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Las Fuerzas Armadas argentinas atraviesan un período de pacificación nunca antes experimentado. Desde el advenimiento de la democracia, una vez que los militares fueron simbólicamente expulsados del Estado y de la sociedad, la cuestión de cómo y qué lugar darles a la institución y a sus integrantes se volvió crucial. Sabina Frederic analiza el controvertido proceso de reinscripción e integración de los militares al Estado argentino democrático, que toma cuerpo a partir de 1983 y que estuvo signado por la insistente preocupación en torno a cómo subordinarlos al poder político. Tanto la democratización como la profesionalización de las Fuerzas Armadas estuvieron determinadas por una sucesión de posguerras de distinta naturaleza que, junto con el terrorismo de Estado, empujaron a los militares hacia su virtual parálisis operativa. La autora examina los distintos esquemas interpretativos que, al poner en juego ciertas imágenes del pasado, condicionaron las políticas públicas llevadas a cabo y distingue, desde una perspectiva etnográfica y antropológica, tres dimensiones clave de la profesionalización militar: las dificultades en el reclutamiento y la retención de efectivos, las tendencias que configuraron la educación militar y la integración de las mujeres en la institución. Las trampas del pasado: las Fuerzas Armadas y su integración al Estado democrático en Argentina representa un esfuerzo intelectual y político esencial para comprender la complejidad de la realidad de quienes son hoy militares en nuestro país así como las tendencias y las alternativas para su inclusión en el Estado y la sociedad actuales.
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Seitenzahl: 449
Veröffentlichungsjahr: 2022
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Sabina Frederic
Las trampas del pasado: las Fuerzas Armadas y su integración al Estado democrático en Argentina
Las Fuerzas Armadas argentinas atraviesan un período de pacificación nunca antes experimentado. Desde el advenimiento de la democracia, una vez que los militares fueron simbólicamente expulsados del Estado y de la sociedad, la cuestión de cómo y qué lugar darles a la institución y a sus integrantes se volvió crucial.
Sabina Frederic analiza el controvertido proceso de reinscripción e integración de los militares al Estado argentino democrático, que toma cuerpo a partir de 1983 y que estuvo signado por la insistente preocupación en torno a cómo subordinarlos al poder político. Tanto la democratización como la profesionalización de las Fuerzas Armadas estuvieron determinadas por una sucesión de posguerras de distinta naturaleza que, junto con el terrorismo de Estado, empujaron a los militares hacia su virtual parálisis operativa. La autora examina los distintos esquemas interpretativos que, al poner en juego ciertas imágenes del pasado, condicionaron las políticas públicas llevadas a cabo y distingue, desde una perspectiva etnográfica y antropológica, tres dimensiones clave de la profesionalización militar: las dificultades en el reclutamiento y la retención de efectivos, las tendencias que configuraron la educación militar y la integración de las mujeres en la institución.
Las trampas del pasado: las Fuerzas Armadas y su integración al Estado democrático en Argentina representa un esfuerzo intelectual y político esencial para comprender la complejidad de la realidad de quienes son hoy militares en nuestro país así como las tendencias y las alternativas para su inclusión en el Estado y la sociedad actuales.
Serie Breves dirigida por MARIANO BEN PLOTKIN
EL CAMINO que dio origen a este libro reunió a muchos colaboradores, protagonistas y promotores. No podré enumerarlos exhaustivamente y mucho menos describir con precisión el lugar que se merecen, pues seguramente sería injusta. Es que aun las conversaciones y/o discusiones en apariencia más intrascendentes y fugaces me ayudaron a conocer y reflexionar sobre los límites de mi propia capacidad para comprender y actuar en el terreno que aquí describo.
Por ello, quiero destacar a aquellas personas sin las cuales no hubiera sido posible completar este esfuerzo intelectual. Agradezco en especial a Mariano Ben Plotkin como director de la colección por confiar en la posibilidad de publicar este libro y orientarme sobre los términos que lo harían viable. Su mirada crítica fue clave para revisar y encaminar mis supuestos, argumentos y formas de combinar evidencias, análisis y experiencias.
Como este libro da cuenta no solo de una investigación sino también de mi experiencia como antropóloga social en un cargo dentro de la función pública, quiero agradecer muy especialmente a quienes confiaron y permitieron que buceara en las turbulentas aguas del Ministerio de Defensa. Les debo a la entonces ministra Nilda Garré y al exviceministro Germán Montenegro el haberme permitido mostrar la pertinencia y la eficacia de la aplicación de ciertas perspectivas al campo de la gestión pública. También quiero agradecer a Jorge Bernetti por sus orientaciones acerca de cómo dar respuestas a la prensa; y a Alfredo Forti, secretario de Estrategia y Asuntos Militares, por el apoyo recibido durante el último tramo de la experiencia que aquí narro.
Agradezco las conversaciones que mantuve, cuando estuve al frente de la Subsecretaría de Formación y también luego de renunciar a ella, con quienes conformaron el equipo; muy especialmente a mi colega y amiga Laura Masson y a Germán Soprano, que con sus perspectivas y su confianza me ayudaron a ver más allá o más acá de mi propia mirada; a Gregoria Alarcón, Marina Martínez Acosta, Alejo Levoratti, Analía Bracamonte y Agustina Ugolini; a los siete oficiales de las Fuerzas Armadas que integraron la subsecretaría durante los tres años de gestión y debieron mediar —algunos con gran sagacidad— entre “dos mundos”; y al personal administrativo “de carrera” que me dio esa mirada de continuidad cuando era recién llegada. A Andrea Schellemberg le agradezco por haber lidiado con mis resistencias para componer el eje argumental de su documental La formación. Las conversaciones que mantuve con ella fueron los primeros pasos del ejercicio reflexivo que derivó en la escritura de este libro.
Quiero también destacar el apoyo ofrecido por Edwin Passmore, por entonces jefe del Grupo Militar de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, para que en 2009 pudiese conocer de primera mano la realidad de la formación militar estadounidense y compararla con la nuestra. Pese a las tensiones políticas del período en que me tocó ejercer la función pública, la experiencia de colaboración fue inestimable y muestra que bajo ciertas condiciones se puede aprehender, tomar o descartar, para repensar inteligente y creativamente nuestra realidad, sin que eso signifique copiar ni trasplantar modelos o ideologías.
A Roberto Ulloa le agradezco sus gestiones como agregado de Defensa de la Embajada Argentina en Perú que me permitieron viajar a Lima en 2011, cuando aún era funcionaria, con el objeto de presentar la reforma educativa que aquí describo y discutirla con integrantes de las Fuerzas Armadas de esa república. Las conversaciones mantenidas con él durante mi estadía sobre el potencial de proyección de los avances en materia de educación militar en Argentina hacia el resto de América Latina me permitieron contrastar la experiencia con otras realidades latinoamericanas y redimensionar su entidad.
