Las guerras dentro de los cuarteles E-Book

Leith Passmore

• Herausgeber: Ediciones Universidad Alberto Hurtado
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 692

Veröffentlichungsjahr: 2023

Beschreibung

Durante los diecisiete años de la dictadura chilena, más de 370.000 jóvenes varones, casi exclusivamente de hogares humildes, pasaron por los cuarteles como conscriptos. En la primera década del siglo XXI, cerca de 100.000 de ellos comenzaron a romper su silencio y se movilizaron como parte de un movimiento de exconscriptos, buscando pensiones, beneficios y reconocimiento como víctimas del régimen militar. Basado en testimonios, entrevistas, documentos inéditos y notas de campo, este libro analiza las memorias del servicio militar que emergieron con el movimiento en el siglo XXI y que revelan cómo se libraron las guerras de Pinochet en el interior de los cuarteles entre 1973 y 1990. Los exconscriptos no comparten una interpretación del golpe, ni del régimen militar o de su legado, y las grandes narrativas de la "lucha por la memoria" no son suficientes para entender la memoria exconscripta.

Leseprobe

Las guerras dentro de los cuarteles

Recordando el servicio militar durante la dictadura en Chile

Leith Passmore

Traducido por Tamara Mejías

Este libro se publicó originalmente en el año 2017 bajo el sello University of Wisconsin Press, con el título The Wars inside Chile's Barracks: Remembering Military Service under Pinochet.

Ediciones Universidad Alberto Hurtado

Alameda 1869 - Santiago de Chile

[email protected] – 56-228897726

www.uahurtado.cl

Primera edición enero 2023

Los libros de Ediciones UAH poseen tres instancias de evaluación: comité científico de la colección, comité editorial multidisciplinario y sistema de referato ciego. Este libro fue sometido a las tres instancias de evaluación.

ISBN libro impreso: 978-956-357-413-5

ISBN libro digital: 978-956-357-415-9

Coordinador colección Historia

Daniel Palma Alvarado

Dirección editorial

Alejandra Stevenson Valdés

Editora ejecutiva

Beatriz García-Huidobro

Diseño interior

Gloria Barrios

Diseño de portada

Francisca Toral

Imagen de portada: Fotografía de Kena Lorenzini, año 1985, Fotografía patrimonial Museo Histórico Nacional.

Con las debidas licencias. Todos los derechos reservados. Bajo las sanciones establecidas en las leyes, queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamos públicos.

Diagramación digital: ebooks [email protected]

Para los valientes.

Índice

Agradecimientos

Nota sobre las fuentes

Prefacio

IntroducciónGuerra y memoria

Capítulo ILos contornos del silencio

Capítulo IIUn movimiento

Capítulo IIIDefendiendo la patria

Capítulo IVHacerse hombres

Capítulo VEn carne propia

ConclusiónLas apolíticas de la memoria y los límites de los derechos humanos

Anexos

Gráfico 1. Tasas de mortalidad de jóvenes varones (1964-1999) y conscriptos del ejército (1973-1990)

Tabla 1. Admisión anual de reclutamiento por rama de las Fuerzas Armadas (1964-2000)

Tabla 2. Muertes de conscriptos durante el servicio por año y rama de las Fuerzas Armadas (1965-2000)

Trabajos y documentos citados

Agradecimientos

Este libro está dedicado a los valientes.

Durante la dictadura de Chile, las Fuerzas Armadas bajo el mando de Augusto Pinochet reclamaban el concepto de valentía para sí mismas. Incluyeron la tercera estrofa del himno nacional –elogiando a los “valientes soldados” de Chile– junto al tradicional estribillo y estrofa. Los presos políticos en los campos de detención fueron obligados a cantar a la valentía de sus captores, los escolares de todo el país memorizaron la nueva versión y los provocadores partidarios del régimen continuaron cantando el verso mucho después de haber sido retirado del himno oficial tras el retorno a la democracia. La valentía que aquí reconozco nada tiene que ver con la automitificación del Ejército chileno. Es, en cambio, la suma de momentos íntimos a lo largo de todo Chile lo que hizo posible este libro. No todos, sin duda, pero sí muchos antiguos reclutas debieron vencer sus miedos para poder hablar de su servicio militar, un paso que dieron no conmigo sino entre sus compañeros como parte de un creciente movimiento de exconscriptos. Además, cada narración de su historia exponía a los exconscriptos a una dosis de vulnerabilidad, puesto que arriesgaban una recepción hostil o despectiva hacia sus recuerdos más guardados, al igual que sus propias respuestas emocionales ante la narración de sus experiencias. Escuché relatos al margen de las reuniones de agrupaciones, en almacenes, oficinas, cafés, plazas, buses, estacionamientos y en un automóvil estacionado al costado de un camino rural, bajo la lluvia. Fui invitado a salas de estar, me senté frente a mesas de cocina por todo Chile y leí testimonios de hombres que nunca conocí. Mi mayor deuda de gratitud es con esos hombres cuyos relatos forman la base de este libro, en particular aquellos hombres cuyas historias resultaron de discretos actos de valentía.

Dentro del movimiento de exconscriptos, estoy particularmente en deuda con los actuales o antiguos representantes de organizaciones de exconscriptos: Carlos Palma, Félix Pinares y René Rivera en Santiago (Agrupación SMO); Fernando Mellado en Santiago (Agrupación Ex Soldados Conscriptos, y más tarde la Corporación para la Integración de los Derechos Humanos de los Ex Conscriptos del período 1973-1990); Luis Burgos y Daniel Gómez en Temuco (Agrupación de Reservistas de la Defensa Nacional IX Región [Agrupación de Reservistas]); Claudio de la Hoz en Chillán (Reservistas Patrióticos de Chile [REPACH] Chillán); David Wiederhold y Esteban Proboste en Talcahuano (REPACH Talcahuano); Víctor Calderón en Buin (Coordinadora Nacional de Ex Soldados Conscriptos del SMO 1973-1990); Juan Díaz en Nacimiento (Agrupación del Bío Bío de Ex Soldados conscriptos de 1973-1990); Freddy Valdivia y Roberto Flores en Iquique (Agrupación de Ex Conscriptos del período 1973 a 1990); Mario Navarro y Guillermo Raillard en Arica (Agrupación Social de Ex Soldados Conscriptos 1973-Clase 54); Pedro Cáceres y Manuel Ureta en Puente Alto (Agrupación Cordillera); y Pedro Naigual (Comisión Nacional Víctimas DDHH de ex Soldados Conscriptos 1973-1990). Estas relaciones a menudo se forjaron durante largos períodos y me permitieron establecer una amplia red de contactos. Realicé entrevistas; asistí a reuniones, eventos y protestas; y compartí almuerzo, café u once en el corazón de la capital y en La Pincoya, La Pintana, Puente Alto y Recoleta, así como fuera de Santiago: en San Bernardo, Buin, Valparaíso, Nacimiento, Concepción, Temuco, Talcahuano, Arica, Iquique, Pozo Almonte y Pica. Valoro profundamente la confianza que depositaron en mí las comunidades de exconscriptos a lo largo de Chile.

La investigación para este libro fue financiada por una beca postdoctoral del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico y tuvo su sede en el Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile entre octubre de 2011 y octubre de 2014. Agradezco a ambas organizaciones por confiar en mí para llevar a cabo este trabajo. En particular, agradezco a la entonces directora Celia Cussen por darnos la bienvenida a La Chile a mí y a mi proyecto propuesto, y por su amistad durante los años transcurridos desde entonces. Sergio Grez no solo fue el académico supervisor en el proyecto, sino que también compartió su tiempo, sus pensamientos y su espacio de oficina conmigo, por lo cual estoy extremadamente agradecido. Más allá de la importancia de su propio trabajo académico, Verónica Valdivia fue una gran fuente de estímulo personal y –como descubriría más tarde–una ardua defensora del proyecto cuando lo necesitó. Las conversaciones durante diferentes etapas del proyecto con Verónica, Celia, Azun Candina, Cath Collins, Katherine Hite, Elizabeth Lira, Steve Stern, Ximena Tocornal y Peter Winn ayudaron a forjar la forma en que pensaba la materialidad y teoría de la memoria. En particular, debo agradecer a Celia y Heidi Tinsman por leer y ofrecer comentarios sobre distintas secciones del borrador. Finalemente, estoy enormemente agradecido a los editores de University of Wisconsin Press, Steve Stern y Scott Straus, por su interés en el proyecto y por publicar la versión original del libro.

