Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
El Centro de Investigación Periodística (CIPER) es una fundación independiente, sin fines de lucro. Su misión es publicar reportajes de acuerdo a principios de máxima calidad e integridad profesional. CIPER no tiene filiación política ni partidista. Su principal objetivo es la fiscalización del poder político, económico y social, para resguardar el buen funcionamiento de la democracia. CIPER se financia a través de donaciones y sus aportantes no condicionan su línea editorial. Su principal fuente de recursos son los socios de la Comunidad +CIPER, personas que aportan una cuota mensual para que el trabajo de CIPER esté al alcance de todos los ciudadanos. CIPER también recibe aportes de la Universidad Diego Portales (UDP) y de la Fundación Böll. Desde su creación en 2007 ha contado con donaciones del Grupo Copesa, del Grupo Sura, de la Open Society Foundation, del Fondo Velocidad y de la Fundación Ford. CIPER fue creado por Mónica González (Premio Nacional de Periodismo 2019), quien preside la Fundación CIPER y fue directora de su equipo periodístico hasta abril de 2019. Hoy, su director es Pedro Ramírez. Este cuarto volumen de Lo mejor de CIPER reúne una selección de artículos de alto impacto publicados entre 2015 y 2020, varios de los cuales fueron premiados. El libro es fruto del convenio entre CIPER y el Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos (CIP), de la Facultad de Comunicación y Letras de la UDP, que tiene entre sus objetivos prioritarios desarrollar y promover el periodismo de investigación en Chile.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 545
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
CENTRO DE INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA
Centro de Investigación periodísticaLo mejor de Ciper 4 / El periodismo que remece a Chile
Santiago de Chile: Catalonia, Periodismo UDP, 2020
ISBN: 9789563247985ISBN Digital: 9789563248005
PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN CH 070.40.72
Este libro forma parte de la colección de periodismo de investigación desarrollada al alero del Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos (CIP) de la Facultad de Comunicación y Letras UDP.
Diseño de portada: Trinidad Justiniano Edición: Andrea PaletCoordinación editorial: Andrea Insunza Diseño y diagramación: Sebastián Valdebenito M.Dirección editorial: Arturo Infante Reñasco
Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, en todo o en parte, ni registrada o transmitida por sistema alguno de recuperación de información, en ninguna forma o medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin permiso previo, por escrito, de la editorial.
Primera edición: septiembre, 2020
ISBN: 978-956-324-798-5ISBN Digital: 9789563248005Registro de Propiedad Intelectual: Nº
© Ciper, 2020
© Catalonia Ltda., 2020Santa Isabel 1235, ProvidenciaSantiago de Chilewww.catalonia.cl – @catalonialibroswww.cip.udp.cl/investigacion - @cip_udp
Era una carpeta de cartón con ganchos metálicos, de esas que se cuelgan en un kárdex. En su interior había decenas de pequeños recortes de diario, muchos de ellos ya amarillos con el paso del tiempo. A mano llevaban escrito el medio y la fecha de publicación, con la cuidada caligrafía de la periodista Mónica González, fundadora y entonces directora de CIPER. Dos elásticos cruzados impedían que los recortes se salieran por los lados. Una de las cientos de carpetas del archivo de Mónica, quien desde los años ochenta cada día se levanta muy temprano para leer, recortar y etiquetar los artículos que se publican en cada uno de los diarios nacionales, desde La Cuarta al Diario Financiero, de la sección Vida Social hasta Economía. La tapa de la carpeta en cuestión tenía escrito con un plumón “Carabineros”, o quizás “Delitos de Carabineros”, ya no lo recuerdo bien. Sí sé con certeza que los recortes que contenía eran una impresionante recopilación de décadas de delitos protagonizados por miembros de la policía uniformada chilena.
Los buenos periodistas de investigación se caracterizan por guiarse por obsesiones. Cada uno tiene la suya. Podría creerse que la de Mónica González es leer y recortar diarios, pero no, eso es pura disciplina. En lo que sí es obsesiva es en buscar patrones y transformarlos en el punto de partida de reveladores reportajes. En este caso hacía años que había notado que el volumen de delitos cometidos por efectivos de Carabineros se salía de lo normal. La institución parecía limpia, pero al mirar con un poco más de atención quedaba claro que eso era un espejismo.
Cuando fundó el Centro de Investigación Periodística, CIPER, en mayo de 2007, Mónica ya arrastraba esa obsesión periodística, entre muchas otras. Parecía contraintuitivo, pues en todas las encuestas Carabineros estaba en el tope del ránking de instituciones más confiables para los chilenos. Ese mismo año, y con esos recortes como gatillantes, el periodista Pedro Ramírez –hoy director de CIPER– publicó “Paco-ladrón: delincuentes de uniforme”, la primera investigación que detallaba robos y asaltos cometidos por carabineros. Con los años llegó un punto en que CIPER pudo fácilmente haber tenido una sección dedicada a ellos. Ya no eran solo delitos comunes cometidos por policías solitarios, sino fraudes en licitaciones millonarias, que requerían de la participación de altos funcionarios y la coordinación de múltiples actores. Recuerdo bien cuando un general director se reunió conmigo alarmado por la cantidad de denuncias contra su institución, que se esforzaba en mostrar como un ejemplo de probidad. Eran casos aislados, se insistía.
Por eso, cuando en 2016 estalló el “Pacogate” y se hizo evidente que Carabineros era una institución corrupta a todo nivel, los periodistas de CIPER no se sorprendieron. Llamaba la atención el volumen del fraude, pero hacía años que sabían que la corrupción estaba enquistada y que sus autoridades eran al menos cómplices, por no mostrar voluntad de investigar y sancionar. “Más de 40 alertas que nadie quiso escuchar”, resumió entonces uno de sus artículos.
Por qué cuento esta historia: por años CIPER se ha dedicado a investigar y mostrar las grietas del sistema; desarrolló un método de reporteo que mezcla fuentes documentales y testimoniales e ilumina asuntos que pasan desapercibidos al resto. En muchas ocasiones sus reportajes tuvieron impactos inmediatos y tan relevantes como la anulación del Censo de 2012; sin embargo, otras veces, como en parte sucedió con Carabineros, implicaron grandes esfuerzos que no se tradujeron en cambios estructurales. Lo sé porque trabajé en CIPER desde su fundación hasta 2017, con un paréntesis de dos años en que estudié fuera de Chile. Fui reportera, editora y subdirectora. Lo que busca el periodismo de investigación es generar cambios y cuando estos no ocurren es frustrante. Hubo reacciones a los reportajes de CIPER, se anularon licitaciones, se iniciaron procesos judiciales e incluso un general director debió renunciar, pero en términos globales la ciudadanía no parecía percibir la gravedad de la descomposición y no hubo un cambio sistémico.
Menciono el caso de Carabineros porque es uno de los temas en que este centro de investigación periodística detectó un problema con anticipación y lo convirtió en una línea investigativa. Diría incluso que se adelantó demasiado y fueron otros los que capitalizaron el gran golpe, pero el diagnóstico estaba ahí. Cuando en octubre de 2019 se produjo el llamado estallido social, políticos e intelectuales repitieron como un mantra que “nadie lo vio venir”, como lavándose las manos. No supe, no podía hacer nada. En términos literales, es cierto que “nadie lo vio venir”, pues todos quedamos –y aún estamos– perplejos con la violencia y profundidad de la crisis, pero el fondo de las demandas se encuentra desde hace años contenido en los reportajes de CIPER. Latente. Ahí está el trabajo de un equipo cuya misión es mostrar las injusticias y revelar las irregularidades del sistema.
