La vida o el mineral E-Book

Francisco López Bárcenas

• Herausgeber: Ediciones Akal
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Serie: Inter Pares
• Sprache: Spanisch
• Veröffentlichungsjahr: 2020

Seitenzahl: 585

Beschreibung

"Una de las industrias más productivas en México es la minería. Su incidencia en la economía comenzó en la década de 1990, luego de la reforma al artículo 27 constitucional y la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, este éxito contrasta con la destrucción del medio ambiente por la explotación a cielo abierto en la extracción mineral y el empleo de la lixiviación para separarlo de la tierra, un proceso que utiliza el cianuro como disolvente y consume enormes cantidades de agua necesarias para el consumo humano y el cultivo de la tierra; dos agravios que generan el rechazo de los pueblos afectados. Preocupado por los resultados de esta actividad, Francisco López Bárcenas, abogado especialista en derecho indígena y asesor agrario, expone aquí el resultado de décadas de investigación y su experiencia al acompañar a los pueblos indígenas que defienden sus derechos. Cuatro son los ciclos históricos de explotación que localiza, todos en beneficio de capitales extranjeros, y para demostrarlo analiza las leyes que han regulado la actividad minera, las instituciones que el Estado ha creado para operarlas y las políticas instrumentadas en beneficio de particulares; todo desde la palabra viva, lejana de formalismos y próxima a una jurisprudencia popular, asequible a quienes defienden a diario el patrimonio natural de México."

Leseprobe

Akal / Inter Pares

Director: Marcos Roitman Rosenmann

Francisco López Bárcenas

La vida o el mineral

Los cuatro ciclos del despojo minero en México

Una de las industrias más productivas en México es la minería. Su incidencia en la economía comenzó en la dé­cada de 1990, luego de la reforma al artículo 27 constitucional y la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, este éxito contrasta con la destrucción del medio ambiente debida a la explotación a cielo abierto en la extracción mineral y al empleo de la lixiviación para separarlo de la tierra, un proceso que utiliza el cianuro como disolvente y consume enormes cantidades de agua necesarias para el consumo humano y el cultivo de la tierra; dos agravios que generan el rechazo de los pueblos afectados.

Preocupado por los resultados de esta actividad, Francisco López Bárcenas, abogado especialista en derecho indígena y asesor agrario, expone aquí el resultado de décadas de investigación y su experiencia al acompañar a los pueblos indígenas que defienden sus derechos. Cuatro son los ciclos históricos de explotación que localiza, todos en beneficio de capitales extranjeros, y para demostrarlo analiza las leyes que han regulado la actividad minera, las instituciones que el Estado ha creado para operarlas y las políticas instrumentadas en beneficio de particulares; todo desde la palabra viva, lejana de formalismos y próxima a una jurisprudencia popular, asequible a quienes defienden a diario el patrimonio natural de México.

Originario de la comunidad de Santa Rosa Caxtlahuaca, en la mixteca oaxaqueña, Francisco López Bárcenas cuenta con estudios de posgrado en Derecho y Desarrollo Rural. Profesor, investigador y asesor de comunidades indígenas, ha desempeñado también cargos comunitarios en su localidad de origen y ha dedicado parte de su tiempo a documentar la historia de los pueblos mixtecos, de los movimientos indígenas contemporáneos y las transformaciones del Estado y su legislación.

Entre sus libros más importantes se encuentran: Legislación y derechos indígenas en México (1998); Autonomía y derechos indígenas en México (1998); La diversidad mutilada. Los derechos indígenas en el estado de Oaxaca (2001); Rebeliones indígenas en la mixteca (2007); El derecho de los pueblos indígenas a la consulta (2013); El fuego y las cenizas: los pueblos mixtecos en la guerra de Independencia (2011); Rebeldes solitarios. El magonismo entre los pueblos mixtecos (2013); ¡La tierra no se vende! Las tierras y los territorios de los pueblos indígenas en México (2015) y El régimen de la propiedad agraria en México (2017).

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RAG

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© Francisco López Bárcenas, 2017

D. R. © 2017, Edicionesakal México, S. A. de C. V.

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ISBN: 978-???-??????-?-?

No estudiamos con el propósito deacumular conocimientos estáticos y sin contenido humano. Nuestra causa comoestudiantes es la del conocimiento crítico, que impugna, contradice, controvierte, transforma,revoluciona la realidad social, política, cultural y científica. No se engañenlas clases dominantes, somos una ¡Revolución!

Ésa es nuestra bandera.

José Revueltas

Presentación

En México, la minería es una industria floreciente, tan sólo superada por la petrolera, la automotriz y las remesas de los migrantes. Su incidencia en la economía comenzó a tener importancia en la década de los noventa, después de la reforma al artículo 27 constitucional y la firma del Tratado de Libre Comercio (tlc) entre nuestro país, Estados Unidos de América y Canadá, dos hechos fundamentales en el futuro de la industria minera; el primero permitió el cambio en la orientación de la legislación y la inversión extranjera en este sector económico para facilitarla, mientras el segundo marcó sus nuevas pautas, que no se reducen a la legislación, pues incluyen el acceso a la tierra bajo la cual se encuentran los minerales, los usos del suelo, el agua necesaria para el procesamiento del mineral, la prevención o remediación de la contaminación ambiental y la inversión extranjera en este rubro. De esta manera se construyeron las vías por las cuales la globalización se instaló en nuestro país.

El resultado de estas modificaciones, junto a las políticas acordes con ellas es que, en 2010, 28.58% del territorio mexicano (el equivalente a 51.76% de la propiedad social y una superficie mayor a la dedicada a la producción de alimentos) se encontraba concesionado a empresas mineras, la mayoría de ellas de capital transnacional, y en gran número canadienses, pero también australianas, norteamericanas, peruanas, rusas, sudafricanas, brasileñas, chinas y chilenas. Esas empresas en su mayoría se dedican a la extracción de oro, plata, cobre y zinc, aunque la tendencia es que en los años siguientes migrarán a explotar otros minerales de importancia estratégica para la industria tecnológica, como el berilio, el indio y las tierras raras, importantes para la elaboración de diversos productos, entre ellos computadoras, celulares y cabezas de misiles. De esa manera se configuró la participación subordinada de nuestro país en la economía mundial.

Una característica de la minería que se practica actualmente es que la mayoría de los proyectos se han instalado o se están instalando en lugares que hace años albergaron proyectos similares y fueron abandonados porque el mineral se agotó. Pero esa es una verdad a medias; se agotó el que se encontraba en vetas, no así el desparramado alrededor de ellas y, al agotarse las vetas, adquirió una importancia económica singular. Sólo que su apropiación no puede realizarse como años atrás, con la técnica de socavón, para lo cual se construían túneles donde se introducían los trabajadores y la maquinaria; como no hay vetas sino mineral esparcido en forma de polvo por todas partes, ahora tiene que hacerse a cielo abierto, demoliendo cerros completos y afectando pueblos enteros para llegar al mineral; usando grandes cantidades de agua y químicos para separar el mineral de otras materias —mediante el proceso de lixiviación—, generando problemas de salud entre los habitantes de los pueblos aledaños y contaminando gravemente el medio ambiente.