Nota sobre las fuentes

Este libro se basa en una reseña de estadísticas militares inéditas; documentos inéditos elaborados por, o en representación de, grupos de exconscriptos; causas judiciales; informes gubernamentales y militares elaborados en respuesta a las demandas de los exconscriptos; cientos de testimonios publicados de exconscriptos; cerca de sesenta testimonios escritos inéditos de exconscriptos; dos colecciones audiovisuales inéditas de testimonios de exconscriptos; memorias publicadas e inéditas de conscriptos; veinte historias orales que dirigí con exconscriptos en 2012 y 2013; cerca de cuarenta conversaciones informales con exconscriptos sostenidas entre 2012 y 2014; veintiséis entrevistas con dirigentes de grupos de exconscriptos y profesionales que trabajaban con grupos de exconscriptos, realizadas entre 2011 y 2015; y notas de campo de veintiséis actividades, protestas o reuniones a las que asistí entre finales de 2011 y mediados de 2015.

Casi todos los testimonios publicados aparecen en la colección Al otro lado de las metralletas. El abogado que representa a la Agrupación de Reservistas en Temuco, Luis Seguel, publicó cientos de testimonios aportados al grupo, abarcando todas las clases y la mayoría de las regiones, bajo encabezados temáticos. Los testimonios aparecen sin editar, con los nombres de los exconscriptos reemplazados por iniciales para proteger sus identidades. Leí varios de los testimonios originales que, posteriormente, fueron incluidos en la colección y puedo confirmar que fueron presentados sin alteración en el libro. Trabajé también con copias de testimonios inéditos recopilados por la Agrupación de Reservistas en Temuco (treinta y nueve), REPACH Chillán (siete) y la Agrupación de Ex Conscriptos del período 1973 a 1990 en Iquique (trece). Tanto en los publicados como en aquellos inéditos, los testimonios oscilaron entre una y más de diez páginas, pero en promedio fluctuaron entre dos y cuatro páginas. Dos grupos –REPACH Talcahuano y la Agrupación de Reservistas (Temuco)– también produjeron colecciones de testimonios breves en video. Los testimonios revisados para este libro –ya sea publicados, inéditos o audiovisuales– abarcan clases entre 1973 y 1990 y todas las regiones de Chile. Son breves y fueron generados dentro del marco del movimiento y con el propósito de interponer demandas grupales o causas jurídicas de reconocimiento y reparación. En contraste con estos testimonios, las memorias son textos notablemente más extensos que no están directamente relacionadas con el movimiento y sus objetivos. Donde este libro cita memorias y testimonios ya publicados, se identifica a los exconscriptos conforme aparecen en las fuentes. Donde se citan testimonios inéditos, los exconscriptos son identificados con un seudónimo. Todos los seudónimos son denotados con un asterisco. Se han realizado cambios en algunas citas directas, solo para corregir pequeños errores ortográficos en las fuentes originales o cumplir con las normas editoriales de Ediciones UAH.

Las historias orales son entrevistas semiestructuradas de historia de vida, que fueron grabadas y duraron entre treinta minutos y dos horas. A través de mis contactos con grupos de exconscriptos, encontré participantes cuyos años de llamado a filas oscilaban entre 1973 y 1983. El plan original para estos relatos era abarcar de manera más o menos cronológica, desde la juventud del participante hasta el momento actual. Comencé explicando la estructura y solicitando al individuo que hablara sobre su infancia. Los exconscriptos dispuestos a conversar conmigo ya habían compartido su historia dentro del contexto grupal y estaban ávidos por hablar. Como resultado, los relatos orales tendieron a ser encuentros unilaterales donde los participantes aprovecharon la oportunidad para narrar sus historias a alguien que los quería escuchar. Participé como oyente activo e hice seguimiento a los detalles a medida que avanzábamos o regresé a algunos puntos más adelante. En lugar del orden cronológico proyectado, los relatos tendieron a ser circulares, dado que los participantes daban vueltas en su narración y llenaban los vacíos cada vez que retornaban. Donde se citan historias orales, se identifica a los exconscriptos ya sea por nombre, de existir consentimiento escrito, o por seudónimo, de ser solicitado.

Para los propósitos de este libro, las conversaciones se refieren a encuentros espontáneos y no planificados, anteriores o posteriores, al margen de encuentros o en las oficinas de grupos de exconscriptos. Aquellas reuniones a menudo no eran estructuradas y seguían la iniciativa del exconscripto en cuestión. En ocasiones, esto significaba que seguían un orden relativamente cronológico, puesto que las narraciones realizadas dentro del contexto del movimiento, a menudo seguían una estructura con un antes y un después, para enfatizar las consecuencias que los antiguos reclutas atribuían a su servicio. Participé como un oyente activo, y las conversaciones duraron entre cinco y cuarenta y cinco minutos. En ocasiones las conversaciones fueron grabadas, cuando fue adecuado y se otorgó consentimiento. Donde se citan conversaciones en este libro, se indica si trabajé a partir de notas o de grabaciones y notas, y los exconscriptos están identificados con un seudónimo.

También cito entrevistas con dirigentes de grupo (veinticuatro entrevistas, doce individuos), un administrador de grupo (junto con un dirigente de grupo) y un abogado representante de un grupo de exconscriptos. Si bien los antiguos reclutas que representaban a grupos de exconscriptos en ocasiones utilizaban ejemplos de sus propias experiencias para expresar su punto de vista, estas entrevistas estaban orientadas a la formación, demandas y actividades de grupo. Las entrevistas no siempre fueron grabadas, y donde se citan entrevistas, se indica si trabajé a partir de notas o de grabaciones y notas. También cito una entrevista con el exconscripto Samuel Fuenzalida, quien fue llamado a filas en 1973, para luego ser reclutado para el servicio de inteligencia (la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA) en 1974. En 1975 huyó de Chile y desde el exilio prestó testimonio acerca del funcionamiento de los centros de detención clandestinos. No participa de ninguna organización de exconscriptos. Incluyo nuestro encuentro planificado y registrado como una entrevista, para asegurar que todas las conversaciones e historias orales que se citan hayan sido realizadas con exconscriptos que se identifican con el movimiento de exconscriptos.

Durante casi cuatro años, asistí a reuniones, protestas, manifestaciones y celebraciones de exconscriptos. Registré mis observaciones en notas de campo, y donde cito estas notas indico la ubicación, fecha y naturaleza del evento. Donde al citar las notas de campo se menciona exconscriptos individualizados, se los identifica con un seudónimo.

Independientemente de la forma en que son identificados en este libro, los nombres, iniciales o seudónimos de los exconscriptos son seguidos (entre paréntesis) por el año de su llamado a filas, su año de alta y la ubicación donde pasaron el período relevante o la mayor parte de su servicio. Si esta información está incompleta, puede deberse a que aparece poco después en el texto pero, por lo general, se debe a que los datos faltantes se desconocen.

