6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Historia
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Mediante una reconstrucción del Porfiriato, esta obra realiza un análisis e interpretación de la realidad social de esta época. Aborda el papel que jugaron personajes como José Yves Limantour, Sebastián Lerdo de Tejada y Justo Sierra y "los científicos" en la construcción de la ideología porfirista y la legitimación del régimen; la economía mexicana, su desarrollo y las transformaciones que sufrió desde 1877; las políticas hacendarias y la reforma monetaria de principios del siglo XX, y los factores políticos intervencionistas que llevaron a la crisis y culminación del Porfiriato.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 681
Ähnliche
Índice de contenido
Introducción
I.
El fundamento ideológico
II.
Orden para encauzar el progreso
III.
Los cimientos del Porfiriato
IV.
La política hacendaria y el proyecto político de Limantour
V.
La reforma monetaria
VI.
El intervencionismo estatal y sus críticos
Conclusiones
Referencias bibliográficas
Landmarks
Portada
Página de título
Legal
Índice
Inicio
Page List
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
SECCIÓN DE OBRAS DE HISTORIA
LIBERALISMO OLIGÁRQUICO Y POLÍTICA ECONÓMICA
LEONARDO LOMELÍ VANEGAS
Liberalismo oligárquico y política económica
POSITIVISMO Y ECONOMÍA POLÍTICA DEL PORFIRIATO
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Primera edición, 2018Primera edición electrónica, 2018
Diseño de portada: Laura Esponda Aguilar
Imagen de portada: Juan O’Gorman, El feudalismo porfirista (detalle), 1970-1973, 6.5 × 4.5 m, pintura al fresco. Sala Madero, Museo Nacional de Historia.
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2018.
D. R. © 2018, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán, 04510, Ciudad de México
D. R. © 2018, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 9786071661067 (ePub)ISBN 9786071659385 (impreso)
Hecho en México - Made in Mexico
In memoriamÁlvaro Matute Aguirre (1943-2017)Arnaldo Córdova (1937-2014)
ÍNDICE
IntroducciónI. El fundamento ideológicoII. Orden para encauzar el progresoIII. Los cimientos del PorfiriatoIV. La política hacendaria y el proyecto político de LimantourV. La reforma monetariaVI. El intervencionismo estatal y sus críticosConclusionesReferencias bibliográficasINTRODUCCIÓN
El periodo que comprende los gobiernos de Porfirio Díaz (1876-1880 y 1884-1911) y Manuel González (1880-1884), al que frecuentemente se alude con el nombre de “Porfiriato”,1 es uno de los más estudiados de la historia de México. Además de varias historias generales sobre el periodo, entre las que destacan las de Daniel Cosío Villegas y José C. Valadés, se han producido estudios sobre diversos aspectos económicos, políticos y culturales del mismo. No obstante, existen diversos temas que no han sido explorados o que apenas y han sido abordados por los historiadores. En el ámbito de la historia económica destaca la ausencia de investigaciones sobre los cambios que se produjeron en la política económica a lo largo de estos años; en el de la historia política no ha sido suficientemente analizada la vinculación entre la legitimación política del régimen, la instrumentación de la política económica y el diagnóstico sobre el desarrollo y los problemas nacionales; en el ámbito de la historia de las ideas falta explorar la relación entre las ideas económicas, la interpretación de la historia y las decisiones económicas del régimen.
El objetivo de este libro es estudiar la relación que hubo entre el positivismo, la interpretación de la historia económica del país por parte de la élite político-intelectual porfirista y la formulación de la política económica. Se parte del supuesto de que existió una interpretación positivista del desarrollo económico de México en la historiografía que se produjo durante el Porfiriato, que sirvió para justificar la necesidad histórica de la dictadura y de su política económica. Por consiguiente, más que analizar la historia económica del régimen porfiriano, se trata de estudiar la historia de las ideas económicas, su interacción con el análisis de la sociedad y su utilización política.
Como se ha señalado, existe una abundante bibliografía sobre el Porfiriato que incluye varios trabajos sobre la economía y sus diferentes sectores. Si bien es cierto que el estudio de las haciendas y en general de las relaciones de trabajo en el campo ha concentrado la atención de un numeroso grupo de investigadores nacionales y extranjeros (sin ser por ello un tema agotado, dadas las considerables variantes que presentó la problemática agraria a lo largo del territorio nacional), se cuenta también con numerosos trabajos sobre la minería, las industrias manufactureras, la banca y el comercio. Existen también, aunque en menor cuantía, investigaciones sobre la política económica y numerosos materiales de la época para documentar sus aspectos más sobresalientes.
Por su parte, el positivismo en México es un tema que ha dado lugar a muchos trabajos, algunos de ellos ya clásicos, como el de Leopoldo Zea. Sin embargo, en mi opinión la relación entre el positivismo como propuesta teórica para el estudio de la sociedad y la justificación de la política económica del Porfiriato es un tema que aún no ha sido suficientemente explorado, aun cuando fuera señalado hace ya tres décadas y media por Arnaldo Córdova en La ideología de la Revolución mexicana como un elemento clave para la legitimación del gobierno de Porfirio Díaz y para mantener la cohesión de los intereses económicos que lo sostenían.
El trabajo que aquí se presenta pretende explicar la relación que se dio entre el positivismo como método de análisis e interpretación de la realidad social, el liberalismo, que siguió siendo la ideología dominante del Estado mexicano pero en su vertiente oligárquica, y la política económica. El libro intenta relacionar tres áreas del conocimiento histórico: la historia económica, la historia política y la historia de las ideas. En sentido estricto intenta hacer una historia de la relación entre las ideas económicas y la política, o mejor dicho, un análisis de la utilización política de ciertas ideas económicas. Esta situación se ha presentado desde el origen mismo de la economía como ciencia, y hace de esta disciplina una de las más afectadas por los intereses políticos y materiales que juegan a favor y en contra de las distintas teorías que intentan explicar la realidad.
Es importante señalar aquí que el término positivismo aplicado al análisis historiográfico ha sido utilizado indiscriminadamente para calificar a historiadores que sólo tienen en común con los positivistas su preocupación por la crítica de fuentes, pero que en modo alguno comparten el esquema de explicación causal de la historia positivista. Para nuestros fines, la definición de Benedetto Croce resulta adecuada, cuando define a quienes comparten una concepción positivista de la historia como aquellos que establecen que “la verdadera historia se construye con el método naturalista y utiliza la inducción causal” y que aplican al análisis histórico “los múltiples conceptos naturalistas con los que han empapado el pensamiento moderno: raza, herencia, degeneración, imitación, influjo, clima, factores históricos, etcétera”.2
Como puede apreciarse, los positivistas veían en los estudios históricos una suerte de materia prima de la sociología, disciplina que debería encontrar, con base en la evidencia empírica, las leyes sociológicas del acontecer histórico, a partir de las cuales podría definirse el estadio en el que se encontraba la evolución de cada país, así como los elementos que contribuían a acelerar o a retardar esa evolución, sus males congénitos. En síntesis, una sociología con aspiraciones de filosofía de la historia. Los auténticos positivistas estaban convencidos de que ésta debería ser la relación adecuada entre historia y sociología, en la cual los acontecimientos históricos sirven para encontrar las leyes sociológicas que a su vez explican la trama del acontecer histórico.