La inmensa mayoría de los datos elaborados por los militares que ofrezco aquí fueron obtenidos durante los años que transité el campo, ya sea como investigadora o como funcionaria. Por eso, quiero agradecer profundamente a las autoridades de las áreas de Personal, Educación, Comunicación y Prensa de las Fuerzas Armadas por sus demostraciones de confianza al facilitarme datos antes celosamente reservados.
Una importante contribución resultó de una serie de invitaciones que, al abandonar mi cargo y mientras planificaba el contenido de este libro, me enviaron desde diferentes ámbitos académicos para presentar la experiencia que aquí relato. Muchas de esas charlas las realicé para estudiantes argentinos, colombianos, guatemaltecos, brasileños y ecuatorianos, de los programas de Doctorado de Antropología Social de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM); de la Maestría en Antropología Social del Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) y el Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la UNSAM; y del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de General Sarmiento-IDES. Agradezco muy especialmente a los profesores que me invitaron: Rosana Guber, Silvina Merenson, Alejandro Grimson, Máximo Badaró y Marc Abélès, y sobre todo a los estudiantes por sus valiosos comentarios y preguntas. Sus interpelaciones me ayudaron a pensar los planos analíticos, etnográficos, éticos y políticos de este trabajo. También quisiera agradecer a Celso Castro, director del Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC), que organizó la conferencia que presenté junto a Helena Carreira, del Instituto Universitario de Lisboa, en la Escola de Ciências Sociais del Laboratório de Estudos sobre Militares de la Fundação Getulio Vargas en Río de Janeiro. Esa instancia me permitió discutir nuestras experiencias de “pasaje de la investigación a la conducción de políticas sobre las Fuerzas Armadas” en Argentina y Portugal. También quiero agradecer a los miembros del grupo de estudios sobre Saberes de Estado y Elites de Estado del Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES), por los interesantes aportes que realizaron a los fragmentos preliminares de este libro.
En otro orden, en espacios distintos y en forma dispersa, agradezco los comentarios y preguntas de Juan Carlos Garavaglia, Eduardo Zimmerman, Charlie Maffi, Diego Galeano, Nora Veiras y Marcelo Larraquy, y de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas cuyos nombres prefiero preservar, que también fueron de un enorme valor para dar existencia a este libro. Con seguridad, contar con académicos, periodistas y militares entre los interlocutores de mi experiencia en aguas turbulentas enriqueció el trabajo y profundizó las preguntas que me había formulado.
La génesis de la experiencia que analizo aquí le debe mucho a la curiosidad y a las indagaciones de Joaquín al final de su infancia. Dejarme llevar por ellas fue el puntapié inicial para descubrir mi propio interés en explorar y surcar este territorio. Como a él, le agradezco a quienes con su afecto me alentaron a sostenerme en la tarea.
Finalmente quiero agradecer a la Universidad Nacional de Quilmes y al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas por brindarme durante todos estos años no solo las condiciones para desarrollar mis investigaciones y mis tareas en la docencia universitaria, sino fundamentalmente un espacio de pertenencia institucional. Además agradezco al Centro de Antropología Social del IDES por el apoyo recibido. No tengo ninguna duda de que, sin un lugar “a donde volver”, la experiencia no solo hubiera sido otra, sino una mucho menos provechosa.
DESDE 1983 las Fuerzas Armadas argentinas atraviesan un período inédito de paz interna y externa, al punto de no contar en la actualidad con hipótesis de conflicto alguna. Las condiciones que llevaban a los militares a intervenir en conflictos sociopolíticos internos y tomar el control del Estado argentino por la fuerza, o a entrar en guerra contra un Estado extranjero se fueron diluyendo progresivamente. Si bien esas formas de intervención son muy distintas y tienen implicaciones legales, morales y políticas muy diferentes, me interesa subrayar que desde la constitución en Argentina del Estado nación los militares atraviesan un período de pacificación nunca antes experimentado.1 Al mismo tiempo, su reinscripción en un Estado que pretendía democratizarse corrió una suerte signada por tendencias con direcciones contrapuestas; algunas orientadas al repliegue, a la retracción, a la autosuficiencia y a la autonomización de los militares, y otras dirigidas hacia la integración o la asimilación de valores procedentes del ámbito civil.
Ese fenómeno ocupó una de las caras menos visibles, el reverso diríamos, de la transformación democrática del Estado argentino, que implicó el ascenso de otras elites estatales como esa “clase política” cuyos integrantes ya no verían interrumpidas sus carreras por los reiterados golpes de Estado. A los miembros de esa “clase” les competería el mandato de conducir a los militares, hecho que sucedería en forma gradual hasta hacerse más contundente dos décadas después de la “recuperación de la democracia” en diciembre de 1983, una vez puestos en marcha los juicios contra los delitos de lesa humanidad cometidos por todos los responsables del terrorismo de Estado en los años setenta.
En este libro, nos interesa analizar el controvertido proceso de reinscripción o integración de los militares al Estado argentino democrático, que tomó cuerpo a partir de 1983 y que resultó velado por la insistente preocupación en torno a cómo subordinarlos al poder político. Dicho de otro modo, nos interesa analizar qué significó democratizar las Fuerzas Armadas argentinas. El propósito de este análisis es, en primera instancia, subrayar que dicha reinscripción se produjo en un escenario condicionado por una sucesión de posguerras derivadas de conflictos de naturaleza diferente. Ellos fueron la “Guerra Sucia”, como ciertos sectores denominaron el terrorismo de Estado de los años setenta, la amenaza de guerra con Chile en el año 1979, la Guerra de Malvinas y la Guerra Fría, que dominó al mundo occidental e introdujo en Argentina la denominada Doctrina de la Seguridad Nacional hasta fines de la década de 1980. Poco a poco, los militares y diversos sectores de la sociedad argentina quedaron sumidos en un escenario de posguerras, difícilmente escindibles unas de otras en cuanto a sus efectos sobre las personas. Es por ello que el estudio de las consecuencias traumáticas de dos de estas posguerras, la de Malvinas y la “Guerra Sucia”, se ha realizado sobre los protagonistas directos: exsoldados, militantes de derechos humanos, exguerrilleros, expresos políticos, psicoanalistas, exexiliados y militares, entre otros. En casi todos los casos, el abordaje ha comprendido una referencia a la memoria de estos agentes, a cómo los acontecimientos fueron rememorados y reelaborados a partir de sus efectos traumáticos y de las circunstancias posteriores a esos hechos.
Los factores antes señalados son antecedentes clave de la perspectiva que quisiera aportar, ya que las derivaciones del controvertido proceso de reinscripción de los militares al Estado democrático fueron consecuencia de los efectos de la memoria de posguerra, que impidieron a los actores políticos pensar a los militares en el presente. La memoria no dio lugar a la historia en Argentina, pues, como señala Enzo Traverso en El pasado, instrucciones de uso (2011), no pudo establecerse una distancia con el pasado. Esa imposibilidad de conocer el presente de los militares, sus pensamientos y experiencias profesionales y de vida que ha evidenciado el campo académico, no es producto del desinterés, es el efecto de la compresión del tiempo, la anulación de la distancia y la divergencia entre pasado y presente. Las realidades actuales han quedado cubiertas por la rememoración de aquellos acontecimientos dramáticos como si estos no pertenecieran al pasado.