Prefacio

En la mañana del 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas de Chile destituyeron al gobierno electo. Los tanques rodaron por las calles y los aviones de combate bombardearon el palacio presidencial, La Moneda, en el centro de Santiago. En el interior del edificio, el presidente Salvador Allende pronunció por radio un discurso final al pueblo de Chile, antes de suicidarse. Allende había llegado al poder tres años antes, en 1970, con una estrecha mayoría relativa de aproximadamente 36 por ciento de los votos, y emprendió su “vía chilena al socialismo”1. Nacionalizó la industria minera y bancaria, amplió el acceso a la educación y aumentó drásticamente el gasto en servicios sociales. También aceleró la expropiación de propiedades agrícolas iniciada por su predecesor, el democratacristiano Eduardo Frei, con el fin de llevar a cabo un programa de colectivización2. El revolucionario proyecto de Allende agudizó la polarización en la política chilena, que había surgido y aumentado en los años anteriores a su elección3. También formó parte de una historia de dominio oligárquico, pobreza generacional y subdesarrollo que se remonta a lo menos a principios de siglo. Hacia la década de 1960, los barrios marginales poblados por trabajadores pobres rodeaban la capital, y los trabajadores rurales continuaban esforzándose bajo un sistema de tenencia de tierra feudalista y explotador. Por tanto, el apoyo al proyecto político transformador de Salvador Allende se produjo tras décadas de frustración y, a ratos, violenta represión a los movimientos sociales4. No obstante, esta extensa historia nacional también se intersectó con una historia más amplia de posguerra.

La elección de Allende formó parte del fervor revolucionario que se expandía por América Latina tras la Revolución cubana. Países de toda la región emprendieron programas similares de modernización, nacionalización y reforma agraria. Tanto defensores como detractores de Allende comprendieron que su política era parte de un movimiento que se extendía más allá de las fronteras nacionales y que, como el primer dirigente marxista democráticamente electo, Allende situó a Chile y su proyecto en el primer plano de la Guerra Fría. El golpe de 1973 también fue parte de una ola contrarrevolucionaria más amplia, con regímenes militares que sustituyeron a los gobiernos civiles en países de todo el continente, en las décadas de 1960 y 1970. En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la doctrina de seguridad nacional había impregnado a los militares de Latinoamérica y reformulado sus misiones en términos de un “enemigo interno”. Las dictaduras del Cono Sur también participaron en la Operación Cóndor, una operación transnacional de inteligencia que apuntaba a derrocar a su enemigo compartido comunista y reprimir la oposición política. A nivel nacional, los regímenes militares buscaban rehacer sus sociedades desde los cimientos y en Chile la Junta Militar se disponía a eliminar el “cáncer” del comunismo5.

La represión política bajo Pinochet fue brutal, generalizada y sistemática. Tras el golpe, decenas de miles de personas fueron detenidas y recluidas en cientos de centros improvisados de detención en todo Chile. Los detenidos fueron interrogados y muchos de ellos, sometidos a formas de tortura que incluyeron golpes, violación, simulacros de ejecución, aplicación de corriente eléctrica en sus cuerpos (a menudo los genitales) –ya sea mediante electrodos o utilizando somieres metálicos conocidos como “la parrilla”–, humillación o ser forzados a presenciar la tortura de seres queridos6. Hacia fines de 1973, más de mil personas habían sido asesinadas o desaparecidas; la mayoría de los desaparecidos fueron asesinados poco después de su arresto y lanzados al mar, enterrados en el desierto o arrojados en pozos mineros. Los familiares no tenían información acerca de sus seres queridos, o bien solo desinformación; no tenían confirmación acerca de sus destinos, restos físicos que enterrar ni posibilidad de cierre. Miles de personas fueron forzadas al exilio, donde se unieron a miles más que habían huido de la revolución de Allende, o que habían salido ante la expectativa de un eventual golpe militar, o escapado de la represión inmediatamente tras este. Las violaciones a los derechos humanos en Chile atrajeron y retuvieron la atención internacional7. En parte como respuesta a esta atención, el uso de la tortura se volvió más depurado y selectivo, pero fue utilizado durante todo el período del régimen militar para oprimir a los opositores. Más allá de infundir miedo en la población, el régimen se propuso cambiar la mentalidad de la nación a través de una reorganización radical de la economía chilena8.

A pesar de la mejora inicial en los indicadores macroeconómicos, la reestructuración socialista de la economía durante el gobierno de Allende pronto acrecentó la inflación y déficits, junto a una caída en el producto interno bruto. Los crecientes problemas económicos se vieron agravados por los esfuerzos de las élites locales para garantizar el fracaso de la administración, y por la interferencia dirigida por la Agencia Central de Inteligencia de EE. UU. (CIA). Los efectos de la inflación, además de reiteradas huelgas, precios fijos y el acaparamiento estratégico de productos de primera necesidad por parte de los opositores, produjeron una escasez desesperada. Las personas esperaban en largas filas para comprar productos básicos, o buscaban harina, arroz, azúcar o aceite en el floreciente mercado negro. Tras el golpe y basándose en el consejo de un grupo de economistas chilenos formados en la Universidad de Chicago, conocidos como los “Chicago Boys”, la Junta Militar privatizó los activos del Estado, restringió la actividad sindical, redujo drásticamente el gasto público y eliminó las protecciones de las industrias clave. Chile cayó rápidamente en una crisis y la cesantía se incrementó. El desempleo se disparó nuevamente durante una segunda crisis a comienzos de la década de 1980, a raíz de la crisis mundial del petróleo y la explosión de la burbuja de la deuda local. Muchos de los cambios estructurales y culturales realizados bajo Pinochet sobrevivieron al retorno a la democracia, y sus partidarios apuntan al “milagro” de Chile –una década de auge económico posterior al retorno a la democracia– como justificación para la intervención del régimen. Fuera de las fronteras nacionales, Chile fue promocionado como modelo a seguir por los países latinoamericanos. No obstante, los beneficios del crecimiento acelerado pasaron en gran medida por alto a millones de chilenos y, si bien disminuyeron las tasas de pobreza, el ya elevado nivel de desigualdad aumentó9.

La renovada crisis financiera a comienzos de la década de 1980 ayudó a consolidar la protesta contra el régimen militar10. Las manifestaciones en las calles y la posterior represión del régimen contra la disidencia, dominaron gran parte de 1983 y 1984. A fines de la década de 1970, Pinochet había delineado una visión de una nueva democracia que era “autoritaria, protegida, integradora, técnicamente moderna y con auténtica participación social”11. Poco tiempo después, se redactó una nueva Constitución que prohibía a los grupos políticos marxistas, concentraba el poder en el presidente, designaba senadores y creó el Consejo de Seguridad Nacional que permitía a los militares mantener su influencia sobre las decisiones políticas. También extendía el mandato presidencial de Pinochet a ocho años, momento en el cual se celebraría un plebiscito sobre la extensión de su gobierno. En el aniversario del golpe en 1980, se llevó a cabo la votación de la Constitución, en medio de denuncias de fraude electoral e intimidación de los votantes, y Pinochet fue investido como presidente en 198112. No obstante, las protestas durante los años siguientes fortalecieron a la oposición, y al momento del plebiscito de 1988, la acostumbrada apelación del gobierno a los temores de la ciudadanía de un regreso al caos ya no bastaba para recabar un apoyo suficiente. La opción “No”, para destituir a Pinochet, recibió casi 56 por ciento de los votos y Chile retornó a la democracia en marzo de 199013.

El presidente entrante, Patricio Aylwin, estableció en 1990 la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación para investigar y establecer la verdad acerca de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura que resultaron en muerte o desaparición. La comisión –conocida como Comisión Rettig en virtud de su presidente, Raúl Rettig– entregó su informe en febrero de 1991. El Informe Rettig reveló la magnitud y métodos de la represión e individualizó cerca de tres mil casos de muertes o desapariciones por motivos políticos14. Más de una década más tarde, en 2003, el presidente Ricardo Lagos convocó una segunda comisión de verdad y reconciliación: la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, conocida como la Comisión Valech, por su presidente Sergio Valech. El Informe Valech, publicado en 2004 y revisado en 2005, constató que cerca de treinta mil personas habían sido encarceladas por razones políticas durante el régimen, y en su mayoría habían sido torturadas. Describió los métodos de tortura y, junto con los hallazgos del Informe Rettig, codificó la omnipresencia de la represión política bajo el régimen militar15. Ambos informes conformaron la base para los programas de reparación para las víctimas y sus familiares.