A las actividades extractivas de las empresas mineras y sus efectos se oponen los campesinos, porque destruyen las tierras donde viven y obtienen sus alimentos, contaminan los ríos y mantos acuíferos; los pueblos indígenas las rechazan porque destruyen sus territorios, sus lugares sagrados y sus formas de vida, y la sociedad en general lo hace porque sabe que indebidamente se apropian de los recursos naturales que pertenecen a todos los mexicanos, sin que esto genere algún beneficio al país, pues lo que pagan por los derechos de uso de cada hectárea concesionada es simbólico —entre cinco y ciento diez pesos, según veremos más adelante— y ningún impuesto por la exportación del mineral. Además de despojar al país de sus recursos, las actividades de esas empresas transforman negativamente las expectativas de vida de los mexicanos y, en la mayoría de los casos, truncan sus posibilidades de desarrollo de acuerdo con sus propias aspiraciones. De esta manera, se configura una lucha entre el capital y los dueños del mineral o perjudicados por esos procesos de acumulación capitalista, cuyo principal atributo es la desposesión de los bienes naturales de sus legítimos dueños.

En medio de estos actores se coloca el Estado mexicano que, en lugar de defender los intereses del país y sus habitantes, discursivamente se asume imparcial y aparentemente trata de conciliar los intereses en pugna. Decimos aparentemente porque —según se documenta en esta investigación—, con las reformas constitucionales y legales a las que nos referiremos y que analizaremos a profundidad en el capítulo correspondiente, también se transformó la estruc­tura del Estado, despojándolo de su facultad para crear instrumentos que procuren el bien público, hasta convertirlo en administrador de los intereses del capital transnacional, función que realiza aplicando los instrumentos que las instituciones y leyes le permiten (a través de las políticas mineras), que siempre están cargados hacia los primeros. Tomando en cuenta lo anterior, podemos decir que el Estado mexicano ha dejado de ser un Estado nacional para convertirse —como propone Joachim Hirsch— en un Estado de competencia. Cómo sucedió esto es un fenómeno que también se analiza en este trabajo.

Hemos dicho que la minería a cielo abierto trunca posibilidades de desarrollo para los habitantes en las regiones donde se instala. Aquí la minería engarza con el desarrollo rural, aunque de manera un tanto fuera de lo común, ya que normalmente los estudios de esta naturaleza se enfocan a analizar procesos que potencian el desarrollo rural, pero en este caso es al contrario, pues se estudia un proceso que afecta el bienestar de la gente del campo, lo cual podría dar pie para afirmar que se trata de un tema de “antidesarrollo” rural, si por desarrollo rural se entienden los procesos que buscan el mejoramiento y bienestar de la población del campo, a través del impulso de actividades económicas que lo permitan y, al mismo tiempo, aseguren la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad. Eso es lo que hace importante el estudio del tema, pues muestra cómo en nombre del desarrollo del país se puede perjudicar a sectores concretos de su sociedad.

Lo anterior hace de la actividad minera un tema que merece ser analizado para comprender sus implicaciones económicas, políticas, sociales y culturales en nuestro país, y saber si realmente contribuye al desarrollo rural o, por el contrario, lo frena. Así, el objetivo general que nos proponemos en este trabajo es analizar los procesos de explotación minera en México, poniendo énfasis en ubicar los intereses que se encuentran detrás de ellos, la forma en que se expresan y la participación del Estado, para lo cual analizamos la actuación de sus instituciones, el contenido de las leyes que regulan la materia y las políticas elaboradas desde el gobierno para llevarlas a cabo. De la misma manera, esta investigación busca comprender la reacción de los campesinos, los pueblos indígenas y de amplios sectores de la sociedad en general que se sienten afectados por la actividad minera. El estudio abarca un periodo que va de la reforma de 1992 al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al año 2015, tiempo que coincide con los últimos periodos de gobierno del Partido Revolucionario Institucional (pri), los dos primeros del Partido Acción Nacional (pan) y la recuperación de la presidencia de la república por el primero. Éste es el periodo de estudio; para explicarlo, también recurrimos a la historia de la minería y, en algunos casos, salimos de él para explicar fenómenos que ya han tenido efectos en años posteriores.

En la presente investigación sostenemos que desde la época colonial hasta nuestros días, la actividad minera no ha podido desligarse de factores económicos ajenos al país, que son los que han marcado su derrotero, en el primer caso como economía colonial, en los dos siguientes como un colonialismo moderno y, en el último, como colonialismo global, como afirma Santiago Castro-Gómez en su obra El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más alládel capitalismo global, que sucede en América Latina. De esa manera, en el trabajo se reconocen cuatro ciclos de explotación minera en México: el primero va de la llegada de los españoles hasta la consolidación de la república —varias décadas después del decreto de independencia de México—; el segundo abarca todo el Porfiriato y las primeras décadas posteriores a la Revolución mexicana; el tercero se compone de los años de la “mexicanización”, como algunos autores lo denominan, y el último sería el de la globalización, que comienza con las políticas de apertura comercial y se afianza con la reforma al artículo 27 constitucional, que permitió modificar el marco jurídico y las políticas mineras, así como la firma del Trata­do de Libre Comercio entre los Estados Unidos de América, Canadá y nuestro país.

El trabajo se organiza en cinco capítulos. El primero se ocupa del escenario en que se da la explotación minera y los actores que en él participan de esos procesos: el territorio nacional y su composición. Se describe el área geográfica que ocupa el territorio, los recursos forestales, bióticos e hídricos que en él se encuentran, poniendo atención en los mineros. Abarcamos todos los recursos naturales porque consideramos que los procesos de apropiación del mineral tienen como centro a estos últimos, pero necesitan de los primeros para llevar a cabo sus trabajos; o bien, si no los utilizan, en el proceso de localización y extracción del mineral los afectan. El caso más visible es la tierra: el Estado otorga las concesiones para el aprovechamiento del mineral, pero si los campesinos no otorgan su autorización para la ocupación, la extracción del mineral no será posible. De los recursos minerales se resalta su importancia económica y estratégica para el desarrollo del capitalismo en su época actual.

En el capítulo segundo se analizan las características de cada uno de los cuatro ciclos de la explotación minera en nuestro país, a través de la historia de la legislación y las políticas mineras, más la resistencia social. Lo hacemos porque consideramos importante conocerlas para entender la forma en que llegamos a su situación actual. En esta parte se analizan las razones que tuvieron los españoles para llegar al Anáhuac buscando oro, la ruta que siguieron en la Conquista y su importancia minera. De la misma forma, nos adentramos en el destino de la minería durante las primeras décadas posteriores a la Independencia de México, los problemas para impulsarla y las medidas que se tomaron para superarlos; el papel de la minería en los primeros años posteriores a la Revolución, su etapa nacionalista y la actual, la neoliberal.

El análisis de los cuatro ciclos de explotación gira sobre los ejes centrales: acumulación originaria y ampliada del capital, el discurso jurídico que la legitima y el papel del Estado en todo ello. Para lograrlo analizamos las leyes que en cada ciclo han regulado la actividad de apropiación minera, las instituciones que el Estado ha creado para operarlas y las políticas instrumentadas para lograr sus propósitos. Se analizan desde las primeras leyes e instituciones que la Corona española y la Real Audiencia establecieron en la época colonial —las que comenzaron a aprobarse en las décadas posteriores a la Independencia de México—, señalando las características particulares de cada ciclo, siguiendo el tratamiento que se dio a la propiedad del mineral y las formas de su apropiación.