Por ello, en segundo lugar, quisiera dar cuenta de cómo ciertos esquemas interpretativos dominaron las concepciones de los funcionarios civiles y los militares, condicionando sus intervenciones sobre las Fuerzas Armadas argentinas y, consiguientemente, la configuración de la profesión militar de las últimas tres décadas. Dichos esquemas, de cuya exploración y consecuencias intentaremos ocuparnos en este libro, han operado como filtros para apreciar y comprender el presente considerando el pasado como una variable decisiva. Como mostraremos, una de sus propiedades, tal vez la de mayor peso, es que a través de ellos se ha determinado la responsabilidad y la culpa por la escalada de la violencia de los años setenta y el terrorismo de Estado. Debido a que esos esquemas interpretativos se hacen presentes cuando se pone en juego la cuestión de qué hacer con los militares en un Estado democrático, son una de las claves para la comprensión de la democratización de los militares.
De hecho, una de las hipótesis de este libro es que aquello que fue apreciado como una larga demora en la conducción de las Fuerzas Armadas por parte del poder político, que fue concretada dos décadas después de la instauración de un régimen democrático, tuvo como condición la operación de esos esquemas interpretativos. Puestos a imaginar una dirección en la transformación de esta agencia estatal, los funcionarios civiles y militares fueron colonizados por ideas que imaginaban el presente con el velo del pasado. La tensión entre esos esquemas produjo a nuestro entender un juego de suma cero que solo los juicios llevados adelante desde el 2004 permitieron desequilibrar.
Así es como el período de gestión del Ministerio de Defensa que va desde 2005 hasta 2011 debe su condición particular y emblemática de trastocar radicalmente el camino hasta entonces seguido por la democratización de las Fuerzas Armadas a la capacidad de sus autoridades de alternar el fundamento de sus medidas. Estas oscilaron entre la reparación histórica y la solución de las condiciones presentes y futuras de los militares argentinos. El proceso histórico que llevó a esta situación tuvo mojones y huellas ineludibles, dejados durante los sucesivos gobiernos democráticos presididos por Raúl Alfonsín (1983-1989) y Carlos Menem (1989-1999). Sin embargo, los juicios penales a todos los responsables de las atrocidades cometidas en el pasado, que llegaron recién en 2004, marcaron una inflexión insoslayable en la progresiva diferenciación respecto del presente, hasta entonces inimaginable.
Identificados esos esquemas interpretativos y su influencia en la orientación —o desorientación— de las medidas tomadas, es posible comprender ciertas condiciones particulares de la existencia y transformación de las Fuerzas Armadas en relación con las condiciones históricas atravesadas también por otras Fuerzas Armadas de Occidente. En diálogo con especialistas de otras naciones occidentales, se verán los problemas comunes que enfrentan los militares y su profesión en el mundo contemporáneo, signado por la posguerra fría, que derivaron en reformas como por ejemplo la experimentada en Francia desde comienzos de la década de 1990; también ciertas tendencias semejantes, como la creciente incorporación de mujeres y la valoración de las titulaciones académicas, entre otras. La comparación con la etapa del proceso denominado “de profesionalización” de las Fuerzas Armadas ocurrido luego de la derogación del sistema de reclutamiento obligatorio de soldados en otros Estados nacionales de Occidente muestra la influencia de procesos históricos transnacionales sobre las Fuerzas Armadas.
Así, para comprender cómo aquellos esquemas interpretativos fueron aplicados por los funcionarios, cómo se producían esas mutaciones del presente por efecto del pasado, y de qué manera orientaban la definición en relación con qué hacer con los militares y de qué manera, abordaré algunos de los núcleos significativos de la reinscripción de los militares en el Estado y la sociedad argentinos. Se trata, por cierto, de relativizar esas condiciones, que a primera vista pueden parecernos muy particulares, de la historia política nacional, y que no lo son tanto.
En la primera parte del libro se analizarán las dificultades que suscitaron el reclutamiento y la retención de efectivos en las Fuerzas Armadas durante los últimos treinta años, y las respuestas que ofrecieron militares y funcionarios civiles para resolverlas. Esos obstáculos les demandaron desde explicaciones sobre las causas del problema, hasta la definición de imágenes y valores de los militares que resultaran atractivas para ciudadanos interesados. Además, motivaron la enunciación de los perfiles de los jóvenes que estimaban que ingresarían y permanecerían, así como los de los que efectivamente se inscribían e ingresaban. Sucedía que, a diferencia de otros países como España o Francia, la convocatoria y las campañas de difusión de reclutamiento no las desarrollaba ni las coordinaba el Ministerio de Defensa sino cada una de las fuerzas por su cuenta. Por otro lado, si bien el reclutamiento y la retención de las Fuerzas Armadas es un problema transnacional que se aprecia tanto en Estados Unidos como en gran parte de los países europeos desde la derogación de la conscripción, en nuestro país esta circunstancia transnacional es ignorada, y se atribuye su causa únicamente “a la violencia del pasado”.
En la segunda parte se analizará las tendencias que configuraron la educación en las Fuerzas Armadas. Debido al supuesto bastante generalizado acerca del carácter sustantivo de la educación básica en la conformación del pensamiento y la acción profesional de los militares, este espacio también se convirtió en una arena de disputas entre militares y funcionarios civiles, donde es posible apreciar dichos esquemas en toda su potencia. Políticas educativas reparadoras de la violencia de los años setenta se combinaban con aquellas que buscaban mejorar el desempeño profesional de los militares en el futuro. En tanto, otras buscaban preservar y reivindicar la especificidad académica de la milicia argentina frente a cualquier cambio que implicara emular modelos extranjeros, y se mezclaban, a su vez, con las que pretendían transformaciones que pudieran reinscribir a los militares en la sociedad democrática a través del reconocimiento de otras agencias del Estado, como el Ministerio de Educación. En esta última tendencia de adecuación de la educación militar a los parámetros establecidos por el sistema educativo nacional es posible ver, además, los impulsos más firmes de la configuración de la educación militar durante este período democrático, así como las consecuencias negativas que supuso para algunos militares y civiles, y que los llevó a calificarla como una etapa de desmilitarización de las Fuerzas Armadas. Sin lugar a dudas, el terreno de la educación militar o, más exactamente, la pregunta de qué hacer en él es muy provechosa para pensar esos esquemas interpretativos e ir más allá de ellos para preguntarnos: ¿cómo se forman las Fuerzas Armadas del mundo occidental considerado democrático? ¿Qué aspectos de su formación remiten a las principales condiciones socioculturales de la sociedad en la que se encuentran? ¿Cuáles de ellos obedecen efectivamente a las funciones que desempeñan? Finalmente, ¿qué se entiende por profesionalización militar en los diferentes escenarios y contextos históricos?