Este libro contiene reportajes publicados antes y después del estallido social. Hay, por supuesto, un capítulo dedicado a Carabineros. Pero el papel y este objeto maravilloso que es el libro impreso tiene una limitación: el espacio. Por eso, no contiene todos los reportajes que se encuentran en el sitio de CIPER y que dan cuenta de lo que se veía venir y lo que se vino. Un archivo de enorme utilidad pública que consultan recurrentemente quienes quieren entender ciertos procesos. Sí está la reconstrucción del asesinato del joven mapuche Camilo Catrillanca, que además del horror de su muerte mostró que la corrupción en Carabineros no solo se traducía en el robo a manos llenas sino que sus funcionarios eran capaces de matar, mentir y ocultar. Que quienes deben protegernos pueden ser nuestros victimarios. También nos mostró de manera dramática la represión que por décadas la policía ha ejercido impunemente contra el pueblo mapuche, incluso involucrándolo en montajes como las chapucerías de la Operación Huracán, también expuestas en este volumen.
Luego están algunos de los reportajes publicados tras el estallido. Dan cuenta de otro importante rol de CIPER, que es mostrar aquello que los medios tradicionales no publican. Si la televisión y los diarios se concentran en la violencia y el impacto económico de la crisis, CIPER investiga los abusos de poder y lo hace con una mirada humana y ciudadana, consciente de que las víctimas son personas y de que estamos frente a vulneraciones de los derechos humanos.
La segunda parte de este libro está dedicada a los abusos en la vida cotidiana. Los expertos se debaten en explicaciones sobre el origen de la revuelta y quien ensaye una respuesta unívoca es poco creíble, pero sin duda la sensación de abuso sistemático es uno de los motores que sostiene el movimiento. Parte en la desigualdad, pero se traduce en múltiples situaciones en que las ganancias y garantías a las grandes empresas se han privilegiado sobre los derechos de los ciudadanos. El caso de los medidores de luz “inteligentes” es un ejemplo que puede parecer pequeño, pero la indignación de los lectores tras la publicación del reportaje fue una fuerza poderosa. El elevado endeudamiento de los chilenos es otro de los malestares transversales. Si un amplio acceso al crédito y a diversos servicios financieros puede considerarse un paso hacia el desarrollo, la evidencia demuestra que en Chile el camino está lleno de abusos. También el negocio del agua ha sido investigado en todos sus ángulos por CIPER. El reportaje seleccionado muestra una arista poco abordada y bien podría titularse con el eslogan que surgió con el estallido: “No es sequía, es saqueo”.
El Sename ha sido quizás el servicio público más cuestionado por la ciudadanía en los últimos meses. Los muros están llenos de rayados demandando justicia para los niños vulnerables. Por años CIPER ha hecho dramáticas revelaciones sobre lo que pasa en sus instalaciones, y en este libro se demuestra con datos duros que las autoridades ocultaron cómo se han violado sistemáticamente los derechos de los niños que debían ser protegidos por el Estado.
La tercera parte de este libro indaga en una serie de mecanismos mediante los cuales la elite económica del país, incluido el presidente, evade o elude impuestos, menguando las arcas fiscales y perjudicando a los más pobres. Un tema complejo, que CIPER ha investigado de manera independiente y en alianzas globales, como la que publicó la serie de los Panamá Papers en 2016.
La arremetida del narco y el descrédito de la política eran los temas que cerraban originalmente este volumen. Como lo demuestran los reportajes, hay vasos comunicantes entre ambos: el narcotráfico afecta la vida cotidiana de los chilenos que viven en las áreas urbanas más descuidadas por el Estado, y la impunidad ante los abusos en el financiamiento de los políticos produce una indignación que se ha hecho sentir en las calles en el último tiempo.
La pandemia se añadió como una sección final de este libro, cuya publicación se retrasó producto de la aparición del Covid-19. El virus puso a prueba el sistema público de salud, el mismo que el exministro del ramo Jaime Mañalich calificó como “uno de los mejores y más eficientes del planeta”. Para los usuarios, que no conocen la salud en el resto del planeta, la declaración pareció una burla, que se sumó a la ya polémica idea de un subsecretario que dijo que la gente va a hacer vida social a las colas de los consultorios. En la misma línea lógica, la pandemia se enfrentó como si fuera una guerra en que las armas eran los ventiladores, con partes diarios para mostrar cómo le vamos ganando al enemigo y al resto del planeta. Como era previsible, la puesta en escena escondía el avance de la pandemia y miles de muertos.
La imagen de Chile que muestra este trabajo está lejos de ser la del oasis del que se jactaba el presidente Piñera antes de que el país estallara en demandas inmanejables para su gobierno. Es, en cambio, un retrato que se parece mucho más al país por el que la gente reclama en la calles.
Francisca Skoknic
En los últimos años la confianza ciudadana en las instituciones se derrumbó sin freno. El gobierno, el Congreso Nacional, la justicia, los partidos políticos, la Iglesia Católica y el empresariado, entre otros estamentos de la elite dirigente, fueron perdiendo legitimidad hasta casi tocar el piso en las encuestas. Pero, contra la corriente, Carabineros seguía en la cúspide de la popularidad.
La seguridad ciudadana se convirtió en una de las demandas más sentidas y el rol de la policía en el combate a la delincuencia, abonado por una imagen de cuerpo incorruptible, le aseguró los primeros puestos en los sondeos de opinión. Hasta el 6 de marzo de 2016. Ese día el entonces general director Bruno Villalobos reconoció la existencia de un fraude interno que terminó empinándose hasta casi $29.000 millones. La caída de Carabineros había comenzado.
Convertida ahora en una de las instituciones más cuestionadas desde que se iniciaron las manifestaciones de octubre de 2019, la descomposición de Carabineros empezó a quedar al descubierto mucho antes. CIPER, por ejemplo, investigó las mentiras de esa institución y del Ministerio del Interior sobre el asesinato del comunero Camilo Catrillanca y las falsedades que rodearon a la Operación Huracán, dejando en evidencia el oscuro actuar de una policía que hoy –según diversas figuras públicas– requiere una refundación urgente. Esa urgencia se acrecienta después de los hechos de violencia policial vividos durante la revuelta social: CIPER recorrió hospitales en toque de queda, mostró a los heridos y muertos a manos de policías que el gobierno en un principio se negó a reconocer, y documentó la actuación de los uniformados que dejó a Geraldine Alvarado, de 15 años, al borde de la muerte.
General Franzani viajó con abogados a revisar versión oficial que falseó los hechos
Pedro Ramírez y Nicolás Sepúlveda 4 de diciembre de 2018
CIPER reconstruye minuto a minuto la jornada en que Camilo Catrillanca fue asesinado, y cómo fue cambiando la versión de Carabineros. Más de 40 efectivos participaron en el operativo, y se dispararon 406 tiros y 150 lacrimógenas. Esa misma noche, antes de que los policías declararan en la Fiscalía, hubo reuniones entre oficiales de alta graduación, liderados por el general Christian Franzani, quien viajó desde Santiago con abogados que revisaron el informe oficial del procedimiento. Lo que se acordó en esas reuniones es una pieza clave después de que el carabinero que disparó a Catrillanca dijo que fueron obligados a mentir.