Los procesos de verdad y reconciliación no condujeron a una rendición de cuentas. El panorama político de los años 90 aún estaba moldeado por las condiciones de la transición negociada que “protegían” la democracia, así como también la permanencia de Pinochet en la vida pública como jefe del Ejército16. A comienzos de 1998, el general renunció como comandante en jefe del Ejército para ocupar un escaño en el Senado. Más tarde ese año, los límites de la jurisdicción universal del derecho internacional fueron puestos a prueba cuando Pinochet fue arrestado en Londres por una orden española relativa a los cargos de genocidio, terrorismo y la tortura de ciudadanos españoles. Durante las batallas legales sobre su extradición a España, y en medio de preocupaciones por su salud, el gobierno chileno hizo una campaña para que Pinochet fuese devuelto a casa para ser presentado ante un tribunal local. En el año 2000 se le permitió regresar a Chile por motivos médicos. En el aeropuerto de Santiago, el antiguo dictador fue recibido por representantes de las Fuerzas Armadas y de forma desafiante se levantó de su silla de ruedas para cruzar caminando la pista de aterrizaje17. Sin embargo, el ambiente legal en Chile había cambiado. El arresto de Pinochet y la atención que este atrajo se sumó a la persistencia de las agrupaciones de víctimas y activistas de derechos humanos, para ayudar a erosionar la inmunidad por los crímenes de la era dictatorial. Las emblemáticas interpretaciones jurídicas que fueron progresivamente adoptadas por las cortes chilenas –algunas de las cuales permitieron la aplicación de derecho internacional– comenzaron a resultar en condenas y sentencias para los oficiales que habían cometido crímenes durante la guerra “sucia”. Para Pinochet, los años de argucias legales que sostenían que estaba incapacitado para comparecer en juicio y que era inmune a las acciones jurídicas, a fines de 2006, resultaron en acusaciones y, finalmente, en cargos por tortura, secuestro y asesinato18. A pesar de esto, el antiguo dictador falleció en diciembre del mismo año sin haber sido condenado por ningún delito. La noticia de su muerte provocó una gran aflicción en algunas partes de Chile, mientras que en otras la gente celebraba en las calles.

El golpe de 1973 y el régimen militar de Pinochet se encuentran en el centro de numerosas narraciones. Dominan las historias políticas, sociales y económicas en Chile, que tienen sus raíces en el siglo XIX y consecuencias que hacen eco en el XXI. Más allá de las fronteras nacionales, el caso chileno constituye un momento emblemático en las historias transnacionales de revolución y contrarrevolución de la posguerra, la política exterior de EE. UU. con respecto a Latinoamérica, la actividad clandestina de la CIA en la región, la tecnología de tortura de la posguerra, el movimiento internacional de derechos humanos, la política económica neoliberal y el fundamentalismo de libre mercado, la transición política y social en las sociedades en posconflicto, y derecho internacional y justicia transicional19. Los cientos de miles de hombres jóvenes llamados a cumplir su servicio militar obligatorio entre 1973 y 1989, se encontraron en primera fila de todas estas historias y en ninguna de ellas. Fueron desplegados en la primera línea de la “guerra interna” de Chile y en ocasiones fueron autores, testigos o víctimas de violaciones a los derechos humanos, o bien las tres cosas. Recibieron un entrenamiento basado en las ideas de la posguerra sobre contrainsurgencia que fueron importadas desde el extranjero y desarrolladas de forma local. Provenían casi exclusivamente de los sectores de la sociedad chilena que fueron blanco de la represión política del régimen, y que sufrieron más y por más tiempo como resultado de las crisis económicas bajo la dictadura militar. Más tarde, un pequeño número de exconscriptos aparecieron también como testigos dentro de los procesos de verdad y reconciliación. Sin embargo, las experiencias propias de los conscriptos fueron silenciadas y la narración del servicio militar obligatorio bajo Pinochet continuó ausente de la historia de la dictadura y las “pugnas” sobre cómo recordarla.

1El democratacristiano Eduardo Frei había sido electo en 1964 con el respaldo de los conservadores en Chile y el apoyo de los Estados Unidos (con fondos de la CIA), como el menor de dos males. Hacia 1970, la envergadura de las reformas de Frei, en particular su reforma agraria, le costaron el apoyo de la derecha política. Esta pérdida de respaldo contribuyó a la estrecha victoria de Allende, a pesar de una campaña de miedo financiada por la CIA. Para una visión general acerca de la política presidencial de Chile y las elecciones, entre las décadas de 1940 y 1970, véase Steve J. Stern, Remembering Pinochet’s Chile: On the Eve of London, 1998 (Durham, NC: Duke University Press, 2006), pp. 8-19.

2Para una visión detallada acerca del gobierno de Allende (1970-1973), los desafíos que enfrentó, así como sus éxitos y conflictos internos, véase Peter Winn, La revolución chilena (Santiago: Lom, 2013).

3Para una visión general de la creciente polarización en la política chilena durante el año previo a la elección de Allende, véase Mark Ensalaco, Chile under Pinochet: Recovering the Truth (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2000), pp. 1-21.

4La preocupación historiográfica acerca de cuándo comenzar a narrar la historia de la dictadura –si el 11 de septiembre; si en medio de la escasez, huelgas y disturbios de la década anterior al golpe, o si a finales del siglo XX–, se discute en la conclusión de este libro.

5Para referencias sobre cáncer y enfermedades, véanse Pamela Constable y Arturo Valenzuela, A Nation of Enemies: Chile under Pinochet (New York: Norton, 1993), p. 47; y Carlos Huneeus, El régimen de Pinochet (Santiago: Editorial Sudamericana Chilena, 2002), p. 99. Para una vision detallada acerca de los aspectos transnacionales de la Guerra Fría en América Latina, véanse John Dinges, The Condor Years: How Pinochet and His Allies Brought Terrorism to Three Continents (New York: New Press, 2004); Peter Kornbluh, The Pinochet File: A Declassified Dossier on Atrocity and Accountability (New York: New Press, 2004); J. Patrice McSherry, Predatory States: Operation Condor and Covert War in Latin America (Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2005); Hal Brands, Latin America’s Cold War (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010); y Tanya Harmer, Allende’s Chile and the Inter-American Cold War (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2011).

6Para mayores detalles, véase Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Informe de la comisión nacional sobre prisión política y tortura (Santiago: La Nación, 2004). Para la fase inicial de la represión política (desde el golpe hasta finales de 1974), véanse Mary Helen Spooner, Soldiers in a Narrow Land: The Pinochet Regime in Chile (Berkeley: University of California Press, 1999), pp. 49-82; Ensalaco, Chile under Pinochet, pp. 22-46. Para Chile como caso de estudio sobre la tortura durante la Guerra Fría en un contexto transnacional, véanse Wolfgang S. Heinz, “The Military, Torture, and Human Rights: Experiences from Argentina, Brazil, Chile, and Uruguay”, en The Politics of Pain: Torturers and Their Masters, ed. Ronald D. Crelinsten y Alex P. Schmid (Boulder, CO: Westview Press, 1995), pp. 65-97; Gregory Weeks, “Fighting the Enemy Within: Terrorism, the School of the Americas, and the Military in Latin America”, Human Rights Review 5, núm. 1 (octubre-diciembre 2003), pp. 12-27; Alfred W. McCoy, A Question of Torture: CIA Interrogation, from the Cold War to the War on Terror (New York: Holt, 2007); y Michael Otterman, American Torture: From the Cold War to Abu Ghraib and Beyond (London: Pluto Press, 2007).