La tercera sección de este libro está dedicada a analizar el tema de la incorporación e integración de las mujeres a las Fuerzas Armadas y las concepciones de familia asociadas a ella. La cuestión resulta de especial interés por cuanto la violencia de Estado durante los años setenta solo fue perpetrada por hombres; de ahí que la mujer, para cierta matriz interpretativa, simbolizara la interdicción ética, en el presente, de esa violencia del pasado. En la denominada “feminización” de las Fuerzas Armadas, debida en parte a un aumento sustantivo del personal militar femenino, pero también a la alteración de los patrones de relación interna y externa a las fuerzas, es relevante la comparación con lo sucedido al respecto en otras naciones occidentales. Esta permite entender cómo algunas medidas de reforma en Argentina remitían a la reparación del pasado en nombre de la equidad y los derechos humanos, aunque al mismo tiempo dialogaban con ciertas tendencias de la profesionalización militar (como la diferenciación creciente entre vida personal y vida familiar, de un lado, y vida profesional del otro) y con la alteración de los sentidos atribuidos al oficio militar como servicio.
Constituye un objetivo transversal de este libro explorar el carácter que asumió la profesionalización militar en Argentina, no solo en tanto responde a las aspiraciones de militares y civiles (políticos, expertos y académicos), sino a partir del modo en que concretamente se ha manifestado en sus distintas tendencias. Reclutamiento, educación y mujeres y vida familiar son ámbitos muy pertinentes para comparar procesos transnacionales también denominados “de profesionalización” con los atravesados por las Fuerzas Armadas argentinas, sin que ello suponga acuñar una idea teleológica, unilineal y normativa sobre lo que debiera ser tal proceso (Frederic, 2008 y 2012; Frederic, Graciano y Soprano, 2010). Como no pretendo analizar ese proceso en todas sus dimensiones, sino mostrar cómo se desarrolló en aquellos ámbitos, un estudio de las tendencias en relación al adiestramiento operacional, el desarrollo tecnológico —de baja actividad e inversión durante el período— y doctrinario sería complementario del que aquí propongo. Con respecto a la comparación histórica, resulta un tanto limitada. La categoría de profesión en la historiografía sobre los militares en el siglo XX se remite básicamente a dos sentidos: la adopción de la academia militar como forma de acceso a la carrera y su organización posterior en etapas jalonadas por instancias educativas sistemáticas; y/o como despolitización y autonomía castrense (Privitello, 2010; Massei, 2012).
Los núcleos seleccionados fueron también áreas donde la vinculación entre funcionarios militares, funcionarios civiles y de otros agentes resultaba inevitable; donde se exponían representaciones acerca de qué son y qué deberían ser, y se ponían en juego los saber hacer y los valores propios, su protección o búsqueda de renovación. Desde una mirada etnográfica y antropológica, daré cuenta aquí de los contextos de encuentro entre militares de diversas edades, trayectorias y concepciones sobre la vida y la profesión, y civiles que, aun con procedencias sociales, profesiones, trayectorias políticas divergentes, se identifican con aquellos en relación con la pertenencia generacional, el género, la clase, e incluso las trayectorias académicas. En definitiva, es en estos encuentros que la “integración” puede ser analizada e interrogada.
Definido así el campo de interés, el enfoque está atravesado por tres disposiciones coexistentes. La primera resulta de mis investigaciones previas, orientadas a conocer y comprender la singularidad de la configuración de otras profesiones, como la de políticos y policías, por lo cual confrontamos ciertos procesos atravesados por estos agentes con el de los militares. Aunque puedan parecer agentes incomparables, estuvieron involucrados en procesos comunes que produjeron efectos diferenciales. Para dar un ejemplo, la proyección de las reformas policiales orientadas a la democratización significó una incesante búsqueda de instrumentos para su desmilitarización, especialmente en la educación de sus cuadros. Inversamente, muchas de las medidas sobre las Fuerzas Armadas, en especial durante las dos últimas décadas, buscaron desvincularlas de los asuntos de seguridad interior. En tanto, la profesionalización de los políticos entró en una nueva etapa a partir de la retracción del poder político de los militares. Antes de ello y durante gran parte del siglo XX, la expectativa de vivir de la política había sido reiteradamente bloqueada.2 Sin lugar a dudas, la retracción del poder de los militares sobre el Estado nacional que se produjo durante las últimas tres décadas fue producto y a la vez condición del avance de otros sectores y agentes.
La denominada democratización de la sociedad y del Estado nacional no hubiera sido posible sin el confinamiento de las Fuerzas Armadas argentinas hacia sus márgenes. En efecto, mi incorporación al Ministerio de Defensa y el hecho de que alcanzara el cargo de subsecretaria de Formación en 2009 es evidencia clara de esa retracción y consiguiente valoración de ciertos saberes académicos y científicos provenientes del campo de las ciencias sociales en general, y de la antropología en particular, en la orientación concreta de las políticas de reclutamiento y retención, género y educación. Me incorporé progresivamente al ministerio en el 2006, cuando era investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y profesora de la Universidad Nacional de Quilmes. Las máximas autoridades de Defensa me convocaron como asesora para el diseño y puesta en funcionamiento de un área de diagnóstico sobre la integración de las mujeres a las Fuerzas Armadas. Durante el año 2008, y debido a las dificultades para retener y realizar cambios de destino del personal, les propuse realizar una investigación que incluyera un trabajo de campo etnográfico sobre las condiciones sociales y culturales de la profesión militar argentina, que se denominó Observatorio Sociocultural de la Defensa.3 Finalizado este estudio, en noviembre de 2008, me hice cargo de la Subsecretaría de Formación del Ministerio de Defensa, en virtud de un decreto presidencial del 3 de febrero de 2009 y hasta que presenté mi renuncia indeclinable el 7 de diciembre de 2011.
Cabe introducir aquí una breve reflexión sobre el lugar de la antropología en este campo. Los militares, como los policías, han sido para mí, como para los sectores sociales con los que me he vinculado casi toda mi vida, lo más ajeno, un ejemplo contundente de la otredad radical interna (Peirano, 1998). Si hay algo que define el objeto antropológico es precisamente la diversidad, que aquí no se presenta como una tribu exótica, ni como víctimas o sectores subalternos excluidos, dominados y sin voz. En verdad son integrantes de una de las agencias estatales más controvertidas de la historia política argentina, pero por sobre todo de aquella que incorpora y prepara a sus hombres y mujeres para morir y matar en nombre del Estado argentino. La otredad que los militares representan nos desafía moralmente, no solo por las particularidades del proceso histórico argentino, sino porque ellos encarnan esa dimensión de lo humano que es recurrentemente negada. Su conocimiento como uso de la fuerza pública —legítimo o ilegítimo— contribuye a suspender el juicio de valor, un recurso epistemológico a cómo entiendo la antropología, que es lo mismo que no confundir comprensión con justificación de los actos. Al cierre de este libro volveré sobre los aspectos éticos y morales involucrados en mi experiencia, que se caracterizó por la combinación de dos posiciones: una derivada del interés por conocerlos y la otra, del de orientarlos. Pero ninguna de esas posiciones era para mí viable sin ligarme social y, en algunos casos, afectivamente con las personas que encarnaban la condición militar. El recorrido da cuenta de mi disposición a valorar el conocimiento empírico de la vida militar como medio para informar políticas de Estado.