La jornada escolar del miércoles 14 de noviembre ha concluido y tres autos abandonan en caravana la escuela rural de Santa Rosa. Los conducen las profesoras I.F.A. (51 años), M.M.M. (39) y K.S.A. (27). Como casi todos los días, las docentes se dirigen en grupo hacia la ruta R-50 que lleva a Ercilla. Pero esta vez no lo hacen por el camino vecinal que ocupan habitualmente. Deciden internarse por una ruta alternativa. Avanzan en fila india, los tres vehículos son de color gris, y en uno de ellos, el que conduce M.M.M., van dos niños de nueve años: C.A.S.M. y N.S.C.M. Apenas unos minutos después se encuentran con la vía bloqueada por un cerco de tres hebras de alambre de púas y gruesas ramas de eucaliptos. Mientras deciden si se bajan a despejar la ruta o volver, cuatro encapuchados surgen del bosque. Las intimidan con armas de fuego, un hacha y un machete.
Las profesoras están aterradas, los niños gritan, los encapuchados las insultan y golpean las ventanillas. Los obligan a bajar de los autos. El Nissan March 2017, el Chevrolet Sail 2011 y el Great Wall M-4 2017 se pierden en el camino. Se ha iniciado el escape de los asaltantes. Una de las profesoras vence sus nervios y marca el número de Carabineros.
El reloj comienza a correr en contra de los cuatro ladrones, de la patrulla del GOPE que irá tras ellos en primera línea y de Camilo Catrillanca.
Los detalles del infierno que viven las tres maestras y los dos niños quedarán registrados en el parte-denuncia elaborado esa misma tarde por el sargento Juan Cid, quien entrevistará a las víctimas apenas media hora después del violento asalto.
A la misma hora en que las profesoras son abandonadas en el camino, pero unos cuatro kilómetros al surponiente, el comunero Camilo Catrillanca (24 años) está terminando el radier de la casa que se está construyendo cerca del sector de La Laguna, en el ex fundo La Romana, al interior de la comunidad Temucuicui Tradicional. En la labor de albañilería le han ayudado los hermanos Henry y Jesús Millanao Cañuta, Nelson Quilape Colipi, Jorge Palacio Cañuta y su hijo, M.P.C., de 15 años. No es la primera vez que le colaboran con la construcción de la vivienda. Todos llegaron cerca de las nueve de la mañana en la camioneta de Quilape, cuñado de los Millanao, y pararon solo para almorzar juntos. Catrillanca, satisfecho por el trabajo y agradecido de sus amigos, anuncia que matará un cordero para ellos, como es tradición en el campo. Mientras Jesús Millanao sigue tirando las últimas paladas de material al radier, el resto comienza los preparativos para el asado. Y si van a matar un cordero, habrá que preparar ñache con la sangre; no hacerlo sería un desperdicio. Reparan en que no tienen cilantro, indispensable para el ñache. Catrillanca no tiene huerta en su nueva casa, pero en la de su madre sí hay, así que parte a buscar verduras.
Se va en el tractor azul que la comunidad ha dejado a su cargo. M.P.C. le acompaña. Cada vez que puede, el adolescente se sube al tractor con Catrillanca. No solo porque son muy amigos, sino porque el chico quiere aprender a manejar la máquina.
Los detalles del último día de Camilo Catrillanca quedarían registrados en las declaraciones a la Fiscalía de las cinco personas que le acompañaron esa jornada, todas tomadas la tarde del miércoles 21 de noviembre, salvo la de M.P.C, que declaró el lunes 19 al mediodía.
En la 2a Comisaría de Fuerzas Especiales del sector de Pailahueque (Ercilla) se recibe el mensaje de Cenco (la Central de Comunicaciones de Carabineros) que alerta sobre el asalto a las profesoras y los niños. El escape de los asaltantes está en curso. Aún pueden detenerlos. En la unidad policial –que antes de convertirse en comisaría albergó el liceo donde estudió Camilo Catrillanca– se vive la tensión de los preparativos para un procedimiento en una zona de alta conflictividad.
Solo dos días antes, el lunes 12 de noviembre, las patrullas habían recuperado una camioneta Ford Ranger de color rojo, encargada por robo. La encontraron abandonada en los alrededores del sector de La Laguna. Un grupo al mando del capitán Gerard Salazar Monsalve participó en la recuperación de la Ford Ranger, que apareció prácticamente en el mismo lugar donde después quedaría, al borde del camino, el tractor azul de Catrillanca. Por esa razón, en la nueva alerta por robo las patrullas se encaminan rápidamente a esa zona: La Laguna y El Pozón. Y como en el procedimiento del lunes 12 el carro comandado por el capitán Salazar había sido blanco de numerosos disparos, el oficial dijo a la Fiscalía que se había ordenado a todos los funcionarios disponibles “salir a apoyar” en esta nueva persecución.
El personal estaba tenso. Cerca de 50 carabineros llegarían esa tarde hasta el lugar donde Catrillanca cayó herido de muerte, y a custodiar los caminos adyacentes. Al cierre de la jornada, cuando el último carabinero abandonó la comunidad de Temucuicui, a eso de las 21:30, las fuerzas policiales habían disparado 406 tiros, tanto de pistolas de 9 mm como de subametralldoras UZI y Mini UZI (también de 9 mm) y escopetas calibre 12 con “cartuchos tácticos de plomo”. Además, se percutaron 150 cartuchos de carabinas lanzagases y 50 tiros con perdigones de goma.
El detalle del fuego que salió de las armas de los carabineros quedaría consignado en el documento “Relación de los hechos y consumos del personal FFEE con motivos del procedimiento del robo de vehículos”, firmado por el mayor Christian Fernández Opazo, comisario de la unidad establecida en Pailahueque.
El helicóptero C-02 de la Sección Aérea Araucanía despega desde la Comisaría de Fuerzas Especiales de Pailahueque. Lo tripulan el piloto, capitán Axel Hoger Guzmán; el copiloto, teniente Sebastián Flores Henríquez, el paramédico Germán Ramírez Moraga y dos funcionarios del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE)1 de Carabineros: el suboficial Héctor Vásquez Correa y el cabo Ignacio Elgueta Ancalaf.
El piloto se entera, por las comunicaciones en la frecuencia radial, de que se han avistado los tres autos cerca de un lugar conocido como Tres Puentes. Así, orienta el vuelo a esa zona, al interior de la Comunidad Temucuicui, en los terrenos del ex fundo Alaska. La semana anterior, declararía después el oficial a la Fiscalía, había sobrevolado el mismo sitio en busca de otro vehículo con encargo por robo. Y lo habían encontrado. En esta nueva misión, sobre los alrededores de la zona conocida como La Laguna, el capitán Hoger ve dos de los tres autos arrebatados a las profesoras. Avanzan hacia el sur por un camino principal. Se pierden, a ratos, por la espesura del bosque. El oficial pide a su tripulación que comuniquen al personal en tierra que ya tienen los vehículos a la vista, que transmitan las coordenadas. Decide ejecutar giros amplios, a unos mil metros de altura, para no perderlos.
El carro blindado J 040 con cinco tripulantes del GOPE es el primero que llega a la zona donde se han avistado los autos robados. El jefe del grupo es el suboficial Patricio Sepúlveda Muñoz; lo secundan el sargento 1° Carlos Alarcón Molina, el sargento 2° Raúl Ávila Morales, el cabo 1° Braulio Valenzuela Aránguiz y el chofer del carro, cabo 1° Gonzalo Pérez Vargas.