7Para los efectos de la atención internacional con respecto a las políticas de la Junta, véase la introducción. Para el caso chileno como parte de una perspectiva comparativa y transnacional, véase Luis Roniger y Mario Sznajder, The Legacy of Human Rights Violations in the Southern Cone: Argentina, Chile, and Uruguay (Oxford: Oxford University Press, 1999).

8Constable y Valenzuela, Nation of Enemies, p. 160.

9Para más información acerca de los “Chicago Boys”, el “milagro chileno”, la reorganización neoliberal de la economía y los cambios sociales y culturales profundos y prolongados resultantes de la reestructuración, véanse Constable y Valenzuela, Nation of Enemies, pp. 166-198; Genaro Arriagada, Por la razón o la fuerza: Chile bajo Pinochet (Santiago: Sudamericana Chilena, 1998), pp. 51-58, 68-72, 75-87, y 99-100; Tomás Moulian, Chile actual. Anatomía de un mito (Santiago: Lom, 2002); Huneeus, El régimen de Pinochet, pp. 389-436; y la colección editada de Peter Winn Victims of the Chilean Miracle: Workers and Neoliberalism in the Pinochet Era, 1973-2002 (Durham, NC: Duke University Press, 2004).

10Para información más detallada sobre la crisis financiera y protestas, entre inicios y mediados de la década de 1980, véanse Arriagada, Por la razón, pp. 151-165 y 169-197; Spooner, Soldiers, pp. 163-203; Ensalaco, Chile under Pinochet, pp. 135-155; y Huneeus, El régimen de Pinochet, pp. 499-549.

11Como se cita en Constable y Valenzuela, Nation of Enemies, p. 71.

12Arriagada, Por la razón, pp. 103-116. La Constitución fue objeto de modificaciones durante los gobiernos concertacionistas durante la década de 1990 y comienzos del nuevo milenio. La Concertación de Partidos por la Democracia (o Concertación) fue una coalición de partidos políticos de centroizquierda que presentó la candidatura ganadora en cada elección presidencial entre 1990 y 2006. En 2013, Michelle Bachelet se presentó para un segundo mandato presidencial sobre una plataforma que incluía redactar una nueva Constitución.

13Para mayores detalles sobre los preparativos del plebiscito de 1988, véanse Arriagada, Por la razón, pp. 219-264; y Huneeus, El régimen de Pinochet, pp. 569-597. Para Chile como caso de estudio de transición posconflicto a la democracia, véanse, por ejemplo, Gerardo L. Munck y Carol Skalnik Leff, “Modes of Transition and Democratization: South America and Eastern Europe in Comparative Perspective”, Comparative Politics 29, núm. 3 (1997), pp. 343-362; y Jon Elster, ed., Retribution and Reparation in the Transition to Democracy (Cambridge: Cambridge University Press, 2006).

14Para más detalles sobre la formación y el trabajo de la Comisión Rettig y su informe, véase Ensalaco, Chile under Pinochet, pp. 181-211.

15Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Informe.

16Para una perspectiva regional acerca de la influencia prolongada de los regímenes militares tras el retorno a la democracia, véase Brian Loveman, “Protected Democracies: Antipolitics and Political Transitions in Latin America, 1978-1994”, en The Politics of Anti-Politics: The Military in Latin America, ed. Thomas M. Davies Jr. y Brian Loveman (Lanham, MD: SR Books, 1997), pp. 366-397.

17Para más detalles sobre el papel de Pinochet en el Chile de la posdictadura, incluyendo su arresto en Londres y los ulteriores debates, véanse Roger Burbach, The Pinochet Affair: State Terrorism and Global Justice (London: Zed Books, 2003), en particular pp. 56-145; y Mary Helen Spooner, The General’s Slow Retreat: Chile after Pinochet (Berkeley: University of California Press, 2011).

18Para una visión general acerca de los avances jurídicos en Chile de la posdictadura con respecto a los crímenes de represión, véanse Cath Collins, “Human Rights Trials in Chile during and after the ‘Pinochet Years’”, International Journal of Transitional Justice 4, núm. 1 (2010), pp. 67-86; Marny A. Requa, “A Human Rights Triumph? Dictatorship-Era Crimes and the Chilean Supreme Court”, Human Rights Law Review 12, núm. 1 (2012), pp. 79-106; y Cath Collins, “The Politics of Justice: Chile beyond the Pinochet Case”, en The Politics of Memory in Chile: From Pinochet to Bachelet, ed. Cath Collins, Katherine Hite, y Alfredo Joignant (Boulder, CO: First Forum Press, 2013), pp. 61-89. Para el caso chileno dentro de una perspectiva regional y transnacional, véanse, por ejemplo, Cath Collins, Post-transitional Justice: Human Rights Trials in Chile and El Salvador (University Park: Pennsylvania State University Press, 2011); Alexander Laban Hinton, ed., Transitional Justice: Global Mechanisms and Local Realities after Genocide and Mass Violence (New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 2011); Jessica Almqvist y Carlos Espósito, eds., The Role of Courts in Transitional Justice: Voices from Latin America and Spain (New York: Routledge, 2012).

19Véase, por ejemplo, notas 5, 6, 7, 13, 16 y 18.

INTRODUCCIÓNGuerra y memoria

En 2012, rememorando su servicio militar obligatorio, Mario Navarro sacó su cédula de identificación de reservista y la puso sobre la mesa de la cocina1. Estaba preparando el almuerzo en la casa de su hija, una vivienda aún inconclusa en Arica, en el extremo norte de Chile. Como parte de un programa gubernamental para suministrar viviendas de bajo costo, recientemente se habían construido filas de cáscaras de ladrillo y hormigón en la periferia norte de la ciudad, extendiéndose hasta la cercana frontera con Perú. En los días de escuela, Mario esperaba en una de ellas a que su nieta llegase a casa mientras su hija estaba en el trabajo. Casi cuatro décadas antes, había sido reclutado en el regimiento del ejército en la ciudad. Cada año desde 1900, se había convocado a una selección de jóvenes varones de la nación, mayoritariamente de origen desfavorecido, para cumplir su servicio militar obligatorio y, entre 1973 y 1990, cerca de 370.000 reclutas pasaron por los cuarteles de Chile2. Mario formó parte de la “clase del 54”, cerca de veinte mil jóvenes varones nacidos en 1954 que fueron llamados a filas a lo largo del país, a comienzos de 1973. Estos reclutas recibieron entrenamiento militar en el relativo aislamiento del cuartel, mientras que en el exterior se profundizaba la crisis política que perturbaba a Chile. Mario había sido un conscripto durante alrededor de seis meses cuando las Fuerzas Armadas tomaron control del país el 11 de septiembre, y se le dijo que estaba en guerra. Recibió su cédula cuando fue dado de alta en 1975, después de su año de servicio que se amplió a dos.

Mario y su identificación de reservista dejan al descubierto las rupturas y el surgimiento de la memoria exconscripta. En el frente de la cédula hay una fotografía tomada justo antes de su alta, junto a su nombre, rango, especialización y regimiento. El niño de la foto, cuyo padre le había dicho que el servicio militar lo convertiría en hombre, evita mirar a la cámara. Marca un claro contraste con el cuasi sexagenario que habla abiertamente acerca de sus años de silencio, sus temores, temblores, problemas de salud y período de abuso de alcohol y drogas, mientras alinea las hierbas medicinales que acompañarán su comida. En el reverso de la identificación se encuentra impreso un listado simple de obligaciones, que incluye presentarse a la unidad más cercana en el caso de una movilización. La obligación de reenlistarse durante un conflicto ponen de relieve las descripciones de Mario con respecto a su ansiedad, durante toda la década de 1970, de ser vuelto a llamar para defender la frontera norte contra un temido ataque peruano, y sus constantes pesadillas de estar de regreso en el ejército. Su intranquilidad se debía en parte a su trabajo –que lo llevó a recorrer la zona y cruzar la frontera peruana– y en parte a un sentido de patriotismo autoconsciente que había filtrado relatos de las guerras decimonónicas entre Chile y sus vecinos a través de sus experiencias en el cuartel, la muerte de su hermano a fines de 1974 en manos de soldados que hacían cumplir el toque de queda y a los posteriores años bajo el régimen militar. Al igual que el recuerdo del servicio militar, la cédula nunca se extravió, pero pasó décadas escondida. Mario encontró nuevamente su cédula y comenzó a llevarla consigo aproximadamente en el período en que se involucró en la Agrupación Social de Ex Soldados Conscriptos 1973-Clase del 54.