Una segunda disposición es aquella que se origina en mi experiencia como ciudadana argentina. ¿Cómo atravesé el período más cruento de la historia contemporánea argentina y las décadas posteriores en las cuales se forjaron las representaciones o memorias sociales sobre el terrorismo de Estado? Nacida en 1965, no era mayor de edad cuando se desató la escalada de violencia. Transité el período durante mi adolescencia y, cuando entré a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en 1985, la dictadura militar había terminado. No tuve ni tengo que explicar dónde estuve esos años, si me quedé o me fui, o por qué sobreviví, más que ofrecer mi edad de entonces. Este no era un asunto menor entre los que hoy son académicos y transitaron los años setenta siendo legalmente responsables de sus actos, y no estuvieron detenidos, desaparecidos o exiliados. Sabemos que quienes no sufrieron alguna de estas condiciones no contaban con la misma legitimidad, por lo que debían explicarse o justificarse.
Por razones que no interesa explicar aquí, la militancia política no encarnó en mí. Tan extraña me fue, que resultó ser el objeto de investigación de mi tesis de doctorado. Es que aunque la militancia política, ligada a la vertiente peronista revolucionaria, era una práctica familiar intensa con la cual conviví desde niña, me resultaba exótica y muy ajena. Las razones de quienes adherían a alguna forma de la militancia de entonces no me pertenecían. Debido a ciertas vivencias compartidas durante mi paso por la función pública, siempre me sentí más próxima a los no militantes —aunque no por ello sin intereses políticos—, civiles y militares, a los que me unían también lazos generacionales.
La tercera disposición que me impulsa es el paso por la experiencia de traducir o producir orientaciones políticas generales en un espacio como el de las Fuerzas Armadas, durante largo tiempo cerrado y negado a la comunicación de sus singularidades. Este es un insumo central de la perspectiva que asumirá este libro. El escenario de mi experiencia como funcionaria pública se caracterizó por el prejuicio, la desconfianza mutua entre funcionarios políticos o técnicos y funcionarios militares, y el profundo desconocimiento resultante, coronado por las dificultades por parte de los militares para transmitir y, sobre todo, justificar la singularidad de su oficio. Era muy complicado disociar los reclamos, las demandas, las visiones, las prácticas y los saberes de los militares de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. La complejidad de la tarea residía en cómo hacer para que mis opiniones y propuestas no quedaran atrapadas en la lógica de bandos amigos y enemigos, en los términos de la revancha y la venganza que procedían de un pasado traumático que se actualizaba con insistencia. Además, consistía en cómo lograr que las orientaciones ofrecidas en política educativa no se dedicaran a reparar el pasado, evitando su repetición —fenómeno históricamente imposible—, sino que se aplicaran sobre todo a reducir los efectos sobre personas (militares en su mayoría) provenientes de regímenes educativos comparativamente depreciados, e imaginar cuáles cualificarían a los militares argentinos del futuro.
Esas disposiciones fueron condiciones fundamentales para el descubrimiento de esos esquemas interpretativos durante mi experiencia en la función pública como asesora (2006-2008) y como subsecretaria de Formación (2009-2011) del Ministerio de Defensa. Tuve que definir por propia voz qué hacer con los militares, qué y cómo orientar ciertos cambios, y confrontar eso con lo que los militares y los funcionarios civiles al frente del Ministerio de Defensa desde 2005 imaginaban para sí mismos. La experiencia me obligó a reflexionar acerca de nuestras ideas y concepciones sobre lo sucedido en los años setenta, pero ya no solo en el plano del debate argumentativo teórico-político, sino dirimiendo al mismo tiempo sus efectos en el orden real. Es decir, sabiendo que las intervenciones que lleváramos adelante provocarían efectos sobre los saberes y los saberes hacer; en fin, sobre las personas y las instituciones. De manera que esos esquemas interpretativos se hacían presentes en esta operación como un instrumento ineludible de la visión de los mismos.
¿Cuáles son esos esquemas interpretativos a los que me he venido refiriendo? En líneas generales y a riesgo de simplificar, podemos decir que en el diseño e implementación de políticas públicas sobre los militares, los esquemas de interpretación se agrupaban en al menos dos grandes matrices, que diferenciaban las medidas estatales. Estos esquemas y las matrices que los agregaban no necesariamente permitían definir o clasificar a las personas. Por el contrario, podían presentarse en la misma persona, a veces prevalecían uno sobre otro, operaban alternadamente de acuerdo con el terreno de aplicación, y algunos, como la educación, eran más sensibles que otros. Otras veces —muchas, diría—, esas matrices se mezclaban y dificultaban las decisiones a tomar. Si bien lo que sigue merece un mayor desarrollo, intentaremos caracterizar estos esquemas y matrices.
Podemos caracterizar a una de estas matrices como aquella que concebía al ámbito militar como si continuara bajo los efectos de las condiciones que produjeron los actos terroristas de los años setenta. Presuponía entonces un conocimiento sobre esas condiciones, que concentraba en las Fuerzas Armadas la responsabilidad por los actos de terrorismo estatal perpetrados durante el período. A ello se sumaba el deber, ya mencionado, de evitar la repetición de aquellos hechos. A veces la certeza sobre la culpabilidad indiscutida de los militares por aquellos episodios se combinaba con la pregunta acerca de por qué lo hicieron. Y, así, retornaba una serie de elementos propios de la explicación que solía esgrimir la memoria social dominante sobre los crímenes de aquellos años. Entre esos elementos primaban, como argumento causal, aquellos considerados propios de la denominada “cultura castrense”, tales como su autoritarismo, su intolerancia ideológica, su corporativismo, su certeza de ser la reserva moral de la nación, la influencia del nacionalismo católico, entre otros. Modificar estos aspectos de la institución militar parecía ser el medio para evitar la repetición de acontecimientos que habían significado la pérdida de seres queridos o compañeros de militancia por parte de los funcionarios, y el propio sufrimiento ligado a persecuciones y exilios, entre otras experiencias dramáticas. Por su parte, algunos militares veían en esa avanzada una forma de revancha o de venganza política contra las generaciones que no habían sido exactamente responsables de aquel horror.