El positivismo planteó desde el principio la necesidad de aplicar el método científico al análisis de los fenómenos sociales. La aspiración de Augusto Comte era construir la gran ciencia de la sociedad, la sociología. Sin embargo, la disciplina que estaba en posibilidad de convertirse en el modelo de ciencia social al que aspiraban los positivistas no era la sociología, sino la economía. La economía política clásica se había planteado desde el principio la misión de descubrir las leyes “naturales” que regulan el intercambio de los bienes y determinan los precios. Los positivistas mexicanos estaban convencidos no solamente de la existencia de estas leyes naturales, sino de la posibilidad de inferir de ellas las políticas económicas adecuadas al grado de desarrollo de cada país. Por política económica entenderemos, además de las políticas de ingresos y egresos del gobierno y de emisión del circulante, la regulación financiera, la política comercial, la política de fomento industrial, la política de obras públicas y la política de fomento agropecuario y la política agraria, con especial énfasis en el régimen de propiedad de la tierra.
Si sostenemos que el liberalismo adquiere bajo el Porfiriato la forma del liberalismo oligárquico, resulta necesario definir a la oligarquía cuyos intereses defendía. La oligarquía estaba integrada por los propietarios rurales (predominantemente mexicanos) y los inversionistas nacionales y extranjeros que detentaban el poder económico. En este punto es necesario considerar un elemento clave: muchos integrantes del grupo de los Científicos, al que se analizará en este trabajo, eran a la vez miembros de la élite político-intelectual y de la oligarquía económica. Si bien es cierto que muchos miembros de este grupo formaban parte de la clase dominante y que sus intereses económicos fueron de la mano, en la mayoría de los casos, de sus intereses políticos, su influencia se debía sobre todo a su capacidad para dar sustento ideológico al régimen y construir redes de influencia política y económica que los unían con algunos grupos de poder en los estados. En ese sentido, resulta importante delimitar la influencia y el papel que jugaban los científicos y las personas a las que podemos identificar como miembros o simpatizantes de ese grupo.
Para entender la influencia de la política económica del Porfiriato en el desarrollo económico de México es importante tener presente la manera en que benefició a los terratenientes nacionales, los inversionistas extranjeros y los miembros de la clase política porfirista a la luz del rol que cumplió México dentro de la división internacional del trabajo durante este periodo. Es claro que el país jugaba un papel importante como exportador de productos mineros, petroleros y agrícolas. Esas ramas y el transporte que hizo posible el traslado de estas mercancías a la frontera y a los puertos (los ferrocarriles), fueron las más dinámicas por su inserción en el mercado mundial. El desarrollo de la industria local y del mercado interno enfrentó mayores obstáculos, pero también registró avances sin precedentes.
La gran apuesta del gobierno de Díaz fue, desde el triunfo de la Revolución de Tuxtepec, la pacificación del país para lograr el apoyo de los grupos que tenían posibilidades reales de impulsar el desarrollo económico. En ese sentido, el programa de la dictadura fue mucho más pragmático que el de sus antecesores. Esta posición del nuevo presidente ante los grupos de poder encontró el apoyo de todos aquellos sectores de la sociedad deseosos de consolidar el orden. Díaz sabía cuál era su imagen al vencer la revolución tuxtepecana y, en consecuencia, estaba consciente de que su legitimación dependía en gran medida de un programa de gobierno viable y atractivo para los principales grupos económicos del país, para erradicar el peligro de que su propia sublevación fuera el punto de partida de un nuevo periodo de caos y anarquía.
El régimen de Porfirio Díaz enfocó sus esfuerzos a garantizar el orden con el argumento de que era condición necesaria para impulsar el progreso. En el ámbito de la política interior, los gobiernos de Díaz y Manuel González se dedicaron a construir las bases de la estabilidad, construyendo alianzas de largo plazo con los grupos de poder local y eliminando cacicazgos incómodos. La política exterior se orientó a restablecer el crédito del país en el extranjero, sobre todo en Europa. Un mecanismo expedito para lograr este objetivo sería la renegociación de la deuda externa. En el plano de la economía, el nuevo gobierno tenía claro que había que respetar y apoyar a los terratenientes y llevar hasta sus últimas consecuencias la política de deslinde de baldíos y enajenación de propiedades de corporaciones.
Pero, sobre todo, el principal cambio se produjo en la manera de concebir el papel que debía jugar la inversión extranjera en el desarrollo del país. El nuevo gobierno encontró desde el principio que para comunicar el territorio nacional y para impulsar el surgimiento del sistema financiero, sería necesario atraer capital externo en cantidades sin precedentes. Esta posición representó un cambio radical en la manera de concebir las posibilidades de desarrollo económico de México respecto a los primeros años posteriores a la Independencia. Desde esta perspectiva, mucho más realista, sobre las posibilidades de expansión de la economía mexicana, las inagotables riquezas naturales que habían entusiasmado a los criollos eran difícilmente explotables sin capital, y éste había escaseado a lo largo de las primeras décadas de vida del país. Había que atraer al capital, protegerlo y aclimatarlo a las necesidades de la economía mexicana.
En la construcción de una nueva manera de analizar los problemas económicos de México jugaron un papel destacado los llamados Científicos, un grupo político que irrumpió en la escena política en los años setenta del siglo XIX. La mayoría no había participado en las guerras de Reforma e Intervención y lo más cerca que habían estado de los conflictos entre facciones había sido en 1876, cuando algunos de ellos decidieron apoyar a José María Iglesias, que en su carácter de presidente de la Suprema Corte de Justicia se pronunció simultáneamente contra la reelección de Lerdo y la rebelión de Díaz.
Después de esta derrota, pero cobijados en la política de reconciliación del nuevo presidente, se agruparon generacionalmente durante el primer gobierno de Porfirio Díaz en los periódicos El Foro y La Libertad, en los cuales expusieron sus ideas sobre la organización política y el desarrollo económico del país. Entre las propuestas que formularon en este periodo sobresalió su insistencia en una reforma constitucional para reducir las facultades del Congreso y aumentar las del Ejecutivo para garantizar la gobernabilidad y mejorar la capacidad administrativa del Estado. También insistieron en la necesidad de reorganizar la administración pública y orientar la política económica sobre la base de un conocimiento científico de la realidad del país. Entre los miembros del grupo se encontraban fuertemente arraigadas las ideas positivistas relativas a la evolución social. Por lo tanto, sus recomendaciones políticas estuvieron fuertemente influenciadas por la filosofía positivista.