Durante la primera década del siglo XXI, antiguos reclutas que habían servido durante la dictadura comenzaron a romper décadas de silencio. Los recuerdos del servicio militar bajo Pinochet se asomaban detrás de un deseo de olvidar; de los temores de ser marginalizados, reprendidos o enjuiciados; del abuso de alcohol y drogas, además de la vergüenza y confusión. Los exconscriptos se reunían por todo el país en juntas que comenzaron a nivel local e informal, funcionando inicialmente como redes sociales de apoyo y poco después como organizaciones formales. Particularmente a contar de 2006, las agrupaciones se formalizaron y solicitaron el reconocimiento para los antiguos reclutas como víctimas del régimen, indemnizaciones por las contribuciones y salarios impagos, al igual que daños y perjuicios por las consecuencias emocionales, de salud y financieras a largo plazo derivadas del maltrato físico y psicológico dentro del cuartel. Las asociaciones crecieron, se fusionaron y comenzaron a cooperar dentro de varias agrupaciones y coaliciones regionales y nacionales, a menudo coincidentes3. En una década, cerca de 100.000 exreclutas –aproximadamente una cuarta parte de aquellos que completaron su servicio militar bajo Pinochet –se habían movilizado como parte de un “movimiento” vagamente cohesionado4. Las asociaciones diferían en sus estrategias: la mayoría estaba representada por una de las varias coaliciones de nivel nacional que presionaba al gobierno para que aprobara leyes que brindaran beneficios a los antiguos reclutas5; otros, sobre todo una red de agrupaciones encabezada por la Agrupación SMO en Santiago, recurrieron a los tribunales civiles por daños y perjuicios6; y la Agrupación Ex Conscriptos 1973-1990 Puente Alto en Puente Alto (Agrupación Puente Alto) defendió su caso en el sistema de justicia penal7. Más allá de las estrategias divergentes, el movimiento también se dividió por las diferencias personales de los líderes de agrupación y acusaciones mutuas de aprovechamiento, viéndose las posibilidades de cooperación práctica en constante inestabilidad. Sin embargo, a pesar de estas fracturas a nivel organizacional, los miembros de las agrupaciones tenían formas comunes de recordar la conscripción como una ruptura fundamental en sus vidas. Este libro historiza las narrativas compartidas de memorias del servicio militar bajo Pinochet que emergieron con el “movimiento” de exconscriptos del siglo XXI y revela cómo se libraron las guerras de Pinochet en el interior de los cuarteles chilenos entre 1973 y 19908.

La memoria

Recordar se entiende aquí como un proceso selectivo y constructivo que da significado y legitimidad a las experiencias pasadas. Las memorias y sus silencios son construidos en el presente, y el sentido que dan los individuos al pasado se fundamenta en sus necesidades y circunstancias actuales, así como sus esperanzas y planes para el futuro. Las memorias también son inherentemente sociales. Son marcos compartidos que se encuentran integrados y son comunicados por medio de redes sociales, conjuntos valóricos colectivos y narrativas culturales. Estos marcos, en parte, se componen de segmentos circulantes de la cultura material: acontecimientos, hechos, rumores, relatos, informes mediáticos, textos, discursos, libros y películas, al igual que interpretaciones y respuestas a otras memorias compartidas. Su formación es facilitada y guiada por portavoces que abogan por la comunicación de la memoria, tanto dentro como fuera del grupo. No obstante, las memorias compartidas también son forjadas en las interacciones más íntimas entre individuos que se identifican con el grupo, así como los vínculos personales que estos individuos silenciosamente establecen con sus propias experiencias. Estas memorias, a la vez, emergen de y dan forma a las rutinas cotidianas del individuo, su vida laboral y su relación con su propio cuerpo. Por tanto, no son completamente impuestas desde arriba o desde fuera, y tampoco son el resultado de una iniciativa enteramente desde la base9.

Este libro examina las narrativas de la memoria compartida que unen a una población de hombres que encontraron significado, legitimidad, solidaridad y compañía en las agrupaciones de exconscriptos durante las primeras décadas del siglo XXI. Las memorias que los unen están inevitablemente moldeadas por la interacción con, y exclusión de, otros recuerdos compartidos del régimen militar, además de los procesos de verdad y reconciliación dirigidos por el Estado. Los casos emblemáticos, las historias, textos, imágenes y revelaciones acerca de los crímenes cometidos que hicieron eco a través de la sociedad chilena, a menudo resonaron también en los exreclutas, pero habitualmente de maneras distintas. Dentro de los grupos, los líderes exconscriptos actuaban como estrategas y guardianes, desempeñando un papel importante al determinar cuál información circularía dentro de sus comunidades y cómo sería interpretada, y al formular las demandas hechas en nombre de sus miembros. Sin embargo, las narrativas de los exconscriptos son más que únicamente lo recibido de la sociedad o impuesto por los presidentes de grupo. La labor de los líderes y el contexto más amplio de los cambios sociales existen en una relación recíproca con las conversaciones entre miembros, el proceso de entregar testimonio y los rumores, historias e ideas que circularon entre los exreclutas. Los márgenes de las reuniones, actividades y protestas son los lugares donde se llevó a cabo gran parte del trabajo de la memoria. Algunos miembros se mantienen cautelosos al hablar más allá del foro semipúblico del grupo, y otros carecen de los recursos, conocimientos o deseo de comunicarse de forma electrónica. Por tanto, las interacciones importantes a menudo son cara a cara, verbales y no grabadas10. En estos contextos más íntimos, los exconscriptos recurren a las experiencias de otros para corroborar y legitimar sus propios recuerdos y gravitan hacia un consenso mayoritariamente tácito acerca de qué es importante, qué debe ser recordado y qué debe ser silenciado.

La comprensión de los marcos de la memoria como sociales, construidos y fluidos, ha sustentado las investigaciones sobre cómo se recuerdan la violencia política y los regímenes militares de finales del siglo XX en toda Latinoamérica. Las “luchas por la memoria”, a lo largo del continente, confrontan marcos que compiten entre sí en una competencia por instalar una verdad por sobre otra u otras. Estos marcos existen en una relación competitiva y antagónica entre sí, se excluyen mutuamente y, por lo general, involucran un rechazo o refutación de otras memorias11. Este tipo de competencia también es central para la memoria chilena del régimen militar12. En su estudio de tres volúmenes sobre la memoria en Chile, Steve Stern identifica y rastrea la interacción entre las memorias “emblemáticas” de ruptura violenta, de persecución, de despertar, de salvación y la memoria como una “caja cerrada”13. Las premisas para una comprensión del golpe como la salvación de la patria de la ruina y de una guerra civil, fueron sentadas en la preparación retórica del 11 de septiembre de 1973. Después del golpe, la Junta Militar –mediante el uso de fuerte simbología y con el control de los medios comunicacionales– estableció la salvación como la narrativa dominante para comprender la intervención de las Fuerzas Armadas y su régimen. En los márgenes, sin embargo, las víctimas de represión política, sus amigos y familiares recordaron el golpe como una violenta ruptura personal y nacional. De manera lenta y heterogénea se fue solidificando una memoria relacionada con el despertar de la crisis de los derechos humanos, a medida que la realidad y la magnitud de la represión iban surgiendo de entre los rumores y desde detrás de las negaciones oficiales de arrestos, tortura, asesinatos y desapariciones14.