La otra matriz interpretativa partía de reconocer diferencias entre el pasado y el presente, lo que incluía el tiempo y la variación histórica de las relaciones sociopolíticas, las instituciones y las personas que las habitan. Supone que la institución militar no es en el presente la misma que en el pasado, como tampoco lo son otras instituciones. En esta matriz, solía colarse un esquema diferente respecto de los sucesos del pasado, que si bien reconocía la responsabilidad moral, política y penal de la institución militar sobre la violencia de entonces, también consideraba las responsabilidades de otros sectores sociales. Este esquema interpretativo, además, buscaba identificar las condiciones sociales y políticas que permiten comprender la lógica de los sucesos que trasciende a las Fuerzas Armadas. Por la lógica militante contra la repetición de los hechos de la matriz antes descripta, no era posible incluir esta visión en aquella, pues suponía admitir que lógicas militares, sacrificiales y heroicas de actuación también gobernaban el campo político civil de entonces.4 Esto significaba ampliar las responsabilidades a otros sectores, como sugería Pilar Calveiro (2005) en un libro sumamente audaz y, con ello, relativizar las responsabilidades morales y políticas de los militares en el terrorismo de Estado.
De manera que, si no la responsabilidad penal, otras responsabilidades sí eran compartidas por lo que otrora fueron dos bandos, cuyas formas de actuación habían atravesado los límites entre instituciones y grupos ideológicamente enfrentados. Si la institución militar no era la única responsable, si con las medidas a tomar no se podría garantizar la irrepetibilidad del horror, entonces la dirección del cambio no podía ser justificada por esa visión del pasado. Como alternativa, el conocimiento de la realidad militar en Argentina y en Occidente conseguiría responder algunos interrogantes y establecer las líneas a seguir.
A diferencia de aquella otra matriz, esta se distanciaba de la confrontación política amigo/enemigo. Sin embargo, debido a lo que entendía respecto de la responsabilidad por los acontecimientos del pasado, no podía enunciarse abiertamente sin correr el riesgo de caer en esa oposición de bandos y quedar condenada por cuasi partidaria del autoritarismo de Estado, o como pro militar. En verdad, su trasfondo era otro. Dicha matriz implicaba, como señalamos, considerar taxativamente el modo en que las condiciones sociopolíticas del horror de los años setenta trascendieron la institución militar e involucraron a otros sectores políticos, económicos y sociales. Era, así, un camino casi imposible de transitar a viva voz y en el terreno público durante el período, pues diferenciaba las culpas penales de las políticas y las morales, obligando a los militantes políticos (ahora funcionarios públicos) a interrogarse por su responsabilidad en la lucha armada y en la violencia política, algo que harían de forma muy reservada.
¿Podemos atribuirles a los militares variaciones de estas matrices interpretativas? De lo contrario, ¿cuáles eran las que aplicaban los militares en actividad? Este es un tema explorado en el libro. Como adelanto, cabe señalar que algunos militares se aferraban a su condición profesional, enfatizando el interés por desarrollar su expertise, y evitando exponerse a opinar frente a civiles como yo sobre la dimensión ideológica e histórica. De esta maniobra dependía neutralizar una eventual crítica de lo hecho por la institución en el pasado. Aferrarse a su condición profesional los alejaba de la batalla ideológica y política, y de su complicidad con aquellos hechos, aun sin haber sido responsables penales. Sin embargo, no era frecuente escuchar a militares que se opusieran al golpe de 1976; las diferencias de opinión recaían en la crítica a la ilegalidad de su actuación y a la virulencia de sus crímenes. Sin duda compartían una interpretación posible de encontrar en civiles, ya fueran integrantes de la denominada clase política como en otros sectores sociales.
En cuanto a los jóvenes militares, los menores de 35 años solían manifestar su malestar frente a los juicios contra los responsables por delitos de lesa humanidad. De un lado, por esa “mochila” que no creían propia e igual debían cargar, por lo que aludían a cómo los alcanzaba el descrédito institucional por los acontecimientos de los años setenta, o concretamente a ciertos gestos producidos en los ámbitos que ahora integraban ellos y no quienes eran objeto de sanción. Esta era la queja a la orden dada durante una ceremonia por el presidente Néstor Kirchner al general Roberto Bendini de descolgar los cuadros de Jorge R. Videla y de Reynaldo Bignone, presidentes de facto durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (PRN), de la sala de los directores del Colegio Militar de la Nación.
La elección del concepto de esquema interpretativo supone una discusión con los autores que han debatido las formaciones de memoria social en Argentina. ¿Por qué preferimos aquel concepto al de memoria? La reflexión de Hugo Vezzetti (2002) es un antecedente clave para nuestro análisis por su cuidadoso desencriptamiento de las memorias sociales ligadas al acontecimiento y la experiencia única del terrorismo de Estado en Argentina. Este autor deja en claro un factor que explica nuestra preferencia: la memoria social es un recurso que “comprime el pasado y el presente” (2002: 29) y, por ello, se trata de una forma de conciencia que se aparta de lo que él denomina “conciencia histórica”. En la misma línea, Enzo Traverso señala que en Argentina “la memoria de los crímenes de la dictadura […] no dio lugar a la historia” (2011: 52). Más que entrar en el debate historiográfico sobre las posibilidades de producir conocimiento histórico respecto de una experiencia y un acontecimiento tan imbuidos de esa memoria social, nos interesa señalar, desde un punto de vista etnográfico, que el concepto de memoria social es fundamentalmente un concepto nativo. Sobre la memoria refieren las organizaciones de derechos humanos, el Estado argentino (a través de numerosas ceremonias conmemorativas, monumentos públicos, documentos, leyes y procedimientos burocráticos, entre otros), las agrupaciones militantes políticas de todo el arco ideológico, incluidos los defensores del terrorismo de Estado, y cada uno de nosotros toda vez que intentamos dar cuenta de aquella experiencia. Pero comprimir el presente y el pasado, y disolver el primero en el segundo, constituyen una alternativa a la visión alcanzada por otros esquemas en que sí prima la distinción entre el pasado y el presente, y en que las personas y sus condiciones de existencia a lo largo de los últimos cuarenta años se admiten como ineludiblemente diferentes.
Esos esquemas interpretativos y las matrices en las que se agregan son parte constitutiva de las tensiones producidas por el proceso de reinserción de las Fuerzas Armadas al Estado argentino democrático, en un escenario marcado por la progresiva sustanciación de los juicios a militares y policías —antes que a civiles— contra los delitos de lesa humanidad perpetrados durante los años setenta. La larga demora en identificar autores y atribuirles responsabilidad penal había focalizado el interés por las Fuerzas Armadas básicamente en este punto, ya sea por parte de quienes buscaban evitar la repetición de las atrocidades, como por parte de los que solo buscaban el castigo de los culpables. Condenados los perpetradores de la violencia de Estado, el presente arrojaba entonces una nueva condición, y con ella una pregunta: qué lugar tenían y debían propiciar los militares en un Estado democrático cuando los golpes militares parecían ser ya parte del pasado.