En el capítulo tercero se analiza el régimen jurídico de las tierras y los recursos naturales derivado de la Revolución de 1910. Se comienza con una explicación de la propiedad originaria de la tierra y los recursos naturales en favor de la nación, seguido de los diversos regímenes de propiedad secundaria —privada, social y pública—; continúa la propiedad pública de los recursos naturales y lo que esto implica para su aprovechamiento por particulares, que marca una forma sui generis de apropiación capitalista en el campo, donde el Estado cumple la función de su regulador. Después se pasa al carácter jurídico de la actividad minera; el régimen de concesiones, su naturaleza, la autoridad facultada para otorgarlas, las per­sonas —físicas y morales— que tienen derecho a obtenerlas, los de­rechos y obligaciones de los concesionarios y la manera en que pueden extinguirse las concesiones y las contribuciones fiscales que generan.

Este capítulo resulta central para desentrañar la forma en que el capital transnacional opera en el rubro de la industria minera y el papel que el derecho juega en ello. Se muestra cómo la propiedad de la nación sobre los recursos naturales para beneficio propio, y la concesión como forma excepcional para que los particulares participen en la explotación de éstos, se ha desnaturalizado hasta convertirlos en vía para el despojo. Junto con eso, la soberanía nacional queda en entredicho, al permitirse, también por la vía de disposiciones legales, que los extranjeros puedan invertir en la minería, sin que haya una limitante para ello, pero también sin que las empresas se sometan, en caso de controversia, a la jurisdicción de los tribunales mexicanos. Para analizar este fenómeno nos apoyamos en los postulados de Alejandro Teitelbaum, expresados en La armadura delcapitalismo. El poder de las sociedades transnacionales en el mundocontemporáneo, donde expone la manera en que funciona el capital financiero en las empresas transnacionales; el análisis se extiende hasta lo que el jurista italiano Luigi Ferrajoli denomina “poderes salvajes”, aludiendo a la “libertad salvaje y sin ley” de la que hablaba Emmanuel Kant en referencia al poder del más fuerte, que no reconoce ni los límites que la ley impone con tal de conseguir sus objetivos.

En el capítulo cuarto se examinan las formas en que las empresas concesionarias pueden ocupar la tierra bajo la cual se encuentran los minerales y las formas de protección al ambiente, que es donde se da la confrontación con los campesinos y los pueblos indígenas. Entre las primeras, la investigación se ocupa de la compraventa, el arrendamiento y la expropiación, explicando cada uno de sus componentes y la forma en que se dan en la realidad. Pero como no es suficiente con acceder a la tierra para poder extraer el mineral, sino que se requiere la autorización para uso del suelo, también se analizan las diversas modalidades que este acto de autoridad puede asumir, de acuerdo al ejecutor que lo lleva a cabo.

Una vez analizado el problema del acceso a la tierra en el mismo capítulo, nos ocupamos del problema del ambiente. Tratándose de una materia de reciente regulación, se incursiona en las causas que la motivaron, sus disposiciones sobre prevención del daño ambiental, la participación social en ello y la remediación cuando no es posible evitarlo. Otro aspecto que se trata es la generación y manejo de los residuos químicos derivados de la explotación minera y la responsabilidad de quien contamina.

Con la explicación de la manera en que funcionan las leyes a favor de las empresas mineras, se analizan los efectos que producen entre los dueños de la tierra y también entre quienes no lo son, debido a la afectación del medio ambiente; que no distingue entre propietarios y no propietarios de los recursos naturales, ni entre los que provocan el daño y los que no lo hacen. Motivados por dichas agresiones, los afectados reaccionan y luchan para librarse de ellas, generando luchas que genéricamente se identifican como “movimientos socioambientales”. En el análisis se muestra cómo los actores centrales se mueven de diversas maneras para defender sus derechos e intereses: hacen denuncias, ocupan calles, plazas y hasta las instalaciones de las mineras. En todas ellas esgrimen su derecho como forma de articular sus discursos, haciendo un uso del derecho distinto al del Estado.

El capítulo quinto trata de los derechos de los pueblos indígenas, la forma en que la minería los afecta y la manera en que resisten. Comienza con una explicación de lo que son los pueblos indígenas social y jurídicamente para después caracterizar sus derechos y naturaleza. El análisis se centra en las condiciones de los pueblos indígenas como sujetos de derechos y sus derechos colectivos, entre ellos el de la autonomía y el territorio, incluyendo los recursos naturales existentes en ellos. Ambos se analizan desde su aspecto social y político, sin olvidar la forma en que éstos se regulan en la legislación. Una parte importante del estudio se ocupa de los proyectos mineros que se encuentran en los territorios indígenas y los problemas que generan entre éstos porque violan sus derechos, resaltando el derecho a ser pueblos, a la autonomía, a controlar sus territorios y aprovechar de manera preferente los recursos naturales, así como el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado.

El trabajo cierra con las conclusiones, que apuntan a resolver los problemas que se analizan. Para ello se realiza un recuento del contenido del trabajo, resaltando los aspectos medulares de cada época histórica a la luz del presente. Se reflexiona sobre las posibilidades teóricas de cambiar el modelo extractivista por otro indispensable o sensato, al concluir que, para que sea posible, se requiere transformar también el modelo económico en que se sustenta. Con base en ello se proponen algunas reformas legales que transformen las instituciones y obliguen a los funcionarios estatales a conducirse como representantes sociales, a protejer el patrimonio nacional, a usarlo en beneficio de los mexicanos y a diseñar políticas públicas en ese sentido. Se insiste en que eso sólo es posible en un sistema económico, social, político y cultural distinto al actual, pero de eso se trata, de dar pautas para ir construyéndolo. Ése es el objetivo extra académico-social que da sentido a este trabajo.

Aunque en un principio esta obra fue una tesis para obtener un grado académico, su elaboración se apartó un tanto de la ortodoxia académica. En México, cuando uno tiene la intención de acreditar un grado académico se asume que uno de los requisitos a cubrir es la elaboración de una tesis, para lo cual elige un tema, un marco teórico, un lugar donde realizar el trabajo de campo y un asesor. Todo eso queda bajo el control del estudiante y la institución que le da el cobijo necesario para lograrlo. No sucede lo mismo con la forma de hacerlo. Si uno tiene relación previa con los sujetos de estudio eso ayuda a superar los resquemores y las desconfianzas naturales que esgrimen frente a un intruso desconocido, que llega queriendo saber todo de ellos sin ofrecerles nada a cambio; que, después de un tiempo de estar con ellos, los abandonará para irse a escribir su obra y ya no regresará a verlos porque ya no necesitará de ellos. Conocer a los sujetos de estudio antes de comenzar los trabajos de investigación para realizar la tesis supera las desconfianzas de éstos hacia el investigador, pero crea otros problemas: la gente espera que el trabajo de éste les ayude a resolver sus problemas.

Ése es el caso de esta investigación. Cuando decidí investigar sobre la minería en México, lo hice porque tenía relación con algunos movimientos sociales de oposición a la minería a cielo abierto. Eso facilitó acercarme a diversos actores y sus luchas, aunque aumentó el trabajo, porque ellos asumieron que debía asesorar en lo que yo sabía y ellos necesitaban saber para potenciar su lucha, lo cual me llevó a unir la investigación con la acción, que es una forma distinta de las que generalmente se asumen para investigar. Puede que no sea la forma dominante, pero tampoco es muy raro que suceda. De acuerdo con Andrés Aubry,[1] normalmente el investigador académico vive una contradicción “entre sus pobres conocimientos y el gran saber colectivo de la comunidad estudiada”, porque “ensimismado en su estatus el investigador se cree un especialista en la producción de conocimientos sin que sepa desaprender lo aprendido ante las revelaciones cognitivas de la práctica social de sus interlocutores del campo”, a lo cual hay que agregar su incapacidad para producir un instrumento —otro que no sean sus escritos— “como devolución de su trabajo, susceptible de inspirar una práctica social transformadora”.