Desde el helicóptero C-02, el suboficial Héctor Vásquez despacha por WhatsApp las coordenadas a sus compañeros del GOPE que están en tierra. El carro J 040 va en esa dirección. Es el primero en la línea de posible contacto con los sospechosos. A varios minutos le siguen tres carros de Fuerzas Especiales.
La patrulla del GOPE se encuentra con tres cortes de camino. Son árboles cruzados en la vía. Sortea los dos primeros, pero el tercero los detiene por más tiempo del que pueden permitirse. El conductor, el cabo Pérez, se queda en el carro. Los otros cuatro deciden avanzar a pie, “de infantería”, dirán en sus primeras declaraciones ante la Policía de Investigaciones (PDI) esa misma noche. En esos testimonios iniciales asegurarán que fueron blanco de disparos en ese desplazamiento. Pero no era cierto. Todos los demás efectivos policiales que participaron ese día en el operativo declararán ante la Fiscalía que hasta ese momento no habían recibido ningún tipo de disparos y que no hubo enfrentamiento.
Los cuatro efectivos del GOPE avanzan conforme a la técnica de “patrulla rural”. El sargento Alarcón como punta de lanza a la derecha del camino. Un poco más atrás, a la izquierda de la vía, marcha el sargento Ávila. Detrás de Alarcón va el suboficial Sepúlveda. Cerrando la formación, atrás y a la izquierda de la ruta, el cabo Valenzuela. Alarcón, Ávila y Sepúlveda llevan carabinas M4, con munición de 5.56 mm. Valenzuela, una escopeta calibre 12.
Desde el aire, los tripulantes del helicóptero ven detenerse a los dos autos que escapan. Se bajan tres sujetos. Uno con chaqueta o polerón –a mil metros de altura no es fácil distinguirlo– de color café. Los otros dos, no hay dudas, dicen, visten ropas oscuras. También ven un tractor azul que avanza por el camino principal. El piloto Hoger y el suboficial del GOPE Héctor Vásquez asegurarán que vieron a dos de los ocupantes de los autos, los que vestían ropas oscuras, abordar el tractor. Los otros tres tripulantes del helicóptero declararán que no fueron testigos de ello, que por los giros amplios de la aeronave a veces quedaban sin campo visual.
Vásquez declarará a la Fiscalía que fue él quien avisó por radio al personal en tierra que los sospechosos avanzaban hacia ellos a bordo de un tractor.
Antes de tener contacto visual con el tractor, Alarcón hace ocho disparos a una “zona segura”, como tiros de advertencia, y siente que Ávila hace uno. Cuando finalmente ve el tractor, lo observa dar media vuelta y lo pierde de vista en una curva. Cuando vuelve a verlo, la máquina pierde velocidad y se va contra la orilla hasta detenerse. Entonces ve a un sujeto que baja –es el joven M.P.C.– y Ávila lo reduce sobre la orilla derecha del camino en el sentido en que avanza la patrulla. El conductor del tractor sigue sentado frente al volante. Está inclinado hacia adelante y recostado sobre su derecha. Tiene una herida de bala en la nuca. Camilo Catrillanca agoniza.
Tres o cuatro minutos después llegan los primeros efectivos de Fuerzas Especiales e intentan reanimar a Catrillanca. Lo evacúan en un carro policial rumbo a Ercilla. La patrulla del GOPE sigue en busca de los autos robados, hasta dar con ellos. Detienen a M.P.C. y lo conducen a Collipulli. En su declaración dirá que fue golpeado e insultado por los carabineros.
El sábado 17, en una nueva declaración, el sargento Alarcón dirá que al hacer contacto con el tractor, informado por el personal del helicóptero que en él iban los sospechosos, les ordenó detenerse, pero al ver la maniobra evasiva de Catrillanca disparó al vehículo, aunque a una zona baja. También reconocerá que los ocupantes del tractor no iban armados. La versión inicial, que sostendría que el tractor se había cruzado en la línea de fuego durante un enfrentamiento, se va al suelo.
M.P.C. declarará que en el tractor solo iban él y el comunero. Que al ver a los carabineros Catrillanca dio media vuelta y que de inmediato se escucharon los disparos. “Agáchate”, le alcanza a decir. Cuando el adolescente lo mira, ve un líquido amarillo que le sale de la nariz. El tractor se detiene y el menor baja con los brazos en alto.
En la casa a medio construir de Catrillanca prosiguen los preparativos para el asado. De pronto, desde el camino se escuchan gritos. “¡Hay un herido!”. Los amigos del comunero y el padre de M.P.C. se enteran de lo ocurrido. Vuelan a Ercilla en la camioneta de Quilape. Desde el helicóptero de Carabineros se aprecia movimiento de vehículos y personas que se dirigen al lugar donde han herido a Camilo Catrillanca.
El comisario de Fuerzas Especiales Christian Fernández es uno de los primeros en llegar, detrás de la patrulla del GOPE. Ordena asegurar el perímetro y distribuye a sus hombres para que eviten nuevos cortes de caminos, con el fin de facilitar la evacuación de los policías y la salida de los vehículos robados. Se le ordena permanecer en el sitio a la espera de personal de la PDI que debe hacer pericias en el tractor. Quince minutos después de la evacuación del herido, declarará el comisario, comienzan a sonar disparos, posiblemente de fusiles y subametralladoras de 9 mm, contra los efectivos apostados en la zona. El fuego se acentúa, dice, lo que explicaría el alto consumo de munición de las Fuerzas Especiales esa tarde, en respuesta a las agresiones.
En la misma caravana policial que lleva a un desnudo y agonizante Camilo Catrillanca hasta al Cesfam2 de Ercilla va el menor M.P.C. Allá lo buscará su familia y una abogada del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Su presencia será la llave que permitirá más tarde derrumbar la falsa tesis policial que buscaría presentar la muerte de Catrillanca como producto de un enfrentamiento. M.P.C. daría su primer testimonio pasada la medianoche.
A las 21:30 le informan al comisario Fernández que la PDI no irá al lugar. Se repliega con sus hombres.
El comisario Fernández llega a su unidad entre las 22:30 y las 23:00. Ordena hacer “la cuenta” de las acciones que ejecutó su personal y la munición ocupada. Pide que lo hagan antes de partir a la Fiscalía de Collipulli, pues ya sabe que hay orden de que todos concurran a declarar esa misma noche.
Solo entonces se entera de que en la comisaría hay una reunión en la que participan los generales Christian Franzani –director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, que ha llegado desde Santiago– y Mauro Victtoriano, además del teniente coronel Rodrigo Sotomayor y otros oficiales que no recuerda.
Todas las declaraciones recogidas por la PDI y la Fiscalía desde la noche del 14 de noviembre indican que Carabineros no recibió ningún disparo al momento de encontrarse con el tractor azul. Los disparos que salieron de sus armas tampoco fueron “disuasivos”. Una de esas balas impactó directamente en la nuca de Catrillanca y penetró 16 centímetros en la cabeza. Se lee en el informe de autopsia, realizada la madrugada del 15 de noviembre:
“El trayecto del proyectil es rectilíneo, sin salida de proyectil, y cuya trayectoria medida con estilete es de 16 cm de longitud, yendo desde el orificio de entrada (en región parietal posterior izquierda) hasta la zona frontal anterior izquierda, siendo por lo tanto de atrás hacia adelante y ligeramente de abajo hacia arriba, encontrándose fragmentos metálicos de color plateado y dorado en cara interna del cuero cabelludo en zona frontal izquierda”. Otras pericias establecieron que no había rastros de alcohol en la sangre del comunero, y tampoco de pólvora en sus manos.
