mucho sin cambiar nada y, sobre todo, se ignoraba la posición del rey. En definitiva, lo que se pretendía era detener cualquier tipo de reforma; incluso desde la primera reunión, el propio presidente se declaró mandatario de Franco y de su testamento.

Otro aspecto en el que cabe profundizar fue la actitud y la estrategia a seguir por la oposición democrática durante el periodo final del franquismo y la reacción del gobierno frente a ésta. La aparición de la Junta Democrática (JDE) y posteriormente, la unión con otros entes unitarios de oposición provocó en el gobierno de Arias Navarro un sensible malestar al intuir éste el peligro unitario de la mayoría de la oposición aunque era evidente que la situación política no aconsejaba optar exclusivamente, como en otras ocasiones, por acciones represivas sino por una estrategia de reacción controlada. De ahí que se aceptase un pluralismo limitado desde el poder donde no se contemplaba ninguna opción ni para los comunistas ni para cualquiera que osara cuestionar el régimen. En definitiva, se trataba de implantar un sistema por el cual se iban concediendo algunas libertades relacionadas con los propios derechos humanos pero que podían ser revocadas en cualquier momento en defensa del interés nacional, o sea, utilizar la táctica de emplear ligeros cambios cosméticos y dejar lo esencial invariable. Sin embargo, el transcurso del tiempo nos ha demostrado que esta declaración de intenciones propuesta desde el poder se vió practicamente desbordada por la presión popular, la llamada “presión desde abajo”, por lo que cada logro de libertad conseguido no fue otorgado por la pura concesión gubernativa sino a través de enormes sacrificios pagados mayoritariamente por la clase trabajadora. Eso si, al menos hasta llegados los primeros comicios democráticos generales, ni con el gobierno Arias ni tampoco con el primer gobierno de Suárez se pudo traspasar la linea roja consistente en excluir a los organismos que pusieran en duda la unidad de España, el sistema capitalista, la monarquía y la forma de Estado establecido, teniendo algunos partidos como el de ERC que arrastrar por mucho más tiempo la ilegalidad de ese republicanismo inherente en sus siglas.

Fueron precisamente los trágicos sucesos de Vitoria y posteriormente los de Montejurra los que marcaron el principio del fin del gobierno Arias que caería definitivamente a finales de junio de 1976, siendo sustituido, por elección del rey, sorprendentemente por Adolfo Suarez, uno de sus ministros.

En resumen, podríamos concluir que las concesiones de libertad y de democracia en la etapa final del franquismo fueron conseguidas a través de una presión constante ejercida desde abajo contrarrestada por continuas represiones dirigidas desde el poder, generando así un arriesgado equilibrio que podría romperse en cualquier momento. Por tanto, cometeríamos un error en aceptar, pese a la insistencia de los protagonistas que inciden en ello, que estas concesiones democráticas fueron concebidas mediante un plan consciente dirigido desde el poder para así conducir la reforma del franquismo hacia una zona realmente democrática por la generosidad y gracia de aquellos que ostentaban el poder.

Junta Democrática de España, París, Enero de 1976

1. VEGA, Rubén, “Demócratas sobrevenidos y razón de Estado. La Transición desde el poder”, en Historia del presente, Madrid, Ed. Eneida, 2008. Volumen 12, II época, pp. 129-154.

2. MARIN, José Mª, “Algunas claves interpretativas de la transición española”, en WAISMAN, Carlos; RAANAN, Rein y GURRUTXAGA, Ander, Transiciones de la dictadura a la democracia: los casos de España y América Latina, Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 2005, pp. 87-89.

3. OSORIO, Alfonso, Trayectoria politica de un ministro de la corona, Barcelona, Planeta, 1980, p. 37. En VEGA, “Demócratas sobrevenidos (...)”, op. cit., p. 132.

4. MARTÍN VILLA, Rodolfo, Al servicio del Estado, Barcelona, Planeta, 1984, p. 50. En VEGA, Rubén, “Demócratas sobrevenidos (...)”, op. cit., p. 131.

5. En VEGA, Rubén, “Demócratas sobrevenidos (...)”, op. cit., p. 152.

6. MARIN, José Mª, “Condicionantes económicos y sociales de la Transición”. En YSÀS, Pere; JULIÁ, Santos; MARÍN ARCE, José Mª; PÉREZ LEDESMA, Manuel; MAINER, José Carlos; MOLAS, Joaquim; UGARTE, Javier; CHIRLES, Rafael; al cuidado de Carmen MOLINERO, La Transición, treinta años después, Barcelona, Peninsula, 2006, p. 81.

La Asamblea de Cataluña y la Junta Democrática de España

Los intentos de aproximación entre la Asamblea y otras plataformas unitarias de oposición en el resto del Estado español, se pueden catalogar de esporádicos al principio de su formación e intensos después de la muerte del Generalísimo. Desde hacía tiempo la CCFPC y la CPAC habían intentado reunirse con otras organizaciones unitarias en España, buscando interlocutores para estos fines aunque el resultado fue insatisfactorio. En Madrid, después del fracasado intento en el verano de 1971 de formar una mesa democrática unitaria de los partidos de izquierda, se constituyó en 1974 otra mesa democrática regional sin llegar a convertirse en Asamblea del Centro, que era su deseo.

Sin embargo, fue a primeros de abril de 1973 cuando se reunieron diez delegaciones representativas de diversos organismos de coordinación de lucha unitaria en la que estaban representados: Andalucía (Granada y Sevilla), Aragón, Asturias (como observador), Canarias, Cataluña, Galicia, Mallorca, La Rioja y Valencia. En los debates se trataron temas relacionados con la reivindicación nacional que afectaban a Canarias, Cataluña, Euzkadi y Galicia, recalcando una aceptación positiva mayoritaria. También se habló de la descentralización y de preparar una reunión de todas las plataformas unitarias de oposición, buscando un esfuerzo principal en concentrarse por la concreción de la alternativa democrática, rechazándose la falsa apertura y el incremento de la opresión por parte del régimen.