De acuerdo con este autor, lo anterior sucede porque el investigador convencional “irrumpe con sus presupuestos teóricos, el tema de su tesis, un encargo académico de su institución; es decir, con preocupaciones abstractas originadas en sus lecturas o sus maestros; como asesor de una agencia oficial, internacional o civil, o por los intereses de quienes le proporcionaron la beca o los fondos para su investigación”. Además de lo anterior, “la recomendación académica de nuestras ciencias sociales es recorrer sucesivamente las clásicas dos etapas falaces: primero investigar —en realidad sólo hacer pesquisas— y luego actuar —de hecho, sólo declarar y recomendar acciones de corte exógeno—. El investigador diligente —dice Andrés Aubry— pretende una investigación exhaustiva, compleja, con la suficiente información, que le toma tanto tiempo que, a la hora de actuar, la realidad investigada es ya la del pasado”.

No fue éste mi caso porque, como he dicho, antes de comenzar la investigación conocía algunos movimientos contra la minería a cielo abierto, lo que me abrió las puertas para conocer otros. Esto me valió que mi trabajo de archivo sirviera también a ellos. Si no recuerdo mal, mi investigación en la Dirección General de Minas nos dio por primera vez una cifra sobre la cantidad de concesiones que se habían otorgado sobre el territorio nacional y la cantidad de hectáreas que amparaban, cuando las cifras no eran públicas o no lo eran en su totalidad; de la misma manera, fue mi cruce entre esas hectáreas de tierras concesionadas con la ubicación de los municipios indígenas lo que nos dio una cifra sobre la cantidad de territorios indígenas otorgados a empresas mineras. Digo todo esto porque, si bien llegué con mi tema de tesis y mis presupuestos teóricos, no esperé hasta terminar la investigación para dar a conocer los resultados: mi investigación estaba sirviendo a los movimientos sociales antes que permitirme obtener el grado académico que la motivaba. Al paso de los años, la investigación ayudó incluso a las autoridades del Estado para resolver algunos reclamos de los afectados por la minería, y a los movimientos a elaborar una propuesta de ley minera que realmente respete los derechos humanos y el medio ambiente.[2]

La realidad evoluciona más rápido de lo que uno quisiera y, si no se investiga resolviendo, se corre el riesgo de convertirse involuntariamente en historiador, porque lo que hoy es actualidad, mañana es pasado. Eso es lo que se denomina “investigación acción”, distinta a la investigación participante porque se conoce haciendo, y haciendo se sacan algunas conclusiones teóricas. Desde este punto de vista, se puede afirmar que “investigar un problema es resolverlo, pero en el entendido de que en la sociedad el problema y su solución son colectivos. En consecuencia, la mejor investigación es la asociada, y la solución no pertenece al investigador —porque es necesariamente social—, pero lo menos que se puede esperar del investigador es que proporcione instrumentos —los mejores no suelen ser de papel— para agilizar o consolidar la acción colectiva”.

Fiel a esta postura, con los primeros resultados de esta investigación elaboré un pequeño libro que, a manera de manual o guía, exponía los principales aspectos de la minería, sobre todo legales, y con muchos compañeros nos fuimos a explicarlo a la mayoría de los lugares que nos invitaron. Se realizaron talleres con los rarámuris de la sierra Tarahumara, en Chihuahua; con los wirrárikas en San Luis Potosí y Nayarit; con el Frente Amplio Opositor en San Luis Potosí; con la policía comunitaria en Guerrero; con los nahuas y totonacas de la Sierra Norte de Puebla; con los zapotecos de Capulalpan y San José del Progreso en Oaxaca; con los cuicatecos del mismo estado, entre los que recuerdo. Estos actos generaban confianza; después de ellos platicábamos sobre sus problemas concretos, donde intercambiábamos información: ellos para buscar solución a sus problemas, yo para mi investigación.

Otro espacio de reflexión importante fueron los seminarios académicos que se organizaron alrededor del tema, tanto los programados como parte de los estudios, como a los que asistí como invitado en otros espacios de la misma naturaleza. En el primer caso fue importante la relación con mi asesor, con mis compañeros de generación y mis lectores internos y externos. A partir del intercambio de opiniones se fueron precisando conceptos teóricos y su uso en el trabajo que, de estar centrado en lo jurídico, pasó a tener un carácter también económico y social, que incluso busca poner a las personas en el centro, más que las cifras con que se les menciona muchas veces (las que, espero, hayan pasado a segundo plano). Tuve la fortuna de contar con un asesor y unos lectores muy interesados y conocedores del tema, cosa que celebro, porque me permitió razonar los objetivos y enriquecer mi conocimiento sobre la industria minera.

[1] A. Aubry, “Otro modo de hacer ciencia. Miseria y rebeldía de las ciencias sociales”, en B. Baronnet, M. Mora Bayo y R. Stahler-Sholk (coords.), Luchas “muy otras”. Zapatismo y autonomía en las comunidades indígenas de Chiapas, México, Universidad Autónoma Metropolitana (uam)-Xochimilco-Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Universidad Autónoma de Chiapas, 2011, pp. 59-78.

[2] Me refiero a Recomendación No. 56/2012, Sobre la violación de los derechos humanos colectivos a la consulta, uso y disfrute de los territorios indígenas, identidad cultural, medio ambiente sano, agua potable y saneamiento y protección de la salud del pueblo wixárika en Wirikuta, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitida el 28 de septiembre de 2012, y a la propuesta de ley minera de los movimientos indígenas que, a la hora de escribir este texto, se discute en varias comunidades.

Capítulo I

El escenario y los actores

[…]aquí hayoro y quién sabe cuántos metales más; pero desgraciado del que sele ocurra trabajarlos, porque hará infelices a estos ranchos y traerá sinfin de calamidades.

Agustín Yáñez, Las tierras flacas

1. El territorio mexicano y sus recursos

Uno de los elementos del Estado mexicano es su territorio. Ubicado en la parte meridional de América del Norte, México es un país que cuenta con una extensión territorial de 1’964,375 km² (196’437,500 ha), de los cuales 1’959,248 km² (195’924,800 ha) son superficie continental y 5,127 km² (512,700 ha) superficie insular.[1] Su frontera norte, que comparte con los Estados Unidos de América, está definida por el cauce del río Bravo —que es también el más largo del país— y tiene una longitud de 3,326 km lineales, lo que la convierte en la más grande ellas; al sur colinda con Guatemala, en una línea de 871 km formada por los ríos Suchiate y Usumacinta, y con Belice, en una línea fronteriza de 251 km, formada por el cauce del río Hondo;[2] por el oriente lo baña la costa del golfo de México y el mar Caribe, que forman parte del océano Atlántico, mientras que por el poniente su litoral es regado por el océano Pacífico.

a. Topografía

Dos grandes cadenas montañosas dan forma a la topografía de México: por el oeste, corriendo de manera paralela a la costa del Pacífico, se extiende la Sierra Madre Occidental, con aproximadamente 1,250 km entre la frontera con Estados Unidos y la desembocadura del río Lerma. Esta sierra alcanza su punto más alto en el cerro Gordo, ubicado en el sur del estado de Durango, con una altitud de 3,340 metros sobre el nivel del mar (msnm). Al este se localiza la Sierra Madre Oriental, que inicia muy cerca de la frontera méxico-estadounidense y se extiende 1,350 kilómetros hacia el sur, hasta el Nudo Mixteco y el eje neovolcánico. Esta sierra comienza como una cadena de cerros de poca elevación, pero a medida que avanza hacia el sur, sus alturas se elevan cada vez más, poniendo de manifiesto que la gran actividad geológica que originó la serranía tuvo su centro más prominente cerca de lo que hoy es el Nudo Mixteco. Como en el caso de la Sierra Madre Occidental, la Oriental también corre paralela a la costa, aunque la distancia entre el piemonte y la costa nunca es tan reducida como en el occidente.[3]