Una vez que los juicios a los responsables penales de los crímenes durante el terrorismo de Estado comenzaron a sustanciarse, ciertas preocupaciones hasta entonces ausentes saldrían a la luz. La nota de opinión “Adiós a las armas”, del periodista y escritor Martín Caparrós, publicada por el diario Crítica de la Argentina el 22 octubre de 2009, nos permite apreciar esas preguntas y sus respuestas, como expresión de una visión de sentido común que hasta entonces nadie se animaba a enunciar públicamente. El autor comienza con un interrogante sobre la utilidad del Ejército argentino, categoría bajo la que subsume al conjunto de las Fuerzas Armadas, para revisar sus antiguas funciones, luego declararlas perimidas, y finalmente argumentar a favor de su disolución y la extinción de los militares de la esfera del Estado. Por cierto, esta nota se remite al problema de la integración de los militares a un Estado democrático, ensayando una respuesta desmilitarizadora en extremo. En los argumentos esgrimidos opera una matriz interpretativa que, fundada en la referencia a cierta visión del pasado, deprecia a las Fuerzas Armadas argentinas por su actuación y por su dependencia respecto de sectores sociales dominantes, “los ricos argentinos”, a cuyo servicio se encontraban:
Tampoco es que me suceda todo el tiempo, pero algunas tardes de esta primavera [...] me da por preguntarme para qué tenemos un ejército. O, como yo no tengo nada: para qué existe el ejército argentino. Durante más de un siglo, la respuesta fue más o menos clara: el ejército —tierra, agua o aire— era el reaseguro armado que tenían los ricos argentinos contra la posibilidad de un levantamiento de los sectores que querían compartir su poder, socavar su poder, sacarlos del poder. Así funcionó cuando se acabaron las guerras territoriales —contra los indios, contra los paraguayos, contra las provincias— y los que se alzaban eran los radicales, en 1890, en 1905; así funcionó, a partir de 1930, cada vez que los gobiernos democráticos no parecieron aptos para mantener la hegemonía de los ricos… y entonces los señores convocaban un par de reuniones, doraban píldoras, prometían prebendas y mandaban al ejército a poner orden y gobernar, junto con ellos, unos años. El ejército, en esos años felices, era uno de los polos de la política argentina y, precavidos, muchos ricos mandaban a algún hijo menor a formar parte de ese cuerpo, a mantener una mano en el pomo. Era lógico: necesitaban ese poder armado. Pero ahora… la democracia les garantiza el control y la supervivencia del sistema, y los golpes están muy desprestigiados y terminan por salir muy caros, así que el ejército ya no les interesa. Por eso, entre otras cosas, lo fueron achicando; por eso, entre otras cosas, ya no mandan a sus hijos al Liceo y ahora los coroneles de la Nación no se llaman Anchorena sino Spichicuchi (Caparrós: 2009a).
Caparrós recoge el sentido común progresista sobre las Fuerzas Armadas de manera arquetípica, recordando aquella función política de los militares asociados social y políticamente a “los ricos”. Sostiene además que aquella imbricación entre sectores sociales de las clases más altas, representadas por el emblemático apellido Anchorena, y los militares cayó en desuso porque para los primeros la democracia es ahora un sistema aceptable.
A continuación, incluye en su relato a un interlocutor imaginario, supuesto defensor de la importancia de contar con las Fuerzas Armadas, que introduce el debate y la polémica en su narración. Los argumentos del discutidor imaginario son dos: la tradicional encarnación militar de la argentinidad y la importancia que esta cobra en relación con un enemigo externo del cual habría que defenderse. La nota continúa así:
—Pero estimado, lo que usted dice son infundios, pura ideología. El ejército es el esqueleto de la patria, el legado del Libertador. —Sí, ya sé, y también sirve para los desfiles. Pero últimamente no va mucha gente. Ya con la Selección tenemos suficiente. —Evite los golpes bajos, por favor. Nuestro ejército nos sirve sobre todo para defendernos de los enemigos de la argentinidad. —Por supuesto. ¿Y cuáles serían esos enemigos? La última vez [...] que el ejército sanmartiniano peleó contra extranjeros fue en 1982, Islas Malvinas, y ya todos sabemos cómo fue: la tontería soberbia de pensar que una banda de inútiles mal preparados y peor equipados podía abollar siquiera la carrocería de uno de los ejércitos potentes de este mundo. Fuera de eso llevamos […] más de cien años sin una [...] guerra externa. Y […] sin [...] perspectivas de tenerlas.
En la paz, […] hay algo que los ejércitos sí suelen tener y que llaman […] “hipótesis de conflicto”. Hace años que me pregunto qué hipótesis de conflicto real puede sostener el ejército patrio. Con los ingleses ni hablar, porque no hay forma de que no perdamos. [...] La posibilidad de que vayamos al combate contra Chile, un suponer, por diez leguas de hielos continentales, o contra Paraguay [...], o contra Brasil por un casino en Iguazú o un penal mal cobrado es cada vez más tenue. El mundo actual está lleno de organizaciones […] para que eso no suceda. [...]
Lo cual es tan afortunado porque, de todas formas, no estamos a la altura. Nuestro ejército —desprestigiado, descuidado, justamente reducido […]— no sería capaz de combatir dos días seguidos contra Brasil, que acaba de comprarse 17.000 millones de dólares en aviones, helicópteros y submarinos nucleares, y ni siquiera contra Chile [...]. América Latina sigue llena de pobres, pero nuestros vecinos están derrochando fortunas. [...] Lo cual nos deja dos opciones: o sumarnos de atrás a una carrera carísima [...], o hacer de necesidad virtud y declarar que no queremos ni precisamos un ejército, transformar la Argentina en un país desarmado (Caparrós, 2009a).
En tiempos de paz, diluidos los servicios que las Fuerzas Armadas cumplían para cierto grupo de poder económico y social, y resaltado el descrédito ganado cuando produjeron y combatieron en la única guerra librada en el siglo XX, Caparrós señala la irracionalidad de considerar que en el estado de desinversión en el que se encuentran, se pueda sostener una hipótesis de conflicto. La imposibilidad del Ejército actual de llevar adelante su capacidad disuasiva deja abiertos en su narración solo dos caminos, ninguno de los cuales refleja la situación actual. Al descartar el camino que propone desarrollar una suerte de carrera armamentista vis-a-vis, que supuestamente desarrollan otros países de la región, propone en una clara opción pacifista: “desarmar” al país, disolviendo la institución militar.
Lanzada esta última, su propuesta recupera la utilidad que sí tendría la integración del personal, buques y edificios militares a espacios estatales y sociales legitimados por los servicios que prestan, tales como: hospitales, escuelas, universidades, turismo, etc. Su propuesta puede narrarse apelando al lenguaje acuñado por Samuel Huntington (1957), uno de los estudiosos de las Fuerzas Armadas más destacados del siglo XX, quien usó el término “civilianización” para describir etapas de la historia nacional de Estados Unidos donde se desdibujaba la dimensión más guerrera de la institución. Caparrós lleva en su relato esta tendencia al extremo, borrando del Estado y de la sociedad todo vestigio de lo militar. Así cierra su relato:
Sería fantástico. Una medida inteligente, [...] muy rentable. El presupuesto nacional de este año prevé gastar 5.900 millones de pesos […] en las Fuerzas Armadas. Esos 5.900 millones son más que los 5.000 que se dedican a la asistencia social [...]. O son un 66% del presupuesto de salud, que podría crecer en dos tercios […]. O un tercio más que el presupuesto de ciencia y técnica […]. Eso sin contar las numerosas posesiones de las tres fuerzas que podrían servir para escuelas, hospitales, empresas públicas […]. Y habría miles de empleados más o menos capacitados que podrían reciclarse en otros empleos [...]. Muchos de ellos, incluso, podrían aumentar las fuerzas de seguridad [...].