Lo cierto fue que representantes de la Asamblea realizaron entre los años 1973-74, diversas reuniones de plataformas o mesas unitarias en diferentes lugares del país aunque siempre se echaba en falta la ausencia de Madrid que no permitía la estabilidad de esas relaciones. El sacerdote Josep Dalmau, miembro de la Asamblea, comentaba al respecto:

“Y para que no se pueda objetar que la Asamblea fue una reflexión preocupada solo por nosotros y aislada del resto de España, añadiré que yo, un miembro mas de la Asamblea, expliqué el tema en una conferencia en Madrid donde había, entre otros, Ramón Tamames y el portavoz del PCE en Madrid, en otra multitudinaria en Córdoba en el local Juan XXIII, dirigido por José Aumente, ahora ideólogo a la sombra del Partido Andalucista, y en una conversación informal con grupos escogidos en Málaga, invitado por el canónigo amigo de Cataluña, José Mª González Ruiz. Hice una conferencia en Santiago de Compostela sobre la Asamblea, camuflada con el título Xirinachs, premio Nobel de la Paz, y otra en San Sebastián. Y como anecdotario, una conferencia que tenía que dar en Valencia fue prohibida por el gobernador. Y yendo a visitar al obispo Antonio Añoveros para que me diese permiso para hablar en un local de la iglesia, me dijo que no, poniendo en duda agresivamente, y después disculpándose, que yo tuviese −licencias canónicas− para predicar dentro de la iglesia (…).”7

También surgió la noticia de la creación de la llamada Asamblea Democrática de Euzkadi, con cierta similitud en su composición con la Asamblea. Así pues, en vista de la buena aceptación de este tipo de organizaciones dentro de la oposición democrática, se intentó relanzar el concepto de entes unitarios a lo largo de todo el territorio español.8

Por otro lado, hacía tiempo que los partidos de ámbito nacional buscaban una solución que fuera la alternativa al régimen. Para algunos grupos, Juan de Borbón parecía un buen candidato para liderar las fuerzas de oposición; sin embargo, ante la negativa de éste y la enfermedad de Franco, se decidió constituir un organismo de carácter unitario.9 El 13 de junio de 1974 se constituyó en Madrid la Junta Democrática Española (JDE) integrada por PCE, CC.OO., independientes, monárquicos juanistas (Rafael Calvo Serer y Antonio García Trevijano, Partido Socialista Popular (PSP) con Enrique Tierno Galván, grupos socialistas regionales, Partido del Trabajo de España (PTE) y otros.10 El 30 de julio de 1974, en plena enfermedad de Franco, la JDE fue presentada a la opinión pública por Santiago Carrillo y Rafael Calvo Serer simultáneamente desde Madrid y París mediante la “Declaración de la Junta Democrática de España al Pueblo Español”.

El programa presentaba una alternativa al franquismo, mediante el acuerdo entre una burguesía liberal, el movimiento obrero y los partidos de izquierda. En un primer apartado del documento se afirmó que el régimen político español tocaba a su fin, por lo que la desaparición de los factores históricos, ideológicos, económicos y estratégicos que lo sustentaban, impedían su prolongación mediante la monarquía. Para la Junta, la democracia sería el criterio único de la reconciliación nacional y por principio sería total o falsa. Por el contrario, ciertos sectores políticos de la burocracia estatal, y círculos económicos que se alimentaban de él por la corrupción, y que poseían el control policial y político, confiaban en la prolongación del sistema ofreciendo fidelidad y confianza en la continuidad del régimen franquista que pretendía haber dejado “atado y bien atado”, a la fidelidad del príncipe Juan Carlos, a su juramento y a la función de represión interior que ciertos militares atribuían a las fuerzas armadas, con una interpretación abusiva del concepto de defensa de un orden institucional que no inspiraba confianza al país.11 Por eso, la continuidad del Estado exigía por razones de dignidad y responsabilidad nacional la no continuidad del régimen anterior reinstaurándose el Estado democrático; para ello, harían falta unas organizaciones democráticas, líderes conocidos, cuadros políticos y sindicales y un programa de acción para el periodo transitorio sin perder el hecho fundamental en la creencia de una alternativa democrática frente al continuismo del régimen mediante la formalización de la unidad democrática.

Ante ese momento histórico, siendo conscientes de la necesidad de una acción democrática unitaria, informados de la ausencia de un proyecto democratizador del gobierno y decididos a asumir las responsabilidades históricas, se constituyó, con carácter abierto, la JDE con los objetivos y programa siguientes:

La formación de un gobierno provisional que sustituyera al actual, para devolver al hombre y a la mujer españoles, mayores de 18 años, su plena ciudadanía mediante el reconocimiento legal de todas las libertades, derechos y deberes democráticos.La amnistía absoluta de todas las responsabilidades por hechos de naturaleza política, y la liberación inmediata de todos los detenidos por razones políticas y sindicales.La legalización de los partidos políticos, sin exclusiones.La libertad sindical, y la restitución al movimiento obrero del patrimonio del Sindicato Vertical.Los derechos de huelga, de reunión y de manifestación pacífica.La libertad de prensa, de radio, de opinión, y de información objetiva en los medios estatales de comunicación social, especialmente en la televisión.La independencia y la unidad jurisdiccional de la función judicial.La neutralidad política y la profesionalidad, exclusivamente militar para la defensa exterior, de las fuerzas armadas.El reconocimiento, bajo la unidad del Estado español, de la personalidad política del pueblo catalán, vasco, gallego, y de las comunidades regionales que lo decidan democráticamente.La separación de la Iglesia y el Estado.La celebración de una consulta popular, entre los 12 y los 18 meses contados desde el día de la restauración de las libertades democráticas con todas las garantías de libertad, igualdad de oportunidades e imparcialidad, para elegir la forma definitiva del Estado.La integración de España en las Comunidades Europeas, el respeto a los acuerdos internacionales, y el reconocimiento del principio de la coexistencia pacífica internacional.12

Estableciendo la JDE su sede en Madrid, ésta, tuvo entre sus objetivos el asumir la responsabilidad de vigilar, coordinar, impulsar, promover y garantizar el proceso constituyente de la democracia política de España, disolviéndose el día que comenzase el ejercicio de un poder político legitimado por el sufragio universal de los españoles.

El 16 de septiembre de 1974, dos meses después, el SCPAC y la CCFPC recibieron sendos comunicados de la Comisión Permanente de la JDE ofreciendose ésta a iniciar, cuanto antes, conversaciones oficiales a fin de estudiar el modo de participar en el proceso democrático unitario.13

En toda la oposición catalana, la aparición de la Junta fue mal recibida, entre otras cosas por la ausencia resaltable de socialistas y demócrata-cristianos, y porque respecto a la cuestión de las autonomías, el nivel pretendido por la Junta estaba por debajo de las pretensiones catalanistas. De este modo, era evidente que existían serias incompatibilidades entre las propuestas presentadas por la Asamblea y la propia Junta, como por ejemplo se detalla en el punto noveno del programa de la JDE donde se hablaba de la unidad del Estado español, en contraposición a la reivindicación del Estatuto de 1932 y el derecho de autodeterminación.14

Relaciones entre A.C y JDE. Septiembre de 1975

En respuesta a la invitación efectuada por la JDE se envió el 14 de enero de 1975 a través de la Comisión de Enlace que era el instrumento creado para generar contactos y negociaciones con la JDE y después con la Plataforma de Convergencia Democrática e instancias unitarias de regiones y nacionalidades del Estado español (Euzkadi y Galicia), un comunicado señalando que el 25 de septiembre el SCPAC había recibido verbalmente la invitación cursada para trasladarla a la CPAC. Ésta tomó posición en diciembre de 1974, aceptando el interés del documento en el marco de sus cuatro puntos programáticos, adjuntándoles copia del comunicado de la XI reunión de la CPAC. De esta forma sería la Comisión de Enlace el organismo encargado por el SCPAC para hacer operativa y trasladar las decisiónes propuestas en la Comisión Permanente.