Entre estas dos grandes cadenas montañosas y el eje neovolcánico se localiza la Altiplanicie mexicana. Se trata de una amplia meseta a una altura promedio de 1,200 msnm. Debido a la presencia de las altas montañas en todos los flancos es bastante seca; en ella están contenidos los desiertos de Chihuahua y el Bolsón de Mapimí, más conocido como Comarca Lagunera, que son algunos de los puntos donde llueve menos en todo el país. La altiplanicie está dividida por una serie de pequeñas serranías de escasa envergadura, conocidas en su conjunto como Sierras Transversales, conjunto que comprende la sierra de Zacatecas, la de San Luis y la sierra de la Breña. Éstas dividen el Altiplano en dos mitades, que algunos especialistas han denominado Altiplano Norteño y Altiplano Sur. En esta última región se localiza el Bajío, una rica región agrícola compartida por los estados de Guanajuato, Querétaro de Arteaga, Jalisco y Aguascalientes.

La Altiplanicie mexicana está limitada al sur por el Eje Neovolcánico. Se trata de una cadena de volcanes que forman parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, caracterizado por su gran actividad volcánica. Inicia en el estado de Nayarit y corre al oriente, aproximadamente sobre la línea del paralelo 19°. El Eje forma numerosos valles de tierras altas, entre ellos los de Toluca, México y el poblano-tlaxcalteca, que alojan juntos a 24 millones de personas, las cuales representan alrededor del 25% de la población mexicana. En esta cordillera se localizan algunas de las mayores elevaciones del país, como el Pico de Orizaba, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Aunque los volcanes del Fuego y el Nevado de Colima se localizan más al sur, suelen considerarse como parte de este Eje. También se incluye en esta cordillera el célebre Paricutín, el volcán más joven de México, que fue visto nacer por un campesino purépecha de Michoacán y sepultó al pueblo de San Juan Parangaricutiro.

Al sur del Eje Neovolcánico se localiza la región más baja de todo el país. Esta corresponde al cauce medio del río Balsas-Atoyac y se conoce precisamente como Depresión del Balsas; es una región de clima muy caluroso, con vegetación de tipo subtropical. Aunque es una extensa región con abundantes recursos hídricos, también resulta una de las más despobladas del país debido, entre otras cosas, a que está rodeada por altas montañas que dificultan su comunicación. La también conocida como Cuenca del Balsas comienza en el valle poblano-tlaxcalteca, pero debido a que éste es una zona de tierras altas, no se considera parte de la Depresión. Al oriente la zona está limitada por el Nudo Mixteco, que une a la Sierra Madre del Sur con el Eje Neovolcánico.

Entre la Depresión del Balsas y el océano Pacífico se encuentra otra gran cadena montañosa, ésta es la Sierra Madre del Sur, que corre casi al ras de la costa del océano pacífico, en los límites de los estados de Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, terminando en el Istmo de Tehuantepec, de esta última entidad federativa. La Sierra Madre del Sur está enlazada con la cordillera Neovolcánica y la Sierra Madre Oriental por el Nudo Mixteco, que constituye uno de los puntos centrales de la orogenia mexicana. El Nudo Mixteco forma una de las zonas más antiguas del país. En torno de él se desarrollaron notables procesos geológicos que dieron origen a las cuatro grandes cordilleras que recorren el territorio mexicano.

Al oriente del Nudo Mixteco se localiza otra notable cadena montañosa, la Sierra Madre de Oaxaca, conocida también como Sierra de Juárez. Se extiende por el norte de Oaxaca y forma el límite natural con su vecino norteño, Veracruz. Su relieve es abrupto, alcanza picos de más de 3,000 msnm. Termina en el istmo de Tehuantepec, una zona baja donde el golfo de México y el océano Pacífico se hallan a menor distancia en el territorio mexicano. La planicie del istmo es interrumpida por la sierra Atravesada que, como su nombre indica, atraviesa la región de norte a sur. Al oriente de ella se encuentran las sierras Madre de Chiapas y las serranías del Soconusco, que enmarcan la Mesa Central de Chiapas, una zona de unos 1,200 msnm, de clima frío en plena zona tropical. La Sierra Madre de Chiapas tiene su pico culminante en el volcán Tacaná, a 4,117 msnm, en la frontera chiapaneca con Guatemala.

La planicie o llanura costera del Golfo es bastante más amplia que su par del Pacífico. Comienza en el noreste de Coahuila y termina en la cuenca del río Candelaria, en el estado de Campeche. Es una región de relieve más o menos plano —apenas interrumpido por la sierra de los Tuxtlas y las serranías de Tamaulipas— que suele ser dividida en dos partes: la llanura septentrional, que se localiza al norte del río Pánuco, y la meridional, en Veracruz y Tabasco. Al oriente de la llanura tabasqueña se encuentra la plataforma de Yucatán, una extensa península de piedra caliza que emergió del mar luego del impacto de un meteorito al final de la era mesozoica, sólo caracterizada topográficamente por una leve serranía de 130 metros de altitud en su punto más alto, denominada La Sierrita.

Topografía del territorio mexicano

Fuente: [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:M%C3%A9xico_relieve.png]. Consultada el 15 de diciembre del 2012.

En el noroeste, la separación entre la península de Baja California y el resto del territorio continental está ocupada por el golfo de California, declarado Patrimonio de la Humanidad. Esta península está atravesada de norte a sur por una cordillera conocida genéricamente con el nombre de sierra de Baja California, aunque recibe diferentes nombres según la región. Una falla geológica pasa muy cerca de la línea costera de la península, lo que ocasiona que muy lentamente ésta se separe del continente americano. Algunos científicos pronostican que en unas centenas de años la falla de San Andrés se convertirá a Baja California y California en una enorme isla.

b. Biodiversidad

Sobre la superficie del territorio mexicano que se ha descrito existe una gran biodiversidad, que por su importancia coloca al país entre los doce considerados de megadiversidad biológica, junto con los Estados Unidos de América, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, en el continente americano; y con Zaire, India, China, Madagascar, Indonesia y Australia en otros continentes. Otra clasificación de su riqueza y diversidad biológica establece que ocupa el cuarto lugar mundial con respecto al número de especies de plantas. Con apenas 1.4% de la superficie terrestre del planeta, el país posee cerca de 10% del total de especies conocidas en el mundo, además de destacar por la presencia de organismos que no existen en ningún otro país. Considerando tan sólo la flora, el porcentaje de endemismos se encuentra en 50%, que se traduce en 15,000 especies, mientras que para reptiles y anfibios oscila entre 57% y 65%, y para los vertebrados la proporción es de 32%, en promedio.[4]

Tomando en cuenta que la biodiversidad incluye el conjunto de manifestaciones de la vida, tenemos que asumir que sobre el territorio mexicano se desarrollan desde los procesos inherentes a cada especie, hasta su complicado ensamblaje en los diversos ecosistemas. Este último representa el nivel más alto de la biodiversidad, que se manifiesta a simple vista a través del paisaje; identificable por los diferentes tipos de vegetación, entre ellos los pinares y bosques de oyamel, propios de las montañas templadas y frías, pasando a mezclas de bosques de pinos y encinos con inicios de vegetación tropical, para continuar con la sumamente deteriorada selva tropical seca y luego con la vegetación desértica o xerófila. En México existen nueve tipos de vegetación principales, que a su vez se pueden subdividir en un buen número de subtipos —de treinta a cincuenta, según la autoridad— o ecorregiones.