Aún así, sería extraordinario. [...] ¿Se imaginan el edificio Libertador sede de tres carreras de la UBA? ¿Se imaginan los dólares de los turistas japoneses por un crucero en verdadero portaaviones a la Antártida? ¿Se imaginan la cantidad de pilotos realmente preparados que podrían trabajar en Aerolíneas? [...] ¿Se imaginan al presidente Pepe Mujica declarándonos la guerra para defender sus plantas de papel y a nuestro gobierno diciéndole [...] que si quiere invadir que invada nomás, que la fuerza es el derecho de las bestias?
Quedaríamos tan bien, [...] nada te legitima tanto frente a una situación de conflicto como no querer ningún conflicto. [...] Seríamos [...] un caso testigo: de cómo una sociedad se desembarazó de un parásito arcaizante que no le servía para nada y consiguió convertir esos recursos […] en beneficio para su sociedad. [...] A menos que los ricos quieran guardarlo por si de nuevo necesitan patotearnos y matarnos; si así fuera no deberíamos pedir su cierre [...] para mejorar un par de cosas; deberíamos exigirlo (Caparrós, 2009a).
El cierre de su relato incluye uno de los esquemas interpretativos ya mencionados, según el cual para imaginar a las Fuerzas Armadas del presente y del futuro no se puede sino introducir el imperioso mandato de la no repetición del pasado. Este acecha, se filtra en el presente, y revela el peligro de que los ricos usen a los militares para “patotearnos y matarnos”. Así emerge aquel mandato, frente al cual el camino certero es renunciar a conservarlas. El problema de cómo reinscribirlas quedaría así contundentemente resuelto.
Caparrós instaló un debate fugaz de una semana del que solo participó el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Germán Montenegro, quien hizo declaraciones en Radio Nacional defendiendo la preservación de las Fuerzas Armadas en ausencia de hipótesis de guerra del Estado nacional argentino, pero sí en “un escenario de incertidumbre”. En una nota posterior de Caparrós en el mismo medio gráfico, denominada “Más adiós a las armas”, se transcriben otros argumentos de ese funcionario:
“En lo inmediato no hay un país que pueda amenazar la soberanía argentina”, aunque —dijo el secretario Montenegro— “tenemos recursos muy importantes, un territorio rico […] no sabemos qué amenazas pueden surgir desde el escenario internacional incierto y cambiante”. O sea: que están ahí por si acaso y ya veremos (Caparrós, 2009b).
La respuesta oficial no le pareció válida a Caparrós y sus argumentos para descartarla retoman de modo contundente el artículo 8 de la ley de Defensa Nacional, cuando dice: “El sistema de defensa nacional tendrá por finalidad: a) Determinar las hipótesis de conflicto y las que deberán ser retenidas como hipótesis de guerra; b) Elaborar las hipótesis de guerra, estableciendo para cada una de ellas los medios a emplear […] Alguien debería explicar por qué no cumplen con la ley” (Caparrós, 2009b).
Las explicaciones de este periodista son relevantes a los efectos de pensar la integración de los militares desde uno de sus extremos, su posible extinción como agencia del Estado. También porque desnuda el desinterés de las mayorías en el asunto; señala la importancia de someter a consideración la preservación misma de esa institución; y finalmente, subraya que en ausencia de una idea clara acerca de su función o finalidad —que al menos respete lo establecido por la ley—, son peligrosas por ser potenciales aliadas de aquellos sectores a los que otrora sirvieran. No está de más decir que la posibilidad de hacer pública la propuesta de disolución de una agencia del Estado no resulta descabellada en este caso —es tan poco descabellada que provocó la respuesta del viceministro de Defensa—como en cambio sí lo sería si se tratara de las fuerzas policiales, de la salud o de la educación pública.
Los militares estuvieron durante gran parte de la historia argentina integrados a la sociedad y al Estado. Debiera sorprender la celeridad histórica con que pasaron de ocupar sostenidamente las esferas más altas de decisión a que su disolución constituya una alternativa pensable. Sabemos que encarnaron una de las burocracias estatales más afianzadas, contribuyeron a forjar las de las dependencias públicas civiles, se alimentaron de la sociedad de donde reclutaron oficiales, suboficiales y, durante los casi cien años que existió el servicio militar obligatorio, de miles de varones procedentes por arte del azar de diversos sectores sociales. Tal vez por eso las preguntas de los estudiosos estuvieron enfocadas a responder el porqué de ese dominio de lo militar sobre el Estado, antes que a conocer la imbricación social de esta burocracia pública, de lo que se ocuparon marginalmente pocos autores.5 Es con la llegada de la democracia que los militares quedaron simbólicamente expulsados del Estado —democrático— y de la sociedad. De cierto modo, la democracia se construyó confrontando ese pasado dominado por el autoritarismo representado sobre todo por los militares.
Por acción u omisión, las autoridades políticas electas constitucionalmente que desde 1983 condujeron el Estado argentino decidieron conservar a las Fuerzas Armadas. Quienes por el contrario imaginaban su disolución, invocaban a Costa Rica como ejemplo de una nación sin institución militar. Nadie mencionaba que allí la policía concentró tanto las funciones de seguridad interior como de defensa, tal como se pudo ver en el conflicto fronterizo con Nicaragua en 2010.
Tal vez la decisión de conservarlas se deba a que la función de defensa hace a la violencia legítima del Estado nación y por consiguiente al Estado nación mismo, o porque su entidad como nación ha dependido y sigue haciéndolo —aunque en menor medida— de sus Fuerzas Armadas, en sus batallas, sus héroes, sus líderes, sus regimientos, sus buques, etc. No hay mejor ejemplo de la renovación de esta asociación entre el Estado nación y sus Fuerzas Armadas que la coyuntura producida en torno a la retención del buque escuela fragata Libertad en el puerto de Tema, en Ghana. Una orden judicial que lo retuvo entre octubre y diciembre de 2012, a partir de un pedido de embargo realizado por un grupo de acreedores extranjeros que se rehusaron a negociar con el Estado argentino su deuda, denominados por el gobierno nacional “fondos buitres”, produjo agitadas reacciones opositoras y hasta un inusual gesto presidencial. Así, el 9 de enero de 2013 la presidenta encabezó el acto de recepción del buque en la base naval de Mar del Plata, ceremonia a la que ningún presidente constitucional asistió desde 1983.