En el comunicado de la XI reunión de la CPAC celebrada el 16 de septiembre15 se intentó explicar como veía la Asamblea la evolución política y social en Cataluña y en España partiendo desde un repaso histórico al desarrollo de la propia Asamblea, la mención de que el 31 de julio de 1974 había aparecido la Junta Democrática de España y la importancia política del hecho de avanzar en un proceso de convergencia, de tal forma que se cursó invitación a la JDE para entablar negociaciones, teniendo claro que la Asamblea era la instancia unitaria democrática de la nacionalidad catalana. Dicho esto, se decidió estar interesados en la discusión, negociación y coordinación política con otras instancias democráticas y crear el organismo para este acuerdo. Finalmente la Asamblea, a través de su comisión, se comprometió a trabajar para ampliar su representatividad y su vinculación con el movimiento del pueblo catalán por conquistar las libertades políticas y nacionales.16

Crida a la Unitat. Secretariado de la Asamblea. Noviembre de 1975

A lo largo de la primavera de 1975, se realizaron diversas reuniones entre la Asamblea y la JDE, llegándose finalmente al compromiso por ambas partes de la renuncia a crear Juntas Democráticas en Cataluña, reconociendo la JDE de facto a la Asamblea como representante de la lucha unitaria democrática. En el documento conjunto titulado: “Proyecto de acuerdo para la articulación de relaciones entre la Asamblea de Cataluña y la Junta Democrática de España”, se acordó establecer entre ellas una relación política permanente, articular su acción política de masas tomando conjuntamente las decisiones políticas que afectasen a los objetivos comunes y trabajar en común para extender esta unidad a todas las fuerzas de la oposición a nivel del Estado español.17 Al poco tiempo de este comunicado, se anunció en Cataluña la formación de la Plataforma de Convergencia Democrática (PCD) con narquistaión socialista, demócrata-cristiano y la socialdemócrata de Pallach.

El 1º de abril de 1975 se publicó el llamado “Manifiesto de la Reconciliación”18como resultado de las tesis que avalaban la ruptura democrática con la legalidad vigente; documento por el cual estaba claro que el tránsito pacífico de la dictadura franquista a la democracia sería complejo y delicado, como algunas de sus frases hacen entrever:

“La democratización real del Estado autoritario –decía la JDE- sólo se consigue desde un poder político independiente que surja de la sociedad, y que asuma las funciones del Estado cuando tenga suficiente potencia para transformarlo en democrático (…) La evolución democrática del Estado por vía de reformas legales es, objetiva y subjetivamente, imposible (…) Para conservar y garantizar el carácter pacífico del proceso social hacia la democracia, que es lo que el pueblo español desea, es absolutamente imprescindible un acto de ruptura democrática de las leyes políticas de la dictadura, que abra simultáneamente a todas las clases y categorías sociales el proceso constituyente del Estado Democrático (…) La JDE, estimando que los poderes democráticos de la sociedad superan a los poderes reaccionarios, llama a todo el pueblo español, a todas las clases sociales, para que aceleren el momento y encuentren la forma de la ‘ruptura democrática’ del Régimen participando en las siguientes acciones de RECONCILIACIÓN NACIONAL”.19

Estaba claro que para conseguir estos objetivos había que apelar al patriotismo y honor de las Fuerzas Armadas,20 y por otro lado, invitar a través de la JDE a las formaciones políticas que no habían ingresado en ella que antepusieran a sus intereses de partido los superiores intereses de libertad del pueblo español, esperando por otra parte, que la jerarquía eclesiástica amplificara su justa posición conciliar en defensa de los derechos humanos con el ideal moral de superar la guerra civil. También se denunció la violencia de la extrema derecha decidida a provocar la reacción del Ejército y se llamó al pueblo español, especialmente a la juventud, para que aceptase este programa organizando juntas democráticas regionales, provinciales y municipales, apelando a la Asamblea, la Plataforma Unitaria Vasca y la Junta Democrática de Galicia a participar de esta convocatoria bajo el signo político de la restauración de los estatutos de autonomía dentro del Estado español, permaneciendo atenta a las indicaciones y convencida de que al pueblo español la libertad no le sería regalada, por lo que tendría que ser conquistada.21 Días después, la JDE presentó el 11 de abril de 1975 en París, Madrid, Barcelona, Valencia y otras capitales, el siguiente documento:

1.-Las juntas democráticas en sus respectivos ámbitos y bajo su total autonomía, convocarán y coordinarán todo tipo de acción política o social capaz de mover pacíficamente a las masas hacia objetivos concretos de interés para el conjunto de la población o para sectores determinados de la misma, que puedan ser compartidos por las clases sociales opuestas sin renunciar a sus respectivas motivaciones o acciones de clase.

2- La Asamblea, la plataforma unitaria Vasca y la Junta Democrática de Galicia, son invitadas a concurrir a esta convocatoria con las acciones democráticas peculiares de su identidad nacional, bajo el signo político de la restauración de los Estatutos de Autonomía, dentro del Estado Español.

3- Las juntas democráticas regionales son llamadas también a convocar acciones de identidad regional, bajo el signo político de la instauración democrática del poder regional dentro del Estado Español.

4- La Junta Democrática de España, en el momento que determinen las acciones parciales a que se refieren los puntos anteriores, convocará y coordinará en todo el territorio español una jornada de acción democrática, de abstención cívica de toda clase de actividad laboral y empresarial tanto en el sector privado como en el sector público bajo el signo político de la RECONCILIACIÓN NACIONAL.22

En junio de 1975, se publicó un comunicado conjunto entre las delegaciones de La Junta y la Asamblea criticando la grave situación en Euzkadi por el estado de excepción establecido, pidiendo la convocatoria de una jornada de solidaridad, afirmando a su vez el proceso de ruptura democrática con el régimen.