Aunque el grupo se dio a conocer durante el primer gobierno de Díaz, principalmente en la prensa, como promotores de los proyectos editoriales referidos, en realidad su vinculación con don Porfirio se fue fraguando lentamente. En su maduración influyó la relación que establecieron sus integrantes con Manuel Romero Rubio, que durante la presidencia de Manuel González se convirtió en el suegro de Porfirio Díaz. Los Científicos jugaron un papel importante como legisladores durante los años ochenta del siglo XIX y su asociación política con Díaz se consolidó en 1892, cuando éste les encargó la postulación de su candidatura para su tercera reelección (segunda consecutiva). Fue así como se organizó la Unión Liberal, que organizó una convención y expidió un manifiesto en el que justificaba la reelección del presidente para consolidar el orden, pero pedía a cambio reformas para fortalecer el Poder Judicial y restablecer la vicepresidencia de la República.
Las propuestas de la Unión Liberal para organizar el Partido Liberal como un auténtico partido político no agradaron al dictador, que en las campañas de 1896 y 1900 recurrió nuevamente a su círculo de amigos para lanzar su candidatura presidencial, sin exponerse a que le quisieran endilgar programas políticos que no entraban dentro de sus planes. Sin embargo, varios de los firmantes del “Manifiesto a la nación” de la Unión Liberal estrecharon a partir de entonces su relación con el gobierno, al grado de que uno de ellos, José Yves Limantour, se convertiría un año después en secretario de Hacienda, y tiempo después el propio Sierra se incorporaría al gabinete. A partir de ese momento, los Científicos se convirtieron en uno de los grupos más poderosos del país, tanto en el ámbito económico como en el político, aun cuando su importancia haya sido exagerada en muchas ocasiones.
El grupo político en ascenso aplicaba el método científico para estudiar la realidad social, de ahí el sobrenombre de “científicos”. En contraste con los liberales jacobinos, que en su opinión habían fracasado al tratar de organizar al país con base en principios metafísicos, los Científicos, en cambio, defendían el ejercicio de la libertad por aquellos que estaban en condiciones de ejercerla. La libertad positiva, aquella que estaba garantizada por las leyes, era a la que podían tener acceso los individuos más aptos, que por la educación y la evolución misma de la sociedad estaban en condiciones de hacer buen uso de ella. Quienes se encontraban en posibilidad de ejercer la libertad positiva necesariamente eran una minoría, sobre todo en un país tan heterogéneo racial y culturalmente como México. El grupo se encontraba fuertemente influido por el liberalismo positivista de Herbert Spencer, que consideraba que el Estado debía garantizar la propiedad individual y la paz pública, requisitos indispensables para que pudiera darse una competencia efectiva en la que saldrían vencedores los más aptos, en una justificación del laissez faire de la economía liberal apoyada en el darwinismo social.
Sin embargo, en los hechos la política científica sirvió para justificar innumerables excepciones, que se tradujeron en una intervención cada vez más amplia del Estado en la economía, lo mismo para favorecer intereses particulares que para apoyar un proyecto político nacional. Este proyecto reconoció desde el principio la necesidad de apoyar la diversificación de las inversiones extranjeras en México y, sobre todo, de equilibrar los intereses económicos norteamericanos en nuestro país, atrayendo capitales europeos. A lo largo de los años, el proyecto experimentó importantes modificaciones, como resultado de los cambios que experimentó la economía mexicana, de las alianzas que establecieron los Científicos, de la evolución de su pensamiento y de la maduración y declinación del régimen porfirista.
El libro se encuentra organizado en seis capítulos. El primero analiza las características del liberalismo oligárquico y el papel que desempeñó el positivismo en la construcción de la ideología del Porfiriato. En una fecha tan temprana como 1878, Porfirio Díaz encontró una justificación política a la construcción de un gobierno fuerte en las ideas de Justo Sierra y sus compañeros del periódico La Libertad. Estas ideas se basaban en una interpretación positivista de la realidad social mexicana y de su historia, que con el tiempo se desarrollaron más hasta exponer una justificación consistente de la necesidad histórica del régimen de Díaz.
El segundo capítulo analiza la situación de la economía mexicana en 1877 y el desarrollo económico de México durante el Porfiriato. También revisa los cambios a los que dio lugar la diversificación económica en la oligarquía y las tensiones que surgieron entre sus distintas facciones. Termina con una revisión de la influencia del positivismo en el análisis de la realidad económica y los elementos que proporcionó para justificar una política económica de privilegios y excepciones, que se intentó presentar como científica.
El triunfo de la Revolución de Tuxtepec dio paso al periodo de estabilidad política más prolongado desde la consumación de la Independencia, pero el régimen que lo hizo posible se construyó lentamente. El tercer capítulo da cuenta del periodo de formación y ascenso del grupo de los Científicos, que coincide con el inicio y la consolidación del régimen autoritario de Porfirio Díaz. Los 16 años que van desde la batalla de Tecoac, en que derrotó a las tropas leales a Sebastián Lerdo de Tejada en noviembre de 1876, hasta su tercera reelección en 1892, se caracterizaron por una intensa actividad política, económica y legislativa. Durante este periodo, cuatro políticos desempeñaron importantes funciones en la consolidación del régimen de Díaz: Manuel González, presidente de 1880 a 1884; Carlos Pacheco, secretario de Fomento de 1881 a 1893; Manuel Romero Rubio, secretario de Gobernación de 1884 a 1895, y Manuel Dublán, secretario de Hacienda de 1884 a 1892. Mientras que González asumió el costo político de decisiones fundamentales para garantizar la viabilidad económica de los futuros gobiernos, Romero Rubio prosiguió la tarea de centralización del poder político. Pacheco, por su parte, dio continuidad al proceso de construcción de los ferrocarriles, atendiendo a criterios económicos y políticos, y Dublán logró una importante reestructuración de la deuda. También avanzó en la construcción del marco jurídico que dio certidumbre a los capitales nacionales y extranjeros para invertir en las actividades económicas más promisorias en ese momento en el país.
En 1892 falleció el secretario de Hacienda, Manuel Dublán, y se inició un proceso de poco más de un año que llevó a sucederlo en el cargo a José Yves Limantour. El presidente Díaz tuvo varias razones para dar un rodeo antes de terminar designando a Limantour como encargado de las finanzas nacionales, pero cuando finalmente procedió a ello, dio inicio a la gestión más prolongada de un secretario de Hacienda en la historia de México. Los tres capítulos restantes analizan este periodo. El cuarto capítulo da cuenta del inicio de la gestión hacendaria de Limantour, sus primeros logros y el desarrollo de su proyecto político. El secretario Limantour dio continuidad a algunos de los principales proyectos de sus antecesores, Manuel Dublán y Matías Romero, pero también puso en marcha iniciativas propias que lo llevaron a obtener el superávit fiscal en 1896, que se conservaría durante los siguientes años y que constituyó su primera gran victoria económica y política. A este paso tan importante pronto habría de sumar la supresión de las alcabalas, buscada con ahínco por todos sus antecesores en el cargo desde la promulgación de la Constitución de 1857, así como la aprobación de la primera Ley de Instituciones de Crédito. El prestigio obtenido con estos logros y su cercanía al presidente de la República le confirió una visibilidad política que pronto devino en un proyecto político de alcance nacional, aunque él siempre se empeñó en negar sus aspiraciones presidenciales.