Para las sociedades humanas que habitan y habitaron el territorio mexicano, cada zona ecológica constituye un particular escenario en el que tienen lugar procesos de apropiación de los elementos de la naturaleza. Por ejemplo, cada zona ecológica ofrece un conjunto particular de recursos bióticos, energéticos o minerales, o bien determina el tipo de cultivo agrícola que puede ser implantado. El proceso de apropiación ocurre, sin embargo, en una doble dimensión: como apropiación material (producción de bienes) o como apropiación intelectual (producción de símbolos). Se trata de los procesos mediante los cuales las sociedades logran su reproducción material (agrícola, ganadera, pesquera, forestal, extractiva) e intelectual (mitos, conocimientos, ensoñaciones, ideas, percepciones, cosmovisiones). El resultado final de esta doble interacción con la naturaleza, es decir, con la diversidad biológica y ecológica, es la gran variedad de culturas que han existido y aún existen en México.[5]

Si nos detenemos un momento en el aspecto forestal de la biodiversidad podremos darnos cuenta que, del total de la superficie continental del territorio mexicano, 65% es forestal y de ésta sólo 66 millones de hectáreas —una tercera parte— se componen de bosques y selvas; el resto está conformado por desiertos, matorrales, praderas naturales, manglares, entre otros, lo que ubica al país en onceavo lugar a nivel mundial entre los países con superficie forestal. Otro dato es que la mayor parte de la superficie forestal del país se ubica en los estados de Chihuahua, Sonora, Coahuila, Durango, Baja California Sur, Oaxaca, Baja California y Campeche, que concentran 60% de este tipo de superficie. De éstos, Chihuahua concentra la mayor extensión de bosques del país, seguido por Oaxaca, Durango, Guerrero, Jalisco, Campeche, Sonora y Chiapas.

Como ya se ha dicho, la superficie forestal se compone de varios tipos de ecosistemas, por lo que, cuando observamos los estados que tienen mayor superficie de bosques y selvas en proporción a su superficie total, no siempre corresponden a los que tienen el mayor porcentaje forestal. Baja California, por ejemplo, es el tercer estado con mayor proporción de su superficie forestal; no obstante, es también el que tiene menor proporción de bosques y selvas en su territorio. En cambio, Quintana Roo es el de mayor proporción de superficie forestal y también el de mayor proporción de bosques y selvas en su territorio. Esto se debe a que casi toda la superficie de Quintana Roo se conforma por bosques y selvas; en cambio, la vegetación forestal de Baja California es principalmente árida y semiárida.

Dado que la mayor parte de la propiedad de la tierra en el territorio mexicano se encuentra bajo el régimen de propiedad social, la superficie forestal se concentra en ella. Así, 55% de ésta se concentra en ejidos y comunidades, mientras, en el caso de los bosques y selvas, el porcentaje se dispara hasta alcanzar 60%. En ese mismo sentido, se puede afirmar que 70% de las tierras ejidales y comunales tienen ecosistemas forestales, pero sólo 39% de la propiedad social se compone de bosques y selvas. Este dato, en términos generales, se asemeja al de la realidad nacional, donde 65% del territorio está compuesto por ecosistemas forestales, pero sólo la mitad de éstos son bosques o selvas.[6]

c. Hidrología

En México se han identificado 1,471 cuencas hidrográficas, las cuales, para fines de publicación de la disponibilidad de aguas superficiales, han sido agrupadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en 731 cuencas hidrológicas, organizadas en 37 regiones hidrológicas, agrupadas a su vez en 13 regiones hidrológico-administrativas.[7] Las más húmedas son la del Usumacinta-Grijalva, la del Papaloapan, Coatzacoalcos y la llamada costa de Chiapas. Las tres primeras corresponden a la vertiente del golfo de México, y la última al Pacífico. Las cuatro se localizan en los estados del sureste de México. Las cuencas más secas son las de El Vizcaíno, Magdalena y Laguna Salada, en la península de Baja California, y la de Sonora, en el estado del mismo nombre.

Regiones hidrológicas en México, 2010

Fuente: Comisión Nacional del Agua, 2011. Consultada el 15 de diciembre del 2012.

Como venas que irrigan su territorio y permiten que la biodiversidad se desarrolle, en el territorio mexicano nacen y corren muchos ríos, que en conjunto integran una red hidrográfica de 633,000 kilómetros; de éstos, cincuenta son considerados los principales, debido a que por ellos fluye 87% del escurrimiento superficial del país y sus cuencas cubren 65% de su superficie territorial continental.[8] Dentro de los ríos más caudalosos se encuentran el Usumacinta, que nace en Guatemala, pasa por el estado de Chiapas y desemboca en el golfo de México, arrojando 900,000 litros de agua por segundo; le sigue el Grijalva, también en el estado de Chiapas, que termina en el mismo lugar que el anterior expulsando 700,000 litros de agua por segundo. El caudal de estos ríos contrasta con el del río Bravo que, como ya dijimos, sirve de límite al país con su vecino del norte; es el más largo de los que riegan a México, pero no el más caudaloso, pues apenas desaloja 120,000 litros de agua por segundo. A los anteriores se suman los ríos Papaloapan, Coatzacoalcos, Balsas, Pánuco, Santiago y Tonalá, cuyas cuencas representan 22% de la superficie de nuestro país.[9]

Principales ríos de México

Fuente: [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:M%C3%A9xico_Hidorlog%C3%ADa.png]. Consultado el 15 de diciembre de 2012.

De acuerdo con el lugar donde desembocan, los ríos mexicanos se han agrupado en tres vertientes: la occidental, correspondiente a los que desembocan en el Pacífico; la oriental, que agrupa a los que desaguan en el golfo de México y el mar Caribe, y la vertiente interior, formada por todos los ríos que no tienen salida a ninguno de los mares ni desembocan en una cuenca con desagüe marino. Las enormes cadenas montañosas existentes en las cercanías de las costas ocasiona que los ríos de México sean, en general, cortos, innavegables y con un caudal relativamente modesto. Esto es especialmente cierto en el Pacífico, en cuya vertiente, sin embargo, desembocan algunos de los ríos más largos de México.[10]

Además de los ríos, el sistema hidrológico del país se integra por numerosos lagos y lagunas de tamaño modesto. El cuerpo interior de agua más importante es el lago de Chapala, en el estado de Jalisco, mismo que, a causa de la sobreexplotación, está en riesgo de desaparecer. Otros lagos importantes son el de Pátzcuaro, el Zirahuén y el Cuitzeo, todos ellos en Michoacán. Hace años formaba parte de este grupo la cuenca del lago de Texcoco, sin embargo, fue abierto artificialmente hacia el río Tula, con el propósito de desecar los más de mil kilómetros cuadrados de superficie lacustre en los que hoy se asienta la Ciudad de México. Además, la construcción de presas ha propiciado la formación de lagos artificiales, como el de las Mil Islas, en Oaxaca.