Por otro lado, la JDE, apoyada sobre todo por el PCE, abrió en junio de 1975 contactos con la Plataforma Democrática (PDE) integrada por: PSOE, UGT, Federación Socialista de Euskadi, Izquierda Democrática, Acción Vasca, demócrata-cristianos de Joaquín Ruiz Jiménez, Unión Social Demócrata Española (Dionisio Ridruejo y Antonio García López), Partido Gallego Social Demócrata, Reagrupament Socialista y Democràtic de Catalunya (Pallach), Partido Carlista, Solidaridad de Trabajadores Vascos, Confederación Nacional de trabajadores de Euskadi, PNV, ORT, MCE y Federación de Euskadi de la UGT.23

Esta plataforma, dirigida esencialmente por el PSOE, optó por el federalismo en contra de las tesis promulgadas por la JDE,24 manifestando sus intenciones políticas en una serie de puntos donde expresaba su programa político basado en que la dictadura no era reformable y que la libertad no se negociaba; en cierta forma similar al de la Junta Democrática. El documento también hablaba de la no exclusión y el compromiso por restablecer y consolidar la soberanía popular, y su encargo para organizar un régimen democrático y pluralista con estructura federal de Estado. La libertad de presos, de asociación y expresión fueron otros puntos tratados, así como el cambio de las estructuras socio-económicas y culturales para mejorar la condición de vida, el reconocimiento de las nacionalidades y regiones con personalidad étnica, histórica o cultural dentro del Estado español, y el reconocimiento del derecho de autodeterminación, completaban el documento.25 Fue entonces cuando desde la Plataforma se animó, sin éxito, a la formación de un organismo unitario de oposición al que pusieron por nombre Alianza Democrática del Estado español.

Finalmente, la Junta y la Plataforma llegaron a un entendimiento en ciertas cuestiones con aquiescencia de la Asamblea, como así lo demuestra el comunicado conjunto publicado en septiembre de 1975 en referencia al llamado Decreto-Ley del terrorismo, donde las dos organizaciones afirmaban el fin de toda ilusión aperturista, centrista o reformista, indicando una ruptura con el régimen y con su continuidad sucesoria. A su vez, afirmaban el deseo de lograr el establecimiento de un régimen democrático por métodos pacíficos, rechazando una forma de lucha política basada en el terrorismo individualista y el compromiso de realizar un esfuerzo unitario que hiciera posible la formación urgente de una amplia coalición. No obstante, todo esto sucedería en marzo de 1976, algo después de la muerte de Franco, con la constitución de Coordinación Democrática, la llamada:“Platajunta”.

Hubo ciertas reticencias en la formación de este organismo, como la de Alejandro Rojas Marcos, miembro de la Comisión Permanente de la Junta Democrática, que expuso en un documento editado días antes del acuerdo entre las dos organizaciones, las diferencias entre éstas:

“La Plataforma de Convergencia Democrática nació diciendo que quería la unidad pero, en realidad, lo que hacía era consolidar la desunión, intentando marginar a la Junta por superación (…) la cuestión radica en si, como pretende la Junta, serán miembros del máximo organismo unitario, también, representaciones de las nacionalidades y regiones, o solamente, como exige la Plataforma, organizaciones políticas y sindicales (…) Que se acepte, como quiere la Junta, en los organismos unitarios a todos los niveles, la presencia de las fuerzas sociales, asociaciones de vecinos, colegios profesionales, etc., o sólo, como quiere la Plataforma, partidos y sindicatos”.26

En otro orden, también cabe destacar las acciones efectuadas por la JDE a finales de 1975 y el pleno de esta organización celebrado los días 8 y 9 de enero de 1976, en cuyas conclusiones se intentó reflejar la situación política de nuestro país. En dicha sesión se trató sobre el juicio celebrado contra nueve jefes y oficiales del Ejército, acusados de pertenecer a la Unión Militar Democrática (UMD), y defender los ideales democráticos. También se planteó el problema del Sahara en donde:

“El Pleno ha considerado que el gobierno ha despreciado el legítimo derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y no ha consultado al pueblo español, lesionando con ello los intereses generales del mismo y los particulares de la región canaria, cuya situación reviste una particular gravedad. La solución del gobierno respecto al problema del Sahara ha dañado gravemente el honor del Ejército español así como la dignidad nacional. ”27

Este documento fue firmado entre otros por: Antonio García Trevijano (presidente), Santiago Carrillo (PCE), Nazario Aguado (PTE), Enrique Tierno Galván (PSP), Marcelino Camacho (CC.OO.), Alejandro Rojas Marcos (Alianza Socialista de Andalucía), Ramón Tamames (Junta Democrática de Madrid), Manuel Mora (Junta Democrática de Baleares), Vicente Gutiérrez Pascual (Junta Democrática de Castilla-León), Ramón Fernández Rañada (Junta Democrática de Asturias), José Joaquín Díaz de Aguilar (Junta Democrática de Canarias), Fernando García Audín (Junta Democrática de Galicia), representantes de Juntas democráticas de Andalucía, Extremadura, Logroño, Murcia, Valencia, etc. También asistieron como observadores la Asamblea Democrática de Euskadi y por la delegación Exterior de la Junta, Rafael Calvo Serer, Mario Rodríguez Aragón y José Vidal Beneyto.

Desde Cataluña, el SCPAC presentó una declaración el 11 de noviembre de 1975 con un lenguaje claramente diferenciador en conceptos básicos, como en los términos nacionalidades, naciones, etc., saludando el acuerdo llegado por la Junta y la Plataforma el 30 de octubre pasado y animando a conseguir la ruptura democrática, acabando con el continuismo, y conseguir la conquista de los poderes políticos autónomos en las diferentes naciones y regiones del Estado.28 En el fondo, tal como lo define Jordi Solé Tura, el problema era saber que pintaba Cataluña en todo aquello y, si para conseguir la narquist y las libertades había que pactar con la Platajunta o negociar directamente desde Cataluña, aunque finalmente se optase por la primera elección.29