El quinto capítulo analiza los problemas que enfrentó la economía mexicana con el cambio de siglo, el amplio esfuerzo de legitimación del régimen desplegado por Limantour y Sierra y una de las medidas de política económica más importantes del gobierno de Porfirio Díaz: la reforma monetaria. El siglo XX se inició con una desaceleración económica y con ataques contra el régimen y el grupo de los Científicos. Limantour desplegó una gran actividad para conjurar ambos riesgos y asumió el desafío de llevar a cabo una reforma monetaria al mismo tiempo que patrocinaba una obra monumental, destinada a mostrar al mundo los avances alcanzados por México y a acallar las críticas internas a la obra económica y política del régimen. Fue así como vio la luz a partir de 1902 México: su evolución social, una historia temática del país dividida en dos tomos distribuidos en tres volúmenes. La historia económica ocupó un lugar importante a través de seis colaboraciones que dieron cuenta de la evolución de la hacienda pública, las comunicaciones y los transportes, las obras públicas, la agricultura, la minería y la industria. La justificación del régimen a partir de su obra económica es el hilo conductor de los seis trabajos. También en 1902 el secretario de Hacienda instaló la comisión encargada de discutir la conveniencia de una reforma monetaria que abandonara el sistema bimetalista y adoptara el patrón oro para México. Después de más de dos años de trabajos, que no estuvieron exentos de interesantes polémicas sobre el desarrollo de la economía mexicana y las consecuencias que tendría para la misma adoptar el patrón oro, se tomó una decisión y en 1905 se consumó la reforma, que resultó bastante polémica, como se verá más adelante.
La recta final del gobierno de Porfirio Díaz no estuvo exenta de sobresaltos, que son analizados en el capítulo sexto. La crisis económica de 1907 y sus consecuencias sobre el sistema de pagos de la economía ocuparon la atención del secretario de Hacienda, pero también los problemas de financiamiento de la agricultura que lo llevaron a impulsar la creación de la Caja de Préstamos para Obras de Irrigación y Fomento de la Agricultura. Pero sin lugar a dudas, por su importancia económica y política, la última gran medida de política económica que llevaron a cabo Porfirio Díaz y su ya para entonces muy polémico secretario de Hacienda, fue la nacionalización de los ferrocarriles. En 1910 culminó esta operación que comenzó a gestarse varios años atrás, y que respondió al temor de que alguna de las grandes empresas ferroviarias norteamericanas pudiera monopolizar las líneas ferroviarias mexicanas. Fue así como culminó también el lento pero irreversible desplazamiento de Limantour de políticas económicas muy liberales a políticas cada vez más intervencionistas.
La política económica del Porfiriato sigue siendo un tema que ofrece varias vetas por explorar. También muchos de sus actores merecen un análisis más exhaustivo, como Manuel González, Manuel Dublán y Carlos Pacheco. El propio Limantour sigue siendo en diversas facetas un gran desconocido, a pesar de ser con mucho el personaje más estudiado del periodo después del propio Porfirio Díaz. Este trabajo pretende contribuir a destacar las relaciones entre economía, política e ideología en el diseño e instrumentación de la política económica. En muchos sentidos, puede ser visto más como un punto de partida que como un texto concluyente sobre el tema.
El tema de este trabajo surgió en 1996 de una sugerencia del doctor Álvaro Matute en un curso sobre pensamiento historiógrafico mexicano en el siglo XX, impartido en el Centro de Educación Continua de la Facultad de Filosofía y Letras. El proyecto fue elaborado y discutido en el seminario de investigación del doctor Arnaldo Córdova en el posgrado en Historia, durante el segundo semestre de 1997 y el primero de 1998. Fue también él quien sugirió que la investigación se realizara para obtener el grado de doctor y no el de maestro, como originalmente estaba previsto. La doctora Gloria Villegas conoció también el proyecto en esa época y años más tarde se incorporó al comité tutoral con los doctores Córdova y Matute. Después de un tiempo de haber dejado en suspenso la conclusión del trabajo, tuve el beneficio de poder discutir y corregir puntual y sistemáticamente el mismo con el doctor Córdova durante casi dos años y de recibir los comentarios y sugerencias de las doctoras Leonor Ludlow Wiechers y María Eugenia Romero Sotelo, que añadidos a las orientaciones y correcciones del doctor Matute y la doctora Villegas permitieron mejorarlo significativamente. Reitero en estas páginas mi agradecimiento para ellos, así como a todos mis compañeros del posgrado en Historia, en particular a Rodrigo Díaz, Marisa Pérez, Pedro Salmerón y Rebeca Villalobos. Años después, a instancias del doctor Matute, decidí revisar y actualizar el trabajo para publicarlo, incorporando muchas de las sugerencias de las doctoras Ludlow y Romero Sotelo. Agradezco a mis colegas y amigos de la Facultad de Economía por su interés en la conclusión de este trabajo, en particular a mi esposa, Laura Vázquez Maggio, que me apoyó de manera decisiva en la última etapa de revisión de este libro, que está dedicado a mis maestros, Arnaldo Córdova y Álvaro Matute.
1 El término Porfiriato fue acuñado por Daniel Cosío Villegas en 1949 para referirse a los gobiernos de Porfirio Díaz (incluido el interregno que representó el gobierno de Manuel González) y popularizado por el mismo autor en la Historia moderna de México, monumental obra de la que fue director y coautor. Véase Elisa Cárdenas, “El Porfiriato: una etiqueta historiográfica”, Historia mexicana, 65 (3): 1405-1433, 2016, p. 1408.
2 Benedetto Croce, Teoría e historia de la historiografía, trad. de Eduardo J. Prieto, Escuela, Buenos Aires, 1955.
I. EL FUNDAMENTO IDEOLÓGICO
No tenemos por bandera una persona, sino una idea. Tendemos a agrupar en torno suyo a todos los que piensen que ha pasado ya para nuestro país la época de querer realizar sus aspiraciones por la violencia revolucionaria; a todos los que crean llegado ya el momento definitivo de organizar un partido más amigo de la libertad práctica que de la libertad declamada, y convencido profundamente de que el progreso positivo estriba en el desarrollo normal de una sociedad, es decir, en el orden.
JUSTO SIERRA1
Después de una década de lucha contra los conservadores y contra la intervención extranjera, los liberales lograron la victoria y el presidente Benito Juárez regresó a la Ciudad de México en julio de 1867. A pesar de su triunfo político y militar, los vencedores no tenían demasiadas razones para ser optimistas. La economía permanecía estancada, el pago de la deuda estaba interrumpido y México se encontraba sin relaciones con la mayor parte de los países europeos después de la intervención francesa y del fusilamiento de Maximiliano. Además, el país no estaba completamente pacificado. A las guerrillas conservadoras se habrían de añadir las sublevaciones a las que tuvieron que hacer frente los gobiernos de Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. El liberalismo había triunfado, pero los gobiernos liberales no lograban pacificar al país.