Los anteriores recursos naturales son fundamentales para la vida. De la tierra nacen los productos indispensables para la alimentación, además de que sirve para asentarse y construir sociedades. Los bosques producen el oxígeno que todos los seres vivos necesitamos para respirar y seguir viviendo, además de dar sombra para el descanso y leña para preparar alimentos, sin contar con la madera que va al mercado para servir en usos industriales. El agua es otro elemento indispensable para la vida. Sin ellos la vida simplemente no podría existir. Además, para algunas culturas en particular, como es el caso de los pueblos indígenas, son fuente de mitos fundacionales y cumplen un papel importante para la cohesión cultural de sus habitantes. En suma, su aporte a las sociedades contemporáneas es múltiple: económico, social y cultural, entre otros.[11]

2. Población y ruralidad

La biodiversidad del territorio mexicano determina en gran medida la diversidad cultural de su población, que es el otro elemento constituyente del Estado mexicano. La biodiversidad determina visiones sobre el mundo, creencias sobrenaturales y hasta mitos fundacionales. Aunque hay otras diferencias que no necesariamente obedecen a estas razones. Una de ellas, por ejemplo, es la diferencia entre hombres y mujeres. Atendiendo a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, en esa fecha la población del país ascendía a 112’322,757 millones de habitantes; de esta cantidad, 57’464,459 son mujeres y 54’858,298 hombres. No se necesita más que mirar las cifras para concluir que la población femenina supera a la masculina, lo que ya en sí determina comportamientos sociales, valores morales y la participación en la economía, sea doméstica o comercial.

A esto hay que agregar las prácticas sociales y culturales, determinadas por la forma en que la población se distribuye por el territorio mexicano, que es bastante desigual, debido a muchas causas. Por ejemplo, en el noreste de México, la cultura de sus habitantes se ve permeada por los procesos que las provincias internas de oriente —Coahuila, Texas, Nuevo León y Tamaulipas— experimentaron a lo largo del siglo xix, que modificaron sus actividades económicas, su vida política y sus relaciones con el centro de la república. La separación de Texas trajo como consecuencia la pérdida de espacios, pero favoreció económicamente a los habitantes al crearse una Zona Libre; de igual manera, la guerra civil de los Estados Unidos intensificó sus relaciones comerciales con ese país, y en ese mismo sentido, su apoyo a los federalistas los llevó a que, en los periodos de gobierno centralista, se les acusara de promover políticas separatistas, que al final marcaron su relación con los poderes centrales.[12]

En ese mismo sentido, hablar de los rancheros del norte y noroeste —Chihuahua, Sonora y Sinaloa— implica forzosamente tomar en cuenta el “culto” al baile que puede encontrarse en cada rancho y en cada pueblo de la sierra. Con el sonido de una grabadora de discos compactos, aprovechando el onomástico de algún abuelo o con las coplas de amores imposibles y de corridos de hombres valerosos que burlan la ley, interpretados por la banda más sonada de la región en plena festividad patronal, los rancheros se olvidan de sus quehaceres cotidianos para ponerse a bailar. Ahí se reflejan, a través de los movimientos corporales, formas aprobadas socialmente entre hombres y mujeres para asumir las relaciones familiares y matrimoniales.[13]

Esas prácticas contrastan sensiblemente con las del sureste del país —Guerrero, Oaxaca y Chiapas—, donde la población, mayoritariamente indígena, mantiene una cultura de la comunalidad muy arraigada y su vida gira alrededor de la tierra, la naturaleza, la ayuda mutua y los sistemas de cargos. Lo anterior define también la existencia de una economía doméstica que funciona bastante bien hacia el interior de las comunidades, pero hacia el exterior se encuentra subordinada a las dinámicas comerciales de la región, dominadas por los mestizos, quienes a su vez establecen relaciones con otros centros comerciales estatales o nacionales y con los poderes estatales, dando lugar a lo que diversos autores han conceptualizado como “colonialismo interno”.[14]

Otra fuente de diferenciación entre los mexicanos es la posibilidad de acceso a los bienes culturales. Para comenzar existen 56 zonas metropolitanas que en conjunto concentran 62.6 millones de personas, es decir, 55.8% del total nacional. De éstas, tan sólo el área metropolitana del Valle de México tiene hoy 20.1 millones de mexicanos. Esto obedece en gran medida en que estas zonas concentran las fuentes de trabajo, pero también las fuentes de información, tan importantes para el acceso a los avances científicos y tecnológicos y para la formación de la conciencia ciudadana. Otra peculiaridad de ellas es que concentran las instituciones y programas culturales, lo que pone en ventaja a los habitantes de estas zonas con respecto de quienes viven en otros lugares.

Viendo la concentración de población por entidades federativas, corresponde al Estado de México en mayor número, con 15’174,272 habitantes, seguido de la Ciudad de México que alberga en su territorio 8’873,017 habitantes. No hay que perder de vista que estas dos entidades federativas comparten su territorio en la conformación del área metropolitana, que según hemos dicho, es de las más pobladas. La tercera posición dentro de las entidades federativas con más población corresponde a Veracruz con 7’638,378; Jalisco ocupa el cuarto sitio, con 7’350,355 habitantes; el quinto lugar es para Puebla, con 5’779,007; Guanajuato se lleva el sexto con 5’485,971; Chiapas el séptimo con 4’793,406; Nuevo León el octavo con 4’643,321; Michoacán el noveno con 4’348,485, y el décimo Oaxaca, con 3’801, 871.[15] En estos últimos lugares la diferencia poblacional entre estados no es únicamente económica sino también cultural, en su sentido más profundo, pues al menos Chiapas, Michoacán y Oaxaca concentran un porcentaje muy significativo de pueblos indígenas dentro de su población. Pero sobre éstos volveremos más adelante.

Otra fuente de diversidad entre la población mexicana es la que se establece entre población urbana y rural. Atendiendo al criterio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que considera rurales a las localidades con menos de 2,500 habitantes, se tiene que en México 24’938,711 personas habitan el medio rural, lo que representa 22.2% del total de la población.[16] De acuerdo con datos oficiales recientes, 7.4 millones de mexicanos son propietarios o poseedores de poco más de 186 millones de hectáreas, es decir, 6.9% de la población del país es propietaria de 94% del territorio nacional, y a 5.6 millones de ellos se les restituyó, reconoció o dotó de tierras, por lo que son propietarios de 105 millones de hectáreas, ya sea como comuneros, ejidatarios o posesionarios. Esto es importante porque son esos propietarios o poseedores quienes producen los alimentos que consumimos los mexicanos; también son los dueños de 141 millones de hectáreas de recursos forestales, de donde brota el agua indispensable para la vida y también los afectados por la actividad minera.[17]

Las mismas cifras oficiales afirman que, atendiendo al uso del suelo, nuestro país cuenta con 195 millones de hectáreas rústicas, distribuidas como sigue: 36.1% pastos naturales, agostadero o enmontadas; 32% vegetación diversa; 16.1% superficie de labor; 3.8% sin vegetación; 2% sólo con bosques, y el resto es propiedad pública o para otros usos. Los datos confirman que la vocación de nuestros suelos no es agrícola. Es importante señalar que los 31 millones de hectáreas son la frontera agrícola, y el máximo de superficie cultivada es de 22 millones de hectáreas, ya que gran parte de esta superficie presenta limitantes para su aprovechamiento en actividades agrícolas.[18] Como veremos más adelante, es de este espacio del que las mineras se están apropiando, cambiando la vocación de los suelos.