En resumen, si tomamos en consideración ciertos factores, como que los detenidos de la Asamblea en octubre de 1973 no fueron liberados hasta principios de enero del año siguiente, justo a los pocos días del atentado contra el almirante Carrero Blanco; que a los pocos meses tuvieron lugar las ejecuciones del narquista Salvador Puig Antich y del polaco Heinz Txez, y que en septiembre de 1974 se produjeron nuevas detenciones masivas en Sabadell de delegados de la CPAC en la celebración de la XI Permanente, estaba claro que, a pesar de las adversidades sufridas por esta plataforma en los meses posteriores, ésta ya no podía debilitarse más y que a partir de entonces cualquier acto represivo dirigido por la autoridad gubernativa contra ella la fortalecía, llegando a su máximo explendor cuando se formalizaron sus relaciones con la Junta Democrática de España. No obstante, no debemos confundir el hecho de un crecimiento exponencial de la Asamblea, tanto en expansión territorial como en conocimiento entre la ciudadanía, con una relajación del estricto control a que estaba sometida por el aparato represor. Por tanto, no hubo variación significativa en esta cuestión incluso tras la muerte del dictador. Uno de los presos afectados por esta situación describe perfectamente lo comentado:

“…Y en eso llegó, no Fidel, pero si arribaron la parte masculina de los 113 detenidos de la Asamblea de Cataluña. Y todo cambió de la noche a la mañana. El franquismo podía ser cruel, pero no tonto. Era consciente de que entre aquél aluvión de detenidos se hallaba el embrión de los posibles nuevos dirigentes políticos del país.”30

Sin duda la muerte del general Franco en noviembre de 1975 y la llegada al poder de la Monarquía española representada en Juan Carlos I fueron dos acontecimientos de importante trascendencia en la evolución y la llegada de la democracia a España, teniendo como particularidad una temprana implantación de un sistema de libertades cuando se provenía de un sistema dictatorial y, sobre todo, un cambio donde el coste social y humano no fue lo elevado que algunos esperaban a pesar del serio conflicto que podrían haber desarrollado las diferentes pluralidades que componen la singularidad española, teniendo en cuenta un factor esencial en el recuerdo a un pasado conflictivo y cruel donde todavía perduraba la división entre vencedores y vencidos y que, durante el periodo 1975-80, fueron asesinados 470 ciudadanos.

Comunicado Platajunta. Septiembre de 1975

Carta de Alejandro Rojas Marcos de la JDE

7. DALMAU, Josep, op. cit., p.19.

8. Tele/expres, 30-12-1975.

9. COLOMER, Josep Mª, op. cit., p. 67.

10. MARÍN, José Mª, op. cit., p. 226.

11. FRC, AJR, “Junta Democrática de España”. “Declaración de la Junta Democrática de España al pueblo español”, Carpeta 328/1, Madrid, 29-7-1974.

12. FRC, AJR, Ibíd.

13. FRC, AJR, “Junta Democrática de España”, Carpeta 328/2, 16-12-1974.

14. COLOMER, Josep Mª, op. cit., p. 68.

15. Se comunica el resultado de la XI reunión de la CPAC, en AHCNOC, “Asamblea de Cataluña”. “Al Poble de Catalunya”, Carpeta, 12/1974.

16. Comunicado de la XI Sesión de la CPAC, en MHC, ASSEMBLEA, op. cit, p. 222, 12/1974.

17. AHCNOC, “Junta Democrática de España”, Carpeta, 1974-75.

18. FRC, AJR, “Junta Democrática de España”, Carpeta 328, 1-04-1975.

19. FRC, AJR, Ibíd... “Manifiesto de la Reconciliación”.

20. Carta abierta a las Fuerzas Armadas Españolas por la JDE, en Madrid-Región, en FRC, AJR, “Junta Democrática de España”, Carpeta 328/7, 1-10-1975.

21. MHC, ASSEMBLEA, op. cit., pp. 212-218.

22. ANDREU ABELLÓ, Josep, “De la Coordinadora a la Junta Democrática” L’Avenç, nº 43, 1981, p. 37

23. MARÍN, José Mª, op. cit., p. 238. Ampliar en AHCNOC, “La Junta Democrática”, Carpeta, 9/1975.

24. TUSELL, Javier, Manual de Historia… op. cit., p. 778

25. FRC, AJR, “Plataforma de Convergencia Democrática”, Carpeta 443, 11-10-1975.

26. “Comunicado conjunto del secretariado de la Plataforma de Convergencia Democrática y de la Comisión Permanente de la Junta Democrática de España”. Artículo Alejandro Rojas Marcos, en AHCNOC, “Junta Democrática de España”, Carpeta, 9/1975.

27. AHCNOC, “Junta Democrática de España”, Carpeta, 1/1976.

28. AHCNOC, “Junta Democrática de España”, Carpeta, 11/1975.

29. SOLÉ TURA, Jordi, Una Història Optimista..., pp., 366-367.

30. FERRAN, Joan, op. cit., p. 34.

El Consell de Forces Polítiques de Catalunya

Desde que Franco había muerto, no había día que la prensa dejara de anunciar constantes sobresaltos, dando la sensación de que la evolución política iba cambiando sin un control previo y acompañado de un cierto aire de anarquía informativa.

En Cataluña, lo que antes era oscuro y clandestino, aparecía de improviso en las portadas de los periódicos con total normalidad. En esa línea, el diario Tele/expres anunciaba en pleno diciembre la constitución del Consell de Forces Polítiques de Catalunya (CFPC) mediante un comunicado redactado por los propios periodistas del diario que decía lo siguiente:

“Hora a hora las cosas están cambiando. Aquí no vamos a adherirnos a nada ni a nadie. Pero está claro que las cosas están cambiando. Y esta página, que intenta ser el reflejo lo más fiel posible, dentro de lo posible, está notando que lo posible es cada vez más. Ustedes lectores, suponemos que también lo están notando. Las causas tampoco vamos a buscarlas. Nos limitamos a ejercer una función notarial de levantar actas. Y, eso si, en eso sí tomamos partido, da gusto poder levantar acta de tantos y tantos aspectos del país que hasta ahora han vivido en los subterráneos. Esta es la noticia: se nos está levantando el tejado. Ayer pudieron comprobarlo con la información del Consell de Forces Polítiques de Catalunya. Los que hacemos esta página −Josep M. Soria, Montserrat Nebot, Manuel Campo Vidal y Lluís Bassets− esperamos que puedan seguirlo comprobando cada vez más.”31

Desde la prensa oficial del Movimiento se veía con cierto recelo este cambio de actitud permisiva sin darse cuenta que el cambio había empezado sin contar con ellos. El periódico vespertino, La Prensa, se despachaba con estos comentarios:

“Este bendito, querido, emocionante país nuestro está viviendo una de las etapas más curiosas de los últimos tiempos. Una etapa que yo no calificaría aún de dramática, sino sencillamente de tonta (...). La desorientación, interpretados los hechos a través de los periódicos, es general. Se escribe, desvergonzadamente, acerca de los partidos políticos ilegales, de organizaciones subversivas y de personas cuya actividad es contraria a derecho. Se hacen entrevistas y hasta se convocan ruedas de prensa con personas que, con la ley en la mano, figuran no ya en la oposición sino en la pura y simple subversión. Los señores Tarradellas o Leizaola ‘Presidentes de la Generalitat de Catalunya y del gobierno Vasco (1960-79) en el exilio’ se alzan como figuras coordinadoras de movimientos que sólo pretenden romper la unidad española. Ya ni siquiera se habla de España. Los comentaristas utilizan un eufemismo llamado Estado español como pretendiendo ignorar la realidad de la Patria”.32

La noticia sobre la constitución de esta nueva plataforma nacionalista ya venía de atrás, pues ya se había publicado en el New York Times hacia dos semanas y después fue refrendado por la agencia Pyresa. En el documento constitucional se exponía entre otras cosas la tradición histórica e institucional que representaba esta organización y su relación con Josep Tarradellas. Asi pues, el 29 de diciembre, una delegación del CFPC ya constituído, Heribert Barrera y Jaume Casanovas, se entrevistó en Saint Martín Le Beau (Francia) con el presidente de la Generalitat en el exilio, haciéndole entrega de diversos documentos relacionados con la constitución del Consell, siendo informada con anterioridad la propia Asamblea a través de la CPAC.

El CFPC fue concebido como respuesta y solución al llamado “Pacte Catalá”, sumándose de esta forma a los dos organismos unitarios de oposición que existían en aquel momento en Cataluña, que eran la CCFPC, formada exclusivamente por partidos, y la Asamblea, formada también por partidos políticos sumados a otros grupos sindicales, culturales y asociativos.

En un primer momento la formación del CFPC contó con dos posiciones contrapuestas, una representada por el PSUC, que defendía que deberían ser las llamadas organizaciones de masas la base de un organismo con virtualidad de gestión provisional; y la otra la promocionada por el Grup d’Acció al Servei de Catalunya (GASC). Este grupo nacionalista catalán había sido fundado en mayo de 1975 y se disolvió en febrero de 1976 dentro del proceso de creación de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC). Desde el primer momento fue dirigido por Jordi Pujol, Miquel Esquirol, Jaume Casajoana y Miquel Sellarés con el fin de conseguir gobernar en base a una gran convergencia de centroizquierda.33 Editaron la revista Cataluña Democrática (1975).

El Diario de Barcelona publicó la composición del CFPC con la excepción más significativa del PTE y la FSC-PSOE, dado su carácter no nacionalista. Estas formaciones eran:

Partido Carlista de Cataluña (PCC), seguidor de Carlos Hugo, representado por Josep Badía y Joan Cabré; PSUC, con Pere Ardiaca y Antoni Gutiérrez Díaz; GASC, nacionalista de centro, con Jordi Pujol y Miquel Roca Junyent, también representando a CDC; ERC, con Josep Andreu Abelló; Reagrupament Socialista i Democràtic de Catalunya, socialdemócrata, con Josep Pallach, Josep Verde i Aldea y Heribert Barrera y Cuitó; Convergencia Socialista de Catalunya, con Joan Reventós, Raimon Obiols y Joan Prats; PSAN, nacionalista de izquierdas, con Joan Armet; FNC, centro izquierda nacionalista, con Joan Cornudella y Colominas; Esquerra Democrática de Catalunya (EDC), liberal, con Ramón Trias Fargas y el abogado Jaume Casanovas; PPC, nacionalista, con el médico Joan Colominas y Enric Moltó; UDC, demócrata cristiano, con el joyero y editor Anton Canyellas, Francesc de Borja Aragay y Llibert Cuatrecasas.34

El día 23 quedó formalmente constituido el Consell en una reunión celebrada cerca de Barcelona que comenzó hacia las 5 de la tarde y finalizó pasadas las 10 de la noche. El acto constitutivo se completó al llegar finalmente a la aprobación de los documentos constitutivos, un protocolo y una declaración final.

En teoria, la finalidad de este Consell estuvo dirigida a la negociación unitaria con el resto del Estado con la premisa de un proceso movilizador que culminase con la constitución de un órgano provisional que reivindicase el Estatuto de 1932 y el compromiso de realizar pasos para ejercer el derecho a la autodeterminación.

El último día del año se publicaron los puntos más significativos del acuerdo, anunciando que las fuerzas políticas que lo integraban, después de examinar conjuntamente la actual situación política, habían decidido reunirse en un organismo político unitario que, en la lucha hacia la ruptura democrática, se proponía llevar a término un programa cuyo primer punto proponía la constitución de un organismo capaz de impulsar las tareas de autogobierno. Otros puntos de interés integrados en el documento fueron los referidos a la amnistía general que afectase a las responsabilidades políticas y sindicales; al reconocimiento y protección de las libertades democráticas de conciencia, expresión, prensa, asociación, reunión y manifestación; al reconocimiento y protección del sufragio universal, de las garantías individuales; a la libertad sindical entendida como el derecho de los trabajadores a organizarse libremente con independencia de patrones, gobierno y partidos; al reconocimiento del derecho de huelga, así como a la adopción de medidas inmediatas en función de los intereses más urgentes de las clases populares catalanas en el campo de la enseñanza, la política económica, los salarios, la asistencia social, la política urbana y agraria. En el ámbito territorial, apoyar al País Valenciano y las Islas Baleares para que encuentren su propio camino y, finalmente, se tenía como objetivo la necesidad del sufragio universal para constituir unas Cortes democráticas que aprobase un nuevo modelo legislativo.35

El Consell también manifestó su intención de llegar, mediante el combate político y la movilización pacifica del pueblo, a construir un régimen democrático y pluralista basado en la soberanía popular con el reconocimiento y la garantía de libertades políticas y nacionales del pueblo de Cataluña, por el restablecimiento de la autonomía, y por la amnistía general, todo en camino a la ruptura democrática.