Más tarde los cinco efectivos del GOPE que participaron del operativo dirían a los fiscales que ninguno portaba una cámara que registrara el procedimiento. También era falso. El sargento 2° Raúl Ávila sí tenía atada su cámara Go Pro a su casco, pero destruyó la tarjeta de memoria con una tijera, eliminando la evidencia.
¿Qué pasó entre las 16:45, cuando Catrillanca cayó herido, y las 23:00 de ese 14 de noviembre, cuando los efectivos del GOPE llegaron a declarar a la Fiscalía acompañados de un abogado? ¿Quiénes participaron en la elaboración de la versión falsa?
Según las distintas declaraciones policiales entregadas a la Fiscalía, tanto por efectivos de Fuerzas Especiales como por miembros del GOPE, hasta aproximadamente las 21:00 estuvieron en Temucuicui resguardando el tractor azul e intentando sacar de la comunidad los tres vehículos robados a las profesoras. Las versiones coinciden en que después de conocerse la muerte de Catrillanca los carabineros sí fueron objeto de ataques armados desde los bosques de Temucuicui.
El jefe de la sección aérea de La Araucanía, capitán Franco Argento Rojas, declaró que hasta la Comisaría de Fuerzas Especiales de Pailahueque llegaron oficiales de alta graduación que mantuvieron reuniones mientras el personal se preparaba para prestar declaración en el Ministerio Público: “Mientras esperaba en Pailahueque llegaron gran parte de los vehículos que habían participado en el procedimiento, además de los funcionarios a cargo. En el lugar se realizaron conversaciones informales acerca de lo que había acontecido, donde todos daban información de lo que había ocurrido y de la parte del procedimiento en la que habían intervenido. No participé en reuniones formales. El oficial de mayor grado en Pailahueque en ese momento era el general Victtoriano. Tomé conocimiento de que concurriría al lugar el general Franzani, pero solo lo vi cuando me encontraba declarando en la Fiscalía de Collipulli, pues él concurrió a saludar a los carabineros que estaban allí”.
El comisario Christian Fernández ratificó en su declaración que el general Christian Franzani sí acudió a esa unidad policial la noche del 14 de noviembre: “En la comisaría de Fuerzas Especiales se constituyó en horas de la noche mi general Christian Franzani Cifuentes. Entiendo que la concurrencia de mi general Franzani se debió a la gravedad de la situación que enfrentábamos”. El comisario Fernández informó también a la Fiscalía que esa misma noche, y antes de que los carabineros declararan, en su unidad se realizó una reunión donde participaron Franzani, el general Mauro Victtoriano, entonces jefe de la Zona de La Araucanía, el teniente coronel Sotomayor y otras personas que no recuerda: “Yo llegué después de que se había iniciado esa reunión y por lo que me dio la impresión era para comentar en términos informales los hechos que habían acontecido. Permanecí muy poco en la reunión, pues mi general Franzani debía concurrir a Collipulli. Al momento de asistir a la reunión recuerdo haberles exhibido un video grabado con la cámara que yo portaba, donde se apreciaban los primeros auxilios prestados al lesionado”.
Quien sí entregó más detalles de esas reuniones fue el teniente coronel y subprefecto de Fuerzas Especiales José Augusto Correa. El oficial declaró ante el Ministerio Público que estuvo en Temucuicui hasta pasadas las 21:00, cuando logró salir y llegar a esa comisaría: “En Pailahueque se reunió una gran cantidad de gente, no sé en qué orden ni cuándo fueron llegando. Pero sí recuerdo que se encontraba en el lugar mi general Franzani junto a tres abogados de la institución a quienes no conocía; mi general Victtoriano; el coronel Jorge Contreras; el comandante Sotomayor; el comandante Pincheira; los comisarios Claudio Donoso, Manuel Martínez, Christian Fernández y el abogado Cristián Inostroza”.
El relato de José Augusto Correa continúa: “Tomé conocimiento de que mi general Franzani sostuvo una reunión con algunas personas en la oficina del prefecto, pero no fui convocado a ella. Cerca de las dos de la madrugada del día 15 de noviembre concurrí a Ercilla junto con mi coronel Contreras, donde permanecí hasta aproximadamente las cuatro de la madrugada, regresando finalmente al cuartel de Pailahueque”.
El coronel Jorge Contreras, jefe de las Fuerzas Especiales en La Araucanía, también entregó su testimonio a los fiscales. La información aportada por este oficial es la más aclaradora, ya que pone en duda que el personal del GOPE que participó directamente en la muerte de Catrillanca no haya recibido órdenes para mentir. En su declaración afirmó que él no ejercía ningún tipo de mando sobre el GOPE, y agregó: “De acuerdo a mi conocimiento y experiencia, el personal del GOPE se caracteriza por la cultura de lealtad que rige sus actos tanto con sus miembros como con la institución; si usted me pregunta, me cuesta creer que el funcionario del GOPE que mintió sobre la existencia de la cámara de grabación en el procedimiento lo hiciera por iniciativa propia, aunque no tengo ninguna prueba de lo contrario”.
En esa misma declaración, Contreras detalló las reuniones que se sucedieron en la Comisaría de Pailahueque: cerca de la medianoche del 14 de noviembre observó que, en un apartado ubicado al lado de su oficina, estaban reunidos el general Victtoriano, el comandante Correa, el jefe del GOPE y los pilotos de los dos helicópteros que participaron del operativo, entre otras personas. La presencia de los pilotos en esa reunión no es un detalle, ya que el capitán Hoger fue quien afirmó después ante la Fiscalía haber visto que los sospechosos del robo habían abordado el tractor de Catrillanca. Ese antecedente fue el que usaron los efectivos del GOPE para intentar justificar el uso de armamento de guerra en su violento operativo.
Contreras –que debió presentar su renuncia por su responsabilidad en los hechos– entregó a los fiscales otro dato importante: afirmó haber corregido el informe ejecutivo que deben entregar a sus superiores cada vez que ocurre un procedimiento de importancia. Y lo hizo porque a su juicio faltaban detalles relevantes, los que no precisó. También aseguró que no había intervenido en el apartado del informe que describía lo ocurrido con la muerte de Catrillanca y con la detención de M.P.C., porque no había presenciado esos acontecimientos.
Es precisamente esa parte del informe ejecutivo la que contenía la información falsa: que el tractor azul de Camilo Catrillanca se había atravesado en la línea de fuego entre Carabineros y los supuestos atacantes que disparaban a la policía. Con esa redacción, el informe fue visado por los generales Mauro Victtoriano y Andrés Gallegos. Jorge Contreras aseguró además que el informe también lo había revisado un abogado que acompañaba al general Franzani en Pailahueque. El informe fue enviado a la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, a cargo del mismo Franzani.