Desde finales de la década de 1970, la dinámica del dominio oficial sobre la narrativa del golpe y su creciente tensión con la memoria contraoficial, cambió. El régimen militar, en parte como respuesta a la presión internacional por las violaciones a los derechos humanos, declaró el fin de la “emergencia nacional” impuesta tras el golpe y buscó legitimar e institucionalizar su gobierno. Realizó una votación de “consulta” en enero de 1978, cuyas papeletas de votación mostraban una bandera chilena sobre la opción “Sí”, en apoyo a la Junta, y una casilla completamente negra sobre la opción “No”. El régimen declaró también una ley de amnistía que otorgaba inmunidad a quienquiera hubiese cometido actos criminales durante el estado de sitio entre 1973 y 1978. Un año antes, en 1977, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) –el servicio de inteligencia análogo a la tortura– había sido disuelta y reemplazada por el Centro Nacional de Informaciones (CNI), aunque en gran medida conservó el mismo personal. De manera más disimulada, los militares comenzaron a destruir la evidencia sobre violaciones a los derechos humanos trasladando, quemando o escondiendo los restos de las víctimas. En septiembre de 1980, los esfuerzos de institucionalización fueron coronados con un plebiscito nacional que ratificaba una nueva Constitución, instalando un tipo de democracia “protegida” por funciones de asesorías y cargos de representación designados para figuras militares y aliados políticos, así como la represión de los partidos políticos. Este manojo de iniciativas estaba reunido por el deseo de olvidar. Se había ganado la “guerra” y el régimen enfatizó la necesidad de centrarse en el futuro de Chile más que en el pasado reciente. Quería, como lo denomina Stern, cerrar la caja de la memoria. Sin embargo, la desmemoria del régimen era contrarrestada por la insistencia de los activistas por recordar a las víctimas de la represión política, en la medida en que la memoria emergía como una variable estratégica central. Desde finales de la década de 1970 y principios de los 80, el conflicto social y político en Chile se desarrolló como una confrontación entre el olvido del régimen y la memoria de sus detractores15.

El descontento estalló en 1983. Durante los años anteriores, y a pesar de la reanudada represión contra la disidencia, algunos indicios de una creciente voluntad de confrontar al régimen se habían sumado a una creciente frustración cuando Chile caía nuevamente en una crisis económica. Estas tendencias se unieron en la respuesta al llamado de la Federación de Trabajadores del Cobre para un día nacional de protesta. El 11 de mayo de 1983, el país se detuvo cuando los ciudadanos se quedaron en casa y se abstuvieron de realizar sus labores diarias. La protesta se fue intensificando y a las 8 de la tarde los manifestantes golpeaban sus ollas y sartenes en sus propias casas. El ruido unificó a las poblaciones y suburbios de clase media como una afirmación de insatisfacción generalizada. Las protestas continuaron casi mensualmente, hasta que el régimen declaró estado de sitio en noviembre del año siguiente. La represión generó una segunda ola de protestas callejeras entre septiembre de 1985 y julio de 1986, más pequeña y encauzada que la primera. Costó la vida de alrededor de treinta manifestantes, pero la violenta respuesta a la movilización fue incapaz de regresar a Chile a la imaginería previa a 1983. Nuevos símbolos, voces y actos de desafío ampliaron el conjunto de referentes culturales de memoria contraoficial, escapando de los mecanismos de control instalados por el régimen. Desde mediados de la década de 1980, la memoria como ruptura, persecución y despertar, que durante la década anterior en gran medida había estado restringida a los márgenes sociales, se transformó en una “experiencia masiva”16.

A lo largo de la década de 1990, la lucha por la memoria en Chile oscilaba entre lo que Alexander Wilde denomina “irrupciones” periódicas –sucesos que impusieron el asunto de la memoria a la consciencia pública– y una “conspiración de consenso” –una preferencia generalizada por olvidar17. El Informe Rettig de 1991 confirmó la magnitud y brutalidad de la represión y ayudó a afianzar la memoria como ruptura y persecución. Sus hallazgos resistieron el análisis y fueron complementados con revelaciones posteriores, durante los años siguientes. También forzaron un ajuste entre la mayoría de los chilenos que estaba comprometido con el legado económico del régimen, y muchos seguidores de Pinochet pasaron de lo que ahora eran negaciones insostenibles de las violaciones a los derechos humanos a la racionalización de los abusos como “excesos” desafortunados y el “modesto” costo de la salvación. Esta tendencia estaba acompañada de una narrativa triunfante sobre la modernización económica. No obstante, el Informe Rettig no avanzó la causa de la justicia transicional. A pesar de los descubrimientos esporádicos con respecto a violaciones a los derechos humanos y de las condenas aisladas, las campañas para obtener información sobre los desaparecidos y responsabilizar a los autores de violaciones a los derechos humanos, se vieron frustradas en repetidas ocasiones. En este contexto, los marcos de memoria en competencia orbitaban entre sí, colisionando solo en ocasiones. Stern describe este ritmo de la memoria en la posdictadura como un “impasse continuo” sostenido por las leyes de amnistía de 1978, por las protecciones legislativas, políticas y judiciales de la democracia posdictatorial en Chile que habían sido consagradas en la Constitución de 1980, por el dominio prolongado de Pinochet en la vida pública como jefe del Ejército y su voluntad de amenazar con blandir los sables de la institución para proteger a sus soldados, su familia y su legado, y por el agotamiento de combate tras décadas de lucha por la memoria18.

El impasse de la “larga transición” comenzó a romperse en 1998. Pinochet renunció como jefe del Ejército y más tarde fue arrestado en Londres. El “efecto Pinochet”–un renovado interés en el derecho internacional a la luz del arresto del exdictador–, además del aumento de la presión política nacional por las emergentes agrupaciones de víctimas de tortura, junto a una renovación generacional del poder judicial, se combinaron para comenzar a desmantelar la inmunidad. Los cambios en las cortes chilenas fueron primordialmente interpretativos y circunvalaron la ley de amnistía, las prescripciones y los anteriores obstáculos a la aplicación del derecho internacional a los casos de derechos humanos. En la calle, surgió, además, un nuevo impulso extrajudicial para hacer rendir cuentas a los perpetradores, donde las víctimas, sus simpatizantes y los hijos de los expresos políticos o desaparecidos comenzaban a exponer a los torturadores y asesinos durante funas en sus lugares de trabajo u hogares19. A la par con la disputa acerca de la potencial extradición de Pinochet a España, la atmósfera nueva y menos inhibida en Chile generó un esfuerzo formal para encontrar una base común entre los campos de memoria opuestos. La Mesa de Diálogo de 1999 reunió a representantes militares, políticos, abogados y activistas por los derechos humanos, líderes religiosos, historiadores y un psicólogo para establecer el destino de los desaparecidos y examinar las causas del golpe. El resultante acuerdo de junio del año siguiente representó la primera piedra para una narrativa de una tragedia compartida. Situó el golpe no al comienzo de la historia, sino dentro de un contexto de una espiral de violencia que se remontaba a la década de 1960. También incluyó un primer reconocimiento formal de parte de los militares sobre las desapariciones y otros crímenes de la represión, a medida que las Fuerzas Armadas se alejaban de la idea que la guerra había justificado las violaciones a los derechos humanos tras el golpe de Estado. La iniciativa no fue aceptada de forma universal y, posteriormente, se vio socavada al demostrarse que la información entregada por las Fuerzas Armadas sobre los desaparecidos no era confiable20. Sin embargo, durante la siguiente década, comenzó a encontrar apoyo una tenue sensación de que “todos somos víctimas”21.