La cooperación con la Asamblea habría de ser activa y con un amplio diálogo, debatiendo con ella, con los sindicatos y con las fuerzas políticas y sociales catalanas para la constitución de un gobierno provisional. Sin embargo, las negociaciones concluyeron con algunas diferencias entre las dos organizaciones, ya que el Consell no hacía mención expresa al rey Juan Carlos I, mientras que la Asamblea por aquellas fechas había hecho una declaración titulada “Juan Carlos no es cap solució”, resaltando que la situación política sólo tenía dos alternativas: el continuismo del monarca o la ruptura democrática.36

Poco después de la entrega del comunicado a la prensa se celebró una cena y una rueda de prensa en un restaurante barcelonés donde se reunieron representantes de los 11 partidos integrantes del CFPC que sumaban casi cincuenta asistentes. Entre las intervenciones de los comensales, lo más destacado fue la referencia al presidente Tarradellas, al recibir éste el documento de manos de representantes del Consell. Jaume Casanovas, integrante de la delegación, dio su versión de los hechos:

“El president pidió que tuviéramos mucho seny (ponderado y juicioso). Dijo que se trataba de uno de los actos más importantes desde la guerra pero que no nos precipitemos. Se alegró de comprobar la unidad de todas las fuerzas y nos aconsejó que no fuéramos demasiado rápido”.37

Por otro lado, la relación que existió entre la Asamblea y el CFPC tuvo diferentes interpretaciones. Miquel Sellarés opinaba que:

“Nosotros, −decía− y cuando digo nosotros nos referimos a una serie de sectores, no solamente de mi partido, entendemos, en esta perspectiva que la Asamblea es un marco de coincidencia política para las movilizaciones, pero la señal de dirección política no la vemos (…) La Asamblea tiene una función muy específica y muy importante, que es la de avanzar, coordinada con el Consell, hacia la conquista de las libertades y hacia la creación del gobierno Provisional de la Generalitat de Catalunya.”38

Para Rafael Ribó, representante del PSUC, había diferencias claras entre la Asamblea y el CFPC y, además, estos dos organismos no tenían que entrar en competencia:

“El Consell es un organismo de partidos, y la Asamblea es un organismo de partidos y otro tipo de organizaciones sociales y de individuos (…) La Asamblea y el Consell desaparecerán el día que hayan conseguido sus programas pero ni la desaparición del Consell ni de la Asamblea querrá decir que desaparecerán los instrumentos de lucha que utiliza: no desaparecerán las CC.OO o aquello que hayan creado, no desaparecerán las asociaciones de vecinos ni los procesos de lucha sectorial de la enseñanza, profesionales, etc. Lo que habrá será un cambio de peso entre aquellos partidos que hoy tienen una fuerza real de presencia en las luchas, de movilización e incidencia, y puede ser no tanta fuerza en un planteamiento electoral, y aquellos partidos que sin tener de mucho, tanta fuerza en las luchas, tienen potencia electoral”.39

La aceptación de un gobierno provisional por parte del Consell no fue del agrado de los pujolistas ni de los demócrata-cristianos que formaban parte de él ya que consideraban dicha fórmula como un error que debilitaría la lucha unitaria; tampoco Josep Pallach estaba de acuerdo afirmando que lo esencial era la voluntad, e incluso la necesidad, de realizar el proceso de democratización y no la persona ni la institución que le diera forma legal. Por su parte, Trías Fargas opinaba algo ingenuamente que si el actual régimen y gobierno entregara en un plazo prudencial una democracia formal y sin condiciones, no se debería entrar en discusiones sobre el origen de esta situación; sin embargo, algún tiempo después, su parecer no era tan optimista:

“Después de un año de experiencia, parece difícil que se pueda imponer una línea de ruptura. Esto de la ruptura se lanzó con la muerte de Franco y al cabo de un año no hemos adelantado un paso, mal que nos pese a más de uno (…) Muy al principio de este año (1976), una serie de partidos estuvimos en contra de la ruptura y así lo hicimos constar. (…) A pesar de todo, nos sometimos por solidaridad a las consignas mayoritarias y durante un año hemos sido inquebrantablemente rupturistas. Pero ha llegado el momento de hacer balance. (…) No podemos seguir para siempre en una pataleta infantil insistiendo en la ruptura y diciendo que no queremos que la democracia se nos entregue otorgada”.40

El año de 1975 llegaba a su fin y nada sería igual a partir de entonces en la vida política y social de los españoles. Grandes acontecimientos habían sucedido en los últimos meses de ese año que hicieron irreversible la situación anterior aunque todo estaba por hacer y el descontento empezaba a crecer por la lentitud en los cambios políticos del primer gobierno de la Monarquia.

En Cataluña, el 16 de noviembre de 1975 unas cuantas personas se encerraron en Montserrat pidiendo la tan deseada amnistía, entre ellos el sacerdote Lluís Mª Xirinachs que decidió iniciar de nuevo el 3 de diciembre una huelga de hambre en protesta por la insuficiente amnistía que el rey no concedió en su totalidad. Al día siguiente, por la mañana, Xirinachs comenzó una estancia frente a la cárcel Modelo que duró hasta el 15 de octubre de 1977.

Así fue como desde el Principado comenzaba una corta pero intensísima etapa de transicióna la democracia donde la Asamblea todavía tendría gran protagonismo aunque algunos todavía compartan la idea de que el inicio de éste periodo historico había comenzado con el anuncio de la enfermedad de Franco en el verano de 1974.41

31. Tele/expres, 19-12-1975.

32. Del director Jesús Val Jarrín, comentando que: “Otros periodistas, sin embargo, empezaron a utilizar aquello que se llamó el cambio de chaqueta”. Ver Tele/expres, 31-12-1975. El periodísta Emilio Romero, en su diario Pueblo, se declaró demócrata de toda la vida, algo sorprendente. También en Tele/expres, 19-12-2005.

33. MOLAS, Isidro, op. cit., p. 125.

34. Tele/expres, 19-12-1975.

35. El comunicado se presentó a los periodistas en un restaurante barcelonés con cena-coloquio de representantes de los 11 partidos y los periodistas, en Tele/expres, 31-12-1975.

36. Dichas afirmaciones se basaban en el juramento a Las Cortes y por haberse corresponsabilizado de la opresión y represión sometida por el dictador, en COLOMER, Josep María, “La trayectòria de L’Assemblea de Catalunya (1971-77)”, L’Avenç, nº 43, 1981, p. 19. El continuismo es la medida que no puede resolver ninguno de los problemas graves que se padecen (…) sólo la ruptura democrática será el inicio del camino para satisfacer las exigencias populares y nacionales”. Más información en AHCONC, “Asamblea de Cataluña”. “Per una Catalunya Democrática”, Carpeta, 29-10-1975.

37. Tele/expres, 31-12-1975

38. COLOMER, Josep Mª, op. cit., p. 21.

39. COLOMER, Josep Mª, ibíd.

40. COLOMER, Josep María, “La trayectòria…”. También en la encuesta de El Correo Catalán, 21-1-1976. Ver también. CASTELLÁ GASOL, Joan, Ramón Trías Fargas. Perfil humano y político, Madrid, Cambio 16, 1977, pp. 107-108.