El viernes 16 de noviembre aterrizó en La Araucanía el general director de Carabineros, Hermes Soto. Según la versión de Contreras, Soto se reunió en la Prefectura de Fuerzas Especiales con todos los uniformados involucrados: los efectivos del GOPE que participaron directamente en el procedimiento y los pilotos de los helicópteros: “Las entrevistas fueron individuales, iban pasando uno a uno. Sin embargo, yo no pude estar presente en ellas pues cuando iban a comenzar el mismo general director me pidió que me retirara”, aseguró Contreras. Según su versión, sí se les permitió quedarse al general Kurt Hartmann (director de Personal), el general Victtoriano, el capitán Escalona, el comandante Sotomayor y el coronel Caneo (de Inteligencia).
Tres días después de los hechos, los cuatro miembros de la patrulla del GOPE modificaron sus testimonios iniciales. El sábado 17 de noviembre, ante la Fiscalía, el sargento Ávila reconoció que había manipulado su cámara Go Pro, borrando evidencia. Y el sargento Alarcón admitió que había disparado contra el tractor apenas lo tuvo a la vista.
Al interior de la 2ª Comisaría de Temuco, donde cumplía prisión preventiva, Alarcón grabó un video que se difundió la noche del domingo 2 de diciembre y dejó al descubierto la incógnita clave: ¿quién o quiénes dieron la orden de mentir? “Nos hicieron mentir (…) todavía falta que salgan cosas a la luz”, dijo Alarcón en el video. Y las miradas volvieron a posarse sobre los oficiales y abogados que se reunieron en la comisaría de Pailahueque horas después del homicidio.
Por más de cuatro horas, 15 carabineros de Fuerzas Especiales –de los más de 40 que se movilizaron el 14 de noviembre– dispararon 406 tiros. Entre las cinco de la tarde y las nueve de la noche se percutaron 210 tiros de pistola, 114 de subametralladoras y 82 escopetazos, además de 150 cartuchos de carabinas lanzagases y 50 tiros con perdigones de goma. Lo dice el informe del mayor Christian Fernández, que también relata que los primeros efectivos de Fuerzas Especiales en llegar hasta el lugar donde Catrillanca perdería la vida fueron los carabineros de la patrulla N°1, en el vehículo J-061. Diez minutos después, mientras el mayor Fernández grababa el lugar, el subteniente Edgardo Aguilar San Martín llegaba en el vehículo J-1206 con la patrulla N°4. Aguilar intentó revivir al comunero usando su “botiquín fiscal táctico”. No lo logró, por lo que, según el informe, evacuaron al herido al Cesfam de Ercilla.
Finalmente, fueron cinco las patrullas que llegaron allí. Después se enviaron otros siete carros, al menos dos de ellos blindados, a evitar cortes de caminos en el área. Les dispararon en los sectores de El Pozón y del ex fundo La Romana, donde Camilo Catrillanca construía su casa.
A las 21:15 les informaron que la PDI no concurriría a periciar el lugar, “dadas las condiciones de luminosidad y de alto uso de armas de fuego por parte de los subvertores”. Solo entonces se ordenó el retiro de las últimas dos patrullas. Antes de irse, tomaron fotos de la escena y recogieron un gorro que había quedado tirado a tres metros del tractor.
* * *
El juicio oral por el homicidio de Camilo Catrillanca se inició el 5 de marzo de 2020 en el Tribunal Oral en lo Penal de Angol. En la audiencia de preparación, en agosto de 2019, la Fiscalía formuló el cargo de obstrucción a la investigación en contra de ocho acusados: el exabogado de Carabineros Cristián Inostroza Quiñiñir; el exjefe del equipo del GOPE que participó en el operativo, Manuel Valdivieso Terán, también acusado de infidelidad en la custodia de documentos; el exsargento 1° Carlos Alarcón Molina, quien además enfrenta el cargo de homicidio; el exsargento 2º Raúl Ávila Morales, acusado también de homicidio e infidelidad en la custodia de documentos; el excoronel Jorge Contreras Figueroa, acusado además de falsificación o uso malicioso de documentos públicos; el excabo 1º Gonzalo Pérez Vargas, también investigado por falsificación o uso malicioso de documento público, el excabo 1º Braulio Valenzuela Aránguiz y el exsuboficial Patricio Sepúlveda Muñoz. De todos ellos, solo Alarcón y Ávila se mantienen con privación de libertad total. El resto de los acusados se encuentra con firma periódica.
Operación Huracán: un correo electrónico se envió cuando ya se habían incautado los celulares
Nicolás Sepúlveda13 de febrero de 2018
El mismo día y hora en que personal de inteligencia de Carabineros periciaba los celulares de los dirigentes mapuche detenidos el 23 de septiembre, el capitán Leonardo Osses envió por correo electrónico a Álex Smith, creador del software Antorcha, un archivo de texto con supuestas conversaciones entre Héctor Llaitul y otros implicados en la causa. Son los mismos diálogos que luego aparecieron en archivos.txt en los celulares de Llaitul. Tres peritajes indican que los archivos no son de mensajería instantánea y que alguien los habría insertado en los teléfonos tras la incautación de la policía.
Un notebook, una flecha y un celular. En ese orden. Los tres emojis estaban en el asunto del correo electrónico que Leonardo Osses Sandoval, capitán y miembro de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros (UIOE), le envió al funcionario civil de la institución Álex Smith Leay el sábado 23 de septiembre de 2017 a las 21:08. Los iconos aparecían en medio de un texto: “Documento de… Ojala Termine”. El correo incluía un archivo adjunto, un documento de texto con el nombre Llaitul.txt.
A esa misma hora, en el cuartel del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) en Temuco, todo era ansiedad y pericias. Pocas horas antes Carabineros y la Fiscalía habían realizado un conjunto de detenciones en el marco de la Operación Huracán, en la que se acusó a ocho comuneros mapuche –entre ellos al líder y vocero de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) Héctor Llaitul– de formar una asociación ilícita terrorista dedicada al incendio de camiones.
En esas frenéticas horas posteriores al operativo policial, en medio de los equipos computacionales instalados en un amplio salón de la sede del Labocar figuraban entre otros el capitán Osses y Smith, “el profesor”, como llaman los funcionarios de Carabineros al civil de 44 años creador del polémico software Antorcha, y que desde enero de 2017 trabaja en labores de inteligencia para la policía uniformada. Así lo refrendan testimonios de policías y fiscales que apuntan a que ambos trabajaron con los softwares con que se periciaron los celulares incautados en el allanamiento.
CIPER comparó el contenido del archivo Llaitul.txt con los chats que aparecieron en los teléfonos incautados, mensajes que un día después se usaron como evidencia en el control de detención y la posterior formalización de los ocho comuneros. El resultado: son los mismos mensajes.
A fines de 2017, cuando ya los imputados en la Operación Huracán estaban en libertad, el Ministerio Público intensificó sus sospechas sobre los chats entregados por la policía uniformada. Había recibido un peritaje encargado a la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (Ulddeco), que determinó que los mensajes .txt encontrados en los celulares de varios de los imputados en la causa no correspondían a archivos de mensajería instantánea, y que incluso algunos de ellos se habían escrito cuando los dirigentes mapuche ya estaban detenidos. Lo corroboraron otros dos peritajes, uno de la PDI y otro de un experto informático de la Universidad de Santiago.
En uno de los celulares del dirigente Héctor Llaitul –marca Lenovo, modelo A319, pantalla trizada–, en el directorio del programa de mensajería instantánea Telegram, estaba el mismo archivo de texto (con la misma extensión .txt) enviado por el capitán Osses al “profesor” Smith la noche del 23 de septiembre. Aunque en el aparato de Llaitul el archivo tenía la denominación “Text.txt”, aparecen los mismos mensajes y en el mismo orden en que se encuentran en el archivo Llaitul.txt.