Usosdel suelo superficie continental 2007

Concepto

Tierras de uso común, IX Censo Ejidal

Unidades productivas,

VIII Censo Agrícola Ganadero

Total (ha)

%

De labor

(4’235,323)*

31’512,323

31’512,323

16.1

Con pastos

39’936,889

30’781,275

70’718,164

36.1

Vegetación diversa

18’233,315

44’406,337

62’639,652

32

Sólo con bosques

3’919,415

3’919,415

2

Otras superficies

1’649,957

1’649,957

0.8

Sin vegetación

5’241,038

2’123,896

7’364,934

3.8

Propiedad pública

18’100,000

9.2

Total

65’061,199

112’743,246

195’904,445

100

Fuente: Inegi, 2007. VIII Censo Agrícola Ganadero y IX Censo Ejidal.

* Las Tierras de uso común son 69’296,522 ha; las Tierras de labor en Tierras de uso común están incluidas en el Censo Agrícola Ganadero.

Los bienes naturales siempre han aportado algunos beneficios a los habitantes del territorio donde se ubican, con los cuales pueden subsistir y desarrollarse. A este tipo de beneficios se han unido otros, producto de la etapa específica del sistema capitalista. Dada la necesidad de este sistema económico de obtener las mayores ganancias a los menores costos y la imposibilidad de la industria para proporcionarlas, los capitalistas idearon “cosificar” la naturaleza para convertirla en mercancía y, de esa manera, introducirla al mercado. Este proceso ha sido calificado por varios científicos como la “geopolítica de la biodiversidad y el desarrollo sustentable”[19] que, en la práctica, se ha traducido en programas de privatización de bienes que por siglos fueron considerados comunes, como el agua, los recursos genéticos y los recursos que proveen alimentos para convertirlos en propiedad privada.

Este tipo de políticas afecta a todos los habitantes del país, incluidos los que no habitan en zonas rurales porque, como ya dijimos, los bienes naturales de este tipo son indispensables para la vida, pero con mayor razón para los que son propietarios de las tierras donde se localizan.

3. Los recursos minerales

Los anteriores no son los únicos recursos naturales existentes en el territorio nacional. Derivado de su diversidad geológica, además de su riqueza biológica y cultural, nuestro país también posee una riqueza mineral, compuesta por sustancias inorgánicas que se hallan en la superficie o en las diversas capas de la tierra, que no resultan fundamentales para ningún ser vivo, pero cumplen un papel fundamental en las relaciones sociales económicas. En este último aspecto, uno de los roles más simples se da dentro de la cadena productiva, como materia prima o como herramienta.[20] Pero no son los únicos, pues éstos cambian de acuerdo con cada etapa del capitalismo y las necesidades del mercado. Así, lo mismo pueden servir como ornamento —oro, plata y piedras preciosas— que para apuntalar la construcción y, actualmente, para impulsar la revolución tecnológica, entre cuyos usos se incluye la fabricación de baterías para computadoras y celulares, hasta cabezas de misiles.

Nuestro país es rico en minerales. El Servicio Geológico Mexicano divide el territorio en 12 regiones, según el tipo de mineralización predominante. La franja argentífera —la que contiene plata— coincide con la vertiente oriental de la Sierra Madre Occidental, la porción occidental de la Altiplanicie Mexicana y las estribaciones septentrionales del Cinturón Volcánico Transmexicano. La franja oro-cobre-molibdeno se corresponde con la vertiente poniente de la Sierra Madre Occidental, parte de la planicie costera del Pacífico Norte —Sonora y Sinaloa— y el segmento oriental de las sierras de Santa Lucía y de La Giganta, en la península de Baja California.

La región mineralizada de plata-plomo-zinc comprende la porción oriental de la Altiplanicie Mexicana, la Sierra Madre Oriental y la parte sur de la península de Baja California. Coincidiendo con la casi totalidad del estado de Baja California, se sitúa la franja de mineralización de plata-plomo-zinc-manganeso-molibdeno; y en la vertiente septentrional de la Sierra Madre del Sur, la Depresión del Balsas y en parte del Cinturón Volcánico Transmexicano, se localiza la de plata-plomo-zinc-manganeso. También en la Sierra Madre del Sur se ubican las franjas mineralizadas de oro-plata y fierro-oro, en la vertiente del Pacífico.

Por su parte, entre las áreas de concentración de yacimientos minerales no metálicos se destacan las de agregados pétreos y fosforita en el sur de la península de Baja California, de carbón-celestia-fluorita de la Altiplanicie Septentrional del estado de Coahuila y, por último, la faja de sal-azufre-agregados pétreos, que se extiende a lo largo de la planicie del golfo de México y la península de Yucatán, así como de la llanura costera del golfo de México y la península de Yucatán. En síntesis, salvo en la península de Yucatán y la llanura costera del golfo de México, prácticamente en el resto del país existen depósitos minerales metálicos.[21]

Plano de potencial geológico en la república mexicana

Dibujó Iván Juárez, a partir de un mapa oficial.

De acuerdo con el Fraser Institute de Canadá, por la calidad de los yacimientos, en la actualidad el potencial minero de nuestro país es de los más importantes, colocándolo en el noveno lugar a nivel mundial. Se trata de un dato significativo dada la importancia económica de ciertos minerales, muchos de ellos también parte de la estrategia política de los gobiernos, ya que, como dijimos antes, tienen una gran relevancia para la revolución tecnológica y las guerras por el control de territorios y recursos naturales que actualmente sostienen las grandes potencias económicas del mundo.[22] Pero las regiones mineralizadas también resultan importantes porque, en su mayoría, coinciden con las de la biodiversidad a que hemos hecho referencia, y la explotación del mineral, por la forma en que se realiza, la afecta profundamente; al hacerlo afecta todo tipo de vida. De esta manera, la contradicción entre la explotación de mineral y la conservación del medio ambiente resulta una contradicción que, asimismo, impacta los aspectos económicos y hasta morales de la población y los gobernantes.

a. La importancia económica y estratégica de la minería

Como ya anotamos al principio, en la actualidad, la minería es una industria floreciente. De acuerdo con las cifras del Banco de México, de ser el sector de la economía que ocupaba el quinto lugar en la generación de divisas, en una década sus ingresos pasaron al cuarto lugar, sólo superada por los ingresos de la industria automotriz, el petróleo y las remesas de los migrantes. El auge de la minería se debe a muchos factores, entre ellos el aumento del precio de los metales, pero también a la creciente importancia de otros metales en la industria de la tecnología y la carrera armamentista. Y eso apenas es el principio; de acuerdo con el presidente de la Cámara Minera de México, el sesenta por ciento del territorio nacional permanece inexplorado, situación que previsiblemente cambie en los próximos años y, por lo mismo, aumente el interés por las expectativas de ganancias que presupone.[23]

La importancia de la minería se afianzó a finales del siglo pasado y principios del presente, derivada del carácter estratégico de varios minerales para el desarrollo de la actual etapa del capitalismo y la adopción de las políticas neoliberales. En nuestro país repuntó desde las administraciones de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, consolidándose en las de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, los dos primeros, presidentes de la república pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional (pri) y los dos últimos al Partido Acción Nacional (pan). No es coincidencia que fuera en la administración de Carlos Salinas cuando se adecuó el marco jurídico para que el capital transnacional pudiera ingresar libremente en esta industria, el cual se consolidó en las posteriores administraciones.

Divisas generadas en los principales sectores económicos 2010/2009

(Millones de dólares)

Fuente: Cámara Minera de México, Informe 2011

[https://www.camimex.org.mx/files/9914/3700/5365/2011.pdf]