La apertura de un “tiempo de la memoria”, posterior a 1998, permitió que el tema de la tortura pasara al centro del debate. Los exprisioneros políticos se hicieron cada vez más visibles en la medida en que se comenzaban a romper las barreras sociales y personales que les habían impedido hablar públicamente acerca de su encarcelamiento y tortura. Las brutales prácticas del régimen habían fortalecido los elementos de la oposición durante la década de 1980 pero, en la década después del retorno a la democracia, el tema de la tortura había sido silenciado por el deseo de las propias víctimas de mantener su sufrimiento en privado, y eclipsado también por la búsqueda de verdad y justicia para los desaparecidos. A fin de siglo, las agrupaciones de expresos, que inicialmente se habían movilizado en respuesta al arresto de Pinochet, consolidaron su presencia y presionaron por más verdad y más justicia, además de reparaciones. El escenario político también cambió. Tras perder por una diferencia mínima la elección presidencial de 1999, la derecha política adoptó una postura más conciliadora y proactiva en materia de derechos humanos. En este contexto, el presidente Ricardo Lagos, miembro de la Concertación, anunció en 2003 la iniciativa “No hay Mañana sin Ayer”. Treinta años después del golpe, el programa se apartó de la idea del cierre y esbozó un planteamiento de la memoria como un trabajo en curso. Ofreció un plan relativo a reparaciones y una serie de polémicos incentivos para testigos, destinados a acelerar el trabajo de establecer la verdad y, además, incluía disposiciones para una segunda comisión de verdad y reconciliación22.

La Comisión Valech emitió su informe en 2004, confirmando la veracidad de la tortura y revelando la brutalidad, magnitud y carácter sistemático de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen. En contraste con la displicencia hacia el Informe Rettig por parte de las instituciones aún alineadas con el antiguo régimen, el Informe Valech y sus hallazgos fueron ampliamente reconocidos. En particular, el comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, aceptó los hallazgos y anunció que la institución asumiría la responsabilidad por su participación en los “hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado”23. La declaración de Cheyre se debió en parte a la renovación generacional en el rango de oficiales y en parte al resultado de un esfuerzo institucional por forjar un nuevo papel para el ejército, dentro de la sociedad civil. También se sumó al escándalo del Banco Riggs y la revelación de que Pinochet tenía una fortuna personal escondida en cuentas extranjeras. El enriquecimiento personal del general era irreconciliable con la misión patriótica según la narrativa de la salvación, y el caso no solo alentó al ejército a distanciarse públicamente del legado de Pinochet, sino que también señaló una coyuntura crítica en el nivel de apoyo entre los lealistas civiles.

Una profunda división resurgió brevemente en las calles cuando murió Pinochet en 2006. Multitudes habían mantenido vigilia frente al hospital que trataba a su general, y decenas de miles de personas en duelo más tarde esperaron durante horas para desfilar frente a su cuerpo en la Escuela Militar. En el centro de la ciudad, sin embargo, las multitudes se reunían para bailar y celebrar. El funeral de Pinochet se convirtió en un punto álgido para una antigua rivalidad entre memorias, y produjo un estallido de actividad combativa, conmemorativa e historiográfica, que oscilaba entre la inmortalización de Pinochet y el tema de la memoria, y la idea de que su muerte, finalmente, había bajado el telón sobre la transición chilena24. Esta irrupción llegó durante el primer año del primer mandato presidencial de Michelle Bachelet. Bachelet –expresa política e hija del general de la Fuerza Aérea Alberto Bachelet, quien había muerto durante su detención y tras haber sido torturado– continuó el proyecto de la memoria de la Concertación. Reabrió la Comisión Valech, y el resultante informe Valech II de 2011 aumentó el número de víctimas reconocidas y amplió el apoyo estatal para las acciones judiciales por los crímenes de represión. Asimismo, y en respuesta a la persistencia de las agrupaciones de víctimas, su gobierno continuó y aceleró la renovada participación del Estado en la memorialización de las víctimas de la dictadura, iniciada durante el mandato de su predecesor. El más emblemático de los proyectos conmemorativos del gobierno fue el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Bachelet había anunciado el proyecto al principio de su mandato y, al inaugurarlo durante los últimos meses de su presidencia, el edificio terminado revivió la idea de que la transición larga había llegado a su fin.

En el momento en que el Museo de la Memoria abrió sus puertas, al comienzo de 2010, estaba claro que Sebastián Piñera, el candidato conservador, ganaría la próxima segunda vuelta electoral y rompería la sucesión de administraciones concertacionistas que había gobernado en Chile desde el retorno a la democracia. Su elección como el primer presidente de derecha de la posdictadura también energizó al extremo pinochetista. Una minoría influyente de simpatizantes leales había estado reviviendo activamente una versión de la narrativa de salvación, en respuesta a la conmoción desencadenada por la muerte de Pinochet en 2006 y al hecho de que algunos oficiales de alto rango comenzaban a cumplir sus sentencias de prisión aproximadamente en ese período. Los lealistas habían retornado a la memoria, insistiendo que la violencia de los años anteriores al golpe había sido olvidada, y con el encarcelamiento de un pequeño número de veteranos de la “guerra sucia”, transformaron la salvación en una narrativa de martirio y victimismo que adoptó el lenguaje del encarcelamiento político y los derechos humanos25. Con el triunfo de Piñera, los sectores de “línea dura” esperaban un cambio drástico en la política de la memoria y la liberación de los soldados encarcelados. No obstante, hacia 2010, gran parte de la cuestión de la memoria ya había sido resuelta26. A pesar de varias polémicas designaciones de simpatizantes de Pinochet para puestos en embajadas, de una renovada atención sobre fraudes en los programas de reparación y de una reacción exigua o tolerante hacia actividades de alto perfil en homenaje a Pinochet o los oficiales en prisión, Piñera demostró ampliamente que la derecha política se había distanciado del legado de la dictadura. Además, al finalizar su presidencia en septiembre de 2013, cerró el Penal Cordillera. Esta instalación, construida específicamente para este propósito, había albergado a los oficiales condenados por crímenes de represión bajo condiciones que contrastaban fuertemente con las cárceles sobrepobladas de Chile y se había convertido en un símbolo de privilegio y concesión en el asunto de los derechos humanos27.

El mandato de Piñera también concluyó en medio de una ola de actividades conmemorativas en la víspera de los cuarenta años del golpe. En los días previos al aniversario de 2013, el presidente saliente sorprendió a muchos, de ambas posturas políticas, al hablar de los múltiples “cómplices pasivos” del régimen, que sabían de los abusos y no hicieron nada al respecto o bien decidieron ignorarlos28. Simultáneamente, el período de conmemoración albergó, además, las campañas para encontrar al sucesor de Piñera. Las dos candidatas fueron la expresidenta Bachelet y Evelyn Matthei, hija de Fernando Matthei, otro general de la Fuerza Aérea que, además, fue miembro de la Junta de Pinochet entre 1978 y 1990. Las “hijas de los generales” exacerbaron el momento histórico del aniversario y aseguraron que el pasado de Chile acompañaría la discusión acerca de su futuro. Finalmente, Bachelet regresó al poder con un ambicioso programa de reformas que buscaba abordar los legados del régimen militar. Se presentó con una plataforma de educación gratuita y de calidad, comprometiéndose a una restructuración significativa del sector que había sido desregulado bajo Pinochet, y prometió redactar una nueva Constitución para reemplazar la carta de 1980. También renovó el compromiso del gobierno con los derechos humanos y el trabajo continuo de la memoria, incluido el juramento de poner fin a la impunidad al impedir la aplicación de la ley de amnistía de 197829.

En la lucha chilena por la memoria, sin embargo, no había cabida para la memoria de exconscriptos30. La ambigua figura del recluta uniformado –potencialmente testigo, participante o víctima de abusos contra los derechos humanos, o las tres cosas– desdibujaba la línea entre víctima y perpetrador y no se podía acomodar dentro de ninguna de las narrativas principales del golpe y el régimen militar. Los procesos de verdad y reconciliación también excluyeron de su consideración la mayor parte de los tipos de maltrato físico y psicológico declarados por exconscriptos31