Benito Juárez advirtió la necesidad de reformas para garantizar el orden, y actuó en consecuencia. El conflicto en el liberalismo triunfante estalló en una fecha tan temprana como el verano de 1867, cuando el presidente Juárez convocó a renovar los poderes federales después de su retorno a la capital de la República. Además de votar por los integrantes de los tres poderes, los ciudadanos deberían manifestar su voluntad acerca de si el Congreso que resultara elegido y que entraría en funciones el 20 de noviembre del mismo año, podría reformar o adicionar la Constitución de la República sin observar los requisitos establecidos en el artículo 127 de la misma, sobre los siguientes asuntos que el gobierno consideraba de inmediata resolución:
Primero. Que el Poder Legislativo de la Federación se deposite en dos cámaras, fijándose y distribuyéndose entre ellas las funciones del Poder Legislativo.
Segundo. Que el presidente de la República tenga facultad de poner veto suspensivo a las primeras resoluciones del Poder Legislativo, para que no se puedan reproducir, sino por dos tercios de votos de la cámara o cámaras en que se deposite el Poder Legislativo.
Tercero. Que las relaciones entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, o los informes que el segundo tenga que dar al primero, no sean verbales, sino por escrito; fijándose si serán directamente del presidente de la República, o de los secretarios del despacho.
Cuarto. Que la diputación o fracción del Congreso que quede funcionando en sus recesos, tenga restricciones para convocar al Congreso a sesiones extraordinarias.
Quinto. Que se determine el modo de proveer a la sustitución provisional del Poder Ejecutivo, en caso de faltar a la vez el presidente de la República y el presidente de la Suprema Corte de Justicia.2
La convocatoria estuvo acompañada de una circular del ministro de Relaciones Interiores y Exteriores, Sebastián Lerdo de Tejada, en donde expuso ampliamente las razones que llevaron al presidente Juárez a convocar a esta singular consulta en forma simultánea a la celebración de las elecciones primarias el 22 de septiembre. Lerdo de Tejada reconoció que “con muy justos títulos” la Constitución de 1857 había sido “la bandera del pueblo, cuando ha derramado su sangre por conquistar la Reforma, por defender la Independencia y por consolidar la República”. Sin embargo, con ser tan venerada y haber sido la bandera de la legalidad en la lucha contra la intervención y el Imperio, la Constitución era perfectible, tal y como lo habían reconocido los propios constituyentes al establecer los mecanismos para adicionarla o reformarla, previendo que errores y omisiones de ellos mismos o cambios en las circunstancias del país tarde o temprano harían necesarias reformas constitucionales, y puntualizó:
Cree el gobierno que ahora convendría hacerlas, en puntos determinados de organización administrativa, que se refieren a la composición y a las atribuciones de los poderes Legislativo y Ejecutivo. Según están organizados en la Constitución, el Legislativo es todo, y el Ejecutivo carece de autoridad propia enfrente del Legislativo. Esto puede oponer muy graves dificultades para el ejercicio normal de las funciones de ambos poderes. El gobierno cree necesario y urgente el remedio, y sin embargo, no censura que se formase así en su época esa parte de la Constitución. Para algunos pudo ser esto un efecto de sentimientos políticos de circunstancias, mientras que para otros, pudo muy bien ser un pensamiento profundo, político y regenerador.3
Lerdo de Tejada reconoció que las limitaciones impuestas por el Constituyente de 1856-1857 al Poder Ejecutivo reflejaban el estado de ánimo del momento inmediato a la caída de la dictadura de Santa Anna. Los constituyentes buscaron prevenir el regreso del gobierno personal, sujetando al Ejecutivo al severo escrutinio de un congreso unicameral, pero al hacerlo fueron más allá de lo que había sido la experiencia histórica de los demás países organizados en un sistema republicano representativo, que habían conservado un mayor equilibrio entre las atribuciones de ambos poderes. En concreto, Lerdo se refirió al caso de Estados Unidos al argumentar sobre la conveniencia de restablecer el Senado y de conceder al presidente la facultad del veto suspensivo. Formalmente, lo que se sometía a la consideración del electorado no era el restablecimiento del Senado, sino la división del Poder Legislativo en dos cámaras “dejando a la sabiduría del Congreso resolver sobre la forma y combinación de ellas”. Sin embargo, las constantes alusiones al Senado norteamericano en la circular de Lerdo no dejaban lugar a dudas sobre las características de la segunda cámara, como tampoco las dejó su principal argumento a favor del regreso de un Poder Legislativo bicameral:
También se ha hecho la objeción de que en dos cámaras, una puede enervar la acción de la otra. Esta objeción era de bastante peso, cuando se necesitaba avanzar mucho para realizar la reforma social. Ahora que se ha consumado, puede considerarse un bien, como se considera en otros países, que la experiencia y práctica de negocios de los miembros de una cámara, modere convenientemente en casos graves, algún impulso excesivo de acción en la otra.4
Las reacciones suscitadas por la circular fueron de tal magnitud, que hubo que dar marcha atrás en el tema del referéndum. El presidente Juárez tuvo que hacer frente durante su administración a diversos conflictos internos, tanto políticos como militares, que pusieron de manifiesto una vez más las dificultades que presentaba la pacificación del país y la institucionalización de su vida política. Durante sus últimos años al frente del gobierno, Juárez debió enfrentar numerosas insurrecciones, la mayoría provocadas por las ambiciones de los generales liberales con aspiraciones a consolidar cacicazgos locales en los estados o las regiones donde conservaban influencia, mando de tropas o clientelas políticas.5 Pero también hubo sublevaciones con miras más amplias, encaminadas a disputarle el poder al presidente. La más importante de estas últimas fue la que encabezó el general Porfirio Díaz, uno de los principales héroes de las guerras de Reforma e Intervención, quien proclamó el Plan de la Noria en 1871 al ver frustrado su intento de ganar las elecciones presidenciales de ese año, en las que contendió contra Juárez y contra Lerdo de Tejada.6 Sus argumentos principales fueron el alejamiento de los principios fundamentales de la Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma, evidenciado en la convocatoria de 1867 para reformar el texto constitucional, según quedó establecido en el manifiesto que antecedió al Plan:
La Revolución de Ayutla, los principios de la Reforma y la conquista de la independencia y de las instituciones nacionales, se perderían para siempre si los destinos de la República hubieran de quedar a merced de una oligarquía tan inhábil como absorbente y antipatriótica; la reelección indefinida es un mal de menos trascendencia por perpetuidad de un ciudadano en el ejercicio del poder, que por la conservación de las prácticas abusivas, de las confabulaciones ruinosas y por la exclusión de otras inteligencias e intereses, que son la consecuencia necesaria de la inmutabilidad de los empleados de la administración pública. Pero los sectarios de la reelección indefinida prefieren sus aprovechamientos personales a la Constitución, a los principios y a la República misma. Ellos convirtieron esa suprema apelación al pueblo en una farsa inmortal, corruptora, con mengua de la majestad nacional que se atreven a invocar.7