En conversación con CIPER, el capitán Osses no dio respuesta a esta interrogante. Sí fue enfático en descartar que los aparatos telefónicos hayan sido intervenidos. “En los equipos celulares de los imputados no se instaló ningún archivo. Yo doy fe de eso. Porque se pasaría algún funcionario, de poner un archivo en presencia de todas las personas que estábamos esa noche. Es imposible, realmente es imposible. Sería muy terrible si así fuera”, dijo.
Respecto del asunto del correo que le envió a Smith, en el que figura un notebook con una flecha apuntando a un celular, la explicación del capitán Osses fue que esa sucesión de iconos es la misma que tiene configurada en el estado de su cuenta de WhatsApp, la que tendría sincronizada con su correo electrónico: “En mi teléfono recibía los reportes diarios de la aplicación Antorcha. Yo envié ese archivo al profesor Smith desde mi celular y en mi WhatsApp yo tenía configurado mi estado con esos emojis. El correo lo tengo sincronizado a mi teléfono”.
El intercambio de mensajes alojado en el teléfono de Llaitul parte con un diálogo entre “Matute” y “Negro”. El mismo diálogo aparece en el archivo Llaitul.txt enviado por Osses a Smith, solo con la diferencia de que en ese documento “Matute” es identificado como Jorge Huenchullán y “Negro” como Héctor Llaitul.
-matute: documento.xls-LISTADO-ESCOPETA 6-REVOLVER 10-PISTOLAS 12-FUSIL 2-MUNICIONES-250 CARTUCHOS APROX-550 BALAS 38-84 balas 9-matute: audio.mp3-negro: de argentina me van a llegar-negro: el 15-negro: te envio-matute: GRACIAS-matute: definiendo fecha-matute: antes del 21-negro: te apoyo con 900 lucas
Ese fue uno de los diálogos que alimentó las sospechas en las esferas de inteligencia sobre un intercambio de armamento entre comunidades mapuche de Chile y Argentina. Tema que incluso llevó al subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, a viajar a Buenos Aires para reunirse con la ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich.
En el celular Lenovo de Llaitul, el archivo Text.txt contiene otra conversación idéntica a una que también aparece en el archivo enviado por Osses a Smith el 23 de septiembre pasadas las nueve de la noche. Son los mismos interlocutores:
matute: todo cordinadonegro: donde?matute: miércoles nos juntamos con mi gentenegro: me avisasmatute: cuando me puedes enviar más $ negro: la semana del 20 voy a Santiagomatute: GIFnegro: CAMBIA DE CHIPnegro: QUEMALOmatute: GIFnegro: la misma clave
Las coincidencias siguen. Un tercer chat alojado en el celular Lenovo de Llaitul también figuraba en el adjunto del correo de Osses a Smith. Fechada el 7 de agosto de 2017, la conversación hace alusión a una supuesta coordinación entre Huenchullán (de la comunidad de Temucuicui) y Llaitul (CAM), una alianza improbable que llamó la atención a policías y fiscales de Temuco, y que desde un principio levantó suspicacias sobre las pruebas entregadas por Carabineros. A estos dirigentes se les percibe como representantes de distintas corrientes del movimiento mapuche, cuyas acciones de protesta no confluyen, por diferencias tácticas.
El chat muestra a Llaitul asesorando a Huenchullán en materia de comunicaciones seguras:
negro: guluchenegro: el miercoles nos comunicamosnegro: 20:00matute: oknegro: sin rastros de nadamatute: tengo otro celularnegro: deja siempre celular con el chip pinchado encendidonegro: asi los wn no cachan nadanegro: usa el otromatute: audio.mp3
Justo después de esta conversación, el archivo Llaitul.txt reproduce otro diálogo entre Llaitul y David Cid –uno de los ocho detenidos en el allanamiento de Carabineros el 23 de septiembre–, fechado el 8 de agosto de 2017. Este chat, al igual que el anterior, aparece en el mismo orden en el archivo alojado en el celular Lenovo del dirigente de la CAM.
negro: cordinando 3 antes del 21negro: simultaneosCID: EXCELENTECID: GIFnegro: LA LUCHA SIEMPRECID: GIFnegro: el Huenchullán anda con caganegro: quiere masCID: mándalo a la chuchaCID: balsa con znegro: no es confiablenegro: ya le pase $ negro: jose es mas confiablenegro: en este momeno le están pasando $
El archivo Llaitul.txt enviado por Osses a Smith contiene otro diálogo, fechado el 10 de agosto, que mantiene a los mismos participantes. El archivo del celular Lenovo incautado a Llaitul no hace referencia a fechas, pero la conversación es exactamente igual:
negro: espero que Jaime no falleCID: no creonegro: es como mi hermanoCID: audio.mp3
En los archivos comparados, el orden de estas conversaciones es el mismo. En una nueva conversación Héctor Llaitul aparece con la chapa de “comandante” y David Cid mantiene su denominación.
comandante: cajerosCID: Hablemos por telegramcomandante: okCID: cambio de chips
Luego aparece una nueva comunicación entre Jorge Huenchullán (Matute) y Héctor Llaitul (Negro). Al igual que en las otras supuestas conversaciones, esta se despliega exactamente en el mismo orden en ambos archivos:
negro: guluchenegro: jorge?matute: guluchematute: nos reunimos y decidimosmatute: que va a depender del clima y controlesmatute: ta lleno de pakos kuliaos y Ratisnegro: COMO??negro: QUEDAMOS QUE EL VIERNESmatute: no te lo puedo confirmarnegro: LA CAUSA ES LA AUTONOMIAnegro: DE NUESTRO PUEBLOnegro: Y TE PASE PLATAmatute: no fue mucho
Sigue una supuesta conversación entre Llaitul y su hijo Ernesto, el 11 de agosto de 2017. Luego otra entre Llaitul y David Cid, fechada el 12 de agosto, y un nuevo intercambio entre Llaitul y Huenchullán, diálogo del que se colige la preparación de algún tipo de acción violenta. El siguiente diálogo –que también aparece textual en ambos archivos contrastados– es uno de los que despertaron sospechas cuando se dieron a conocer en la prensa. Se trata de una supuesta mensajería entre Llaitul y Martín Curiche (Kuri), otro de los comuneros imputados, donde al parecer celebran el éxito de una operación.
negro: felicitaciones hermanos!!!!negro: operación exitosaKuri: siempre lucharemosKuri: asta que liberen a nustra gentenegro: GIFnegro: próximo objetivonegro: fuegonegro: camiones correanegro: envio aporte en la semanaKuri: GIF
Las pericias encargadas por la Fiscalía cuando estallaron las sospechas sobre las pruebas de Carabineros ponen en entredicho este diálogo. Según el archivo Text.txt del celular Lenovo de Llaitul, esta conversación se habría generado en Telegram (o al menos ese archivo estaba alojado en una carpeta de esa aplicación), pero en el celular de Martín Curiche otro archivo del mismo tipo, y con el mismo texto, estaba guardado en una carpeta de Facebook Messenger. Es decir, según la inteligencia de Carabineros, este chat habría sido interplataformas: mientras Llaitul conversaba desde Telegram, Curiche lo hacía desde Facebook.