41. GUERRA, Alfonso, op. cit., pp. 206-209.

El continuismo del gobierno Arias (noviembre 1975- julio 1976)

Tras el “esperanzador” discurso del rey realizado la víspera de Navidad de 1975, dio comienzo el primer año del reinado de Juan Carlos I, llamado por algunos “el breve”. La idea generalizada en los círculos políticos cercanos al poder auguraba un futuro incierto para aquel primer gobierno de la Monarquía, agudizado por la poca colaboración del mundo empresarial ante los nuevos retos de apertura y por los continuos conflictos laborales en toda España que animaban a la inestabilidad social en una situación política muy delicada.42

En enero de 1976 se fraguó una ofensiva obrera sin precedentes hasta entonces y en esa línea, tanto la Junta Democrática de España como la Plataforma Democrática se alinearon claramente por la ruptura con el régimen, proponiendo como alternativa la apertura de un proceso constituyente. Los sindicatos, aprovechando la coincidencia por la finalización de buena parte de los convenios colectivos a finales de 1975, promovieron una oleada de huelgas por todo el Estado, localizándose las principales en las zonas industriales de las grandes capitales y en todo el País Vasco. La estrategia del sindicato mayoritario CC.OO, dirigida en parte por el PCE, propiciaba una salida radical al franquismo protagonizada por la clase obrera y dirigida por los sectores populares, huyendo de una solución pseudodemocrática liderada por la burguesía española. Esta ruptura democrática se venía preconizando desde el PCE en su política basada en el “pacto por la libertad”, combinando la movilización ciudadana con la formación de un bloque de fuerzas políticas opuestas al franquismo con el fin de provocar una huelga nacional y conseguir un gobierno democrático provisional que devolviera las libertades políticas y convocara elecciones constituyentes. La UGT incluso llegó a proponer la necesidad de una huelga general revolucionaria.43

En Madrid, los paros constantes y las huelgas continuaron desde la primera semana de diciembre de 1975 y no finalizaron hasta principios de febrero de 1976, creándose el más importante proceso huelguístico vivido durante el franquismo, llegando a movilizar cerca de cuatrocientos mil trabajadores. Sólo entre los días 10 y 18 de diciembre se alcanzó la cifra de cien mil huelguístas, siendo afectadas grandes empresas del metal como: Boetticher, Marconi, Fiat, Pegaso, CASA, Intelsa, FEMSA, Kelvinator, Standard, etc., incluso ocho mil taxistas madrileños dejaron la ciudad prácticamente sin servicio los días 17 al 19 de diciembre.

En multiples ocasiones el gobierno se vio desbordado por los acontecimientos, reaccionando exclusivamente con la represión. Por eso no fue una sorpresa que pusieran en marcha en los transportes públicos, previa aprobación en el Consejo de Ministros reunido en sesión extraordinaria, la aplicación de la Ley de Orden Público y la Ley de Movilización Nacional de abril de 1969, por la que se establecía la movilización o militarización de los trabajadores en paro, sustituyendo a huelguistas por personal militar. En la madrugada del 6 de enero de 1976, empleados de la Compañía Metropolitana madrileña comenzaron una huelga, en principio indefinida, sumándose con posterioridad otros sectores de servicios públicos para el buen funcionamiento como Renfe, Correos, Telefónica y algunos colectivos del Cuerpo de Bomberos y Policía Municipal. Unos dos mil quinientos trabajadores del Metropolitano de Madrid estuvieron encerrados por la exigencia de aumentos salariales en la parroquia de Nuestra Señora de Luján en el barrio de El Pilar, acabando el conflicto el 10 de enero, aunque a continuación se sumaron al paro cincuenta mil trabajadores del metal, la banca y la construcción por los mismos motivos coincidiendo en sus manifestaciones con el cierre de la factoría Chrysler en Madrid. Todos estos movimientos huelguísticos llegaron a su cenit durante la semana del 11 al 18 de enero, alcanzando la cifra de trescientos cincuenta mil trabajadores afectados por la huelga.44

La policia, al ámparo de la ley anti-terrorista y en su afán de control y orden, actuó represivamente militarizando el sector en huelga a partir del día siguiente al de su inicio, llegando a alcanzarse los sesenta mil represaliados de todo tipo en la capital del reino durante todo el mes de enero.

En el resto de España, las huelgas, paros y protestas se iban expandiendo afectando a diversos sectores productivos, paros en el sector bancario, Standard Eléctrica, ENSIDESA y Astilleros Españoles, produciéndose enfrentamientos y disturbios. En Sevilla, las fuerzas de orden público desalojaron a 47 trabajadores de la empresa MEGESA, y en Cataluña, en plena huelga de los médicos MIR en Bellvitge, se había convocado para el día 19 de enero una huelga generalizada en el Baix Llobregat y en Sabadell en solidaridad con los despedidos en las empresas Laforsa, GIS y por los encierros en Radiotronic, mientras que en SEAT seguían realizándose concentraciones obreras en busca de una amnistía laboral y contra los límites salariales.

El conflicto afectó a una media de sesenta mil trabajadores diarios y paralizó prácticamente a todas las localidades de la comarca encabezadas por Cornellá de Llobregat y San Juan Despí, sumándose otras zonas industriales de Hospitalet y Martorell. La concentración obrera más importante se produjo el 19 de enero en San Juan Despí, donde más de diez mil trabajadores se reunieron en un acto de protesta como preludio, tres días más tarde, de una marcha de 12 kilómetros iniciada por veinticinco mil manifestantes que intentaban llegar desde Cornellá de Llobregat hasta el Gobierno Civil de Barcelona, teniendo éxito sólo ocho mil de ellos.

Para el ministro de la Gobernación, Manuel Fraga Iribarne, todos estos movimientos huelguísticos no significaban más que un problema de orden público, afirmando irónicamente que mientras en Madrid se manifestaban trescientos cincuenta mil trabajadores, él estaba cazando liebres y perdices escuchando los acontecimientos por la radio.45 Lo mismo ocurría en el sector universitario, ya que, mientras el gobierno se esmeraba en enviar mensajes a la prensa de que algo estaba cambiando afirmando que no habría más policía en los campus universitarios, lo cierto era que la intranquilidad también estaba instalada en las universidades, generándose continuos conflictos y enfrentamientos con la policía.

En líneas generales, para la oposición democrática el mensaje navideño del monárca fue desalentador, frustrando a los que esperaban con optimismo un cambio radical en el nuevo jefe de Estado. De amnistía ni una palabra, tampoco de democracia; simplemente se entendió como un discurso vacío de contenido, ofensivo por el hecho de contrariar aquello que el pueblo quería y necesitaba.46