El presidente Juárez se reeligió, pero falleció un año más tarde y correspondió a Lerdo en su calidad de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación asumir con carácter de interino el Poder Ejecutivo federal. En ese momento Porfirio Díaz había sido derrotado y estaba prófugo. Uno de los primeros actos del nuevo gobierno fue indultar a los rebeldes que aún no se habían rendido. El general Díaz fue de los últimos en aceptar la amnistía presidencial y se retiró temporalmente a la vida privada, mientras Lerdo era elegido por una mayoría abrumadora como presidente constitucional para el periodo 1872-1876.8 El nuevo gobierno inició con paso firme después de la derrota de Díaz y en medio de una calma aparente, que muy pronto se vería interrumpida por la injerencia del presidente en varios problemas locales, así como por sus enfrentamientos con el Poder Judicial, que pasó a ser presidido por José María Iglesias.9
La actuación política de Sebastián Lerdo de Tejada como presidente de la República es difícil de evaluar, sobre todo si tratamos de ubicarla dentro de la transición ideológica de los gobiernos liberales. En aspectos centrales, como el restablecimiento del Senado en 1874 y en sus enfrentamientos con la Suprema Corte de Justicia, se observa una clara línea de continuidad con el gobierno de Juárez y al mismo tiempo un avance en la dirección en la que habría de profundizar el gobierno de Díaz para fortalecer al Ejecutivo frente a los otros dos poderes. Por otro lado, en la elevación a rango constitucional de las Leyes de Reforma y la persecución religiosa innecesaria, por no decir ridícula, que desató su gobierno, Lerdo pareció regresar al jacobinismo de 15 años atrás y puso en peligro la política de reconciliación impulsada por Juárez.10 Este comportamiento, no necesariamente contradictorio, pero sí contraproducente para garantizar al presidente una base social y política amplia para mantenerse en el poder, resulta interesante a la luz de lo que habría de ser la política del presidente Díaz en ambos frentes, por lo que vale la pena analizarlo.
Al igual que Juárez, Lerdo de Tejada estaba convencido, como más tarde lo estaría Porfirio Díaz, que la Constitución de 1857 requería reformas y adiciones para darle al presidente de la República atribuciones suficientes para garantizar una adecuada conducción de la administración pública. Los dos coincidían en la necesidad de introducir contrapesos a la gran concentración de atribuciones en la Cámara de Diputados, tanto por la vía de crear una segunda cámara como mediante la introducción del veto suspensivo a las resoluciones del Legislativo.
Los conflictos entre liberales abundaron a lo largo del periodo que va de 1867 a 1876. A pesar del triunfo republicano sobre la intervención y el Imperio, parecía que la pacificación del país era un objetivo inalcanzable. En noviembre de 1876 la Revolución de Tuxtepec derrocó al gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. Su jefe, el general Porfirio Díaz, se asumía como el abanderado de diversos grupos liberales resentidos con Juárez y Lerdo. Sin embargo, habría de continuar su política de fortalecimiento del Poder Ejecutivo. Para lograr este objetivo, contó con el apoyo de los intereses económicos que buscaban la estabilidad a cualquier precio y de una nueva generación de liberales, obsesionados con la necesidad de alcanzar el orden para poder garantizar el progreso. Fue así como se construyó una justificación ideológica para la dictadura que tuvo como fundamentos un liberalismo oligárquico y una interpretación positivista de la historia y de la política.
EL LIBERALISMO OLIGÁRQUICO
Para los fines de una historia de las ideas políticas en México, podemos sostener que en 1867 se inicia un nuevo periodo dentro del liberalismo mexicano que se prolongará hasta 1911. Más aún, podemos afirmar que hubo dos tendencias que estuvieron presentes en la discusión política de esos años y que influyeron significativamente en la construcción de la ideología política del nuevo Estado: la crítica liberal conservadora de varios políticos y juristas, que justificaron la concentración de poder en el Ejecutivo federal debido a los defectos de la Constitución de 1857, así como la crítica liberal más radical que veía una distorsión en el régimen de Díaz de las ideas liberales que defendió la generación de la Reforma.
La crítica liberal conservadora es el fundamento del liberalismo oligárquico, que trata de adaptar las ideas liberales a las necesidades de legitimación del Estado surgido de las guerras de Reforma e Intervención. El Estado que, en opinión de una nueva generación de liberales fuertemente influidos por el positivismo, debía consolidar la estabilidad política y propiciar el crecimiento económico para salvaguardar la soberanía y la nacionalidad mexicanas. Justo Sierra y Emilio Rabasa son los exponentes más preclaros de este liberalismo, pero podemos mencionar a otros autores, como Pablo y Miguel Macedo, Joaquín D. Casasús, Francisco Bulnes o Ricardo García Granados. El liberalismo jacobino o radical por su parte, como ellos le llamaron, corresponde en gran medida a la corriente política que Jesús Reyes Heroles denominó liberalismo social. Dentro de esta vertiente encontramos a José María Vigil, Filomeno Mata, Wistano Luis Orozco, Juan Sarabia, Jesús Urueta y Camilo Arriaga. Se trata de dos vertientes del liberalismo, de las muchas que ha tenido esta filosofía política a lo largo de la historia.
Jesús Reyes Heroles sostuvo la tesis de un liberalismo combatiente, decisivo para la construcción de México como nación independiente y compenetrado de la problemática social mexicana, que después de reafirmar la independencia nacional y defender al sistema republicano frente a la intervención francesa y el Segundo Imperio, entra en una especie de letargo para despertar con la Revolución. En ese sentido, para Reyes Heroles el Porfiriato no representa una etapa de continuidad entre el liberalismo mexicano de los siglos XIX y XX, “sino una sustitución y una verdadera discontinuidad”, y lo define de la siguiente manera:
El porfirismo, enjuiciado en su totalidad como fenómeno que dura treinta años, no es un descendiente legítimo del liberalismo. Si cronológicamente lo sucede, históricamente lo suplanta. Nuevos móviles económicos y un objetivo político distinto dan fisonomía bien diversa a ambas etapas históricas de México. Los liberales fueron un movimiento, persiguiendo una ideología, venciendo enemigos que se resistían. El porfirismo aglutinó a los enemigos de ayer, mediante intereses para mantener un orden que se creía perpetuo. Las filosofías inquietas, llenas de fe en la actividad del hombre, de estirpe jusnaturalista que guían a los liberales, son sustituidas por una filosofía positivista tomada, además, en su vertiente oligárquica. Por tanto, no debe buscarse una sucesión normal, legítima, entre liberalismo y porfirismo y una continuidad, sino una sustitución y una verdadera discontinuidad. Si el afán de innovar y modificar conduce a los liberales, el propósito de conservar conduce al porfirismo. Por instinto de conservación se sabe que los cambios, por leves que sean, pueden hacer tambalear toda la estructura.11
Según Reyes Heroles, el liberalismo mexicano pasó por dos grandes periodos durante el siglo XIX antes de renacer de sus cenizas como el ave fénix durante la Revolución. El primer periodo corresponde a los orígenes del liberalismo mexicano y lo sitúa entre 1808 y 1824, desde la crisis de la monarquía española tras la invasión napoleónica hasta la promulgación de la primera Constitución federal de la República mexicana y se trata “del proceso de recepción y configuración inicial del ideario del liberalismo mexicano”. En cambio, el segundo periodo es el más dilatado y de mayor densidad histórica, pues es el de “las realizaciones hasta llegar a la plenitud del liberalismo mexicano”, que se alcanza durante la Guerra de Reforma. Abarca las primeras cuatro décadas de vida independiente, o incluso un poco más, si como propone el autor extendemos el periodo hasta 1873 para incluir las reformas de ese año que incorporaron a la Constitución una serie de principios liberales.12 Sin embargo, en la obra de Reyes Heroles no hay una explicación tan puntual de las ideas liberales posteriores a 1867 como sí la hay de los años anteriores al triunfo de la República y, sobre todo, del periodo que culmina con el Constituyente de 1856-1857.