La indagación del Ministerio Público también detectó que en el celular de Martín Curiche había al menos tres archivos .txt casi idénticos, dos guardados en carpetas de Facebook y uno en una carpeta de WhatsApp. El resultado sería que el diálogo con Llaitul se habría producido en WhatsApp, Telegram y Facebook. Más incomprensible aun es que, de acuerdo con las pericias del Ministerio Público, el celular de Curiche no tenía instalado Telegram, y el de Llaitul no tenía instalado WhatsApp ni Facebook.
Uno de los archivos .txt alojados en carpetas de Facebook en el móvil de Martín Curiche registra como fecha de creación el 23 de septiembre de 2017 a las 23:35, es decir, cuando su propietario ya estaba detenido y su celular era periciado por Carabineros. El otro archivo de texto que apareció en una carpeta de Facebook figura con la misma fecha de creación, pero seis minutos antes. El tercer archivo de texto de ese celular, supuestamente de WhatsApp, fue creado el mismo 23 de septiembre a las 21:50.
Hay un patrón en todos estos chats que los peritos descubrieron alojados en celulares de Héctor Llaitul después de que la inteligencia de Carabineros hubiese incautado esos equipos. En todos ellos Llaitul figura prometiendo recursos económicos, coordinando la entrega de armas y planificando acciones que apuntarían a la quema de camiones. Es decir, todos son inculpatorios. Como si nunca hubiera usado los servicios de mensajería para comunicarse con su familia, amigos, o para coordinar una compra en el supermercado.
Las dudas de abogados, peritos, policías e investigadores con los que conversó CIPER se acrecentaron con los peritajes posteriores del Ministerio Público y la PDI. Recuperaron conversaciones de WhatsApp y Telegram, pero ninguna coincide con las que aparecen en los archivos .txt y que dieron origen al cuestionado Informe N°130 de la Dirección Nacional de Inteligencia de Carabineros, liderada por el general Gonzalo Blu Rodríguez, informe que dio origen a la Operación Huracán. El Informe N°130 fue presentado a la Fiscalía solo tres días antes de que se autorizara la operación de allanamiento y detención de los comuneros mapuche el 23 de septiembre.
Quienes han accedido a esos chats recuperados coinciden en que sí se trata de conversaciones en servicios de mensajería: varios de los comuneros hablan entre ellos de fiestas, de mujeres y de otros temas que no se relacionan con atentados violentos. Con esos mensajes solo se podría demostrar, asegura un policía, que entre algunos de los comuneros hay amistad, pero no acreditan la existencia de ningún delito.
Las conversaciones .txt respaldadas en los archivos “Llaitul” y “Text” se repiten con calco en otras conversaciones.
negro: audio.mp3CID: hermano te felicitoCID: como 30 van este añonegro: 100 minimo quiero
Un peritaje privado encargado por la Fiscalía a Felipe Sánchez Fabre, ingeniero informático de la Universidad de Santiago, analizó el archivo Text.txt hallado en uno de los celulares de Héctor Llaitul. Sus conclusiones fueron categóricas: “La estructura que presenta dicho documento no corresponde a la estructura original en la que se almacenan los mensajes enviados o recibidos por medio de la aplicación Telegram. La ubicación de dicho documento tampoco concuerda con la ubicación en la que se almacena la base de datos con los mensajes almacenados (…) el almacenamiento de este documento no fue generado por la aplicación. En cuanto al mecanismo de producción, puede ser cualquier editor de texto. Adicionalmente se cotejó el contenido de este archivo de texto con los mensajes que fue posible obtener y acceder del teléfono inteligente y no se encontró correlación de ningún tipo”.
A similar conclusión llegaron otros dos peritajes, uno del Ministerio Público y otro de la PDI.
Los chats siguen idénticos. Hay conversaciones entre Llaitul y alguien apodado “Roro” y otras más entre “Negro” con “Antu”, “CID” y “Guille”. El único diálogo del archivo Llaitul.txt que no aparece en el celular Lenovo del líder de la CAM es el que encabeza ese archivo. Una conversación entre “Ernesto” (hijo de Héctor Llaitul) y “Matute” (Jorge Huenchullán):
ernesto: hno como están de municion pregunta GIFmatute: GIFernesto: con burro te enviamos y 5 pistolasmatute: graciasmatute: audio.mp3ernesto: también esta pinchaoernesto: técnica la brújulaernesto: GIFmatute: audio.mp3matute: saludos a tu papaernesto: GIF
Lógico: aquí solo intervienen Ernesto y Jorge Huenchullán, por lo que no sería defendible que este chat estuviera alojado en el celular de alguien que no interactúa en la conversación. Donde sí aparece este diálogo es en el Informe N° 130 de la Dirección Nacional de Inteligencia de Carabineros que dio origen a las detenciones. Está en la página 3 y fue el argumento para que Carabineros concluyera que el hijo de Héctor Llaitul “también participa en el movimiento de armas”.
Otra inconsistencia detectada por CIPER es que una conversación que aparece en el archivo enviado por el capitán Osses a Álex Smith se repite en dos de los celulares de Llaitul. Se trata del supuesto diálogo entre este y “CID” donde hacen referencia a un acercamiento entre el primero y un tal “Daniel”. Si en el archivo Llaitul.txt y en el mensaje alojado en el Lenovo del dirigente este aparece diciéndole a CID “me reuní hasta con Daniel”, en el celular Alcatel modelo 4003 también propiedad de Llaitul la referencia es más precisa: “Me reuní hasta con Daniel yerko”. En el celular Alcatel hay una supuesta conversación entre Llaitul y “Daniel”, quien le promete un aporte al líder mapuche por “dos palos”.
Álex Smith, ingeniero en ejecución agrícola de Inacap, titulado el 5 de septiembre de 2000, mientras su abuelo era el rector del instituto en Temuco, ha dicho a quien quiera escucharlo que los chats que inculpan a los comuneros son reales, y que su método para interceptar mensajería instantánea funciona. Ha rechazado a quienes lo tildan de estafador, y como justificación a las críticas que ha recibido ha dicho que “el chileno es chaquetero”.
Dice que durante 2017 desarrolló un software que permite interceptar chats de aplicaciones como WhatsApp, Telegram y Facebook. Pero el funcionamiento de Antorcha y lo que es capaz de hacer aún no está claro. Smith ha cambiado las versiones sobre el funcionamiento de su sistema a medida que pasan los días y aumentan los cuestionamientos. En su testimonio judicial (30 de enero) afirmó que el sistema funcionaba enviando un archivo contaminado al correo electrónico de la persona que quería interceptar. El requisito era que esa dirección de correo estuviera sincronizada con el aparato telefónico que se quería intervenir. En esa ocasión señaló que no era necesario que la persona afectada abriera el correo infectado, solo debía recibirlo en su bandeja de entrada. Así se lograría un efecto espejo y desde un servidor remoto se podrían conocer las conversaciones que sostuviera en distintas plataformas de mensajería.
Pero eso cambió con el paso de los días. En una entrevista en El Mercurio aseguró que para que el sistema funcionara el correo sí debía abrirse (dijo que así se descargaba un malware que infectaba el teléfono y abría la puerta para conocer sus mensajes), y agregó otras dos posibilidades para acceder a los chats alojados en un celular: que la persona indagada entregara sus contraseñas mediante un sistema de phishing (un correo engañoso que obliga a digitar la contraseña de una cuenta electrónica, dándola a conocer al atacante), y un método espejo, que servía para conocer lo que el afectado escribiera en el teclado de su celular.