Por su parte, Reyes Heroles atribuye a los críticos de la Constitución de 1857 buena parte de las inexactitudes e incluso de las deformaciones que habían circulado sobre el liberalismo mexicano a partir del Porfiriato:
Es en el porfirismo recio y deslumbrador o desfalleciente e invitando a salvarlo históricamente, cuando los mayores estudios sobre el liberalismo mexicano se elaboran. Por lo mismo, unos se ocupan exclusivamente de la corteza liberal, de aquello que no estorbaba la paz que privaba: lo episódico o la cáscara vacía propia para actos protocolarios o ediciones monumentales. Otros, ante el porfirismo desfalleciente o liquidado, caen en un intento de salvación histórica, de eludir responsabilidades culpando a la Constitución de 1857 para salvar a los porfiristas. O, exentos de responsabilidades y alarmados ante los hombres circundantes, que presagiaban hechos y no ideas, buscar prejuiciadas explicaciones para la deteriorada situación social y encontrarlas —independiente de meritorios atisbos y aproximaciones— en curiosas teorías racistas que culpan al ilustre Miguel Lerdo de Tejada, por criollo y no por liberal, de males imprevisibles. Todo ello sin contar con la inspiración de algunos estudios en un aburguesado positivismo, nada apto para entender un movimiento que en su acaecer tuvo una clara veta liberal.13
Esta interpretación, fuertemente arraigada en la historia oficial, es discutible por varias razones. Moisés González Navarro señaló que “la historia oficial niega la continuidad del liberalismo y el Porfiriato porque no toma en cuenta que la Reforma puso las bases jurídicas que permitieron el desarrollo capitalista de éste”. Además de este criterio, para juzgar la continuidad o discontinuidad entre el liberalismo mexicano antes, durante y después del Porfiriato, podemos utilizar los temas que el propio Reyes Heroles propone para analizar la evolución del pensamiento liberal mexicano. Este autor distingue entre dos grandes vertientes del pensamiento liberal: liberalismo económico y social y liberalismo político-jurídico. En la primera ubica dos grandes temas en los que puede captarse y medirse la actitud liberal: la propiedad y el librecambio y la protección comercial.
En el ámbito del liberalismo económico, es precisamente durante el Porfiriato cuando alcanzan su real significación el respeto irrestricto a la propiedad privada, incluso en menoscabo de otros tipos de propiedad, así como la libre circulación de mercancías dentro del territorio nacional al suprimirse las alcabalas. La política comercial durante la mayor parte del régimen de Porfirio Díaz contribuyó a garantizar la libre circulación de mercancías dentro del país, aunque se fue volviendo gradualmente selectiva con las importaciones, como se verá más adelante. En cuanto a la construcción institucional, si durante el primer siglo de vida independiente hubo en México un gobierno que avanzó en la construcción de un marco jurídico liberal para la actividad económica, fue el del general Díaz. En todo caso, es importante identificar las variantes del liberalismo que se dan en México en la segunda mitad del siglo XIX para ubicar los puntos de conflicto entre ellas, que explicarían la crítica liberal más radical al régimen porfiriano y la supuesta traición de Porfirio Díaz al espíritu de la Reforma. Alan Knight ha propuesto la siguiente interpretación, que resulta plausible para entender el conflicto:
A mediados del siglo XIX hubo fusión del liberalismo con los movimientos populares, que dio lugar (aunque los resultados fueron algo paradójicos) a varios grupos liberales: un liberalismo popular representado por los campesinos, un constitucionalismo de la clase media urbana, y en el lado totalmente opuesto al primero, pero sólo parcialmente opuesto al segundo, un liberalismo centralizador “desarrollista”, que surgió con el Porfiriato. Por ello, la Revolución de 1910, en la que dominó la ideología liberal, se convirtió en movimiento popular liberal, en el que, por algún tiempo, los rebeldes campesinos y los reformadores urbanos lucharon por una causa común, compartiendo lemas y símbolos. En lo ideológico, la Reforma proporcionó el argumento a la Revolución.14
Por lo que hace al liberalismo político-jurídico, Reyes Heroles identifica cuatro grandes temas:
1) Las libertades. La clasificación de las libertades civiles y políticas, liberales y democráticas y el proceso que lleva a su consignación en nuestro país.
2) La vinculación del liberalismo con la democracia, el enlace que entre ambos se efectúa y las variaciones que en el desarrollo histórico se observan. La diferenciación entre el poder político y la sociedad, la teoría de la representación democrática, la teoría de la división de poderes, son aspectos de este amplio tema.
3) La secularización de la sociedad, la liberación de la sociedad y la afirmación de la supremacía estatal.
4) La identidad liberalismo federalismo, que en México se realiza.15
Al sostener la identidad entre federalismo y liberalismo, Reyes Heroles se hizo eco de una posición decimonónica que desde su origen era muy discutible. El liberalismo no tiene por qué ser federalista, como tampoco presupone para su vigencia la existencia de un régimen republicano, como bien lo ilustra el caso de su propia cuna: Inglaterra. Del liberalismo surgieron lo mismo regímenes federales que centralizados, de acuerdo con las características de cada país, como en el caso de Francia:
A nadie se le ocurre suponer que en Francia exista un grado menor de libertad civil y política que en los Estados Unidos —señaló José Fuentes Mares—, sólo porque en aquel país priva el centralismo, y en éste el federalismo. En México, en cambio, durante el siglo XIX, el problema se planteó sobre una base diversa: el federalista era el amante del progreso, el avanzado, el libertador; el centralista, en cambio, era el tradicionalista, el retardatario, el sospechoso de pasiones colonialistas. Parece absurdo, a primera vista, que tanto mexicano haya muerto durante medio siglo en defensa del federalismo o del centralismo, pero la tontería del sacrificio desaparece cuando se piensa en las fuerzas que se agitaban bajo la pasión de etiquetas políticas: era la pasión libertaria de los que pretendían escapar por la puerta del irrealismo para ganar un nuevo mundo, cuya imagen sospechaban más allá de sus fronteras, como una bella meta pendiente. La imitación era el camino, y no, como se ha pretendido hacernos creer, el punto de partida. El federalismo era la meta, la imitación, el camino y la pasión libertaria el punto de partida.16
Además, está a discusión si la política de tolerancia del régimen de Díaz hacia la Iglesia católica tuvo un efecto negativo sobre la secularización de la sociedad, su liberación de la influencia eclesiástica y la afirmación de la supremacía estatal. La historia abunda en ejemplos de intolerancia religiosa que han producido exactamente el efecto contrario al que perseguían. En cambio, la penetración lenta, paulatina pero incesante de nuevas ideas, el fortalecimiento de los establecimientos educativos estatales y laicos, así como la tolerancia hacia otros cultos, han dado mayores frutos en todas las latitudes para secularizar a la sociedad y reducir la influencia eclesiástica.
Probablemente el terreno que sigue siendo el más fértil pero al mismo tiempo el más sinuoso para aclarar el significado del Porfiriato en la historia del liberalismo mexicano sea el que tiene que ver con lo que Reyes Heroles llamó “la vinculación del liberalismo con la democracia, el enlace que entre ambos se efectúa y las variaciones que en el desarrollo histórico se observan”.17 Es evidente que la participación democrática en este periodo no avanzó significativamente sino de cara a las elecciones de 1910 y que, en esa coyuntura, el presidente optó por reprimirla, en lugar de tolerarla o incluso encauzarla por las vías institucionales. Sin embargo, cabe una aclaración: hasta las elecciones de 1904, el gobierno de Porfirio Díaz no fue ni más autoritario ni más antidemocrático en lo que se refiere a la organización de las elecciones que los gobiernos de la República Restaurada, para no hablar de los anteriores a la Constitución de 1857. En 1906, al hacer el balance de la importancia de la Constitución y las Leyes de Reforma sobre la política, la economía y la sociedad del país, el diputado y connotado intelectual porfirista Ricardo García Granados se refirió así a las elecciones de la República Restaurada:
Durante la presidencia de Juárez y Lerdo subsistió esa especie de neo-feudalismo, en que los congresos compuestos de los delegados de los gobernadores daban al sistema de gobierno una apariencia democrática, pero en el fondo no era la política más que un tejido de intrigas y conspiraciones con la revolución armada por desenlace.18
La posición predominante a partir de 1884 entre la mayor parte de los políticos e intelectuales connotados era que había asuntos que requerían una mayor atención que el problema de la participación política, el cual se iría resolviendo lentamente, conforme aumentaran los niveles de instrucción general. Más aún, frecuentemente se argumentó que la excesiva preocupación por la participación política y por la consolidación de la democracia, al haber desplazado el problema de fondo, que era la organización eficiente del gobierno, era la causa de los descalabros que había vivido el país durante el siglo XIX. En 1901 Miguel Macedo escribió en su colaboración para México, su evolución social:
La creencia de que la elección de los funcionarios municipales y la rotación de esos cargos entre los vecinos constituye una escuela de democracia y es necesaria preparación para la vida política nacional, se ha abandonando con tanta mayor rapidez cuanto que la experiencia de un cuarto de siglo de paz y de progreso ha demostrado al pueblo mexicano que no son precisamente los principios jacobinos de una democracia absoluta los que pueden curar de sus males a la Nación y hacerla perdurar en la senda de la civilización y el engrandecimiento.19
Por lo que respecta a la diferenciación entre el poder político y la sociedad, la representación democrática y la división de poderes, puede afirmarse que nunca antes como en el Porfiriato se suscitaron tantos debates sobre estos temas, que incluyeron el equilibrio entre los poderes de la Unión y la necesidad de organizar auténticos partidos políticos.20 Pero además, las restricciones y la manipulación de la participación democrática no fueron problemas exclusivos de México. Como lo señaló Eric Hobsbawm, la participación popular planteó un gran dilema a todos aquellos países en donde se establecieron gobiernos representativos y donde el liberalismo pasó a ser la ideología dominante:
Éste era el dilema fundamental del liberalismo del siglo XIX, que propugnaba la existencia de constituciones y de asambleas soberanas elegidas que, sin embargo, trataba por todos los medios de esquivar actuando de forma antidemocrática, es decir, excluyendo del derecho de votar y de ser elegido a la mayor parte de los ciudadanos varones y a la totalidad de las mujeres. Hasta el periodo objeto de estudio en esta obra [1875-1914], su fundamento inquebrantable era la distinción entre lo que la mente lógica de los franceses había calificado en la época de Luis Felipe como “el país legal” y “el país real” (le pays légal, le pays réel). El orden social comenzó a verse amenazado desde el momento en que el “país real” comenzó a penetrar en el reducto del país “legal” o “político”, defendido por fortificaciones consistentes en exigencias de propiedad y educación para ejercer el derecho de voto y, en la mayoría de los países, por el privilegio aristocrático generalizado, como las cámaras hereditarias de notables.21
En México no había privilegios aristocráticos generalizados ni cámaras hereditarias de notables, pero sí existía la posibilidad de articular alianzas políticas entre élites locales y grupos políticos nacionales, amalgamadas en la mayoría de los casos por los intereses económicos de sus integrantes, o en su defecto, de sus patrocinadores. De ahí que algunos autores, como Manuel Calero, cuestionaran la utilidad del sufragio universal en un país donde seguían pesando más los cacicazgos políticos y económicos y donde no había ni la instrucción necesaria para que los electores pudieran comprender la importancia de su voto, ni la costumbre de ejercer este derecho. Sobre esta cuestión, señaló que:
Para estos casos la ciencia aconseja, de acuerdo a lo que se practica en países más civilizados que el nuestro, que se permita a cada Estado darse la legislación electoral que cuadre a las condiciones de su pueblo, para que éste tenga la participación en la cosa pública que legítima y racionalmente debe tener, con las amplitudes o restricciones que cada caso exija. Mas este principio debe respetarse, sin quebrantamientos: el derecho al sufragio no debe otorgarse a las grandes masas estultas e ignorantes.22
En opinión de quienes fundamentaron la crítica de la Constitución de 1857 en una perspectiva positivista de la sociedad y de la historia, su problema fundamental era que estaba basada en principios “metafísicos”, ajenos a la realidad social del país, por lo que no podía ofrecer una base de organización política adecuada. En las postrimerías del Porfiriato, Ricardo García Granados se refirió así a los problemas que planteaba la inadecuación de las instituciones políticas a la realidad social del pueblo mexicano:
